En un año, conflictos con piratas, por placas y concesiones clonadas




Durante el año que Salvador Melesio Montiel estuvo al frente de la Delegación de Transporte en Acapulco se presentaron conflictos con transportistas piratas, por placas y concesiones clonadas, por permisos temporales alargados y la resistencia de algunos sectores de camioneros y taxistas a sumarse al reordenamiento de colores, aparatos de sonido y chalanes.
Según la información publicada, la relación que Melesio mantuvo con el gremio de los transportistas fue la mayor parte de acuerdos para el reordenamiento del transporte en Acapulco, pero también tuvo problemas con algunos sectores por el combate al pirataje y cerca de tres denuncias al transportista Brissio Pérez Ramírez, acusado de clonar placas.
Desde principios de septiembre del año pasado, el delegado emplazó a los taxistas amparados para que evitaran dar el servicio debido a que el amparo no los protegía cuando el vehículo ya había sido cambiado.
Después, fueron incautados 25 taxis de la Coordinadora Estatal de Transportistas Independientes (Cetig) dirigidos por el transportista Juan Mendoza Tapia, durante una operación con ayuda de policías antimotines y policías en la avenida Pie de la Cuesta a un costado del panteón San Francisco el 7 de octubre del año pasado.
Dicha acción fue respaldada por los líderes transportitas, entre ellos Jorge Pérez Martínez, Ramiro Fabián Soto, José Díaz López, Alejandro Fuentes, Jorge Solís Araujo y Cirilo López, quienes días antes se manifestaron en la Delegación de Transporte y Dirección de Tránsito para que emprendieran acciones contra los piratas.
Ese día, Melesio Montiel informó a reporteros que un día antes fue perseguido por un auto modelo Concord color gris placas del Distrito Federal 46LZX “que me estuvo persiguiendo ayer todo el día”. El auto, según los propios taxistas de la Cetig, es propiedad de Juan Mendoza Tapia, pues lo identificaron cuando también era retirado por una grúa junto con los 25 taxis piratas y el cual todavía se encuentra en las instalaciones de la Secretaría de Protección y Vialidad (SPV).
A principios de noviembre taxistas de la Cetig se deslindaron de su líder Juan Mendoza Tapia y lo acusaron de engaño, extorsión, amenazas y fraude. Unos 15 taxistas que pertenecieron a esa organizaron le pidieron al delegado Melesio Montiel que desistiera de la averiguación previa que inició durante la detención de sus unidades desde septiembre. Sin embargo, señalaron que Melesio Montiel les dijo que no podía hacer nada porque el proceso legal estaba avante en el juzgado y por eso los taxistas tuvieron que pagar amparos y otros se mantuvieron prófugos ante las órdenes de aprehensión liberadas en su contra por dicha denuncia.
También Melesio Montiel presentó tres denuncias ante el MP contra el transportista Brisio Pérez, la última el 27 de marzo y presentó por pruebas en la demanda que interpuso la dependencia por el delito de falsificación de documentos.
Dos semanas antes, Melesio Montiel interpuso la denuncia ante el Ministerio Público del fuero común, sector central con la averiguación previa 113/2006 de la mesa tres.
En esa ocasión, el delegado opinó que Brissio Pérez no era un líder transportista sino que simplemente su oficio era mecánico y hojalatero “y de ahí uno se imagina la magnitud de lo que ha ganado en esto porque se sabe que ahora tiene casa en Las Brisas”.

Una historia de conflictos y retrasos

Las obras de la calle Vicente Guerrero –que puede ser una de las principales del actual gobierno municipal– se han enfrentado a diversas contratiempos. Un conflicto laboral de sindicalizados de la CROC hizo que se suspendieran, pues exigían que la empresa Grosse Ingenieros – que ganó el concurso de licitación de la CFE para construir una subestación–, les pagara un adeudo por salarios de 600 mil pesos.

Los trabajos comenzaron a finales de octubre del año pasado, pero a petición del alcalde en diciembre se detuvo la obra y se taparon los pozos ya abiertos, para que los vehículos circularan durante la temporada decembrina. En enero se reanudaron los trabajos, pero el 12 los trabajadores de la CROC se declararon en huelga.

El movimiento fue declarado ilegal por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), sin embargo los trabajadores obtuvieron una suspensión temporal ante la juez cuarto de distrito, María del Carmen Razo, pero no les otorgó el amparo definitivo y la empresa Grosse pudo continuar la obra.

El 29 de febrero, el alcalde puso en marcha los trabajos de pavimentación con un presupuesto de más de 5 millones de pesos, y urgió al entonces secretario de Desarrollo Urbano, Jorge Juárez para que se terminara provisionalmente la calle antes de Semana Santa.

Luego hubo retrasos de parte de la CFE y de Telmex, según dijeron en su momento el mismo Juárez Soto y su ahora sucesor Orlando Soberanis. Ahora es el Ayuntamiento el que no alcanza a entregar la obra en el tiempo prometido con las banquetas completas.

El 2 de mayo, López Rosas encabezó con Soberanis un recorrido por la Vicente Guerrero, e informó que estaría lista el 10 de mayo porque desea que “ya se abra a la circulación lo antes posible”.

Pero ello no ocurrió porque la CFE no terminó la instalación de cables de “alta y baja tensión que va subterránea”, según dijo Orlando Soberanis quien indicó que la vía tenía el 70 por ciento de avance.

El domingo 16 durante otra visita de inspección del alcalde acompañado por diversos funcionarios, Orlando Soberanis informó que la pavimentación de la calle estaba lista, faltaba sólo colocar tapas de coladeras de parte de Telmex, y la pavimentación de banquetas.

El cierre de la calle ha sido causa de inconformidades de los vecinos, porque durante varios meses no tuvieron acceso a servicios básicos como la recolección de basura y porque, dijeron, aumentó la inseguridad. (Magdalena Cisneros).

Conflictos internos en cuatro municipios que gobierna el PRD

Redacción  

A dos días de que el presidente del CEN del PRD, Leonel Godoy Rangel, visitó Acapulco y afirmara que el “buen gobierno” de ese partido les permitiría ganar Guerrero, en al menos cuatro municipios continúan los conflictos internos.

En Zihuatanejo, el alcalde Amador Campos informó que comparecerá hoy ante la Comisión Instructora del Congreso para responder a la denuncia del síndico Joaquín González, quien le acusa de nepotismo e irregularidades administrativas.

El alcalde dijo que la Auditoría General del Estado ya entregó un dictamen favorable a su gestión.

Ayer el mismo ayuntamiento de Zihuatanejo puso la denuncia penal que había anunciado hace días contra el síndico González, a quien acusa de ejercicio indebido del servicio público por ocultar una resolución del Tribunal de Conciliación y Arbitraje que implica un daño patrimonial al municipio por 750 mil pesos.

En tanto, en Zirándaro el dirigente perredista Vicente Aguilar fue detenido por la policía municipal y llevado a rastras a la cárcel, por protestar por la exclusión de un grupo de mujeres del programa Oportunidades. Ahí, unas mil mujeres bloquearon el acceso al ayuntamiento por dos horas, para denunciar que el alcalde perredista Marcial Cárdenas Sánchez se beneficiaba con ese programa.

En Chilpancingo, ediles del PRD del ayuntamiento de Cuetzala del Progreso solicitaron la intervención del Congreso para que se solucione el conflicto que comenzó en marzo con el edil perredista, Manuel Villanueva.

También en la capital, el Comité Ejecutivo Estatal rompió pláticas con los perredistas opositores al alcalde de San Luis Acatlán, Genaro Vázquez Solís, y que insisten en que no negociarán otro tema que no sea “la designación del sustituto” del edil postulado por el PRD.