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Acuerdan pueblos nahuas del alto Balsas presentar demanda en la PGR por la contaminación del río

Autoridades agrarias y municipales, así como representantes y líderes naturales de los pueblos nahuas del Alto Balsas acordaron este domingo integrar una comisión para presentar una demanda penal ante la Procuraduría General de la República (PGR), por la contaminación del río Balsas para exigir sanción a los responsables y la reparación del daño.
Los indígenas aprobaron, asimismo, presentar una queja ante la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) en contra de la inacción de las autoridades que pone en riesgo la salud de los habitantes de la zona.
La comisión se integró con las autoridades municipales y agrarias de los pueblos afectados, encabezadas por los presidentes de los comisariados de bienes comunales de San Juan Totolcintla, Melquiades García Ríos; de San Agustín Oxtotipan, Ignacio Morales Mundo y de Tula del Río Rogelio Vicario, quienes inicialmente encabezaron la denuncia por la contaminación del río.
Las autoridades de esta región han venido denunciando que desde el 15 de marzo pasado observaron que el agua del río Balsas cambió de azul a verde intenso. También denunciaron que en algunas comunidades como en San Juan Totolzintla se murieron algunas tortugas y peces, mientras que en Tula del Río denunciaron que hubo personas que sufrieron dolor estomacal después de comer mojarras que pescaron en el río.
El 21 de marzo, las tres autoridades agrarias entregaron en la Secretaría de Salud muestras del día del agua del río y un escrito dirigido al secretario Carlos de la Peña Pintos a quien le piden que se realice una investigación del caso.
El 27 de marzo, en conferencia de prensa el secretario de Salud De la Peña Pintos, el delegado de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Humberto Gastélum Espinoza, el director general de la Comisión de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (CAPASEG), Arturo Palma Carro, confirmaron que el agua de ese río que abastece a 15 comunidades nahuas de Guerrero está contaminada con coliformes totales y coliformes fecales, debido a aguas residuales sin tratar que se vierten al cauce, y descartaron que se trate de un agente contaminante relacionado con las minas, además de responsabilizar a los gobiernos municipales, que deben dar un tratamiento adecuado antes de verter el agua residual al río.
Sin embargo, hasta este domingo las autoridades estatales y federales no habían entregado los resultados de los estudios hechos al agua, y tampoco habían dado información o explicación a las autoridades del por qué el cambio de color.
Ante esta omisión y falta de respuesta, los representantes de las comunidades de Ahuetlixpa, San Juan Totolcintla, San Agustín Oxtotitpan, Tula del Río y Analco, municipio de Mártir de Cuilapan, así como de Xalitla y San Miguel Tecuiciapan, municipio de Tepecoacuilco, y San Francisco Ozomatlán, de Huitzico, se reunieron este domingo en la comisaría municipal de San Juan Totolcintla, para analizar el problema.
También asistieron dirigentes de organizaciones con presencia en la región y líderes naturales quienes se quejaron de que los gobiernos estatal y federal no han hecho caso al grave problema de contaminación y acordaron la integración de la comisión también para presionar a la Secretaría de Salud a fin de que dé a conocer los resultados de las muestras que le entregaron y que con un helicóptero se realice un recorrido para esclarecer qué afluente de las que desembocan en el Balsas lo está contaminando.
Asimismo, acordaron promover un programa de restauración ecológica del río en el que participen los mismos pobladores.
El dirigente del Consejo para el Desarrollo Autosustentable del Alto Balsas, Victórico Ríos Mundo, dijo que han pasado 15 días desde que el agua del río cambió de color y que la Secretaría de Salud no les ha explicado porqué y criticó la respuesta que dio el secretario de Salud Carlos de la Peña Pintos, en el sentido de que el agua está contaminada pero de heces fecales a consecuencia de que los habitantes de los pueblos que se encuentran en la ribera del río desembocan allí sus aguas negras. Dijo que eso viene ocurriendo desde 2005 y que por eso los habitantes de la región han pedido la construcción de letrinas secas para no contaminar el agua de ese río. Pero aclaró que no por el agua negra que se descarga al río éste había cambiado de color.
Por su parte, el ex delegado de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi), originario de San Miguel Tecuiciapan y líder natural de esta región, Guillermo Álvarez Nicanor, denunció que los gobiernos estatal y federal están incumpliendo con la ley que establece que el gobierno debe dar agua limpia, saludable y suficiente a los ciudadanos.
Añadió que también incumplen con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que garantiza que los territorios de los pueblos indígenas sean gobernados por la gente de los mismos pueblos y que tengan acceso a todos los recursos naturales de su entorno.
Denunció que los gobiernos estatal y federal no están cumpliendo, por ejemplo dijo que en este caso debe intervenir la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) que debe demandar a la gente que está contaminando este río, “y no lo está haciendo”.
Añadió que la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) tampoco está interviniendo.
“Por el contrario, vi unas declaraciones del secretario de Salud que dijo que no hay problema, que el río no está mal, que sí está contaminado por caca de la gente pero que no es malo y que el pascado que hay en el río se puede comer, entonces lo invitamos a que se venga a comer una mojarra y que se venga a bañar al río, no puede ser que nos digan que sí hay mierda en el río pero que eso no es malo”, se quejó.
Exigió a las autoridades que no digan que todo está bien y que no hay problema, “pareciera ser que no nos están haciendo caso porque a lo mejor el ruido que hacemos no es tan fuerte”, advirtió.
Y luego añadió que, entonces, lo que quieren las autoridades de Guerrero es que los pobladores hagan lo que hicieron los de Sonora y Jalisco en donde se organizaron y presentaron demandas en contra del gobierno para que realizara acciones de autoridad.
“Estoy seguro que el gobierno sabe qué está pasando aquí y si no lo dice es porque no le conviene”, dijo.
Agregó que el gobierno “no nos quiere decir porque no le conviene y no le conviene porque sabe que a nosotros no nos va a gustar lo que está pasando con nuestro río. No puede ser algo muy insignificante, es algo muy grande lo que hicieron, no sé qué echaron, pero fue algo malo”, dijo.
También asistió el ex diputado federal perredista y líder indígena de la región, originario de Xalitla, actual secretario del Ayuntamiento de Copalillo, Marcelino Díaz de Jesús, quien informó que la gente de los pueblos de ese municipio que se encuentran cerca del río también ya se alarmó y que a través de Comunicación Social del Ayuntamiento recomendó a la población que tome sus precauciones.
El dirigente indígena propuso que la comisión aprobada insista ante la Secretaría de Salud que se investigue el problema y que con un helicóptero se realice un recorrido por los ríos que desembocan al Balsas para esclarecer de dónde proviene el agua color verde.
Añadió que la Secretaría de Salud ya debe tener los resultados “pero no lo han de querer dar a conocer, tal vez porque se afectan algunos intereses”.
Al final, los asistentes aprobaron la integración de la comisión que quedó conformada con los representantes de los pueblos afectados, entre éstos los de San Juan Totolcintla, San Miguel Oxtotipan y Tula del Río, a fin de que elabore los oficios y solicitudes y encabece la demanda que presentarán ante la PGR para que se investigue y se castigue al responsable de la contaminación, además de la reparación del daño.
“Hay una ley de responsabilidad ambiental que dice que el que contamina paga, pues tomémosle la palabra a la ley, ahí está. Si hay alguien que contaminó nuestro río pues que pague”, dijo Álvarez Nicanor, quien explicó que el procedimiento sería a través de una “demanda de acción colectiva”.
También acordaron que la misma comisión acudirá ante la Codehum a presentar una queja por la omisión de las autoridades estatales y federales y por poner en riesgo la salud de los pobladores.

 

No se respetan los derechos de las empleadas del hogar, denuncian organizaciones

 

“Las mujeres sufren violencia, discriminación, no se respeta el derecho de ninguna de nosotras”, declaró la representante legal de la Red de Mujeres Empleadas del Hogar, Justina Hermillo Martínez, durante la presentación del Cuadernillo de derechos humanos y laborales de las mujeres empleadas del hogar.
La presentación del cuadernillo se llevó a cabo en el edificio José María Morelos y Pavón de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum). Asistieron a la actividad la asesora de la red, Petra Hermillo Martínez, integrantes de esa organización; el ombudsman, Ramón Navarrete Magdaleno; la titular de la Secretaría de la Mujer, Mayra Martínez Pineda; las feministas Emma Cerón Díaz, María Luisa Garfias Marín y Liduvina Gallardo Suástegui, y representantes de organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres.
Antes de la presentación del cuadernillo, que se elaboró con la colaboración de la Codehum, Mujeres Guerrerenses por la Democracia, el Despacho Jurídico Solís y Asociados y los asesores de la Red de Mujeres Empleadas del Hogar, se inauguró una exposición de artesanías en la plazoleta de la Comisión, que elaboraron las moradoras de la Casa Solidaria que se encuentra en la capital, cuyo objetivo es recibir a mujeres que llegan a la ciudad a buscar trabajo en casas para lavar, barrer, trapear, limpiar, cuidar a niños y enfermos, tareas que son llamadas “domésticas”.
“Les pagan una miseria de 30 a 50 pesos” a trabajadoras en la Montaña, señala

Justina Hermillo fue la encarga de presentar el cuadernillo que consta de 40 páginas de información sobre los derechos laborales de las empleadas del hogar, las condiciones en las que ejercen su oficio y los riesgos a los que se enfrentan, debido a que son acosadas sexualmente.
De acuerdo con el último cuatrimestre de la Encuesta Nacional del Empleo 2017 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en Guerrero, 67 mil 589 mujeres eran empleadas del hogar, frente a sólo 5 mil 762 hombres que se dedicaban al mismo oficio. En Chilpancingo hay poco más de 6 mil 672 trabajadoras que, según Justina Hermillo, ganan 250 pesos, mientras que a las mujeres de municipios de la Montaña “les pagan una miseria de 30 a 50 pesos”, y el salario mínimo actual en México es de 88.36 pesos por día. “Queremos un salario justo, que no nos muramos de hambre nosotras y nuestros hijos”, expresó.
En el cuadernillo se explican términos como “relación laboral” y los derechos que establece la Ley Federal del Trabajo, que indican que los empleados tienen que tener un salario, días de descanso, vacaciones y jornadas laborales establecidas, que si se exceden más de nueve horas deben ser pagadas de manera extraordinaria.
Si bien el objetivo del cuadernillo es sensibilizar a la sociedad respecto del trabajo que hacen las empleadas del hogar, también es necesario que las mujeres que se dedican a este oficio conozcan que tienen derechos respaldados por la ley.
Justina Hermillo también hizo énfasis en el acoso y la violencia de que son víctimas las mujeres trabajadoras del hogar, incluyendo acoso sexual, principalmente de los empleadores. Dijo que es preocupante la situación porque, de acuerdo con datos recopilados en el cuadernillo, de 2003 a 2016 siete mujeres dedicadas a este oficio fueron asesinadas en Guerrero.
Ante tales circunstancias, la red pidió que se den garantías para que las mujeres empleadas del hogar tengan acceso a sus derechos laborales, como todos los trabajadores, y que se respeten sus derechos humanos.

 

Las autodefensas ciudadanas están fuera de la ley; se debe legislar para regularlas: Codehum

Por el ataque armado en la comunidad de Buena Vista de la Salud el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno dijo que el Congreso local debe de legislar para que las autodefensas ciudadanas sean reguladas porque están fuera del marco de la ley, lo que ocasiona que cometan violaciones.
Consultado al finalizar la entrega de actas nacimiento en el Ayuntamiento de Chilpancingo, Ramón Navarrete dijo que es un tema que ha tratado desde hace tiempo, “desgraciadamente” se ha sufrido una transformación no para bien con las policías comunitarias y la sociedad no tiene la misma percepción que tenía cuando surgieron.
Manifestó que ha procurado que la Codehum sólo intervenga en los casos para implementar una mesa de trabajo para el entendimiento, porque el resto de la situación le corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
Agregó que a la Fiscalía General del Estado (FGE) le toca accionar si se comete algún delito, y lo que ha visto es que hay delitos que deben de ser sancionados, “pero espero que sean las autoridades encargadas de la justicia y seguridad que sancionen”.
Abundó que la Codehum está limitada porque pese a que se autonombran como policías comunitarias o ciudadanas no tienen la característica legal, y la comisión no puede intervenir porque no son consideradas como autoridad.
Destacó que “son ciudadanos armados y dentro del marco jurídico son ciudadanos armados” porque un policía institucional devenga un salario del servicio público que prestan.
Ramón Navarrete dijo que los ciudadanos armados que se autodenominan comunitarios no están regulados por la Ley 701, la cual sólo opera en San Luis Acatlán, porque la legislación no se extiende a comunidades que están en las zonas urbanas.
Manifestó que siempre ha dicho que el Congreso local deberá de tomar una decisión respecto y legislar por las policías comunitarias porque están fuera del marco de la ley, lo que ocasiona que cometan faltas.

Le designan escoltas

Ramón Navarrete dijo que la designación de dos escoltas de seguridad fue una decisión que se tomó en el ámbito nacional tras el asesinato del defensor de Baja California Sur, Silvestre de la Toba Camacho.
Precisó que la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos determinó que por conducto de los gobernadores los defensores de todo el país deberían tener seguridad.
Dijo que “se pretende que sea una custodia discreta, es meramente simbólica porque dos personas no pueden dar seguridad completa, sólo está siguiendo un protocolo que a nivel nacional se instituyó”.

Protege la Codehum a mujer que construyó una casa en un área verde en la capital, denuncian

Vecinos del fraccionamiento Río Azul al oriente de Chilpancingo denunciaron que el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno intervino para que no desalojaran a una vecina que invadió un área verde en dicho asentamiento, pese que la mujer tiene otro lugar donde vivir.
En el fraccionamiento Río Azul, unos vecinos encabezados por el presidente de la colonia, Eduardo Mendoza Acosta mostraron el área verde que fue invadida por la mujer que tiene su casa de material frente a dicha zona.
Eduardo Mendoza informó que desde hace tres meses la señora de quien desconoce el nombre empezó a construir en el lugar destinado como área verde y se le informó que no podía pero no hizo caso.
Indicó que los vecinos acudieron a Desarrollo Urbano Municipal de Chilpancingo y los trabajadores acudieron a notificarle a la mujer y clausuraron la obra, sin embargo no le importó y continúo con la construcción.
Precisó que la casa de madera y lámina ya tiene drenaje, piso de material y pronto se introducirá energía eléctrica.
Manifestó que este jueves le hablaron los del Ayuntamiento y le dijeron que se cancelaría el desalojo para este viernes porque la señora giró un oficio de la Codehum por parte de Ramón Navarrete quién la apoya para que no la desalojen.
Los vecinos dijeron que en el fraccionamiento habitan 325 familias quienes quieren el área verde para sembrar árboles frutales y tener espacios para sus hijos “pero la señora se adueñó del lugar”, recriminó Eduardo Mendoza.
Expresó que desconoce el motivo por el cual el presidente de la Codehum apoya para que la vecina no sea desalojada ya que ella ya tiene una casa de material en frente de donde construye la otra.
El presidente de la colonia responsabilizó al Ayuntamiento de Chilpancingo y al titular de la Codehum, Ramón Navarrete de que si la señora no quita su casa dentro de las 24 horas los vecinos se apropiarán de las 7 áreas verdes.
Los colonos pidieron al Ayuntamiento que haga el desalojo porque el lugar fue donado para área verde. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).

Piden discapacitados que intervenga Codehum para que les paguen programas sociales

El dirigente del Frente de Grupos Vulnerables de Persona con Capacidades Diferentes de Chilpancingo, Silvestre Rodríguez Fernández pidió al presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno, que intervenga para que el gobierno les pague dos mes que les adeuda de los programa Guerrero Nos Necesita y de Apoyo a Madres Solteras.
En conferencia de prensa en las oficinas de la Codehum, Rodríguez Fernández dijo que desde hace dos meses se les adeuda el pago del beneficio que sumaría mil pesos, porque cada mes se les depositan 500.
El líder de la organización se quejó porque el gobernador, Héctor Astudillo Flores no tiene la sensibilidad de atender las demandas para beneficiar a este sector vulnerable, a pesar de que han tenido mesas de trabajo de búsqueda de alternativas para apoyar a personas vulnerables.
“Hace dos meses no nos llegó el pago del beneficio a los 40 integrantes de la organización, por eso pedimos a Navarrete Magdaleno que intervenga para que atiendan nuestras peticiones; hago un exhorto al gobernador, que tenga la sensibilidad para atender los programas y peticiones de este sector vulnerable”.
Por su parte, el integrante de la organización, Ciriaco García Nava pidió al gobierno del estado aumentos a Guerrero Nos Necesita y a Apoyo a Madres Solteras, “porque cada vez incrementan los precios de la canasta básica y ya no nos alcanza lo que nos entregan”.
Los integrantes de la organización dialogaron con el presidente de la Codehum, Ramón Navarrete Magdaleno, quien les dijo que hay una división en la organización Frente de Grupos Vulnerables de Persona con Capacidades Diferentes, y que por eso hay problemas en la entrega del dinero.
“Hay una división en su organización, hay una lucha entre ustedes; por eso pido que se pongan de acuerdo, para que no haya este tipo de problema y los podamos apoyar a todos ustedes”, declaró.
Consultado por teléfono, el dirigente Silvestre Rodríguez informó que acordaron con el ombudsman, que hoy recibirán una llamada de la Secretaría General de Gobierno para atender el pago de los dos meses que les adeudan.

 

Cierran padres el internado de Tepecoacuilco; el director maltrata a los niños, denuncian

Padres de familia del internado de educación primaria indígena Ignacio Manuel Altamirano, conocido como San Gabrielito, ubicado en la cabecera municipal de Tepecoacuilco, se plantaron en la entrada a las instalaciones e impidieron las clases, para exigir la destitución del director.
Los familiares acusan a Rafael Patricio Flores de que maltrató a los niños y le suspendió la alimentación a unos 40 alumnos, que no pernoctan en el lugar.
De acuerdo con información de fuentes consultadas y con base en un oficio que elaboraron los padres de familia, del que se tiene copia, desde antes de las 8 de la mañana y de forma indefinida, un grupo de 15 padres se plantaron en la entrada al internado e impidieron la entrada del director y los maestros, con lo que se dejó sin clases a unos 180 alumnos.
Exigen la destitución del director del internado San Gabrielito, Rafael Patricio, por presunto maltrato a los niños y piden el nombramiento de otro para la escuela y solicitan la intervención del DIF, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), que es de la que depende la institución, para que se haga una investigación de las supuestas irregularidades.
Denuncian además el supuesto mal manejo de los recursos del programa Escuela de Tiempo Completo y otros apoyos que llegan a la institución, que da atención a niños de la cabecera municipal de Tepecoacuilco y comunidades cercanas.
Asimismo señalaron que desde la semana pasada el director suspendió la alimentación, el desayuno y la comida, de unos 40 alumnos externos, que sólo reciben educación pero que no duermen en el internado. Los padres de familia puntualizan que no dejan a sus hijos en el internado por la inseguridad que se vive en la zona en la que está la escuela, además de que denunciaron que los profesores ingieren bebidas embriagantes y dejan sola la institución.
Piden que se investigue de manera general al director y maestros de los talleres, por el supuesto maltrato a los alumnos con golpes y castigos, con trabajos que tienen que ver con la limpieza y retiro de la hierba en la escuela; además del mal manejo de los recursos que llegan al plantel.

 

Revisará actuar de policías turísticos que golpearon a jóvenes en La Diana, anuncia el secretario Olea

El secretario general del Ayuntamiento, Octavio Olea Apátiga informó que se va a revisar el actuar de la Policía Turística que golpearon a integrantes del Movimiento Kiosco, pero subrayó que lo único que hicieron los uniformados fue evitar que se tomara la glorieta de La Diana y, “si hubo jaloneos fue de ambas partes, y cada quien debe asumir su responsabilidad”.
Este sábado, el funcionario municipal y el director de Administración Escolar de la Universidad Autónoma de guerrero (UAG), Jaime Kahan Herrera, se reunieron con los integrantes del Movimiento Kiosco, encabezados por Margarita Martínez, y acordaron entregar una lista de los jóvenes para ver el puntaje que obtuvieron en el examen y reunirse la semana próxima en la facultad de Turismo.
La reunión duró alrededor de una hora, y Margarita Martínez informó que el acuerdo es que se van a revisar los casos para verlos en una próxima reunión, y que la demanda de ellos es el ingreso de siete jóvenes a la facultad de Medicina.
Dijo que interpondrán una queja ante Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del estado de Guerrero Codehum), contra quien resulte responsable de los hechos de la noche del viernes, cuando policías turísticos les impidieron instalarse en plantón en la glorieta de La Diana.
Mientras, el secretario general del Ayuntamiento, Octavio Olea Apátiga reconoció que la medida de evitar que se tomara la glorieta de La Diana se salió de control, y señaló que se va a revisar a fondo el asunto para deslindar responsabilidades, pero “les quiero decir que la policía actúo para proteger la glorieta y en la reunión les comenté a los manifestantes que haga diálogo, que el gobierno municipal será interlocutor, para que se pueda resolver el asunto”.
Olea Apátiga añadió que le pidió a los manifestantes, “de la manera más atenta que eviten querer instalarse en la glorieta de La Diana, ya que es un icono de la ciudad y que nosotros vendemos imagen a los turistas; que tomar La Diana no es la mejor solución para resolver sus problemas”. Finalmente, el funcionario añadió que el Ayuntamiento no va a permitir que La Diana se use como estandarte de las manifestaciones, y “creo que hemos llegado a un buen acuerdo, la reunión fue de acercamiento y dio frutos porque las partes se van a volver a reunir y con voluntad de ambas va terminar bien”.

 

Atrae la CNDH el caso de los jóvenes desaparecidos por policías de Chilpancingo

Atrajo la CNDH la investigación de los jóvenes desaparecidos por policías de Chilpancingo

El organismo solicitó que le entregaran los expedientes para continuar las investigaciones, “por tratarse un asunto que trasciende las fronteras del estado”, informa el presidente de la Codehum

Luis Blancas

Chilpancingo

El presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humano del Estado de Guerrero (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno informó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) atrajo las investigaciones de la desaparición de los siete jóvenes por policías de Chilpancingo, dos de los cuales fueron hallados muertos, tres torturados y dos de los que aún se desconoce su paradero.
Consultado en el cuartel de la Policía Municipal dijo que la semana pasada la CNDH le solicitó que entregara los expedientes de la desaparición de los siete jóvenes, por la probable participación de los policías municipales de Chilpancingo, para continuar las investigaciones.
Dijo que el viernes enviaron los expedientes “la CNDH nos pidió atraer la competencia de las investigaciones por tratarse un asunto que trasciende las fronteras del estado y la ley así lo establece, cuando los asuntos del estado trasciendan el interés nacional la CNDH podrá tener la facultad de atraer este caso”.
Indicó que la Codehum coadyuvará en las diligencias por las desapariciones ocurridas en la última semana de diciembre.
En la última semana de diciembre pasado la Policía Municipal desapareció a siete jóvenes de Chilpancingo, de los cuales no se sabe de dos, dos más fueron asesinados y tres fueron torturados por la Policía Ministerial durante siete días, y aparecieron vivos en la ciudad.
El 3 de enero los cuerpos de Jorge Arturo Vázquez Campos de 30 años y Marco Catalán Cabrera de 34, quienes fueron detenidos por policías municipales el 30 de diciembre en las instalaciones de la Feria de Navidad y Año Nuevo, fueron hallados embolsados en un basurero en el lugar conocido como Tierras Prietas en el nuevo libramiento a Tixtla al norte de la capital.
El 4 de enero policías federales, militares y estatales tomaron las instalaciones de la Policía Municipal, y desarmaron a los agentes municipales luego de que fueran denunciados por la desaparición.

Ya investiga la FGE las fosas en la capital y el aumento de homicidios en el estado, informa Héctor Astudillo

Anuncia que la Secretaría de Seguridad Pública del estado designará provisionalmente a quien suplirá al ex secretario de Seguridad de Chilpancingo, Esteban Espinoza Montoya, que renunció al cargo tras la desaparición de siete jóvenes en la capital, presuntamente por policías municipales. Había reprobado el examen de confianza y aún así fue designado por Marco Antonio Leyva, revela

Anarsis Pacheco Pólito

Chilpancingo

El gobernador, Héctor Astudillo Flores dijo sobre el aumento en el número de homicidios y la fosa hallada el viernes en Chilpancingo, que en estos dos sucesos la Fiscalía General del Estado (FGE) tiene la investigación en sus “manos”.
El pasado viernes, en una colonia de la periferia de Chilpancingo fueron halladas diversas fosas clandestinas con restos óseos, que hasta este lunes suman siete, lo que derivó en trabajos de investigación de la FGE.
El gobernador aprovechó para referirse a una nota periodística que apareció en un portal de la capital del estado, en la que se difundió sobre el hallazgo de 15 cuerpos encontrados, la cual dijo fue desmentida por el gobierno del estado, que confirmó que hasta ayer por la mañana eran cuatro.
Dijo que en el caso de las fosas “se está generando principalmente una investigación antropológica, es la información que tengo”.
En conferencia de prensa en la que anunció el tercer cambio a su gabinete, a preguntas de reporteros, Astudillo Flores contestó que sobre los hechos registrados en Taxco, donde una mujer fue desmembrada, la Fiscalía investiga el caso, pero no entró en mayores detalles.

Seguridad Pública estatal designará al secretario de Seguridad en la capital

Astudillo Flores informó que la Secretaría de Seguridad Pública del estado designará provisionalmente a quien suplirá al ex secretario de Seguridad de Chilpancingo, Esteban Espinoza Montoya.
Este domingo se dio a conocer que el secretario de Seguridad de Chilpancingo, Espinoza Montoya presentó su renuncia luego de que se reveló que reprobó los exámenes de control de confianza para desempeñar el cargo, y además se difundió un video en Televisa en el que se confirmaba que policías de la capital participaron en la desaparición de uno de los jóvenes.
“La norma es tener secretarios aprobados por el sistema nacional, en el caso de Chilpancingo no estaba aprobado, y se le comunicó oportunamente al presidente municipal (Marco Antonio Leyva Mena), a efecto de que procediera a su relevo. No lo hizo”, contó.
En declaraciones a reporteros tras concluir una conferencia de prensa en la que se presentó el tercer cambio al interior del gabinete estatal, Astudillo Flores puntualizó que si fue un “colaborador” durante su campaña a la gubernatura.
“Si fue un colaborador en al campaña de nosotros, uno de los colaboradores que teníamos en el equipo, posteriormente él fue designado por el presidente municipal (Marco Antonio Leyva Mena) y en su momento por el procedimiento que se requiere fue designado secretario de Seguridad Pública”, agregó.
Indicó que fue acertado que Espinoza Montoya presentara su renuncia para colaborar con al investigación sobre los policías municipales capitalinos.
“Lo que quiero dejar muy en claro es que nunca fue mi jefe de escoltas, creo que era un elemento que colaboraba, pero no mi jefe de escoltas, ni en la campaña ni otro lado”, agregó.
Astudillo Flores reiteró que Espinoza Montoya no es su “enemigo”, pero tampoco es una persona cercana a él.
“El presidente municipal (Jesús Tejeda Vargas) a través de una llamada vía telefónica ayer, me dio conocer la renuncia del secretario de Seguridad Pública de aquí de Chilpancingo, es el mecanismo en el que fui enterado”, agregó en una conferencia de prensa en Casa Guerrero.
Insistió que era necesario dejar claro que en el Grupo de Coordinación Guerrero se decidió notificar “oportunamente” al presidente municipal Marco Antonio Leyva Mena, sobre la reprobación de su secretario de seguridad por parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Durante la consulta se le preguntó si había solicitado a los alcaldes que haya una certificación nueva de los policías municipales, a lo que respondió que todas las personas que tienen recursos públicos relacionados con seguridad, están frecuentemente convocados y recomendados para cumplir con estos temas.
Informó que ante la salida del secretario, la Secretaría de Seguridad del estado será la encargada de designar al nuevo suplente de manera temporal, además de continuar en coordinación con la policía federal para los operativos de seguridad que se realicen en Chilpancingo.
Comentó que aún no se sabe hasta cuándo duren al mando estas fuerzas, pero se mantendrán para dar la seguridad que requiere la ciudadanía.
“Nosotros habíamos preparado un grupo para llevarlo a la zona económica especial a la Unión, hasta Lázaro Cárdenas, ese grupo que estábamos preparando para moverlo para allá lo dejamos en Chilpancingo, de tal manera (que) lo único que hacemos es posponer el envió del equipo que se había preparado”, agregó.
Recordó que los policías que fueron removidos se reincorporarán a sus labores cuando terminen las investigaciones.

Piden familiares de los policías de la capital castigo sólo a involucrados en desapariciones

Temen por su vida y los hijos de los uniformados sufren de acoso en sus escuelas, afirman. Protestan en la Codehum y el presidente del organismo, Ramón Navarrete acude al cuartel

Luis Blancas

Chilpancingo

Familiares de los policías municipales que fueron desarmados el 4 de enero tras ser acusados de la desaparición de siete jóvenes, protestaron en la explanada de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum) para exigir a los tres órdenes de gobierno investigaciones conforme a la ley, que se responsabilice a los policías involucrados pero no al resto de la corporación.
El presidente de la Codehum, Ramón Navarrete Magdaleno acudió al cuartel de la Policía Municipal y platicó con los agentes municipales encuartelados hace 19 días, para saber si sufren violación a sus derechos humanos.
A las 8:40 de la mañana unos 25 familiares llegaron a la explanada de la Codehum para demandar una audiencia con Navarrete Magdaleno, y portaban pancartas en mano en las que se leía, “Sr. Gobernador y CNDH hacemos responsables al Sr. Pioquinto Damián Huato de lo que le llegue a pasar a cada integrante de la Policía Municipal”, “Pioquinto por tu culpa los hijos de los policías sufrimos bullying ya basta”, “A parte de ser policías también son padres y madres de familia”, “Exigimos sean respetados nuestros derechos”.
Señalaron al ex presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Pioquinto Damián Huato y a la periodista Denise Maerker (que difundió un video que prueba que al menos cinco agentes participaron en la desaparición de un joven) de difamar a los agentes municipales, “porque no todos en la corporación son delincuentes”.
La familiar de un policía municipal, Aracely Flores Morales exigió respeto a los oficiales que no cometieron hechos delictivos, “mi familiar no es un asesino y el aprobó el examen de control de confianza que realiza la federación, no se me hace justo que por unos paguen todos, él lleva más de 10 años trabajando en la corporación y no ha tenido ninguna falta”.
Flores Morales pidió a los tres órdenes de gobierno que se investigue conforme a derecho la desaparición de los siete jóvenes. Dos fueron hallados asesinados y dos más siguen desaparecidos, “si algún agente es responsable de este hecho que sea juzgado, pero los demás que no tiene nada que ver que los dejen trabajar”.
Comentó que las acusaciones que han salido en los medios de comunicación de que los agentes municipales son responsables de la desaparición de los jóvenes ponen en riesgo su integridad física y la de sus familias, además los hijos de los policías han sufrido bullying en la escuela, “porque sus compañeros de escuela le dicen que su papá es un asesino”.
Un hijo de un policía contó que “en la primaria mis compañeros se burlan de mi papá porque es policía municipal porque lo catalogan a los policías como asesinos, antes era un halago que mi papá es policía, ahora ya no porque los tachan de asesinos porque se llevaron a las personas, pero sabemos que no”.
Otro familiar dijo que las declaraciones de Pioquinto Damián en contra de los uniformados es una cuestión política “el señor Pioquinto quiere ganar votos, gente, y no se vale que afecte a personas vulnerables como los policías municipales”.
Mencionó que hace 19 días los uniformados se encuentran encuartelado en la corporación, no han tenido acercamiento con funcionarios del gobierno municipal ni del estado, además no les han informado qué va a pasar con ellos, si serán despedidos, regresarán a trabajar en la Policía Municipal o serán detenidos, “vivimos con el temor de que sean detenidos, que no lleguen a la casa, nos maten y las familias de los afectados tomen represalias en contra de nosotros, queremos que se aclare bien este caso”.
Después una comisión de familiares entró a la Codehum y se reunió con Ramón Navarrete Magdaleno, quien minutos antes de la 1 de la tarde se trasladó al cuartel de la Policía Municipal y platicó con los uniformados.
Consultado al salir del cuartel dijo que después de reunirse con los familiares de los agentes municipales se acordó que acudiría al cuartel para saber las condiciones en que se encuentran.
Dijo que platicó con los policías municipales y oficiales de Tránsito quienes no se encuentran privados de su libertad, salen a descansar, cobran su salario, prestaciones, “no están saliendo a trabajar por las investigaciones, pero no hay vulneración a sus derechos laborales”.
“Los elementos de la policía refieren que no están siendo hostigados, que pueden salir a sus domicilios en sus días de descanso, luego se incorporan, eso es una buena señal de que si hay una investigación están siguiendo los cauces legales”, declaró.
La noche del jueves en el noticiero En Punto que conduce la periodista Denise Maerker se difundió un video del viernes 29 de diciembre de la desaparición del estudiante de Enfermería y trabajador de la Secretaría de Salud estatal, Efraín Patrón Ramos de 24 años, donde se ve que estuvieron involucrados al menos cinco policías municipales de Chilpancingo.
En la última semana de diciembre pasado la Policía Municipal desapareció a siete jóvenes de Chilpancingo, de los cuales no se sabe de dos, dos más fueron asesinados y tres fueron torturados por la Policía Ministerial durante siete días y aparecieron vivos en la ciudad.
El 12 de este mes el juez de control Edgardo Mendoza Falcón vinculó a proceso por homicidio calificado en agravio a Jorge Arturo Vázquez Campos y Marco Catalán Cabrera, al policía preventivo municipal Nicolás.

 

 

Atrajo la CNDH la investigación de los jóvenes desaparecidos por policías de Chilpancingo

El presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humano del Estado de Guerrero (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno informó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) atrajo las investigaciones de la desaparición de los siete jóvenes por policías de Chilpancingo, dos de los cuales fueron hallados muertos, tres torturados y dos de los que aún se desconoce su paradero.
Consultado en el cuartel de la Policía Municipal dijo que la semana pasada la CNDH le solicitó que entregara los expedientes de la desaparición de los siete jóvenes, por la probable participación de los policías municipales de Chilpancingo, para continuar las investigaciones.
Dijo que el viernes enviaron los expedientes “la CNDH nos pidió atraer la competencia de las investigaciones por tratarse un asunto que trasciende las fronteras del estado y la ley así lo establece, cuando los asuntos del estado trasciendan el interés nacional la CNDH podrá tener la facultad de atraer este caso”.
Indicó que la Codehum coadyuvará en las diligencias por las desapariciones ocurridas en la última semana de diciembre.
En la última semana de diciembre pasado la Policía Municipal desapareció a siete jóvenes de Chilpancingo, de los cuales no se sabe de dos, dos más fueron asesinados y tres fueron torturados por la Policía Ministerial durante siete días, y aparecieron vivos en la ciudad.
El 3 de enero los cuerpos de Jorge Arturo Vázquez Campos de 30 años y Marco Catalán Cabrera de 34, quienes fueron detenidos por policías municipales el 30 de diciembre en las instalaciones de la Feria de Navidad y Año Nuevo, fueron hallados embolsados en un basurero en el lugar conocido como Tierras Prietas en el nuevo libramiento a Tixtla al norte de la capital.
El 4 de enero policías federales, militares y estatales tomaron las instalaciones de la Policía Municipal, y desarmaron a los agentes municipales luego de que fueran denunciados por la desaparición.

 

Piden familiares de los policías de la capital castigo sólo a involucrados en desapariciones

Familiares de los policías municipales que fueron desarmados el 4 de enero tras ser acusados de la desaparición de siete jóvenes, protestaron en la explanada de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum) para exigir a los tres órdenes de gobierno investigaciones conforme a la ley, que se responsabilice a los policías involucrados pero no al resto de la corporación.
El presidente de la Codehum, Ramón Navarrete Magdaleno acudió al cuartel de la Policía Municipal y platicó con los agentes municipales encuartelados hace 19 días, para saber si sufren violación a sus derechos humanos.
A las 8:40 de la mañana unos 25 familiares llegaron a la explanada de la Codehum para demandar una audiencia con Navarrete Magdaleno, y portaban pancartas en mano en las que se leía, “Sr. Gobernador y CNDH hacemos responsables al Sr. Pioquinto Damián Huato de lo que le llegue a pasar a cada integrante de la Policía Municipal”, “Pioquinto por tu culpa los hijos de los policías sufrimos bullying ya basta”, “A parte de ser policías también son padres y madres de familia”, “Exigimos sean respetados nuestros derechos”.
Señalaron al ex presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Pioquinto Damián Huato y a la periodista Denise Maerker (que difundió un video que prueba que al menos cinco agentes participaron en la desaparición de un joven) de difamar a los agentes municipales, “porque no todos en la corporación son delincuentes”.
La familiar de un policía municipal, Aracely Flores Morales exigió respeto a los oficiales que no cometieron hechos delictivos, “mi familiar no es un asesino y el aprobó el examen de control de confianza que realiza la federación, no se me hace justo que por unos paguen todos, él lleva más de 10 años trabajando en la corporación y no ha tenido ninguna falta”.
Flores Morales pidió a los tres órdenes de gobierno que se investigue conforme a derecho la desaparición de los siete jóvenes. Dos fueron hallados asesinados y dos más siguen desaparecidos, “si algún agente es responsable de este hecho que sea juzgado, pero los demás que no tiene nada que ver que los dejen trabajar”.
Comentó que las acusaciones que han salido en los medios de comunicación de que los agentes municipales son responsables de la desaparición de los jóvenes ponen en riesgo su integridad física y la de sus familias, además los hijos de los policías han sufrido bullying en la escuela, “porque sus compañeros de escuela le dicen que su papá es un asesino”.
Un hijo de un policía contó que “en la primaria mis compañeros se burlan de mi papá porque es policía municipal porque lo catalogan a los policías como asesinos, antes era un halago que mi papá es policía, ahora ya no porque los tachan de asesinos porque se llevaron a las personas, pero sabemos que no”.
Otro familiar dijo que las declaraciones de Pioquinto Damián en contra de los uniformados es una cuestión política “el señor Pioquinto quiere ganar votos, gente, y no se vale que afecte a personas vulnerables como los policías municipales”.
Mencionó que hace 19 días los uniformados se encuentran encuartelado en la corporación, no han tenido acercamiento con funcionarios del gobierno municipal ni del estado, además no les han informado qué va a pasar con ellos, si serán despedidos, regresarán a trabajar en la Policía Municipal o serán detenidos, “vivimos con el temor de que sean detenidos, que no lleguen a la casa, nos maten y las familias de los afectados tomen represalias en contra de nosotros, queremos que se aclare bien este caso”.
Después una comisión de familiares entró a la Codehum y se reunió con Ramón Navarrete Magdaleno, quien minutos antes de la 1 de la tarde se trasladó al cuartel de la Policía Municipal y platicó con los uniformados.
Consultado al salir del cuartel dijo que después de reunirse con los familiares de los agentes municipales se acordó que acudiría al cuartel para saber las condiciones en que se encuentran.
Dijo que platicó con los policías municipales y oficiales de Tránsito quienes no se encuentran privados de su libertad, salen a descansar, cobran su salario, prestaciones, “no están saliendo a trabajar por las investigaciones, pero no hay vulneración a sus derechos laborales”.
“Los elementos de la policía refieren que no están siendo hostigados, que pueden salir a sus domicilios en sus días de descanso, luego se incorporan, eso es una buena señal de que si hay una investigación están siguiendo los cauces legales”, declaró.
La noche del jueves en el noticiero En Punto que conduce la periodista Denise Maerker se difundió un video del viernes 29 de diciembre de la desaparición del estudiante de Enfermería y trabajador de la Secretaría de Salud estatal, Efraín Patrón Ramos de 24 años, donde se ve que estuvieron involucrados al menos cinco policías municipales de Chilpancingo.
En la última semana de diciembre pasado la Policía Municipal desapareció a siete jóvenes de Chilpancingo, de los cuales no se sabe de dos, dos más fueron asesinados y tres fueron torturados por la Policía Ministerial durante siete días y aparecieron vivos en la ciudad.
El 12 de este mes el juez de control Edgardo Mendoza Falcón vinculó a proceso por homicidio calificado en agravio a Jorge Arturo Vázquez Campos y Marco Catalán Cabrera, al policía preventivo municipal Nicolás.