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Presentan comerciantes de la Zapata queja en la Codehum contra el director de Vía Pública

 

Daniel Velázquez

Comerciantes del mercado de la Zapata presentaron una queja en la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum) contra el director de Vía Pública, Raúl Ceballos Carbajal, por el hostigamiento que han denunciado que ejerce en su contra, para beneficiar a otro grupo que encabeza la maestra Karen Avilés Ignacio.
También un representante de los comerciantes acudió al Palacio Municipal del parque Papagayo, a reiterar su petición a la alcaldesa Abelina López Rodríguez para que cese el hostigamiento en su contra y se les permita trabajar durante los días que restan de este mes.
Los comerciantes protestaron el martes, durante la sesión de Cabildo Abierto que se hizo en la colonia Emiliano Zapata, donde denunciaron que el director de Vía Pública, Raúl Ceballos, les cobra 400 pesos por metro cuadrado o 300 pesos por medio metro. La unión tiene 193 comerciantes, entre establecidos y semifijos.
En el escrito entregado a la Codehum, los comerciantes narran lo que ha sucedido desde el 1 de diciembre, cuando fueron amenazados con quitarles su fuente de trabajo, porque no habían pagado en la Dirección de Vía Pública por el espacio que ocupan. Relatan que el director llegó acompañado con dos patrullas de la Policía Municipal, “quitando todo de la vía. Al darse cuenta de que lo estábamos grabando, volteó y dijo que quería hablar con nosotros porque éramos los revoltosos. Intentamos entablar una conversación con él, pero no se presta, debido a que es una persona prepotente, agresiva y cree siempre tener la razón”.
También relataron que les prohibió usar sombrillas o toldos para resguardarse del sol mientras venden en la vía pública. Los comerciantes le dijeron que eso era inhumano, porque hasta a los animales se les procura que tengan un espacio con sombra, y cuando los comerciantes dijeron que buscarían ayuda, “nos dijo que nadie nos iba a ayudar, porque él es la autoridad”.
En el escrito, los comerciantes manifiestaron que “consideramos que se están vulnerando nuestros derechos humanos, debido a que el director de Vía Pública está actuando de forma ilegal, prepotente, de manera arbitraria y haciendo mal uso de su nombramiento, por lo que señalamos a Raúl Ceballos de cualquier cosa que nos pase, debido a que nosotros no tenemos enemigos de ninguna índole”. La queja fue recibida en la comisión el 2 de diciembre.
En declaraciones, el representante de la Unión de Comerciantes Fijos y Semifijos del Mercado Emiliano Zapata, Francisco García González, informó que el miércoles intentaron obligar a los comerciantes indígenas a firmar una hoja en blanco, por parte del grupo de Avilés Ignacio, lo que dijo que los pone en estado de indefensión, porque desconocen para que vayan a ocupar esos documentos.
En el escrito entregado el miércoles, en el PalacioMunicipal, le piden a la alcaldesa que se les permita trabajar en durante diciembre y se llegue a un convenio de “pago anual y mínimo”.
“Sabemos de su buen corazón, señora presidenta, y que usted viene como nosotros de abajo, que es una persona humilde, que no se dejará llevar por comentarios sin fundamento”.

 

Emplaza la Codehum al Ayuntamiento a dar un curso de derechos humanos a los ediles

Daniel Velázquez

La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum) emplazó al Ayuntamiento de Acapulco a impartir un curso de formación y capacitación en materia de derechos humanos, libertad de expresión y dignidad humana a todos los ediles del Cabildo, debido a los comentarios del regidor Genaro Vázquez Flores contra un periodista.
El pasado 27 de septiembre, la Codehum emitió la recomendación 057/2022, como resultado de la queja presentada por el periodista Ángel Blanco contra el regidor Vázquez Flores.
La queja fue presentada el 28 de enero de 2022, con motivo de los mensajes enviados por el regidor de Movimiento Ciudadano a un grupo de Whatsapp, llamado Acapulco Press.
De acuerdo con el expediente disponible en la página de internet de la Codehum, el 2 de noviembre de 2021 a las 5:17 de la tarde, ocurrió está conversación en el grupo: “¿Cuántos nalgasprontas aceptarán vender su dignidad a Abelina por un desayuno con el priista embustero, que se hace llamar el vocero del pueblo? ¡Tantita ‘M’ compañeros!”.
En reacción a ese comentario, el regidor Vázquez Flores contestó: “¿Se puede saber qué te pasa seudoperiodista limosnero? ¿Ahora ya vas a empezar a chingar conmigo? ¿Estás enojado porque a ti nadie te pela? ¿Nadie te ha invitado? ¿No tienes comida en tu casa? ¿Podrás decir qué significa embustero para ti? Se pospone el desayuno por razones que a ti no te voy a comentar”.
Después, en un segundo mensaje, escribió: “Reacciona, maldito muerto de hambre. Yo nunca había contestado tus provocaciones y no quisiera hacerlo, porque te dejaré callado, pinche mantenido estiralamano”.
La discusión entre el regidor y el periodista ocurrió en el ambiente que se vivía desde el 29 de octubre de 2021, cuando la alcaldesa Abelina López Rodríguez azuzó a un grupo de ciudadanos, que protestaban por falta de agua en la avenida Farallón, lo que provocó jalones y golpes contra periodistas.
Luego de ese roce entre la alcaldesa, reporteros y vecinos, el regidor Genaro Vázquez propuso un desayuno de Abelina López con los trabajadores de los medios, pero la actividad no se llevó a cabo.
Por los comentarios del regidor, Ángel Blanco acudió a la Codehum, pues consideró que “constituyen crimen de odio y daño moral, así como atentan contra su dignidad humana y labor periodística”.
La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero concluyó que el regidor violentó los artículos sexto y octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 11 y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Por lo que emitió sus recomendaciones, donde la primera fue que el Ayuntamiento instruya al edil a que ofrezca una disculpa pública, misma que debe publicarse en un medio local y debe remitir constancia su cumplimiento a la Codehum; la segunda es que la Contraloría realice una investigación administrativa sobre el caso, de acuerdo con lo que establece la Ley de Responsabilidades Administrativas para el estado. También deberá informar a la comisión del inicio de la investigación, substanciación y resolución de la misma.
La tercera es diseñar e impartir un curso integral de formación y capacitación, especializado en materia de derechos humanos, libertad de expresión y dignidad humana a todos los ediles del Cabildo y a quienes ejercen el periodismo en el municipio, para lo que dio un plazo de cuatro meses, a partir de la aceptación de la recomendación.
La recomendación fue recibida por Ayuntamiento el 11 de octubre y aún está pendiente su cumplimiento.
Ángel Blanco tiene 35 años como reportero, difunde noticias en la página web y mediante redes sociales, ocasionalmente colabora con algunos medios nacionales para compartir información.

 

Se comprometió la Codehum a insistir en la reinstalación de policías y no cumplió, denuncian

Luis Blancas

Chilpancingo

Policías estatales despedidos en mayo del año pasado se quejaron porque el presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno no cumplió los acuerdos para insistir al gobernador y a la Secretaría de Seguridad Pública estatal el pago de los salarios caídos y la reincorporación de los agentes afectados.
En conferencia de prensa en la explanada de la Codehum el policía despedido José Muñoz Franco informó que un juez federal ordenó al gobierno estatal y a la SSP el pago del sueldo y reincorporar a los 176 agentes estatales despedidos a la corporación, lo que debió ocurrir hace 15 días, “pero con el desacato de Navarrete Magdaleno no se llevó a cabo este proceso”.
Comentó que el gobierno del estado ya agotó todo sus recursos legales para defenderse de la demanda de despido injustificado de los uniformados, pero el ombudsman guerrerense, “no ha sometido a las autoridades como corresponde conforme a la ley, debe aplicar la ley pero tiene que defender a su patrón, al gobierno del estado, pero seguiremos en la lucha”.
Señaló que el gobierno del estado y el ex secretario de la Seguridad Pública estatal, Pedro Almazán Cervantes violaron sus derechos laborales porque no han cobrado su salario desde mayo del año pasado, y están sin poder llevar un sustento a sus familias, “por eso le damos un ultimátum a Ramón Navarrete para que atienda nuestras peticiones”.
Indicó que en la lucha para defender sus derechos continúan 100 policías estatales despedidos de los 176 que eran, e insistió al presidente de la Codehum que los atienda, porque en caso de no hacerlo cerrarán las instalaciones y procederán contra él.
Por su parte la Codehum difundió un comunicado la tarde de ayer en el que dice que Navarrete Magdaleno atendió a los agentes despedidos, “les expresó que la Codehum ha realizado todos los trámites de acuerdo a lo que mandata la ley, recordándoles que esta institución emite recomendaciones y procura su aceptación y cumplimiento de los puntos recomendatorios, con lo cual la comisión, como en todos los casos, está cumpliendo con la responsabilidad con cada uno de ellos”.
El 29 de mayo de 2017 unos 600 policías estatales de las regiones Centro, Chilapa y Mártir de Cuilapan (Apango) pararon labores en el cuartel, en Chilpancingo, para exigir al gobernador Héctor Astudillo y a la Secretaría de Seguridad Pública estatal una jornada laboral de tres días de descanso por tres de trabajo, y un bono de riesgo de 3 mil 500 a 12 mil pesos.
El 31 de ese mes los agentes estatales terminaron el paro, marcharon del cuartel de la corporación a la Codehum y la Secretaría dio de baja definitiva la corporación a 176 policías que incurrieron en una conducta violatoria de ley.

 

Piden campesinos de Pilcaya que intervenga la Codehum para que les den fertilizante

Ante el incumplimiento del alcalde priista de Pilcaya, Ellery Guadalupe Figueroa Macedo, de entregar fertilizante a campesinos de comunidades y la cabecera municipal solicitaron la intervención de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del estado (Codehum), pues aún está pendiente la entrega a casi el 40 por ciento de los mil 600 agricultores de ese municipio.
El pasado 10 de julio, unos 100 campesinos se plantaron cuatro horas en el Ayuntamiento, y después de una mesa de trabajo el alcalde Figueroa Mecedo se comprometió a entregar el abono en un plazo no mayor de 12 días a campesinos de 12 de las 19 comunidades del municipio a las que les hace falta.
Una semana después, el 18 de julio una vez más el alcalde incumplió a su palabra y no entregó el fertilizante.
Ayer, vía telefónica el representante de los campesinos y ex alcalde priista de Pilcaya, Antonio Mendoza Castañeda denunció que son casi el 40 por ciento de los mil 600 campesinos, unos 640, los que no han recibido el fertilizante a pesar de las constantes promesas de Figueroa Macedo.
Dio a conocer que los campesinos solicitaron la intervención de la Codehum para presenciar el próximo plantón al que convocarán los campesinos para presionar al alcalde para que entregue el fertilizante.
A pregunta expresa, dio a conocer que de la indemnización que solicitaron campesinos por la entrega de fertilizante falso en el ciclo agrícola 2017, aún está pendiente el pago a 10 de ellos, de los 74 que quedaron después de la depuración que les aplicaron.
Denunció que el gobierno de Ellery Figueroa ha tomado represalias contra quienes denuncian que no entrega el químico y contra quienes denunciaron el reparto de fertilizante falso.
El 18 de julio, campesinos de diversas comunidades denunciaron que durante las pasadas campañas electorales, el alcalde Ellery Figueroa repartió fertilizante, al parecer el que le había enviado el gobierno del estado, para apoyar a campesinos y condicionar el voto a favor de su tía y candidata del PRI a la alcaldía de Pilcaya, Hilda Macedo, que perdió.

 

Toman trabajadores el sindicato de Salud y los desalojan; piden que renuncie Beatriz Vélez

Trabajadores de la Secretaría de Salud (Ssa) estatal tomaron las oficinas de la Sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (Sntsa) para exigir la renuncia de la secretaria general y candidata a alcaldesa de la capital, Beatriz Vélez Núñez, quien, de acuerdo con los estatutos no puede ejercer un cargo y buscar otro, pero fueron desalojados a empujones por simpatizantes de la dirigente.
A las 5 de la mañana, ocho integrantes del Frente Democrático de Trabajadores de la Salud tomaron la oficina ubicada junto a la Alameda, que cerraron con cadenas y candados, y colocaron pancartas para exigir la destitución de Vélez Núñez, quien es candidata del PRI-PVEM.
A las 8 de la mañana, en respuesta a la protesta, unos 50 trabajadores que están a favor de Vélez Núñez rompieron cristales de la puerta principal, dañaron un portón para entrar a la fuerza y colocaron pancartas a favor de la dirigente.
Mientras que dentro del inmueble los integrantes del Frente colocaron escritorios y muebles pesados para evitar que los simpatizantes entraran; sin embargo pudieron entrar, pues eran más.
“Trae el martillo y las pinzas del centro de salud para abrir… hay que romper los cristales no importa pero hay que entrar… mira con ese palo hay que romper… entre todos hay que jalar la puerta para abrirla”, manifestaron algunos trabajadores vestidos con batas y otros que llegaron del centro de salud de la Alameda.
En el lugar había un joven de unos 30 años, quien ayudó a los simpatizantes a doblar el portón del estacionamiento y entrar, vestía camiseta blanca y pantalón de mezclilla, una gorra roja con la leyenda, “Ricardo Moreno”, y una mochila del Partido Verde (PVEM), y tenía los brazos tatuados.
Al ingresar al centro de salud, los trabajadores le dijeron al joven que ya no podía entrar hasta donde estaban los integrantes del Frente, que se retirara.
Una vez adentro, confrontaron a los inconformes que estaban ahí, les gritaron y comenzaron a empujarlos mientras coreaban, “¡Bety, Bety, Bety!”, un integrante del Frente, el médico Hilario Zúñiga Escamilla cayó de rodillas ante los empujones.
Una simpatizante de Vélez Núñez expresó, “ya no hay que golpearlos, déjenlos porque si seguimos empujándolos van a denunciar que los agredimos físicamente, ¡que se larguen!”.
Cuando los sacaron del edificio, Hilario Zúñiga Escamilla y el ginecobstetra del Hospital General de Chilpancingo, Francisco Ramírez Adame exigieron la renuncia de Beatriz Vélez porque, de acuerdo con los estatutos no puede ejercer un cargo y buscar otro, y una nueva convocatoria para elegir a un líder sindical que realmente respalde a los trabajadores.
Comentaron que la líder sindical viola el artículo 62 de la Constitución, porque tiene un cargo y busca ocupar otro a la vez. También pidieron un alto al acoso laboral y la reinstalación de los cinco médicos que fueron despedidos del Hospital Donato G. Alarcón, de Ciudad Renacimiento, Acapulco.
Zúñiga Escamilla manifestó que, “un grupo de choque, desde la mañana que tomamos nos ha estado molestando”, y responsabilizó a Vélez Núñez de cualquier atentado en su contra, y de las agresiones sufridas.

 

Estará pendiente de que el gobierno apoye a familiares de policías asesinados, dice la Codehum

El presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del estado de Guerrero (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno condenó el asesinato de seis policías estatales en Zihuatanejo, e indicó que el organismo estará pendiente de que el gobierno del estado cumpla con apoyar a sus familias.
El jueves seis policías estatales murieron en una emboscada de 15 civiles armados en la comunidad serrana de Las Mesillas, Zihuatanejo.
Sobre este hecho, en consulta telefónica, Navarrete Magdaleno dijo que acudió al homenaje a los policías como muestra de solidad, y que sabe que los policías están en riesgo a causa de su trabajo.
Abundó que el organismo estará pendiente de que el apoyo que se dé a las familias sea oportuno, para que la situación por la que están pasando tenga menos consecuencias.
Sin embargo, aclaró que no es competencia de la Comisión atender a las víctimas, ya que “es un asunto delincuencial, y compete a la PGR (Procuraduría General de la República)”.
Dijo que el gobierno entregó a las familias, en el homenaje, el pago de los seguros de vida y documentos de las becas para los niños huérfanos.
Abundó que la Codehum tuvo contacto con las familias desde el día que sucedieron los hechos, que cruzaron información y que no sólo fue el beneficio que se otorgó en el homenaje en la capital, sino que también se garantizó el traslado sin costo para las familias.
En un comunicado, la Codehum condena el ataque del que fueron víctimas los estatales, al tiempo que reconoce su valor, compromiso y arrojo para garantizar la seguridad de los guerrerenses.

 

Confirman autoridades que el río Balsas está contaminado, pero no de un producto tóxico, dicen

Funcionarios federales y estatales se reunieron este lunes con autoridades agrarias y municipales de pueblos del alto Balsas, a quienes les confirmaron que el agua del río está contaminada, pero no de un producto tóxico.
Asimismo, les dijeron que ya tienen los resultados, pero que se los va a entregar la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum), ante la cual presentaron la queja.
Por su parte, el comisariado de Bienes Comunales de San Juan Totolcintla, municipio de Mártir de Cuilapan, Melquiades García Ríos informo que a partir del sábado pasado disminuyó el color verde que tenía el agua, pero que suponen que fue por las lluvias que cayeron durante la semana, no porque lo hayan saneado las autoridades.
A su vez, Guillermo Álvarez Nicanor, integrante de la comisión de ciudadanos de varios pueblos que da seguimiento al caso, informó que este lunes se reunieron con funcionarios de varias dependencias en la Secretaría de Salud para conocer los resultados de los estudios que pidieron que se hicieran al agua, y de la investigación para conocer de dónde provino y qué fue lo que provocó el cambio de color del agua de azul a verde.
Sin embargo, dijo que los funcionarios sólo les informaron que constataron que el gua sí está contaminada, pero que el producto no es toxico y que pueden seguir utilizándola y pescando.
Álvarez Nicanor denunció que, además, las dependencias no hicieron una investigación para determinar de dónde provino la sustancia y quiénes son los responsables de verterla al cauce.
En la reunión estuvieron el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos; el secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semaren) estatal, Alan Ramírez Hernández; el subdirector de Control y Operativo Sanitario de la Comisión de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (CAPASEG), Elier Vélez Vázquez; el subdirector de la delegación de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Ignacio Martínez Morales; y el segundo visitador de la Codehum, Fernando Esteban Ramírez.
Mientras tanto, por parte de la comisión de los pueblos de las comunidades de las márgenes del río que se dicen afectadas por la contaminación, asistieron los comisariados ejidales de Tula del Río, Rogelio Vicario Barrera; el de San Juan Totolcintla, Melquiades García Ríos; el vecino de San Miguel Tecuiciapan, Guillermo Álvarez Nicanor; así como el comisario de Bienes Comunales de San Agustín Oxtotipan, Ignacio Morales Mundo.
“La reunión fue para que nos explicaran los resultados de los estudios y de las acciones que se supone ya realizaron; sin embargo, sólo nos dijeron que los van a entregar a la Comisión de Derechos Humanos y que allá nos van a dar una copia”, informó vía telefónica Guillermo Álvarez Nicanor.
Dijo que después de la insistencia de los vecinos de los pueblos, los funcionarios reconocieron que, “efectivamente algo se virtió al río y que provocó que se crearan algas que provocaron el cambio de color del río”.
Pero dijo que los funcionarios no supieron, o no quisieron decir, qué fue lo que se virtió al río, aunque fueron insistentes en que el producto no es nocivo y que pueden seguir pescando y utilizando el agua.
“Entonces yo los invité a que fuéramos a bañarnos al río y a comer peces, a ver si de verdad están seguros y tienen confianza en el agua, porque nosotros todavía no tenemos ningún estudio en la mano, y sabemos que el río y el color no es normal”, declaró Álvarez Nicanor.
Añadió que mientras no tengan la información completa, todo lo que los funcionarios digan, “a nosotros no nos convence”.
También denunció que a partir de la semana pasada vecinos de San Juan Totolcintla comenzaron a padecer enfermedades de la piel porque usaron el agua o consumieron peces.
El vecino de San Miguel Tecuiciapan contó que, debido a que todavía no han recibido información satisfactoria, van a esperar los resultados de la investigación que están haciendo las comisiones nacional y estatal de derechos humanos, y que, dependiendo de esos resultados determinarán si presentan la demanda ante el Juzgado de Distrito por los daños ocasionados al medio ambiente y para que se sancione a los responsables.
Por su parte, el comisariado de Bienes Comunales de San Juan Totolcintla, García Ríos informó que a partir del domingo el agua del río comenzó a verse sucia, achocolatada, pero que eso ya lo consideran normal por las lluvias que cayeron la semana pasada.

 

 

Protesta el Frente de Grupos Vulnerables en la Codehum

Integrantes del Frente de Grupos Vulnerables de Discapacitados de Chilpancingo protestaron en la Comisión de Defensa de Derechos Humanos del estado (Codehum) para exigir al ombudsman, Ramón Navarrete Magdaleno, que gestione una audiencia con el gobernador, Héctor Astudillo Flores.
A las 10 de la mañana llegaron unos 20 inconformes a la explanada de la Codehum para solicitar una audiencia con funcionarios del gobierno del estado.
El dirigente de la organización, Silvestre Rodríguez Fernández se quejó de que el lunes tenían una reunión con el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, para atender las demandas del sector de mejoras de las condiciones de vida de los beneficiarios, pero no ocurrió.
Explicó que las demandas son el incremento de paquetes de apoyo a madres solteras de 500 a mil pesos mensuales, y que haya aparatos funcionales y rampas en el Centro de Rehabilitación Integral Guerrero (CRIG), porque las personas con capacidades diferentes no tienen acceso a las instalaciones. Otras demandas son que se cumpla el descuento a personas con capacidades diferentes en los viajes en autobuses y el pago de recibos de electricidad a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).(Luis Blancas / Chilpancingo).

 

Solicitará al gobierno que se amplíe la seguridad para Quetzalcoatlán, Zitlala, dice la Codehum

 

El presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno informó que solicitará al gobierno del estado que responda a la solicitud de ampliación de medidas cautelares para los pobladores de Quetzalcoatlán, municipio de Zitlala.
Los habitantes nahuas de ese pueblo denunciaron el jueves que siguen las represalias del grupo armado de la comunidad de Tlaltempanapa que los amenazó con sacarlos junto a los policías que los resguardan. Al respecto el director del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), Manuel Olivares Hernández denunció que las autoridades estatales no han dado respuesta a la petición de la Codehum para ampliar la seguridad.
Sin embargo Olivares Hernández también evidenció que la Codehum no informa al Centro Morelos de la respuesta de las autoridades, “simplemente nos envía copia de los oficios que le manda el secretario de Seguridad estatal y lo que hacen es, prácticamente, reenviar lo que nosotros solicitamos”.
Consultado vía telefónica, Navarrete Magdaleno dijo que la Codehum le ha dado seguimiento al caso a raíz del desplazamiento de los pobladores que estuvieron un tiempo en la cabecera municipal de Zitlala, y luego accedieron a regresar a su comunidad pero con resguardo policiaco, “a partir de que tienen ellos el temor fundado de una probabilidad de una nueva agresión, por nuestro conducto pidieron que el gobierno del estado ampliara las medidas cautelares con mayor seguridad”.
Aunque no precisó la fecha dijo que la Comisión hizo la solicitud correspondiente, no sólo sobre la seguridad sino también de otras necesidades de los pobladores como recibir atención médica y otras que implican que deben salir de la comunidad, “lo que están requiriendo es mayor presencia de la Policía Estatal, no tenemos aún una respuesta”.
Señaló que “seguramente” la Comisión dialogará con las autoridades “para establecer el mecanismo para definir el grado de riesgo y poder saber qué tipo de seguridad se tiene que implementar”.
Navarrete Magdaleno evadió el reclamo de Olivares Hernández y dijo que la Codehum tiene comunicación permanente con el director del Centro Morelos, “que ha tenido a bien acudir a la Comisión cuando tienen algún requerimiento por parte de la comunidad y le hemos estado dando seguimiento”.
Precisó que antes de ampliar las medidas cautelares se tiene que analizar el riesgo que corren los pobladores, y para ello se debe hacer un estudio completo de las condiciones en las que viven.
Añadió que en concreto la solicitud es que haya dos patrullas de manera permanente en Quetzalcoatlán, ya que sólo hay una que se releva cada determinados días.
Declaró que la Codehum no determina cómo se deben otorgar las medidas cautelares, las solicita y “el estado determina el modo o el número de elementos y de qué manera se deben presentar”.
Dijo que el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Jorge Zuriel de los Santos Barrila y el jefe del Departamento de Atención a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Juan Carlos Castañón Arcos son los que deben dar respuesta a la solicitud y ante la inconformidad de los pobladores les solicitará que hagan lo correspondiente.

 

Autoridades de pueblos nahuas se quejan en la Codehum por la contaminación del Balsas

 

Autoridades agrarias y municipales de los pueblos nahuas del Alto Balsas presentaron este martes una queja ante la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) en contra del secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, y contra dependencias federales y estatales, por la omisión para atender la contaminación del río.
Asimismo, pidieron a la Codehum asesoría para presentar una “demanda de acción colectiva” en contra de los responsables de la contaminación del agua, así como para la presentación de un amparo para garantizar la reparación del daño causado por la contaminación del Balsas.
Las autoridades fueron atendidas por el segundo visitador general de la Codehum Fernando Esteban Ramírez, y la encargada de la dirección de asesoría, quejas y gestión, Cecilia Narciso Gaytán.
Asistieron los presidentes de los comisariados de bienes comunales, Melquiades García Ríos, de San Juan Totolcintla y de Tula del Río, Rogelio Vicario Barrera, del municipio de Mártir de Cuilapan. También el de San Francisco Ozomatlán, municipio de Huitzuco, Basilio Celestino Ojeda. Además del comisario municipal de Tula del Río, Hermilo Celestino Díaz y el comisario municipal de San Aguistín Oxtotipan, Bernardino Morales Emigdio.
Acompañaron a las autoridades los líderes naturales de la región Victórico Ríos Mundo y Guillermo Álvarez Nicanor.
De entrada, los representantes de las comunidades denunciaron la omisión de las autoridades estatales y federales para atender el grave problema de la contaminación del río Balsas. García Ríos informó que desde el 15 de marzo pasado observaron que el agua del río cambió de color azul a verde y que vecinos de San Juan Totolcintla vieron algunas tortugas y peces muertos, en tanto que en Tula del Río hubo personas que se enfermaron del estómago después de comer pescado.
Agregó que el 21 de marzo una comisión de vecinos de las comunidades vinieron a la Secretaría de Salud y entregaron muestras del agua para que se realizaran los estudios y también dejaron un oficio para el secretario Carlos de la Peña Pintos para que se realizara una investigación del caso.
Informó que el 23 de marzo personal de la dependencia fue al río y se trajo otras muestras y que el lunes pasado nuevamente fueron esta vez de la Jurisdicción Sanitaria 03 de Chilpancingo y se trajeron más muestras, pero han pasado más de 15 días y la Secretaría de Salud no les ha dado a conocer los resultados y ni siquiera les ha dado una explicación del cambio de color del agua.
“Estamos viendo que hay una omisión deliberada de parte de autoridades de los tres niveles de gobierno”, se quejó Guillermo Álvarez Nicanor, originario de San Miguel Tecuiciapan, municipio de Tepecoacuilco.
Agregó que les están violando sus derechos ambientales y el derecho a la salud y que ninguna dependencia está interviniendo. Citó entre ellas a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semaren) estatal.
Recordó que el secretario de Salud solamente en los medios de comunicación ha reconocido que el agua está contaminada de heces fecales y arsénico y que ha tratado de responsabilizar a las comunidades por descargar su drenaje a la cuenca del río, pero aclaró que las responsables son las autoridades que permiten esas obras porque los habitantes se han opuesto y que han pedido letrinas secas para no contaminar el río, porque la mayoría de la gente se dedica a la pesca o a la agricultura y utilizan el agua.
Otro de los dirigentes, Victórico Ríos Mundo, mencionó que las autoridades saben qué está pasando y quién está contaminando, pero que no quieren intervenir para no afectar intereses de alguien, pero luego exigió: “si no nos dan proyectos productivos, por lo menos que no nos contaminen el agua”.
Tras la exposición general del problema las autoridades agrarias y municipales presentaron la queja en contra de la Conagua, Profepa, Semarnat, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), contra el secretario de Salud Carlos de la Peña Pintos, la Semaren y la Procuraduría de Protección Ecológica del Estado de Guerrero (Propeg),
La queja también fue presentada en contra de las autoridades municipales de Tepecoacuilco, Mártir de Cuilapan, Huitzuco y Eduardo Neri.
La queja fue presentada “por violaciones a nuestros derechos humanos, violaciones a los derechos de la protección a la salud, a la conservación del medio ambiente, y el derecho al agua potable.
Las autoridades agrarias y municipales se quejaron de que las autoridades federales, estatales y municipales están violando además la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
En un boletín de prensa, la Codehum informó que las autoridades de estos pueblos denunciaron la contaminación del río que viene desde el 2016 y que desde entonces las autoridades de los tres órdenes de gobierno han sido omisas.
Se informó que pidieron la intervención del organismo ante las instituciones gubernamentales correspondientes para instalar las mesas de trabajo necesarias con el fin de generar medidas que coadyuven a la solución del problema de contaminación, así como gestionar apoyos que beneficien a los mismos, además de proyectos productivos.
“Es importante señalar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce en su artículo 4o párrafo quinto, el derecho humano al medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar, que señala “toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar”, dice el boletín.
Agregó que en lo que respecta al derecho a la salud, “toda persona tiene como condición innata, el derecho a gozar de un medio ambiente adecuado para la preservación de su salud, el acceso a una atención integral de salud, el respeto a su concepto del proceso salud–enfermedad y a su cosmovisión”.
En el boletín se estableció que la Comisión dará puntual seguimiento a la queja que será remitida a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por cuanto hace a las autoridades federales, “y se dejará desglose para que esta Comisión investigue respecto a las autoridades locales, brindando el acompañamiento y asesoría legal respetando sus derechos fundamentales”.
Las autoridades agrarias y municipales tenían programada una reunión en la Jurisdicción Sanitaria 03, pero la cancelaron y dieron prioridad a la presentación de la queja.