El diputado Bernardo Ortega Jiménez, vicecoordinador del grupo parlamentario del PRD, reconoció que aún no sabe si su fracción apoyará la iniciativa enviada por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, para sancionar con cárcel o multas a las personas que se dediquen o induzcan a las terapias que corrigen la orientación sexual.
La iniciativa de decreto que plantea la sanción a las terapias de conversión para corregir la orientación sexual e identidad de género, fue rechazada en conferencia de prensa por integrantes del Frente Nacional por la Familia, luego de que se dio a conocer en el Congreso.
En consulta telefónica, Ortega afirmó que están justamente en el análisis de los pros o contras de la iniciativa, a la que van “a ponerle mucho empeño, (pero) no sabría decir si vamos a apoyarla o no”.
Aclaró que se comentó en una reunión y conoció algunas posturas de sus compañeros, pero aún no ha sido tema de trabajo con el área técnica que recibió la encomienda de hacer un estudio de profundo “para tener una idea clara sobre qué tanto puede ayudar a los niños principalmente o a la gente adulta”.
Dijo que supo de la oposición de algunos grupos religiosos, y como vocal de la Comisión de Justicia le interesa que se acuerde una ley de consenso.
Precisó que esta propuesta de la titular del poder Ejecutivo no llegó como asunto preferente al Congreso local, distinto a la iniciativa para sancionar a los entes públicos que no enteren o retengan cuotas del ISSSPEG, y la reforma para regular el hospedaje temporal que se ofrece a través de plataformas digitales.
Sin embargo, estimó que habrá tiempo suficiente para analizarla con calma en el transcurso del periodo ordinario que termina el 15 de junio.
Recordó que el PRD vota de consenso como fracción, y su voto al proyecto en la Comisión de justicia será el que seguirán sus compañeros cuando sean revisados los antecedentes en otros estados.
También dijo que van a comentar el asunto con el presidente del partido, Alberto Catalán Bastida, sobre la posición del PRD en su agenda política,
“Estoy checando antecedentes de este tipo de prácticas de conversión, de dónde viene, cómo surgió, porque es un tema escabroso”, como la despenalización del aborto y los matrimonios igualitarios, aprobados en esta legislatura. (Lourdes Chávez /Chilpancingo).
Trabajadores del Sindicato Sentimientos de la Nación en conferencia de prensa en la puerta principal del Congreso del estado Foto: Jessica Torres Barrera
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
Fernando Martínez Román, secretario general del sindicato Sentimientos de la Nación, de trabajadores del Congreso local, denunció que ya son tres quincenas las que se les deben a los tres despedidos, y demandó a los diputados no ser cómplices con su silencio de “las represiones” a los agremiados y pronunciarse respecto al conflicto laboral que persiste con la administración del Poder Legislativo que encabeza la morenista Yoloczin Domínguez Serna, como presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).
Informó que no se han liberado los pagos de los tres trabajadores despedidos, incluido el suyo: “este Congreso lo encabeza una represora, hemos pedido estabilidad laboral y nos han suspendido los pagos, hemos pedido diálogo y hay denuncias en el Ministerio Público”.
El dirigente, acompañado de representantes de diferentes sindicatos, dijo que la presidenta de la Jucopo no cumple con los principios de Morena, porque no se está respetando los derechos de los trabajadores agremiados: “tenemos nuestra toma de nota, firme, sustentada”, porque cumplieron con los requisitos para conformarse como sindicato.
Fernando Martínez dijo que “con una facilidad, una soberbia y una represión, porque eso es lo que es la presidenta de la Junta, una represora, de manera natural y perversa destituye a los compañeros, les suspende el salario. Esa clase de políticos no genera confianza al pueblo de Guerrero, está bien marcada la represión”.
Demandó a los coordinadores de los grupos parlamentarios a que manifiesten una postura respecto a la “represión” de la presidenta de la Junta Política del Congreso local (Jucopo), Yoloczin Domínguez Serna, contra los trabajadores: “les hacemos un llamado respetuoso, que fijen una postura, porque con mantener silencio también abonan a la represión, que se definan si están a favor o en contra de la base trabajadora”.
Nuevamente llamó a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda: “los trabajadores somos pueblo, ayúdanos, fue una mala decisión poner a esta señora represora que lo único que ha hecho es reprimir a los trabajadores”, aunque después señaló que no piden la destitución de nadie sino que se respeten los derechos de los sindicalizados.
Del respaldo de nueve de los 22 diputados de Morena, dijo que están a la espera de que el tema se hable al interior del grupo parlamentario y que ellos sean el puente de comunicación con la presidenta de la Junta.
También aseguró que la demanda principal del sindicato es la reinstalación de los tres despedidos, que son precisamente él como secretario general, Ramón Núñez Campos y Alondra Reza Arzola, y el pago de sus salarios.
En la conferencia en la entrada del estacionamiento del Congreso local estuvo Ramón Núñez, quien era chofer y que a pesar de que ahora está laborando en la oficina del diputado morenista Joaquín Badillo Escamilla no se le han pagado tres quincenas; ahí estuvo pidiendo cooperación voluntaria.
Fernando Martínez señaló que el tema de las 63 bases a las que el tribunal dio marcha atrás no las están demandando en este momento porque ese será un tema que decida precisamente el tribunal.
Los representantes de sindicatos que acudieron a la conferencia llamaron a Yoloczin Domínguez a detener la represión en contra los trabajadores y a reconsiderar su decisión de “dejar a tres familias sin su sustento”, lo cual consideraron que es un claro acto de represión.
Otra de las presentes en la conferencia llamó al presidente Andrés Manuel López Obrador a que observe cómo se comportan los representantes de Morena en el estado y en particular en el Congreso “porque los preceptos de la Cuarta Transfor-mación sólo los representa él”.
En la conferencia otro de los asistentes señaló que el 3 de marzo cuando se reunieron con el senador Félix Salgado Macedonio, se comprometió a que ese mismo día quedaría resuelto el problema, pero no pasó.
Acompañaron la conferencia representantes de los sindicatos del Colegio de Bachilleres, de trabajadores académicos de la UAG, de Bomberos, el de trabajadores del Ayuntamiento de Chilpancingo (SITACH), del CECyTEG, y del DIF, quienes dijeron que ven a Yoloczin Domínguez “como una niña caprichosa que no quiere resolver esta situación”.
Colectivos y organismos de derechos humanos buscarán la aprobación de la iniciativa de Ley en materia de desaparición forzada que presentaron y exigirán que se apruebe en el próximo periodo de sesiones del Congreso del estado, declaró la presidenta del colectivo de Familiares en Búsqueda, María Herrera, Gema Antúnez.
Después de la marcha y el bloqueo a la Autopista del Sol el mes pasado, informó que se llevó a cabo una reunión con los diputados del Congreso local, encabezados por la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Yoloczin Domínguez Serna, quien se comprometió a que la iniciativa será aprobada en el próximo periodo de sesiones.
Sin embargo, añadió que como ya les quedaron mal el año pasado, ahora “hay cierta desconfianza” de los representantes de los colectivos y organismos de derechos humanos que respaldan dicha iniciativa.
Además, añadió que antes de la marcha les argumentaron que no salía adelante la iniciativa porque la habían extraviado y después que no se ponían de acuerdo con respecto a su contenido las distintas fracciones parlamentarias.
“Entonces entendemos que la iniciativa no sale adelante por los pleitos políticos que tienen los diputados, y les dijimos que a nosotros no nos interesaban sus pleitos, que ellos estaban ahí, en el Congreso, porque así lo decidieron y que tenían una obligación con el pueblo y que respondieran al pueblo”.
Gema Antúnez informó que el 21 de abril tienen cita con los diputados para ver que realmente la ley sea la que trabajaron los colectivos y los organismos de derechos humanos.
Los colectivos que apoyan la iniciativa son: la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM); el Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón; el colectivo Siempre Vivos de Chilapa;
Familiares de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos; Familiares en Búsqueda María Herrera de Chilpancingo; Colectivo de Desaparecidos Lupita Rodríguez, y los Otros Desaparecidos de Iguala.
Gema Antúnes informó que la iniciativa de ley que apoyan es la que inicialmente elaboró la presidenta del colectivo, Lupita Rodríguez, pero que se fue actualizando hasta que fue aceptada por la mayoría de los colectivos, “por eso queremos que sea esa la que se apruebe y que no nos vayan a dar gato por liebre”.
Añadió que la desconfianza de los colectivos es que les dijeron antes de la marcha que realizaron en febrero que no la encontraban pero después de la marcha supuestamente la encontraron.
Gema Antúnez, dijo que van a estar pendientes hasta el día que la suban en tribuna, “no les vamos a soltar la cuerda, ya nos dijeron que sí y vamos a confiar, pero a estar pendientes”, advirtió.
Los promotores de los nuevos municipios de Santa Cruz del Rincón, San Nicolás, Ñuu Savi y Las Vigas, José Feliciano Molina, Felipe de la Cruz y Jaime Viviano hablan con los reporteros afuera de las instalaciones del Congreso del estado Foto: Jessica Torres Barrera
Lourdes Chávez
Chilpancingo
Representantes de los cuatro municipios de nueva creación protestaron en el Congreso local porque se acerca el vencimiento de la prórroga de 120 días que se estableció por el Congreso para la designación de los gobiernos instituyentes, y ahora se habla de una posible consulta para atender un amparo en proceso de resolución.
Del nuevo municipio afromexicano de San Nicolás, el promotor Felipe de la Cruz subrayó que los municipios creados hace un año con ocho meses, están llegando al límite de la tolerancia, porque a principios de abril termina el segundo plazo fijado para designar autoridades municipales, no hay avances y la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Yoloczin Domínguez Serna, no ha respondido a dos solicitudes de audiencia.
Piden que los integrantes de la Jucopo les informen qué pasa con este proceso, porque el diputado del PRI, Héctor Apreza Patrón, declaró que podría caerse el decreto de creación de los nuevos municipios.
Explicó que, se enteraron hace casi dos años que los comisarios de las comunidades El Tamale, Punta Maldonado y El Faro, de San Nicolás, y de otros municipios, impugnaron el decreto de creación. Ahora, el Congreso argumenta que esa es la razón por la que se ha frenado la designación de los gobiernos instituyentes.
“Como parte afectada, exigimos que nos informen de estas demandas, porque es nuestro derecho también”.
Aseguró que los pueblos no tienen asignación de obras ni presupuestos, “porque los alcaldes de los municipios de los que se desprendieron se deslindan de nuestros pueblos”.
Del acuerdo aprobado por diputados para que los ayuntamientos de origen no excluyan de servicios y de obras a las comunidades de San Nicolás, Las Vigas, Santa Cruz del Rincón y Ñuu Savi, mientras se designan los ayuntamientos instituyentes, “ahí queda nada más, son dos años de los pueblos en la misma exigencia a las presidencias municipales, y no hay respuesta a los comisarios”.
Subrayó que los cuatro municipios han atendido todos los acuerdos y lineamientos aprobados por el Congreso para terminar la constitución de los ayuntamientos creados.
Incluso, hubo consultas de las comunidades, “que ahora argumentan que no fueron tales, sino que fueron encuestadas, pero salió del Congreso, no la inventamos nosotros, queremos que nos respeten la decisión que hemos tomado como pueblos originarios”.
Aclaró que siempre han privilegiado la línea del diálogo, “(pero) que no los obliguen a tomar otras medidas que no ayudan mucho al estado, en las condiciones en que está. Únicamente que nos informen, nos notifiquen de la responsable del retraso es la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
Recordó que cuando la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación planteó la prórroga de 120 días para designar a los cabildos instituyentes, aceptaron la condición porque les aseguraron que se haría mucho antes del cierre del plazo, que ahora está a dos semanas de terminar.
“Van a violentar la Ley que aprobó el (mismo) Congreso, para los nuevos ayuntamientos, en el sentido de que antes de las elecciones constitucionales, los gobiernos instituyentes deben estar en funciones tres años como máximo, y uno mínimo”.
El promotor del Comité promotor de Las Vigas, Jaime Bibiano Pano, insistió en que a la brevedad instalen los gobiernos institucionales en cada uno de los nuevos municipios.
Aclaró que en Las Vigas no hay ciudadanos inconformes con la creación del municipio. Recriminó que la presidenta de la Jucopo nunca los ha recibido. Los ha atendido la presidenta de la Comisión, Alicia Zamora
El presidente del Comité de Santa Cruz del Rincón, Francisco Rodríguez Flores, aclaró que los pueblos están cansados de que el Congreso no cumpla sus acuerdos. Primero les dijeron que el primero de enero tomarían protesta los cabildos instituyentes, luego aprobaron la prórroga de 120 días que están por acabar. En tanto, las comunidades atendieron todos los requisitos administrativos que les requirieron.
Denunció que no hay falta de voluntad de los diputados para realizar los nombramientos.
Advirtió que los pueblos originarios tienen sus formas de organización para seguir exigiendo, y los diputados serán responsables de las acciones que realicen “para que la voluntad del pueblo se haga justicia”.
Sobre la equidad de género, los tres promoventes aseguraron que se respetaron las propuestas de mujeres en 50 por ciento, de acuerdo a la organización y el aval de las comunidades, “al pie de la letra de los puntos que señaló el Congreso”.
La manifestación comenzó a las 11 de la mañana. Luego se integran los promotores del municipio Ñuu Savi y se reunieron funcionarios de la Jucopo, del área Jurídica y de Servicios Parlamentarios.
Felipe dela Cruz indicó que ahí les informaron que el juzgado séptimo de Acapulco está por resolver el juicio de amparo contra el decreto de creación de los cuatro municipios. Les aseguraron que la designación del cabildo instituyente sí está avanzando, sólo esperan que la resolución del juez federal para atender también la decisión judicial.
La diputada del PRI Julieta Fernández Márquez en su participación en la sesión del Congreso del estado Foto: Jessica Torres Barrera
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
La diputada local priista Julieta Fernández Márquez, presentó un punto de acuerdo por el que se exhorta a la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Sandra Luz Valdovinos, para que presente al Congreso local un informe por escrito sobre el cumplimiento de lo establecido en la Ley para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas, y la de Protección, Atención y Asistencia de las Víctimas, Ofendidos y Testigos de estos delitos en Guerrero, luego de que aumentaron los casos en la entidad.
La propuesta fue turnada por la Mesa Directiva a las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y Justicia. En tribuna Julieta Fernández dijo que es necesario que el Congreso conozca la información sobre el cumplimiento a esta ley, y justificó que la intención es la de unir esfuerzos para implementar acciones y estrategias para prevenir y sancionar este delito.
La priista dijo que de acuerdo a informes de la Asociación Familias de Acapulco en busca de sus Desaparecidos, en Guerrero siguen desaparecidas 117 mujeres, además de que tienen documentadas 363 personas desaparecidas no denunciadas y que por su propia cuenta han localizado 70 personas con vida e identificado 55 cuerpos que han sido entregados a sus familiares.
“Tan solo en el 2022 han reportado el hallazgo de 37 cuerpos no identificados y cientos de fragmentos óseos. El parque nacional del Veladero y el río de la Sabana son los lugares donde se han rescatado la mayoría de los cuerpos, gracias al empeño y compromiso de las familias, quienes con sus propios recursos han evidenciado el gran número de personas desaparecidas. Las mismas familias han constatado el incremento en un 30 por ciento las desapariciones de niñas de 13 a 16 años, sobre todo del mes de mayo a la fecha”, dijo Julieta Fernández.
En este exhorto se solicita también que se incluya un informe sobre sobre el delito de trata de personas, cuántos ministerios públicos están operando para atender esta materia y cuántos refugios, albergues y casas de medio camino para víctimas, ofendidos y testigos de estos delitos.
La sesión
La Mesa Directiva informó leyó los oficios enviados por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, por los cuales envió iniciativas de reforma y adiciones al Código Penal, a la Ley de Fomento y Desarrollo Turístico del Estado y los Municipios, la Ley de Hacienda. También a la Ley de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado, a la Ley 51 Estatuto de los Trabajadores del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados, a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos, la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y la Ley del Sistema de Coordinación Hacendaria.
En la sesión, el diputado morenista Joaquín Badillo Escamilla presentó una iniciativa de reforma a la Constitución Política federal para integrar la extorsión en el catálogo de delitos que cuentan con medida cautelar de prisión preventiva, para que quienes lo cometan permanezcan privados de su libertad mientras transcurre el proceso penal, garantizando la seguridad de las víctimas.
La diputada morenista Jessica Alejo Rayo presentó una iniciativa de reforma a la Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar la Discrimi-nación y a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para que se considere como discriminación y violencia el prohibir, limitar o restringir a las mujeres el acto de lactancia materna en espacios públicos, y garantizar así los derechos y libertades de quienes deciden ser madres.
También de Morena el diputado Antonio Helguera Jiménez presentó una iniciativa de reforma a la Ley para el Desarrollo Social del Estado de Guerrero, para que el gobierno estatal y los municipales den a conocer los padrones de beneficiarios de programas y acciones sociales.
La secretaria de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, Irene Jiménez Montiel es entrevistada por reporteros Foto: Jessica Torres Barrera
Lourdes Chávez
La secretaria de Desarrollo Urbano, Obras públicas y Ordenamiento Territorial, Irene Jiménez Montiel, aseguró que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no realizó observaciones ni señaló responsabilidades por la demolición de la biblioteca Siervo de la Nación del Congreso local.
Sobre el resultado de la auditoría que realizó el organismo federal, a petición del Congreso, añadió que la Secretaría a su cargo envió el expediente completo al poder legislativo para quien desee conocer el procedimiento.
Consultada en las oficinas de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Guerrero, a donde asistió como invitada, también rechazó que haya discriminación a mujeres empresarias que piden mesas de trabajo para ser consideradas en la construcción de la obra pública.
Sin embargo, precisó que no va a ceder obras por chantajes en mensajes de redes sociales o en la prensa, “queremos gente responsable, gente profesional, con ética, que no nos vaya a dejar mal las obras”.
Sobre la biblioteca del Congreso, señaló de manera breve que no hay observaciones, ni responsabilidades por la demolición del edificio, que inicialmente tenía programada su rehabilitación.
Durante meses, en el Congreso hubo acusaciones contra el anterior presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Alfredo Sánchez Esquivel, de haber cambiado de manera unilateral el curso de la obra. Éste precisó que la opinión en la infraestructura corresponde a la Secretaría de desarrollo Urbano, responsable de la construcción.
La funcionaria estatal también fue cuestionada sobre la demolición de la biblioteca en la glosa del primer informe de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, el año pasado, y ayer se reservó a dar opiniones de aquél momento.
Adelantó que la primera etapa de la obra, con una inversión de 9 millones de pesos, terminará a finales de marzo o principios de abril. Este año hay otra inversión de 10 millones de pesos para la segunda etapa, y se necesitarán 20 o 30 millones más para concluir el edificio.
Declaró que tiene muy claro que objetivo es Guerrero, “aquí no hay camisetas políticas, siempre haremos lo mejor que podamos, todas las mujeres somos trabajadoras y emprendedoras. No me enfoco en las cosas negativas. Si nos ponemos a ver todas las piedritas que ha habido, a todos los que no están de acuerdo, imagínense, no terminaría, hay muchas cosas por hacer en el estado como para enfocarse en quienes no quieren ahí”.
De la exclusión que señaló la empresaria Africa Leonor moreno Santana, como parte de un frente de empresarias de distintas organizaciones para demandar una audiencia con Jiménez Montiel a fin de acceder a los fondos de la obra pública estatal, la funcionaria aseguró que no pertenecen a varias cámaras sino es una sola persona.
Aclaró que quienes buscan una oportunidad en este sector deben tener preparación, “lo que pedimos en la Secretaría es que tengan el perfil, experiencia y solvencia económica para responder por alguna obra, porque yo necesito que las auditorías no me vayan a observar por un empresario que no tenga capacidad económica y me deja las obras colgadas”.
Confirmó que hay un problema de abandono de obras por empresas que no tienen manera de cumplir lo acordado. Ahora, dijo que está realizando un cruce de datos con las dependencias que rigen en esta Secretaría, para evitar que las empresas constructoras sean de hombres o mujeres, que dejaron proyectos inconclusos accedan a los recursos de infraestructura.
Del acompañamiento sólo de hombres en sus giras de trabajo, que también se advirtió en la denuncia, precisó que va a los recorridos de campo con sus colaboradores y ya estaban laborando en la oficina, “y tengo que trabajar con lo que hay”.
“Matan y se corrompen por la obra”
Aseguró que a la Secretaría casi nadie se acerca a hacer propuestas de desarrollo urbano y ordenamiento del territorio, “ todo el mundo va a la obra, se matan por la obra, se corrompen por la obra, se malinterpreta por la obra, quieren decidir por la obra, cuando la columna de esta Secretaría es el desarrollo Urbano y el ordenamiento del territorio”.
Aseguró que después de 43 años en esta administración comenzaron las acciones palpables para el ordenamiento del territorio. Señaló que antes no eran contempladas porque no sirven para el proselitismo.
“El ordenamiento del territorio es reciente y lo necesitamos, no podemos seguir haciendo obras de relumbrón, que no beneficien a nadie, hoy estamos tratando de que nuestras obras sean necesarias, con el mayor número de beneficiarios y que no se concentre en los cinco municipios más grandes”.
Destacó los caminos artesanales en la montaña, que conectan a las cabeceras municipales y acercan servicios de salud y educación.
De las gotas o diezmos, tumor a voces en este sector, afirmó que quien lo sugiera será bloqueado por ella. Nosotros vamos a transparentar los procesos, fui la primera secretaría donde se puso un buzón de sugerencias para quejas y opiniones. Tratamos de transparentar la obra de ser equitativos, de regionalizar, de no dejar nada más a unas constructoras, y buscamos constructoras en las regiones aue ejecuten los proyectos en sus territorios”.
De la obra en 2023, informó que tiene la indicación de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, de equilibrar presupuestos y proyectos en todas las regiones y en todos los municipios. Destacó que dejaron de proyectar pavimentaciones y drenajes que corresponden a los ayuntamientos, y conversan con los alcaldes sobre obras estatales con el mayor número de beneficiarios.
El diputado federal Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros señaló que no es función de los consejeros del INE combatir las leyes que en materia electoral hace el Congreso, porque su autonomía no los exime de las leyes del estado mexicano.
“No es su papel estar criticando y desobedeciendo incluso las reformas que se han planteado en torno a lo electoral, el Instituto Nacional Electoral debe ceñirse al marco jurídico, al marco legal, al marco constitucional y no estarlo combatiendo, no son funciones del instituto. Estas reformas son legales, son legítimas, son válidas y se tienen que obedecer”.
Este domingo, el diputado federal dio su primera conferencia en Acapulco desde que fue electo en 2021, habló sobre la reforma electoral promulgada el pasado jueves, llamó a los consejeros y funcionarios del INE a respetar las reformas electorales porque fueron hechas por el Congreso, mediante una mayoría electa democráticamente.
Señaló que cada mes los consejeros del INE, para no respetar la Constitución y tener remuneraciones más altas que el presidente promueven amparos. Agregó que el INE es un organismo autónomo, pero debe ceñirse a las leyes del estado mexicano.
“Es muy grave que se estén combatiendo las leyes en los tribunales para seguir ejerciendo el poder dentro del INE, nos parece que de manera ilegítima, sin obedecer a la Constitución y combatiendo ahora en los tribunales las leyes, llamamos a los consejeros electorales a que se ciñan a lo que el Congreso ha emitido, es el órgano constitucional para hacer estas modificaciones, se hace por mayoría electoral y la ley ya fue promulgada”.
Las leyes que se modificaron precisó, fueron la General de Comunicación Social, de Responsabilidades Administrativas, de Instituciones y Procedimientos Electorales, de Partidos Políticos, del Poder Judicial de la Federación y se expidió una nueva Ley de Medios de Impugnación.
Abundó que la reforma propuesta era reducir el número de diputados plurinominales, que hubiera menos dinero público en las campañas, que no hubiera tanto dinero para los partidos para que la democracia sea más barata y no tan cara para el pueblo “eso no lo aceptaron”.
Sostuvo que las conferencias y declaraciones que se hacen para desacreditar la reforma electoral con el argumento de que van a despedir a miles de trabajadores “no es cierto”, porque la reforma va dirigida a terminar con la “burocracia dorada, que tiene privilegios estratosféricos en sus sueldos”.
“Ellos (el INE) como se dicen autónomos creen que están fuera del marco legal mexicano, no es así, son parte del estado mexicano y tienen que obedecer las leyes que emite el Congreso de la Unión”.
Acusó que “la derecha, militantes de los partidos políticos están atrincherados en el INE, no son ciudadanos sin militancia, los consejeros electorales, muchos de ellos tienen antecedentes partidistas muy claros, tenemos a consejeros electorales empezando por Santiago Creel, que luego de ser consejeros electorales van directamente a las direcciones de los partidos políticos nacionales a seguir militando, porque no dejaron su militancia original en estos repartos que se hacían en el viejo régimen”.
La conferencia, dijo fue para defender el trabajo legislativo porque él votó a favor de esa reforma y que el alegato de que es un ataque a la democracia, “es una farsa, lo que no quieren es perder privilegios”, por eso salen a aclarar las mentiras que se han difundido sobre la reforma, “queremos que haya neutralidad en la autoridad electoral”.
Consideró que debido a la desinformación que hay en torno a la reforma electoral y a la andanada emprendida en medios de comunicación para replicar el discurso de la derecha contra la reforma, es que los ciudadanos creen que se ataca al INE, “pero no es cierto, no existe tal ataque, hay una modificación, legal y legítima del Congreso de la Unión que ha cambiado el marco jurídico y eso es lo que los pone muy nerviosos”.
De los amparos promovidos contra la reforma electoral, sostuvo que sólo buscan defender privilegios “es para que ellos personalísimamente no pierdan privilegios y ahí se transparenta por lo que en realidad están luchando ellos, no están planteando ir a la corte para cuestionar la reforma, lo que buscan es que ellos no pierdan los ingresos que están teniendo”.
Consideró que el fondo del debate por la reforma electoral es porque en 2024 Morena va arrasar y la oposición busca desacreditar el triunfo, con el alegato de que el INE fue trastocado.
Confirmó que su hermano Netzaí Sandoval busca ser consejero del INE.
Mientras daba la conferencia, una mujer gritó “arriba el INE” en tres ocasiones y gritó “fuera, fuera”, “fuera Morena”.
El diputado federal estuvo acompañado por el ex diputado local Moisés Reyes Sandoval y los ex regidores Hugo Hernández Martínez y Javier Morlet Macho.
El secretario general del Sndicato Sentimientos de la Nación de trabajadores del Congreso local, Fernando Martínez Román posa con el puño en alto en el plantón que mantienen afuera de las instalaciones Foto: Jessica Torres Barrera
Jacob Morales Antonio
La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Yoloczin Dominguez Serna, señaló que solo son “ocho personas” las que se mantienen en paro y que los dos despedidos tenían menos de un año trabajando.
En declaraciones al término de la sesión del Grupo ACA, la diputada morenista señaló que el dirigente del Sindicato Sentimientos de la Nación, Fernando Martínez Román, se ha negado a firmar los acuerdos que se han alcanzado en tres mesas de diálogo, y que sus demandas están “fuera de contexto”.
La diputada subrayó que ha sido respetuosa y que siempre ha estado disponible para el diálogo, pero que desconoce cuáles son ahora los motivos para obstruir el acceso del Congreso local, y dejar a trabajadores adentro. “Están actuando al margen de la ley y eso es completamente grave”, señaló.
Agregó “nosotros en la casa de las leyes no podemos permitir que se tomen actitudes y acciones al margen de la ley. No podemos ser omisos de eso”, y aseguró que se tuvieron reuniones abiertas con la presencia de reporteros, donde no hubo hostigamiento laboral como lo han denunciado los paristas.
Dijo que “la mayoría del sindicato está trabajado muy bien en el Congreso, sólo son ocho personas” las que protestan “encabezadas por el dirigente quien, dijo, “ha distorsionado los temas”, y que en tres ocasiones se reunió con él pero no firmó los acuerdos.
Respecto a los dos despidos dijo que fueron empleados por contrato y que tenían menos de un año laborando además de que la baja se dio luego de la solicitud que hizo la sección 25 del SUSPEG, dijo que uno de los trabajadores era el chofer de la unidad de transporte del personal.
El integrante del Comité gestor de La Vigas, Jaime Bibiano Pano, señaló que los partidos políticos representados en el Congreso local no logran consensos en los nombramientos de los cabildos instituyentes. En el caso de ese nuevo municipio, el listado que avalaron las comunidades, votado en asamblea que entregaron a la Junta de Coordinación Política, la mitad son mujeres.
En consulta sobre el llamado a los nuevos municipios de Las Vigas y Ñuu Savi a enviar propuestas de mujeres para encabezar los cabildos instituyentes, avaladas en asambleas, aclaró que cualquiera de las mujeres de esa lista relación, puede ser nombrada alcaldesa.
Es que el municipio Ñuu Savi entregó una planilla única, que incluye cargos de designación, y la presidencia recae en un hombre.
En cambio, para el cabildo de Santa Cruz del Rincón, el Congreso recibió tres propuestas, y sólo la primera lleva una terna de dos hombres y una mujer para ocupar la presidencia municipal.
Así mismo en San Nicolás, la planilla única lleva una de terna de dos hombres y una mujer para la presidencia.
Pero en Las Vigas hay cuatro propuestas acreditadas que llevaron diferentes actores. La planilla que envió el Comité gestor no específica ningún cargo para los nombres de mujeres y hombres, a fin de que los diputados definan el orden de los nombramientos, en función de los perfiles.
La segunda planilla de Las Vigas propone a un hombre para la presidencia; la tercera la señala a hombre o una mujer; la cuarta propone una única formula a la presidencia, con titular hombre y suplente mujer.
Bibiano Pano enfatizó que el comité gestor cumplió con todos los requerimientos de la convocatoria, se llevó la información a las comunidades que interna enviaron propuestas que se integraron a una lista, y en reunión de autoridades comunitarias avalaron en la cabecera municipal se aprobó 50 por ciento hombres y 50 por ciento mujeres.
Quienes llevaron propuestas independientes con firmas de respaldo, no se interesaron en el proceso del Comité, porque tienen otros intereses. Aseguró que el alcalde de San Marcos, Tomás Hernández, impulsó una planilla después de nombrar una mujer comisaria en Las Vigas. Contra la opinión de la comunidad, la metió luego a la lista que envió al Congreso y fue descalificada.
“Nosotros enviamos evidencias, audio y fotos de la reunión general, cuando se puso a consideración de la ciudadanía a esas 26 personas”. Supimos que piden que se proponga una mujer, y no nos han notificado formalmente.
Lamentó que siga prorrogando el nombramiento de los cabildos instituyentes, porque hay riesgo de que se terminen los plazos, y el acuerdo establece que los ayuntamientos instituyentes estarán en funciones mínimo un año, y máximo tres. Advirtió que es urgente la designación o no podrán elegir autoridades constitucionales en 2024.
El coordinador parlamentario del PRI, Héctor Apreza Patrón, informó que el ex presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Alfredo Sánchez Esquivel, nunca les respondió respecto a las criticadas compras que autorizó de tinacos, despensas, zapatos, cemento, pintura y otros insumos y que entregó a diputados.
También adelantó que la actual presidenta de la Jucopo, Yoloczin Domínguez Serna les entregaría un informe sobre cómo recibió la administración para que no haya dudas respecto a su ejercicio.
En declaraciones en el Congreso, Apreza Patrón dijo que los diputados del PRI no aceptaron el 100 por ciento de estos insumos; algunos sólo una parte, y esperaban una respuesta del entonces presidente de la Jucopo, pero no se dio.
En su momento, la ex presidenta de la Mesa Directiva Flor Añorve Ocampo informó que la bancada priista había solicitado a Sánchez información precisa sobre cómo se generaron las compras de estos insumos, bajo qué criterios, costos y otros detalles importantes para descartar el mal uso de los recursos, pero el morenista no respondió.
Las compras se realizaron en julio del año pasado y eran presuntamente para que los diputados atendieran solicitudes en sus distritos.
Apreza Patrón aseguró que en dos ocasiones hicieron la solicitud de información y que no fueron atendidas. Señaló que ahora están en una nueva etapa de “recuperar el tiempo perdido” y que la Jucopo está trabajando para desahogar muchos pendientes, y “en esa tónica vamos ya en estos momentos”.
A la pregunta de si al tema se le daría “carpetazo”, el coordinador priista señaló que “fijamos nuestra postura, está por escrito, en ese sentido no vamos a estar deteniéndonos en ese punto, finalmente hay órganos de fiscalización, cada quien será responsable de lo que hizo”.
Se le recordó que el Poder Legislativo es precisamente el encargado de fiscalizar, a través de la auditoría como su órgano técnico, y revisar que se ejerzan de manera correcta los recursos públicos. Respondió entonces, que Yoloczin Domínguez “ha mostrado su disposición a presentar un informe a la Junta”, para que a su vez los coordinadores informen a sus grupos sobre la situación en la que se recibió la administración del Congreso.
Respecto a la falta de presupuesto y trabajadores en la Fiscalía General del Estado que informó la fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón, Apreza Patrón dijo que tras la aprobación del presupuesto cualquier solicitud de ampliación “ya es responsabilidad del Eje-cutivo”, porque es el facultado para reasignar los recursos.
