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Exigen ayuda para alimentación familiares de desaparecidos que ocupan la CEAV

Juan Luis Altamirano Uruñuela

Ciudad de México

Familiares de víctimas de desaparición forzada advirtieron que no desalojarán las oficinas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) hasta que se cumpla una serie de peticiones, fundamentalmente las medidas de ayuda.
De acuerdo con Luis de la Cruz, integrante del Movimiento por la Verdad y la Justicia de Familiares de Personas Desaparecidas de la Guerra Sucia de los Años 60, 70 y 80 del Siglo Pasado en el Estado de Guerrero, se encuentran en la disposición de liberar el inmueble, siempre y cuando se cumplan sus demandas.
“Estamos en la mejor disposición de liberar aquí este lugar siempre y cuando se cumplan las demandas de atención inmediata, que son las medidas de alimentación”, dijo Luis de la Cruz.
Desde el pasado viernes 17 de marzo, los manifestantes se posicionaron y tomaron las oficinas de la Comisión Ejecutiva, buscando una reunión con la comisionada Yuriria Rodríguez, que hasta el momento no se ha concretado.
De igual forma, de la Cruz reiteró que la condicionante para desalojar el edificio es que se paguen las medidas de alimentación y que se brinde apoyos para casos especiales, como el de una de sus compañeras que tuvo coronavirus y necesita oxígeno externo para mantenerse con vida.
“No vamos a liberar hasta que no se haya depositado la ayuda de las medidas de alimentación y estos casos”, indicó De la Cruz.
Respecto a la presentación del Informe Final de la Comisión de la Verdad de Guerrero, Luis de la Cruz dijo que desde su punto de vista, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) está más cercana al gobierno que a los familiares de las víctimas.
“La Comisión emitió un posicionamiento, yo casi le veo más para allá que para acá. Más al lado de la autoridad y menos al lado de nosotros. Sin embargo, yo también reconozco que la CNDH nos ha brindado apoyo en su momento, pero el pronunciamiento está equivocado”, opinó.
Añadió que continuarán los bloqueos y reafirmó que se mantendrán reteniendo las oficinas de la CEAV, además de que a partir de este jueves arribarán más personas.
“Vamos a seguir con los bloqueos y posiblemente se van a unir otros colectivos. Esta fiesta ya comenzó y vamos a bailar hasta a la 4T”, mencionó de la Cruz.
Por su parte, la representante legal, Delia Quiroz señaló un silencio administrativo de las autoridades correspondientes.
Además indicó que derribarán una escuela en Atoyac de Álvarez, pues presumen que ahí existen cuerpos de las personas desaparecidas, pero que están esperando el dinero para contratar máquinas con las cuales hacer excavaciones.
Llos cerca de 40 manifestantes mantienen un campamento dentro de las instalaciones de la CEAV de la Ciudad de México, inmueble que tienen cerrado y los trabajadores de la dependencia han pedido a la ciudadanía que visiten la sede alterna.

Apela la CEAV la sentencia que deja libre a Aurelia, indígena nahua presa por un aborto

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) apeló ayer la sentencia de la jueza Mariela Alfaro Zapata, quien el 20 de diciembre pasado resolvió el auto de libertad de la indígena nahua de Xochicalco, municipio de Chilapa, Aurelia García Cruceño.
Fuentes oficiales informaron que el recurso fue presentado ayer ante la Sala Unitaria del Sistema Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), quien tendrá que resolver el caso.
Sin embargo, la abogada del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), Verónica Garzón, que participa en la defensa de García Cruceño, informó vía telefónica que hasta ayer no le habían notificado el recurso por tanto, dijo que no conocía los argumentos.
La joven nahua acusada de homicidio en razón de parentesco por aborto, en un parto fortuito, obtuvo su libertad el 20 de diciembre después de 3 años en prisión, tras la reposición del proceso penal resultado de una primera apelación que resolvió la magistrada Indalecia Pacheco León, el 18 de enero de 2022.
En la audiencia del 20 de diciembre la jueza Alfaro Zapata determinó que no había elementos suficientes para acreditar “más allá de lo razonable”, que Aurelia hubiera cometido el delito que se le imputó, informó ese día otra de las defensora de la indígena, Ximena Duarte, también del IMDHD.
Sin embargo, entonces, no se conocieron los detalles técnicos del caso, por la restricción que estableció la jueza en la penúltima sesión del juicio oral.
Derivado de la determinación de la jueza, activistas denunciaron ese día que el poder Judicial de Guerrero pretendía señalar a las abogadas de violentar la presunción de inocencia de su defendida, además de imputarles el delito contra la administración de la justicia. (Zacarías Cervantes / Chilpancingo).

Ampara la Corte a Los Avispones contra resoluciones de la CEAV y le fija lineamientos

La Suprema Corte de Justicia amparó ayer a integrantes del equipo de futbol Los Avispones de Chilpancingo atacados a balazos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, así como a sus familiares, y fijó lineamientos que debe seguir la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para atender este tipo de casos.
La Segunda Sala de la corte amparó a 21 personas, entre jugadores, cuerpo técnico y parientes, en contra de resoluciones de la CEAV que en 2016 autorizó compensaciones que fueron de 94 mil a 762 mil pesos.
La Ley General de Víctimas ordena a la CEAV pagar ciertas reparaciones cuando no es posible que lo hagan los delincuentes responsables, en el caso de Iguala, miembros del cártel Guerreros Unidos dispararon en contra del autobús de Los Avispones, según sus declaraciones porque pensaron que llevaba a sicarios de un grupo rival.
Los ministros dieron a la CEAV plazos que van de 10 a 15 días hábiles, una vez notificadas las sentencias, para que recabe nuevas pruebas y peritajes que permitan recalcular las siguientes compensaciones:
Por daño moral, daños físicos, lucro cesante y pérdida de oportunidades, que deberán ser fijadas de acuerdo a los criterios de la corte, y que además de pagos de dinero pueden incluir becas.
Además se tendrán que detallar medidas de rehabilitación médica y psicológica para cada víctima y fijar la fecha, hora, lugar y autoridades que tendrán que estar en una ceremonia de “reconocimiento” en la que se tendrá que dar “un mensaje oficial de disculpa por los hechos victimizantes” y asumir un “compromiso de no repetición”.
La corte rechazó que la CEAV tenga que pagar daños punitivos, figura que hubiera inflado considerablemente los montos de las compensaciones, pero que no está prevista ni siquiera para los delincuentes que balacearon el autobús.
“Sería un verdadero despropósito que se constriña a la CEAV a que, subsidiariamente, haga frente al pago de un concepto de condena o reparación que conforme a ley, no sería exigible contra quien, efectivamente, tiene la obligación jurídica de reparar a la víctima”, consideró la sala.
Del daño moral la Ley General no aclara los criterios para fijarlo, pero la corte estableció que la CEAV debe tomar en cuenta el tipo de derecho o interés lesionado, la magnitud y gravedad del daño y las afectaciones inmateriales o incluso patrimoniales que derivaron del hecho.
Además, el nivel económico de la víctima y que el monto indemnizatorio respectivo debe resultar apropiado y proporcional a la gravedad del hecho punible cometido, bajo criterios de razonabilidad.

Identifican forenses argentinos seis cuerpos de desaparecidos; familiares toman CEAV por ayuda

Los restos humanos de seis asesinados que están en el Servicio Médico Forense (Semefo) de Chilpancingo desde hace tres años, fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), como parte de las pruebas a familiares de 34 desaparecidos de los municipios de Chilapa, Zitlala y Atlixtac en marzo y septiembre del año pasado.
Mientras tanto familiares de los seis identificados tomaron la tarde de ayer las instalaciones de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) del estado, con la demanda de apoyo económico del organismo para pagar los gastos funerarios.
El presidente del organismo, Luis Camacho Mancilla, solamente les ofrecía el pago del ataúd, los gastos del traslado y el embalsamiento en caso de que fuera necesario, pero le exigieron el pago de los gastos funerarios, “porque en nuestros pueblos es costumbre velar a nuestros difuntos”, dijo un familiar de una de las víctimas.
Cinco de los restos que fueron identificados fueron hallados en las seis fosas encontradas en el paraje El Huizache, en Chilapa, el 5 de enero del 2015. En seis bolsas había 10 cuerpos completos y 11 cabezas.
En conferencia de prensa los familiares de las víctimas identificadas no proporcionaron detalles de sus familiares que se encontraban desaparecidos, pero reprocharon la falta de voluntad, capacidad y sensibilidad de la Fiscalía General del Estado (FGE), pues tuvieron que transcurrir tres años para identificar a sus familiares cuyos cuerpos se encontraban en el Semefo de Chilpancingo.
Se quejaron de que tuvieron que recurrir al EAAF para que tomara las muestras tanto de los familiares como de los cuerpos para que se cotejara y fueran identificados, debido a que la FGE no había hecho ese trabajo que le corresponde.
Los familiares fueron acompañados en la conferencia de prensa por el director del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), Manuel Olivares Hernández, el director del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Ccti), Raymundo Díaz Taboada, el presidente del colectivo Los Otros Buscadores, Buscando Vida entre los Muertos de Huitzuco, Mario Vergara y la presidenta del colectivo de Desaparecidos, Secuestrados y Asesinados de Chilpancingo, Guadalupe Rodríguez Narciso.

No hay ninguna investigación para dar con los responsables

Olivares Hernández informó que la FGE aprovechó los días que el EAAF tomó muestras para hacer las suyas, porque no había hecho ese peritaje a pesar de que los cadáveres estaban desde el 2015.
En un boletín de prensa el centro Morelos destacó que los seis cadáveres fueron identificados después de un peritaje independiente de identificación genética realizado por el EAAF, “es así que seis familias recibirán los restos de sus desaparecidos con mayor certeza y confianza después de sortear varios obstáculos de la FGE, que atrasó el trabajo de los peritos independientes”.
Informó que las familias que identificaron a sus desaparecidos entre los cuerpos almacenados en el Semefo, son indígenas de los municipios de Chilapa, Zitlala y Atlixtac.
“La FGE obtuvo las muestras de sangre de las familias hasta cuando el EAAF comenzó en marzo de 2017 la primera etapa de los trabajos de identificación, con la toma de muestras de sangre a las familias que solicitaron el peritaje independiente a través del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José Ma. Morelos y Pavón”, explicó el organismo.
Precisó que cinco de los restos analizados se ubicaron dentro de las seis fosas encontradas en el paraje denominado El Huizache en el municipio de Chilapa el 5 de enero del 2015, mismas que contenían 10 cuerpos completos y 11 cabezas.
Reclamó que desde entonces la Fiscalía no había hecho la confronta de los perfiles genéticos de las familias que denunciaron ante la Procuraduría General de la República (PGR), “es decir, mientras FGE tomó las muestras genéticas de los cuerpos completos, la PGR obtuvo las de las cabezas y el de los familiares sin que entre las dos instancias realizaran una confronta de información para descartar algún parentesco”.
Además denunció que tampoco se ha realizado ninguna investigación para dar con los responsables, y que las carpetas de investigación o averiguaciones previas sólo contienen las declaraciones de los familiares que presentaron la denuncia y los oficios que se giraron a las diferentes instituciones públicas de salud, y cárceles preguntando si en esos lugares podría estar el desaparecido, así como la respuesta que dieron, “fuera de eso no hay otra diligencia que se haya realizado”.
Denunció que para las familias de desaparecidos que se han organizado en diferentes colectivos, para el Centro Morelos y el Ccti es preocupante que la falta de eficacia e interés para la integración de un banco de perfiles genéticos de los restos que se encuentran en el Semefo, “cause el sufrimiento a las familias que durante años buscan dar con el paradero de sus desaparecidos, permaneciendo en la zozobra y que posteriormente todo ese dolor se traduzca en secuelas que afecta la salud de todos los integrantes de la familia”.

El gobierno no muestra ninguna voluntad para garantizar verdad, justicia, reparación del daño…

Añadió que, por otro lado, el gobierno del estado no muestra ninguna voluntad política para garantizar verdad, justicia, reparación del daño y garantías de no repetición al seguir imponiendo a través del Congreso del Estado a los titulares de instancias como la FGE, Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas, y al titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de personas.
El Centro Morelos informó que después de la identificación de los seis cuerpos la CEAV ofreció como apoyo a los familiares el ataúd y el traslado de los restos, “lo cual significa que la mayoría tendrá que endeudarse para cubrir los gastos que se van a generar al realizar los rituales fúnebres de acuerdo a sus usos y costumbres”.
Añadió que los limitados apoyos contravienen lo que dispone la fracción 16 del Artículo 60 de la Ley General de Atención a Víctimas, que establece que es una obligación de los funcionarios públicos cubrir los gastos de inhumación de acuerdo a la cultura de las víctimas, con flexibilidad en la comprobación, principalmente para las familias de los pueblos indígenas.
Los familiares de las víctimas, así como los integrantes de los colectivos de Chilpancingo, Huitzuco, Acapulco e Iguala se trasladaron después de la conferencia de prensa a las instalaciones de la CEAV y las tomaron desde las 2 de la tarde, en protesta por lo que llamaron “insensibilidad” del presidente Luis Camacho quien solamente ofrecía a los familiares de las víctimas el pago del ataúd, el traslado del cuerpo y el embalsamiento de ser necesario.
Los familiares exigieron al presidente del organismo apoyo para “los rituales fúnebres de acuerdo a sus usos y costumbres”, la velación de los cuerpos que implica la compra de flores, veladoras, música y comida para los acompañantes a los funerales.
El funcionario argumentó que es lo que está establecido en la ley, lo que se puede comprobar, pues les dijo que los recursos del organismo son fiscalizados y que no puede autorizar gastos que no se puedan comprobar, sin embargo tras la protesta Camacho Mancilla ofreció 3 mil pesos adicionales para este tipo de gastos, pero los familiares los rechazaron.
La señora Reyna Hernández, familiar de una de las víctimas, visiblemente alterada reprochó, “estamos hasta la madre, si no tuviésemos desaparecidos no estaríamos perdiendo el tiempo aquí”.
Le dijo al funcionario que ella se tuvo que ir a Sinaloa a trabajar porque la CEAV no la apoya, “y a veces a mis hijos no los mando a la escuela porque no tengo dinero.
Los familiares de las víctimas e integrantes de los colectivos cerraron la puerta del organismo desde las 2 de la tarde y mantuvieron en su interior al personal hasta las 6 y media mientras dialogaban, a veces de manera ríspida, con Camacho Mancilla.
Finalmente el presidente de la CEAV se comprometió a entregar a las seis familias un cheque de 3 mil 500 para los gastos funerarios, a condición de que firmen un documento para que el organismo pueda comprobar estos gastos.
Acordaron volver a reunirse el jueves de la próxima semana para continuar dialogando con respecto a otras demandas de las víctimas.

Exhorta una comisión del Congreso de la Unión a la CEAV a que atienda a “las víctimas” de Nestora

Los integrantes de la Primera Comisión de Gobernación de la Comisión Permanente aprobaron un punto de acuerdo para exhortar a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), que garantice la reparación del daño a “las víctimas de Nestora Salgado”.
En una discusión en la que la diputada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Alicia Barrientos llamó a los legisladores “delincuentes de cuello blanco”, la mayoría aprobó el exhorto y formuló críticas contra Salgado, quien fue comandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero, y es candidata del Senado.
La priista Diva Gastélum aseguró que ha tenido contacto con víctimas de Salgado, quienes le advirtieron que es una persona violenta.
“Quien la trajo aquí se llama Andrés Manuel López Obrador, ese señor debe tener conciencia de lo que es darle impunidad, ahora sí, a una persona que en el pasado se atrevió a hacer muchas cosas y que hoy como senadora de la República, pues ustedes díganme qué va a pasar”, expuso.
Barrientos afirmó que el punto de acuerdo persigue un fin electoral y es una reacción de los demás partidos, ante el inminente triunfo de Andrés Manuel López Obrador.
Salgado fue detenida y encarcelada en agosto de 2013, luego de haber sido acusada de haber privado de la libertad a varias personas.
Tras haber estado en prisión casi tres años Salgado fue puesta en libertad en marzo de 2016 al considerar que hubo irregularidades cometidas en su proceso.
El punto de acuerdo pide a la Comisión Ejecutiva que garantice los derechos de las víctimas.
“La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Comisiones Ejecutivas de Atención a Víctimas, tanto nacional como del estado de Guerrero para que en el ámbito de sus atribuciones, garanticen el acceso a la justicia de las víctimas de distintas violaciones a sus derechos humanos, como hechos de privación ilegal de la libertad y tortura por parte de Nestora Salgado (…)”, se lee en el punto de acuerdo. (Agencia Reforma / Ciudad de México).

Se reúnen la CEAV y la CNDH con víctimas en El Quemado, Atoyac, para la reparación de daños

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) se reunió en la localidad de El Quemado, en la sierra del municipio de Atoyac, con familiares y sobrevivientes de violaciones a los derechos humanos del gobierno cuando combatía la guerrilla de Lucio Cabañas en la década de 1970, época conocida como de terrorismo de Estado.
Informó de los adelantos que hay en cuanto al proceso de reparación del daño para los familiares y víctimas.
A la localidad acudieron médicos que llevaron atención gratuita y un módulo del Registro Civil para registros de nacimientos y matrimonios.
La reunión fue asistida por el dirigente social y defensor de derechos humanos Arturo García Jiménez.
De la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) fue Edmundo Estefan Fuentes y de la CEAV estuvo Silvano Cantú, quienes se reunieron con los sobrevivientes en la comisaría del lugar donde detallaron información y aclararon dudas a los afectados de la también llamada época de la guerra sucia.
Edmundo Estefan dijo que lo ocurrido en El Quemado forma parte de la historia contemporánea del país, que le están dando seguimiento a la recomendación 26/2001 y quieren que esta historia llegue a su fin.
Silvano Cantú dijo que han llevado a cabo 10 brigadas en El Quemado, y resaltó la contribución de la agrupación Guerrero es Primero.
Agradeció que la CNDH los haya convocado a esta reunión informativa y agregó que hay avances importantes en registro nacional de víctimas están cerca de tener cubierto el 80 por ciento, lo que sigue es cerrar las resoluciones y pasar a la reparación del daño.
Dijo que de los 82 casos de violaciones a los derechos humanos de El Quemado, 69 están inscritos en el Registro Nacional de Víctimas (Renavi), y que esta reunión era para evitar rumores y malos entendidos.
Abundó que el 79 por ciento de las desapariciones que se dieron en todo el país en el periodo del terrorismo de Estado son de Atoyac.
Para la reparación del daño la CEAV está juntando las listas de la CNDH, la fiscalía especial y la Comisión de la Verdad para hacer un mapeo y ubicarlos en su lugar de origen.
La investigación histórica fue hecha por la Comisión de la Verdad, por eso no se les pidieron más pruebas.
Destacó que no se necesita más investigación. Informó que para la reparación se seguirán los estándares internacionales de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Coidh), con base en la resolución del caso Rosendo Radilla Pacheco.
Con este hecho la reparación del daño para la gente de El Quemado está muy cerca, afirmó. (Francisco Magaña / Atoyac).

La CEAV sólo atiende tres de los 300 casos de menores que tiene registrados: Siempre Vivos

Dos niñas del colectivo Siempre Vivos integrado por familiares de personas desaparecidas en Chilapa son atendidas, por presión de la organización, en el Instituto Nacional de Pediatría.
La organización cuenta con un registro de alrededor de 300 niños víctimas de la violencia que no cuentan con becas ni atención médica de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) del gobierno federal, ni de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, informó el coordinador de Siempre Vivos, José Díaz Navarro.
Informó de dos casos de niñas, hijas de víctimas de desaparición que a raíz de los hechos comenzaron a padecer enfermedades que no pudieron ser atendidas por médicos generales, y que de entrada fueron rechazadas por representantes de las comisiones encargadas de la atención a víctimas, justificando que los padecimientos no habían sido producto de las desapariciones.
En el caso de Vanesa de cinco años, el activista narró que desde hace unos seis meses le salieron unas bolitas en el cuello por lo que la mamá la llevó con un médico general que le dio medicinas que no le hicieron ningún efecto.
Dijo que cuando intentaron que la CEAV se hiciera cargo les respondieron que no podían hacer nada que porque no había sido producto de la desaparición del papá, ocurrida en mayo de 2015.
“Nada más nos dijeron que no podían, ese fue su dictamen sin valorar a la niña, sin conocer su historial, esa fue su respuesta”, reprochó.
La negativa fue a pesar de que existe una denuncia del delito en el Ministerio Público federal, por lo que la mamá de Vanesa está dentro del Registro Nacional de Víctimas (Renavi), unidad de la CEAV creada para este tipo de casos.
El coordinador agregó que tuvo que acudir a la Ciudad de México con la subprocuradora de Derechos Humanos Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República (PGR), Sara Irene Herrerías, para exigir atención a Vanesa y le advirtió que los familiares se plantarían en las oficinas de la CEAV para “pedir limosna”, en cuanto a la atención médica para una familiar de una víctima de desaparición.
Finalmente a la menor se le atendió en el Instituto Nacional de Pediatría, después de la presión y de estar dentro del Renavi a la mamá le fueron cubiertos los gastos de traslado, hospedaje y alimentación.
El caso de Vanesa y de otros dos niños, hijos de víctimas de desaparición fueron narrados a principios de diciembre pasado en la voz de las víctimas (cuando dos de esos casos no eran atendidos), en el reportaje Los Huerfanos de Chilapa de José Ignacio de Alba de la Red de Periodistas de a Pie.
El otro caso del colectivo Siempre Vivos, continuó José Díaz, es el de la niña Joselyn de seis años cuya denuncia por la desaparición de su papá, en septiembre de 2014, fue interpuesta en la Fiscalía General del Estado.
“La mamá no está en el Renavi, entonces no la pueden atender, aquí (en la entidad) le dieron cita para el día 12 de enero en el hospital general de Chilpancingo pero le volvieron a programar su cita en seis meses, y realmente no le hicieron ni un estudio”, informó.
Joselyn tiene granos en la lengua desde hace más de seis meses lo que le impide comer bien, y lo más grave es que le avanzan a la garganta, “se le están yendo a alguna parte más del estómago, obviamente no somos médicos pero por lo que hemos visto es un problema grave”.
En este caso también acudieron a la Ciudad de México a presionar a la CEAV y lograron que a Joselyn le dieran cita en el mismo Instituto Nacional de Pediatría este 23 de enero.
No obstante dijo que hay otros casos en los que no han podido avanzar ni a nivel nacional, estatal ni local por lo que planean otra visita a la Ciudad de México para solicitar la atención a las víctimas que tienen su denuncia en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la PGR, cuya mayoría de casos fueron registrados del 9 al 14 de mayo de 2015.
Además de acudir a solicitar información sobre los avances en las investigaciones.
“No hemos podido avanzar ni en becas, ni en atención médica, no tenemos ni un apoyo de la Comisión Ejecutiva ni de la Comisión Estatal”, agregó.
De niños en esta situación de desamparo ante la desaparición y homicidio de sus padres, aseguró Díaz Navarro, tienen “alrededor de 200 y 300 niños, muchos que se acercaron en la última visita. Yo me siento totalmente rebasado, solamente coordino en la medida de mis posibilidades, tenemos un mundo de información y yo solo no los puedo atender”.
Ante el incremento de víctimas (en 2017 la organización registró 260 homicidios y cuenta con alrededor de 120 casos de desaparición desde el año 2014), el colectivo tiene proyectado establecer una oficina regional de atención a víctimas de atención a familiares de víctimas, que decidieron concluir sus estudios de preparatoria en el sistema abierto y que actualmente están estudiando, de manera profesional, la carrera de leyes.

No tiene el Congreso intención de modificar la Ley de Desaparición, se quejan familiares de Acapulco

En la conmoración del Día Internacional del Detenido-Desaparecido, el 30 de agosto, la integrante del grupo de familiares desaparecidos en Acapulco, María Emma Mora Liberato criticó que en el Congreso local “no hay la más mínima intención” de reformar la Ley General de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares.
Informó que el colectivo en Acapulco lleva un registro de 50 desaparecidos en los últimos 10 años, más otros 20 que, por temor, no han denunciado.
Criticó que el Congreso local no tiene intención de modificar la Ley General de Víctimas estatal, y que existe una Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) que no opera al 100 por ciento, porque tiene un presupuesto insuficiente.
Citó como ejemplo, que para recibir el apoyo de gastos funerarios se tiene que elaborar un oficio dirigido a la CEAV, para que ésta a su vez lo envíe a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) estatal porque la Comisión no tiene dinero para el pago.
Recordó que el espíritu de la CEAV es dar atención inmediata, pero el burocratismo expuesto no lo es, “tuvimos la pérdida de un familiar, y es por la negligencia de las autoridades”, señaló.
Manifestó que el gobernador priista, Héctor Astudillo Flores no se ha reunido con ellos pretextando que se debe hacer una sola reunión, pese a que los casos son diferentes, según las regiones, “no ha querido sentarse con el colectivo porque él sigue insistiendo en que nos debemos reunir los cinco colectivos (del estado), y que juntos hagamos una petición de necesidades”.
Le recordó al gobernador que su obligación es atenderlos, y no de los colectivos de organizarse para que los atienda, “mi evaluación del gobierno del estado es negativa, muy mala la atención, muy mala sensibilización de las autoridades”.
En la conmemoración del Día Internacional del Detenido-Desaparecido, las acciones de los integrantes de colectivos de familiares de desaparecidos, son entregar en propia mano a cada una de las autoridades del Ministerio Público los protocolos de búsqueda, “si bien es cierto que el Comité Internacional de Cruz Roja ya los capacitó, no hacen lo que les corresponde”.
Mora Liberato exhibió la ineficiencia, “hacen lo que ellos quieren, no tienen equipo ni material. Incluso, nosotros como víctimas somos los que andamos en los lugares para ir a buscarlos, estamos pagando, buscando a nuestros familiares”.
En el caso de la Fiscalía General del Estado (FGE) hay atención, pero pocos avances, con “el licenciado Bonilla, que es el vicefiscal, hemos tenido mesas cada 15 días; si bien nos atiende, no tenemos los resultados que quisiéramos. El licenciado Quevedo nos ha apoyado también; en Acapulco hemos encontrado cuatro restos”.
Los padres de desaparecidos en Acapulco tienen un registro de 55 personas desparecidas con sus respectivas carpetas de investigación iniciadas, pero “hay otros 20 que no han querido promover su averiguación, porque tienen miedo”.

No disminuye el número de desapariciones, denuncian

Contrario a las cifras optimistas de las autoridades ante la supuesta disminución de casos de desaparición forzada, la madre de José Alberto Téllez Mora de 14 años que desapareció en 2011, Emma Mora declaró que desde ese año no ha visto una baja en el número de asesinatos, “esos 20 casos que comentaba (no se han denunciado) porque (los familiares) tienen miedo. Todos los días hay desaparecidos, todos los días hay extorsiones y hay asesinatos”.
Para Emma Mora, hay un Acapulco que no encaja con la realidad, “lo que dicen las autoridades es una mentira, ojalá pudiéramos vivir en ese Guerrero que el gobernador dice que existe y que Evodio Velázquez también comenta, que en Acapulco no pasa nada, porque quisiéramos estar ahí nosotros, mi hijo hace siete años que desapareció y no tengo noticias de él”.
Puntualizó que las investigaciones sobre el paradero de la mayoría de los desaparecidos son similares a las de ella, “mi expediente en la Fiscalía está exactamente igual a como lo dejé en septiembre de 2011”, señaló.

Los datos de los cadáveres que llevan al Cementerio Forense en la capital deben digitalizarse, pide la CEAV

El presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) en el estado, José Luis Gallegos Peralta explicó ayer que lo que piden los colectivos de familiares de desaparecidos de Iguala, Chilpancingo y Acapulco es que los datos de los cadáveres que son llevados al Cementerio Forense Estatal se digitalicen, y se abra una página web para que puedan consultarlos fácilmente vía Internet.
Gallegos Peralta informó que ha tenido contacto con los representantes de los colectivos de esas tres ciudades y que lo que están solicitando es que las fichas técnicas que contiene cada cuerpo, con datos como el ADN, El lugar donde fue encontrado el cuerpo, el tipo de ropa y las circunstancias en que fue encontrado se digitalicen.
Estuvo de acuerdo en la viabilidad de las peticiones, porque dijo que esos detalles para los buscadores o buscadoras son importantes, y es necesario que estén digitalizados en un archivo al que se pueda tener acceso.
“Si van a hacer un panteón ministerial en donde van a colocar los cadáveres no identificados, está bien, pero no pueden colocarlos sin antes tener esos datos”, expresó vía telefónica José Luis Gallegos quien aclaró que él sólo ha recibido la inquietud de parte de los familiares de las víctimas.
Explicó que le han dicho que además esos datos deben estar accesibles a ellos, de lo contrario tampoco tendría mucha congruencia que existan esas fichas técnicas, “porque al final de cuentas los datos se van a quedar allí porque nadie tiene acceso”.
Añadió que por eso están pidiendo que se digitalicen y que se abra una página web a la que todo tenga acceso a ese tipo de información con la finalidad de que, cuando sea necesario los puedan relacionar con sus familiares, no solamente con la confronta del ADN, “sino con toda la información que se tenga de los cuerpos para poder ubicar a las personas que buscan”.
“Entonces yo creo que es correcto que se digitalice toda la información de los 460 cuerpos que van a ser depositados en el panteón ministerial, pero ellos también quieren que haya un sitio web para que esos datos puedan ser fácilmente consultados desde cualquier lugar”, declaró.
Sin embargo reconoció que, al parecer, no les han hecho caso, “y me parece que su petición es relevante y que se debe apoyar a los familiares, a quienes hay que dar todos los medios y facilidades para que si lo desean, dentro de sus estrategias de búsqueda, cuenten con el respaldo institucional y tecnológico, y puedan lograr sus objetivos”.
Gallegos Peralta dijo que lo que no es correcto es seguir en la polémica con respecto a si es correcto o no llevar los cuerpos al panteón ministerial, o si es legal o no, porque en el fondo se está olvidando el objetivo de los buscadores, que es tener la información disponible y localizables los cuerpos.
Advirtió que si al final de cuentas los cadáveres se van a la fosa común nadie los va a reclamar, “pero si tienen las fichas técnicas que contengan el ADN, ropa, circunstancia y los datos específicos para que se puedan compartir con estas gentes, a través de un sitio web me parecería lo correcto”.
El presidente de CEAV explicó que un problema al que se enfrentan los familiares es a la secrecía de la información, pues no les permiten ser coadyuvantes en el reconocimiento de los cuerpos, cuando dijo que la secrecía debe ser sólo cuando se corre el riesgo de que el presunto delincuente pueda sustraerse de la acción de la justicia, “pero aquí no aplica ese término, al contrario, de lo que se trata es de identificar los cuerpos, situación que no ha logrado el Ministerio Público hasta este momento”.

PF, la corporación con más quejas de violación a los derechos humanos; 18 son por tortura

De 175 quejas contra autoridades federales presentadas en Guerrero de enero a octubre en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el 47 por ciento son a la Policía Federal, en las que destacan 18 casos de tortura.
Según los datos del Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos de la CNDH, disponibles en su portal web, la Policía Federal es la que más quejas por violación de derechos humanos tiene en el estado. Destaca con dos quejas la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
En 2015 en Guerrero fueron presentadas 109 quejas contra la Policía Federal, que está un lugar debajo de Tamaulipas con 127 casos, en Michoacán hubo 83, en el Estado de México 82 y en la Ciudad de México 53.
Guerrero está en el lugar 16 nacional con 175 quejas contra autoridades federales, en 2015 hubo un total de 250 quejas y ocupó el lugar 14. En los primero cinco peldaños aparecen Ciudad de México con mil 947 quejas, Estado de México con 636, Chiapas con 465, Tamaulipas con 402 y Veracruz con 391.
Guerrero es el estado que más quejas tiene contra la Policía Federal con 82 de las que 66 siguen en trámite. Destacan 34 quejas por detenciones arbitrarias, 18 por casos de tortura, 11 por trato cruel, inhumano y degradante y nueve por emplear arbitrariamente la fuerza pública.
La Procuraduría General de la República (PGR) tiene 20 quejas (el 11.42%) de las que 19 siguen en trámite. Siete son por integrar mal la averiguación previa y el mismo número por prestar indebidamente el servicio, además de 4 por detenciones arbitrarias.
La Secretaría de la Defensa Nacional tiene 19 (10.85%) de las que 16 siguen en trámite. Ocho son por detenciones arbitrarias, 2 por trato cruel, una por apoderarse de un bien mueble sin consentimiento, y una más por desaparición forzada o involuntaria de persona.
La Secretaría de Marina aparece con cinco quejas, todas en trámite, dos por omitir notificar a la familia del arresto, una por privación de la vida, y una por imputar indebidamente hechos.
Otras dependencias que tienen quejas son el Instituto Mexicano del Seguro Social con 13, el ISSSTE con 10, la Comisión Federal de Electricidad con ocho, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) con cinco, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) tiene cuatro, al igual que la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Con dos quejas cada una en el estado están Caminos y Puentes Federales, la Fiscalía General del Estado, el Instituto Nacional de Antropología, la Procuraduría Federal del Medio Ambiente, el Registro Agrario Nacional, la SAGARPA y la Sedesol.
Con una queja cada una aparecen la Comisión para la regularización de la tenencia de la Tierra de la Sedesol, el Fondo de Vivienda del ISSSTE, el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), el Instituto de Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), la Junta Especial 43 de Conciliación y Arbitraje, la Procuraduría Agraria, la SCT, la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Medio Ambiente y la de Salud.
El total de la suma de las quejas es 193, y 175 corresponden a autoridades federales.