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Fueron destruidas 25 armas que se usaron en los ataques de Iguala y removidos los policías federales: CIDH

 

Padres de familia de los 43 y estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en el mitin de ayer en el anti monumento en la glorieta de Las Banderas en Chilpancingo – Foto: Jesu?s Eduardo Guerrero

El informe final del Mecanismo Especial de Seguimiento del caso Ayotzinapa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señala la destrucción de 16 rifles y nueve fusiles de H&K vinculados a los crímenes del 26 y 27 de septiembre de 2014, y  que todos los policías federales activos de la estación de Iguala fueron removidos justo después de los ataques a civiles y estudiantes en esa ciudad.
También indica la probable salida del país de dos policías municipales de Pilcaya, que habrían tenido acceso a las llamadas de emergencia el Centro de Control, Comando y Cómputo (C-4), que se generaron en Iguala la noche de las agresiones, entre otras situaciones que establecen la complicidad de distintas entidades de gobierno, para ocular la verdad de los hechos y la posible localización de los estudiantes desaparecidos.
Asimismo, el Mecanismo indicó que sigue abierta la investigación hacia las autoridades estatales, en la época en que seis personas fueron ejecutadas, tres de ellos estudiantes, y 43 normalistas fueron detenidos-desaparecidos.
Luego de dos años de seguimiento a la medida cautelar brindada a los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, el Mecanismo precisó que la Procuraduría General de la República no hizo las diligencias suficientes para determinar posibles responsabilidad de autoridades estatales de alto nivel, en los hechos ocurridos la noche de Iguala.
Sin embargo, aclaró que el Estado respondió a la CIDH que sigue abierta la investigación para determinar el conocimiento de todas las autoridades de tipo policial, ministerial y político en los eventos del 26 y 27 de septiembre.
Indicó que están señalados el ex gobernador, Ángel Aguirre Rivero, su coordinador de proyectos estratégicos del gobierno de Guerrero, el entonces secretario de Salud en Guerrero, Lázaro Mazón Alonso, el ex fiscal general  Iñaki Blanco, el ex secretario de Seguridad Pública y un ex diputado local.
En este contexto, el Mecanismo de la CIDH consideró que “es oportuno investigar (también) a los alcaldes que se encontraban en septiembre de 2014 alrededor de Iguala, y que pudieron haber tenido conocimiento de los hechos”.

El Caminante y El Patrón

Uno de los temas que trató el mecanismo en el informe, es el análisis de la telefonía celular que permitió aportar elementos para la búsqueda de los jóvenes, y determinar las identidades de El Caminante y El Patrón.
Del primero, indica que se desempeñó como supervisor de turno de la Policía Municipal de Iguala, la noche de los ataques, y el segundo, –al que policías habrían llevado a un grupo de los estudiantes desaparecidos–, de acuerdo con el Estado Mexicano, se trata de una persona identificada como jefe de la plaza del grupo de narcotraficantes Guerreros Unidos.
El Mecanismo pidió continuar con las investigaciones para tener certeza en la identidad de El Caminante y El Patrón. Estimó que hacen falta elementos para establecer la identificación completa.
Asimismo, confirma que nueve teléfonos de estudiantes desaparecidos continuaron activados después del 27 de septiembre, al menos uno de ellos fue localizado en manos de un funcionario de Seguridad Pública estatal.
Señalo que un policía estatal asignado al Cereso de Iguala el día de los hechos, tenía un teléfono con un IMEI asociado al número del normalista  Jorge Antonio Tizapa Legideño. El implicado declaró que su hermana le vendió el aparato. Al concluir este informe, el mecanismo señaló que se desconoce aún cómo llegó a su familiar.
Por otro lado, el teléfono celular del normalista Martín Getsemani Sánchez García, estaba en posesión de la pareja del chofer del secretario de Seguridad Pública de Iguala. Ella indicó que su pareja le entregó una bolsa con celulares envueltos en papel aluminio. La cuestión pendiente de resolver, señalada por el Mecanismo, es “¿cómo se apoderó el chofer de esta bolsa de celulares?”.
Una empleada de un bar tenía el teléfono celular del normalista Miguel Ángel Hernández Martínez. Ella declaró que el teléfono fue un regalo de un familiar. A su vez, el familiar declaró a la PGR que lo obtuvo de una persona que sólo conoció por el sobrenombre de La Gallina.
Este declarante identificó a tres personas detenidas por la desaparición de los estudiantes: El Baldo, El Pozole, y el Komala. A la fecha, sigue la búsqueda de La Gallina.

Las armas

A partir del análisis de balística en el expediente, el Mecanismo descubrió que armas asignadas a policías municipales de Iguala, detenidos por la desaparición de los normalistas, fueron destruidas, y el hecho “podría constituir una grave falta en el cuidado de las evidencias y de las pruebas que implican a los responsables”.
Señaló la destrucción de 16 rifles y nueve fusiles de H&K que se encontraban en custodia de la oficina de Iguala-PGR, y que pertenecían a la Policía Municipal de Iguala. De entrada, señaló que “unas de estas armas podrían estar involucradas en los hechos de violencia del 26 y 27 de septiembre”.
Una de las armas pudo ser usada por un policía municipal de Iguala, no obstante que en su declaración dijo que no portaba arma de fuego porque se dedicaba a tareas administrativas.
Del caso, el fiscal general de Justicia Militar respondió que los 16 fusiles mencionados fueron entregados a la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno del estado, y que se destruyeron el 9 de diciembre de 2016. Mientras las autoridades estatales señalaron que la Sedena destruyó 300 armas de fuego que se encontraban a disposición, y que incluyen los 16 fusiles en cuestión.
El Mecanismo recordó que en enero de 2017, el Estado informó a la CIDH que se habían tomado muestras de balas usadas por diferentes dependencias municipales estatales, federales, y al confrontar la evidencia balística con la evidencia balística recogida en la escena del crimen del crucero de Santa Teresa (donde fue atacado el autobús del equipo de fútbol de los Avispones), y la Avenida Álvarez, (donde policías y personas no identificadas atacaron a un grupo de estudiantes), “se tuvo coincidencia con un arma de una policía de Huitzuco en el crucero de Santa Teresa”.
Asimismo, indicó  que otra de estas 16 armas habría sido utilizada por una policía de Iguala detenida el 14 de octubre de 2014 en el campo militar 23-B en Tlaxcala, junto a otros integrantes de la corporación, por su supuesta participación en los hechos. Recordó que el caso fue analizado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y concluyó que la mujer policía fue víctima de tortura.
En el informe del Estado a la CIDH de octubre de 2017, el gobierno señaló que se obtuvo resultado positivo con el arma de un policía municipal de Huitzuco. Añadió que la investigación de balística se amplió a las policías municipales de la zona Norte, pero no hay información respecto a la confronta de datos balísticos.
Se detalla también parte de la investigación a las policías de los municipios aledaños a Iguala. En el caso de Pilcaya, hay evidencias de que ahí se recibían las llamadas o urgencias de C-4, pero no se encontraron respaldo de las comunicaciones.
También señala que el 27 Batallón Infantería decomisó las armas de Pilcaya sin explicación.
Sólo dos policías, presuntamente asignados a actividades administrativas y que recibieron los reportes de C-4, no declararon. A los dos, la Secretaría de Relaciones Exteriores les expidió pasaportes el 12 y 14 de octubre de 2014.

 

“Ojalá encontremos a los 43 o supiéramos en dónde están”, dice Astudillo

“Ojalá encontremos a los 43”, dice Astudillo
y se desmarca así de la “verdad histórica”

La declaración de la CIDH el lunes en Ayotzinapa es un punto de partida, señala el gobernador. Coincide con Peña Nieto en que han bajado los delitos en Guerrero, y subraya que en particular los homicidios dolosos

Brenda Escobar

Petatlán

A pregunta sobre el rechazo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a la versión gubernamental de que los normalistas de Ayotzinapa fueron incinerados en el basurero de Cocula, el gobernador Héctor Astudillo Flores dijo que él sigue deseando “igual que muchos, que ojalá un día, pronto, encontráramos a los 43 o supiéramos en dónde están”.
El lunes enviados de la CIDH entregaron a los padres de los 43 un informe preliminar de su investigación, y en el acto celebrado en la normal rural Esmeralda Arosemena dijo que “lastima” e “indigna” que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, siga hablando de la “verdad histórica”, que sostiene que los estudiantes fueron asesinados y luego quemados.
“Me parece que ese (la declaración de la CIDH) es un punto de partida, yo siempre seré muy cuidadoso por el dolor que ha causado esto, por las consecuencias que ha traído a sus familiares pero también las consecuencias que ha traído al estado, hay que tener presente toda esta ruta que se ha seguido; yo, mi conclusión, mi precisión y lo digo con una gran responsabilidad y emoción digo por sentimiento, que ojalá pronto los encontráramos y supiéramos dónde están”.
Astudillo Flores estuvo en la Universidad Tecnológica de la Costa Grande (UTCG), donde inauguró dos nuevos edificios de esta institución, con una inversión de 35 millones de pesos; luego, se trasladó a la carretera que conduce a la playa San Valentín, donde dio el banderazo de inicio de la pavimentación de los primeros cuatro kilómetros de un total de ocho y medio de esta vía, en la que su gobierno invertirá 25 millones de pesos.
Al término del banderazo de inicio de la pavimentación, fue abordado por los reporteros.
Fue interrogado también respecto a las cifras que el presidente Enrique Peña Nieto presentó respecto a la baja de la incidencia delictiva de 26.4 por ciento en el presente año y de las opiniones de organizaciones sociales en el sentido de que dichos números son cifras infladas; el gobernador atajó, “bueno, ahí están las cifras, yo tengo las cifras y las cifras efectivamente marcan una disminución en una serie de delitos, especialmente el homicidio doloso”.
“Hace algún tiempo estábamos todavía en un 6.5 y andamos sobre un 4 punto y fracción (en la baja del delito), hay indiscutiblemente números menores, pero no solamente eso, somos uno de los estados que no hemos aumentado nuestras cifras e indicadores delictivos mientras hay otros estados que han aumentado entre el 200 y el 300 por ciento”.

Espera transición correcta en municipios y que alcaldes dejen para el aguinaldo

Una reportera le preguntó si ya tiene decidido a cuáles tomas de protesta de los próximos alcaldes asistirá, y respñondió: “Pues primero, yo aspiro y deseo que estas transiciones que se han ya iniciado sirvan para que la población pueda sentir menos el cambio de autoridad; o sea, que los servicios públicos que al final de cuentas es el tema central de un municipio se puedan hacer de manera correcta, el tema del agua, el tema de la basura, el tema de salud, el tema del alumbrado, el tema de la policía que hoy es el problema número uno”.
“Todos estos temas sean correctamente transitados y también, por supuesto las circunstancias económicas que son tan importantes. Entonces, yo espero que estos procedimientos que ya se iniciaron, sean perfectamente regulados por la Auditoría General del Estado y que cada quien aporte lo que tenga que aportar en términos de la propia ley y en términos de los propios resolutivos de los instrumentos de supervisión”.
Sobre si algunos alcaldes salientes le han solicitado ayuda para dejar cubierto el pago del aguinaldo para los trabajadores municipales, el gobernador dijo que, “creo que muchos municipios tienen dinero acumulado, no sé quiénes no lo tengan, pero quienes lo tengan acumulado, yo les hago un llamado a que lo cuiden para que sea utilizado para los aguinaldos de fin de año”.
“Y que este dinero cumpla con el objetivo para que sirva para los trabajadores, ¿por qué lo digo?, porque el dinero que no exista seguramente va a ser solicitado de alguna manera al gobierno. Entonces yo pido que si hay algún dinero guardado para previsión de los aguinaldos, las autoridades actuales y las autoridades que van a entrar sea uno de los temas principales en las actas de entrega–recepción”.
Enseguida, aseguró que su gobierno “no cuenta con recursos, también es muy importante, ya los hemos facilitado, los hemos prestado, pero por supuesto yo creo que lo primero que tenemos que hacer es que cada quien cumpla con las responsabilidades que tiene, mi llamado es a cumplir con la responsabilidad y mi llamado también especial es que el dinero prevenido por quienes van a terminar sea un dinero diríamos que sea intocable porque es dinero de los trabajadores de los municipios, de los Ayuntamientos”.
La gira de trabajo

Este martes, Héctor Astudillo estuvo en la cabecera municipal de Petatlán, en la UTCG, donde inauguró el ciclo escolar 2018-2019 de las Universidades Tecnológicas y Politécnicas del estado de Guerrero, así como también dos edificios de este plantel en el que se invirtieron 35 millones de pesos.
Fue recibido por el rector René Galeana Salgado y por la presidenta municipal, Leticia Rodríguez Armenta, quienes lo acompañaron durante el recorrido que hizo por los nuevos edificios donde saludó a los alumnos y maestros.
También estuvieron presentes la delegada de la Secretaría de Educación Pública en la entidad, Flor Añorve Ocampo; el jefe de la oficina del gobernador, Alejandro Bravo Abarca; el alcalde interino de Zihuatanejo, Homero Rodríguez Rodríguez y el alcalde electo de ese municipio, Jorge Sánchez Allec; el director del Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa (IGIFE), Jorge Alcocer Navarrete, y el director de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del estado de Guerrero, (CICAEG), Javier Taja Ramírez.
Durante su participación, el director del IGIFE, Jorge Alcocer, destacó que el gobierno de Astudillo Flores ha invertido 253 millones de pesos en infraestructura educativa en las cinco universidades tecnológicas y la universidad politécnica en la entidad.
Cuando tocó su turno al micrófono, el gobernador destacó que apoyará a todos los alumnos de la UTCG que participen en los programas de intercambio educativo en el extranjero; ahí mismo entregó un apoyo económico a un profesor que este mismo martes salió a China, donde se capacitará.
Luego, Héctor Astudillo dijo que regresará a esta institución dentro de un mes y medio para entregar un autobús con capacidad para 40 personas.
Posteriormente, el gobernador se trasladó a la carretera que conduce a la playa San Valentín, donde dio el banderazo de inicio de la pavimentación de los primeros cuatro kilómetros de un total de 8.5 kilómetros de esta vía; ahí, el director del CICAEG, Javier Taja Ramírez, informó de las obras de pavimentación que el gobierno del estado está llevando a cabo en la Costa Grande y en específico, indicó que se invertirán 24 millones de pesos para esta obra.
Ahí, el gobernador fue abordado por líderes transportistas, quienes le solicitaron que los apoye a pavimentar otras calles de la cabecera municipal, así como también se le acercaron ciudadanos a hacerle peticiones diversas.

 

Se reúnen directivos de la CIDH con Sánchez Cordero y Encinas; tratan del caso Ayotzinapa

 

Agencia Reforma

Ciudad de México

Integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) encargados de supervisar la investigación del caso Ayotzinapa del gobierno mexicano se reunieron con integrantes de la próxima administración federal, para revisar el panorama de las garantías individuales.
La misión internacional fue encabezada por el secretario ejecutivo del organismo, Paulo Abrao en compañía de Esmeralda Arosemena, relatora para México, y el comisionado Luis Ernesto Vargas.
Los funcionarios de la CIDH fueron recibidos por Olga Sánchez Cordero, futura secretaria de Gobernación, y Alejandro Encinas, designado por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador para dar seguimiento a la indagación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
“La junta directiva de la CIDH se ha reunido informalmente, por invitación y en el marco de la transición, con los futuros miembros del gobierno de México para conversar sobre el panorama de la situación de los derechos humanos”, indicó Abrao en su cuenta en Twitter.
Encinas reportó también el encuentro en su Twitter y señaló que “su visita es en el contexto del mecanismo de seguimiento sobre el caso de #Ayotzinapa”.
En la mañana el equipo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se reunió con funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Gobernación y la Cancillería.
El gobierno federal expresó a las enviados de la CIDH y representantes de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos, que tiene la firme voluntad de agotar todas las líneas de investigación para lograr el esclarecimiento total del caso.
Esta postura se dio a menos de una semana de que el presidente Enrique Peña respaldara en un spot la versión de la PGR, conocida como “verdad histórica”, de que los estudiantes de Ayotzinapa fueron incinerados.

 

Pide la ONU-DH “redirigir de manera profunda” la investigación de Ayotzinapa

Llama la ONU-DH a Peña a “redirigir de manera profunda la investigación” del caso Ayotzinapa

Concuerda con el cuadro manifiesto de graves irregularidades al que hace referencia la sentencia del tribunal de Tamaulipas, dice el representante del organismo, Jan Jarab

Agencia Proceso

Ciudad de México

El representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab llamó al gobierno de Enrique Peña Nieto a cumplir la sentencia del Tribunal Colegiado sobre el caso Ayotzinapa, y atender el informe del Mecanismo de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para “redirigir de manera profunda la investigación”.
A una semana de conocerse la sentencia del Tribunal Colegiado del Décimonoveno Circuito con sede en Reynosa, Tamaulipas, y el Informe Balance del Mecanismo de Seguimiento, el representante de la ONU-DH reconoció que son documentos “de la mayor relevancia, por lo que el Estado debe observar puntualmente sus contenidos”.
Para Jarab la “inédita y garantista sentencia del tribunal colegiado” hace eco de las preocupaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y el Mecanismo de Seguimiento, así como de algunos organismos internacionales de derechos humanos, incluida la ONU-DH y organizaciones independientes como el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
“La ONU-DH concuerda con el ‘cuadro manifiesto de graves irregularidades’ al que hace referencia de forma detallada la sentencia, mismo que se acreditó aplicando los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos”.
El representante valoró que tanto el Mecanismo de Seguimiento de la CIDH como el tribunal colegiado hayan incluido en sus escritos el Informe Doble Injusticia, elaborado por su oficina, particularmente para documentar “lo relativo a la tortura, las violaciones al debido proceso y las irregularidades en la diligencia del río San Juan”, por lo que reiteró el llamado al Estado mexicano a atender el informe.
Jarab destacó que alerta sobre el hecho de que la investigación “siga fragmentada y que los detenidos en el más emblemático caso de desaparición forzada en México no estén siendo procesados por desaparición forzada, sino por secuestro o crimen organizado”.
La ONU-DH coincide con el organismo regional en que “persisten serios desafíos y obstáculos que tienen que superarse con el fin de alcanzar verdad, justicia y reparación”.
Agregó que ambos documentos “deben alentar decididamente al Estado mexicano a enderezar la investigación sobre el caso Ayotzinapa, así como a materializar las reformas estructurales que el país debe adoptar de manera impostergable para revertir los grandes rezagos que enfrenta en el ámbito de acceso a la justicia y combate a la impunidad”, sobre todo en materia de “autonomía y la profesionalización de la procuración de justicia y los servicios forenses y periciales”.
Jarab insistió en que el seguimiento de ambos documentos debe hacerse “potenciando el papel de las víctimas, reconociendo el destacado papel de quienes las asesoran, garantizando el marco constitucional e internacional vigente y asumiendo plenamente la responsabilidad indelegable e intransferible del Estado en el esclarecimiento de los hechos”.
Tras recordar que un día como hoy pero de 2011 entró en vigor la reforma constitucional en materia de derechos humanos, la ONU-DH hizo un reconocimiento a la “tenacidad de las familias de las víctimas de los hechos de Iguala, así como a las organizaciones de la sociedad civil que las acompañan en la búsqueda de la justicia, la verdad, la reparación integral, las garantías de no repetición y el esclarecimiento de la suerte y paradero de los estudiantes desaparecidos”.

La PGR buscará “aclarar” la sentencia del caso Ayotzinapa, dice Navarrete Prida

El gobierno federal buscará la manera de aclarar la sentencia emitida por un tribunal federal sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en Iguala, indicó el secretario de gobernación, Alfonso Navarrete Prida.
El funcionario fue cuestionado sobre la posibilidad de impugnar el fallo que emitió el Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas.
“Existen mecanismos jurídicos para, sobre todo, clarificarla (la sentencia)”, respondió.
“A qué se refieren los magistrados con una resolución que, cuyo contenido, no existe esas figuras en el orden constitucional mexicano y generan muchas dificultades”, agregó en referencia a la Comisión de la Verdad que los jueces ordenaron instalar.
Según la sentencia esta Comisión de la Verdad estaría integrada por representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República, pero sólo los primeros podrían indicar las líneas de investigación a seguir y tendrían autorización para ingresar a zonas militares para buscar a los desaparecidos.
“No existe en nuestro sistema jurídico una figura de Comisión de la Verdad, para eso existen poderes judiciales y poderes judiciales sólidos y fuertes”, dijo Navarrete Prida.
“En este marco se tendrá que dar respuesta y satisfacción con un solo y único interés, es encontrar la verdad y hacer justicia”.
El funcionario evitó responder si el tribunal se extralimitó y sólo dijo que respetaba la sentencia.
“Corresponde en el marco de la ley a las instituciones encargadas de hacerla valer (la PGR), responder ante cualquier circunstancia que se da donde son parte procesal”, agregó. (Agencia Reforma / Ciudad de México).

 

Llama la ONU-DH a Peña a “redirigir de manera profunda la investigación” del caso Ayotzinapa

El representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab llamó al gobierno de Enrique Peña Nieto a cumplir la sentencia del Tribunal Colegiado sobre el caso Ayotzinapa, y atender el informe del Mecanismo de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para “redirigir de manera profunda la investigación”.
A una semana de conocerse la sentencia del Tribunal Colegiado del Décimonoveno Circuito con sede en Reynosa, Tamaulipas, y el Informe Balance del Mecanismo de Seguimiento, el representante de la ONU-DH reconoció que son documentos “de la mayor relevancia, por lo que el Estado debe observar puntualmente sus contenidos”.
Para Jarab la “inédita y garantista sentencia del tribunal colegiado” hace eco de las preocupaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y el Mecanismo de Seguimiento, así como de algunos organismos internacionales de derechos humanos, incluida la ONU-DH y organizaciones independientes como el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
“La ONU-DH concuerda con el ‘cuadro manifiesto de graves irregularidades’ al que hace referencia de forma detallada la sentencia, mismo que se acreditó aplicando los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos”.
El representante valoró que tanto el Mecanismo de Seguimiento de la CIDH como el tribunal colegiado hayan incluido en sus escritos el Informe Doble Injusticia, elaborado por su oficina, particularmente para documentar “lo relativo a la tortura, las violaciones al debido proceso y las irregularidades en la diligencia del río San Juan”, por lo que reiteró el llamado al Estado mexicano a atender el informe.
Jarab destacó que alerta sobre el hecho de que la investigación “siga fragmentada y que los detenidos en el más emblemático caso de desaparición forzada en México no estén siendo procesados por desaparición forzada, sino por secuestro o crimen organizado”.
La ONU-DH coincide con el organismo regional en que “persisten serios desafíos y obstáculos que tienen que superarse con el fin de alcanzar verdad, justicia y reparación”.
Agregó que ambos documentos “deben alentar decididamente al Estado mexicano a enderezar la investigación sobre el caso Ayotzinapa, así como a materializar las reformas estructurales que el país debe adoptar de manera impostergable para revertir los grandes rezagos que enfrenta en el ámbito de acceso a la justicia y combate a la impunidad”, sobre todo en materia de “autonomía y la profesionalización de la procuración de justicia y los servicios forenses y periciales”.
Jarab insistió en que el seguimiento de ambos documentos debe hacerse “potenciando el papel de las víctimas, reconociendo el destacado papel de quienes las asesoran, garantizando el marco constitucional e internacional vigente y asumiendo plenamente la responsabilidad indelegable e intransferible del Estado en el esclarecimiento de los hechos”.
Tras recordar que un día como hoy pero de 2011 entró en vigor la reforma constitucional en materia de derechos humanos, la ONU-DH hizo un reconocimiento a la “tenacidad de las familias de las víctimas de los hechos de Iguala, así como a las organizaciones de la sociedad civil que las acompañan en la búsqueda de la justicia, la verdad, la reparación integral, las garantías de no repetición y el esclarecimiento de la suerte y paradero de los estudiantes desaparecidos”.

 

Apoya la CIDH el fallo para crear una Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa

Apoya la CIDH fallo del tribunal que ordena una comisión de la verdad para Ayotzinapa

En el informe del Mecanismo Especial de Seguimiento del caso, el organismo de la OEA afirma que al gobierno de Peña Nieto le falta interés para saber la verdad del paradero de los 43 desaparecidos. Plantea la exigencia de que el Estado mexicano no pare en la búsqueda de los estudiantes y en la investigación, persecuciones y sentencias de los responsables. Pide determinar el grado de participación del Ejército, la Policía Federal, las municipales y estatales en los hechos. La investigación ha sido exageradamente lenta, ha sido paquidérmica, calificó el relator Luis Vargas Silva

Apro, Agencia Reforma y EFE

Washington

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afirmó ayer que falta interés del gobierno de Enrique Peña Nieto en intentar indagar para saber la verdad del paradero de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos.
En el informe del Mecanismo Especial de Seguimiento del caso Ayotzinapa, la CIDH, órgano autónomo de la OEA, plantea la exigencia de que el Estado mexicano no pare en realizar la búsqueda, investigación, persecuciones y sentencias judiciales que se deban hacer, hasta que se logre determinar la auténtica verdad de lo que pasó con los normalistas en Iguala.
Instó al Estado mexicano a determinar el grado de participación policial y militar en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014 en su informe sobre el seguimiento del caso. “Es importante determinar el grado de participación de la Policía federal en los hechos, así como del Ejército, las policías municipales (…) y estatales”, dice el informe del Mecanismo Especial de Seguimiento.
En especial, la CIDH se unió y saludó el fallo del Tribunal Colegiado de Tamaulipas que el lunes pasado ordenó la creación de una comisión de la verdad para el caso Ayotzinapa ydesmoronó la narrativa oficial del gobierno de Peña Nieto enmarcada en la frase del procurador de la República, Jesús Murillo Karam, sobre la “verdad histórica”, según la cual los 43 normalistas fueron quemados en el basurero de Cocula por miembros del crimen organizado.
“A más de tres años de ocurridos los hechos, el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos continúa siendo desconocido. El Mecanismo observa la falta de celeridad en alcanzar conclusiones, tanto en las actividades de búsqueda como en el esclarecimiento efectivo de las diferentes líneas de investigación señaladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI, auspiciado por la propia CIDH, que presentó sus conclusiones y recomendaciones en julio de 2016), aun cuando se estableció un cronograma para tal efecto que sigue pendiente y monitoreándose”, resalta el informe.
El organismo autónomo de la OEA, acabó por “sepultar” la llamada “verdad histórica” del gobierno de Enrique Peña Nieto sobre la conclusión a la que llegó la PGR sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa.
“El Estado mexicano, a pesar de que hay toda una institucionalidad trabajando en las investigaciones de este caso, a la fecha no ha llegado a obtener los objetivos de la propia investigación… encontrar a los estudiantes”, declaró en conferencia de prensa Esmeralda Troitiño, relatora especial para México de la CIDH, al presentar el Informe de 31 páginas de balance del primer año del Mecanismo Especial de Seguimiento del caso Iguala, en el que concluye que a pesar de avances en el análisis de telefonía, el uso de nueva tecnología y algunas detenciones, el paradero de los estudiantes es aún desconocido.
“La Comisión concluye que persisten serios desafíos y obstáculos que tienen que superarse con el fin de alcanzar verdad, justicia y reparación en lo relativo al cumplimiento de la medida cautelar y de las recomendaciones del GIEI”, apunta el informe tras casi 2 años de evaluación.
El informe de la CIDH llega sólo unos días después que un Tribunal Colegiado de Circuito ordenó la creación de un Comisión de la Verdad con participación de los familiares de las víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Procuraduría General de la República (PGR).
“La investigación ha sido exageradamente lenta, ha sido paquidérmica, la verdad, ha sido endémica, no puedo concebir que llevemos ya más de tres años y medio y no tengamos un resultado fehaciente”, agregó por su parte Luis Vargas Silva, el otro relator de la CIDH para el caso de los estudiantes normalistas desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala.
“La verdad no admite clasificaciones, ni admite nombres, eso de verdad histórica y de verdad procesal y de verdad real son eufemismos que se han estado creando para distorsionar, en el fondo, los hechos”, dijo Vargas Silva.
“A más de tres años de ocurridos los hechos, el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos continúa siendo desconocido. El Mecanismo observa la falta de celeridad en alcanzar conclusiones, tanto en las actividades de búsqueda como en el esclarecimiento efectivo de las diferentes líneas de investigación señaladas por el GIEI, aun cuando se estableció un cronograma para tal efecto que sigue pendiente y monitoreándose”, resalta el informe.
“Preocupa a la Comisión que muchas de las diligencias parecen quedar incompletas, son descartadas o dejan de ser impulsadas procesalmente”, se acusa en el reporte.
Cuando a los relatores para el caso se les preguntó si consideran que el próximo gobierno que resulte de las elecciones presidenciales del domingo 1 de julio, podría hacer todo lo contrario de lo que hasta ahora ha hecho la administración de Peña Nieto para determinar el paradero de los 43 normalistas, Paulo Abr?o, secretario ejecutivo de la CIDH, dio una respuesta institucional:
“Quisiéramos que todos los candidatos (a la Presidencia) asumieran un compromiso con la verdad de lo que ocurrió realmente con los estudiantes, indicó Abr?o.
Entre varios de los aspectos del informe presentado en Washington se destaca la queja de la CIDH de que el gobierno de Peña Nieto no explica la cantidad ni calidad de la información del expediente, ni por qué cambio la narrativa del caso.
Vargas Silva mencionó la ausencia de explicaciones de parte del gobierno mexicano a las preguntas sobre los casos de tortura a los que han sido sometidos algunos de los detenidos, la manipulación de pruebas y la contaminación de evidencias, como en las que incurrió Tomás Zerón, el ex funcionario de la PGR al hacer un recorrido por el río San Juan, donde presuntamente se tiraron las cenizas de los estudiantes tras haber sido quemados en el basurero de Cocula.
Al relator de la CIDH se le inquirió sobre si consideraba la posibilidad en un futuro de que a Zerón se la fincaran delitos por la manipulación o contaminación de pruebas y evidencias, y expresó:
“El tema de la responsabilidad de Zerón corresponde a los investigadores, nosotros lamentablemente no somos las personas que directamente vamos a determinar porque no tenemos competencia ni responsabilidades, pero sí es importante que el Estado mexicano, a través de la PGR, las establezca. Es decir, si hay responsabilidad de Tomás Zerón, en qué consiste ésta, y que sea mucho más efectivo, más directo el resultado de las investigaciones”, concluyó Vargas Silva.
La CIDH ensalzó el fallo del Tribunal Colegiado respecto de la creación de una Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa, en la que se dé participación y voz a los familiares de las víctimas.

 

Apoya la CIDH fallo del tribunal que ordena una comisión de la verdad para Ayotzinapa

 

Los comisionados Paulo Abrao, Esmeralda Arosemena y Margarette May Macaulay en la presentación del informe sobre el caso Ayotzinapa, ayer en Washington Foto: Agencia Reforma

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afirmó ayer que falta interés del gobierno de Enrique Peña Nieto en intentar indagar para saber la verdad del paradero de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos.
El informe del Mecanismo Especial de Seguimiento del caso Ayotzinapa, la CIDH, órgano autónomo de la OEA, plantea la exigencia de que el Estado mexicano no pare en realizar la búsqueda, investigación, persecuciones y sentencias judiciales que se deban hacer, hasta que se logre determinar la auténtica verdad de lo que pasó con los normalistas en Iguala.
Instó al Estado mexicano a determinar el grado de participación policial y militar en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014 en su informe sobre el seguimiento del caso. “Es importante determinar el grado de participación de la Policía federal en los hechos, así como del Ejército, las policías municipales (…) y estatales”, dice el informe del Mecanismo Especial de Seguimiento.
“A más de tres años de ocurridos los hechos, el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos continúa siendo desconocido. El Mecanismo observa la falta de celeridad en alcanzar conclusiones, tanto en las actividades de búsqueda como en el esclarecimiento efectivo de las diferentes líneas de investigación señaladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI, auspiciado por la propia CIDH, que presentó sus conclusiones y recomendaciones en julio de 2016), aun cuando se estableció un cronograma para tal efecto que sigue pendiente y monitoreándose”, resalta el informe.
El organismo autónomo de la OEA, acabó por “sepultar” la llamada “verdad histórica” del gobierno de Enrique Peña Nieto sobre la conclusión a la que llegó la PGR sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa.
“El Estado mexicano, a pesar de que hay toda una institucionalidad trabajando en las investigaciones de este caso, a la fecha no ha llegado a obtener los objetivos de la propia investigación… encontrar a los estudiantes”, declaró en conferencia de prensa Esmeralda Troitiño, relatora especial para México de la CIDH, al presentar el Informe de 31 páginas de balance del primer año del Mecanismo Especial de Seguimiento del caso Iguala, en el que concluye que a pesar de avances en el análisis de telefonía, el uso de nueva tecnología y algunas detenciones, el paradero de los estudiantes es aún desconocido.
“La Comisión concluye que persisten serios desafíos y obstáculos que tienen que superarse con el fin de alcanzar verdad, justicia y reparación en lo relativo al cumplimiento de la medida cautelar y de las recomendaciones del GIEI”, apunta el informe tras casi 2 años de evaluación.
El informe de la CIDH llega sólo unos días después que un Tribunal Colegiado de Circuito ordenó la creación de un Comisión de la Verdad con participación de los familiares de las víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Procuraduría General de la República (PGR).
En especial, la CIDH se unió y saludo el fallo del Tribunal Colegiado de Tamaulipas que el lunes pasado desmoronó la narrativa oficial del gobierno de Peña Nieto enmarcada en la famosa frase del procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, sobre la “verdad histórica”, según la cual los 43 normalistas fueron quemados en el basurero de Cocula por miembros del crimen organizado.
“La investigación ha sido exageradamente lenta, ha sido paquidérmica, la verdad, ha sido endémica, no puedo concebir que llevemos ya más de tres años y medio y no tengamos un resultado fehaciente”, agregó por su parte Luis Vargas Silva, el otro relator de la CIDH para el caso de los estudiantes normalistas desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala.
“La verdad no admite clasificaciones, ni admite nombres, eso de verdad histórica y de verdad procesal y de verdad real son eufemismos que se han estado creando para distorsionar, en el fondo, los hechos”, dijo Vargas Silva.
“A más de tres años de ocurridos los hechos, el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos continúa siendo desconocido. El Mecanismo observa la falta de celeridad en alcanzar conclusiones, tanto en las actividades de búsqueda como en el esclarecimiento efectivo de las diferentes líneas de investigación señaladas por el GIEI, aun cuando se estableció un cronograma para tal efecto que sigue pendiente y monitoreándose”, resalta el informe.
“Preocupa a la Comisión que muchas de las diligencias parecen quedar incompletas, son descartadas o dejan de ser impulsadas procesalmente”, se acusa en el reporte.
Cuando a los relatores para el caso se les preguntó si consideran que el próximo gobierno que resulte de las elecciones presidenciales del domingo 1 de julio, podría hacer todo lo contrario de lo que hasta ahora ha hecho la administración de Peña Nieto para determinar el paradero de los 43 normalistas, Paulo Abr?o, secretario ejecutivo de la CIDH, dio una respuesta institucional:
“Quisiéramos que todos los candidatos (a la Presidencia) asumieran un compromiso con la verdad de lo que ocurrió realmente con los estudiantes, indicó Abr?o.
Entre varios de los aspectos del informe presentado en Washington se destaca la queja de la CIDH de que el gobierno de Peña Nieto no explica la cantidad ni calidad de la información del expediente, ni por qué cambio la narrativa del caso.
Vargas Silva mencionó la ausencia de explicaciones de parte del gobierno mexicano a las preguntas sobre los casos de tortura a los que han sido sometidos algunos de los detenidos, la manipulación de pruebas y la contaminación de evidencias, como en las que incurrió Tomás Zerón, el ex funcionario de la PGR al hacer un recorrido por el río San Juan, donde presuntamente se tiraron las cenizas de los estudiantes tras haber sido quemados en el basurero de Cocula.
Al relator de la CIDH se le inquirió sobre si consideraba la posibilidad en un futuro de que a Zerón se la fincaran delitos por la manipulación o contaminación de pruebas y evidencias, y expresó:
“El tema de la responsabilidad de Zerón corresponde a los investigadores, nosotros lamentablemente no somos las personas que directamente vamos a determinar porque no tenemos competencia ni responsabilidades, pero sí es importante que el Estado mexicano, a través de la PGR, las establezca. Es decir, si hay responsabilidad de Tomás Zerón, en qué consiste ésta, y que sea mucho más efectivo, más directo el resultado de las investigaciones”, concluyó Vargas Silva.
La CIDH también ensalzó el fallo del Tribunal Colegiado respecto de la creación de una Comisión de las Verdad para el caso Ayotzinapa, pero en la que se dé participación y voz a los familiares de las víctimas.

 

Pidió el gobierno a viudas de El Charco desistirse de la demanda en la CIDH, señala Red Solidaria

En vísperas del 20 aniversario de la masacre de El Charco, municipio de Ayutla, los gobiernos federal y estatal dividieron a las viudas y sobrevivientes mediante el ofrecimiento de proyectos productivos, a condición de que se desistan de su demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La secretaria técnica de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, Magdalena López Paulino, informó que los ofrecimientos comenzaron en febrero pasado, y que algunos aceptaron los proyectos, pero que cuando menos los sobrevivientes Erika Zamora Partido y Efrén Cortés Chávez decidieron continuar adelante con la demanda en contra del gobierno mexicano.
El 25 de mayo, el gobierno del estado informó en un desplegado que el secretario de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas del gobierno del estado, Javier Rojas Benito, “atendió a las viudas del El Charco, quienes estuvieron acompañadas por comisarios municipales y algunos habitantes de Ocote Amarillo, Coxcatlán Candelaria, Coxcatlán San Pedro, La Palma, Ahuacachahue, El Potrero, El Coyul, El Mezón Zapote y de la propia comunidad de El Charco”.
Entonces se informó que el secretario les “ofreció el acompañamiento de la  dependencia a su cargo para asesorarlas en sus gestiones y planteamientos ante las instituciones gubernamentales”.
El comunicado oficial destacó que Eustolia Castro Ramírez, una de las viudas, manifestó que “le brindamos la confianza y reconocemos la sensibilidad social al gobernador Héctor Astudillo Flores”.
Mientras tanto, ayer, la Red Solidaria Década Contra la Impunidad emitió un boletín mediante el cual dio a conocer los gastos que ha realizado por el litigio que llevan a nivel internacional del caso de la masacre de El Charco, “para transparentar los gastos ya que algunos peticionarios, han decidido no continuar con el litigio ante la CIDH, sabemos que las necesidades de contar con proyectos productivos es primordial, sobre todo para el sustento de la economía familiar, por lo que les deseamos la mejor de las suertes a los compañeros que así lo han decidido”, dice el escrito.
Agrega: “agradecemos la participación y la cooperación de las peticionarias, quienes aportaron la cantidad de doscientos treinta mil pesos cero centavos, de los gastos que hemos realizado en el litigio que ascienden a ochocientos veintitrés mil pesos cero centavos.
El documento concluye: “reiteramos nuestros mejores deseos a quienes han decidido no continuar y manifestamos nuestros parabienes a quienes han decidido continuar con este litigio hasta el final, entre quienes destacan los defensores de derechos humanos, Ericka Zamora Pardo y Efrén Cortés Chávez”.
Consultada vía telefónica, López Paulino informó que la Secretaría de Gobernación del gobierno federal ofreció proyectos productivos desde el mes de febrero a las viudas y sobrevivientes, a condición de que se desistieran de la demanda que presentaron ante la CIDH.
El 25 de mayo por medio del desplegado emitido por el gobierno del estado se conoció de una de las reuniones que se habían venido dando ya por separado el grupo que aceptó los recursos.
López Paulino consideró que es entendible la posición de las viudas y sobrevivientes que aceptaron los proyectos productivos pues destacó que viven en extrema pobreza y requieren de ingresos para su familia, pero aclaró que hay otros que lo único que buscan es justicia, como Zamora Pardo y Cortés Chávez.
La división del grupo de viudas y sobrevivientes de la masacre de El Charco se da cuando existe un fuerte endeudamiento del organismo con instituciones bancarias a quienes solicitó créditos para financiar el costo de la demanda que alcanzó los 823 mil pesos. Según datos de la Red enfrentan adeudos con los bancos Inbursa, Santander y Banamex.

 

 

Preocupa a la CIDH descalificaciones del gobierno a la ONU en el caso Ayotzinapa

 

Joaquina García y Emiliano Navarrete, padres de dos de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, participan en una audiencia ante la CIDH, ayer en Santo Domingo, República Dominicana; a su lado, el abogado Vidulfo Rosales Foto: EFE

Integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) externaron su preocupación por el cuestionamiento del gobierno de México al informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que reportó el uso de tortura en la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ocurrida en Iguala el 26 de septiembre de 2014.
En una audiencia pública sobre el caso ante el mecanismo de seguimiento de la CIDH en Santo Domingo, República Dominicana, las familias de los 43 normalistas desaparecidos y sus representantes legales advirtieron que las actuales autoridades buscan cerrar el caso ante la probable próxima alternancia en la Presidencia de la República.
Mientras que el Gobierno mexicano solicitó al de Estados Unidos información adicional sobre los mensajes de jefes de la organización criminal Guerreros Unidos involucrados en la desaparición, informó el fiscal especial del caso, Alfredo Higuera Bernal.
En la audiencia el comisionado Luis Ernesto Vargas defendió el trabajo de la ONU en materia de derechos humanos, en especial del representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab, y su equipo.
“Me preocupa bastante que en un comienzo se nos haya manifestado que hubo descalificaciones a ese trabajo”, expresó.
“Cuando un organismo de derechos humanos plantea la posibilidad con base en investigaciones previas, que puede que no sean judiciales, pero sí son de un organismo que supone trabaja con la misma objetividad con el que lo hace la Comisión Interamericana Derechos Humanos, plantea la posibilidad de que haya torturas con respecto a personas que están siendo procesadas, pues yo creo que hay que prestarle más atención al tema”, añadió.
Dijo que la indagatoria se iría al traste si alguna de las declaraciones de las personas que están vinculadas fueron afectadas por tortura.
“Me preocupa muchísimo que en vez de prestarle el máximo de atención a este llamado atención, de pronto estemos buscando la descalificación”, reiteró.

El mecanismo de seguimiento de la CIDH tiene información de que hay 128 denuncias de tortura

La comisionada Flávia Piovesan detalló que el mecanismo de seguimiento de la CIDH tiene información de que hay 128 denuncias en relación a la tortura en el caso, y que solamente 53 están siendo analizadas o han sido concluidas, además de que sólo dos han tenido una conclusión positiva en conformidad con la aplicación del Protocolo de Estambul.
Enfatizó “la importancia de la ONU, de su autoridad, de su expertise, de este informe”.
El subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Miguel Ruiz Cabañas convocó a todos los comisionados a leer la postura del Estado mexicano, que fue entregada ayer a la CIDH y a la ONU-DH.
“Simplemente estamos manifestando algunos desacuerdos con el contenido del informe la oficina”, aseveró. “Tenemos todo el respeto para las Naciones Unidas y para la Oficina del Alto Comisionado”.

Piden a EU más datos de Guerreros Unidos

El Gobierno mexicano solicitó al de Estados Unidos información adicional sobre los mensajes de jefes de la organización criminal Guerreros Unidos involucrados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, informó el Fiscal especial del caso, Alfredo Higuera Bernal.
En la audiencia de la CIDH la representación del Estado mexicano aseveró que para la PGR esa información es valiosa, porque permite incorporar datos adicionales a la investigación.
“Se considera que es necesario profundizar en algunos aspectos y formular peticiones adicionales de información”, afirmó.
“Además de realizar acciones muy directas para corroborar y descartar aspectos contenidos en esas conversaciones, esas peticiones han sido ya planteadas ante las autoridades que dan trámite de ello y se han incluido los aspectos específicos que la representación de las víctimas nos planteó”, añadió.
“Por la naturaleza pública de esta audiencia no es factible particularizar los detalles de lo que se está requiriendo, pero consideramos que es sumamente importante tener esa información adicional”, expuso Higuera.
“Para nosotros es muy importante seguir contando con la cooperación de las autoridades estadounidenses y de cualquier otra que nos pueda aportar datos, detalles o cualquier información que pueda servirnos para avanzar en el esclarecimiento de los hechos”, dijo.
La representación del Estado fue cuestionada por el abogado de los padres de los 43, Vidulfo Rosales, quien afirmó que existen dos narrativas sobre Guerreros Unidos.
Rosales acusó que el gobierno mexicano presentó la versión de que la organización delictiva tenía un alcance regional, y que después de la desaparición de los jóvenes había sido disuelta.
“La segunda versión es la que se corrobora con los propios mensajes. De acuerdo con esta perspectiva se trata de un grupo criminal en expansión con capacidad de acción trasnacional que introduce heroína los Estados Unidos para distribuirla en ciudades norteamericanas”, explicó.
“Ambas narrativas no pueden ser ciertas. Alguien miente”, dijo Rosales y aseguró que la red criminal no puede operar sólo con la participación de autoridades locales, sino que supone la participación de funcionarios estatales y federales.
“Los mensajes confirman que detrás de la desaparición de los 43 está una organización de gran alcance que coordinó y supone la participación de funcionarios del ámbito estatal y federal”, manifestó.
“No podemos dejar de preguntarnos si no ha sido el encubrimiento de esta organización criminal una de la razones para no llegar a la verdad del caso”.

“Saben que su gobierno corrupto ya se va y tienen miedo”, señala el padre de uno de los 43

En un boletín el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, que acompaña legalmente a los padres de los 43 desaparecidos, informó que en la audiencia de oficio por el caso Ayotzinapa las familias y sus representantes legales advirtieron que las actuales autoridades buscan cerrar el caso ante la probable próxima alternancia en la Presidencia de la República.
“Estos señores saben que su gobierno corrupto ya se va y tienen miedo de que el próximo gobierno sí quiera llegar a donde tope en nuestro caso. Por eso quieren cerrar cada línea haciendo como que investigan”, dijo Emiliano Navarrete, padre de José Ángel, quien pidió a las y los comisionados que el próximo informe de la CIDH sobre el caso se presente en México.
La representación legal de las familias destacó cuatro señales que advierten de un posible cierre del caso: el rechazo del gobierno federal al informe de la ONU, que documentó tortura a presuntos responsables fundamentales para la teoría oficial, la filtración y tergiversación de mensajes de presuntos involucrados proporcionados por la DEA con el propósito de exculpar a funcionarios estatales y federales, el fracaso de la PGR por su deficiencia al fincar nuevas acusaciones y el rechazo a cumplir el diagnóstico sicosocial.
El comisionado Ernesto Vargas destacó que entienden el dolor de las familias al no encontrar resultados sustanciales a 43 meses, y pidió al gobierno mexicano que informara detalladamente si hubo avances significativos en el cronograma de trabajo.
Los representantes de las víctimas exigieron respeto al trabajo de la ONU en México y señalaron que el documento circulado por el Estado, unas horas antes de la audiencia, tiene señalamientos propios de un gobierno autoritario.
Los abogados de las víctimas detallaron que los mensajes filtrados a la prensa, interceptados la noche del 26 de septiembre de 2014, indican que pasada la medianoche, cuando de acuerdo con las “confesiones” que sustentan la teoría del caso los estudiantes ya estarían reducidos a cenizas, los presuntos criminales aún hablaban de ellos como detenidos.
“Destacaron que esta información muestra que el poder transnacional y los vínculos con el gobierno de la organización criminal sobrepasan por mucho el ámbito municipal, de forma contraria a la narrativa oficial del caso, y llegan hasta el ámbito estatal y federal, señaladamente a la Policía Federal y al Ejército. Por ello se deben recabar más de 60 pruebas pedidas por la defensa”, se lee en la misiva.
Agrega que se denunció que se siguen acumulando rezagos en la atención a las víctimas, y que el gobierno federal se niega a firmar una declaración de intención que buscaba que se cumplieran las recomendaciones en esta área.
Joaquina Velázquez pidió a la Comisión que no abandone a las familias en este escenario. La CIDH anunció que en breve presentará un balance del trabajo del Mecanismo Especial de Seguimiento.

Escatima la PGR información de los 43 a la CNDH

La PGR está dificultando el acceso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a nueva información sobre el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014.
El ombudsman Luis Raúl González Pérez denunció ayer que personal de la CNDH que pide acceso a los documentos es obligado por la PGR a copiarlos a mano.
“Hemos pedido la información, y ¿saben qué?, nos hacen copiarla, nos permiten el acceso para copiar y nos faltan 300 páginas para copiar, cuando algunos medios ya dieron cuenta de ello, pero nosotros queremos la respuesta oficial”, afirmó González Pérez.
“Con formalismos de que esta no es la ventanilla nos mandan a otra ventanilla, vamos a otra ventanilla y el resultado es ‘no, estamos analizando el planteamiento’. Yo quiero recordar al encargado de la PGR (Alberto Elías Beltrán) la circular que sacó recientemente donde se comprometió a que nos iban a facilitar toda la información para nuestro trabajo”, expuso entrevistado luego de rendir su informe anual ante la Suprema Corte de Justicia.
González Pérez dijo que se refería a la información recientemente publicada por “filtraciones de diálogos” sobre Ayotzinapa, que contienen conversaciones grabadas por el FBI en Estados Unidos en las que integrantes del cártel Guerreros Unidos que operaban en Chicago discutieron sobre la desaparición de los normalistas.
De las elecciones dijo que “México no puede sucumbir en la coyuntura de ningún proceso electoral, mucho menos sumirse en la contemplación pasiva de la violencia y la impunidad. Respetemos siempre la institucionalidad democrática, impulsando el cumplimiento de la ley y el reconocimiento, respeto y defensa de los derechos humanos”.

 

 

El próximo informe del gobierno sobre Ayotzinapa es el 8 de mayo en la CIDH en Dominicana: Vidulfo

Después de cancelada una reunión del Mecanismo Especial de Seguimiento para el caso Ayotzinapa en México debido al proceso electoral, el próximo informe del gobierno mexicano sobre las investigaciones de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala será en el 168 Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en República Dominicana el 8 mayo, informó el abogado de los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales Sierra.
En consulta telefónica sobre el descubrimiento de nuevas fosas en el cerro Gordo de Iguala en posibles diligencias de búsqueda de los estudiantes detenidos-desaparecidos, que trascendieron el miércoles, el abogado aclaró que no han tenido información del hallazgo, pero confirmó que la Procuraduría General de la República (PGR) analiza terrenos con tecnología LIDAR para establecer si en algún sitio hay tierra removida.
Según testigos en Iguala policías de la Gendarmería en patrullas y dos helicópteros entraron la noche del martes al paraje donde antes familiares de desaparecidos hallaron más de 100 cuerpos en fosas clandestinas, en distintos parajes.
De la próxima reunión para conocer los avances del caso informó que se tenía prevista a fines de abril en México, con el Mecanismo de Seguimiento de la CIDH, pero se canceló por el proceso electoral y a petición de las autoridades.
Aclaró que el gobierno federal también propuso que se cancelara la audiencia pública de oficio del caso Ayotzinapa en el siguiente periodo ordinario de sesiones, donde de manera oficiosa se da seguimiento, sin embargo cancelada la reunión en México las autoridades aceptaron continuar lo planeado.
En el calendario de la CIDH se programó el 8 de mayo de 2018 una sesión para el Mecanismo Especial de Seguimiento del caso Ayotzinapa, donde la CIDH convoca al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, ente otros representantes legales, y al Estado mexicano.
Rosales Sierra también denunció que la efervescencia electoral en el país ha tenido impactos en el movimiento de los padres de familia en la búsqueda de sus hijos desaparecidos, “porque el gobierno federal intenta dar carpetazo al asunto otra vez, no dejar nada abierto que pudiera retomar el gobierno que probablemente pueda llegar”.
Estimó que prácticamente durante un año las investigaciones estuvieron detenidas “después de administrar el caso (en el tiempo), ahora han pasado a hacer todo lo posible para cerrar el mismo”. Dijo que lo han intentado muchas veces durante tres años y medio, y hasta ahora su estrategia no ha funcionado, “pero siguen intentando”.
Aceptó que van preocupados a la reunión en Santo Domingo, República Dominicana, porque hay nuevos datos que evidencian la necesidad de profundizar en las líneas de investigación.
Mencionó las investigaciones en Estados Unidos sobre el trasiego de drogas de Iguala a Chicago, y que integrantes de Guerreros Unidos hablan en comunicaciones telefónicas interceptadas de los ataques a los normalistas de Ayotzinapa durante y después de los hechos.
Insistió que el tema del narcotráfico “obviamente que pesa al régimen de gobierno en términos electorales, en elecciones le impacta, le genera consecuencias, prefieren tener este asunto primero administrando el caso, y ahora tratando de cerrarlo”.
Estimó que de aquí a las elecciones del 1 de julio no van a mover nada, “su preocupación es remontar el tercer lugar en que se encuentran (el candidato del PRI) o si logran reponerse, ahí están sus prioridades”.

 

 

El gobierno pretende cerrar pero no aclarar lo que pasó con los 43; no lo permitirán, dicen padres

El vocero de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa, Melitón Ortega, dijo que el gobierno federal pretende “cerrar” más no aclarar qué pasó en Iguala la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, y Clemente Rodríguez Moreno, padre de Alfonso Rodríguez, uno de los 43, dijo que no van a permitir que se cierre la investigación.
El viernes en la audiencia pública en Bogotá, Colombia, el subsecretario de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas, afirmó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que la meta del gobierno federal es concluir la investigación y dar respuestas este año, antes de que concluya el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto.
En tanto, el fiscal especial de la Procuraduría General de la República (PGR) para el caso Iguala, Alfredo Higuera Beltrán, dijo que en las últimas semanas se obtuvo información relevante que identifica el móvil del secuestro y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Ayer a la una de una tarde, padres de los desaparecidos y estudiantes de Ayotzinapa llegaron a la caseta de La Venta de la Autopista del Sol, en Acapulco, y durante una hora y media tomaron seis de las ocho cajas de cobro con el fin de reunir dinero para su movimiento.
En ese lugar, el padre Clemente Rodríguez indicó: “Solamente que nos maten nos van a quitar del movimiento porque estamos peleando por 43 vidas”.
La toma de la caseta de La Venta fue vigilada en todo momento por Policías Federales. Los alumnos, la mayoría con el rostro cubierto, se hicieron del control de las plumas y pedían a los automovilista una cooperación de lo que quisieran dar.
Con ellos, el padre Clemente Rodríguez declaró que no van a permitir que el gobierno cierre el caso de los normalistas, pues “Enrique Peña Nieto no se puede ir como si nada, sin decir dónde están nuestros hijos”.
Agregó que la toma de la caseta es para tener recursos para seguir en la lucha y el movimiento de la búsqueda de los 43 normalistas; además lo recaudado en la caseta es para los normalistas de Ayotzinapa para que cubran sus necesidades como son las raciones de comida.
Sobre el querer cerrar el caso dijo que al gobierno lo que le preocupa es que vienen las elecciones, quieren que salgan limpias y hacen declaraciones absurdas, pues insisten en decir que los estudiantes fueron quemados en el basurero de Cocula.
“Lo único que quieren es cerrar el caso y salir limpios”, dijo Clemente Rodríguez.
Agregó que el gobierno federal no se puede ir como si no hubiera pasado nada y que los padres quieren respuestas porque funcionarios han pasado y no han dado respuesta a su demanda de la presentación de sus hijos. “No vamos a dejar pasar que el gobierno quiera cerrar el caso, vamos a seguir en la lucha a pesar de que en el gobierno están en la misma necedad, que los normalistas fueron quemados, pero cuando nos ven no nos lo dicen a nosotros”.
Se le preguntó sobre la información que dieron los representantes del gobierno de México en la sesión de la CIDH en Bogota, de que se descarta como móvil de la desaparición de los estudiantes que hayan tomado un autobús que transportaba droga dirigida a Chicago, y dijo que se tienen que agotar todas las líneas de investigación, porque han pasado más de 3 años y no se sabe nada del paradero de sus hijos.
El padre de familia finalizó diciendo que van a seguir adelante buscando a sus hijos, apoyados por los normalistas y las organizaciones sociales porque “al gobierno le debe quedar claro que no vamos a permitir que se cierre el caso, ni con sus balas nos van a detener, a menos que nos maten nos van a quitar del movimiento”.
Por su parte, consultado vía telefónica, Melitón Ortega declaró que el Estado ha sido el principal responsable no sólo de los hechos sino de entorpecer la investigación que estuvo a cargo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), además de que retrasa cada uno de los pasos y medidas que se acuerdan para poder esclarecer el caso y encontrar a los jóvenes.
Señaló que ante el actual proceso electoral, en el que se definirá quién será el próximo presidente de la República, las autoridades pretenden que la sociedad se olvide del caso Iguala y de los 43 normalistas de Ayotzinapa pero los padres de familia de los jóvenes seguirán en su lucha por encontrarlos con vida.
Expresó que los padres son conscientes de que el gobierno federal pretende “cerrar” el caso pero esto no quiere decir que se dé a conocer la verdad de los hechos o que encuentren a los normalistas, sólo que las autoridades quieren que la sociedad se olvide de lo que pasó.
Melitón Ortega dijo que por ello se llevará a cabo la Convención Nacional el 17 y 18 de marzo en la Ciudad de México, en la que participarán organizaciones sociales y magisteriales del país para acordar las acciones que se llevarán a cabo para seguir con la lucha por la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa y el esclarecimiento de los hechos.