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El nuevo fiscal no representa a las víctimas, sino a intereses del gobernador, advierten colectivos

La presidenta del Colectivo de Padres y Familiares de Desaparecidos, Secuestrados y Asesinados en el Estado y en el País (Colectivo Chilpancingo), Guadalupe Rodríguez Narciso opinó que el nuevo fiscal del estado, Jorge Zuriel de los Santos Barrila, nombrado por el Congreso local el martes, no representa a las víctimas, sino a los intereses del gobernador Héctor Astudillo y del secretario de gobierno, Florencio Salazar.
El director del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), Manuel Olivares Hernández dijo que otra vez se perdió la oportunidad de contar con una Fiscalía que realmente sirva a la sociedad, y no al gobernador en turno.
Consultada por teléfono Rodríguez Narciso dijo que los familiares de las víctimas otra vez se sienten desprotegidos con el nombramiento de un fiscal a modo del gobernador y del secretario de gobierno, “el nuevo fiscal es gente del secretario de gobierno y del gobernador, ellos lo pusieron para que se sigan cubriendo sus fechorías y para que todo siga igual”.
Añadió que quienes propusieron a nuevo fiscal no tienen un compromiso con las víctimas ni con la sociedad, “y así no van a dar buenos resultados porque no va a resolver los problemas”.
Agregó que las víctimas y sus familiares siguen igual: “no hay avances en la identificación de los cuerpos depositados en los semefos, no se cuenta con los perfiles genéticos, tampoco se integran los expedientes básicos, y lo más grave es que no hay avance en las averiguaciones, ni en la investigación”.
El director del Centro Morelos señaló que es “indignante cómo se doblega el Congreso local ante el poder Ejecutivo para avalar y ratificar al recomendado de la Secretaría General de Gobierno”, respecto del nombramiento del fiscal de los Santos Barrila.
“Para nosotros ésta era una oportunidad de que pudiera recomponerse la forma de cómo se eligen a los titulares de la Fiscalía General del Estado, era una oportunidad de que se tomara en cuenta la voz de las víctimas y poner a alguien allí que realmente planteara una estrategia de ataque a la corrupción y a la impunidad, que hace mucha falta en el estado”, dijo Olivares.
“Lo que nosotros vemos es que pasó lo mismo que el nombramiento de la fiscal especial de desaparición forzada y búsqueda de personas desaparecidas, Eloína Sánchez Zamora, “una persona de 30 años sin una trayectoria, sin una carrera dentro de esta responsabilidad, y ahora allí están las consecuencias, todavía se siente asesora jurídica (de la Secretaría General de Gobierno donde laboraba antes de ser designada) y no ha hecho nada”.
Añadió que igual de los Santos Barrilla no tiene en su currículum ninguna prueba de experiencia o de que haya tenido alguna responsabilidad que le permita actuar en beneficio de las víctimas.

Buscarán al fiscal para que dé seguimiento al trabajo de Los Otros Desaparecidos

La tarde de ayer en sus oficinas en el centro de Iguala la secretaria general del colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala, Adriana Bahena Cruz dijo al nuevo titular de la FGE que tienen trabajo de casi cuatro años, y confió en que se le dé continuidad.
Expuso que no les sorprende la designación de Jorge Zuriel de los Santos Barrila como nuevo fiscal, y que buscará una reunión con él para pedir que se le dé seguimiento a los trabajos de las víctimas de desaparición y la Procuraduría General de la República.
Hace dos semanas, tras la renuncia de Javier Olea Peláez el colectivo de familiares de desaparecidos de Iguala advirtió la posibilidad de la imposición de Zuriel de los Santos en la Fiscalía General al ser recomendado del secretario Florencio Salazar.

 

 

Entregan los restos de un hombre hallados en 2015 entre 70 cuerpos en Chichihualco

Familiares de José Luis Hernández Gaspar, desaparecido desde noviembre de 2014, identificaron su cuerpo entre los 70 restos humanos hallados a finales de 2015 cerca de El Naranjo, municipio de Leonardo Bravo (Chichihualco).
Hernández Gaspar era de Xochipala, municipio de Eduardo Neri, y tras el reconocimiento de sus restos que fueron reclamados al Servicio Médico Forense (Semefo), fue velado la noche del sábado en la funeraria Santa Cruz, y el domingo fue sepultado en el panteón de Xochipala.
La presidenta del Colectivo de Padres y Familiares de Desaparecidos, Secuestrados y Asesinados en el Estado y en el País (Colectivo Chilpancingo), Guadalupe Rodríguez Narciso denunció que el retraso de 2 años y medio en la identificación del cuerpo se debe a la negligencia de las autoridades federales y estatales para los peritajes con oportunidad.
Informó que de los 70 cuerpos encontrados en ese lugar solamente han sido identificados cuatro, tres que fueron reclamados por otros colectivos del estado y el de Hernández Gaspar cuyos familiares están en el Colectivo Chilpancingo.
Entre diciembre de 2015 y septiembre de 2016 fueron hallados y rescatados 70 cadáveres de una barranca cerca de El Naranjo, municipio de Leonardo Bravo, una zona que se encuentra en disputa entre los grupos criminales Cártel del Sur que encabezan Isaac Navarrete Celis, El Señor de la I, y el de Juan Castillo Jaimes, El Teniente.
La presidenta del Colectivo Chilpancingo dijo que entre esos 60 cuerpos fue identificado el de José Luis Hernández Gaspar, que fue denunciado como desaparecido desde noviembre de 2014.
Agregó que los restos fueron identificados mediante la confronta de las muestras del ADN que le tomaron a los restos y a su madre e hija por la Procuraduría General de la República (PGR).
Lamentó que los resultados de los estudios se hayan dado a conocer después de casi 2 años y medio, pues dijo que esos restos fueron de los primeros hallados en diciembre de 2015 y trasladados a la PGR, “no se trabaja con toda la responsabilidad por parte de servicios periciales de la PGR, hay muchas irregularidades”.
Rodríguez Narciso denunció que en la averiguación previa que se integró por el caso de José Luis hubo muchas deficiencias, por ejemplo el Ministerio Público federal que se llevó los cuerpos no integró la denuncia correspondiente, y le “colgó” el caso a otro de Iguala que nada tenía que ver uno con el otro.
Informó que como consecuencia quienes llevaban el caso de Iguala no tenían conocimiento del hallazgo de cuerpos en Leonardo Bravo. El cuerpo lo entregaron pero los médicos de la PGR que autorizaron su salida no quisieron entregar el certificado de defunción a sus familiares.
Agregó que agentes de la PGR dijeron a los familiares que no estaban seguros de que José Luis estuviera muerto, debido a que no se encontraron todas las partes de su cuerpo, y denunció que esa fue otra irregularidad, pues cuando fueron hallados los primeros 20 cuerpos en la barranca de El Naranjo, el 15 de diciembre de 2015, el Ministerio Público no pudo rescatarlos el mismo día y se retiró sin dejar seguridad para su resguardo.
Añadió que al día siguiente que las autoridaes regresaron con el equipo necesario para el levantamiento de los cuerpos los encontraron incinerados, algunos seguían consumiéndose.
“Un día antes abandonaron los cuerpos que estaban todavía reconocibles, y como fue un operativo grande de policías federales y elementos de la Marina solamente calentaron la zona, por eso cuando se retiraron fueron a quemar los cadáveres”.
Informó que del cuerpo de José Luis solamente se encontraron enteras las piernas “y se recibió el cuerpo porque uno de sus familiares lo identificó bien, y dijo que efectivamente los restos eran los de José Luis, pero en realidad los peritos no realizaron un trabajo como debía de ser”, reprochó.
Dijo que son muchas las irregularidades del gobierno con las víctimas y sus familiares, “a pesar de que hay protocolos para tratar los cadáveres nadie los aplica, y se siguen cometiendo irregularidades”.
Añadió que estas irregularidades son la causa de que se retarde la identificación de los cuerpos. Por ejemplo dijo que de los 70 cadáveres que fueron hallados y rescatados a finales del 2015 y en el transcurso del 2016 cerca de El Naranjo, solamente han sido identificados cuatro, tres que reclamaron otros colectivos y el de José Luis, cuyos familiares participan en el Colectivo Chilpancingo.
Los restos humanos que resultaron de 70 personas fueron rescatados en tres ocasiones, la primera vez fue en diciembre de 2015, la segunda en enero de 2016 y la tercera en septiembre del 2016.