El secretario general del sindicato Sentimientos de la Nación de trabajadores del Congreso local, Fernando Martínez Román, informó que acudieron a la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) a presentar una queja por hostigamiento labor y que estarán esta mañana en la conferencia de prensa del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador para que el mandatario sepa lo que ocurre en el Poder Legislativo.
El dirigente sindical informó la tarde de ayer que la Jucopo no ha iniciado ningún acercamiento con los trabajadores paristas, por lo que no hay todavía mesa de diálogo, y que únicamente el coordinador del grupo parlamentario del PRD Raymundo García Gutierrez les envió por la noche tamales y atole; también hasta el plantón acudieron los diputados de Morena Marco Tulio Sánchez Alarcón, Leticia Castro Ortiz, María Flores Maldonado y Osbaldo Ríos Manrique.
El paro y la toma del Congreso local, que se dio este miércoles, continuarán en tanto no se instale una mesa de diálogo con la Jucopo y cese el hostigamiento en contra de los trabajadores, así lo informó el secretario general de este sindicato, el cual está integrado por trabajadores de diferentes áreas, entre ellos secretarias, asesores, seguridad, y edecanes.
Fernando Martínez destacó entre los acuerdos del sindicato, el acudir este viernes a la conferencia mañanera del presidente López Obrador “para seguir denunciando estos atropellos” e informar al presidente que “aquí en el Congreso no hay libertad sindical, no hay 4T”.
Consideró también que lo señalado la tarde del miércoles por el secretario de Servicios Financieros y Administrativos Andrés Rosendo Orozco Pintos, acompañado de la subdirectora de Recursos Humanos Juanita Avilez Rodríguez, fue una acusación “a la ligera, no saben en el problema que nos están metiendo… fue una conferencia cargada de irregularidad”.
Y respecto al proceso en su contra, dijo que sí acudió ante la Contraloría interna del Congreso, pero “no nos dieron acceso al expediente para iniciar una defensa adecuada, está el procedimiento cargado de anomalías: ¿si no conocemos el expediente, cómo nos vamos a defender?”.
Al dirigente sindical también se le preguntó sobre el revés que dio el Tribunal de Conciliación y Arbitraje a las 63 bases que les otorgó al sindicato la pasada administración de Alfredo Sánchez Esquivel, debido a que el procedimiento fue irregular, además de lo dicho por Orozco Pintos respecto a que no hay capacidad económica para estas plazas.
“Dinero para los trabajadores nunca va haber, pero ¿cómo hay dinero para las remodelaciones del Congreso?” dijo de las decenas de cambios que realizó Sánchez Esquivel.
Finalmente reconoció: “supongamos que sí nos tomaron el pelo, y que el entonces diputado o el entonces patrón sí haya jugado con nuestros anhelos, porque todos anhelamos una base, una estabilidad laboral”, pero dijo que será el tribunal el que determine si son legales las bases o quienes fueron los responsables de realizar mal el trámite.
Integrantes de la organización Transformación Universitaria Guererrense (TUG), de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), informaron que en las elecciones para rector participarán con candidato propio, para lo cual hay nueve aspirantes, seis hombres y tres mujeres.
No obstante, en la conferencia de prensa que organizaron en el restaurante del hotel Las Hamacas fue clara la preferencia hacia el docente de la facultad de Derecho, ubicada en Chilpancingo, Roberto Rodríguez Saldaña, como su candidato a rector, al resaltar la amplia experiencia de éste.
Al docente de Derecho, Roberto Rodríguez, se le preguntó sobre sus aspiraciones y respondió que como universitario sí aspira al cargo y si lo eligen para que represente el proyecto, con gusto lo hará. Señaló que se ha preparado y servido a la universidad, así como al pueblo de Guerrero con honestidad.
Se pronunciaron en contra de la candidatura única para elegir a la máxima autoridad en los proximos meses y dijeron que en las próximas semanas definirán el mecanismo para elegir a quien los represente. El aspirante es hermano del secretario de Educación y ex rector de la UAG, Marcial Rodríguez Saldaña.
En el evento, el catedrático de la Preparatoria 27, Luis Alberto Arcos Castro, se encargó de leer la postura de la organización, donde se pide a la Comisión Electoral que evite “los candados que impidan la libre participación democrática de los aspirantes a rector”.
Arcos Castro señaló que en la UAG se necesita un cambio para mejorar y por eso anunciaban su participación como organización, para la elección de rector con “candidato o candidata”, aunque en la conferencia resaltaron el currículo del maestro de Derecho.
Convocó a los universitarios para unirse al “amplio programa de transformación de la universidad” y rescatar a la UAG, reivindicando su carácter popular, porque en el nuevo contexto, el estado necesita una institución que ayude a detonar el desarrollo de Guerrero.
Dijo que esa organización se manifestaba por el rescate de la democracia en la UAG, la libertad de participación y no a la coacción del voto, “no a las candidaturas impuestas ni a los candidatos de unidad”, en clara referencia al llamado que han hecho otras organizaciones dentro de la UAG, que se han pronunciado por un candidato de unidad y han dado su respaldo al ex rector Javier Saldaña Almazán.
Otra clara referencia contra Saldaña Almazán fue la postura de no a cualquier reelección, donde “el que ya fue rector, es pasado, no presente y nunca más deberá serlo en el futuro de los universitarios”. Según los presentes, las reelecciones han hecho mucho daño al país y en particular a la UAG. Piden respeto a la independencia sindical del STAUAG e STAISUAG, así como respeto a los contratos colectivos de trabajo; también piden la refundación de la Federación Estudiantil Universitaria Guerrerense (FEUG) y no al cobro de cuotas.
También se pronuncian por la rendición de cuentas de los recursos públicos, no al uso corporativo de los programas sociales y el respeto a los convenios entre la UAG y el gobierno, para la no aplicación del ISR de prestaciones.
Aunque insistieron en que todavía no tenían candidato, fue claro el lugar en el presídium de Roberto Rodríguez.
Insistieron en que no están de acuerdo en el candidato de unidad, porque son impuestos por los que gobiernan y por eso se manifiestan para que se inscriban todos los candidatos a la Rectoría, como se hacía hace muchos años para que haya debate, que la comisión electoral programe debates públicos.
En la conferencia estuvo el docente de Arquitectura, Ignacio Villalba Bravo; de Desarrollo Sustentable del campus Tecpan, José David Rumbo Ríos; de la Preparatoria 7, Francisco González Jiménez; el jubilado, José Hernández Jiménez; del IIEPA, Aylin Salazar Suástegui; docente de Derecho, Ernesto Araujo Carranza, y también estuvieron alrededor de 50 estudiantes de Acapulco y trabajadores de la Biblioteca Central.
Maestros de la UPN 122 durante la conferencia de prensa en el restaurante Toks de la avenida Cuauhtémoc, en Acapulco, donde insistieron en el nombramiento de un director “provisional” Foto: Jesús Trigo
Docentes de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) 122, ubicada en Las Cruces, señalaron que las clases del nuevo semestre, que debieron comenzar este martes, no iniciaron porque es la dirección la que mantiene cerrado el plantel y aclararon que ellos lo liberaron desde el 17 de enero, cuando se firmó una minuta con la Secretaría de Educación Guerrero (SEG).
En una conferencia de prensa en el restaurante Toks, los docentes insistieron en el nombramiento de un director “provisional”, mientras se emite la convocatoria para elegir a quien sustituya a Mateo Carmona Dorantes, quien fue separado del cargo como uno de los acuerdos con el subsecretario de Educación Media Superior y Superior de la SEG, Marco Antonio Marbán Galván.
El docente Epifanio Espinoza Talavera señaló que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda instruyó que los atendiera la Secretaría General de Gobierno, que encabeza Ludwig Marcial Reynoso Núñez, por lo que esperan ser recibidos pronto, para ir destrabando el problema.
Aseguró que ellos no tienen cerrado el plantel y acusó que Mateo Carmona, el ex director, continúa girando instrucciones y realizando cobros a estudiantes, con lo que está retando a las autoridades educativas, que lo cesaron de sus funciones directivas.
Indicó que el cierre del plantel solo está afectando a los estudiantes de licenciatura y posgrados, pese a que ellos tomaron el plantel cuando concluyó el semestre, porque está impidiendo la emisión de documentos oficiales, que requieren los estudiantes para solicitar la continuidad de las becas.
Espinoza Talavera señaló que el desplegado, publicado en la edición de El Sur de este miércoles por la delegación sindical que apoya al director, refleja “la pobreza de lenguaje y la carencias de argumentos. Agradecemos a los compañeros que hayan elaborado este desplegado, porque muestra la pobreza con la que estamos en desacuerdo”.
“Hay puros adjetivos calificativos, puros juicios, pero no responden a ninguno de los señalamientos que hemos hecho, de corrupción y de involución académica”, señaló el docente.
En un oficio, los inconformes advierten que de “no nombrarse al director provisional y mantener el cierre del plantel, los estudiantes que egresarán de la UPN están en riesgo de no participar en el proceso de obtención de una planta docente”.
Acusan en el oficio que el ex director Mateo Carmona “quiere mantener el poder y miente a los estudiantes, diciendo que la escuela está cerrada porque la tienen tomada los trabajadores. Los engaña y busca que se confronten con los trabajadores, porque la escuela está liberada desde el 17 de enero”.
En el oficio, los manifestantes insisten en el nombramiento del director provisional y que se abra la escuela de manera inmediata. Así como que se emita la convocatoria para elegir al nuevo director, con criterios puramente académicos.
El docente Neftali Sandino Sánchez dijo que en la universidad, y los seis subcentros, hay alrededor de 120 docentes, de los cuales casi la mitad de ellos son familiares directos de quienes han sido directores de la UPN y en complicidad con los que han sido los delegados sindicales en turno.
Autoridades agrarias de los municipios de Leonardo Bravo, Eduardo Neri, Chilpancingo y Tepecoacuilco, en la conferencia de prensa Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Representantes de núcleos agrarios de Leonardo Bravo (Chichi-hualco), Eduardo Neri (Zumpan-go), Tepecoacuilco y Chilpancin-go, señalaron en conferencia de prensa a la delegación del Registro Agrario Nacional (RAN) como la “generadora de conflictos sociales y de violencia” en algunos núcleos agrarios del estado.
Pidieron la intervención de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, para que se revise la actuación del delegado Roberto Olivares Pita, pues lo ubicaron como el responsable de obstaculizar la solución de conflictos.
Encabezaron la conferencia Alfonso Duque Marino, secretario del Comisariado Ejidal de Chichihualco; José Juan Pérez Sánchez, de Zumpango; Víctor Miranda Cortez, del núcleo agrario de Dos Caminos, Chilpancin-go, y Pedro de Jesús Alejandro, de Xalitla, Tepecoacuilco.
Denunciaron que la dependencia federal está inscribiendo de manera ilegal en el padrón a comuneros o ejidatarios y en otros, no reconoce a las autoridades legalmente electas, lo que está generando una grave división que ha comenzado a provocar confrontaciones, y podría ser motivo de violencia entre los campesinos, advirtió De Jesús Alejandro.
Se advirtió que las autoridades agrarias han iniciado, por ahora, una etapa de denuncia pública de las irregularidades, pero que en seguida, sino se corrigen, seguirán con la protesta pública.
De Jesús Alejandro justificó que pretenden denunciar las irregularidades antes que los conflictos, “que se vienen generando de manera deliberada por el RAN”, escalen a otros niveles de confrontación y “puedan tener otro tipo de consecuencias que no queremos”.
Aseguró que todos los conflictos están documentados y que los van a canalizar por las vías institucionales al presidente López Obrador, para que tome cartas directas en el asunto.
Añadió que, igualmente, van a enviar el documento a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), de la que depende el RAN y a la Secretaría de la Función Pública (SFP), para que a través de sus órganos internos de control hagan las investigaciones pertinentes.
De Jesús Alejandro informó que además de las pruebas de las irregularidades que tienen, hay otras que han presentado en los tribunales agrarios que harán valer.
Alfonso Duque Marino, secretario del Comisariado Ejidal de Chichihualco, denunció que el 15 de enero de 2021 fueron electos por 306 de 509 ejidatarios, y el 21 de enero acudieron al RAN para pedir que se inscribiera el acta de elección, pero que se las recogieron y nunca la certificaron.
Agregó que en la delegación, “de manera irregular” se la entregaron a cuatro inconformes del ejido mismos que impugnaron la elección.
Reprochó que con ello, en vez de entregarles el acta certificada se la entregaron a los inconformes, para que les sirviera de soporte para su impugnación en el juicio agrario que sigue sin resolverse.
“Con ello, en Chichihualco, el RAN está creando violencia. Está metiéndonos en conflictos cuando los ejidatarios de aquél lugar somos gente de paz”, sostuvo.
El representante agrario denunció, además, que el delegado extendió una constancia a una persona que no es ejidatario y que ni siquiera tiene tierras en el ejido.
Por ello, llamó al presidente y a la gobernadora para que “echen un vistazo” a esa dependencia y vean que “no está haciendo las cosas bien”.
Denunció que para conseguir una ficha necesitan llegar a las 5 de la mañana, porque a las 6 están repartiendo sólo una poquitas, “cuando antes se nos recibía a los ejidatarios sin cortapisas, sin embargo, ahora, si no tenemos billetes no entramos al RAN”, denunció, sin dar más detalles de la presunta corrupción.
Denunció, asimismo, que en 2021 fueron engañados por la Coordinadora de Comisariados Ejidales y Comunales. Dijo que fueron visitados en Chichihualco “por los representantes que dicen que están coordinando a los ejidos, pero no nos pareció la forma de proceder, porque nos hicieron muchas promesas que no cumplieron, como la devolución del pago que hicieron productores del Procampo”.
Explicó que el hermano del “mero encargado del RAN en Ciudad de México, les comprometió a que se iba a hacer cargo de la gestión, cosa que no fue cierta”.
“Consideramos que como no quisimos participar en esa coordinadora, ahora el delegado del RAN, Roberto Olivares Pita, nos cierra las puertas”.
José Juan Pérez Sánchez, del núcleo agrario de Zumpango, informó que en 2021, el RAN “se atrevió” a registrar a 107 comuneros cuando por órdenes federales, debido a la pandemia, se prohibía hacer reuniones, y a pesar de que los “legítimos comuneros” estuvieron en contra.
Informó que los comuneros se enteraron un año después, cuando solicitaron el padrón y en el nuevo ya se incluían los 107 cuestionados.
Dijo que denunciaron ante el Tribunal Unitario Agrario, de Iguala, y que el juicio agrario sigue pendiente por resolverse.
Informó que hace un mes terminó el periodo del comisariado y se emitió una convocatoria, pero el TUA mandó una medida cautelar en la que dice que los 107 impugnados no pueden participar en la elección.
Añadió que a pesar de la medida cautelar del TUA, el domingo pasado se emitió la segunda convocatoria y se eligió a un comisariado, aun cuando hay un juicio sin resolver.
“Es evidente que el delegado esta coludido con quienes quieren llegar de manera irregular a la representación agraria”, concluyó.
Informó que tuvieron un dialogo con él, pero los atendió “despóticamente”, sin tomar en cuenta su recomendación.
Otro inconforme fue Víctor Miranda Cortez, del núcleo agrario de Dos Caminos, Chilpancingo.
Denunció que la situación en el RAN “se ha tornado complicada y desquiciante” para los campesinos, porque el director nacional, Plutarco García Jiménez, se ha impuesto y autoproclamado como coordinador de los núcleos agrarios en Guerrero, a través de la Coordinadora de Comisariados Ejidales y Comunales, “enviando como operador político a su hermano Arturo García Jiménez”.
“Todos hemos simpatizado en Morena, pero hoy tenemos que hacer a un lado la política de soberbia, de prepotencia, de arrogancia. Hoy debe de aplicarse la política de justicia social”, pidió.
Denunció que en el RAN hay una servidora, Liz Yanetzi Álvarez López, quien atiende con arrogancia “cuando ahora, debería tener un trato humilde, sencillo, y un trato social al campesinado”.
Pidió una limpia en el RAN “que está en los últimos lugares de hacer todo tipo de trámites. Todo tiene que pasar por esta señora, cuando no tiene capacidad, calidad, ni perfil académico”.
Demandó el cambio de los servidores públicos “que en nada le ayudan a la gobernadora, ni al presidente de la República.
Pedro de Jesús Alejandro, de Xalitla, denunció que en su núcleo agrario, que es nahua, los ejidatarios sufren un problema de división por culpa del RAN.
Explicó que en 2019 permitió la inscripción de una supuesta acta de asamblea, que la protocolizó el notario de Iguala, Aurelio Ortiz Gutiérrez, y la aceptó el RAN.
Aseguró que la convocatoria, la asamblea y el acta nunca existieron “fue fantasma todo”.
Añadió que lo peor es que, igual que en Chichihualco, aceptaron la inscripción de 32 nuevos ejidatarios, y que, además, no saben bajo qué criterios ni quién le autorizó al notario repartir tierras de agostadero del núcleo ejidal con el aval del RAN.
“Eso, lógicamente, va a generar conflictos una vez que los ciudadanos quieran hacer valer este documento y se quieran agarrar las tierras de uso común, lo que va a generar confrontación que puede llegar a niveles de violencia insospechados”.
Denunció que a pesar de que han presentado la denuncia en el TUA, el RAN les sigue dando la asesoría legal a la otra parte, “que espuriamente quieren hacerse pasar por ejidatarios”.
Agregó que hace ocho días, en la nueva asamblea para el cambio de ejidatarios, a pesar de que el TUA de Iguala emitió en tiempo y forma una medida cautelar, para que el RAN no publicara o no les entregara el padrón, la dependencia incluyó a esos 31 nuevos ejidatarios, “hizo caso omiso, les entregó el acta y se hizo el pase de lista”.
Denunció que el RAN se empeña en reconocer a la otra parte, que es totalmente ilegal y que lo han hecho mediante un documento falso, “pero vemos que las irregularidades del RAN persisten por eso pedimos a Roberto Olivares Pita que pare esto, o si su intención es echar a pelar a los comuneros y ejidatarios de Guerrero. Entonces, vamos a pedir al presidente que tome cartas en el asunto”.
El delegado del Registro Agrario Nacional (RAN), Roberto Olivares Pita, declaró que los campesinos que denunciaron en conferencia de prensa este lunes, que la dependencia es generadora de conflictos sociales y de violencia, fueron “manipulados por alguna mentes perversas”.
Agregó que “lo triste es que ponen a la dependencia como la generadora de violencia y no es así”.
En tanto, la Coordinadora de Comisariados Ejidales y Comunales del Estado de Guerrero dijo que esa organización no depende “de padrinos ni de ningún funcionario de gobierno”, en respuesta a lo que señalaron los representantes de núcleos agrarios de los municipios de Leonardo Bravo (Chichihualco), Eduardo Neri (Zumpango), Tepecoacuilco y Chilpancingo que destacan que el director nacional del RAN y uno de los dirigentes de la coordinadora son hermanos.
Por teléfono, Olivares Pita explicó que el ejido de Chichihualco vive un problema interno entre dos grupos que se diputan la comisaria ejidal, “pero nosotros no brindamos asesoría, no vamos a las asambleas, no representamos a ningún grupo. El trabajo nuestro es solamente registral y catastral”, explicó.
El delegado del RAN añadió que “se duelen” de que no les inscribieron su acta de elección, pero no dicen que al haber un conflicto interno se ventila en el Tribunal Unitario Agrario y que es el tribunal el que emitió una medida precautoria al RAN, para que no inscribiera el acta hasta que se resuelva el litigio.
“Mientras no se resuelva, no podemos inscribir el acta. Es cierto que no la hemos inscrito y no la vamos a inscribir hasta que el tribunal no quite la medida cautelar. No es que estemos con el grupo contrario, tenemos que atender una indicación jurisdiccional”, dijo.
Respecto a las constancia que se dijo en la conferencia de prensa entregó el RAN a una persona que no tiene tierras, Olivares aclaró que la dependencia no puede ir más allá de sus atribuciones y que si expidió un documento es porque está en al área registral y en los archivos.
En tanto, explicó que en Zumpango hay un acta de aceptación de comuneros, que está en litigio en el tribunal 51 de Iguala y que mandó al RAN una medida precautoria para que no expidiera el padrón en el que se agregaron 107 comuneros impugnados.
Aseguró que no fue el RAN el que expidió los 107 registros y que tampoco es responsable de la convocatoria, sino el núcleo agrario y desconoce “si al núcleo también le mandaron una medida precautoria”.
Con respecto a la denuncia de los ejidatarios de Xalitla, dijo que se habla de un acta falsa de 2019, cuando Olivares Pita todavía no estaba en la dependencia, pero aclaró que si esa acta llega al RAN y cumple con los requisitos, la pueden inscribir.
“Nosotros no investigamos en términos de temporalidad, cómo se hizo, dónde se hizo, porque no vamos a las asambleas, solamente revisamos que el expediente vaya completo”, explicó.
El funcionario aseguró que desconoce los motivos del porqué se dio una conferencia de prensa en esos términos, “creo que no hay razón, sin embargo, cada quien tiene derecho a manifestarse, y nuestra respuesta no es con el ánimo de contradecirlos, sino de aclarar y que la gente vea que lo que se dice realmente no tiene sustento”.
Respecto a los folios que no ha resuelto la dependencia, lo que indica un rezago, el delegado desestimó la veracidad de los datos, pues dijo que esos solamente los pueden tener los promoventes y que se van atendiendo conforme van llegando.
Reconoció que es muchísima la demanda, pero que se está atendiendo conforme a los términos que la propia dependencia tiene, “no es cierto que algunos casos pasan más rápido que otros. Nos sujetamos a que si tienen la lista de quienes salieron rápido y los de ellos no. Haremos una revisión”.
“No podemos decir que no haya rezago, pero no en la proporción que mencionan. El año pasado realizamos más de 43 itinerancias, lo que indica que salimos a los municipios a llevarles los documentos que tenemos, para que la gente no venga hasta las instalaciones”.
Añadió que en esa dependencia tienen la obligación de recibir a todos, “nosotros no vemos colores, ni religiones, ni aspectos de otra índole. Obviamente, hay cosas que podemos resolver y otras que no, nos regimos por lineamientos, y cuando quieran los atiendo de manera personal”, ofreció.
Pero insistió en que “le están dando un mal enfoque quienes de alguna manera mandaron a hacer esa conferencia de prensa. Nos sometemos al escrutinio público, si ellos hablan de corrupción, yo les pido que si tienen los elementos que los presenten, porque esa es la indicación del director (nacional) Plutarco García Jiménez. Quien se tenga que ir, se tendrá que ir, pero que quien lo diga nos ayude a presentar los elementos”, pidió.
A su vez, representantes de la Coordinadora de Comisariados Ejidales y Comunales del Estado de Guerrero calificaron como “ataques zahirientes” contra esa organización, “que es de respeto”, de parte de los estuvieron en la conferencia de prensa.
En la conferencia, los representantes agrarios de esos cuatro municipios, además de sus señalamientos contra el RAN, denunciaron que la dirigencia de esa agrupación ha engañado en la gestoría a los ejidatarios y que éstos, al negarse a pertenecer a esa coordinadora, el RAN, cuyo director nacional, Plutarco García Jiménez, es hermano del dirigente de la Coordinadora de Comisariados, Arturo García, obstaculiza la solución de sus peticiones.
Por la tarde, en un boletín de prensa, la coordinadora aclaró que todos sus acuerdos son por consenso “nos debemos exclusivamente a nuestras prácticas de autogestión. No dependemos por tanto de padrinos ni de ningún funcionario de gobierno”.
Firmaron el boletín de prensa, por la región Costa Grande Hermelinda Pineda Guillén; por la Norte, Rodrigo Ayala Flores, y por la región Centro, Javier Adame Vázquez”.
“Comprendemos que nuestro caminar exitoso no es bien visto por quienes antes manipulaban y vivían de los campesinos, y tenían el control de la Procuraduría Agraria (PA) y del RAN”, atajaron los representantes de la coordinadora.
Según la representación, en esa agrupación aceptan y reconocen cuando un comisariado o ejidatario genuino “denuncia acciones anómalas contra nuestro proceder”.
Explican que el modelo de organización que en su momento instrumentó el Padrón del Programa del Fertilizante, fue reconocido por el propio presidente de la República, ya que esto se realizó en asambleas comunitarias, cuyas actas se inscribieron en el RAN y fueron la base para la entrega del fertilizante.
Añaden que “esto molestó a muchos funcionarios y líderes que lucraban”, pero que este modelo ya se ha replicado en 12 estados del país y que sigue avanzando, de tal forma que el próximo 10 de abril en una concentración multitudinaria en el zócalo de Ciudad de México, “realizaremos una propuesta al presidente en torno al nuevo agrarismo y la reactivación del campo mexicano”.
De acuerdo con los dirigentes de la agrupación, lo que pelean los gestores, tiene que ver con el hecho de que su líder “ha venido perdiendo sus cotos de poder, tanto en la estructura de gobierno en donde lucraban, pero sobre todo en las asambleas campesinas”, pero no se menciona quien es su líder.
“Gracias a nuestras redes, estamos al tanto de lo que acontece en cada uno de los núcleos agrarios. No nos inmiscuimos en los conflictos internos cuando se trata de cambio de organismos internos de representación y trabajamos con quien quede al frente”, aclararon los representantes de la coordinadora.
Informaron que en el caso de Chichihualco “un grupo minoritario dirigido por esos viejos líderes corruptos que siempre habían tenido el control para sus intereses, están molestos porque el Primer Tribunal Colegiado Penal del 21 Distrito, con sede en Acapulco, el pasado octubre anuló la “asamblea espuria” para elegir a los representantes del núcleo agrario, pero insistió en que en eso “nosotros no tenemos nada que ver”.
En el caso de Zumpango, explicaron que les molestó que el domingo en convocatoria “totalmente legal”, los resultados no les favorece, ya que del total de asistentes, 191 votaron a favor, dos en contra y dos abstenciones.
Refirieron que con ello “constatamos que el asesor legal de dichos grupos minoritarios, busca ganar en los tribunales lo que no lograron ganar en las urnas ejidales”.
Insistieron en que los ataques hacia esa organización son “infundados, sin ética, ya que sólo denostan ante la falta de argumentos”.
El secretario de Turismo municipal, David Abarca Rodríguez, dijo que atraer turismo europeo no se logrará a corto plazo, que darán seguimiento a la reuniones con los agentes de viajes; lo anterior, al informar que en la Feria Internacional de Turismo en Madrid, España, tuvieron 43 citas de negocios y se recibieron dos premios.
Este viernes, en conferencia de prensa en la tarde en un salón del hotel Hotsson Smart, acompañado del regidor René Juárez Albarrán, y el director de promoción y Difusión, Gerardo Ochoa Amorós, Abarca Rodríguez dijo que algunas de las citas que tuvieron con Puertas del Mundo, Conextur, Native Trailes, MNoya Travael y Programa Destinos de México.
Además, Viajes del Corte Inglés, Secretaría de Turismo de Querétaro, Sonora, Michoacán, con la Asociación Mexicana de Agencia de Viajes, Viajes Master Internacional; Travelution, Sonia Graupera Luxury Hoteles y Destinations. También destacó reuniones con directivos del Grupo de Corte Inglés y con la línea chartera de Inglaterra, para posicionar la marca Acapulco.
“Tuvimos una reunión, gracias al regidor René Juárez, con la cónsul de México en Barcelona, Claudia Pavlovich, donde tuvimos un intercambio de promoción para posicionar Acapulco en Barcelona. También se tiene planeado trabajar la propuesta en conjunto con la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Comunitario, la iniciativa de intercambio cultural, histórico, gastronómico, turístico y empresarial, que se llamaría la Semana de Acapulco”, dijo.
Abarca Rodríguez admitió que el mercado de los jóvenes no conoce Acapulco, pero “dentro de esta feria se abrieron puertas para potencializar e impulsar a mediano y largo plazo, en el mercado europeo, la marca turística Acapulco. En especial el mercado de Inglaterra, España y Países Bajos”.
Sostuvo que Acapulco es la primera vez que acude a la feria, aunque aclaró que él en otras ocasiones ya acudió, pero como iniciativa privada, “vemos que hay potencial, que tiene Acapulco, desafortunadamente, no tenemos vuelos director, pero para eso estamos trabajando en la ruta POP, Plata, Oro y Playa, para potencializar”.
“Lo que hicimos fue empezar a ver el mercado, sabemos que los agentes de viajes nuevos, los jóvenes no conocen el puerto Acapulco y eso tenemos que seguir trabajando, para atraerlo”, dijo el secretario, quien abundó que se va a regresar a ese país para seguir promocionando la marca.
Abundó que “vamos a enamorar” al turismo joven y tener reuniones a través de Zoom, para dar seguimiento a las citas de negocios.
Por su parte, el regidor René Juárez dijo que la presencia en la feria fue “sembrar la semilla y darle continuidad, porque no nada más es ir, sino tocar puertas, crear esa expectativa e interés”.
Trabajadores del restaurante Beto’s solicitaron la intervención de los gobiernos federal y estatal, para que el propietario del negocio les pague sus salarios y prestaciones laborales, que les adeudan desde hace más dos años.
Este viernes por la tarde, habían convocado a un bloqueo en la avenida Costera, pero desistieron y dieron una conferencia de prensa afuera del restaurante, donde tienen la bandera de huelga.
El secretario del Sindicato de la Industria Hotelera y Gastronómica de la CTM, Raúl Ramírez Gallardo, dijo que la empresa se ha estado “burlando” de los trabajadores y no ha pagado la indemnización, salarios caídos y prestaciones.
“Nos hicieron el ofrecimiento, para resolver el conflicto el 15 de diciembre, y aceptamos que en tres exhibiciones se hiciera el pago. Se supone que para estas fechas ya debería estar el tercer pago y nada, no vemos con claridad y estamos pidiendo que los gobiernos del estado, municipal y federal volteen los ojos al conflicto”, declaró.
Abundó que el llamado al gobierno es a que convoque al empresario “para resolver el conflicto. Ya se nos murieron tres compañeros, tenemos varios enfermos, no queremos ver un compañero más fallecido, sin que tenga su dinero”.
Recordó que como trabajadores han sido flexibles y prudentes con la manifestación, “pero vamos a subir el tono, vamos alzar la voz, con bloqueos. No sé qué tengamos que hacer para llamar la atención y que nos resuelvan el conflicto de los trabajadores”.
“No hemos recibido nada, ni un solo peso. Tenemos con la huelga dos años, 22 meses para ser más exactos. Son ocho años sin percibir ninguna prestación, como vacaciones, aguinaldo, reparto de utilidades, creo que es justo y necesario que volteen a ver a los compañeros huelguistas, y pedir al empresario a la gobernadora que sean sensibles”, dijo.
Ramírez Gallardo explicó que son 26 trabajadores los que están en espera de su indemnización, y que el dueño, Héctor Rodríguez Escalona, les adeuda 9 millones de pesos, “nosotros habíamos aceptado un ofrecimiento que nos hicieron, de 3 millones de pesos, pero ni eso, sólo ha quedado en promesas”.
El dirigente estatal de la CETEG, Héctor Torres Solano, junto con integrantes de la Comisión Política de la organización, en la conferencia de prensa donde exigieron que se les informe sobre el estado que guarda la revisión al fideicomiso Foto: Jesús Eduardo Guerrero
María Avilez Rodríguez
Chilpancingo
Miembros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), que encabeza Héctor Torres Solano, denunciaron que el gobierno estatal ha incumplido en solucionar sus demandas.
El líder de la coordinadora informó, en conferencia de prensa en su edificio, ubicado en la colonia Burócratas, en Chilpancingo, acompañado de integrantes de la Comisión Política, que solicitaron a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda una auditoría al Plan de Previsión Social (PPS), que daba créditos a los maestros.
Contó que en una reunión, el secretario de Educación, Marcial Rodríguez Saldaña, comentó que seguía insistiendo en el asunto del PPS, “queremos saber cuándo inicia esa auditoría al comité técnico del PPS. No vamos a quitar el dedo del renglón”.
Héctor Torres indicó que también solictiaron a la gobernadora que se debe crear una subsecretaría de los pueblos originarios, “estamos en la exigencia de que se empiece a trabajar”.
En su participación, el integrante de la Comisión Política de la región Norte, Gonzalo Juárez Ocampo, manifestó que exigen una auditoría al PPS, así como la creación de esa subsecretaría y el desarrollo del proyecto educativo altamiranista, entre otras demandas.
Informó que en marzo del año pasado, la CETEG firmó una minuta de acuerdos con Evelyn Salgado, pero “hay incumplimiento de la minuta por parte de las autoridades estatales”.
En cuanto al PPS, aseveró que tienen propuestas para rescatarlo, pero el gobierno no quiere solucionarlo, sino que “quieren incumplirlo”.
Los cetegistas hicieron un llamado a las autoridades estatales, para reinstalar la mesa que quedó pendiente, en la que desarrollarían los fundamentos técnicos del programa para el rescate del PPS.
En un comunicado, Rodríguez Saldaña informó que tuvo una reunión de trabajo con representantes de la CETEG, encabezados por su secretario general, Hector Torres. Se dijo que la gobernadora les ha indicado mantener un diálogo con todo el sector educativo y que en este caso, acordaron realizar mesas de trabajo.
El consejero estatal del PAN Julio Galarza; la diputada federal Yessenia Galarza; la regidora Reynalda Pablo y el ex consejero Carlos Millán en conferencia de prensa Foto: Jessica Torres Barrera
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
Consejeros estatales del PAN acusaron al presidente de este partido, Eloy Salmerón Díaz, de limitarles el ejercicio de su cargo a mujeres que presiden comités directivos municipales mediante la retención injustificada de prerrogativas, lo cual puede tipificarse como violencia política de género.
En conferencia de prensa en un restaurante del centro de Chilpancingo, estuvieron las consejeras estatales Yesenia Galarza Castro, quien también es diputada federal panista, y la regidora Reynalda Pablo; así como el ex candidato a dirigente del partido, Julio Galarza Castro y el ex consejero Carlos Millán Sánchez.
Los panistas coincidieron en que se trata de una acción dirigida a limitar el trabajo político de las mujeres, porque para recibir las prerrogativas que les corresponden deben de recurrir a “un tortuoso camino” e, incluso, acudir a las instancias partidistas y los tribunales para poder acceder a este derecho.
A pregunta hecha, Millán Sánchez dijo que perciben una “revancha política” en contra de quienes apoyaron la candidatura de Julio Galarza.
Por su parte, Julio Galarza dijo que incluso conoce casos de presidentes del partido, en municipios que dirige el mismo equipo de Eloy Salmerón, a los que también se les limita en el ejercicio de sus prerrogativas.
Los panistas explicaron que son ocho los procedimientos iniciados, de los cuales cuatro son por la falta de prerrogativas en los municipios de Coyuca de Benítez, Igualapa, Benito Juárez y San Marcos; otros tres en contra del proceso interno de elección del consejo estatal, y otro por el que se impugnó el proceso de elección de la dirigencia en San Marcos.
La Comisión de Justicia del PAN resolvió dos quejas de dos de las presidentes de comités municipales panistas, de Marta Adriana Torreblanca, de Benito Juárez, y de Igualapa, Claudia Martínez.
Carlos Millán explicó que lo que la Comisión de Justicia resolvió es “que son fundados los juicios por el tema de las prerrogativas. Le ordena que en menos de 48 horas se le liquide lo adeudado a Claudia Martínez. En el caso de Marta Adriana también se le ordena pagarle las prerrogativas”, que son 144 mil 361 pesos, comentó el ex consejero.
Las 48 horas transcurren a partir de que la dirigencia estatal reciba la notificación de la Comisión de Justicia, lo que debió ocurrir el pasado viernes, por lo que los consejeros consideraron que “se logra la justicia” a la panista, a la que se le limitó el ejercicio de su cargo como presidenta municipal del partido a través de la negación de prerrogativas.
Pero además de ordenarle al dirigente estatal el pago de las prerrogativas, en ambos casos, la Comisión de Justicia ordena que se dé vista a la Tesorería, a la Comisión de Vigilancia y a la contraloría de la dirigencia nacional panista.
Millán Sánchez destacó también que la Comisión de Justicia dirigió estos dos asuntos a la Comisión de Víctimas por Violencia de Género del PAN, “para que resuelva” y determine si se configuran actos de violencia política de género en contra de las dirigentes municipales.
En el caso de la presidenta del comité municipal de San Marcos, Felícitas Navarrete Neri, sigue el litigio en la Sala Regional de Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife), porque existen otros supuestos que faltan por resolver.
Por su parte, la diputada federal panista, Yesenia Galarza, quien también es presidenta municipal del partido en Tepecoacuilco, dijo que en su municipio también enfrentan el mismo problema, debido a que desde la dirigencia estatal no les han entregado a tiempo las prerrogativas del partido.
Aseguró que esa acción limita el trabajo de los comités directivos municipales, porque no pueden cumplir con sus planes de trabajo anuales. En ese mismo sentido, la regidora Reynalda Pablo llamó al dirigente estatal Eloy Salmerón a que cumpla con la entrega de prerrogativas a los municipios, que son los que realizan el trabajo político y organizativo más importante del partido.
Millán Sánchez consideró que el hecho es sospechoso porque una dirigencia estatal que ya se reeligió en el cargo, ya debería tener experiencia y no pasar por este tipo de problemas, “hay una mala administración de los recursos públicos”.
En la conferencia, la diputada también anunció una gira para identificar e impulsar “cuadros políticos de mujeres, para darles apertura”.
Julio Galarza informó también que trabajarán para impulsar al menos 15 candidaturas en el mismo número de municipios, de militantes que les han manifestado su interés por participar en el proceso electoral 2023-2024, con quienes ya están trabajando para “tener candidaturas fuertes”.
Alumnos de la UAG muestran su apoyo al movimiento Transformación Universitaria Guerrerense, que aspira a competir en la elección por la Rectoría Foto: Jessica Torres Barrera
La organización Transformación Universitaria Guerrerense (TUG) informó que participará en el proceso electoral para elegir al nuevo rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), con un candidato propio.
En conferencia de prensa en el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), los integrantes de esa corriente de la UAG fijaron su postura.
Detallaron que hay nueve aspirantes, tres mujeres y seis hombres; que hablarán con ellos y después elegirán a su candidato a rector. En los próximos días lo darán a conocer.
El docente Abad Gómez Ruiz leyó un comunicado, en el que la agrupación aseguró que rescatarán la democracia universitaria y que no permitirán las candidaturas impuestas.
Además, dijo que piden libertad de organización para los estudiantes, para defender sus derechos y la refundación de la Federación Estudiantil Universitaria Guerrerense (FEUG).
A nombre de sus compañeros, manifestó que exigen que no haya reelección en cualquiera de modalidades, ni candados que impidan la libre participación democrática de los aspirantes a rector.
Los universitarios hicieron un llamado a las “fuerzas democráticas” de la UAG para que se unan a su movimiento y se dé “el rescate de transformación de la universidad”.
A pregunta sobre si cuentan con el suficiente respaldo, los miembros de la organización, contraria al Grupo Universidad por Guerrero a la que pertenece el ex rector Javier Saldaña Almazán, se limitaron a decir que sí.
Entre los que acudieron está el ex director de Derecho, Roberto Rodríguez Saldaña –hermano del secretario de Educación–, Ignacio Villalba Bravo, Amado López Altamirano, Selene Arrieta y Martha Rodríguez. (María Avilez Rodrí-guez / Chilpancingo).
