Usa tácticas dilatorias el gobierno de Cuautepec para que no suspendan obra del deportivo, reprochan comuneros

Después de la audiencia en el Tribunal Unitario Agrario 41 (TUA 41), el asesor de comuneros de Cuautepec, Ramón Gracida González reprochó que el Ayuntamiento utilice una “táctica dilatoria” para que no haya una resolución a la demanda de nulidad de la asamblea “amañada” del 30 de octubre de 2016, que aprobó la construcción de la unidad deportiva en la comunidad de Palo de Arco.
Por su parte, el secretario general del Ayuntamiento, Obed Lauriano Marquecho, estuvo presente en la audiencia en el Tribunal Unitario Agrario 41, con sede en Acapulco, y declaró a reporteros que el problema ha “rebasado la situación y se convirtió en una cuestión política”, ya que considera que a los comuneros no les interese el cuidado del ambiente.
La audiencia programada al mediodía, duró una hora, y en ella estuvieron el secretario general del Ayuntamiento de Cuautepec, Obed Lauriano; la síndica, Roselia Figueroa; y la secretaria del comisariado de los bienes comunales, Gisela Armenta, con otros comuneros.
Ahí, el magistrado del TUA solicitó a las partes sentarse a dialogar para llegar a un acuerdo, e informó que no procedió la suspensión de la obra porque no se ha demostrado que hay perjuicio a la comunidad.
Además, pidió a ambas partes presentar documentación para defender lo que cada uno señala; en el caso de los comuneros, que existe daño ecológico; y por parte de la autoridad, que es un beneficio para la comunidad y que no afecta el ambiente.
Al salir, el asesor de los comuneros, Gracida González declaró que es “una táctica dilatoria por parte del Ayuntamiento, para que ellos sigan trabajando y después puedan chantajear a la gente de que ya está construida la obra”.
Reprochó a las autoridades municipales de Cuautepec “que quieren ganar tiempo para que se siga construyendo, a pesar de que el magistrado dijo que si al final hay una sentencia a favor de la nulidad, todo será demolido, y quedará en manos de los comuneros”.
Aunque citó que el magistrado del Tribunal “también dijo que una deficiencia nuestra es que no hemos demostrado el daño ecológico, que si lo demostramos él iba a ordenar una suspensión; pero se supone que eso lo demostró la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, porque sancionó e interpuso una multa (al alcalde)”.
Por ello acudirán el próximo martes a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para hablar con las autoridades, porque se “ampara”, dice que sí hay daño ecológico, pero la Profepa dice que no, porque no hay una resolución del magistrado, “entre ellos se echan la pelota”.
“Claramente, la Semarnat, la Profepa y el Ayuntamiento están en clara confabulación, pero nosotros acusamos al delegado de estar tomando una determinación que es un contrasentido, porque la Semarnat para cuidar el medio ambiente, y que el magistrado dijo que si ya se hubiese demostrado el daño ecológico iba a suspender la continuación de la obra”, dijo.

 

Pide Asuntos Agrarios a comuneros de Alpoyeca “hacer las paces” con los que invadieron sus tierras

Comuneros legalmente constituidos de Alpoyeca informaron que el subsecretario de Asuntos Agrarios, Fernando Jaimes Ferrel, les pidió que deben hacer alianzas con las personas que invadieron sus tierras para que no haya más problemas.
Vía telefónica, uno de los comuneros, Florentino González Ayala dijo que este lunes se llevó a cabo una reunión privada en una de las oficinas de Palacio de Gobierno donde estuvo el subsecretario de Asuntos Agrarios, quien determinó que “se deberían hacer las paces” con los invasores de los terrenos.
González Ayala dijo que, “estamos decepcionados con la respuesta porque cómo vamos hacer una alianza con las personas que nos quitaron nuestros terrenos, nos quedamos en duda porque la parte contraria ya habló con el subsecretario y no sé qué le hayan propuesto”.
Dijo que todos los comuneros están en desacuerdo con la propuesta porque los terrenos invadidos son comunales, y también porque hay personas que compraron más de un lote, y que no los ocuparán para vivir sino para negocios.
Señaló que el subsecretario les propuso que hicieran una depuración de las personas que tienen más de dos terrenos, lo que el comunero consideró imposible de hacer porque quienes compraron más de dos lotes no van a querer que les den sólo uno.
Ante tal situación, González Ayala informó que demandarán a las personas invasoras ante Tribunal Unitario Agrario para la restitución de las tierras.
El 19 de enero, los comuneros denunciaron que el alcalde del PT de Alpoyeca, Osiel Humberto González Almazán, la síndica Rosaura Moreno Ríos, y el ex representante de bienes comunales de Alpoyeca, Rigoberto Almazo González vendieron de manera ilegal sus tierras, y a pesar de que los comuneros han denunciado el problema, las autoridades estatales han hecho caso omiso.

Destruye el Ayuntamiento viviendas de comuneros de Alpoyeca y vende sus terrenos, denuncian

Comuneros legalmente constituidos de Alpoyeca denunciaron que el alcalde del Partido del Trabajo (PT), Osiel Humberto González Almazán, la síndica Rosaura Moreno Ríos y el representante de bienes comunales, Rigoberto Almazo González venden de manera ilegal sus tierras, ya han vendido mil lotes a 3 mil pesos cada uno.
En conferencia de prensa en el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP) en Chilpancingo, seis representantes de los 174 comuneros de Alpoyeca denunciaron los hechos.
Uno de los comuneros, Florentino González Ayala dijo que los están despojando, que les quitaron más de 40 hectáreas de terreno de uso común de manera ilegal y que ya vendieron más de mil lotes a 3 mil pesos cada uno. Los terrenos son vendidos a pobladores locales y de municipios aledaños.
Aseguró que han acudido con varias instituciones como la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum), la Procuraduría Agraria y con representantes de Gobernación municipal para denunciar estos abusos, pero no han tenido respuestas favorables.
En la conferencia mostraron fotos donde se observa que maquinaria pesada destruye las casas de algunos comuneros, “el mismo Ayuntamiento está prestando la maquinaria para destruir las casas, son cuatro casas que han destruido”, manifestó González Ayala.
Recordó que el problema inició el 16 de diciembre de 2015 cuando los terrenos se empezaron a vender.
Desde que entró la actual administración, González Almazán tiene reuniones con la síndica y con el representante de bienes comunales para despojar a los comuneros de sus terrenos, donde hay al menos 70 familias afectadas.
González Ayala expresó, “incluso las autoridades municipales crearon un grupo de choque con gente armada que intimida a los comuneros”.
Dijo que los comuneros pidieron ayuda a los militares pero éstos sólo se dirigieron al Ayuntamiento, el alcalde le habló a sus pistoleros para que guardaran las armas y cuando fueron los soldados ya no había armas, “el mismo Ayuntamiento está involucrado”, reprochó González Ayala.
Agregó que lo único que están haciendo los funcionarios es destruir los árboles, los campos y plantas que están en peligro de extinción pero no les importa pues también destruyen las siembras de los comuneros como milpas y el frijol.
Los comuneros pidieron que se detenga todo tipo de trabajo que tienda a destruir lo que tienen en el terreno, que se llame al delegado de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y el comisariado de bienes comunales, Rigoberto Almazo celebre una asamblea.

Liberan a los comuneros de Tlacoapa; esperan castigo contra los de Moyotepec



Teresa de la Cruz Chilpancingo

La noche del sábado 29 fueron liberados por falta de elementos para enjuiciarlos, los cuatro campesinos de Tlacoapa que permanecían encarcelados en el penal de esta capital tras haber sido detenidos por sus vecinos de Moyotepec, acusados de sembrar amapola en la tierra que se disputan desde hace más de 120 años.
En una improvisada conferencia de prensa ese día, el abogado de los comuneros de Tlacoapa y dirigente de la CNC no oficial, Evencio Romero Sotelo, informó que la excarcelación de Higinio Lara Toledo, Pedro Olivares Herrera, Celerino Lara Toledo y Hermenegildo Vicario Herrera “demuestra claramente que las pruebas les fueron fabricadas”.
Los campesinos fueron detenidos el jueves 20 de abril –junto con el menor, Héctrod Lara Galeana– cuando, según versión del presidente de los Bienes Comunales de Ocoapa, Natalio Solano González se encontraban sembrando amapola; éstos permanecieron en la comisaría de Moyotepec hasta el sábado 22, día en que fueron entregados a la Procuraduría General de Justicia en el Estado, que los presentó después a la PGR.
Posteriormente el lunes 24, dieron formal prisión a los cinco detenidos, cuatro de ellos encarcelados en el Cereso y el menor fue trasladado al Albergue Tutelar para Menores Infractores; al siguiente éste obtuvo su libertad provisional.
Fue hasta las 11:30 de la noche del sábado 29 cuando los cuatro comuneros encarcelados, fueron liberados “por falta de elementos para procesar”, dijo Romero Sotelo.
Dijo que también influyó en la decisión del juez Primero de Distrito del ramo penal con sede en esta capital, los informes que presentaron el secretario de Seguridad Pública, Juan Heriberto Salinas Altés, con relación a que, en la zona de conflicto “no hay siembra de estupefacientes”, así como el procurador de Justicia, Eduardo Murueta Urrutia, respecto a que los policías ministeriales “actuaron en razón de que (los comuneros de Moyotepec) iban a linchar a los cinco campesinos”.
Agregó que lo que ahora esperaba él y sus representados es que, la PGJE “actúe igual de rápido para consignar a los comisarios de la Lucerna, San Juan de las Nieves y Moyotepec por haber secuestrado a los compañeros, y que también ejerza acción penal en contra de los autores intelectuales: Natalio Solano y (el abogado de los de Ocoapa) Jesús Escobedo”.
Dijo que como respaldo de su petición existe el oficio 620/2006 de la PGR, a través del cual esa dependencia “determinó que se configuró el delito de secuestro en contra de los cinco campesinos y lo turnó a la PGJE. A través de ustedes (los medios de comunicación) exijo acción penal”.
Romero advirtió que en tanto eso no ocurra, “no habrá pláticas” para solucionar el conflicto agrario que mantiene con Ocoapa. Agregó que mientras eso ocurre, en el transcurso de esta semana realizarán acciones de presión para que el 21 Tribunal Colegiado de Circuito –con sede en Acapulco– resuelva su demanda.

Piden comuneros de San Juan Totolcintla parar el Procede; no se nos consultó, dicen

Teresa de la Cruz Chilpancingo

Comuneros y ejidatarios de San Juan Totolcintla, municipio de Apango, pidieron ayer al gobierno del estado su intervención ante el delegado de la Procuraduría Agraria (PA), Fernando Jaimes Ferrel, para que detenga la aplicación del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede), pues afirmaron que éste ha provocado que en esa zona surjan conflictos por linderos.
El vocero de los inconformes, Melquiades García Ríos dijo ayer que el pasado 25 de febrero, uno de los líderes sociales que hay en esa localidad, Fortino Cazares Cabrera convocó a una asamblea para informar acerca del Procede y además advirtió que de aceptarlo no perderían el beneficio del Procampo.
García Ríos indicó que para el 28 de ese mismo mes, Cazares Cabrera solicitó a la delegación de la PA, que enviara una comisión de técnicos para que comenzara a medir los terrenos, pues “habían dado su anuencia los ejidatarios”, aunque precisó que fueron sólo 23 de los 167 que debieron participar en la asamblea.
En conferencia de prensa, señaló que además de un generalizado rechazo por parte de la mayoría de los ejidatarios, “porque el recorrido sobre los limites no fue avalado”, lo que ha ocasionado la PA es el surgimiento de una serie de conflictos agrarios en esa zona, “tenemos problemas con nuestros vecinos”.
Acompañado del presidente del Consejo de Vigilancia de los Bienes Comunales de San Juan Totolcintla, Domitilo Bernabé Romero, García Ríos pidió al gobierno y en particular al subsecretario para Asuntos Agrarios, Esaú Tapia Abarca intervenga ante el delegado de la PA, para que detenga los trabajos técnicos del Procede en esa localidad “porque no hay información clara y tampoco están todos los ejidatarios que pueden avalar esa medida, ya que han emigrado”.
El vocero se quejó de que Jaimes Ferrel no haya tomado en cuenta su inconformidad y sí en cambio haya continuado aplicando el Procede, dijo que a éste han enviado dos oficios en los que piden la suspensión del Programa “porque la asamblea estuvo manipulada, pero hasta ahorita no hemos obtenido respuesta”.
Luego mencionó que la negativa de los comuneros y ejidatarios a pertenecer al Procede es “porque éste no garantiza nada, ni resuelve nada y más bien lo que hace es dividirnos, entonces no se vale que por que somos indígenas nahuas que apenas si hablamos el español, se quieran burlar de nosotros”.

Sale del Tutelar uno de los comuneros de Tlacoapa detenidos por Moyotepec

Teresa de la Cruz Chilpancingo

La madrugada de este martes fue puesto en libertad bajo caución el menor Héctor Lara Galeana, remitido el lunes pasado al Albergue Tutelar para Menores Infractores, acusado –junto con otros cuatro campesinos de Tlacoapa que aún permanecen encarcelados en el Cereso– de delitos contra la salud, por sus vecinos de Moyotepec, informó ayer el asesor y dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC) no oficial, Evencio Romero Sotelo.

Más tarde, autoridades agrarias y comuneros de La Sabana y El Capulín presentaron una queja ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, en contra del agente del Ministerio Público especializado en Asuntos Indígenas, Joaquín Juárez Solano por ejercicio indebido de la función pública.

La inconformidad incluye también al presidente de los Bienes Comunales de Ocoapa, Natalio Solano González; a los comisarios de San Juan de las Nieves, Moyotepec y La Lucerna, así como al asesor legal de éstos, Jesús Escobedo González, por privación ilegal de la libertad en contra de los cinco campesinos detenidos.

En tanto, el secretario General de Gobierno, Armando Chavarría Barrera adelantó que por haber sido “secuestrados” los comuneros de Tlacoapa, se va a aplicar la ley en contra de quienes cometieron ese acto, porque “no puede haber una aplicación parcial de la justicia”.

Consultado luego de que presentaron la queja ante la Codehum, Romero Sotelo, informó que por la madrugada fue “liberado bajo caución”, Héctor Lara Galeana de 17 años de edad, quien fue recluido al Albergue Tutelar; dijo que lograron esa acción legal, debido a que no “hay pruebas suficientes que lo culparan”.

Afirmó que también este martes acudieron ante el Juzgado Primero de Distrito del ramo penal con sede en el Cereso de Chilpancingo “para presentar todas las pruebas y testimoniales que se desahogaran, esperamos que haga lo suyo el procurador de Justicia (Eduardo Murueta Urrutia) y de ser así, estamos seguros de que el sábado estarán dictando auto de libertad a los cuatro compañeros”.

Sobre la queja, Romero informó que ayer presentaron el documento y lo ratificaron las autoridades agrarias de Tlacoapa, precisó que éste va en contra de Joaquín Juárez Solano así como de Natalio Solano, de Jesús Escobedo y de los comisarios de San Juan de las Nieves, Moyotepec y La Lucerna.

Dijo que en una breve reunión que sostuvieron con el presidente de la Codehum, Juan Alarcón Hernández, tras exponer la problemática que enfrentan, éste se comprometió a intervenir ante la PGJE, para que se integran las denuncias penales en contra de Natalio Solano y Jesús Escobedo como los autores intelectuales del secuestro de sus cinco compañeros, así como también en contra de los comisarios de Moyotepec, La Lucerna y San Juan de las Nieves, por ser los autores materiales.

El dirigente cenecista añadió que el ombudsman instruyó al visitador general de la Comisión, Hipolito Lugo Cortes para que empiece a trabajar sobre la recomendación contra el agente del Ministerio Público Especializado en Asuntos Indígenas.

La detención y encarcelamiento de los cinco campesinos fue “un acto ilegal”: Chavarría

Consultado por reporteros al final de la firma de convenio entre la Codehum y el Cecyteg, acerca de las detenciones Chavarría dijo que “ahí hay una asunto que se está litigando en la agencia del MP federal, vamos a ver cómo va la situación, yo personalmente creo que se tiene que desahogar de manera rápida este asunto, vamos a hablar con el delegado de la PGR (José Martín Godoy Castro), para ver si hay elementos o pruebas para que esta gentes continúen allí”.

Admitió que esta situación “viene a complicar más el problema agrario, entre El Capulín y Moyotepec; incluso ya la gente de Tlacoapa ha dejado roto las platicas”.

Acerca de si en efecto los cinco campesinos detenidos realmente tenían bajo su posesión semillas de enervantes, el funcionario estatal refirió: “no sabría decir, yo no me atrevería a dar una opinión, porque las personas que fueron detenidos y que fueron trasladadas a al agencia del MP federal, ustedes saben que tenían algunos días retenidos o para decirlo más claramente secuestrados, estaban privados de la libertad”.

“Entonces hay una supuesta posesión de semilla de enervantes, pero a mí no me consta que realmente la hayan traído, entonces es un asunto que se está litigando en la instancia legal”, indicó.

Agregó que por el secuestro de los campesinos el gobierno va a actuar de manera penal en contra de los captores, pues afirmó que “fue un acto de ilegalidad y si se actúa por un lado pues con todo el rigor de la ley, también se tiene que actuar del otro lado con todo el rigor de la ley, no puede haber una aplicación parcial de la justicia”.

Sobre la renuncia del titular de la Secretaría de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame, Chavarría indicó que respetaba la decisión del ex funcionario, “pero nosotros vamos a continuar atendiendo el problema, seguramente el nuevo secretario los hará también y el subsecretario (Gilberto Hersberger) estará muy al pendiente de este asunto”.

Rechazan comuneros de Temalacatzingo, en Olinalá, el Procede por cuarta ocasión

Carmen González Benicio Tlapa

Unos 800 comuneros de Temalacatzingo, municipio de Olinalá, rechazaron por cuarta ocasión que se aplique el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede) en sus tierras comunales que desde el 27 de marzo de 2004 intenta realizar la representación de la Procuraduría Agraria (PA) en la región.

Después de ser plantados el 9 de abril por el residente de la PA, Miguel Ángel Bello Rivera, el subdelegado de asuntos jurídicos y Raymundo Santiago, jefe del departamento operativo del Procede, los campesinos convocaron a otra asamblea que se realizó el domingo 23 en esta comunidad nahua con la presencia de 800 comuneros.

En la reunión convocada por Juan Villa Hernández, presidente del Comisariado de Bienes Comunales se rechazó el Procede, después de la explicación que brindaron las autoridades agrarias sobre el mismo y al no dar respuestas concretas a los comuneros.

Las autoridades no especificaron que las mediciones son en línea recta, sólo que se harían vía satélite y los comuneros ubican sus tierras con mojoneras, explicó Gaudencio Aguilar, miembros del área jurídica de Tlachinollan.

Agregó que los de la PA respondieron a otro comunero que las tierras no se privatizarán y para seguridad los diputados iban a sacar nuevas leyes para protegerlos, lo que desalentó al comunero pues dijo que de nada servía si los diputados no informaban de lo que hacían y ni regresaban a sus comunidades.

En tanto, los comuneros manejan desde 1955 un padrón interno y eligen a sus autoridades mediante los usos y costumbres y sí hay comuneros, comentó Villa Hernández.

De este modo al rechazar el Procede los comuneros sólo buscarán que las autoridades agrarias reconozcan y entreguen las credenciales a las autoridades elegidas por usos y costumbres, porque existen otras alternativas y sin entrar al programa de certificación.

Ante esta decisión los comuneros de Temalacatzingo demandarán a la PA, SRA y al Tribunal Unitario Agrario (TUA) por incurrir en responsabilidades al no adjuntar el padrón de comuneros en la carpeta básica que les entregaron, comentó Gaudencio Aguilar.

Después de ser rechazado el programa y antes de retirarse de la Asamblea, que duro seis horas, los de la PA repartieron volantes con información del Procede, lo que se tomó como una ofensa para los comuneros, dijo Villa Hernández.

Abundó que las autoridades agrarias se contradicen al decir que no hay comuneros en ese núcleo agrario pero para implementar el Procede se necesita una Asamblea de Comuneros, entonces son o no, se preguntó.

Lamentó que no los apoyen para resolver los conflictos por invasión de tierras que están teniendo con los ejidatarios de su mismo municipio.

En el transcurso de la asamblea se leían pancartas que decían “la tierra era de quien la trabaja”.

Los comuneros pedirán que la comisión mixta formada por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Conadepi), la Secretaría de Asuntos Indígenas del estado (SAI), Tlachinollan, la PA y el Congreso local, busque la manera de que sean reconocidos y regularizados como tales porque para ellos el Procede es un caso cerrado y sí existen otras alternativas para ser reconocidos.

Los comuneros culparon a la PA de generar la división de los habitantes por su “necedad” de aplicar el Procede y de tratar de convencerlos de que era la única forma de tener el título de comuneros ya que no existe un padrón.

Señalaron a una persona de nombre Porfirio Quiroz Díaz, que promovía la introducción del Procede y les pedía dinero casa por casa para hacer las gestiones.

“Todo tiene un límite”, dicen comuneros de Zapotitlán a los gobiernos federal y estatal

Se niegan a resolver por la vía pacífica el litigio con Acatepec, dicen

 La Procuraduría Agraria pretende ejecutar “a como dé lugar”, el convenio mediante el cual a sus vecinos se les otorgó 60 por ciento del terreno en disputa, denuncian en Chilpancingo

 Ezequiel Flores Contreras Chilpancingo

“Todo tiene un límite y Zapotitlán ya no aguanta más”, dijeron comuneros de este municipio que denunciaron ayer que los gobiernos estatal y federal se niegan a resolver por la vía pacífica el conflicto agrario con sus vecinos de Acatepec con quienes disputan mil 800 hectáreas .

Asimismo acusaron que la Procuraduría Agraria pretende ejecutar, “a como dé lugar”, el convenio mediante el cual a Acatepec se le otorgó 60 por ciento del terreno en disputa.

En conferencia de prensa, cuatro comuneros, encabezados por Mardonio Pérez Merino, informaron que por la mañana acudieron a las oficinas de la Procuraduría Agraria para entregar un escrito, en el que solicitaban la expedición de una convocatoria para renovar los órganos de representación y vigilancia comunal de Zapotitlán Tablas.

Pero el subdelegado jurídico de la dependencia federal los remitió a la ciudad de Tlapa, con el jefe de residencia de la Procuraduría Agraria, Miguel Bello, para hacer el trámite.

“Estamos cansados de que se burlen de nosotros y nos traigan dando vueltas”, expresó Ludovico Vázquez García, otro comunero inconforme, quien aseguró que “todo tiene un límite y Zapotitlán ya no aguanta más”.

Señalaron que las autoridades estatales y federales son responsables de que ese municipio atraviese por dos conflictos al no intervenir a tiempo para la solución de los problemas. El primero, netamente agrario, que de no resolverse a tiempo –aseguran– podría desencadenar un enfrentamiento entre comuneros de Acatepec y Zapotitlán.

El otro, de carácter político, que continúa cobrando vidas a raiz de la disputa por el control entre las organizaciones sociales afines al PRI, LARSEZ y Antorcha Campesina, y que hasta el momento el saldo es de por lo menos una docena de muertos y un alcalde panista con licencia buscando a toda costa inmunidad.

Hasta el momento, 55 de 101 comuneros de Zapotitlán han desconocido al presidente de los Bienes Comunales de ese municipio, y reiteraron que de igual forma el convenio suscrito entre supuestos comuneros de Zapotitlán y Acatepec es “una farsa”, pues nunca se tomó en cuenta la opinión de la mayoría.

Comuneros de Cacahuatepec aprueban que la CFE continúe los estudios preliminares de La Parota

 

 En la asamblea, a la que asistieron unos 40 inconformes, no se pasó lista para verificar la asistencia de más del 50 por ciento más uno de los ejidatarios con derechos como marca la ley

 Karina Contreras Cacahuatepec

Campesinos de 22 pueblos de los Bienes Comunales de Cacahuatepec acordaron ayer por mayoría, en una asamblea ejidal que duró apenas 12 minutos, permitir que continúen los estudios preliminares de la presa hidroeléctrica La Parota.

La decisión se tomó a mano alzada, sin la presencia de uno de los grupos opositores al proyecto, con el aval de los alcaldes priístas de Chilpancingo y Tierra Colorada, y sin que se pasara lista para verificar la asistencia del 50 por ciento más uno de los campesinos con derechos, aunque fue evidente que había unos 2 mil participantes y no los 3 mil 640 requeridos conforme a la ley.

Unos 40 inconformes encabezados Mauro Gallegos Salgado advirtieron que impugnarán la asamblea, la calificaron “como amañada”, y culparon de la manipulación “a la CFE y a las autoridades”.

Aunque no pasaron lista para comprobar la asistencia a la asamblea, el presidente de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, Crecencio Jerónimo Aparicio, dijo que estaban presentes “aproximadamente 3 mil 640 comuneros”, es decir, el 50 por ciento más uno de los ejidatarios con derechos, con lo que la asamblea y sus acuerdos serían válidos. Sin embargo, los reporteros calcularon menos de 2 mil asistentes, y los agentes de Gobernación hablaban de mil 500.

Debido a que se preveía violencia entre los que apoyan la presa La Parota y los que se oponen, resguardaron la comunidad de Cacahuatepec alrededor de 300 policías motorizados, preventivos y comunitarios.

La asamblea acordada en Casa Guerrero el 15 de abril –según fuentes que estuvieron en esa reunión consultadas por este medio– duró exactamente 12 minutos; comenzó a las 12:30 y fue clausurada a las 12:42 por el presidente de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, Crecencio Jerónimo Aparicio.

Lejos de las dos asambleas austeras del pasado, donde la CFE intentó que se aprobará el proyecto La Parota, ahora las autoridades ejidales y los funcionarios estuvieron en un templete de aproximadamente un metro y medio de alto por dos de ancho con toldo y un equipo de sonido de gran alcance.

En el presidium estuvieron las autoridades ejidales, encabezadas por Crecencio Jerónimo Aparicio; el subsecretario para Asuntos Agrarios del gobierno estatal, Esaú Tapia Abarca; el delegado de la Procuraduría Agraria, Fernando Jaimes Ferrer; los alcaldes de Chilpancingo y Tierra Colorada, Saúl Alarcón Abarca e Ismael Ávila Romero.

Incluso, para dar legalidad a la asamblea estuvo el notario público Robespierre Robles, destacado miembro del PRI, y en el templete había funcionarios de la CFE.

A las 12:30 comenzó la asamblea ejidal con la intervención del presidente de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, Crecencio Jerónimo Aparicio, quien leyó la convocatoria y dijo que esa asamblea era “válida”, pues se veía la “multitud de mucha gente” y que el proyecto traerá bastantes beneficios.

Luego, sin pasar lista de asistencia ni verificar que hubiera quórum legal para la validez de la asamblea, el presidente sometió a votación el punto tres para permitir los estudios técnicos, socioeconómicos y estudios y construcción de una línea de transmisión de energía eléctrica de alta tensión de San Isidro Gallinero a La Canastilla.

“¿Están de acuerdo que se terminen los estudios preliminares del proyecto La Parota y que la CFE informe si es viable la construcción de la presa?”, preguntó el presidente, e inmediatamente levantaron la mano la mayoría de los comuneros, y Jerónimo Aparicio declaró la continuación de los estudios preliminares de la presa La Parota, en tan sólo cinco minutos de los 12 que duró la asamblea.

Agregó que los comuneros fueron a decidir la aprobación del proyecto, y no que unos cuantos que se oponen que determinen lo que la mayoría quiere.

Jerónimo Aparicio dijo que si la presa se llega a hacer deben apoyar a los compañeros afectados para que se les pague de acuerdo a lo que valen sus tierras, y que se les paguen directamente, sin la intervención de los líderes, para que nadie los engañe.

Y luego dijo a los asistentes: “ahí hay unas mesas para que pongan su nombre y esto se determine de manera transparente y la mayoría sea quien determine”.

Integrantes de uno de los grupos inconformes con el proyecto La Parota empezaron a gritar que los que estaban aceptando la continuación de los estudios eran “gente vendida y que ni siquiera eran comuneros”.

“No se está manejando transparente el comisariado, pues hay pura gente pagada”, “No se vale compañeros, esa asamble es ilegal”, “Vamos a impugnar”, fueron los gritos de los inconformes.

Ante esto, Crecencio Jerónimo Aparicio dijo: “Compañeros, por lo tanto siendo las 12 horas 42 minutos se clausura la asamblea y pasen a la lista de asistencia”.

Luego, las autoridades se levantaron para abandonar el templete, pero antes de hacerlo, el secretario de Asuntos Agrarios, Esaú Tapia Abarca, y el presidente de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, Crecencio Jerónimo Aparicio, dieron sus opiniones sobre esa asamblea y coincidieron que fue legal. Aquí las respuestas textuales a las preguntas de los reporteros.

Es la voluntad del pueblo: subsecretario de Asuntos Agrarios

–Señor Esaú Tapia ¿se considera legal esta asamblea de cinco minutos donde se aprobó la continuación de los estudios de la presa La Parota?

–Bueno, la legalidad se la dio lo que ustedes vieron. Es la voluntada de todo el pueblo, hay quórum legal.

–¿Cuántos asistieron?

–Bueno, pues todo el pueblo. Ustedes lo vieron, todos los anexos aquí están.

–¿Cuántos exactamente tienen en el padrón registrados?

–Bueno, de acuerdo al reporte anunciado por los líderes y por los representantes de los Bienes Comunales hay más de 3 mil 700 gentes. Es el reporte, y ya nada más se pasa a firmas contra 40 gentes inconformes.

“Por eso se quiso que esto fuera muy transparente, debe quedar muy claro que la gente solamente venía a decidir si continúan los trabajos técnicos o no, y la gente decidió que sí se continúe con los trabajos, no se venía a acordar otra cosa.

“No es para aprobar o no la expropiación, sino es apenas es para retomar los trabajos técnicos para que la CFE pueda concluir sus estudios, para ver si es viable o no el proyecto.

“Es una asamblea madre, pues es la comunidad más grande de todos los núcleos agrarios por eso la importancia de la misma.

“Hubo convocatorias previas, y se lanzaron con diez días de anticipación, y se fijaron en todos los anexos.

“La asamblea es válida porque salta a la luz los más de 3 mil 700 gentes contra 40 inconformes, por lo que no hay discusión.

“No hay duda de que le mayoría de Cacahuatepec están de acuerdo en que se reanuden los estudios técnicos”.

–¿Hay resistencia de una fracción disidente?

–Para el gobierno del estado, como lo ha dicho el gobernador René Juárez Cisneros, es muy importante (La Parota), pero corresponde a la asamblea decidir y ya decidió.

“Desde luego el gobierno del estado coadyuvará y seguirá vigilando los pasos a seguir de aceptar, en otra asamblea similar, que hay viabilidad del proyecto.

“Se hará otra asamblea para la reunión cuando se determine la ocupación previa, la construcción de casas, todo lo que esté a favor de los campesinos, todos sus derechos serán respetados.

“El gobierno será garante de que en caso de que se logre este proyecto y de que se expropien las tierras, se les pague conforme a los avalúos previamente establecidos, que se reubiquen las casas para que venga el desarrollo a esta zona,                 porque urge.

–¿El gobierno mete las manos al fuego por la CFE?

–Nosotros metemos las manos al fuego por los campesinos, defendemos los derechos de los campesinos.

–¿Esta asamblea no crea sospechas, pues hubo una reunión privada el 15 de abril en Casa Guerrero con líderes priístas y que han denunciado …?

–Esa reunión fue la invitación para el gobierno del estado para que estuviéramos aquí, para eso fue.

–¿Esta asamblea no se negoció entonces en casa Guerrero?

–No, de ninguna manera, la reunión del 15 fue para que las autoridades invitaran al gobernador para que asistiera.

–¿Era válido que estuvieran líderes priístas y no los comuneros inconformes a La Parota en esa reunión tan importante?

–En esa reunión estuvieron las personas que yo señalé. Los líderes que estuvieron ahí son comuneros y fueron parte de la comisión que fue a invitar al gobernador y la comisión que está analizando la viabilidad del proyecto.

–¿Los inconformes puedan impugnar la asambles ante un Tribunal Agrario?

–Claro. Hay una formalidad previamente cumplida, y el derecho de impugnar está en la ley, pero hay una formalidad.

El gobierno va a dialogar con todos, y el siguiente paso es dialogar con los inconformes. El gobierno es coadyuvante, mediador, pero quien decide si se hace el proyecto o no es la comunidad.

Los que estaban era un aproximado: Crecencio Jerónimo

–Comisariado Crecencio Jerónimo, ¿cómo se tomó en cuenta que había mayoría en la asamblea?, pues aunque levantaron la mano la mayoría de los presentes cómo saber si eran el 50 más uno como lo marca la ley ejidal.

–Nosotros, a través de los comisarios municipales de los lugares de los anexos, porque cada uno trajo un número determinado de gente.

–¿Se comprobó que esa gente llegó?

–Por eso hicimos una reunión previa para ver si iban a venir.

–¿Cuántos comuneros asistieron a la asamblea?

–A través de los comisarios o líderes, la lista es de 3 mil 640 comuneros. Hay unos que apenas están llegando.

–¿Quiere decir que cuando se aprobó la continuación de los estudios no estaban los 3 mil 640 que necesitaban?

–Eran aproximadamente, pero se contaba con los resultados (listas comprometidas en una reunión previa) de los comisarios.

–Comisario, ¿le dio dinero la CFE?

–No, de ninguna manera. La asamblea no es para construir la presa, por lo tanto no es un hecho que se va hacer.