Una juez y tres magistrados del Poder Judicial del Estado, encabezados por Vicente Rodríguez Martínez, desecharon el testimonio de una niña de 2 años y 8 meses que detalló el abuso sexual del que era víctima por la pareja de su madre; así los servidores públicos absolvieron al acusado.
Pero la justicia federal dio un revés a la decisión de los magistrados del estado, y les ordenó dar valor a la declaración de la niña y que se pronuncien por la responsabilidad penal del acusado, que finalmente fue condenado a cinco años de prisión con algunos beneficios.
El abogado de la víctima, Pedro Ramírez Millán, anunció que demandará penalmente junto con la familia de la niña ante la Fiscalía General del Estado, a los tres magistrados de la Primera Sala Penal por su presunta responsabilidad en delitos contra la administración de justicia.
Más aun porque se trata de un tema muy sensible, porque es una niña de menos de 3 años a la que le negaron la justicia, y porque los casos de abuso sexual pueden concluir con un feminicidio.
Como integrante de la organización Renacer, que trabaja en defensa, orientación y apoyo para las niñas y los niños víctimas de abuso sexual, Yolanda Domínguez Flores denunció en entrevista que en el estado, el 80 por ciento de los casos de abuso sexual que se comenten contra niños y niñas quedan en la impunidad.
Narró que el abuso sexual de la niña ocurrió hace cinco años, la víctima que tenía 2 años 8 meses contó a su padre y abuela detalles de cómo la pareja de su madre Saúl Andoni Quintana Campos abusaba sexualmente de ella. Lo acusó a de frotar su pene en sus genitales hasta lastimarla.
En su declaración ante un Ministerio Público que consta en expedientes certificados, la niña con las limitaciones de leguaje por su edad, narró que Quintana Campos le tocaba y besaba la vagina, y la obligaba hacer lo mismo con su pene.
La familia paterna de la niña informó a la madre, pero no le creyó incluso le dijo a la niña que “si la lastimó fue por accidente”.
La madre de la víctima desestimó la acusación de la niña; sin embargo el padre y abuela denunciaron ante la entonces Procuraduría General del Estado (PGE), y el caso pasó al Juzgado Tercero Penal.
La juez a cargo era Rosalinda Sáenz Rodríguez, y pasaron tres años (de 2013 a agosto de 2016) para que emitiera una sentencia y ésta fue absolutoria para el violador.
De inmediato la defensa de la víctima apeló la resolución y el caso pasó a la Primera Sala Penal del Poder Judicial del Estado.
Yolanda Domínguez comentó que buscaron al diputado local perredista Jonathan Moisés Ensaldo Muñoz, que es presidente de la Comisión de la Juventud y el Deporte y secretario de la de Derechos Humanos del Congreso local, quien afirmó que buscaría a “su amigo” el magistrado Vicente Rodríguez Martínez quien presidía la sala para que revisara el caso.
La diputada priista Beatriz Alarcón Adame, que es la presidenta de la Comisión de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Congreso local, les dijo que acompañarían el caso, pero ambos legisladores “cerraron las puertas y ya no nos recibieron ni la llamada”.
La defensa de la víctima también visitó al magistrado Vicente Rodríguez Martínez, quien minimizó la denuncia penal por el delito de abuso sexual contra la niña, a simplemente un tema por la guarda y custodia.
En ese encuentro, Yolanda Domínguez y los abogados le pidieron al magistrado “únicamente que revisaran el caso y tomaran en cuenta la declaración de la niña, porque existían dos dictámenes por peritos en psicología, uno de la Procuraduría y otro de la Secretaría de la Mujer, además de la declaración ministerial de la víctima”.
Después la casa de la familia paterna de la niña fue atacada por hombres armados acompañados de tres mujeres.
El ataque fue a consecuencia de que retuvieron a la víctima para que no tuviera que regresar a casa de su madre donde se habían cometido los abusos sexuales.
Tras la agresión, la abuela y los abogados buscaron a la juez Norma Leticia Méndez Abarca (recientemente ratificada en el cargo el 31 de octubre pasado por el Congreso local, a propuesta del gobernador Héctor Astudillo Flores), a quien pidieron la guarda y custodia provisional como medidas cautelares.
Domínguez Flores presume una amistad muy cercana de la juez y la madre del agresor de la niña, “me consta que se saludan como comadres, así lo hicieron en una audiencia”. Norma Leticia Méndez negó la medida precautoria.
Pero finalmente la jueza tercera de lo familiar con residencia en Acapulco, Irma Graciela Lee González, concedió la guarda y custodia de la niña a la familia paterna. “Ella tuvo la sensibilidad de escuchar a la pequeña de viva voz decir lo que había sucedido, la forma en que fue objeto de abuso sexual, le mencionó cómo el agresor le tallaba su pene en la vagina y cómo el agresor la obligaba a que le besara su miembro y acariciara con sus manitas”, relató la integrante de Renacer.
La jueza Lee fue reconocida en julio de 2016 por el gobierno del estado con el Premio al Mérito Jurídico “Licenciado Alberto Vázquez del Mercado”, por su trayectoria y méritos como abogada.
La sentencia definitiva de la sala penal del Poder Judicial del Estado se dio el 16 de agosto del 2016, en la que los magistrados desecharon la acusación de la víctima.
En la resolución los magistrados dicen que la agraviada “por su corta edad, repite lo que escucha, pues es fácil que se grabe con facilidad lo que le dicen que diga; por lo que, al no estar asistida la menor en el momento de su declaración por un profesionista en psicología infantil, carece de veracidad su declaración; máxime que tampoco se tiene la certeza que también haya tenido la asistencia de un representante de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia”.
La resolución se dio en esos términos a pesar de que una de las declaraciones de la niña se realizó ante un perito en psicología de la entonces Procuraduría de Justicia del Estado, y representantes del DIF Guerrero, quienes presenciaron el temor y las reacciones de la víctima que intentaba ocultarse cuando había hombres cerca de ella, relató Yolanda Domínguez.
Con esa resolución, los magistrados acusaron a la familia paterna de manipular a la niña para que mintiera en su declaración ministerial sobre los abusos sexuales cometidos por la entonces pareja de su madre.
La defensa a cargo del abogado Pedro Ramírez Millán interpuso una demanda de amparo directo ante la misma sala responsable, y conoció el caso el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito con residencia en Acapulco.
Después de un año el tribunal colegiado federal resolvió y revocó la resolución emitida por los integrantes de la sala penal del Poder Judicial local.
En su resolución, la justicia federal desechó todas las argumentaciones de los tres magistrados sobre la valoración que hicieron de las pruebas.
Señaló que contrario a lo que afirmaron los magistrados del estado, la declaración de la niña abusada sí tiene valor probatorio, y ordenó a la sala responsable que dicte nueva resolución en la que se pronuncie sobre el cuerpo del delito, y la responsabilidad penal del acusado.
Además la justicia federal apunta en su resolución que no se da margen para valorar las pruebas, sino que ordena a los magistrados que sigan los lineamientos de la ejecutoria de amparo, que se refiere a que debe darse valor a la declaración.
Después del revés que les dio la justicia federal, los magistrados de Guerrero tuvieron que resolver la existencia del cuerpo del delito de abuso sexual y la responsabilidad penal del acusado.
En consecuencia, en sesión ordinaria del 18 de enero pasado los magistrados tuvieron que condenar al abusador a una pena de prisión de 5 años más multa.
Sin embargo la Segunda Sala Penal del Poder Judicial en la sentencia de 5 años, otorgó dos beneficios a favor del violador.
Porque no tomaron en cuenta la agravante de que el abusador tenía una posición privilegiada de relación que le permitía la cercanía a la menor porque él era pareja de la madre de la víctima.
El abogado explicó que al abusador le correspondía aplicar una mitad más de la pena a la que era acreedor.
Entonces tendrían que ser una pena de 7 años y medio, pero los magistrados decidieron dar la de 5 años para que pudiera acceder a los beneficios en su favor, que son trabajo a favor de la comunidad y tratamiento en semilibertad, con lo que podría decidir qué días de la semana se interna en el penal.
El abogado de la víctima Pedro Ramírez Millán explicó que el siguiente paso será analizar las resoluciones para determinar si existe responsabilidad por faltas o delitos, cometidos por los integrantes de la sala penal.
Los magistrados aplicaron una atenuante de la pena, con lo cual benefician al acusado.
El abogado Pedro Ramírez afirmó que el análisis de la responsabilidad penal fue “emitido bajo cánones de intereses”.
Ante este problema, adelantó que presentará denuncia penal ante la Fiscalía contra los tres magistrados que integraban la sala que absolvió como inocente al violador.
La denuncia penal será por presunta responsabilidad contra la administración de justicia y prevaricato.
“Con este caso se demuestra que la justicia en Guerrero está podrida, no existe, una niña pequeña no por ser pequeña, su voz y su cuerpo vale menos que le de un adulto”, reprochó Yolanda Domínguez.
Recordó que fueron 5 años de lucha, “para que esa niña sepa que se hizo justicia, y para mostrarle a las familias guerrerenses que se puede hacer justicia y que se puede castigar a quienes hacen daño a nuestros niños”.
Lamentó que ninguno de los tres poderes del estado se interesó por una niña de 2 años y 8 meses que fue abusada sexualmente por un hombre de 25 años.
El caso lo conoció la Secretaría de la Mujer, el DIF Guerrero, diputados del Congreso entre ellos la astudillista presidenta de la Comisión de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes Beatriz Alarcón, organismos defensores de derechos humanos, organizaciones feministas, una juez y tres magistrados que integraban en ese momento la Primera Sala Penal del Poder Judicial.
“Ninguna autoridad es sensible ante este tipo de situaciones, no sirven”, por eso Yolanda Domínguez adelantó que se iniciará una “batalla legal hasta que se castigue a los responsables”.
Después de que se consiguió la sentencia contra el violador, Yolanda Domínguez afirmó que con los abogados demandarán un nuevo proceso legal, ahora contra los magistrados, quienes ignoraron la declaración de la niña para no procurar justicia y dieron impunidad a Saúl Andoni Quintana.
Señaló como responsables de violar los derechos de la víctima a los tres magistrados encabezados por Vicente Rodríguez Martínez que en ese momento era el presidente de la Primera Sala Penal y ahora lo es de la sala civil.
También a Miguel Ángel Barrero Bello y Alfonso Vélez Cabrera que eran integrantes de la sala que absolvió al violador.
“Se tiene que hacer justicia, tienen que quedar exhibidos como corruptos que se encargan de torcer la ley”, comentó Yolanda Domínguez y advirtió que puede ser víctima de represalias por parte de los magistrados o del violador.
Pidió también la sensibilidad del gobernador Héctor Astudillo Flores, su esposa Mercedes Calvo Elizundia y el fiscal general del estado Javier Olea Peláez para que se investigue a los magistrados por vulnerar los derechos de una niña de apenas 2 años y 8 meses, al decidir que su declaración explícita del abuso sexual que sufría no era verdad.