El nuevo comandante de la 27 Zona Militar, Martín Gerardo Franco Flores, rinde protesta; observan la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y la alcaldesa Abelina López Rodríguez Foto: Carlos Carbajal
El general Martín Gerardo Franco Flores, de 60 años, con maestría en seguridad nacional, tomó posesión como nuevo comandante de la 27 Zona Militar, en sustitución del general Roberto Pérez Ceja, quien duró en el cargo siete meses.
El cambio de mando y protesta de bandera se realizó en las instalaciones de la Zona Militar, ubicada en Cumbres de Llano Largo en Acapulco. El nuevo comandante nació en Ensenada, Baja California el 26 de abril de 1963.
Al acto acudieron la gobernadora Evelyn Salgado Pineda; el comandante de la Novena Región Militar, Ricardo Flores González; el comandante de la Décima Segunda Zona Naval, Julio César Pescina Ávila; el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Raymundo Casarrubias Vázquez; la presidenta de la Mesa directiva del Congreso local, Nallely Hernández Martínez y la alcaldesa Abelina López Rodríguez
Martín Gerardo Franco ha sido comandante de la 44 Zona Militar en Miahuatlán, Oaxaca; comandante del Octavo Batallón de Infantería en Mazatlán, Sinaloa, del Vigésimo Batallón de Infantería en Chiapas y del 87 Batallón en Martínez de la Torre, Veracruz,
Director de la escuela militar de aplicación de armas y servicios en Puebla, Puebla. Agregado militar y aéreo de la embajada de México en Francia, Bélgica, Países Bajos, Italia e Israel.
Tiene licenciatura en Administración Militar en la Escuela Superior de Guerra y maestría en Seguridad Nacional en el Colegio de Defensa Nacional. (Redacción).
Camionetas y armamento confiscado a policías de la UPOEG?en la operación que se efectuó en Cruz Grande, Copala y Marquelia de la Costa Chica del estado Foto: El Sur
Policías estatales detuvieron en Cruz Grande al comandante de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), José Manuel Lorenzo Hernández, El Chato, y al policía de la misma organización Wilibaldo Villanueva.
En Acapulco, policías estatales acompañados de la Marina, Ejército y Guardia Nacional, irrumpieron en los retenes comunitarios de Tres Palos, Nicolás Bravo y Chanecas, en la zona rural de Acapulco, desarmaron a los policías de la UPOEG en tres puntos del municipio y ocuparon esos lugares. Por la noche en esta ciudad tres puntos de la avenida Costera fueron bloqueados por camiones urbanos, cuyos choferes informaron que un grupo de hombres los obligaron. Las unidades fueron retiradas luego de cinco minutos cuando llegaron elementos del Ejército.
El dirigente de la UPOEG Bruno Plácido Valerio declaró que con esa acción el gobierno estatal busca desarticular a la organización, en tanto se protege a la delincuencia. La Secretaría de Seguridad Pública estatal informó que en un operativo conjunto detuvo a “objetivos prioritarios por ser generadores de violencia”.
El operativo en Costa Chica
La detención del comandante Lorenzo Hernández ocurrió este viernes en la colonia Sultana del Sur, de Cruz Grande, mientras que la del policía fue en la base de la policía de la UPOEG de ese mismo poblado.
La operación policiaca se amplió a los municipios de Copala y Marquelia donde decomisaron al menos diez camionetas que los policías de la UPOEG utilizaban para sus recorridos.
En un boletín de prensa de la Secretaría de Seguridad Pública estatal se informó que “en un operativo conjunto se detuvo hoy a objetivos prioritarios por ser generadores de violencia”, y advirtió que civiles podrían realizar “acciones para desestabilizar la paz y tranquilidad en Acapulco con bloqueos o manifestaciones”.
Por su parte, el dirigente de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio, declaró por teléfono que el objetivo del gobierno del estado es desarticular a la organización y que pretenden culpar al comandante y a los policías de su agrupación del asesinato del policía estatal que fue encontrado desmembrado el miércoles, cerca del cuartel de la Policía Estatal en Campanilla, municipio de Copala.
Agregó que con la desarticulación de la UPOEG el gobierno estatal no va a resolver el problema de la violencia, “porque el verdadero delincuente es el mismo Estado”.
A las 2 de la tarde el dirigente de la UPOEG no descartó que el operativo y los cateos continuaran por la tarde y que hubiera más detenciones.
Dijo que también acusan a los detenidos de portar armas y de posesión de droga, y aclaró: “armas sí, todo mundo sabe que las utilizamos, pero drogas no”.
En su boletín de prensa, la Secretaría de Seguridad Pública estatal informó que en un operativo conjunto detuvo a “objetivos prioritarios por ser generadores de violencia” y que derivado de ello podrían realizar “acciones para desestabilizar la paz y tranquilidad en Acapulco con bloqueos o manifestaciones”.
La dependencia informó que agentes de la Policía Estatal detuvieron “a individuos que de forma extraoficial se informó se trata de dos integrantes de la UPOEG de Cruz Grande”.
En su documento la SPP sostuvo que los individuos están “plenamente identificados por diversos delitos, por lo cual fueron trasladados y puestos a disposición de las autoridades correspondientes para su debido proceso”.
Informó que la detención es resultado de un trabajo de investigación e inteligencia, así como de esfuerzos coordinados entre las autoridades que conforman la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en Guerrero.
Agregó que mantenía en la zona un operativo conjunto entre autoridades civiles y militares “a fin de mantener el orden y brindar seguridad a la ciudadanía”.
Entrevistado por teléfono, el dirigente de la UPOEG informó que a pesar de la aparatosa operación policiaca sólo tenía confirmadas las detenciones del comandante y del policía, pero declaró que sabía que se realizaron varios cateos tanto a la base de la UPOPEG de Cruz Grande como a la de Copala, así como en casas particulares.
“Sabemos que hay más detenciones, pero todavía no podemos determinar cuántas son porque el operativo sigue”.
Denunció que el gobierno del estado pretende desarticular a esa organización pero no a los grupos de la delincuencia organizada que operan en las distintas regiones del estado.
Reprochó que por qué no se actúan contra los grupos de la delincuencia organizada que operan en la región de la Costa Chica y en Acapulco o contra “los que desfilan con armas calibre 50 en Zarándaro”, y añadió que si no lo hacen “es porque son cómplices”.
Informó que el operativo en Cruz Grande comenzó desde la mañana y que después de la detención del comandante y del policía siguieron con el cateo de la comandancia de la UPOEG y a algunas casas de miembros de la organización. Reconoció que les encontraron armas, “todo mundo sabe que las utilizamos, pero drogas no”.
Informó que la droga está en otras casas y en narco tiendas “que todo mundo conoce, incluso cerca del cuartel de los militares de Cruz Grande”, pero denunció que a esas no las catearon.
Aseguró que el comandante José Manuel Lorenzo cada semana se reunía con los mandos militares del cuartel de Cruz Grande y cuestionó que si sabían que es delincuente por qué no lo detuvieron antes.
Con respecto a la advertencia de la Secretaría de Seguridad Pública de que podrían realizar acciones y bloqueos a raíz de las detenciones, Placido Valerio dijo que “se adelantaron”, pero agregó que “nos vamos a esperar que primero se equivoquen”.
Reprochó que la UPOPEG le sirvió al Estado durante diez años para pacificar la región de la Costa Chica y que ahora que ya no les sirve la quieren desmantelar, pero insistió que con ello no se va a resolver el problema de la violencia.
Según Plácido Valerio para lograr la paz en la Costa Chica hubo muchos detenidos, “algunos están muertos y otros se los entregamos pero fue gracias a nosotros, no a ellos”.
Añadió que la estrategia de seguridad del gobierno es solamente llegar y levantar muertos, no de prevenir ni de actuar, “y como nosotros no les entregamos dinero cada mes como si lo hace la delincuencia, no somos negocio para ellos”.
Plácido Valerio declaró que quieren desmantelar a la UPOEG para mandar un mensaje a la opinión pública que nadie puede contra el Estado, “porque el Estado es el mismo delincuente, es el mismo que somete a la población, es el mismo que la divide, es el mismo que la confronta y es el mismo que la empobrece, es el peor delincuente el Estado”.
Reclamó que las comunidades tienen el derecho a lograr su desarrollo, a la seguridad y al derecho a ser consultados.
Camionetas robadas, droga, lo incautado: gobierno estatal
En un segundo boletín de prensa enviado por la noche, la Secretaría de Seguridad Pública estatal informó que en una primera operación de la Policía Estatal y personal de la Secretaría de Marina (Semar), en los municipios de Copala y Marquelia, fueron aseguradas siete camionetas, dos de ellas con reporte de robo y el resto relacionada con hechos delictivos.
También fueron aseguradas 18 armas largas y dos armas cortas de distintos calibres, 203 cartuchos, nueve radios portátiles y una radio base, 13 chalecos tácticos con placas balísticas, tres portaplacas, un panel para chaleco, 11 pecheras y dos tablas de castigo.
La dependencia informó que en una segunda operación policías estatales y personal de la Marina detuvieron a dos personas, “consideradas como objetivos prioritarios, en el municipio de Cruz Grande”.
Agregó que los detenidos fueron identificados como José “N” y Wilibaldo “N”, a quienes se les aseguraron dos fusiles AR-15 y AK-47, un arma corta, una escopeta y presunta droga con características de marihuana, piedra y cristal. Además, un vehículo blindado, marca Jeep, tipo Gran Cherokee.
“Los dos sujetos, el armamento, equipo táctico, vehículos y la presunta droga asegurada en este operativo fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para su debido proceso”, informó la dependencia.
Desarman a comunitarios en Acapulco
En Acapulco, policías estatales acompañados de elementos de la Marina, Ejército y Guardia Nacional, desarmaron a los policías de la UPOEG en tres puntos del municipio y ocuparon esos lugares.
Los tres puntos que tenía la UPOEG está ubicados en Tres Palos, Nicolás Bravo y Chanecas, en la zona rural de Acapulco.
El operativo lo encabezó la policía del estado y estuvieron de apoyo las demás corporaciones.
En Tres Palos anoche ya no había integrantes de la UPOEG ni policías; en Nicolás Bravo hubo nueve patrullas del estado, una del Ejército, una de la Guardia Nacional.
Mientras que en Las Chanecas hubo ocho patrullas de la policía del estado que tuvieron tomada las que eran filtros de la UPOEG.
Se supo que los agentes retuvieron a los policías de la UPOEG y después lo liberaron, pero les quitaron las arma de bajo calibre.
Incluso, los habitantes argumentaron que los agentes estatales los golpearon y les robaron dinero y celular.
En el retén de la Nicolás Bravo, los agentes no quería dejar ir una camioneta de la UPOEG, lo que causó inconformidad de los habitantes.
Hasta que llegó el inspector de la policía estatal de apellido Catalán se dejó que se llevarán a camioneta y celulares.
Pero les informó que iba a tomar los puestos de revisión de la UPOEG en coordinación con el Ejército y Marina.
Intento de bloqueo a la Costera
Por la noche tres puntos de la avenida Costera fueron bloqueados por camiones urbanos y luego de cinco minutos se retiraron del lugar.
Los bloqueos de los camiones, dos en cada punto, presuntamente en reacción a la detención del comandante comunitario, fueron en el Malecón, en el Asta Bandera y frente a Galerías Acapulco.
Un testigo contó que llegaron hombres a los camiones y obligaron a los choferes a atravesar los vehículos en la vialidad. Los camiones fueron retirados cuando llegaron elementos del Ejército.
Policías estatales detuvieron en Cruz Grande al comandante de la UPOEG, José Manuel Lorenzo Hernández, El Chato, y al policía de la misma organización, Wilibaldo Villanueva Foto: El Sur
En un boletín de prensa, la Secretaría de Seguridad Pública estatal informó que los tres órdenes de gobierno liberaron las vías de comunicación “ante los bloqueos registrados en algunos puntos del puerto de Acapulco, derivado del aseguramiento de armamento, vehículos y objetivos prioritarios, la tarde de este viernes en el municipio de Marquelia, lo que generó la reacción a estas acciones de la justicia”.
En un comunicado, la corporación policiaca afirmó que el gobierno del estado, las fuerzas armadas y la Policía Vial municipal, “implementaron un operativo para abrir la circulación en los puntos donde se han registrado estos bloqueos a fin de garantizar el libre tránsito en la ciudad”.
Señaló que ante estos hechos, se reforzó la vigilancia en la Costera de Acapulco, así como en otros puntos de la ciudad, “para atender de manera oportuna y con estricto apego a los derechos humanos, estas acciones que afectan a la población en general”.
Pide la UPOEG intervención de la Codehum
La UPOEG informó que en su operativo en Acapulco los agentes estatales, encapuchados, agredieron físicamente a los policías comunitarios que solo cumplían con el mandato de la Asamblea Popular de las poblaciones, de velar por la seguridad de sus habitantes.
Indica que además de golpear a los policías de la UPOEG, se apoderaron de teléfonos celulares y dinero en efectivo y pretendieron “asegurar” una camioneta rotulada de la UPOEG.
Precisó que los uniformes de la UPOEG y escopetas, que no son del uso exclusivo de la organización, también terminaron en poder de los estatales.
Condenaron este “nuevo acto de provocación” por parte del gobierno estatal y llamaron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum) “a que intervenga en la defensa de nuestros derechos como pueblos indígenas”.
El primer comandante de la Dirección de Seguridad Pública de Tlapa secuestrado el pasado sábado por cuatro hombres armados, fue hallado muerto este lunes.
Según datos oficiales, el cuerpo fue hallado en el pavimento de la carretera al poblado de Ahuatepec Pueblo, municipio de Tlapa, en el sitio conocido como El Mirador, estaba envuelto semidesnudo en una cobija gris, con huellas de estrangulamiento y tortura.
El comandante fue identificado por su esposa en el lugar alrededor de las 4 de la tarde.
El primer comandante del segundo turno, Jorge Antonio García Zarate, de 38 años fue secuestrado la mañana del pasado sábado cuando salió de su turno y se vio con su esposa para hacer compras, con quien se dirigió a su casa en la colonia El Paraíso en el transporte público, y al descender en El Vado, y caminar unos metros fueron interceptados por dos hombres armados mientras que desde un carro negro les apuntaban otros dos con armas largas.
Según las fuentes, subieron por la fuerza al policía al carro que tomó un camino de terracería que sale a la carretera Tlapa-Marquelia, rumbo al municipio de Xalpatláhuac y su esposa más tarde interpuso la denuncia ante la Agencia del Ministerio Público, donde declaró que “su esposo no hacia mal a nadie”.
En calma aparente se encuentra la cabecera municipal de Chilapa tras una semana intensa de homicidios y balaceras. Los locales comerciales se mantienen abiertos y las escuelas con clases, junto al despliegue de 500 soldados a cargo del comandante de la 35 Zona Militar, José Terán Valle.
Para explicar la última oleada de ataques el mando castrense reveló la posible existencia de un tercer grupo del narcotráfico disputando el control de Chilapa, donde están enfrentados Los Rojos y Los Ardillos desde hace más de dos años. Sin precisar cuál de los tres grupos delictivos está actuando contra la población, indicó que los agresores entran y salen por colonias de la periferia para amenazar principalmente a choferes del transporte público que creían tener bajo su control.
Por separado el vocero de seguridad, Roberto Álvarez Heredia confirmó que un grupo denominado Gente Nueva podría estar irrumpiendo en el municipio desde las últimas semanas, “tal vez meses”, estimó.
Del martes de la semana hasta ayer hubo 28 asesinatos, comenzando con el hallazgo de seis personas desmembradas, y el domingo hubo diez homicidios en Chilapa, de los cuales cinco fueron hallados en un taxi del transporte público incendiado y se preparaba su identificación mediante pruebas de genética.
La presencia militar y el reforzamiento con cien policías estatales no inhibió el delito.
Conflicto entre criminales: Terán
Consultado en el retén en el arco de entrada a Chilapa, el comandante Terán Valle informó que a través de las colonias de la periferia sigue llegando gente a amenazar a los pobladores, particularmente a los choferes de taxis y de combis, “contra los que creen que son de su gremio o de quienes tuvieron el control alguna vez”.
Agregó que los militares buscan en las colonias a los agresores que entran a pie o en motocicleta, que son conocidos de los vecinos “porque la misma población platica con ellos, al final salen en desacuerdo y surgen las disputas entre ellos”.
Estimó que el conflicto en Chilapa es “entre delincuentes queriendo hacer presión sobre la gente, sobre ciertas personas (taxistas y choferes), fuera de ahí está tranquilo, la gente sigue viniendo, hay comercio”.
De los hechos estimó que ocurren en la tarde y en la noche, aunque el lunes hubo una balacera a mediodía a poca distancia del punto de control militar, “alcanzamos a llegar rápidamente, alcanzamos a respaldar a dos personas, se les proporcionaron primeros auxilios, se les estableció y evacuó con personal de Protección Civil al hospital”.
Insistió en que los sicarios no se han metido con la población en general ni en la zona del mercado, tan es así que el domingo llegó la gente al tianguis regional, “ha sido como muy ubicado entre delincuentes, unos y otros pegándole a los que son taxistas, asociaciones de taxis”.
De los grupos que disputan el territorio declaró: “aquí tenemos Rojos y Ardillos alrededor, al parecer hay otro grupo ahí que no está bien ubicado, parece que hay uno ahí que quiere… ya ve que son de los mismos y se siguen fraccionando entre ellos”.
Aseguró que el Ejército trabaja de manera muy coordinada con la Policía Estatal, e incluso con la municipal para estar “al tanto de cualquier cosa rara y alerta”.
Añadió que el Ejército se retirará cuando se haya restablecido la tranquilidad en el municipio, lo que será posible cuando se detenga a las cabecillas de las bandas delictivas.
Dijo que la Fiscalía tiene que girar órdenes de aprehensión, con las que los militares pueden ir a las casas y a los lugares en donde se esconden los inculpados, “después de eso también es un trabajo de las fiscalías salir a investigar”.
Se le recordó que en la región también hay producción de drogas, y respondió que en lo que toca a los militares en la Montaña de Guerrero se han destruido 3 mil plantíos de droga en lo que va del año, y otros 3 mil en la sierra de Filo de Caballos.
El nuevo grupo, en la mayoría de los casos de últimos días: vocero
En consulta telefónica sobre el tercer grupo delictivo en Chilapa el vocero de seguridad, Roberto Álvarez Heredia confirmó que en los últimos días o tal vez semanas, ha habido una serie de homicidios en Chilapa, y en la mayoría de los casos se acompañan los cuerpos con mensajes de un grupo que se autodenomina Gente Nueva.
Agregó que según la Secretaría General del Estado podría tratarse de la introducción de un grupo que también estaría disputándose el municipio de Chilapa, y esta circunstancia atrajo la atención y preocupación del Grupo de Coordinación Guerrero que desplegó a 100 policías estatales.
Precisó que sólo puede hablar de la posibilidad de que exista “la inducción del tercer grupo” que disputa el territorio, y que aún no hay elementos para establecer su origen.
Según registros periodísticos, el grupo delincuencial Gente Nueva fue mencionado en tres narcomantas en Iguala el 24 de marzo 2016, pero se desconocía su actividad en Chilapa.
En un recorrido por la ciudad se observó al alcalde priista Jesús Parra García caminando en el pasillo frontal del Palacio Municipal, y al abordarlo reconoció que son “tiempos difíciles”, pero que el lunes llegaron a Chilapa el secretario de Seguridad Pública estatal, Pedro Almazán Cervantes, y el comandante de la 35 Zona Militar a reforzar la seguridad, como ya se informó en distintos medios.
Del Ayuntamiento dijo que le está apostando a la atención humanitaria para restablecer el tejido social, llevando obras, actividades culturales, deportivas y educativas a 148 comunidades, 90 colonias y barrios populares, porque la inseguridad le corresponde al gobierno federal y estatal que “ya lo está atendiendo”.
De la prevención del delito declaró que “la ciudadanía debe tomar sus propias prevenciones, medidas de seguridad, cuidarse mucho, debe de formar a sus hijos desde muy pequeños con principios y valores”.
Cuando se le preguntó sobre el ambiente en las noches pidió que los reporteros se quedarán a verificar la situación, que él daría garantías para hacer un recorrido con él, porque desde su perspectiva la población continuaba desarrollando su vida con normalidad, “obvio a las 10 de la noche siempre la gente aquí empieza ya a guardarse, a descansar por el trabajo intenso, como en todas partes, hay gente que todavía sale a cenar”.
Temor en escuelas y estudiantes
Testimonios de estudiantes de la preparatoria 32 de la Universidad Autónoma de Guerrero, dijeron que desde las 7 de la noche, o cuando comienza a oscurecer, sus familias ya no les permiten salir a las calles.
De la presencia militar aseguraron que no sirve de nada, porque aún con ellos continuaron los asesinatos, y recordaron el caso de la mujer embarazada asesinada el domingo y un joven de 14 años, estudiante de secundaria llevado por la fuerza que fue encontrado en Chilpancingo gravemente herido, junto al cadáver de un joven, quien después murió en el hospital.
Aseguraron que el turno vespertino de la preparatoria modificó sus horarios para salir más temprano de clases, que termina entre las 6 de la tarde y las 7:30 de la noche.
La directora del jardín de Niños Amado Nervo en el centro, Alberta Flores Jaimes aclaró que aún con temor la instrucción de la Supervisión Escolar es continuar las labores, y en el centro escolar los trabajadores tomaron algunas medidas para evitar más exposición en situación de riesgo.
Por ejemplo, la escuela se mantiene cerrada con candado y no se permite la entrada a extraños, en caso un hecho delictivo en los alrededores nadie saldrá hasta que se haya restablecido la tranquilidad.
Aclaró que los niños de preescolar comentan los eventos de violencia, que mataron a fulano y a zutano, sin embargo procuran que en el jardín los niños no se ocupen de estos temas, “ellos tienen que vivir su mundo, aquí no vamos a hacerles el ambiente pesado”.
El comandante de la 35 Zona Militar opinó que la población está contenta con la presencia del Ejército, que las balaceras y asesinatos han ocurrido en las afueras de la ciudad, y señaló la colonia Los Pinos, donde tenía su casa el líder de Los Rojos, Zenén Nava Sánchez, la colonia Primavera, los Lavaderos, Jamoncillos y atrás del hospital donde se han encontrado muertos.
Aunque los hechos causan temor, declaró que hacen todo lo posible para que la gente esté tranquila y desarrolle sus labores regularmente.
El coordinador regional de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de la Casa de Justicia matriz, Joaquín Rentería Guevara informó que el comandante y los dos policías comunitarios retenidos tres días por vecinos de Chapultepec, municipio de Azoyú, fueron liberados la tarde del viernes.
El miércoles en la tarde los tres integrantes de la Policía Comunitaria fueron retenidos en la comunidad de Chapultepec cuando acudieron a dejar notificaciones a dos grupos de ejidatarios en conflicto por el cierre de un callejón. La CRAC informó que los vecinos iban encabezados por Hermenegildo Alvarado Nazario.
Ayer en la noche el coordinador regional informó que los tres integrantes de la CRAC fueron liberados y que se encuentran en San Luis Acatlán, de manera breve indicó que los policías comunitarios fueron agredidos a golpes y también verbalmente.
El viernes la CRAC informó que liberó al ejidatario Valentín García Guzmán acusado por las autoridades ejidales de la comunidad de Chapultepec, de impedir el paso por un callejón y que se midiera su terreno para ampliarlo. Las autoridades pidieron apoyo a la organización para solucionar el problema.
Rentería Guevara indicó que en una próxima asamblea se definirá cómo procederá la CRAC contra las personas que retuvieron a los policías comunitarios, y si será bajo el sistema de justicia comunitaria o en el Ministerio Público.
El obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, advirtió que el asesinato del comandante del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), Julio Alarcón Astudillo, fue un ajuste de cuentas de la delincuencia que disputa el poder económico, “que se juega debajo de la mesa”, derivado del trasiego de enervantes en el corredor Petaquillas-Xaltianguis.
Subrayó que la pugna entre las policías comunitarias del FUSDEG y pobladores allegados a las comisarías de El Ocotito y Petaquillas ha rebasado al gobierno estatal que cuenta con autoridades “permisivas, blandas y tolerantes”, de lo que se deriva la presunta filtración del crimen organizado en los dos grupos armados.
Por tal motivo, Rangel Mendoza externó que la capital del estado es un “terreno fértil” que facilita a los delincuentes infiltrarse en las policías comunitarias y en los “grupos políticos, “o en intereses particulares, porque uno ya no sabe a quién mirar para señalar como responsables de tanta inseguridad”.
El asesinato de Alarcón Astudillo, quien trabajaba como chofer del transporte público de la ruta Chilpancingo-Petaquillas, ocurrió a las 11:50 de la mañana del domingo, en la entrada del estacionamiento del mercado ubicado frente a la avenida Juan Ruiz de Alarcón y a una cuadra de la iglesia San Francisco.
Mientras que el jueves de la semana antepasada dos policías comunitarios allegados a la comisaría de El Ocotito fueron secuestrados en el entronque de Tierra Colorada de la carretera federal México-Acapulco, presuntamente por el FUSDEG.
Entrevistado en sus oficinas del obispado en esta capital, Rangel Mendoza remarcó que la ejecución del comandante y la desaparición de los dos policías comunitarios son la muestra evidente de la ruptura del tejido social en Guerrero, y que atraerá como consecuencia “crímenes peores y desagradables que en cualquier momento ocurrirán”.
Añadió que el estado necesita de un “pacto social” en la sociedad, la iglesia, el sector educativo y el gobierno estatal, para promover una educación a favor de la paz y la concordia, que erradique la delincuencia que impera en la entidad.
Sobre el conflicto en Petaquillas y El Ocotito, que en 10 días se agravó ante la ejecución y las desapariciones, Rangel Mendoza indicó que el conflicto se debe al ajuste de cuentas del crimen organizado para adquirir la derrama económica que se “mueve” en esos pueblos, copados por la delincuencia.
“Lo que vemos ahorita es la lucha de poder, de prepotencias, y finalmente el dinero que se juegan debajo de la mesa; y es aquí donde hago un llamado a la paz y a la concordia, porque el valor verdadero es la vida, donde se fundamentan todos los valores, porque si no tenemos vida, para qué queremos lo demás”, dijo.
Además, indicó que la injerencia de los grupos delictivos presuntamente infiltrados en Petaquillas y El Ocotito obran de manera repudiable al secuestrar a mujeres jóvenes, incluso menores de edad, tanto en Chilpancingo como en Chilapa.
De los intentos del gobernador Héctor Astudillo Flores y del alcalde priista capitalino, Marco Antonio Leyva Mena, de pacificar el conflicto que mantienen ambas comunidades, monseñor Rangel Mendoza remarcó que las autoridades estatales fueron rebasadas por actuar de manera “blanda, complaciente y permisiva”, desde el momento en que ocurrió el primer enfrentamiento a balazos y golpes en Petaquillas, el pasado 10 de septiembre
Aunque agregó que a la Fiscalía General del Estado (FGE) la investigación “también se le salió “de las manos”, y por ello deberá intensificar sus labores de inteligencia para identificar a los responsables del conflicto, “porque esas personas buscan intereses económicos; y por ahora, se les debería retirar la canasta”.
Sin embargo, Monseñor adelantó que una posible razón de la omisión de las autoridades se debe al “interés electoral”, pues quienes aspiran a ocupar un puesto público “pretenden quedar bien con ambas partes y no obran con mano dura, pero como lo decía Jesús: no podemos servir a dos amos”, dijo.
Por ello, Rangel Mendoza denunció que Chilpancingo es un “terreno fértil” donde los delincuentes pueden infiltrarse en las policías comunitarias o los “grupos” políticos, “o en intereses particulares, porque uno ya no sabe a quién mirar como responsables de tanta inseguridad”.
Reiteró que los dos grupos antagónicos pudieran tener vínculos con los “tres o cuatro” grupos que se disputan la primacía en la capital, aunque subrayó que además de estos criminales operan en favor de la inestabilidad “actores políticos y sindicalistas, que no puedo decir quiénes son por motivos de seguridad”.
Finalmente, Rangel Mendoza expuso que el problema para generar la concordia en ambos pueblos capitalinos se debe a la poca disposición para dialogar de manera tolerante, “porque están anteponiendo sus intereses económicos, por encima de las personas”.
El comandante de la Policía Investigadora Ministerial del sector El Coloso, José Gallardo Bernalm, y su jefe de grupo, Lucas Pascual Calvillo, fueron atacados a balazos desde una camioneta X-trail, por individuos que portaban armas largas AK-47 conocidas como cuerno de chivo y fusiles de de asalto AR-15.
Los hechos sucedieron en el bulevar Vicente Guerrero, cerca del poblado de La Sabana, ayer a las 8:40 de la mañana.
La forma como se perpetró el ataque tiene las características de la violencia atribuida al crimen organizado, y sería el primer atentado de la narcoviolencia en Acapulco en 2007.
El reporte de la Policía Investigadora Ministerial indica que los agentes resultaron con heridas de bala en el cuerpo, así como lesiones por el choque ocurrido luego de que perdieron el control del vehículo en que viajaban y se impactaron de frente contra la parte trasera de un camión de volteo estacionado.
Los policías fueron trasladados en una ambulancia de la Cruz Roja al hospital general Donato G. Alarcón y de ahí al hospital privado Magallanes, donde de inmediato fueron intervenidos.
Por la tarde, en la Fiscalía Regional de la Procuraduría General de Justicia y en el Ministerio Público de Renacimiento, que se hizo cargo de las diligencias, mencionaron que los policías seguían estables de salud.
Según el reporte de la Policía Preventiva Municipal, José Gallardo Bernal fue herido de bala en el brazo y en la pierna derechos, así como la espalda, pero no se precisa el número de impactos.
Mientras que Lucas Pascual Calvillo, que conducía el auto, tiene fracturadas las piernas y varios disparos.
Indica el reporte que en el momento del ataque los policías, que viajaban en un auto Tsuru color verde, perdieron el control del vehículo y se impactaron contra un camión de volteo.
Asimismo la camioneta X-trail, color arena, sin placas de circulación, fue abandonada por los sicarios en la calle Palma Sola, esquina con andador Ajoyotla, Sección 1 de ciudad Renacimiento, con seis impactos de bala en el parabrisas, aunque se dijo que los policías no repelieron la agresión.
En el cristal posterior, la camioneta llevaba un permiso de circulación a nombre de José Antonio García Torres, con domicilio en Calle 15, manzana 12, de la colonia Emiliano Zapata, emitido el 27 de diciembre de 2006 por la Dirección de Tránsito de Chilapa de Álvarez y sellado por el gobierno del estado.
Más tarde se supo que fue robada con violencia seis días antes de esa fecha, el 21 de diciembre a las 22 horas, en la delegación Gustavo A. Madero del Distrito Federal.
Según versiones extraoficiales, la camioneta X-trail alcanzó al Tsuru en el carril del bulevar Vicente Guerrero que va al crucero de El Cayaco y allí dispararon contra los policías ministeriales.
Tras el choque se indicó que los sicarios en la camioneta dieron vuelta en U y huyeron con dirección a Las Cruces. También que un auto de color amarillo iba tras la camioneta X-trail.
Vecinos del lugar declararon que dentro del vehículo chocado quedó prensado de las piernas Lucas Pascual Calvillo, mientras que José Gallardo, alto y robusto, salió por su propio pie y se sentó en la banqueta mientras llegaba la ayuda.
El agente del Ministerio Público de Renacimiento, Francisco Wences Martínez, acudió a lugar de los hechos a hacerse cargo de las investigaciones del caso.
En el lugar se encontraron ocho cascajos de bala calibre 7.62 de cuerno de chivo y nueve cascajos calibre 2.23 de AR-15.
Del ataque se integró la averiguación previa Tab/R/03/003/2007 contra quienes resulten responsables del delito de tentativa de homicidio en agravio de los policías ministeriales.
