Los campesinos viven en la exclusión y la marginación, dice RASA en su décimo aniversario en Zumpango

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

En el décimo aniversario de la organización campesina Red Alternativa Social y Autogestiva (RASA), los dirigentes demandaron más apoyos para el campo, porque denunciaron que actualmente el 70 por ciento del área rural vive en la exclusión y en la marginación a pesar de que es el pilar de la economía del país.
En la asamblea que se llevó a cabo en el restaurante Mezquite en Zumpango,  representantes de más de 15 estados del país de esa organización cambiaron al dirigente nacional Félix Castellanos Hernández, y designaron a Martín Bahena Obregón.
En el encuentro el nuevo dirigente dijo que buscará los apoyos para rescatar al campo mexicano, “y luchar mano con mano con las organizaciones campesinas para que demos resultados y los campesinos tengan un mejor desarrollo en las comunidades”.
El dirigente nacional de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), José Narro Céspedes dijo que el diagnóstico que tiene esa organización del campo es que los campesinos viven la pobreza extrema y la inseguridad.
Añadió que esa situación de pobreza y violencia, “ha arrasado con todas las familias campesinas y el escaso apoyo de las instancias gubernamentales mantiene desplazados a los campesinos del desarrollo”.
Informó que a raíz de las medidas anti migratorias del nuevo gobierno de Estados Unidos, han regresado muchos mexicanos que estaban radicados en ese país, y que han encontrado escaso apoyo del gobierno con todos los recortes presupuestales que hay en el país.
Informó que las organizaciones campesinas, entre ellas RASA, van a luchar para que los recursos lleguen directamente a los productores.
Informó que de febrero a lo que va de marzo han regresado más de 100 migrantes que pertenecen a esa organización y que no han encontrado apoyo del gobierno del estado.
El dirigente de la CNPA, Narro Céspedes se quejó de que el 90 por ciento de los programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) van para los sectores de la agricultura comercial, y no para la agricultura campesina.
Añadió que por eso la organización está proponiendo que se establezca un sólo programa que atienda a todas las cadenas productivas, y que haya una sola ventanilla para los programas.
El dirigente nacional de la CNPA afirmó que los campesinos necesitan una sola ventanilla que apoye a la cadena productiva de la pequeña agricultura, “que es el sector que le ha dado fortaleza al campo y al país”.
También demandó que los recursos destinados para el campo lleguen directamente a los campesinos.
Durante la asamblea la organización llamó a buscar los apoyos necesarios para rescatar al campo, “y tratar de luchar mano con mano con todos los agremiados y otras organizaciones campesinas para que el proceso de organización nacional dé resultados y los mexicanos tengan un mejor desarrollo en sus comunidades”, dijo Céspedes.
Agregó que los campesinos a pesar de que fomentan la riqueza del país, viven en la pobreza extrema y “la situación está muy complicada porque la inseguridad ha arrasado con todas las familias campesinas”.
Aseguró que el escaso apoyo de las instituciones gubernamentales ha desplazado del campo a los agricultores y que no dan garantías a los migrantes de Estados Unidos, quienes no ven oportunidades en el país.
La celebración por el décimo aniversario de la fundación de RASA y el Congreso nacional de la organización se llevó a cabo en el restaurante Mezquite de Zumpango, asistieron unos 500 campesinos de varios municipios del estado, así como representantes de 15 estados del país.
En el encuentro campesino estuvo como representante del gobernador Héctor Astudillo Flores, el subsecretario de Administración y Finanzas, Tulio Pérez Calvo, asimismo el presidente municipal de Leonardo Bravo (Chichihualco), Alfredo Alarcón Rodríguez.

Los expulsados de la CRAC presos en la capital, Eliseo y Adelaida “están muy mal”, dice la CNPA

 

El integrante de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), Héctor Muñoz Guzmán informó que acudió al penal de Chilpancingo con un representante de la Unidad de Atención de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), a constatar las condiciones en las que se encuentran los coordinadores de la Policía Comunitaria en la Costa Chica expulsados de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Eliseo Villar Castillo y Adelaida Hernández Nava, de quienes dijo que física y psicológicamente “están muy mal”.
El representante de la agenda nacional en derechos humanos de la CNPA agregó que están en total desatención las familias de los seis policías comunitarios que murieron en el enfrentamiento contra policías estatales el día de la detención, el 30 de abril de 2015, porque ante organismos de derechos humanos y dependencias estatales no son considerados víctimas.
En consulta telefónica a un año ocho meses de la detención ambos están presos en el penal de Chilpancingo.
Muñoz Guzmán contó que en diciembre visitaron el penal para corroborar el estado físico y psicológico de los reclusos. Adelaida se dedica a la limpieza en ese lugar, mientras que Eliseo se dedica a hacer hamacas.
Dijo que el encuentro duró cerca de 2 horas, además les aplicaron un cuestionario que está siendo evaluado por la Segob para determinar su intervención en el caso, para ver si pueden alcanzar su libertad anticipada.
Resaltó que Eliseo Villar cuenta con 49 averiguaciones previas y Adelaida Hernández está involucrada en 21, ambos por secuestro, robo, sabotaje, motín, lesiones, privación ilegal de la libertad y allanamiento.
De la visita detalló que “Eliseo cuando fue detenido fue golpeado, fue torturado y esas cuestiones, cuando lo llevaron al penal federal entonces él refiere que tiene problemas en la vista un poco y de la columna, que tiene un dolor de espalda”. Sin embargo no le han dado atención médica, que es lo que espera que atienda la Segob.
“Los conocí antes de que los recluyeran, o sea como miembros de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala. Sicológicamente están muy afectados, imagínate ser policía y acabar en la cárcel, desde ahí para ellos es un impacto muy fuerte, y la otra es la forma en la que se ha dado este encarcelamiento, no ha sido para nada de esto, de rehabilitación social no tiene absolutamente nada, a ellos los detuvo el Ejército, desde ahí era ilegal el asunto”, denunció.
Dijo que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) no los reconoce como víctimas ni a las seis familias de los seis policías asesinados, Modesto Alberto Sánchez Cruz, Pascual Mier Bautista, Erick Manuel Paniagua Bernal, Antonio Martínez Hernández, Bertín Villanueva y Fulgencio Baltazar Suástegui. Dijo que algunos dejaron hasta cuatro hijos que viven en el abandono y la pobreza, y que de una de las familias es notoria su desnutrición.
Relató que el 19 de octubre la asesora jurídica de la CEEAV Everarda Pineda Andraca en una reunión le entregó el oficio P012-2016, que supuestamente le hicieron llegar desde julio del que dijo no tenía conocimiento, ahí le informan que no pueden atender a las familias ni a los presos como víctimas.
Entonces le expuso enfrente de las viudas que también estaban en la reunión que les dijera qué se podía hacer, y que le contestó déspota que nada, le insistió que así como estaba el expediente no se podían reconocer como víctimas.
“Mediante el artículo 46 de la ley número 694 de víctimas vigente en el estado de Guerrero, para el reconocimiento de las víctimas el juzgador penal mediante sentencia ejecutoria debe hacerlo, y evidentemente no lo van a hacer, la Comisión de Derechos Humanos del Estado ha sido completamente omisa”, reprochó.
La CEEAV dicen que ese reconocimiento en todo caso se los tiene que hacer el juzgador penal, el juzgador en materia de amparo, el Ministerio Público (MP), la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos o los organismos internacionales.

Marchan en México 9 mil ciudadanos junto a los padres de los 43 contra las reformas estructurales

Los padres de los 43 alumnos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa se sumaron a la marcha de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y del Frente Amplio Social Unitario (FASU), contra la política y reformas neoliberales que implementa y proyecta el gobierno federal, bajo el lema “Salario y empleo digno, soberanía alimentaria, unidad social y derechos humanos”.
En la marcha en la que participaron unas 9 mil personas, se hizo presente la demanda de liberación de la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, a través de pequeñas pancartas de colores que distribuyeron integrantes del Comité Nestora Libre, de la Ciudad de México.
Las organizaciones campesinas, sindicales y sociales integradas a los colectivos nacionales, en solidaridad con los padres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, llamaron a esta jornada de lucha que comenzó el 26 de enero, día de acción global por Ayotzinapa, y concluyó ayer con esta marcha nacional.
Entre sus demandas que enarbolaron está la presentación con vida de los 43 normalistas, justicia y medidas para la no repetición de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, la libertad de los presos políticos, y solución a los conflictos de los jornaleros de San Quintín, Baja California. En general, la demanda principal fue la abrogación de las reformas estructurales y la construcción de una coalición capaz de sacar adelante una agenda social para transformar al país.
La marcha partió del Ángel de la Independencia con los coordinadores de la jornada nacional en la vanguardia, los representantes sindicales de los telefonistas, de distintas universidades y de organizaciones nacionales, entre ellos, el abogado de los padres y alumnos de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales Sierra, y el representante de los padres de familia de los 43, Melitón Ortega Martínez.
El acuerdo del orden de los contingentes fue que detrás de los representantes sindicales y dirigentes sociales irían los padres de los estudiantes desaparecidos y los normalistas de Ayotzinapa, el Frente Popular Francisco Villa, el Sindicato de Trabajadores de la UNAM (STUNAM) y el Frente Popular Revolucionario (FPR), entre otros.
La marcha comenzó sin incidentes en el Paseo de Reforma, fue monitoreada por policías de Tránsito para agilizar la vialidad, hasta que cerca de la Alameda; antes de entrar al Centro Histórico, el bloque del STUNAM se metió detrás de la vanguardia con sus banderines blancos, frente a los padres de familia.
Alrededor de las 5 de la tarde, la marcha entró al primer cuadro de la ciudad, y comenzó un mitin que duró alrededor de una hora. Subieron al templete los dirigentes de las organizaciones, y después de unos momentos, llevaron a los padres de los 43 a la esquina izquierda del templete.
En su intervención, Rosales Sierra advirtió que el gobierno federal no sólo está aplicando reformas contra la población, “está desapareciendo a los luchadores y a los sindicatos, porque somos los que defenderemos a capa y espada los derechos conquistados, que nos ha permitido tener una vida mejor”.
Señaló que el movimiento de los padres de Ayotzinapa coincide con las demandas de cambio de las organizaciones y sindicatos, y dijo que están decididos a no claudicar hasta lograr la presentación con vida de sus hijos.
Lanzó un mensaje a las autoridades federales sobre la continuidad de esta lucha, “si pensaban que a un año y cuatro meses nos íbamos a cansar y nos íbamos a dividir, decimos ‘aquí estamos’, con los sindicatos, el pueblo y los trabajadores, caminando juntos por un cambio de este modelo económico que nos esta matando”.
Convocó a la reunión nacional por la dignidad que están convocado los padres de los 43 alumnos desaparecidos, este 5 de febrero, en el sindicato de los telefonistas en la Ciudad de México, para analizar y diseñar una estrategia que permita un cambio profundo en el país, sin violencia ni desapariciones forzadas.
En la protesta, activistas del movimiento Nestora Libre distribuyeron carteles exigiendo la libertad de Nestora Salgado García, que ondearon el representante de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), Francisco Jiménez Pablo; el dirigente de la Central Campesina Cardenista, Max Correa; y el secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), Mario González Aguilera.
En su pronunciamiento, la UNT y FASU llamaron a construir una coalición social capaz de llevar una agenda social para transformar al país y diseñar una plataforma para transformar el régimen económico, político y social de México.
Tras una hora de intervenciones de los líderes, concluyó el mitin político con el canto del Himno Nacional.