La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de la Casa de Justicia Matriz de San Luis Acatlán  en un comunicado señaló que el asesinato del coordinador de enlace en Tixtla, Irineo Salmerón Dircio, se enmarca en una ejecución extrajudicial, que además es claro que se busca atentar directamente contra la organización y criminalizarla en todas su actividades en todo el territorio, por lo tanto exige el esclarecimiento de los hechos y que sean castigados los responsables.
El miércoles el profesor  Salmerón Dircio fue privado de su libertad cuando se dirigía a su centro de trabajo, en la primaria de la comunidad de Zoquiapa, donde nunca llegó. De inmediato los policías comunitarios hicieron la búsqueda en los alrededores de Tixtla sin tener éxito.
El viernes fue hallado sin vida junto a otro cuerpo en una comunidad de Chilapa, ahí también fue localizado un mensaje de un  grupo criminal: “Esto les paso x no alinearse con el jefe, y esto va para todos los comunitarios chaqueteros, la mera riata es la mera riata. Atte: Los Jefes”.
Ante estos hechos la CRAC de la Casa Matriz emitió un comunicado en el que se lee: “El cargo de coordinador del Comité de Enlace que desempeñaba el profesor Irineo Salmerón es un nivel de dirección, que se depositó en el mejor hombre que la asamblea eligió, por ser la mejor carta que tenía en la región. Reconocemos su entrega y coraje al proyecto comunitario”.
Manifiesta que pese a la denuncia penal que interpusieron los familiares en el Ministerio Público de Tixtla  por la desaparición, las autoridades municipales, estatales y judiciales no actuaron ni participaron en su búsqueda, argumentaron que el protocolo de búsqueda debía cumplirse, es decir esperar 72 horas (tres días) para iniciar el proceso de investigación.
Por lo tanto reclama que “esta falta de búsqueda e investigación permitió la libre movilidad y acción de los perpetradores que han ejecutado a nuestro compañero Irineo”.
En el escrito se indica que por tal omisión y la sabida colusión de las autoridades con el crimen organizado en la zona, este caso se trata de una ejecución extrajudicial, que además busca atentar directamente contra la CRAC y criminalizar sus actividades en todo el territorio comunitario, que ha sido incluso realizada y tolerada por el Estado.
Agrega que Tixtla ha sido escenario a últimas fechas de una escalada de violencia generalizada, que se caracteriza por la impune participación de grupos armados supuestamente vinculados con bandas del crimen organizado que se disputan el control del territorio y las vías de comunicación.
Este mismo hecho provocó que la población se organice y exista en este municipio dos expresiones de Policía Comunitaria (PC), expone el comunicado.
Además en el escrito se hace un recuento de los últimos hechos de violencia en este municipio.
Resalta que el 19 de noviembre fueron encontrados nueve cuerpos decapitados y desmembrados, en el distribuidor vial que conecta con este municipio con Chilpancingo, Atliaca y Chilapa.
Señala que la violencia ha afectado a las organizaciones sociales y miembros del sector educativo en la región.
Habla de desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y dice que 14 de ellos son tixtlecos, tres estudiantes ejecutados y dos heridos de gravedad.
También que el 26 de noviembre de hace un año fueron ejecutados cuatro miembros de la Policía Comunitaria del barrio El Fortín, de la Casa de Justicia La Patria es Primero; el 4 de julio de este año fue ejecutado un profesor de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos en el centro de Tixtla, horas después fue hallado su cuerpo en las in mediaciones del basurero.
El 18 de septiembre fue encontrado asesinado el segundo comandante de la Policía Comunitaria de la colonia El Zapote, Celso Nava Isidro, en el libramiento Tierras Prietas, cerca de la caseta de cobro ubicada en Tixtla; el 4 de octubre fueron ejecutados en un presunto asalto dos estudiantes normalistas de cuarto grado de Ayotzinapa Jonatan Hernández Morales y Filimón Tacuba Castro y el 28 de octubre fue hallado asesinado el policía comunitario de la colonia El Zapote Albert Rafael Navarrete Reynada en el camino que conduce al basurero de la capital.
En los colindantes municipios de Chilapa y Zitlala existe un grave problema de desapariciones forzadas. Sólo en Zitlala en los últimos tres días fueron encontrados 32 cuerpos, cuatro cabezas humanas dentro de una hielera y dieciséis fosas clandestinas”, añade.
El boletín resalta que como pueblos originarios de Guerrero se preguntan ¿hasta cuándo van a permitir que sigan los asesinatos y ejecuciones de los guerrerenses?,  que en su caso responderán como CRAC-PC a esta agresión directa, organizándose en más comunidades, porque es hora de que el pueblo tome en sus manos el ejercicio de sus derechos de manera directa y contundente, “no basta con gritar en las calles”.
Por lo anterior subraya que  exige a las autoridades federales, estatales y municipales el esclarecimiento del asesinato del coordinador del Comité de Enlace, para que sean castigados los autores materiales e intelectuales. Exige al gobierno justicia, con una respuesta inmediata del Estado mexicano para que no quede impune la ejecución de su compañero.
Con el asesinato del coordinador de la CRAC se alientan los homicidios contra líderes sociales

El Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco) y el Comité de Familiares y Amigos Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero condenaron el asesinato del coordinador de enlace de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en San Luis Acatlán, Irineo Salmerón Dircio, además manifestaron que les queda claro que con esto el gobierno del estado pretende desactivar los movimientos sociales por medio de la cooptación, compra, división y destrucción de organizaciones populares independientes.
A las 6:45 de la mañana del pasado miércoles privaron de la libertad a Salmerón Dircio cuando se dirigía a su centro de trabajo en la primaria de la comunidad de Zoquiapa, a donde nunca llegó. El viernes pasado el cuerpo de Salmerón Dircio y el de otro hombre fueron encontrados envueltos con bolsas negras y con cinta café en el camino que conduce a la comunidad Lodo Grande y la colonia Claveles en Chilapa, a unos 500 metros del retén de militares.
En un comunicado del Tadeco y el Comité de Familiares se denunció que “en medio de un ambiente ya constante de inseguridad y violencia social, criminalización de la protesta social, imposición de políticas antipopulares y represión, el Estado Mexicano vuelve a cerrar la pinza contra el pueblo de Guerrero alentando el paramilitarismo y los asesinatos selectivos de dirigentes sociales”.
En el escrito se acusó que el gobierno del estado es fiel a sus compromisos con la clase política por la pérdida del control del país, que ha desarrollado en el estado y particularmente en la zona Centro una estrategia de desactivación del movimiento social por medio de la cooptación, compra, división y destrucción de organizaciones populares independientes, fomento de la militarización y paramilitarismo, protección  de grupos del narco con quienes mantienen alianzas estratégicas de poder y limpieza (asesinatos) de luchadores sociales, dirigentes populares y defensores de derechos humanos.
“Por ello condenamos el asesinato del profesor (Irinero Salmerón)… exigimos la acción inmediata de las autoridades judiciales correspondientes de manera transparente conforme a su propia legislación vigente, esclarecimiento de este vil asesinato, castigo a los culpables y justicia para las víctimas, sus familias y sus compañeros de organización”.
Además en el documento se  lee que el consentimiento del Estado es evidente y por ello es responsable de estos crímenes, que de lo contrario el Estado debe demostrar el hacer  justicia en el caso del profesor  y de todos los asesinatos extrajudiciales.