Etiqueta: Comparecencia

Critican diputados subejercicio en apoyo a los pueblos indígenas y afromexicanos

El diputado del PRI Rafael Navarrete cuestiona a la secretaria de Asuntos Indígenas y Afromexicanos Reyna Mejía por la falta del nombramiento del Subsecretarío de Asuntos Afromexicanos Foto: Jessica Torres Barrera

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

Durante la comparecencia de la secretaria para el Desarrollo de las Comunidades y Pueblos Indígenas y Afromexicanos, Reyna Mejía Morales, los diputados locales le preguntaron por qué no ha propuesto nuevos programas que permitan ampliar la atención y la asignación de un mayor presupuesto, y por qué se cumplió un año de gobierno sin nombrar titular de la subsecretaría de Asuntos Afromexicanos.
También, a la titular de la Secretaría de la Juventud y la Niñez, Jessica Maldonado Morales, la expusieron que para el ejercicio fiscal 2023 de 36 millones que se le destinarán sólo operará sus programas con 4 millones, lo demás es para burocracia.
La tarde del jueves, en la sala José Francisco Ruiz Massieu del Congreso local, comparecieron ante comisiones las titulares de la Secretaría para el Desarrollo de las Comunidades y Pueblos Indígenas y Afromexicanos, Reyna Mejía Morales, y de la Secretaría de la Juventud y la Niñez, Jessica Maldonado Morales.
La diputada local por el PRI, Julieta Fernández Márquez, preguntó a Reyna Mejía por qué no ha propuesto a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, nuevos programas que permitan ampliar la atención y la asignación de mayor presupuesto, y por qué reportó un subejercicio del 30 por ciento a pesar de los pocos recursos que cuenta su dependencia.
Reyna Mejía respondió que el 30 por ciento del presupuesto lo ejercerá en lo que resta de este año, y precisó que está trabajando en un programa especial para la atención de los pueblos indígenas y afromexicanos a través del Subcomité Especial alineado a los planes nacional y estatal del desarrollo y a la agenda 2030, del que no detalló más.
La morenista Marben de la Cruz Santiago, le preguntó cuántas veces se ha reunido el Subcomité Especial, y qué acciones han surgido o qué agenda se ha construido en él, además, cuánta población indígena y afromexicana hay en las cárceles del estado.
Reyna Mejía expuso que se han reunido en seis ocasiones, tres sesiones ordinarias y tres extraordinarias. Dijo que de acuerdo a sus estadísticas al corte de octubre de este año, hay una población de 444 personas indígenas y 42 afromexicanas en los penales del estado.
El priista Rafael Navarrete Quezada, le reprochó que a un año de gobierno aún no se ha nombrado un subsecretario de Asuntos Afromexicanos como sí lo hubo en los gobiernos de Ángel Aguirre Rivero y de Héctor Astudillo Flores.
“No sé cuál es la explicación y no sé si tenga una ruta de solución porque claramente no se está haciendo nada de los afros, pero si empezamos porque ni siquiera tenemos una subsecretaría… me queda muy claro que aspirar a otras cosas es más complicado”, expuso.
La secretaria de Asuntos Indígenas y Afromexicanos sostuvo que está en proceso la actualización del nuevo organigrama, en el que se pretende crear una subsecretaría, una dirección general y una jefatura de departamento para la atención del pueblo afromexicano, la cual no existía como tal, y aseguró que en 2023 ya estarán en función.
Navarrete Quezada replicó que le resultaba triste que por el organigrama no se haya nombrado esa subsecretaría, cuando existía el antecedente en dos administraciones anteriores, y señaló que ella “debió haber nombrado a quién encabezará la subsecretaría”, agregó que la vería dentro de un año para ver si era cierto que ya había un subsecretario afro.
El diputado por Morena, Masedonio Mendoza Basurto, preguntó cómo atendió a los 25 mil guerrerenses de la Montaña que cada año salen a trabajar a los campos agrícolas y qué se hace para apoyar el rescate de las lenguas indígenas.
Mejía Morales expresó que a los jornaleros agrícolas se les ha brindado una atención integral a través de una comisión intersectorial que les ha dotado insumos alimenticios, que los han apoyado con intérpretes en las cuatro lenguas indígenas, con asesorías jurídicas, atención médica, traslado de fallecidos, y talleres para el fortalecimiento de la medicina indígena y tradicional.
Comentó que han implementado talleres para promover la preservación de las lenguas maternas en diferentes municipios como Xochihuehuetlán, Huamuxtitlán, Alpoyeca, Copanatoyac, Tixtla, Copalillo y Chilpancingo.
La secretaria para el Desarrollo de las Comunidades y Pueblos Indígenas y Afromexicanos, Reyna Mejía Morales, destacó en la síntesis de su informe que en Guerrero según el Censo de Población y Vivienda 2020, hay 515 mil 487 hablantes de lengua indígena: náhualt, ñuu savi, me’phaa y nn’anncue ñonmdaa.
Aunque dijo un millón 198 mil 362 se reconocen como indígenas, que representa el 33.84 por ciento de la población del estado; y 303 mil 923 personas que se consideran como afromexicanos, que representa el 8.55 por ciento, concentrados en Acapulco, Chilpancingo, Cuajinicuilapa, Ometepec, Florencio Villarreal y Tecoanapa.
Sostuvo que integró un Subcomité Especial de Pueblos Indígenas y Afromexicano, conformado por veinticuatro dependencias estatales y federales que implementaron programas; impartieron talleres de capacitación y sensibilización a servidores públicos municipales y autoridades comunitarias, para erradicar los matrimonios forzados entre menores de edad, justificados bajo los usos y costumbres.
Mencionó que en el ejercicio presupuestal se invirtieron 6 millones 520 mil 97 pesos, de los cuales, para el Programa Defensa y Acompañamiento Jurídico para el Bienestar de los Pueblos Indígenas y Afromexicano se invirtió 2 millones 163 mil 247 pesos en asesorías jurídicas y representaciones legales; se invirtió 2 millones 992 mil 300 pesos en el Programa Transformando el Desarrollo de las Culturas e Identidades de los Pueblos Indígenas y Afromexicano, que promovió y difundió la cultura indígena y afromexicana en todas sus expresiones.
Además, dijo que para el Programa para Impulsar la Participación y la Representación de los Pueblos Indígenas y Afromexicano, se ejerció una inversión de 380 mil 250 pesos, para celebrar dos foros de consulta y análisis para el diseño del Programa de Desarrollo Integral para los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.
Por su parte, la diputada local perredista, Jennifer García Lucena, preguntó a la titular de la Secretaría de la Juventud y la Niñez, por qué para el presupuesto del 2023 se destinarán 36 millones a su dependencia, de los cuales, 32 millones están destinados para gastos de la secretaría, y sólo 4 millones para la inversión en sus programas.
También le preguntó qué ha hecho para atender a los jóvenes que están en el contexto de violencia, cuando muchos caen en las filas de la delincuencia organizada y cuáles son las medidas preventivas que brinda su secretaría.
Jessica Maldonado reconoció que sí trabajará el próximo año sólo con 4 millones de pesos para la operatividad de su dependencia. Mencionó que ante el contexto de violencia que sufre Guerrero, implementaron una estrategia de prevención para el consumo de drogas y alcoholismo con conferencias y una escuela para padres en la región Montaña y Costa Chica.
Aseveró que atendió con servicios de salud mental y en apoyo con fundaciones a jóvenes en situaciones de drogadicción y alcoholismo, destacó que contribuyó de manera directa al vincularlos con la Secretaría de Educación si los jóvenes deciden seguir estudiando y le dan el acompañamiento directo para el ingreso a la escuela, y si la o el joven decide trabajar lo vinculan con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para darle un empleo formal.

Secretaría de la Juventud apoya emprendimiento

La secretaria de la Juventud y la Niñez, Jessica Maldonado Morales, manifestó en la síntesis de su informe que con los 2 millones de pesos presupuestados este año, invirtió un millón correspondiente al remanente del ejercicio fiscal 2021 y otro millón más que gestionó de inversión estatal directa para beneficiar a mil 112 jóvenes con el Programa de Equipamiento a cinco Casas de Estudiantes, y la reactivación de la casa del Estudiante Guerrerense en la Ciudad de México. Enfatizó que fortaleció la cultura emprendedora, al poner en marcha el programa “Foros de fomento al empleo y emprendimiento juvenil” a través de la convocatoria “Juventud que emprende”, contando con una inversión de 480 mil pesos, teniendo una cobertura estatal que benefició a 20 hombres y 26 mujeres.
Añadió que invirtió un millón cuarenta mil pesos, con la activación del programa Eventos Regionales para el Desarrollo de la Juventud y la Niñez, mismos que se integra por diversos componentes: entregaron a mil 517 jóvenes métodos anticonceptivos, información preventiva y aplicando 240 pruebas gratuitas de detección de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH)
Además, con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social vinculó a 3 mil jóvenes en puestos de trabajo formal y a 6 mil 256 jóvenes con las Ferias de Empleo, consolidando 800 nuevos ingresos en vacantes ofertadas por el sector privado.

 

Dejó el gobierno anterior de aportar al fondo estatal para atención de desastres: Arroyo Matus

El titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riegos y Protección Civil; Roberto Arroyo en la comparecencia ante los diputados del Congreso del estado en el momento en el que explica la falla geológica de la Zona Norponiente de Chilpancingo Foto: Jessica Torres Barrera

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riegos y Protección Civil, Roberto Arroyo Matus, compareció ante el pleno del Congreso local, donde informó que en el estado únicamente se tienen dos fondos para atender desastres, en los que a pesar de que el gobierno anterior no aportó su parte, el federal continuó dando su parte, por lo que Guerrero “no está desprotegido”.
En su comparecencia ante diputados locales como parte de la glosa por el primer informe de gobierno de Evelyn Salgado Pineda, el secretario destacó que se trabaja en los municipios para que puedan tener su atlas de riesgo, los cuales son caros y responsabilidad de los ayuntamientos.
Agregó que sólo cuentan con esos instrumentos Zihuatanejo, Acapulco, Chilpancingo e Iguala.
Arroyo Matus informó a los diputados que en el primer año de gobierno se invirtieron 2 millones 960 mil 860 pesos para la adquisición de uniformes que, desde hace más de tres años el personal no había recibido.
Y que la Secretaría brindó atención a 58 familias desplazadas de cuatro localidades, otorgándoles insumos básicos como cobertores, colchonetas y kits de aseo personal, hecho del cual no se tiene antecedente, ya que sólo se atendía a damnificados por fenómenos naturales.
Dijo que ya están trabajando con el Congreso local para la actualización de la Ley 455 de Protección Civil, con la que se podrá incidir en el ordenamiento territorial, esto en respuesta a la diputada Beatriz Mojica, quien cuestionó sobre la gravedad de que las ciudades estén creciendo sin planeación y en zonas de riesgo.
Roberto Arroyo Matus comentó también que no se tienen contratadas aseguradoras por desastres porque no son funcionales, al no cubrir todas las contingencias. Sin embargo, apuntó que el estado no está desprotegido porque se tienen dos fondos “que permiten cubrir en caso de que hubiese un problema serio en nuestro estado, lo va a poder cubrir justamente el aporte de esos fondos”.
Pero también “en administraciones pasadas, pues parte de ese fondo que debe aportar el gobierno del estado no aportó en dos años, los dos años anteriores no se aportó de tal manera que tiene un adeudo el gobierno del estado” que está estimado por “alrededor de unos 70 millones de pesos”, y destacó que el gobierno federal no ha dejado de aportar a pesar de que no lo ha hecho así el estado.
Julieta Fernández Márquez reconoció el trabajo “titánico” que se realiza en la dependencia “con tan pocos recursos y herramientas para la labor que lleva a cabo el personal de esa Secretaría”.
La diputada priista dijo ante el secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, que lamenta que siga habiendo funcionarios, presidentes municipales, diputados y líderes de partidos políticos y organizaciones sociales que fomentan la invasión de áreas de riesgo para construcción de vivienda, sin que se les regule.
El funcionario dijo que hay municipios en los que apenas cuentan los 2 ó 3 elementos de protección civil, y que con una camioneta y un atienden los incendios, “así de precario es en ocasiones el presupuesto en los ayuntamientos, hay algunos que apenas tienen con dos o tres personas en su área de protección civil y no cuentan con vehículos y menos con presupuesto para equipamiento, para sus tareas de aL
También la diputada perredista Jennifer García Lucena preguntó sobre las condiciones laborales de los trabajadores de esa área, de quienes recordó recientemente se movilizaron para exigir el pago de viáticos, el funcionario estatal respondió que con el apoyo del Congreso local y del gobierno del estado se logró que les incrementarán de 170 pesos a 250 pesos el monto de sus viáticos, y también informó que recientemente recibieron 70 equipos de bombero de uso, que fueron donados por corporaciones de ciudades de Estados Unidos.

 

Con diálogo y alianzas se avanza en erradicar el embarazo y el matrimonio infantil: Semujer

La titular de la Secretaría de la Mujer, Violeta Pino, durante su comparecencia ante comisiones legislativas en la sala José Francisco Ruiz Massieu del Congreso local Foto: Jessica Torres Barrera

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

En la glosa del primer informe de gobierno de Evelyn Salgado Pineda, diputadas de Morena, PRI y PT preguntaron a la secretaria de la Mujer estatal, Violeta Pino Girón, acerca de la operación de los nueve programas que ejerció, de los cuales sólo uno tiene reglas de operación, el apoyo a madres solteras.
También, le manifestaron sus dudas acerca de las acciones para erradicar el embarazo infantil en el estado y el matrimonio infantil forzado en las regiones de la Montaña y Costa Chica. Pino Girón destacó que concluyó un diagnóstico estatal sobre todos los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, que estaba inconcluso desde 2018, y con el cual, la Conavim podría levantar una medida de una alerta de género.
La tarde de ayer en su comparecencia ante comisiones, que se realizó en la sala José Francisco Ruiz Massieu, en el Congreso local, la diputada morenista, Citlali Calixto Jiménez le preguntó a la titular de la Secretaría de la Mujuer (Semujer) cuáles son las acciones emprendidas desde su secretaría para atender a las mujeres con discapacidad en el estado, y el avance de los trabajos en la erradicación del embarazo infantil.
Violeta Pino respondió que para prevenir y erradicar el embarazo infantil y adolescente su dependencia fue una de las 27 instituciones que integran el Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo (GEPE), incluidas organizaciones de la sociedad civil, que contribuyen a través del fondo para el bienestar de las mujeres que ha dispuesto el Instituto Nacional de las Mujeres, y en el que plantearon una escuela de liderazgo y foros en los que escucharon las necesidades de las mujeres, los niños y a las juventudes.
Aseguró que atendieron a la población con discapacidad y que generaron materiales de difusión de educación sexual para los niños y adolescentes con una estrategia para incidir incluso en los tutores y docentes.

Reconoce a la CRAC

La diputada por el PT, Leticia Mosso Herández, le preguntó qué actores clave identificó en la prevención del matrimonio forzado infantil en las zonas indígenas de la Montaña y la Costa Chica, cuál es la articulación que tiene con ellos, y qué obstáculos identificó para que estos actores sumen, Pino Girón respondió que al inicio de la estrategia que implementaron los presidentes municipales tenían dudas y desconfianzas, pero actualmente contribuyen en la estrategia.
Reconoció a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) con quien dijo ya tuvo un acercamiento para decirles que buscan contribuir en el reconocimiento de que los matrimonios forzados de menores se tiene que erradicar bajo sus marcos normativos.
“Hay un ambiente muy favorable para seguir trabajando las alianzas porque juntos necesitamos trabajar para atender el problema de la violencia general, porque la violencia contra las niñas y niños expresada en matrimonios infantiles es inaceptable al igual que un feminicidio, una violación sexual o la violencia física en los hogares”, afirmó.

Acciones contra la violencia

La diputada morenista, Marben de la Cruz Santiago, le preguntó qué acciones ha realizado la Semujer en conjunto con dependencias de gobierno municipal, estatal y federal para eliminar los matrimonios forzados en niñas y adolescentes indígenas y afromexicanos y qué porcentaje de su presupuesto 2021-2022 se destinó para difundir y prevenir la violencia de niñas y mujeres indígenas y afromexicanas.
Violeta Pino precisó que de la Alerta por Violencia Feminicida emitida en 2017 estableció 21 medidas para el gobierno del estado, la Fiscalía, el Tribunal Superior de Justicia, el Congreso del estado y nueve ayuntamientos, y en el caso de la de Agravio Comparado estableció 13 medidas, una de ella levantada debido a la aprobación de la reforma al código civil en el artículo 158, en referencia a la despenalización del aborto.
Detalló que la Semujer ha realizado dos campañas que establecen las propias alertas, es decir, dar a conocer la existencia de las alertas y elaborar un diagnóstico que dé cuenta del tipo y modalidades de violencia que viven las mujeres de Guerrero, el cual dijo ya sé concluyó, y darán a conocer en próximos días.
Detalló que de los 31.3 millones de pesos que manejó de presupuesto se destinó 5 millones para capacitar a las localidades de estos nueve municipios, a sus policías comunitarias, policías municipales, comisarías y comisarios, delegados y las figuras de los principales de estas comunidades.

Programa de madres solteras

La diputada priista Alicia Zamora Villalba, preguntó que de los nueve programas implementados en el primer año, cuáles ya tenía reglas de operación, porque dijo revisó el Periódico Oficial del Estado y sólo encontró que el único que contaba era el programa de apoyo a madres solteras y que se publicó el 23 de agosto, lo que significó que de enero a julio había operado sin reglas de operación.
Además, le preguntó por qué el trámite de ese apoyo fue de manera personal y sino contemplaron que las mujeres tenían que desplazarse de lugares alejados y tuvieron que invertir dinero para acceder al apoyo.
Violeta Pino aceptó que del programa de madres solteras las reglas de operación se hicieron no con el tiempo que hubiese querido, pero aseveró que en años anteriores se entregaban mes por mes y actualmente por el retraso de las reglas decidieron hacerlo en una entrega única.
Argumentó que se decidió que fueran solicitudes personales para evitar gestores que decían representar a miles de mujeres y pedían los espacios de las madres solteras, añadió que se abrieron siete módulos en cada región para acercar el programa a las mujeres de todo el estado. En la síntesis de su informe, Violeta Pino Girón afirmó que el presupuesto de su dependencia aprobado por el Congreso local para este 2022 fue de 31.3 millones de pesos, que distribuyó en nueve programas. Además, de obtener 29 millones de pesos más gestionados ante el gobierno federal a través del Instituto Nacional de las Mujeres y con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).
Destacó el programa Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, en el que mediante diplomados capacitaron a las direcciones municipales de la mujer en “perspectiva de género”, y los asesoraron en la elaboración de sus programas municipales para la igualdad entre mujeres y hombres.
Añadió que capacitaron con talleres y conferencias a titulares de las Unidades de Género de la administración pública estatal, a servidoras y servidores públicos de 21 dependencias, a profesionales de medios comunicación y de Comunicación Social del gobierno estatal, y a integrantes de los 15 Centros para el Desarrollo de las Mujeres en materia de género y no discriminación.
Aseguró que elaboraron una guía para transversalizar la perspectiva de género en la administración pública estatal y cumplir con las recomendaciones de las dos Declaratorias de alerta de violencia de género contra las mujeres por Violencia Feminicida y otra por Agravio Comparado: al diseñar una campaña estatal para divulgar en medios de comunicación y lugares estratégicos la naturaleza y los alcances de las Alertas de Violencia de Género, difusión que se hará hoy viernes en medios de comunicación.
Destacó que otra medida fue una campaña de difusión para dar a conocer los derechos humanos de las mujeres, las niñas y las adolescentes, especialmente el derecho a una vida libre de violencia; y la tercera medida fue concluir el Diagnóstico Estatal sobre todos los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, que había estado inconcluso desde 2018, y el cual ya entregaron a la Conavim, para en próximos días presentarlo.
Pino Girón aseveró que otro programa de su dependencia fue el Apoyo Económico para las Hijas e Hijos de Mujeres Víctimas de Feminicidio, que atiende una de las medidas de justicia y reparación del daño de la Alerta de Violencia de Género, la cual se encuentra en proceso de implementación, y que busca que que las hijas e hijos menores de edad de mujeres víctimas de feminicidio continúen con sus estudios.
Expuso el programa para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, con el cual dijo atendió a mujeres internas en penales del estado, con intervenciones psicológicas y terapéuticas, analizar sus casos y determinar si por falta de acompañamiento jurídico y recursos para el pago de fianzas no han podido obtener su libertad.
Manifestó que del programa de Apoyo a Madres Solteras, integró un padrón de beneficiarias mediante convocatoria pública, con el cual en próximos días beneficiarán a 560 mujeres con la entrega de una tarjeta que podrán utilizar en diferentes establecimientos comerciales.
Del programa de Prevención de Matrimonios de Menores de Edad y Protección de Niñas en Zonas Indígenas, expreso que al ser una violación a los derechos humanos y una práctica nociva que afecta gravemente la vida, salud, educación e integridad, implementaron en nueve municipios y 24 localidades reuniones, talleres, mesas de trabajo. Sin embargo, el tiempo se le terminó y ya no detalló más información al respecto.

Recibió Evelyn déficit de 3 mil 351 millones y hereda adeudos por 27 mil millones en impuestos

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El gobierno de Evelyn Salgado recibió el erario estatal con un déficit de 3 mil 351 millones de pesos, que obligó a la contratación de créditos para pagar sueldos y prestaciones económicas de fin de año en 2021 y para el inicio de 2022, más adeudos por 27 mil 816 millones por impuestos no enterados al ISSSPEG, SAT, el Insabi, y laudos, informó el secretario de Finanzas y Administración Raymundo Segura Estrada.
En la glosa del primer informe de gobierno sobre la hacienda pública en el Congreso local, el funcionario precisó que los ingresos del presupuesto estatal ascienden a 55.9 mil millones de pesos, 97.7 por ciento provenientes de la federación y 2.3 por ciento por gestiones propias.
Durante las preguntas de los grupos políticos, el funcionario agregó que el estado además tuvo descuentos de las participaciones federales este año por mil 200 millones de pesos, relacionados a la insuficiente recaudación de ISR, IVA y el IEPS.
“Nos ha implicado serios problemas para administrar los recursos del estado, pero estos ahorros salvan esta posibilidad de que el gobierno caiga en crisis”, precisó.

Deuda y descuentos

De la deuda de 27 mil 816 millones de pesos, indicó que 14 mil millones son de aportaciones al ISSSPEG; 5 mil millones al SAT, mil 504 millones al Insabi, y 2 mil 500 millones en laudos laborales.
Explicó que el ISSSTE aplica descuentos mensuales por 50 millones de pesos en las participaciones federales, y el SAT 36 millones de pesos, “(y) avanzamos en esa deuda institucional, sin importar el origen, que viene de muchos atrás”
Asimismo, infirmó que cada mes, la federación determina saldos a cargo o saldos a favor para los estados, particularmente en el Ramo 28, dependiendo de la recaudación de ISR, IVA, IEPS.
“Sacan sus cuentas y dicen cuánto debe haber pagado a cada uno de los estados, estamos hablando de más de mil 500 millones de pesos de saldos a cargo y a favor… precisamente por esa política de austeridad hemos podido aplicar ahorros en los presupuestos que no hemos recibido”.
Señaló que para cerrar el 2021 y comenzar 2022, el gobierno del estado solicitó 345 millones de pesos de créditos bancarios de corto plazo que terminarán de pagar en diciembre. Este año, Sefina propuso que los créditos fueran menores, pero de entrada tienen un crédito de mil 500 millones, que falta segunda evaluación.
La diputada del PRI, Alicia Zamora Villaba, reconoció de la comparecencia las acciones de fortalecimiento de las finanzas públicas, pero aclaró la deuda institucional “quizá es de los últimos 25 años”.
Recordó que el gobierno anterior recibió la deuda en 32 mil millones de pesos, y consiguió reducirla 4 mil millones de pesos. Estimó que, por la no contratación de deuda este año, de 2015 a 2022 habrá una reducción de 44 por ciento.
Pidió continuar los esfuerzos de los últimos siete años, “es la misma historia la están viviendo ustedes”.

ISSSPEG

Para el pago de adeudos al ISSSPEG, explicó que se realizó estructuración interna, se redujeron salarios para gastar lo menos posible, y cubrieron 90 por ciento de la deuda con proveedores.
Asimismo, informó que hay un acercamiento con los ayuntamientos, para que paguen sus adeudos y enteren las retenciones de las aportaciones patronales y de los trabajadores.
Señaló como principal deudor al ayuntamiento de Chilpancingo, “no ha hecho el esfuerzo de atender ni la retención que hace (en este gobierno) a sus empleados”, y asimismo CAPAMA.
Señaló que el ISSSPEG cobrara todo lo que se tienen en cuentas retenidas por cuotas no enteradas, estaría sano, “ojalá (el Congreso) pueda dar mas herramientas al ISSSPEG para obligar el pago de cuotas con sanciones”.
Advirtió que a partir de 2023, será muy grave que las entidades y ayuntamientos no enteren las cuotas que están reteniendo del ISSSTE.

Préstamos y laudos

En el pleno, representantes del PRI, PRD y Morena insistieron en conocer de las peticiones de préstamos o adelantos de los ayuntamientos para concluir el año fiscal, así como de las sentencias de laudos de ayuntamientos y los juicios laborales

Segura Estrada confirmó que han recibido “muchísimas” solicitudes para cubrir de adelanto de participaciones o de préstamos para cubrir aguinaldos, y sólo apoyaron con 18.8 millones de pesos a Copala, Tlacoachistlahuaca, Chilpancingo, Huitzuco, Atoyac, Cocula, Iguala, Coyuca de Benítez, San Luis Acatlán y Benito Juárez “por diversas circunstancias y prioridades no obstante nuestra situación”.
Ahora están invitando a los ayuntamientos a solicitar el préstamo global de Banobras, mediante el Congreso.
Asimismo, indicó que el estado realiza descuentos de las participaciones federales a los ayuntamientos, para pagar laudos que ordena el tribunal, en cantidades que no pongan en riesgo su operación.
Sin embargo, hay ocasiones en que los tribunales laborales no aceptan la cantidad por considerar que es muy baja respecto al laudo por eso debemos ser muy cuidadosos del informe del recurso, siempre con el mejor propósito de que puedan atender su gasto corriente.
Para atender los juicios laborales recomendaron a los ayuntamientos integrarse a un Fondo de Fomento Municipal, que al 30 de septiembre con ayuntamientos adheridos con aportaciones del 10 por ciento del fondo general y del fondo municipal, contaba con 68 millones de pesos para hacer frente a sus laudos.
De los juicios laborales del sector central, detalló que de enero a agosto recibieron 69, a la fecha aumentaron a 98, pero en total son juicios, los cuales se les da seguimiento legal.
Asimismo, informó que en primer año de gobierno se emitieron 47 multas por laudos y sentencias pendientes de notificar, las cuales corresponden a ex servidores públicos multados que, en algunos casos, cambiaron de domicilio o interpusieron amparos que imposibilita el cobro, “estamos en esa tarea, solicitando información”.

Presupuesto de 2023, equilibra inversión federal y estatal

En el camino para resolver el déficit del presupuesto, informó que solicitaron a las dependencias su propuesta de gasto en el ejercicio 2023, con enfoque basado en resultados e indicadores de seguimiento.
“Reunimos todas las propuestas de toda la estructura de gobierno, la sumatoria excedían al presupuesto autorizado por más de 5 mil millones de pesos, nos puso en disyuntiva y se tuvo que considerar del presupuesto ejercido en 2022 lo que se ha otorgado como partidas extraordinarias”
Enfatizó que el anteproyecto está enfocado al apoyo a la educación, para cubrir el sistema de Pari Passu, es decir, que el estado aporte la misma cantidad que la federación para la inversión en la entidad, que nunca se alcanzaba.
“En este presupuesto se va a encontrar presupuesto importante en educación estamos llegando a equilibrar la aportación de la federación y el estado”.

Ayuntamientos adeudan 40 millones por impuesto de nómina

Al final, el diputado de Morena, Jacinto González Varona pidió saber sobre la recaudación del 2 por ciento del impuesto sobre nóminas, cuánto adeudan los municipios por este concepto, y la estrategia para estimular la captación.
El secretario informó que, de enero a junio de 2022, 68 municipios deben 40 millones de pesos, entre estos, Acapulco, Iguala, Ometepec, Tixtla y Tlapa.
Cuando este impuesto se paga puntualmente, la federación devuelve 100 por ciento a través de las participaciones, principalmente del Ramo 28, y cuando hay retraso, sólo obtienen 50 por ciento.
“Por ello insistencia a municipios, inclusive a las secretarías que también han omitido pago de impuesto a la nómina, pero creo que vamos a conseguir buenos resultados en 2023”.
Destacó que la recaudación de 2 por ciento de enero a junio de 2022, fue de 381 millones, y en comparación con el mismo periodo del año anterior, aumentó 15 por ciento.

Otros temas

En otros asuntos, el secretario informó que en 2023 estarán gestionando la ampliación de la conectividad gratuita de internet 4 mil 100 puntos, el doble de lo que se logró avanzar en 2022, y concluir la red estatal en 2024, hasta los lugares más apartados.
La diputada Flor Añorve denunció que, en la agencia de recaudación en Taxco, hay cobros de 200 pesos por trámites y 4 por copias, luego que el funcionario aseguró que se estableció la política de cero efectivo, para evitar prácticas de corrupción que detentaron en el cobro en efectivo con recibos.
Segura Estrada aclaró que el pago de coyotaje y copias no entran como recaudación, “pero agradezco observaciones porque haremos seguimiento, no permitiremos estas acciones que lastiman al gobierno de Guerrero.

Recibió el gobierno un estado “con necesidad apremiante de gobernabilidad”: Ludwig

Recibió el actual gobierno “un estado con necesidad apremiante de gobernabilidad”, dice Reynoso Núñez

Durante su comparecencia ante el Congreso local como parte de la glosa del informe de gobierno de Evelyn Salgado Pineda, refiere el secretario de Gobierno que por ello la política interior en el primer año se basó en restablecer la gobernabilidad y la confianza ciudadana con “diálogo oportuno y responsable”. Reprocha la priista Alicia Zamora Villalva que si el diagnóstico era restablecer la gobernabilidad, se debió a convocar a un diálogo a los partidos políticos

 

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, durante su comparecencia de este lunes ante el pleno del Poder Legislativo Foto: Jessica Torres Barrera

En la comparecencia por el primer año del gobierno estatal ante el pleno del Congreso local, al secretario general de Gobierno Ludwig Marcial Reynoso Núñez le plantearon preguntas en torno a la atención a las demandas sociales, protestas y manifestaciones, la gobernabilidad, la atención a temas de género y el ambiente. Las preguntas fueron tersas, sin sorpresas, ya que los cuestionamientos se habían realizado previamente por escrito.
En su mensaje ante 35 diputadas y diputados asistentes, el funcionario estatal señaló que la actual administración recibió “un estado con necesidad apremiante en materia de gobernabilidad”, por lo que la política interior en el primer año se basó en restablecer la gobernabilidad y la confianza ciudadana con “diálogo oportuno y responsable”.
Tras la primera intervención del secretario, antes de las preguntas de diputados, funcionarios del gobierno estatal que lo acompañaron aplaudieron al funcionario, lo que generó que la diputada priista Alicia Zamora Villalva pidió a la presidenta de la Mesa Directiva que realizara una moción de orden para pedir a los presentes que no aplaudieran en respeto al recinto. Estos aplausos, incluso gritos se han permitido en comparecencias de funcionarios en gobiernos anteriores.
En las rondas de preguntas y respuestas, por el PRI, la diputada Gabriela Bernal Reséndiz le preguntó a Ludwig Marcial Reynoso, como presidente del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres, si existe un mecanismo transversal de las dependencias para atender la alerta por violencia de género y a cuanto haciende el presupuesto ejercido por cada secretaría, además de los 500 mil pesos destinados a este tema y que ejerce su Secretaría, y cuáles fueron los resultados y sobre el trabajo para la gobernabilidad.
En respuesta, el secretario dijo que en ocasiones el proceso de diálogo se dificulta por multitud de protestas, pero que a pesar de la atención “las estructuras monolíticas de sindicatos, de organizaciones se han empezado a dispersar, antes había un solo canal de comunicación y ahora hay múltiples canales de comunicación”, y aseguró que “hemos privilegiado el diálogo al uso de la fuerza” y que así se continuará.
También advirtió que muchos de los temas que atiende la secretaría no son “solo de voluntad política, se requiere de presupuesto, temas legales”, pero planteó que la gobernabilidad se construye con la participación de los poderes, las organizaciones, de los partidos políticos.
De las alertas por violencia, dijo que se reinstalaron los sistemas municipales para atender Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres en 76 municipios y que solo faltan Heliodoro Castillo, Canuto Neri, Pedro Ascencio de Alquisiras y San Miguel Totolapan.
Reynoso Núñez reconoció las reformas en materia de despenalización de la interrupción del embarazo porque eso generó que se pudiera iniciar la atención de las otras medidas establecidas en la alerta en materia de salud; mientras que los 500 mil pesos, dijo que se destinaron a un programa de información en el transporte público.
La priista también le preguntó cuáles son las dependencias en las que hay denuncias de trabajadores por violencia laboral y acoso sexual y si hay protocolos para la atención y los procedimientos sancionadores, el funcionario estatal informó que tienen 13 expedientes administrativos contra servidores públicos, 7 de la secretaría de Salud, 5 de Seguridad Pública y uno de la Universidad Tecnológica de la Costa Grande; y que los protocolos en contra de la violencia laboral y sexual los maneja la Secretaría de la Mujer.

Las movilizaciones sociales, propias del estado

El perredista Carlos Reyes Torres preguntó también sobre los trabajos para la gobernabilidad y la atención a los movimientos sociales. Ludwig Marcial Reynoso recordó que al término de la administración pasada “se tenían múltiples conflictos, generados muchos en la falta de un presupuesto”, y justificó que por la pandemia los ingresos se vieron afectados y “se fueron acumulando multitud de compromisos que al final se reflejaron en compromisos no cumplidos, no quiero decir que de manera intencional”, y que esto generó “un gran descontento social” incluso con trabajadores del estado, por lo que planteó que “el que volvieran a creer en la autoridad no es un proceso fácil”, y que lo mismo ocurre con los sindicatos, maestros, organizaciones.
Incluso el secretario justificó que la movilización social es “característica, es muy propia del estado, hay organizaciones como la CETEG que su método es movilización, negociación, movilización” sin embargo dijo que eso lo entienden en el marco de libertades de los mexicanos a la manifestación; en el tema educativo, precisó que en la mayoría de los casos se requiere la coordinación con el gobierno federal para poder dar solución.
Carlos Reyes, como Yoloczin Domínguez, y Gabriela Bernal que lo antecedieron, ya no realizaron preguntas en su última oportunidad para intervenir. En su lugar agradecieron las respuestas, reconocieron el trabajo del gobierno en los temas que plantearon y hablaron de su disposición de abonar a la gobernabilidad. En su oportunidad el funcionario estatal regresó los cumplidos agradeciendo “a ustedes el gesto que tienen de solidaridad con esta administración porque efectivamente la gobernabilidad es un proceso en el que estamos todos incluidos”.
El diputado del PVEM Manuel Quiñonez Cortés preguntó también sobre las protestas sociales, dijo que han tratado de atender las demandas sociales, pero reconoció que esta supera la capacidad de respuesta del gobierno estatal y que hay demandas “muy añejas” principalmente en el tema magisterial, “los no FONE que tienen muchos años que no están en la nómina educativa; hay miles de horas adeudo a maestros”.
Consideró que es natural que con la llegada de un nuevo gobierno se genere la expectativa de que se solucionen sus demandas acumuladas durante varios años y que esto genera diferentes movilizaciones.
Además de las protestas y movilizaciones por temas educativos, comentó que en muchos casos son también por desapariciones, y que estos también son atendidos y canalizados a la fiscalía y a la SSP y a la Comisión Estatal de Búsqueda, y destacó “hoy sí se hace búsqueda (antes) no se hacía” y que esto ha generado también la expectativa de las víctimas a que con la movilización se iniciará la búsqueda.
Aprovechó para decir que “la acción de gobierno es apegada a derecho no tiene favoritismo, no tiene color partidista, no tiene influencia política en la toma de decisiones”. Mientras que Manuel Quiñonez dijo que este partido no descalificará la actuación “de nadie” y que se necesita la suma de voluntades para impulsar el desarrollo social y económico, y reiteró que seguirán impulsando una agenda común con el Ejecutivo “dejando de lado las políticas oportunistas”.
También, Marcial Reynoso afirmó que el actual gobierno “no persigue por ideas, ni por el hecho de que alguien manifieste su derecho de pensar”, esto en respuesta a una pregunta del morenista Joaquín Badillo Escamilla que la mayor parte de su participación la dedicó a realizar reconocimientos al gobierno estatal.

PT: llegó la “Cuarta Transformación”

La petista Leticia Mosso Hernández no escatimó elogios al gobierno estatal y celebró el primer año de gobierno de Evelyn Salgado “donde la Cuarta Transformación ha llegado a nuestro estado, las expectativas son altas y los problemas no son menores”, incluso aludió al gobierno anterior “las malas prácticas no pueden ser borradas de un plumazo”.
Y continuó con los reconocimientos: “los cambios han sido ordenados, pero profundos y radicales, y se han concretado en políticas públicas para reducir la pobreza y la extrema desigualdad económica de las y los guerrerenses, ha sido un arduo trabajo pero hemos sido testigos de su capacidad para conducir junto con la gobernadora la política interna de nuestro estado, siempre a través del diálogo como lo ha reiterado y la negociación ante los conflictos sociales que se han presentado manteniendo así la estabilidad política la paz social y sobre todo la gobernabilidad”.
La petista preguntó sobre la atención a las manifestaciones, el secretario dijo que no están de acuerdo en que se mantengan bloqueos que afecte a terceros cuando ya está en marcha “el diálogo”, y señaló que “en los casos necesarios en los que se ha hecho uso de la fuerza pública” se ha hecho “en absoluta necesidad”. Destacó que solo se utilizan los escudos y toletes, y no gases u otros medios para liberar las vías de comunicación, y que para estos casos han solicitado la presencia de Derechos Humanos.
El priista Jesús Parra García también destacó el trabajo del gobierno estatal y que se enfrentan los problemas socioeconómicos “y no de ahorita porque tampoco venga tengamos aquí a decir que traemos la varita mágica para poder cambiar las cosas del pasado que podría ser criticado”, y preguntó sobre las movilizaciones y protestas. El secretario le respondió que en el año del que se informa hubo mil 819 movilizaciones de las cuales 822 fueron en temas educativos, 477 por demandas sociales, 409 por temas laborales, y las restantes por temas de transporte, medios de comunicación y temas agrarios y turísticos; de las cuales mil 353 del ámbito estatal.
Dijo que muchas de las protestas materia educativa son por demandas relacionadas a infraestructura. Al respecto dijo que el 60 por ciento de los 300 millones que autorizó el Congreso no se pueden ejecutar porque “se van directamente a

pagar un fideicomiso que se estableció en años anteriores y que prácticamente nos deja con un tercio de los recursos para atender la gran demanda de espacios o de remodelación o reconstrucción”, y apuntó que la gobernadora gestionó 100 millones de pesos ante el gobierno federal para atender estas necesidades educativas.

Notarías caras

El priista también preguntó sobre la falta de un tabulador para establecer cuotas a las que se deben de apegar las notarías públicas el estado. Ludwig Marcial Reynoso reconoció que cada notaría cobra de acuerdo a un porcentaje que calculan en razón de la operación que realiza, por lo que consideró que se debe trabajar en una propuesta de reforma a la Ley del Notariado, para que actualice la función notarial y con ello, hacerla un tema más social. Sin embargo, ya en la pasada legislatura se presentó una iniciativa al respecto que quedó en la congenadora pues nunca se dictaminó.
“En muchos momentos llegó a verse como una clase privilegiada, llegabas a tener una notaría y pues prácticamente resolvías tu vida, pero creo que hay que trascender, hay que formular una nueva propuesta que permita que esta función notarial se acerque a la ciudadanía” y que estas cumplan con su función sin los altos costos que actualmente representan.
Dio a conocer que durante el primer año de la actual administración se realizaron 22 visitas a 44 notarías públicas del Estado, dónde se encontró que en 5 no se tenían protocolos, apéndices encuadernados y empastados de los distritos de Bravo; Alarcón, Álvarez y la Montaña; y anticipó que se implementará la creación de un archivo digital que contenga todos los documentos que albergan las Notarías Públicas, para generar una mayor transparencia y certeza jurídica a la ciudadanía, aunque la labor destacó llevará mucho tiempo, por lo que podría comenzar a operar en 2023.

La gobernabilidad se construye con diálogo: Alicia Zamora

La única que cuestionó a Ludwig Marcial Reynoso fue la priista Alicia Zamora Villalva, y reprochó el primer señalamiento del funcionario fue que recibió un “estado con necesidad apremiante de gobernabilidad” que orilló a que las estrategias de la política interior se basarán en restablecer la estabilidad política y la confianza ciudadana en las instituciones. Señaló que es incorrecto que no se haya convocado a los partidos políticos a reunirse con él como el responsable de la política interna en el estado. La priista también enlistó los desalojos, entre ellos a indígenas de Chilapa y los presuntos asaltos a la Autopista del Sol.
“Usted dijo que recibió un estado con necesidad urgente de gobernabilidad, quisiera invitarlo a reflexionar sobre qué es la gobernabilidad y cómo se construye y si efectivamente las cosas han cambiado después de año, porque la gobernabilidad no es proceso teórico, es un proceso que se construye todos los días”, señaló la priista.
El funcionario reconoció que hay reuniones pendientes. “Como gobierno advertimos una necesidad de que el ejercicio político a través de los partidos ayude al estado, no al gobierno, al estado”. Señaló también que la demanda social “supera en mucho” la capacidad de respuesta del estado sobre todo en materia económica, porque hay demandas muy añejas.
Después de su respuesta, Zamora Villalva le dijo que reconoce la coincidencia respecto a que “Guerrero no nace ni muere cada seis años”, y que “no es un buen tiempo para quienes simulan realidades”.

 

Es un mensaje de impunidad el del Adán Augusto en el Congreso local: Tlachinollan

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El aval de los congresos locales a la continuidad del Ejército en labores de seguridad pública hasta 2028 envía un mensaje de impunidad a los perpetradores de los crímenes, del pasado y el presente, sobre todo, preocupa que en esta coyuntura diputados ignoren a las víctimas para congraciarse con el presidente, denunció el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández.
“Se da un discurso falaz aquí (en Guerrero) de que el Ejército es diferente, cuando sabemos que hay mandos que cometieron graves violaciones a derechos humanos, que han sido condecorados y que siguen encubiertos, como ahora sucede con Ayotzinapa”, señaló Barrera.
Como referencia, señaló la cancelación por la Fiscalía General de la República (FGR) de 21 órdenes de aprehensión relacionadas con la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural, de las cuales 16 son contra militares.
Entrevistado vía telefónica, sobre la defensa del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, a la reforma del Senado al artículo quinto transitorio constitucional, en materia de Guardia Nacional, en la tribuna del Congreso local y las posturas de las fracciones políticas, Barrera Hernández señaló que nadie puso en primer plano a las víctimas de desaparición forzada, de los crímenes del pasado, como de hechos más recientes.
Recordó el “papel lamentable” del Ejército en graves violaciones a los derechos humanos y que ahora las autoridades, a tabula rasa, hablan de un Ejército moderno, que no viola los derechos humanos, “como si fuera otra institución”.
Aclaró que la milicia no rinde cuentas a las autoridades civiles y tiene vetos en cuanto a los agentes de Ministerio Público, que no se atreven, regularmente, a investigar a militares, “es una estela de impunidad que persiste en Guerrero, desde los años cruentos de guerra sucia, y los años trágicos de la desaparición de los 43 normalistas”.
Asimismo, refirió las ejecuciones arbitrarias de 11 indígenas y actos de tortura en la comunidad mixteca de El Charco, hace dos décadas, “causó terror en las comunidades y no se investigó ni se encarceló a nadie. Las viudas siguen cargando con el estigma de que sus esposos eran guerrilleros, de que ellos estaban cometiendo delitos”.
Del acto político en el Congreso, enfatizó que nadie recordó los hechos atroces cometidos por militares, en un recinto donde los representantes populares deben proteger los derechos de la población más vulnerable.
“Los posicionamientos dejaron fuera a las víctimas. No hubo cuestionamiento sobre el proceder el Ejército en Guerrero, tampoco retomaron las recomendaciones de mecanismo de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en materia de seguridad pública). Más bien, el Congreso está flaco de conocimientos en jurisprudencia, que le den sustento a su quehacer como legisladores y legisladoras”.
Añadió: “Están carentes de una visión de Estado. Responden a intereses facciosos políticos para congraciarse con el poder, para mantenerse dentro del presupuesto, para aplaudir a quien en este momento tiene en sus manos el control de la seguridad interior (el presidente Andrés Manuel López Obrador)”.
Consideró que no están a la altura de los sentimientos de la nación, que proclamó José María Morelos. “Es en verdad lamentable esta comparecencia, porque pisoteó, se ignoró los sentimientos de las víctimas. Subieron a un pedestal a los militares, con una afirmación letal, para madres y padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa: que han quedado atrás noches oscuras, como la de Iguala”.
Además, lanza una bofetada a madres y padres, usurpó la función del juez que debe pronunciarse en el caso y de la misma Comisión para la Verdad y la Justicia (Covaj) para el caso Ayotzinapa, denunció.

 

Exhorta el Congreso al fiscal a que haya justicia en los casos de los universitarios asesinados

En sesión de la Comisión permanente del Congreso local, los diputados aprobaron un exhorto al fiscal general del Estado, Javier Olea Peláez, para que investigue y detenga a los responsables de los asesinatos de universitarios, y al gobierno federal para que se realicen recorridos afuera de las instalaciones de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG).
La propuesta fue de la fracción de Movimiento Ciudadano (MC) y la leyó su coordinador, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, quien dijo que la responsabilidad por la inseguridad la tienen las malas políticas públicas.
El diputado criticó que el gobierno federal no tome en cuenta los reiterados llamados de los ciudadanos, para que se cambie la estrategia para combatir la delincuencia organizada, en particular el narcotráfico.
Además, dijo que las veces que han cambiado la manera de combatir al narcotráfico, los resultados son en perjuicio de la sociedad, “pero en Guerrero todos los sectores han sido vulnerados, sean transportistas, campesinos, universitarios y los grupos vulnerables cada día son más vulnerables frente a la delincuencia”.
Afirmó que la UAG es una de las instituciones más violentada, porque los universitarios han sido atacados “cobardemente, una y otra vez, y las autoridades siempre dicen que es la delincuencia organizada. No creemos en esa línea de investigación, más que una línea de investigación pareciera ser una línea de impunidad”.
El coordinador de los diputados de MC realizó un recuento de los universitarios asesinados, como Francisco Javier Ramírez García, auxiliar administrativo de la Facultad de Psicología; Jeany Rosado Peña, integrante de la Comisión Mixta Paritaria de Becas, del Comité Ejecutivo Central del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UAG (STAUAG).
También Aidé Fuentes Nava, estudiante de la escuela de Ciencias de la Educación; Manuel Juárez Flores, estudiante de la Preparatoria 33; Juan Carbajal Merino, subdirector de la Preparatoria 5; Ángel Mendoza Ocampo, estudiante de la Facultad de Medicina; Suzy Nava Cruz, estudiante de la Preparatoria 26, y mencionó cinco más.
Sin embargo, dijo que decenas de universitarios más han sido asesinados, secuestrados, desaparecidos y lamentó que “todavía este círculo de impunidad sigue girando” en la UAG.
Mejía Berdeja insistió en que se necesita reforzar con mayor presupuesto en seguridad y que el Estado asuma “su plena responsabilidad al proteger a la vida de los ciudadanos de esta tierra llena de esperanzas y anhelos de tener una vida mejor, se indemnice a los policías que no pasaron los exámenes de control y confianza y que se aplique la ley a quien la viole”.
El punto de acuerdo se presentó como de urgente y obvia resolución, por el que el Congreso local condenó “enérgicamente los homicidios de universitarios” y hace un exhorto a Olea Peláez “para que la institución a su cargo investigue, detenga y sancione a los autores materiales e intelectuales de los arteros crímenes de universitarios”.
El exhorto aprobado plantea también un atento exhorto al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; al Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia; al general de división Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de la Defensa Nacional, y al Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, secretario de Marina Armada de México, “para que de forma coordinada, continua y permanente, personal a su cargo realicen operativos a fuera de las instalaciones de la Universidad Autónoma de Guerrero, para que brinde seguridad a los universitarios, así como conforme a sus competencias se detengan a los delincuentes que amenazan a los universitarios”.
En la sesión, los diputados enviaron a la Junta de Coordinación Política un acuerdo para requerir la comparecencia ante el pleno del fiscal general, Javier Olea, “para que informe sobre las políticas públicas, acciones y estrategias que ha implementado al frente de la institución y los resultados de éstas”.
La propuesta fue de la fracción del PRD y de los diputados que eran del PT, ahora independientes, donde señalaron que a casi dos años de su nombramiento, el fiscal “no ha dado muestras de avance y han aumentado los índices delictivos en la entidad”.
La propuesta la leyó el diputado independiente Jesús Martínez Martínez, quien en tribuna afirmó que el poder legislativo no tiene información para conocer, “ni mucho menos analizar en qué medida las políticas facilitan el acceso a la justicia de víctimas, testigos y acusados y aquellas que tiendan a fomentar la confianza de los ciudadanos en el sistema de justicia penal”.
Calificó como “urgente y necesario” que se llame a comparecer ante el Pleno a Olea Peláez e informe sobre la situación de la institución; así como en relación con el video difundido en el noticiero En Punto de Televisa en el que aparece afirmando que el diputado priista con licencia Saúl Beltrán Orozco es “El Tequilero número uno”; también los avances en las investigaciones de los homicidios en contra de reporteros, ex diputados, presidentes municipales, líderes políticos y “ciudadanos en general”.
Se precisó que si el acuerdo es aprobado por la Junta de Coordinación Política, se citaría a comparecer al fiscal el próximo jueves 15 de junio, a las 10 horas, en el Salón de Plenos.
La diputada Erika Alcaraz Sosa planteó un exhorto al poder ejecutivo estatal, al director de la Comisión Federal de Electricidad y a los municipios, para que junto con el Congreso se instale una mesa de trabajo para la regularización y optimación de la relación comercial y administrativa de la CFE, en los conceptos de pago del suministro de energía el servicio de alumbrado público, recaudación y entrega a favor de los municipios.
La diputada Rossana Agraz Ulloa intervino para hablar de Día Mundial del Medio Ambiente, que se conmemora el 5 de junio.
También se turnó a la Comisión de Justicia el oficio signado por el magistrado del Tribunal Electoral del Estado, René Patrón Muñoz, donde remite una iniciativa de adiciones a la ley Orgánica del Tribunal Electoral.

Se aprobará la solicitud para que el fiscal comparezca en el Congreso: Flor Añorve

 

La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Flor Añorve Ocampo, afirmó que el fiscal Javier Olea Peláez continúa evadiendo su responsabilidad al no detener a Saúl Beltrán y anunció que la próxima semana aprobarán la solicitud de su comparecencia ante el Poder Legislativo.
Respecto a las actuaciones y dichos del fiscal, que se han conocido a través de videos, la presidenta del Congreso recordó que sólo el gobernador puede destituir de su cargo al titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Sin embargo. dijo que “en alguno de los casos el fiscal lamentablemente ha hecho comentarios impropios”, criticó que no fue “cuidadoso, dadas la circunstancia que está viviendo Guerrero”.
La priista dijo que del problema de violencia que hay en Guerrero “él es el responsable de muchas de estas situaciones” y que ese es un tema prioritario para el Poder Legislativo. Esto en referencia al señalamiento del fiscal ante pobladores de San Miguel Totolapan, en el sentido de que Saúl Beltrán Orozco es el tequilero número uno, pero que no lo puede detener porque tiene fuero, porque el Congreso no le quitó la inmunidad constitucional.
También aseguró que pretende inculpar al Poder Legislativo porque según dijo, los diputados están “muy al pendiente de hacer lo que nos corresponde”, esto a pesar de que el Congreso no concluyó el juicio de procedencia para desaforar a Saúl Beltrán y que lo suspendieron cuando el priista pidió licencia.
“Más bien, está evadiendo su responsabilidad”, dijo la priista presidenta del Congreso, al no detener a Saúl Beltrán, “porque aquí se llevó a cabo la autorización de la licencia del diputado y a él (Javier Olea) le corresponde lo siguiente”, porque de acuerdo a la legislación local, cuando un legislador pide licencia quedan suspendidos también sus derechos, entre ellos la inmunidad constitucional.
Derechos que puede recuperar si solicita regresar a su cargo, porque tampoco no hay ningún impedimento para eso, informó también que el Congreso aún no es notificado de que se le concedió un amparo al diputado priista.
De la comparecencia del fiscal, Flor Añorve explicó que debe ser la Junta de Coordinación Política del Congreso la que ponga las reglas y convocar la comparecencia, además de que dijo que tendrían que estar las comisiones presentes, en referencia a la de Seguridad Pública y Justicia además de la de gobierno.
Este miércoles concluyó el periodo permanente de sesiones y el martes iniciará el ordinario, en el que sesionará el pleno de la legislatura, en la que dijo aprobarán la comparecencia del fiscal.

“Es una situación bastante fuerte en el estado”, dice de la violencia

Consultada al respecto, Añorve Ocampo lamentó los hechos de extrema violencia que han ocurrido en municipios de la región Centro, principalmente de Chilpancingo y dijo que, “es una situación bastante fuerte en el estado”.
Exhortó a “los diferentes mandos, a que hagan el mayor de sus esfuerzos, no podemos estar viviendo en esta inseguridad”.
A la priista se le recordó el caso de los 176 policías despedidos tras participar en un paro de labores en el que exigían el pago de un bono de riesgo y respeto a su jornada laboral, y reconoció que repercute en la seguridad “pero más afectaría si policías que no están certificados continuaran haciendo un trabajo para el cual no tienen acreditación”.

En buenas condiciones, un 45% de los chalecos que tiene la SSP para policías

Un 45 por ciento de los 2 mil 831 chalecos que tiene la Secretaría de Seguridad Pública está en buenas condiciones, informó el director de Control Patrimonial del Ayuntamiento, Alirio José Rojas.
Ayer sesionaron las comisiones unidas de Hacienda y Gobernación y Seguridad Pública para atender la comparecencia del secretario de Seguridad Pública municipal, Max Lorenzo Sedano Romano, y del director de Control Patrimonial del Ayuntamiento, para seguir con el proceso de dar de baja 435 chalecos y 137 placas.
Desde la semana pasada, las comisiones unidas de Hacienda y Gobernación y Seguridad Pública están en sesión permanente para decidir sobre la baja de chalecos y placas.
En su turno, Alirio José Rojas indicó que en la revisión a los 572 bienes que se propone dar de baja del patrimonio del municipio, se encontró que hay 167 chalecos sin código y no 156, como se había reportado al inicio de la revisión; 23 están duplicados y cinco ya están en trámite administrativo para darse de baja desde 2008.
Lo que significa que quedan 377 bienes, entre chalecos y placas antibalas para ser dados de baja.
Explicó que en el caso de los 167 chalecos sin código y sin factura de compra, la Secretaría de Seguridad Pública debe hacer la solicitud a la Contraloría municipal, acompañada de una justificación,¡ que explique las condiciones por las que se dan de baja los bienes y la Contraloría deberá emitir un dictamen sobre la petición.
El síndico Ilich Lozano indicó que el Cabildo no puede avalar la destrucción de los 167 chalecos que no tienen código porque sería un acto irregular.
El director de Control Patrimonial del municipio informó a los regidores que la Auditoría General del Estado (AGE) está enterada que de los 2 mil 831 chalecos que tiene el municipio, mil 92 requieren baja y sólo están en buenas condiciones mil 273 chalecos que corresponden al 45 por ciento.
Después de escuchar los argumentos del director de Control Patrimonial, el síndico Ilich Lozano dio instrucciones para que se modifique el dictamen propuesto con las consideraciones expuestas, y que se incluya un apartado para informar a la Dirección de Sistemas que los bienes serán dados de baja.
Lozano Herrera adelantó que seguirá la revisión de los bienes de la Secretaría de Seguridad Pública para dar de baja los vehículos y ver la forma de venderlo como fierro viejo.
Por su parte, el secretario de Seguridad Pública indicó que son unos 700 automóviles de entre 10 y 15 años que no están en servicio y hay “muchos desaparecidos”, pero siguen en el registro del municipio.

Descentralizar el Control Patrimonial

Por su parte, Alirio José Rojas solicitó a los regidores de las comisiones de Hacienda y Gobernación y Seguridad Pública descentralizar la Dirección de Control Patrimonial de la Secretaría de Seguridad Pública de la Dirección de Control Patrimonial del municipio.
Explicó que una de las razones es por seguridad, por el tipo de bienes que se manejan y porque cada vez que se hace revisión se debe solicitar ayuda a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Otra de las razones, agregó, es porque la Secretaría de Seguridad Pública concentra la mayor cantidad de bienes muebles del municipio, el 37 por ciento del total y el 53 por ciento del parque vehicular.
En la sesión de ayer estuvieron también la síndica Teófila Plateros Avilés; los regidores del PRI, Emma Reyes Hernández y Karina Ríos Radilla; del PRD, Porfirio Daza Rodríguez, Julián Enrique Granados Morga y María de Jesús Antonio Reynoso; del PT, Alma Juárez Altamirano, y de Movimiento Ciudadano, María Antonieta Guzmán Visairo.

Comparecieron ante la Comisión de Honor 10 de los 20 policías viales acusados de corrupción, dice Ilich

 

El síndico Ilich Lozano Herrera, informó que hasta el jueves de la semana pasada, 10 policías viales ya habían comparecido ante el Consejo de Honor y Justicia, “la gran mayoría” acompañados por abogados.
En declaraciones, el presidente del Consejo de Honor y Justicia, Lozano Herrera, indicó que los resultados del proceso administrativo no se conocerán esta semana porque faltan que 10 policías comparezcan.
El pasado 19 de mayo, en conferencia de prensa en la sala de Cabildo, el gobierno municipal informó que 20 policías viales estaban sometidos a proceso administrativo y suspendidos de sus actividades, porque el Ejército entregó 100 videos en los que se les observa cometiendo actos de corrupción.
El material videográfico fue entregado al gobierno municipal el 26 de abril, y casi un mes después se informó del procedimiento iniciado contra los agentes.
El pasado miércoles, el alcalde Evodio Velázquez Aguirre indicó que posiblemente esta semana se conocerían los resultados del Consejo de Honor y Justica, pero al consultar al síndico sobre la fecha reiteró que habían establecido un mes de plazo pero sólo han comparecido la mitad de los agentes acusados, por lo que esta semana no estará el dictamen.
Indicó que en las comparecencias los agentes viales han estado “acompañados” y “asesorados” por abogados, que se les se muestran los videos captados por las cámaras de videovigilancia y “algunos aportan pruebas”, pero se negó a abundar del caso por no violentar el derecho de defensa de los efectivos.
“Yo creo que va caminando bien, una vez que terminemos de escucharlos, de comparecer y ellos de defenderse, ya daremos paso a la sanción o a la no sanción de acuerdo sea el caso”, agregó.
A la pregunta de si los agentes acusados han presentado pruebas que acrediten lo contrario a lo que se muestra en los videos, Lozano Herrera insistió en que no podía hablar del contenido de la comparecencia, que cuando el Consejo de Honor y Justicia presente el dictamen se informará qué fue lo que presentaron los policías viales para argumentar en su defensa.
El Consejo de Honor y Justicia es un órgano de impartición de justicia que se encarga de conocer y resolver las quejas que se presentan contra los agentes de los cuerpos de seguridad pública del municipio.
Está integrado por el síndico procurador Ilich Lozano, como presidente; como secretario técnico, el secretario de Seguridad Pública municipal, Max Lorenzo Sedano Romano, y como vocales, la regidora del PRI, Linda Karina Ríos Radilla; el director general de Asuntos Jurídicos, César Gustavo Ramos Castro y el encargado de despacho de la Contraloría General, Francisco Javier Jiménez Olmos.
Los 20 policías viales identificados en videos en actos de corrupción están suspendidos y no reciben salario de parte del gobierno municipal.