Jacob Morales Antonio

El abogado de los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra, informó que la reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador este lunes versó en el reclamo por la cancelación de las 21 órdenes de aprehensión contra militares y el nombramiento unilateral del nuevo fiscal, y se acordó revisarlas y la posibilidad de reactivarlas.
Dijo que en la reunión en Palacio Nacional que duró cuatro horas el presidente le reclamó su rechazo a la militarización del país y lo llamó “comparsa de los conservadores”.
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, estuvo ayer como invitado en la Facultad de Derecho de Acapulco de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), donde expuso la conferencia Ayotzinapa, la verdad histórica como mentira de Estado y las nuevas investigaciones.
Antes de terminar su conferencia, Vidulfo Rosales Sierra informó que en la reunión de este lunes con el presidente Andrés Manuel López Obrador se acordó un próximo encuentro la semana que viene, para ver cómo se reactivan las órdenes de aprehensión contra los militares.
El abogado dijo que debido a las confrontaciones mediáticas que hay de los padres y él con el presidente, pensó que la reunión de cuatro horas sería tensa, pero no fue así.
Dijo que fue en un tono franco pero también de reclamos de unos y de otros, no hubo protocolos y todos participaron y hablaron, incluso el presidente le reclamó su llamado a la no militarización del país y lo llamó “comparsa de los conservadores”.
En la conferencia, en la que fungió como moderador el profesor Uriel Leal Ramírez, Vidulfo Rosales criticó que el Ejército sea un poder paralelo al Ejecutivo y que el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval no se haya presentado a comparecer ante los senadores luego de las filtraciones del grupo de ciberactivistas Guacamaya.
Ante unos 40 estudiantes de la facultad dijo que Guerrero es un estado herido, lastimado y pisoteado por sus gobiernos y por los que ejercen el poder político.
Se preguntó, “¿Hasta cuándo vamos a parar en Guerrero?”, y se respondió, “esto va a parar hasta que haya justicia, hasta que los culpables paguen y pueda haber una conciliación y prevalecer el Estado de derecho”.
Agregó que no se puede transitar a un estado democrático con estas heridas y dijo que los estudiantes pueden incidir, mencionó que tan sólo en Acapulco hay registros de 5 mil desaparecidos y 100 mil a nivel nacional.
El abogado explicó a los estudiantes cómo en el sexenio pasado de Enrrique Peña Nieto, el entonces procurador Jesús Murillo Karam trató de minimizar el caso Ayotzinapa con la “verdad histórica”, de que los normalistas fueron incinerados y hechos pedazos por un grupo criminal.
Rosales indicó que gracias a las investigaciones que realizó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), se sabe que el ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio habló con criminales de Guerrero Unidos y se negoció que entregaran los restos de 10 estudiantes, los que fueron a tirar al río San Juan.
Reiteró que la PGR sabe más de los hechos porque estuvo involucrada en maquillar esta historia, pero gracias a que se ha mantenido viva la investigación con el Grupo Interdisciplinario se han conocido elementos que refutan la “verdad histórica”, como el hecho de que los inculpados que hoy están libres fueron torturados.
El defensor dijo que el resultado de la nueva investigación en este nuevo gobierno es que en la detención y desaparición de los normalistas participaron diversas corporaciones policiales y militares.
Además de que algunos de los restos fueron tirados o enterrados en la cueva de la Carnicería afuera de Iguala, y fue ahí donde fueron recopilados al menos 700 restos humanos y de donde se pudieron escoger 16 pedazos para realizarles pruebas de ADN, y con eso se identificaron los restos de dos normalistas.
Rosales Sierra dijo que no se ha logrado hasta ahora “una línea de investigación sólida, las que se tienen son volátiles e inconsistentes”, además de que  no se logra ofrecer verdad a las víctimas.
Agregó que la implicación del Ejército representa “un verdadero obstáculo” porque no existe el compromiso para comparecer ante las autoridades a rendir cuentas. Además de que se presiona a las autoridades civiles, logrando la cancelación de las órdenes de aprehensión.
“El poder del Ejército es fáctico y un poder paralelo (que) no le rinde cuentas a nadie”, advirtió. Dijo que a cualquier ciudadano las autoridades judiciales ya le hubieran abierto un procedimiento de desacato al no asistir a comparecer, pero como se trata de militares “no pasa nada”.
Insistió en que el Ejército está obstaculizando el avance de las investigaciones, “tiene poderes más allá de la Constitución, no rinde cuentas a nadie”. Luego expresó su preocupación de que el Ejército no llegue a los juicios.

Se pueden reactivar las órdenes de aprehensión

Después de la conferenca, en declaraciones, Rosales Sierra explicó que debido a que no hay un desistimiento de la acción penal contra los militares en las 21 órdenes de aprehensión, y sólo fue su cancelación, pueden ser reactivadas y ejecutarse por la autoridad judicial.
Abundó que el acuerdo luego de la reunión es que se van a revisar las 21 órdenes de aprehensión canceladas, se van a revalorar y de ser el caso se reactivarán.
Dijo que el presidente sigue manteniendo su postura de que la cancelación de estas órdenes de aprehensión obedece a que no aparecen en el informe, pero los padres sostuvieron que eso no es una justificación porque estas órdenes vienen de una investigación previa.
El defensor indicó que el presidente pidió a los padres su voto de confianza luego de la renuncia del fiscal especial Omar Gómez Trejo y el nombramiento de Rosendo Gómez Piedra, pero los padres y madres de los 43 normalistas pidieron que se les permita también nombrar a alguien.
En el encuentro el presidente les dijo a las madres y padres que  Gómez Trejo no quiso actuar contra Murillo Karam, y eso provocó complicaciones en las investigaciones, pero que él no le pidió su renuncia.
Indicó que en la reunión no hubo información de los avances de las investigaciones, y se programó otra reunión para dentro de un mes.
Dijo que el diálogo con el presidente dependerá de cómo se avanza en los dos puntos propuestos por los padres de familia.