Esperan Los Otros Desaparecidos que empiece la Ciudad Víctima en el primer trimestre del año

Familiares de víctimas de desaparición forzada del colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala, confían en que para este primer trimestre del año inicie la construcción de la primera de tres etapas de la Ciudad Víctima, en la que se espera una inversión de 40 millones de pesos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), y de los gobiernos estatal y municipal de Iguala.
La tarde del martes, representantes del colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala se reunieron en Chilpancingo con el delegado de la Sedatu en Guerrero, José Manuel Armenta Tello, y con el presidente de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV), José Luis Gallegos, quienes les presentaron el proyecto de lo que será Ciudad Víctima.
En declaraciones hechas ayer, vía telefónica, la secretaria del colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala, Adriana Bahena Cruz dio a conocer que en la primera etapa de Ciudad Víctima –de tres que llevaría el proyecto– se calcula una inversión de 40 millones de pesos, de los que el gobierno federal aportaría el 60 por ciento y el resto tendrían que asumirlo el gobierno del estado y el municipio de Iguala.
Bahena Cruz dijo que sólo falta que se comprometan el gobernador, Héctor Astudillo Flores, y del alcalde Herón Delgado Castañeda, para que Ciudad Víctima, que sería el primer proyecto en su tipo en el estado, sea una realidad en Iguala, y que no sólo atendería a familiares de víctimas de desaparición, sino a toda la población que lo requiera.
Explicó que la primera etapa consiste en la construcción de un centro comunitario, un edificio de dos plantas con seis aulas para talleres, una cancha de basquetbol y otra de futbol rápido, una cocina, un gimnasio techado y equipado, áreas para juegos, estacionamiento y un auditorio al aire libre.
Agregó que en una próxima etapa se espera que se construya el laboratorio de genética que han solicitado para la identificación de restos.
Tras la reunión con el delegado de Sedatu, Adriana Bahena declaró que buscarán una reunión con el gobernador, Héctor Astudillo Flores, y con el alcalde priista de Iguala, Herón Delgado Castañeda, para ver de qué manera pueden ellos también entrar con sus aportaciones del 40 por ciento faltante para que este proyecto sea una realidad, y que espera que la construcción inicie en el primer trimestre de este año.
Asimismo, Adriana Bahena comentó que estaba esperando una reunión con el Subsecretario de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, para presentarle el proyecto de Ciudad Víctima, y dar seguimiento a puntos en los que han trabajado en relación a la atención a víctimas, entrega de becas y pedirle su apoyo para que los procesos se aceleren.

Piden familiares de las víctimas el regreso de sus desaparecidos en un convivio en Chilpancingo

En medio de la tragedia que viven con sus padres ausentes, hijos de desaparecidos y asesinados ante la violencia que se padece en Guerrero, festejaron este viernes el Día de Reyes, en un convivio que organizó el Colectivo de Padres y Familiares de Desaparecidos, Secuestrados y Asesinados en el Estado y en el País, en Chilpancingo.
Los hijos de las víctimas de la violencia recibieron regalos, partieron la rosca de Reyes, y tomaron agua y refrescos, pero los reyes no les cumplieron el mayor deseo que muchos de ellos pidieron para este día, el regreso de sus padres.
Como José, un niño siete años, hijo de Josué Molina Rodríguez, desaparecido desde el 14 de junio de 2014, que llegó acompañado de dos de sus hermanitos, nietos de Guadalupe Rodríguez Narciso, presidenta del  Colectivo de Padres y Familiares de Desaparecidos, Secuestrados y Asesinados en el Estado y en el País.
Guadalupe Rodríguez comenzó la lucha por la presentación de los desaparecidos luego de que hombres armados levantaron a su hijo, Josué Molina, cerca de la Secundaria Técnica número 30 de Chilpancingo, y ninguna autoridad estatal o federal quiso ayudarla, hasta que sumó fuerzas con familiares de otros desaparecidos y asesinados para constituir el colectivo, el año pasado.
Al festejo asistieron la tarde de este viernes más de 30 niños de distintas edades acompañados por sus madres o padres, que llenaron un local ubicado en el bulevar Vicente Guerrero, en la colonia Progreso, de la capital.
En el festejo, cada niño recibió un regalo de los que fueron recolectados por el colectivo. Los menores tuvieron derecho a escoger su regalo bajo la condición de responder una pregunta escrita en un pedazo de papel que sacaban al azar de una improvisada urna.
La primera niña sacó una papeleta que decía: “¿Si fueras gobernador qué harías?”, no pensó mucho su respuesta, “ordenaría que buscaran a mi papá y a los otros desaparecidos”.
Después, algunos de los menores platicaron con los reporteros. Los hijos de Josué Molina eran los menos tímidos. José recordó a su padre, “grandote”, su hermano mayor recordó que con él tenía “amor”, y el más pequeño de los tres recordó que a su padre le “gustaba comer mucho”, pero que ya quiere que regrese.
Por su parte, Mariana, hija de Miguel Ángel Nava, desaparecido hace siete años, pidió que el  gobierno busque a su padre y que se lo regrese. “Él era una persona buena”, dijo antes de que la tristeza la embargara y se le cerrara la garganta.
A su vez, Paola dijo que su padre tiene ocho meses desaparecido, y recordó que cuando él vivía con ellos, ella era muy feliz, porque su padre era, “amable conmigo y me compraba todas las cosas que yo quería, por eso quiero que regrese”, dijo.
Alexandra, hija de Juan Álvarez Gil, un policía ministerial que desapareció hace tres años, exigió que el gobierno le ayude a buscar y encontrar a su padre, y se quejó de que no haya hecho nada para devolverlo.
Junto con las exigencias de los menores, hubo también de los adultos.
Jesús Castrejón Santana, padre del agente de Tránsito de Chilpancingo, Moisés Castrejón Serrano de 32 años, que desapareció hace nueve meses, denunció que a pesar de que su hijo era servidor público, los gobiernos estatal y municipal no han investigado su paradero.
“No hemos tenido nada de parte del gobierno. Al contrario, he pedido informes y lo único que me dicen es que ya pidieron informes a las diferentes presidencias  municipales para saber si fue detenido. Es lo único que han investigado”, se quejó.
Declaró que, en cambio él, sin recursos, se ha ido a buscarlo a las barrancas, a los cerros, “en los lugares donde tiran cadáveres, he ido a hospitales, a las prisiones, a diferentes partes, lo que el gobierno no ha hecho”.
Dijo que, desgraciadamente los familiares de los desaparecidos no tienen los medios para buscar en todas partes, “y el gobierno sí los tiene, pero lo que no tiene es voluntad. Yo le pido que hagan algo por nosotros”, exigió.
Reprochó que, en cambio, cuando a un funcionario le desaparecen a un familiar “pagan los millones y al segundo o tercer día aparecen, ¿y eso por qué?, por el dinero.
Desgraciadamente nosotros no tenemos el recurso para pagar y para que nuestros desaparecidos regresen, aunque sea como sea”.
Recordó que su hijo estaba laborando el 8 de febrero de 2016 en la avenida Guerrero, a la salida del paso a desnivel, aproximadamente a la 1 y media de la tarde, cuando avisó por radio a sus superiores que lo apoyaran porque unas personas estaban discutiendo con él, pero que nunca llegó el apoyo que pidió.
Dijo que, cuando varias horas después fueron a buscarlo sus compañeros, solamente encontraron la motocicleta que utilizaba en el servicio. Denunció que a casi un año de su desaparición, las autoridades no han investigado para localizarlo.
“No existe ningún reporte en el expediente que diga qué actividades han hecho para encontrarlo, y ni siquiera a sus familiares les han pedido informes, menos a sus vecinos les han ido a preguntar en qué trabajaba o cómo se portaba, que es lo mínimo que se debe hacer en una investigación, nomás nos han ido sobrellevando”, protestó.
Contó que Moisés tiene tres hijos, de  nueve, siete y cuatro años, y que durante el tiempo que lleva desaparecido ninguna autoridad ha querido apoyarlos, por el contrario, denunció que el Ayuntamiento hasta el mes pasado sólo le pagó a su mujer el salario que venía recibiendo, pero que le suprimió el aguinaldo y un bono que recibieron el resto de los policías de Tránsito en activo.
Informó que el presidente municipal priista, Marco Antonio Leyva Mena, le dijo que posiblemente en enero van a valorar si es que le dan el apoyo a sus familiares, a pesar de que él estaba en labores cuando se lo llevaron, “por falta de atención de la autoridad, por no cuidar de nosotros”, reclamó.

Tiene registradas más de 100 víctimas, 80 de ellas desaparecidas y el resto asesinadas

El Colectivo de Padres y Familiares de Desaparecidos, Secuestrados y Asesinados en el Estado y en el País, tiene registradas más de 100 víctimas de la violencia; 80 de ellos son casos de desaparecidos y el resto de asesinados.
La representante del grupo, Guadalupe Rodríguez dijo que algunos casos fueron denunciados desde hace ocho años, pero que ninguno ha sido esclarecido.
A nombre del Colectivo, demandó una audiencia al gobernador Héctor Astudillo Flores para solicitarle atención a los familiares de las víctimas de desaparición forzada y asesinados ante la violencia que se vive en la entidad.
La representante de la agrupación se quejó de que mientras sigue el baño de sangre en Guerrero y continúan las desapariciones de personas, no haya atención para las víctimas y sus familiares, que quedan en el desamparo.
“Ojala este año si nos reciba, porque el año pasado nos dejó plantados tres veces a los familiares de las víctimas de desaparición y de los asesinados”.
La representante declaró que el gobierno del estado tiene la obligación de velar por el bienestar y por los intereses de los familiares de las víctimas, porque se encuentran en ésta a situación debido a que el gobierno no ha sabido o podido resolver el problema de la violencia, y por consiguiente no garantiza la integridad física y de sus bienes, como es su obligación.
Dijo que hasta ahora, sólo han sido apoyados medianamente por la Comisión Estatal de Atención  a Víctimas (CEAV), pero que el organismo no cuenta con los recursos necesarios para brindar la ayuda integral que establece la ley.