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El subsecretario del Trabajo, Raúl Leyva se niega a declarar sobre el conflicto

 

 Ezequiel Flores Contreras Chilpancingo

 El subsecretario de Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado, Raúl Leyva Castro, se negó a declarar sobre el desplegado que firman las principales asociaciones de hoteleros de Acapulco, en el que se reprueba “la tibieza del gobierno estatal… que ha dejado indefensos a los hoteleros del puerto y continúa permitiendo los excesos de los sindicatos”.

El argumento que utilizó la secretaria del funcionario es que éste se encontraba “muy ocupado” organizando la información que presentaría a través de la Secretaría General de Gobierno, en la comparecencia ante el Congreso del Estado de hoy.

Sin embargo Leyva Castro se encontraba en sus oficinas de la Subsecretaría de Trabajo, y simplemente el encargado de las relaciones entre sindicatos y patrones no quiso recibir al reportero, quien esperó casi una hora al funcionario.

Cumple 14 años el conflicto de pescadores y buzos de Puerto Marqués y constructoras

 

 Desde entonces, ningún pago por daños reclamados; la Sociedad Cooperativa denunció en 1990 que las obras de desarrollos turísticos afectaban al medio ambiente, al grado de extinguir algunas especies marinas

Hace 14 años se dio la primera denuncia pública de pescadores de Puerto Marqués contra empresas constructoras en Punta Diamante a las que acusa de destruir bancos de diversas especies, principalmente ostiones y almejas, lo que afecta su principal medio de vida.

La Sociedad Cooperativa de Buceadores y Pescadores de Puerto Marqués, insiste en una retribución económica al ser afectada –según la organización– por las construcciones que se realizan en Punta Diamante.

A pesar de los esfuerzos de la Sociedad Cooperativa de Buceadores los empresarios rechazaron pagar indemnizaciones.

En 1990 cuando los buzos del área denunciaron que la construcción del desarrollo turístico Punta Diamante provocaba deslaves de tierra, que en época de lluvia eran arrastrados al mar, causando sedimentos que provocaron la extinción de especies en las playas Las Cuatas, Majahua, Sirena y Las Cuatitas.

A esta situación se sumó la opinión de científicos oaxaqueños, cuando el 11 de septiembre de 2000, participaron en el Coloquio Regional de Investigación de Recursos Marinos, en esa ocasión hicieron un recorrido por la zona afectada y constataron la contaminación de las constructoras.

En el recorrido, los investigadores confirmaron la existencia de desprendimientos de tierra provenientes de las construcciones que se realizan en la zona Diamante, y con esto los cooperativistas solicitaron a organismos gubernamentales y no gubernamentales su intervención para detener la contaminación.

Ante la falta de respuesta y el impacto a la economía, los inconformes comenzaron con medidas más radicales, y así el 25 de octubre de 2001 unos 50 pescadores y buzos cerraron las oficinas de la Semarnat y la Sagarpa del Palacio Federal para exigir la indemnización por los efectos de la contaminación en los bancos de ostión y almeja de esa bahía.

Según un estudio del Centro Regional de Investigación Pesquera de Salina Cruz, Oaxaca, el pago fue valuado en 2.5 millones de pesos ante la pérdida de 101 toneladas de ostión y 16 de almeja.

El gobierno estatal sólo entregó un millón 155 mil pesos, es decir, el 46.2 por ciento de la cantidad fijada, la cantidad faltante aún la siguen reclamando.

Dentro de las estrategias de presión los pescadores, el 20 de abril de 2002, pensaron en manifestarse durante la inauguración del Tianguis Turístico, para reclamar la indemnización convenida, manifestación que finalmente no realizaron.

Nuevamente el 5 de marzo de 2002 los inconformes se hicieron públicas sus demandas en las oficinas de Semarnat para exigir un alto al daño ecológico. Solicitaron -además- que la dependencia vigile la forma en que trabajan las empresas constructoras, al asegurar que en la zona de Revolcadero se usaban explosivos para abrir caminos.

El pasado 24 de febrero cerca de 100 pescadores y buzos de la playa Puerto Marqués, iniciaron un plantón frente a las puertas del Hotel Quinta Real.

El 2 de marzo de 2004 se difundió que la mala planeación de una carretera a lo largo de Punta Diamante, aunado a los trabajos que realizan empresas de gran turismo, ha provocado daños considerables a especies como los moluscos bivalvos y a los recursos pesqueros en la zona, según un estudio realizado por el Instituto Nacional de Pesca y la Sagarpa.

En tanto, centenas de inconformes mantienen un plantón frente al único acceso al desarrollo, para exigir la reparación de los daños con la indemnización. El entonces delegado de la Semarnat, Octavio Klimek Alcaraz reconoció los daños.

Después, autoridades, inversionistas e inconformes signaron una minuta de acuerdos para realizar un estudio en la zona contaminada.

Pero el 16 de febrero los pescadores volvieron a plantarse, luego de que el viernes 20 del mismo mes, el gobierno del estado les canceló una reunión que tendrían con las autoridades ambientales y con los inversionistas.

Tras esperar la reunión por más de 30 días, ésta finalmente sucedió el pasado 20 de marzo, y allí los representantes de los empresarios de Punta Diamante dijeron a los integrantes de la cooperativa que no están dispuestos a pagar 12 millones de pesos que exigen como indemnización a los 68 agremiados que dicen estar afectados.

“No estados de acuerdo y no vamos a pagar algo que no hemos hecho”, dijo el representante del Grupo Mexicano de Desarrollo, Gerardo García Miranda y aseguró que sólo una instancia competente podría determinar si las constructoras son responsables por las afectaciones, en este caso la Profepa.

Su propuesta es aportar en un momento dado, recursos a un fideicomiso para proyectos productivos en beneficio a esa región, porque “no puede ser que una organización quiera todo y después venga otra y otra”.

La postura de los cooperativistas la manifestó el presidente Pedro Morales Flores que reiteró los daños en su fuente de trabajo, y aseguró que continuarán con el plantón hasta obtener una respuesta positiva a su demanda de indemnización.

Encuentro “casual” entre comuneros y propietarios en conflicto en Teloloapan

* Se reunirían en la Procuraduría Agraria

 Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * Pequeños propietarios y comuneros de Teloloapan en conflicto por la posesión de mil 335 hectáreas, se encontraron casualmente ayer en la Procuraduría Agraria (PA), y mientras los primeros se reunieron con autoridades federales, estatales y municipales, los segundos no aceptaron dialogar con nadie porque esperaban al alcalde Modesto Brito González.

La reunión con los primeros estuvo presidida por el titular de la PA, Fernando Jaimes Ferrel; representantes de la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Procuraduría de Justicia del Estado, así como de la delegación de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), de la subsecretaría de Asuntos Agrarios del gobierno estatal y representantes del Ayuntamiento de Teloloapan.

Uno de los pequeños propietarios, Celso Cárdenas Bahena, denunció ante los funcionarios que quienes los despojan de sus pequeñas propiedades, encabezados por Margarita Corrales, no son comuneros y que de manera ilegal utilizan sellos para entregar constancias.

Indicó que por tal motivo ese grupo reclamaba 494 hectáreas, y ahora ya son mil 335.

Otro de los pequeños propietarios, Rodolfo Nájera. dijo que “por eso venimos a exigir respeto a nuestras propiedades”, y demandó a los funcionarios su intervención para que la señora Margarita “ya no se conduzca de manera arbitraria en esa zona”.

Pidió que la primera acción es que la PGR recoja los sellos que tiene en su poder, “porque con ellos elabora constancias a los presuntos comuneros”.

Otro de los afectados dijo que “no es posible que gente como esta (los comuneros), que no se dedica a sembrar, se quede con nuestras propiedades para que después nuestros hijos anden pidiendo limosna”.

Denunció que atrás del grupo de comuneros está el ex alcalde perredista y después priista Pedro Pablo Urióstegui Salgado, puesto que dijo que él fue quien llevó al grupo de comuneros para que se posesionaran de las tierras que hoy reclaman.

Antes de que entraran a la reunión, los pequeños propietarios se habían encontrado afuera con los comuneros encabezados por Margarita Corrales; el dirigente de la Organización de Pueblos y Colonias de Guerrero (OPCG), Pedro Nava, y el abogado Félix Navarrete.

Nava Rodríguez informó que ellos no habían acudido a una reunión conjunta, sino que la solicitaron para que se entrevistaran con el alcalde Modesto Brito, a quien le reclamarían haber pedido a INEGI que suspendiera la medición del Polígono el martes de la semana pasada, con lo que se avanzaría en la solución del conflicto.

Pero como el alcalde sólo envió a un representante decidieron no entrar a la reunión, incluso ni después de los pequeños propietarios.

Margarita Corrales insistió en que son los pequeños propietarios quienes pretenden despojar a los comuneros de las mil 335 hectáreas de tierras que se encuentran bajo el régimen comunal. Insistió que ellos cuentan con la resolución emitida por el presidente Adolfo Ruiz Cortines.

La representante de Bienes Comunales retó, asimismo, al presidente municipal Modesto Brito González que le demuestre que está entregando constancias de comuneros, como lo denunció ayer, y dijo que quienes ocuparon las 60 hectáreas de tierras propiedad del ayuntamiento declaradas como reserva ecológica es gente del mismo ayuntamiento, que no tienen nada que ver con los comuneros.

Finalmente, los dos grupos se retiraron sin haber llegado a acuerdos concretos para resolver el conflicto, aunque de ambos lados hubo advertencias de que existe riesgo de violencia.

Por su parte, el titular de la Procuraduría Agraria, Jaimes Ferrel, dijo que con estas reuniones los funcionarios de las dependencias que deben involucrarse en la solución del conflicto se formarán un juicio y actuarán con imparcialidad.

Exige Antorcha Campesina al gobierno mediar en el conflicto en Zapotitlán

* Efectúan marcha y plantón en el Palacio de Gobierno

 * Obras sociales para 15 municipios, otras peticiones * ya son varias las reuniones con León Aponte y no nos resuelve nada, se quejó el dirigente de la organización, Júpiter Tapia

Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * Integrantes de Antorcha Campesina marcharon y se instalaron en plantón frente al Palacio de Gobierno, para exigir obras sociales para 15 municipios.

El dirigente estatal de dicha organización, Júpiter Tapia Cazales, demandó la intervención del gobierno para la solución del conflicto político que tienen en el municipio de Zapotitlán Tablas, con miembros de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (LARSEZ).

Los cerca de mil antorchistas caminaron de la plazuela Unidos por Guerrero hacia al Palacio de Gobierno, encabezados por su dirigente estatal, Tapia Cazales, quien pidió una audiencia con el gobernador René Juárez porque denunció que ya son varias veces que se han reunido con el secretario de Gobierno, Luis León Aponte, y no ha solucionado su pliego de peticiones.

Los antorchistas demandan la entrega de tres mil paquetes de vivienda, y la introducción de agua potable y energía eléctrica para unas cien comunidades de 15 municipios de la región de La Montaña, informó el dirigente estatal de Antorcha Campesina.

Tapia Cazales informó que el 17 de febrero pasado, cuando llevaron a cabo su más reciente movilización, el secretario de Gobierno, Luis León Aponte, les pidió una “tregua” mientras se analizaban sus demandas.

Pero dijo que a más de un mes no habían sido llamados aún, por lo que volvieron a buscar al funcionario la semana pasada y les informó que de las tres mil acciones de vivienda que pedían el gobierno estatal sólo podría apoyarlos con 200, “lo cual nos parece que es una burla y no podemos aceptarla”.

En cuanto a las obras de introducción de agua potable y energía eléctrica en las comunidades, señaló que el funcionario no dio respuesta, por lo que decidieron volver a movilizarse a partir de este lunes y esta vez por tiempo indefinido.

Tapia Cazales también pidió la intervención del gobierno estatal para que se resuelva el conflicto político entre Antorcha Campesina y la LARSEZ en el municipio de Zapotitlán Tablas, donde incluso han sucedido asesinatos de los cuales se responsabilizan mutuamente las dos organizaciones, ambas filiales del PRI.

En este sentido, dijo que el gobierno estatal debe manejar la seguridad en ese municipio para evitar que se generen hechos de violencia. Aunque el dirigente antorchista deslindó a su organización de los asesinatos que se han cometido en contra de militantes de la LARSEZ, aseguró que de parte de miembros de esta organización sí hubo agresiones hacia miembros de Antorcha.

Citó los casos del asesinato de Pablo García Nayo, ocurrido en junio de 2002, y la detención y el saqueo de las viviendas de los campesinos Benjamín Parra y Cornelio Guzmán, en ese mismo año.

Desconoce Silvino Mosso el acuerdo del gobierno sobre el conflicto en Zapotitlán

* Sigue la pugna por tierras con Acatepec, dice

 Ezequiel Flores Contreras, corresponsal, Chilpancingo * El alcalde de Zapotitlán Tablas, Silvino Mosso Porfirio, indicó que el conflicto por tierras entre comuneros de Zapotitlán y Acatepec continúa, debido a que no se le informó del contenido del acuerdo entre la Secretaría de la Reforma Agraria y el gobierno del estado para dirimir la situación.

“Eso provocó que los comisarios de Zapotitlán Tablas renovaran a los 12 integrantes del Consejo de Bienes Comunales, pues ellos nunca informaron al pueblo del acuerdo”, expresó el alcalde panista, impugnado por la muerte de cinco miembros de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur “Emiliano Zapata”.

Acompañado por 29 comisarios municipales, Mosso Porfirio dijo que aprovecharía la audiencia que el gobernador René Juárez Cisneros otorgó a los alcaldes del PAN, para exponerle el asunto.

Afirmó que el conflicto agrario continúa, “no es cierto que quedó resulto, pues se desconocen los acuerdos”.

El acuerdo, avalado por el gobernador y el secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame, donde se otorga 60 por ciento de las mil 700 hectáreas en disputa a los comuneros de Zapotitlán y 40 por ciento a los de Acatepec, fue calificado por Mosso Porfirio como carente de legalidad, porque se firmó a “espaldas del pueblo”.

Exhortó al gobierno estatal a solucionar el conflicto agrario entre los dos municipios de la región de La Montaña, o que expliquen ante las autoridades comunales y del municipio el contenido del acuerdo, para evitar que siga la incertidumbre y que haya más violencia.

Se deslinda la JLCA del conflicto entre cetemistas y cetecistas

* La policía fue a proteger a actuarios: Aparicio

 * Si el secretario general de la Sección 12, Rodolfo Escobar Avila, culpa a la Junta de la violencia “es respetable”, dice el presidente

 El presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA), Jesús Aparicio Romero, se deslindó de los hechos violentos sucedido ayer entre cetemistas y cetecistas, quienes a golpes se disputaron la titularidad del contrato colectivo de los 45 trabajadores del restaurante 100% Natural “Café del Mar”.

Informó que en un lapso de 15 a 20 días se dictaminará si la audiencia de “recuento” que se efectuó ayer en las instalaciones de este restaurante, es legal o improcedente.

Pero detalló que para que el recuento sea acreditado como legal tuvieron que haber votado los 45 empleados que conforman la plantilla laboral del restaurante.

Sin embargo, el jueves, durante la audiencia sólo se encontraban presentes ocho de los 45 trabajadores.

Consultado por separado, el secretario general de la Federación de Trabajadores del Estado de Guerrero (FTEG) de la CTM, José Luis Torreblanca Gómez, lamentó el zafarrancho del jueves y culpó a la JLCyA de los hechos.

“Le hemos pedido al gobernador René Juárez que regrese a ver hacia los trabajadores, somos de Guerrero, somos sus amigos, no pensamos ni queremos pensar que el gobernador del estado de Guerrero deba tener un rompimiento con la CTM en el estado, sería gravísimo”, agregó.

Consultado en su despacho, Aparicio Romero explicó que se evaluará jurídicamente la audiencia del recuento para certificar si se consumó, una vez que se desahoguen las pruebas de ambas partes, trámite que –calculó– tardará de 15 a 20 días.

Sobre las declaraciones del secretario general de la Sección 12, Rodolfo Escobar Avila, en las que culpa a la Junta de los actos de violencia del jueves, Aparicio Romero se reservó el derecho a opinar, pero dijo que la atribución del líder sindical “es respetable lo que él diga, pero si nosotros mandamos a la policía fue para salvaguardar la integridad de los actuarios”.

Indicó que “la policía va a guardar el orden, yo desconozco porqué lo atribuye si yo no mandé a la policía a provocar un desorden, yo tampoco mando a los grupos solidarios de ellos a que interrumpan, son situaciones ajenas a nosotros que se presentan o que se dan fuera de la oficina”.

En tanto, el secretario general de la FTEG,               entrevistado en las afueras del hotel Hyatt –el cual se vistió de banderas rojinegras– pidió la “limpieza” de la Junta Local para que “podamos establecer el trabajo que se tiene que hacer en Guerrero”.

“El sentir de los trabajadores es detener una junta tan corrupta que ha demostrado incapacidad del presidente de la misma para resolver los problemas y ha creado conflictos, prueba de ello es la Sección 20, pues el pleito fue por la falta de capacidad y decisión del presidente y de los propios representantes de la misma”, comentó.

Asimismo, reprochó que los líderes estatales sean promotores de la violencia, como el de la CTC, Eduardo Román Guzmán, “quien encabezó y agredió a los trabajadores de la CTM, y después fue a levantar una denuncia porque se dijo agredido, cuando los videos muestran lo contrario”.

Hizo un llamado a todos los líderes obreros para que respeten los contratos colectivos, porque si no “seguirán estos actos de violencia que la propia Junta origina, en virtud de que quien asistió al recuento se dio cuenta que no estaban las condiciones para llevarse a cabo”. (Mónica Martínez García).

Responsabilizan a la SEG por posible choque, padres de la Baltazar R. Leyva

* Exigen que se cumpla el cambio de la plantilla

 Karina Contreras * Padres de la escuela Baltazar R. Leyva Mancilla del Pie de la Cuesta exigieron a las autoridades de la Secretaría de Educación en Guerrero (SEG) cumpla el acuerdo de renovar la plantilla de maestros e intendentes de dicha escuela y así terminar con el conflicto que se vive entre maestros del SNTE y CETEG desde el año pasado.

En visita a la Redacción de El Sur los padres de familia de dicha escuela, Taurino Jaimez Vázquez y Serafín Vega Cabrera, señalaron como responsables de la violencia que se pueda dar a las autoridades de la SEG, ya que no han querido solucionar el conflicto y sólo han estado dándole largas. Agregaron que la SEG diga si no puede solucionar el conflicto, para que acudan a la ciudad de México.

Vega Cabrera dijo que están preocupados por la situación en la que se encuentran sus hijos en dicha institución, pues la gente ya está cansada, y en cualquier momento puede haber un enfrentamiento entre los dos grupos.

Mientras que Taurino Jaimes Vázquez pidió a la jefa del jurídico de la SEG, Dominga Chávez Pineda, haga cumplir el acuerdo del 25 de febrero cuando se comprometió a retirar toda la plantilla docente para solucionar el conflicto que tiene cerca de dos años.

Jaimes Vázquez mencionó que los padres de familia quieren que se solucione el conflicto, y que si Chávez Pineda no es competente que lo diga, para que busquen autoridades educativas con poder de decisión.

Dijo que tienen temor por sus hijos, ya que hay un borracho que pasa y amenaza con un machete a los maestros, lo cual asusta a sus hijos. Insistió en que los padres quieren que cambien a todos los profesores, ya que está en juego el bienestar de sus hijos.

El padre de familia dijo que no es posible que las autoridades continúen tranquilos en sus escritorios, mientras sus hijos son los que están sufriendo. Pidió al secretario de Educación, Daniel Pano Cruz, envíe maestros que tengan vocación y ganas de trabajar, y no profesores flojos. Finalmente pide a la jefa del Jurídico, Dominga Chávez, vaya nuevamente a la escuela y explique qué avances hay en el conflicto y de la renovación de la plantilla de docentes.

De forma, el conflicto entre síndicos y alcaldes de la Costa Grande: Chavarría

* No hay denuncias de actos de corrupción, dice

Brenda Escobar, corresponsal, Zihuatanejo * El senador perredista Armando Chavarría Barrera consideró que las diferencias entre los alcaldes y síndicos de Petatlán, Zihuatanejo, La Unión y Coahuayutla, donde se niegan a firmar la cuenta pública “es un asunto de forma y no de fondo (porque) no hay cuestionamiento por mal manejo de los recursos y mucho menos a que haya actos de corrupción”.

En conferencia de prensa efectuada ayer, en conocido restaurante del puerto, cuyo objetivo principal fue para reforzar la campaña del candidato a diputado federal por el distrito 03, Francisco Chavarría Valdeolívar, el senador habló de los conflictos por los que atraviesan cuatro de los cinco municipios que gobierna el PRD en la Costa Grande.

Dijo que el problema entre alcaldes y síndicos, “es una diferencia que hay que resolver y atender (lo que pasa) es que no se han cuidado las formas en la relación entre el presidente y el síndico”.

Reiteró que “no es un asunto de fondo, es un asunto de forma”.

Dijo que ya dialogó la cuestión con los síndicos procuradores de Zihuatanejo, Joaquín González Ramírez y de Coahuayutla, Ignacio Torres Blázquez, quienes le sostuvieron que no hay malos manejos de los recursos económicos en los ayuntamientos.

Chavarría Barrera, indicó que los síndicos “lo que están planteando es una mejor comunicación, una mejor relación con los presidentes municipales”.

Asimismo, descartó que los síndicos pretendan protagonizar en el escenario municipal, “no creo así, pero sí reclaman, hay que decirlo, pues una mejoría en la comunicación con los presidentes municipales, creo que ese punto es realmente superable”.

Refutó las declaraciones del diputado federal priísta Celestino Bailón Guerrero, quien señaló que los perredistas no son capaces de gobernar: “Celestino no tiene ninguna autoridad para hablar, se dedicó a todo, menos a legislar, no tiene ninguna autoridad moral para hablar de trabajo ni de responsabilidades porque no cumplió con su encomienda aquí en la Costa Grande”, afirmó.

“Creo que aunque el PRI se está sobando las manos por esto que consideran una división del PRD, nosotros los perredistas les vamos a demostrar este 6 de julio que están equivocados porque somos un partido unido”. Indicó que si bien son un partido “polémico, nosotros no somos de los que se ajustan al dicho de que ‘la ropa sucia se lava en casa’, nosotros la lavamos, se enjuaga en el patio y la ventilamos bien”, señaló.

También rechazó que este problema afecte en los comicios del próximo 6 de julio al PRD, “nosotros con Francisco Chavarría tenemos una campaña muy exitosa y el sustento de esta campaña se basa en dos cosas: primero en lo que hemos hecho los diputados y senadores perredistas y segundo, lo que representan Francisco Chavarría y Silvano Blanco, que son personas honestas y capaces”.

En la conferencia de prensa estuvieron el aspirante Francisco Chavarría Valdeolívar; su suplente, Silvano Blanco de Aquino; el diputado local, David Jiménez Rumbo; la secretaria de Finanzas del PRD estatal, Yolanda Domínguez y los ex aspirantes Gabriela Terrazas García y Amador Jaimes Talavera.