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A partir de mayo, deudores alimentarios morosos serán inscritos en un registro estatal

Daniel Velázquez

Desde hace un mes, están en vigor nuevas disposiciones legales con las que se creará a partir del 5 de mayo de este año el Registro Estatal de Deudores Alimentarios Morosos en Guerrero dirigido a quienes mediante “triquiñuelas” evaden la responsabilidad de proveer alimentos y limitará la participación política de quienes estén inscritos en ese listado.
El pasado 3 de febrero se publicaron en el Periódico Oficial del Estado una serie de reformas y adiciones al Código Civil de Estado de Guerrero número 358, a la Ley 495 del Registro Civil del Estado de Guerrero y a la Ley 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero para adecuar la legislación y crear el registro.
Los ajustes a al Código y a las leyes tienen “como propósito fundamental, robustecer el marco jurídico de los alimentos, creando el Registro Estatal de Deudores Alimentarios Morosos, que estará a cargo de la Coordinación Técnica del Sistema Estatal del Registro Civil del Estado, donde se inscribirán por orden judicial a quienes dejen de cumplir sus obligaciones alimentarias de manera injustificada por más de treinta días o, hayan sido sentenciados por el delito de incumplimiento de la obligación alimentaria”.
En los considerandos, la iniciativa que presentó el diputado priista Rafael Navarrete, sostienen que las reformas y adiciones no vulneran derechos humanos y se sostienen “desde la óptica del Derecho Familiar y el Interés Superior del Menor”.
“Instaurar el Registro Estatal de Deudores Alimentarios Morosos, no transgrede los Derechos Humanos, en contra de los acreedores alimentarios, sino antes al contrario, cumplirá una función orientadora, para que lo que hoy nace como un deber jurídico, mañana, se convierta en compromiso inexcusable que constituido como valor, nos haga transitar por las sendas de la virtud y la construcción de una ciudadanía responsable, que no se regocije en transgredir la ley, sino que sea razón que nos motive incluso, para estar convencidos que somos seres humanizados, cuya como carta de recomendación sea, el construir vidas y no destrozarlas, al cumplir en la medida de nuestras posibilidades con las altas responsabilidades a que nos contrae el ser miembro de una sociedad y el estar sometido al Derecho Vigente”.
En sus considerandos, los diputados, sin dar cifras argumentan que “es innegable que el noble propósito de los alimentos cada vez se cumple en menor medida, así lo indican los altos porcentajes de demandas por este concepto que se radican a diario en los juzgados de primera instancia de los dieciocho distritos judiciales del Estado; lo anterior, sin mencionar aquellos casos -que no son pocos- que no se judicializan por cuestiones de pobreza o ignorancia de quienes deberían exigirlos”.
También, sin datos, afirman que “existiendo un indeterminado número de deudores alimentarios que eluden sus responsabilidades tornándose en situación ilocalizable; el cambiar de residencia; dejar de prestar servicios a una empresa o institución, que retiene de su salario la cantidad correspondiente a la pensión alimenticia; ponerse de acuerdo con la parte patronal para declarar menos ingresos; el trabajar por cuenta propia, declarando menos ingresos de los reales; el afirmar que está desempleado; el no contar con bienes muebles o inmuebles a su nombre, entre otras muchas y socorridas triquiñuelas”.
Las reformas se publicaron el 3 de febrero, entraron en vigor al día siguiente, pero en los artículos segundo y tercero transitorio se estable un plazo “inexcusable de 90 días”, no especifica si hábiles o naturales, para que la Coordinación Técnica del Sistema Estatal del Registro Civil designe al responsable del padrón y elabore su reglamento interno.
“La finalidad del Registro Estatal de Deudores Alimentarios Morosos, es proteger el interés superior de la niñez, para que el deudor alimentario cumpla en tiempo y forma con su obligación alimentaria. Su eficacia, se basará en la inscripción en una base de datos de carácter pública, de aquellas personas que incumplan de manera injustificada con su obligación alimentaria”.

 

Ya hay desde 2012 matrimonios igualitarios desde el enfoque de derechos humanos: jueza

 

Lourdes Chavez

Chilpancingo

La jueza de primera instancia en materia familiar, Iracema Ramírez Sánchez, señaló que desde 2012 en Guerrero hubo matrimonios e incluso divorcios de parejas del mismo sexo, con base en los derechos fundamentales, sin que hubiera una reglamentación como tal.
Informó lo anterior durante una capacitación a personal de Registro Civil, como parte de las actividades de la Semana Jurídica que se realiza cada año para conmemorar la promulgación de la Constitución de 1917.
En el auditorio del ayuntamiento de Chilpancingo, recordó que en el gobierno interino de Rogelio Ortega Martínez hubo una iniciativa de reforma para establecer este derecho en el Código Civil, que no pasó el estudio correspondiente, pero hubo matrimonios, incluso divorcios que en Acapulco que le tocó conocer.
“Hoy me da mucho que se haya legislado, porque sí, nos urgía esa inquietud de saber: ¿con base en qué vamos a hacer un trámite de divorcio, si no tenemos una reglamentación que nos indique el procedimiento a seguir?”.
Como conferencista de la capacitación que organizó el Sistema Estatal del Registro Civil, explicó que la actuación del Poder judicial en divorcios de personas del mismo sexo, se basó “en el reconocimiento de los derechos humanos, en la dignidad y pues también en las mismas normas que rigen el matrimonio y su disolución”.
A partir de una leída a la Ley 495 del Registro Civil del estado, confirmó que en esta norma debe incluir los procedimientos. Por ejemplo, indicó que ya contempla el cambio de nombre y de sexo por una única ocasión.
Sin embargo, advirtió que no tiene reglamentación que diga cuáles son las pruebas para este trámite, y estimó que debería contemplarse en la modificación.
Aclaró que si bien la ley reconoce a los transexuales o a las personas que quieren cambiar nombre y sexo por cuestión de género, también puede traer consigo otro problema, como ocultar un hecho delictivo.
Aunque hay jurisprudencia de que el cambio de nombre por género es un derecho a la libertad que cada persona tiene a decidir, y no libera a la de actos o hechos cometidos, recordó que sólo por cambio de nombre de una persona en el mismo género, hay una exigencia presentación de pruebas. “Sería necesario establecer un procedimiento adecuado para establecer de manera más concreta qué pruebas servirían para que, en un momento dado, en un caso así, las personas cambiaran de Juan a María, o el nombre que ellos quisieran”.
Asimismo, señaló el caso de las actas de adopción, del que hay un precedente jurídico de co-maternidades, “sería importante considerarlo en la ley porque en caso de separación y habiendo hijo, ¿quién de las dos personas se va a quedar con el niño, o en qué calidad? Me queda claro que en la co-maternidad, las dos siendo mujeres adquieren el rango de madres. A lo mejor es el mismo criterio para las parejas de hombres”.
Las actas de matrimonio también cambiarán en su estructura, ya no son hombre y mujer, sino contrayentes, recordó.
Añadió que antes, en el Código Civil, la pareja hombre y mujer tenía como finalidad la reproducción, pero a raíz de la reforma publicada el 30 de enero, cambia el paradigma del matrimonio, ahora se concibe la relación entre personas con la finalidad de forjar una vida en común, en la cual haya beneficios para ambos, satisfactores emocionales, afectivos y materiales.
El coordinador técnico del Sistema Estatal del Registro Civil, Roberto Barreto Bohorquez, abundó en la necesidad de formalizar los matrimonios igualitarios porque la institución conlleva deberes, obligaciones y consecuencias, y una es el divorcio con muchas vertientes que se tienen que actualizar en la ley.

 

El proceso legal para los matrimonios igualitarios está incompleto, advierten

La subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, de la Secretaría General de Gobierno, Anacleta López Vega, en reunión con integrantes de colectivos LGBTI+, ayer en Chilpancingo Foto: Emiliano Tizapa Lucena

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

Integrantes de varios colectivos Lésbico Gay Bisexual Transexual e Intersexual (LGBTI+) se reunieron con la subsecretaria de Gobierno, Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, de la Secretaría General del Gobierno, Anacleta López Vega, quien les explicó que para que el matrimonio igualitario se pueda ejercer falta armonizar las leyes secundarias, así como al Código civil y el Código procesal civil, además se deben modificar formatos de las actas de matrimonio y divorcio, y tienen como plazo máximo hasta septiembre de este año.
Este lunes a las 5 de la tarde, 15 integrantes de diferentes colectivos LGBTI+ de Acapulco, Zumpango, Chichihualco, Chilpancingo y Chilapa se reunieron en la sala Emperador Cuauhtémoc de la Secretaría General de Gobierno, en el Poder Ejecutivo con la subsecretaria, Anacleta López Vega. También estaba contemplado que asistiera el coordinador técnico del Registro Civil del estado, Roberto Barreto Bohórquez, quien no pudo entrar al recinto por un bloqueo de normalistas.
Sin embargo, estuvo personal del área jurídica del Registro Civil, quienes junto con López Vega, aclararon las dudas de los activistas LGBTI+, principalmente porque a pesar de que se aprobó el matrimonio igualitario en el Congreso del Estado en octubre pasado, y se publicó el 30 de diciembre en el periódico Oficial del Estado, a muchas parejas en los registros civiles se les ha negado el derecho a casarse.
López Vega respondió que a pesar de que se aprobó la Ley del matrimonio igualitario, y luego de que han recibido muchas quejas de parejas que han querido ejercer el derecho y se les ha negado, debía quedar claro que aún falta por armonizar las leyes secundarias y reglas del Código civil, reglamentos internos, así como los formatos de actas de matrimonio y divorcio.
Argumentó que de acuerdo con el artículo tercero transitorio del decreto 244 por el que se reformó y derogó diversas disposiciones del Código Civil del Estado Libre y Soberano de Guerrero número 358, y del Código Procesal Civil del Estado Libre y Soberano de Guerrero 364, señala que “las armonizaciones a leyes y reglamentos correspondientes, que tengan como propósito garantizar la viabilidad de las normas contenidas en estas reformas, se realizarán a más tardar en 180 días hábiles”.
Anacleta López sostuvo que están en tiempo legal para modificar las leyes secundarias, porque el plazo se vence en septiembre para dicha armonización, además afirmó que habrá una capacitación a las oficialías de los ayuntamientos y de los registros civiles para que atiendan de manera adecuada y sin discriminación.
Los integrantes de los colectivos LGBTI+ expusieron a la subsecretaria porqué esa información no se daba en los registros civiles, para que las parejas que intentan ejercer su derecho sepan por que aún no se les puede unir en matrimonio, porque lo único que piden es un trato igualitario como cualquier pareja heterosexual.
La funcionaria pidió que le dieran el tiempo de hacer dichas modificaciones a las leyes secundarias, así como los formatos de actas de matrimonio, defunción y divorcio, y añadió que girarán la información a los ayuntamientos y registros civiles para que a las parejas que soliciten información se les diga el por qué aún no pueden ejercer su derecho.
Entre los activistas y funcionarios acordaron que en tres meses se volverán a reunir para conocer los avances en la armonización de las leyes y los reglamentos, y formatos de actas.
Consultado al concluir la reunión, el presidente de la organización Diversidad Sin Límites de Chilapa, Joaquín Ortega Villanueva, sostuvo que en la reunión les aclararon muchas dudas que tenían, porque estaban mal informados, “nos dicen que a pesar de que la ley está aprobada tienen que pasar 180 días hábiles para armonizar las leyes secundarias que de ella emanan, y eso está en proceso”.
Señaló que no les queda más que esperar los tiempos que se den para que se puedan efectuar los matrimonios igualitarios, “con todos los derechos y las obligaciones que conllevan”.
Mencionó que como líderes y activistas de colectivos LGBTI+ es su responsabilidad dar esa información que recibieron a sus integrantes y a quienes se les acerquen para que no haya ninguna confusión en la sociedad.
Afirmó que en Chilapa, una pareja le estuvo insistiendo que ya habían ido al registro civil pero les decían que no se podían casar todavía, “hoy tengo una información y es mi responsabilidad pasarla y a quién se me acerca de porque todavía no se puede ejecutar el matrimonio igualitario, como el matrimonio que se llevó en Acapulco (hace unos días) pero que se dio bajo un amparo, y todavía falta un proceso a pesar de que la ley se aprobó en el Congreso (local) porque faltan leyes secundarias que se tienen que armonizar”.
Dijo que como se los aseguró López Vega, si el gobierno del estado rebasa el límite de 180 días para que puedan ejercer su derecho a casarse, podrán recurrir a demandas por discriminación o incumplimiento de derechos, “pero hasta este momento no nos queda más que esperar para que en su momento se lleve el acto civil como tiene que ser, con toda la libertad y todos los derechos que nos han costado, en una lucha de años”.
Recomendó a toda la comunidad LGBTI+ informarse y leer las leyes porque es su responsabilidad, además de que las autoridades se comprometieron a que la información la harán pública y enviarán un oficio con dicha información a los registros civiles para que no sé distorsione y no haya una mala información.
Durante la reunión, los activistas también preguntaron a Anacleta López Vega, cuándo se creará el Instituto Estatal de la Diversidad Sexual, al que exhortó su creación el Congreso del Estado cuando aprobó la ley del matrimonio igualitario al gobierno del estado, así como de crear direcciones de diversidad sexual a los municipios.
La subsecretaria les dejó claro que para crear este instituto no tienen un plazo para cumplirlo, pero que ya lo tiene en análisis, porque además tendrán que asignarle recursos, por lo que afirmó que aún no tienen una fecha.