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Condenan diputados de Morena trato de la Jucopo a sindicato del Congreso

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

Nueve diputados de Morena suscribieron un posicionamiento en contra del trato que la administración del Congreso local que encabeza la morenista Yoloczin Domínguez Serna da al nuevo sindicato de trabajadores Sentimientos de la Nación, porque que es contrario a los principios de ese partido político; demandaron respeto a los derechos laborales de los agremiados y los tres despedidos.
Este lunes el sindicato dio a conocer un documento firmado por las diputadas Leticia Castro Ortiz, Nora Velázquez Martínez, María Flores Maldonado y los diputados Masedonio Mendoza Basurto, Osbaldo Ríos Marique, Fortunato Hernández Carbajal, Alfredo Sánchez Esquivel, Antonio Helguera Jiménez, y Marco Tulio Sánchez Alarcón, fechado el 14 de marzo pasado, es decir hace dos semanas.
En el escrito firmado por nueve de los 22 diputados de Morena se apunta que es “con el ánimo de contribuir a la solución del conflicto” generado por la separación de su trabajo del líder del sindicato de trabajadores Fernando Martínez Román, y dos integrantes de esta organización, Ramón Núñez Campos y Alondra Reza Arzola.
Los diputados firmantes plantearon una “propuesta de solución para resolver de manera imparcial, reflexiva y democrática, respetando los principios de legalidad”.
Y posteriormente señalan: “coincidimos en que habiendo rebasado la línea de los acuerdos llevados a cabo por la Junta de Coordinación Política (Jucopo), y teniendo presente que ya es del dominio público, ocasionando con esto que la capacidad de solución política de la fracción mayoritaria que recae en Morena quede expuesta a que la opinión pública califique como insensible y falta de observación a la legalidad laboral que nos rige”.
En seguida se apunta que los diputados firmantes acordaron llevar el tema a discusión al interior del grupo parlamentario “la solución colectiva de este conflicto y de la problemática que representa la creación del nuevo sindicato, por tal motivo hacemos un llamado respetuoso para que de manera inmediata y efectiva sean reinstalados a sus actividades laborales y evitar que sus derechos laborales sean trastocados”.
En un último párrafo, los diputados exigen “respeto a la base trabajadora, como lo ha demostrado el Poder Ejecutivo representado por la Gobernadora Evelyn Cecia Salgado Pineda. Por tal motivo manifestamos que nos deslindamos del trato que se ha dado al nuevo Sindicato por ser contrario a los principios de nuestro partido político”.
El dirigente sindical había denunciado la semana pasada que se incumplieron los acuerdos que el sindicato llegó con el senador Félix Salgado Macedonio quien se comprometió a ser el interlocutor para que se reinstalaran en sus trabajos en las oficinas de los diputados de Morena Joaquín Badillo Escamilla y Jacinto González Varona lo cual no ocurrió a pesar de que desde el 3 de marzo levantaron el plantón que tenían por los tres despidos.

 

Condenan el Centro Morelos y el grupo de familiares Siempre Vivos que el gobierno reconozca a Comunitarios por la Paz

 

El Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos) y la asociación civil Siempre Vivos de familiares de desaparecidos, en un comunicado condenaron que el gobierno del estado reconozca al grupo Comunitarios por la Paz y la Justicia, y que nuevamente éstos hayan ingresado a la ciudad a exigir las armas que les decomisó la policía, pues los acusan de ser ellos los que irrumpieron en mayo de 2015 en la cabecera municipal de Chilapa, y de la desaparición de por lo menos 16 vecinos.
Después de que el 23 de marzo en la madrugada ingresaron unos 200 civiles armados a Chilapa para exigir que les regresaran las armas que policías ministeriales les decomisaron, y luego de que el grupo Comunitarios por la Paz los reconoció como parte de su agrupación, el Centro Morelos y Siempre Vivos mostraron su desacuerdo.
Condenan “la actuación (del gobierno) del estado de Guerrero y las autoridades federales por permitir que este grupo armado, autodenominados como policías comunitarios, vuelvan fuertemente armados exigiendo la devolución de las armas que les han sido recogidas por policías ministeriales y además se les suministre gasolina”.
Nuevamente los señalan como parte de cerca de 300 civiles armados que sitiaron la ciudad de Chilapa del 9 al 14 de mayo de 2015, cuando desaparecieron unos 30 pobladores, de los que sólo 16 interpusieron una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR).
Manifiestan que reconocen que “los pueblos indígenas tienen derecho a la autonomía y a la autodeterminación bajo la Ley 701 del Estado de Guerrero, pero esta supuesta Policía Comunitaria no puede cobijarse bajo esta ley cometiendo delitos”.
Exponen que les preocupa que el gobierno pretenda reconocerlos como un grupo legítimo, como representantes de pueblos indígenas.
Por su parte el grupo Siempre Vivos exige que la asociación Comunitarios por la Paz y la Justicia no sea reconocida, y que sean investigados y castigados por las autoridades correspondientes, “que no haya posibilidad de diálogo y en caso de que lo hubiera que sea un diálogo púbico con presencia de integrantes de la asociación Siempre Vivos”, señalan.
Después de que civiles armados entraron a Chilapa el pasado 23 de marzo, el abogado de Comunitarios por la Paz se deslindó de ellos y dijo que no eran de su agrupación, sin embargo, el pasado martes informó que sí son miembros de su asociación y que respaldaban sus demandas.