Familiares de víctimas de la violencia integrados en los colectivos de Chilpancingo, Huitzuco, Chilapa, Acapulco, así como el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos) y el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Ccti), rechazaron el procedimiento que sigue la Secretaría General de Gobierno para designar a quienes integrarán la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas.
El 24 abril la Secretaría General de Gobierno informó de la creación de esa comisión para “impulsar los esfuerzos de vinculación, operación, gestión, evaluación y seguimiento de las acciones entre autoridades que participen en la búsqueda, localización e identificación de personas”.
En un pronunciamiento conjunto los representantes de los colectivos y de organismos de derechos humanos que representan a las víctimas y sus familiares demandaron al gobierno estatal que cumpla su obligación legal en la designación de los miembros de esa comisión, “dado que serán las cabezas de instituciones que tienen como objetivo la justicia, tan escasa y ausente en el estado”.
Asimismo demandaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) investigaciones científicas con apego a protocolos y plena protección de los derechos humanos de víctimas e imputados, y que se cumpla plenamente con los procesos de búsqueda, localización, identificación y restitución de cuerpos o restos.
Firman el posicionamiento el Colectivo de Familiares de Desaparecidos, Ejecutados y Secuestrados de Guerrero, el Colectivo de Familiares de Iguala y de Huitzuco Buscando Vida entre los Muertos, familiares de desaparecidos de Chilapa, de desaparecidos de Acapulco, el Centro Morelos y el Ccti.
Plantean que la Fiscalía General del Estado (FGE) funcione y encuentre a los responsables materiales e intelectuales de las desapariciones forzadas y de las desapariciones por civiles, de ejecuciones, secuestros y desplazamiento forzado.
Además que se dote de plena autonomía con recursos económicos, materiales y equipo humano multidisciplinario y técnico suficientes a la Comisión de Estatal de Búsqueda para que cumpla realmente su función.
Demandaron que se elabore un calendario de búsqueda de los desaparecidos, el reconocimiento jurídico de las víctimas, sus familiares y colectivos, la atención a todas las víctimas y agilizar los trámites correspondientes.
En su pronunciamiento destacan que debido a la violencia en el estado cada día hay una madre, una hija o una hermana que se suman a la búsqueda de sus familiares por su propia cuenta, “en los rincones menos imaginados donde guardamos la esperanza de encontrar a nuestros desaparecidos, porque tenemos la desgracia de vivir en uno de los estados con más alto nivel de criminalidad en el país, y sin embargo no contamos con una Fiscalía que sirva realmente a las víctimas de la delincuencia organizada como debiera ser en un Estado de derecho”, reprocharon.
Consideraron que la autonomía de la que se dotó a la FGE, “sólo es un insulto para las familias de las víctimas directas e indirectas de la violencia, pues el gobernador Héctor Astudillo Flores alude a ella como la manera más fácil de sacudirse la obligación que tiene de garantizar los derechos que corresponden a las víctimas, principalmente los derechos sociales a la verdad y a la justicia”.
Cuestionan la falta de voluntad política “que se reproduce desde el gobernador hasta los servidores públicos que ocupan cargos importantes y estratégicos para combatir la crisis humanitaria que hemos enfrentado desde hace una década”.
En estas circunstancias consideran que son preocupantes las condiciones en que trabaja la FGE, porque no cuenta con una estrategia de combate efectivo en contra de la criminalidad y persecución del delito debido a la inexistente articulación efectiva entre las corporaciones policiacas federales y locales con los gobernantes.
Agregan que no existe una propuesta política de combate a la corrupción y la impunidad, “por el contrario, la militarización va incrementando sin tener efecto en la seguridad”.
Javier Olea acumuló cientos de casos de desapariciones, secuestros, ejecuciones, desplazamientos que están en la impunidad
Añaden que el ahora ex fiscal Javier Olea Peláez acumuló en sus más de 28 meses en el cargo cientos de casos de desapariciones, secuestros, ejecuciones y varios desplazamientos, “entre las víctimas se cuentan más de una docena de políticos o funcionarios asesinados en Chilapa, decenas de ejecutados, cientos de desaparecidos, cuyas carpetas de investigación y averiguaciones previas permanecen hasta ahora en la impunidad”.
De la creación de la Comisión Estatal de Busqueda de Personas consideran que las comisiones o fiscalías especiales no van a ser realmente autónomas mientras tengan una carencia de recursos humanos, económicos y materiales.
Adelantan que serán obstaculizadas por los grupos de poder al interior de los tres órdenes de gobierno vinculados con los grupos de la delincuencia organizada, y lo más importante es si quien dirige carece de compromiso con las víctimas.
Frente a estas circunstancias dicen que los familiares de las víctimas se han unido y organizado en colectivos para acompañar un proceso legítimo, “y manifestamos que después de tanto tiempo viviendo en una situación de dolor e incertidumbre de nada nos han servido ni nos servirán los analfabetas funcionales, que sólo son nombrados para simular preocupación por la inseguridad y la alta criminalidad que azota a Guerrero, o que son colocados en puestos claves para garantizar la impunidad a los delincuentes gubernamentales y a los grupos de la delincuencia organizada”.
Proponen un mecanismo de evaluación y seguimiento para que se elaboren estrategias de búsqueda de los desaparecidos cumpliendo con los protocolos, que se garantice el derecho al acceso a la justicia con una estrategia clara de investigación, persecución y castigo de los responsables materiales e intelectuales por acción u omisión de las ejecuciones, desapariciones, secuestros y desplazamientos forzados.
