Lleva 90% de avance la separación de Buena Vista de las Pilas del municipio de Chilapa, informan

La fracción de regidores del PRD en el cabildo de Chilapa informó que sólo falta sesionar para que se apruebe la separación de la comunidad de Buena Vista de las Pilas para que se incorpore al municipio de José Joaquín de Herrera (Hueycantenango), como lo han pedido autoridades y líderes del pueblo desde 2012.
El coordinador de los regidores perredistas, Efraín Flores García dijo que el cabildeo para la segregación de esa comunidad lleva un avance del “más de 90 por ciento”, y que sólo falta llevarlo a una sesión ordinaria para poderlo someter a votación.
El gestor de Buena Vista de las Pilas, Felipe Huitzilac García dio a conocer que desde abril del año pasado el cabildo no le ha dado trámite a la solicitud de segregación de comunidad de Chilapa y su incorporación al municipio de José Joaquín de Herrera. Recordó que desde 2012 la solicitud llegó al Congreso del estado y que en la reciente legislatura les informaron que el cabildo de Chilapa tendría que aprobar la separación y hacer de nuevo el trámite.

Cumple ocho días la toma de tres pozos de agua para la capital en La Villita, Mochitlán

Unos 400 vecinos de la colonia La Villita, municipio de Mochitlán, tomaron desde el jueves de la semana pasada tres pozos de agua del sistema que abastece a colonias del oriente de Chilpancingo; reclaman que, mientras que el agua se extrae de su territorio para abastecer a la capital, ellos carecen del servicio.
Para liberar los pozos exigen que el municipio de Chilpancingo les pavimente la calle principal, construya un puente y coloque una toma de agua.
El camino a Mochitlán se recorre en unos 30 minutos en transporte público desde la capital. La Villita no está a más de 15 minutos a pie, desde el centro de la cabecera municipal.
Para llegar a la colonia, se camina en una calle de terracería que va al río Huacapa, cuya corriente es espesa y verdosa en esta temporada, aunque permite llegar a La Villita en carro ante el pobre caudal.
Si es a pie, los transeúntes caminan un puente estrecho de cemento, que a los costados tiene unos tubos delgados y torcidos que sirven como pasamanos. Desde ahí, no hay ninguna calle pavimentada.
A unos 15 metros desde el puente se puede ver un grupo de 30 niños y adultos que se cubren del sol con tres pequeñas lonas que pusieron afuera del subsistema de agua potable Chilpancingo-Mochitlán, pozo M-2, que mantienen tomado.
En este municipio hay seis pozos del sistema Mochitlán, uno de los tres sistemas de agua que abastecen a la capital, de manera “simultánea”, según el director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo (Capach), José Alberto Lara Vargas, a unas 60 colonias de la parte oriente.
En la cerca de malla ciclónica que rodea el pozo, los colonos colgaron dos cartulinas en las que se leen: “La colonia La Villita exigimos obras: puente, pavimentación de calles, drenaje, ampliación de electricidad”, y “La colonia La Villita no se moverá de aquí, hasta tener respuesta de las obras, y hablar con el presidente de Chilpancingo (el priista Marco Antonio Leyva Mena), atentamente La Villita”.
La representante de la colonia, Felicitas Mateo Reyes explicó que el jueves a las 6:30 de la tarde los 400 vecinos cerraron los tres pozos.
Se quejó de que desde hace 22 años que comenzaron a funcionar los pozos, ellos no han sido beneficiados con nada, que aún carecen de los servicios públicos básicos de agua, drenaje, luz y pavimentación. “En lugar de que nosotros estemos ocupando esa agua, todo (va) para Chilpancingo”.
Los vecinos se plantaron en el pozo M-2 porque tienen que encender éste para que los otros dos, que cerraron con candados, funcionen.
Comentaron que esta semana los colonos se han estado rotando los turnos para permanecer en la toma del pozo de día y de noche, unos 30 vecinos en cada ronda.
Reprocharon que medios de comunicación han acudido a los pozos tomados y han mal informado a los habitantes de Chilpancingo, publicando, “que la toma de los pozos terminó, que ya nos resolvieron, que ya están llegando los apoyos”, pero que todo es mentira.
El domingo, el director de la Capach aseguró que la toma fue sólo de un pozo, y que duró 24 horas porque el alcalde Leyva Mena acudió para llegar a un acuerdo.
Felicitas Mateo recordó que el sábado, cuando el alcalde acudió al plantón, ella no estaba, que le dijeron que llegó “muy grosero” cuando se percató de que la responsable de la toma no se encontraba en el lugar, “si no están los responsables, yo me voy”, amenazó.
Dijo que ella no estaba en los pozos porque salió junto con otros compañeros a pedir apoyo a propietarios de lotes en la colonia que no habitan ahí, para que les ayudaran con alimentos para los que se mantienen en el plantón.
Cuenta que cuando ella llegó, el presidente de Chilpancingo ahí estaba; le explicó el motivo de la toma de los pozos y lo que exigían a su municipio por llevarse el agua que les pertenece.
Viven vecinos en condiciones precarias y con carencias

El alcalde les propuso gestionar ante el gobernador Héctor Astudillo Flores sus demandas, además les prometió que este lunes estaría colocada una toma de agua para ellos, sin embargo hasta ayer ningún funcionario los visitó.
“Aquí estamos en el calor, no tenemos respuesta y mientras no haya respuesta, ni modo, aquí vamos a estar”, advirtieron los inconformes.
Los habitantes de La Villita son campesinos. En la temporada de lluvias siembran maíz, frijol, jícama y cacahuate. En un recorrido en la colonia, vecinas mostraron las condiciones precarias en las que viven.
Las calles no tienen nombres, y la que conocen como “La Principal” tiene baches, zanjas, montones de piedras de distintos tamaños y tierra.
Felicitas Mateo mostró que un parte de esta calle está sumida porque la Capach excavó para colocar tuberías, “pero así la dejaron, no la arreglaron”.
La mayoría de las casas de unos 6 metros cuadrados están hechas de carrizos, maderas, troncos, varas, telas, láminas de cartón y de metal. Sobresalen algunas con paredes de cemento.
Sólo unos 100 habitantes tienen drenaje, los demás defecan “en el campo”; otros construyeron fuera de su casa espacios de unos 2 metros cuadrados que sirven como baños, con paredes de trapos; en el interior defecan y cubren los desechos con tierra.
Aunque están conscientes de que eso puede provocar enfermedades, dicen que no tienen otra opción.
Asimismo, sólo cuentan con servicio eléctrico unos cuantos vecinos. Los que no cuentan con el servicio piden a los vecino que lo tienen que lo compartan con ellos.
En la calle principal se nota claramente el cruce del río Huacapa y lo que queda del angosto puente.
Ahí una vecina recordó que en temporada de lluvias el río Huacapa crece y no hay manera de cruzar, dejándolos atrapados en La Villita.
En la colonia no hay ninguna escuela. La más cercana es una primaria que está cruzando el río, a unos 150 metros.
“Los niños batallan bien feo en tiempo de lluvias, las mamás los pasan abrazando el río”, consignó una señora.
Del puente, reclamaron que, “vino la Sedatu, limpiaron el Huacapa, y lo que pasaron a fregar fue el puente, en vez de reforzarlo le escarbaron”, y lo debilitaron.
El agua que utilizan los vecinos viene de un pozo distinto a los del sistema Mochitlán, que se encuentra en un cerro, les dotan de agua dos veces por semana durante media hora, sólo logran llenar un bote de 100 litros, que utilizan familias conformadas de tres a ocho integrantes.
En una casa se constató que, de dos tambos de 100 litros, un tanque de concreto y uno de plástico, sólo uno tenía agua.
La dueña de la casa enfatizó que tienen que racionarla para lavar los trastes y bañarse, porque si no, no les rinde.
Los 400 habitantes de la colonia pretenden que el alcalde de Chilpancingo pavimente la calle principal, coloque la toma de agua y construya el puente; y que el alcalde de Mochitlán, Jhobanny Jiménez Mendoza, amplíe el servicio de energía eléctrica y el drenaje, y la pavimentación de otras calles.
Para liberar los pozos, exigen que ambos alcaldes acudan para dialogar al plantón, quieren que se coloque la toma de agua y comiencen la pavimentación de la calle principal, y que darán un plazo de dos meses para que el municipio capitalino comience la construcción del puente.
Si en dos meses no empiezan a construir el puente, “que se olviden de los pozos, porque no se los vamos a dejar”, advirtieron.

Critican que en los foros para el Plan de Desarrollo el gobierno no tomó en cuenta a la Sierra

El Foro Permanente de Organizaciones Sociales de Guerrero anunció que se realizará el octavo foro regional en la comunidad de El Paraíso, municipio de Atoyac, para hablar de las condiciones de pobreza y marginación en la sierra.
En conferencia de prensa el presidente de la Liga de Comunidades Agrarias, Evencio Romero, dijo que el 6 de enero solicitaron al gobernador Héctor Astudillo Flores se realice el octavo foro regional este 31 de enero.
Mencionó que para la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021 sólo consideraron siete foros de consulta pública, pero es importante que también sea atendida la sierra como la octava región del estado.
El presidente de la Unión Estatal de Silvicultores, Pablo Cortés Varona manifestó que, “hay un abandono en la sierra de toda la vida”.
“Es un territorio de completa impunidad, allá se mata, se hacen tropelías y no pasa nada, nadie va a la cárcel, no respetamos la ley, basta irnos a otro poblado, no hay justicia”. Dijo que hace 60 años llegó más gente y cambió la economía, “desde hace 20 años sólo cultivamos la amapola y tenemos que comprar la comida”, por eso es necesario el octavo foro para atender las problemáticas de la sierra.

Ejecutan en Chilapa al padre de tres jóvenes desparecidos en mayo y familiar de otros dos

El padre de tres jóvenes desaparecidos que desde mayo exigía públicamente su presentación, Bernardo Carreto González, de 49 años, así como la de otros dos familiares, fue asesinado en un camino de terracería en el municipio de Chilapa.
La víctima es también hermano del ex director de Seguridad Pública de Chilapa, Silvestre Carreto, cesado en julio de 2014 por el Grupo de Coordinación Guerrero, por no “resultar confiable”, y del que hasta el momento no se sabe nada.
Con Bernardo Carreto suman siete familiares asesinados del ex jefe de la policía de Chilapa, entre ellos dos menores de edad.
Reportes policiacos precisaron que el homicidio ocurrió alrededor de las 2 y media de la tarde del martes, en un camino de terracería entre las comunidades de Tepozcuautla y Ahuihuiyuco.
Conducía una camioneta Nissan blanca, placas 74-44FMC de la ruta Chilapa-Ahuihuiyuco, e iba acompañado por tres pasajeros, que eran su esposa y sus dos nueras, cuando hombres armados le dispararon; el conductor perdió el control y volcó a unos metros del camino, muriendo en ese momento.
Las autoridades policiacas y ministeriales confirmaron que Bernardo Carreto recibió un balazo en la cara y que los pasajeros que viajaban con él resultaron ilesos.
Bernardo Carreto, junto con familiares de 14 desaparecidos en mayo, durante la incursión de hombres armados del sur del municipio, reclamaba públicamente la presentación de sus tres hijos: Víctor, Juan y Miguel Carreto Cuevas, de 15, 21 y 25 años de edad.
Según la denuncia ante autoridades ministeriales, los hermanos fueron vistos por última vez el 10 de mayo en un retén que  civiles armados instalaron en la entrada a Chilapa.
Además de a sus tres hijos, también buscaba a Crispín Carreto González de 39 años, y a su hijo Samuel Carreto Vázquez, de 15.
Los familiares de los desaparecidos ya se habían constituido en la asociación civil Siempre Vivos, a la que pertenecía Bernardo Carreto.
Este grupo se reunió en su momento con el gobernador Rogelio Ortega Martínez, el fiscal Miguel Ángel Godínez Muñoz, el comisionado general de la Policía Federal Enrique Francisco Galindo Ceballos, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación Roberto Campa Cifrián y con otros funcionarios, así como con peritos de la Procuraduría General de la República, que tomaron su denuncia ministerial y muestras de ADN.
Hasta ayer, ninguno de los familiares tenía información sobre el paradero de sus parientes.
Bernardo Carreto se reunió en dos ocasiones con Héctor Astudillo Flores: en su calidad de gobernador electo, el 14 de octubre, y como gobernador constitucional apenas el 16 de diciembre, en esta cabecera municipal, donde fue acompañado por el recién nombrado fiscal general del estado, Xavier Olea Peláez.
El mandatario estatal, en su última reunión ofreció enviar en enero de 2016 una iniciativa al Congreso del Estado para la creación de una Comisión Especial para  investigar las desapariciones ocurridas en mayo pasado durante la irrupción de los pobladores armados del sur del municipio.
Como publicó El Sur, el 3 de noviembre, el hijo de Silvestre Carreto, Alejo Carreto Cuevas de 27 años de edad fue asesinado a balazos cerca de su casa en la comunidad de Ahuihuiyuco, municipio de Chilapa. El 9 de noviembre en la comunidad de Tetitlán de las Limas, en una persecución armada seis personas fueron asesinadas, entre ellas cinco familiares de Silvestre Carreto, dos menores de edad.

Exigen 31 organizaciones a la PGR que informe sobre los 19 cuerpos hallados en Chichihualco

Familiares de víctimas de desaparición forzada de 31 organizaciones del país piden a la Procuraduría General de la República (PGR) información sobre el hallazgo de 19 cuerpos en la comunidad de El Naranjo, Chichihualco, cabecera municipal de Leonardo Bravo, y que se les tomen muestras de ADN a los cuerpos recuperados y a familiares de víctimas de desaparición forzada en esa zona.
Ante la polémica generada por los hallazgos de 19 cuerpos, ocho de ellos semicalcinados, y varios restos humanos en La Curva de la Virgen, en El Naranjo, en la sierra de Chichihualco, el Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero, el comité de Los Otros Desaparecidos de Iguala, el Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco) y 29 organizaciones nacionales de familiares de víctimas de desaparición forzada como la Red de Enlaces Nacionales, la Asamblea Popular de Familias Migrantes, Familiares en Búsqueda María Herrera AC, e Idheas, emitieron ayer un comunicado de prensa en el que dieron a conocer que, en una reunión con funcionarios de la PGR que realizaron la diligencia en El Naranjo, Chichihualco, se les informó de la recuperación de unos 22 cuerpos, algunos de ellos calcinados, denunciaron, ante el descuido, y la falta de resguardo y de la aplicación correcta de los protocolos de la dependencia.
Denunciaron que la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR sólo dio evasivas y no cumplió con su compromiso de tomarles muestras de ADN a los familiares de víctimas de desaparición forzada para cotejarlas con las de los restos encontrados, como demandan que se haga.
Criticaron que se convoque de forma individual y “discreta” a familiares de víctimas de desaparecidos para informarles del hallazgo de los cuerpos en Chichihualco, excluyendo a las organizaciones a las que pertenecen, como ocurrió el 9 de diciembre. Reiteraron que fue un familiar de un desaparecido quien ubicó la zona del hallazgo de los cuerpos en Chichihualco, a la que describen como el “mismo infierno”: “ubicó un acantilado donde colgaban y mataban a las víctimas sin enterrarlas, confirmándose una vez más que son los familiares quienes investigan y aportan los elementos para la localización de restos humanos, y no las autoridades”.
Denunciaron que, al día siguiente del hallazgo, la PGR dejó el lugar sin resguardo, y el martes 8 de diciembre varios de los cuerpos habían sido calcinados durante la noche por presuntos delincuentes, lo que temen que complique la toma de muestras de ADN.
Como se informó en estas páginas y como lo confirmó el martes la PGR, fuero nueve los cuerpos completos y ocho semicalcinados, así y restos óseos diversos.
“Nos preocupa la manera discrecional y maniquea con que la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR ha manejado éste y otros casos, lo que nos hace pensar que hay intereses oscuros y que en el fondo no está el objetivo de esclarecer estos casos y hacer justicia a las familias, sino más bien de justificar su existencia dentro de la estructura de la PGR”, señalan.
En el comunicado emitido antes de las 11 de la mañana de ayer, previo a que el gobernador Héctor Astudillo confirmara el hallazgo de los 19 cuerpos, manifestaron su preocupación de que el gobernador Astudillo “afirme que no está enterado de éste asunto y que es falsa la existencia de esos cuerpos, pues nos hace pensar que algo encubre, (que) no le interesa o que no está siendo tomado en cuenta por la PGR, lo cual también sería extraño, pues podría significar que él mismo está siendo considerado por lo menos sospechoso por esta dependencia”.
Señalan que el Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero y Los Otros Desaparecidos de Iguala, “reiteramos nuestra postura de que el Estado mexicano es el responsable de esclarecer y dar justicia a las víctimas directas e indirectas de la violencia social, aunque entendemos que, por su indolencia, complicidad y falta de actuación, algunos familiares de víctimas se han tenido que involucrar en la búsqueda directa de sus familiares, poniendo en riesgo su seguridad y su vida”.
Manifiestan su desconfianza en las instituciones encargadas de brindar seguridad en el estado de Guerrero y en la misma PGR, “sin embargo es su responsabilidad identificar los restos humanos inhumados clandestinamente o encontrados en fosas recientes y anteriores, garantizando el trato digno en el manejo de los restos y a sus familiares sus derechos humanos, certeza en el manejo de la información genética, justicia y reparación integral del daño”.
Las organizaciones que aglutinan a familiares de víctimas de desaparición forzada exigen una urgente mesa de trabajo con la titular de la PGR, Arely Gómez González, para que “sean atendidas las demandas de los familiares de víctimas del Estado y exigimos una explicación sobre la labor y funciones de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR, pues desconfiamos de la manera discrecional y maniquea con que realiza su trabajo y manipula la información”.
Solicitaron al Congreso del estado, al gobernador Héctor Astudillo y a los gobiernos municipales su intervención inmediata de acuerdo con sus facultades constitucionales, y señalan, “deploramos que pretendan mantenerse ajenos y lavarse las manos de su responsabilidad, pues los delitos de lesa humanidad se están cometiendo en la entidad y las víctimas y sus familias somos guerrerenses”.

Pretenden diputados dar por concluido el caso del exhorto de Solorio para aclarar gastos de gestoría



Con un informe muy escueto los diputados de las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Congreso del Estado, pretenden dar por “definitivamente concluido” la polémica generada por el ejercicio de 70 millones de pesos para obras de “gestoría” de los diputados locales y el cual se ha utilizado el 66 por ciento de lo aprobado para el 2006.
El uso “discrecional” de esos recursos públicos los denunció en tribuna del Congreso local el diputado perredista Ramiro Solorio Almazán el 22 de diciembre, en donde presentó un punto de acuerdo para pedir al gobernador Zeferino Torreblanca Galindo el desglose de la aplicación del recurso etiquetado por 70 millones de pesos bajo el rubro “Programa de Atención a Obras de Gestoría Social”.
La propuesta fue turnada a las Comisiones citadas las que en su dictamen que será discutido la próxima semana y sometido a votación, justifican “que cada diputado será gestor y promotor de pueblo; esto infiere que las y los diputados tienen la posibilidad jurídica de proponer lo que consideren en beneficio de la población”.
La Comisión de Presupuesto la preside un diputado cercano al gobernador, José Jorge Bajos Valverde del PAN y la de Desarrollo Urbano, el perredista, Guadalupe Perea y ambos en el dictamen que da respuesta a la petición de Solorio afirman que el Poder Ejecutivo “debe estar en la mejor disposición (de atender esas solicitudes de información), no sólo responde a las peticiones de información que se formulen, sino además de presentar en sus portales los avances de obras que se hayan etiquetado en el presupuesto de egresos. Las y los diputados tenemos la obligación de cerciorarnos del estado que guardan los programas estatales y vigilar que los recursos públicos se estén aplicando correctamente”.
Indican que a través del oficio número HCE/CDUOP/228/2006 los diputados de ambas comisiones solicitaron a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas un informe desglosado de la aplicación de 70 millones de pesos etiquetados para el Programa de Atención a Obras de Gestoría Social.
Ante esa petición, Guillermo Torres Madrid, secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, envió un informe donde afirma que “se pudo constatar que el destino de los 70 millones fueron etiquetados para el programa de atención a Obra de Gestoría Social; se advierte que se han invertido la cantidad de 43 millones de pesos en 80 obras, lo cual representa un 66 por ciento del presupuesto autorizado, que además se encuentran obras pendientes por ejecutar, debido a que están en proceso de su dictaminación de su viabilidad técnica y financiera, hasta completar la partida autorizada para ese rubro”.
Debido a esa explicación, los diputados de ambas Comisiones “convienen que se encuentra satisfecho el objetivo de la propuesta de acuerdo que nos ocupa, acordando que dicha información sea distribuida a los diputados integrantes de la 58 legislatura al Congreso del Estado, para su conocimiento y efectos procedentes, de igual manera la información que posteriormente recepcione, deberá ser distribuida a los legisladores para el mismo fin, por lo que procede dejar sin materia el exhorto propuesto al titular del Poder Ejecutivo del estado, en el sentido de que informe a la soberanía sobre el desglose de los 70 millones de los cuales ya se tiene su información”.
Proponen en ese tenor dejar “sin materia el exhorto al titular del poder Ejecutivo de estado, en virtud de que la información ya fue proporcionada por el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del estado, solicitando se descargue de la relación de asuntos pendientes y se archive el presente asunto como total y definitivamente concluido”.
Por los integrantes de la Comisión de Presupuesto firman el dictamen José Jorge Bajos Valverde, Fernando Donoso Pérez y Alejandro Luna, del PRD; Socorro Sofío Ramírez del PRI.
Por la Comisión de Desarrollo Urbano firman Guadalupe Perea Pineda y Germán Farías del PRD; Noé Ramos Cabrera del PRI; vocal, Alejando Carabias Icaza del PVEM y Jéssica Eugenia García Rojas del PAN.

Presentan en el Congreso a 12 ex alcaldes más que no han comprobado 165 millones




Ayer en la sesión el Congreso del Estado se presentó un segundo paquete de 12 ex alcaldes del PRD, PRI y PT, que no han comprobado recursos por 165 millones 377 mil 535.02 pesos, que se encontraron en la revisión de las cuentas públicas del último cuatrimestre de 2003.
En el apartado del orden del día, correspondiente a Comunicados, el secretario de la Mesa Directiva por el mes de mayo, José Luis Ramírez Mendoza del PRD leyó un oficio en el que se pide dictaminar el acuerdo que presentó hace una semana el priísta Noé Ramos Cabrera, el cual exhorta al gobierno estatal a respetar las iniciativas de la sociedad indígena y que atienda el proyecto de creación del Instituto de Arte y Cultura Indígena.
La petición responde a que los miembros del grupo Calpulli Tecuanichan, los promotores del Instituto, sostienen una huelga de hambre desde hace una semana, pues exigen que el gobierno del estado defina su participación en el proyecto que ya fue aprobado por el gobierno federal que aportaría 5 millones de pesos a tavés de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Conadepi) .
El presidente de la Mesa Directiva, Alejandro Luna ordenó a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología que preside Fernando Pineda Ménez a apresurar el dictamen.
También se conoció un oficio enviado por el director general de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA), en el que solicita que el Congreso expida el decreto que le permita la contratación de un “crédito simple” con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), hasta por 114 millones 690 mil pesos.
Piden firmeza a Fox para condenar la militarización en la frontera norte
Mientras que la propuesta del diputado zeferinista, Fernando Donoso Pérez, de exhortar al presidente Vicente Fox Quesada a que por medios diplomáticos demande al presidente George W. Bush “que dé marcha atrás al envío de tropas de la guardia nacional a la frontera México-Estados Unidos e implemente mecanismos que regulen y orienten el flujo de mexicanos a ese país”, fue modificada a petición del diputado Ramiro Solorio, estableciendo un exhorto al gobierno de Vicente Fox Quesada para que presente firmeza en la condena a la militarización de la frontera y frente al gobierno de Estados Unidos.
Raúl Tovar del PRI y José Luis Ramírez del PRD, se opusieron al punto de acuerdo, porque dijeron que es un derecho del gobierno de Estados Unidos cuidar sus fronteras del terrorismo y de los guerrilleros centroamericanos.
Los perredistas, Martín Mora Aguirre, Felipe Ortiz Montealegre y Marco Antonio Organis, criticaron a su compañero y al priísta y les dijeron que Estados Unidos aplica una política de intervencionismo y no se puede permitir que militarice la frontera por el riesgo que corren los inmigrantes mexicanos al cruzar la frontera.
Los ex alcaldes son seis del PRD, cinco del PRI y uno del PT
De los ex alcaldes que no les aprobarán sus cuentas públicas en la próxima sesión porque les falta comprobar dinero son: seis del PRD, de Cualac, Fortunato Sánchez Sánchez, debe comprobar un total de 8 millones 389 mil pesos; el de Copala, Óscar Bonilla Pérez, 3 millones 683 mil 303 pesos; el de Malinaltepec, Apolonio Cruz Rosas, 30 millones 835 mil 249 pesos; el de Metlatónoc, Saúl Rivera Mercenario, 41 millones 581 mil 716 pesos; el de Petatlán, Francisco Javier Rodríguez, 866 mil 562 pesos; y el de San Luis Acatlán, Genaro Vázquez Solís, 20 millones 907 mil 797 pesos.
De los ex alcaldes del PRI, el de Atlamajalcingo del Monte, Francisco Galindo Vivar, 4 millones 26 mil 829 pesos; el de Atlixtac, Raúl Aguilar Ortega, 16 millones 690 mil 546 pesos; el de Mártir de Cuilapan, Antonio Viliulfo Morales Iglesias, 11 millones 805 mil 451 pesos; el de Tlapa, Rufino Vázquez Sierra, 363 mil 600 pesos; el de Tlapehuala, Gregorio Víctor Bravo, 26 millones 53 mil 958 pesos. Y del PT, el ex alcalde de Xochihuehuetlán, Claudio Rafael Morelos Estrada, debe 173 mil 388 pesos.
Antes de la primera lectura de los dictámenes, la sesión se aplazó en dos ocasiones por falta de quórum pues la bancada del PRD se reunió con el secretario general de Gobierno, Armando Chavarría Barrera y la secretaria de Desarrollo Social, Gloria Sierra López; mientras que los diputados del PRI se ocuparon en preparar la visita a Guerrero de su candidato presidencial, Roberto Madrazo Pintado.
La primera cita a la sesión fue a las 11 de la mañana, pero a la 1 de la tarde no se completaba el quórum porque no llegaban los diputados del PRD ni los del PRI. Luego y se aplazó una hora que se extendió 30 minutos más por la misma razón.
Fue hasta las 2 y media de la tarde, que llegaron algunos perredistas, solo así sumaron 28 asistentes y empezó la sesión, luego se incorporaron casi la mitad de los diputados del PRI.
Atención para las concesiones de la zona federal marítimo terrestre
En otro asunto, el perredista Wulfrano Salgado Romero propuso un exhorto a los tres niveles de gobierno para que estén atentos y cumplan el mandato constitucional federal, para que al otorgar concesiones de la zona federal marítimo terrestre, se establezcan los mecanismos que aseguren la apertura de los accesos para los ciudadanos.
A propuesta de Solorio se agregó al punto de acuerdo, instruir a la Auditoría General del Estado (AGE) investigar a la Promotora Turística (Protur) para revisar la autorización de concesiones.
En nombre de Érika Lührs Cortés del PRI, Fernando Donoso Pérez del PRD y José Jorge Bajos Valverde del PAN, el diputado Alejandro Carabias Icaza del PVEM presentó un punto de acuerdo que no se discutió, sino que fue turnado a la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable, para que investiguen los hechos que constituyen violaciones al Plan Director de Desarrollo Urbano del Municipio de Acapulco, así como el otorgamiento de licencias de construcción de manera ilegal y del impacto ambiental que se ocasiona con las construcciones irregulares.

Presentan notarios propuesta de reforma de ley sobre cultura de la legalidad y la paz en Guerrero



El ex presidente de la Asociación Nacional del Notariado Mexicano, Othón Pérez Fernández del Castillo presentó ante miembros del Grupo ACA una reforma de ley sobre la cultura de la legalidad y la paz, para que la asociación civil lleve la propuesta al Congreso del Estado de Guerrero.
En entrevista con El Sur, Pérez Fernández del Castillo mencionó que la paz es primordial y que en la “Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni siquiera está la palabra paz”; por ello dijo que es importante que estas reformas se integren a la Constitución de estatal y se cuestionó; “Cómo podemos enseñarle a los niños el respeto a los derechos humanos, el estado de derecho, a cumplir con la ley o simplemente cumplir con los deberes que todos tenemos si no está plasmado en la carta magna”.
Agregó que “vivir en paz significa como bien decía Benito Juárez respetando los derechos de los demás, pero si no sé lo que es el respeto, lo que es la tolerancia, si no sé vivir en paz, si no sé los valores de la colaboración o no ir a la violencia no podemos construir una manera de ser” dijo.
Asimismo añadió que el respeto debería ser parte esencial de la educación de los niños y adultos, “si educamos a los niños no tendremos que encarcelar a los adultos” anotó.
La presidenta del grupo ACA, Eloína López Cano, externó que es la segunda ocasión que llevará al congreso una propuesta y comprometió al diputado Ramiro Solorio, presente en la sesión, a ser el portavoz de la reforma ante el Congreso.
Por otra parte Othón Pérez Fernández del Castillo hizo referencia al tema del proyecto hidroeléctrico la Parota y dijo que al gobierno de Guerrero le ha hecho falta tener un mediador para negociar con los ejidatarios; criticó que a los campesinos se les dice los beneficios en abstractos, que en nada los beneficia.
“Sabes que vamos a lograr el saneamiento de las lagunas costeras y el tratamiento de aguas negras y el ejidatario va a decir a mí qué; vamos a lograr mayor utilización de la autopista México Acapulco, pero si ni coche tengo (contesta el ejidatario), en qué me beneficia a mí la autopista (se preguntará); vamos a reducir los azolves, pero yo que vivo ahí que no tengo otra tradición más que mi tierra (replicará el ejidatario), a mí qué me interesa que se vaya a descentralizar la ciudad de México, si esta es mi tierra, que es donde vivo, mi entorno aquí crecieron mis hijos y yo, es la tierra de mis padres” detalló.

Tomar en cuenta la profesionalización de magistrados del TEE, piden a diputados

La presidenta del Tribunal Estatal Electoral (TEE), Olimpia Godínez Viveros pidió al Congreso del Estado que antes de tomar la decisión de renovar a los magistrados del órgano electoral “tomen en cuenta” el servicio profesional de carrera de los mismos, y consideró que se han esforzado en contribuir para consolidar la democracia del estado.

Sin embargo, reconoció que la decisión de renovar o ratificar a los magistrados del TEE sólo compete a los diputados locales.

Consultada al término de la sesión extraordinaria del pleno, donde quedó instalado el TEE para el proceso electoral mediante el cual se elegirá al gobernador del estado, Godínez Viveros dijo tener conocimiento que el Congreso local “a través de los medios de comunicación” tiene la intención de ratificar o de renovar a los magistrados de esta instancia electoral.

“Hay opiniones que pretenden ratificarnos, esta medida estaría apegada a la norma legal y existe otra opinión que demanda la renovación de los magistrados”, expresó la presidenta del TEE, quien apeló al servicio profesional de carrera de los integrantes del TEE, como argumento para que los diputados locales permitan que el tribunal continúe funcionando con los integrantes que están actualmente.

Antes, durante la sesión, Olimpia Godínez a través de un mensaje leído pidió a los partidos políticos “dignificar” la contienda electoral. Exhortó a que “hagan honrosa” la derrota y el triunfo.

Como parte del TEE electoral se comprometió a seguir “velando” por el respeto a la voluntad popular expresada en el sufragio “con irrestricto apego a la ley”, y consideró que los magistrados llegan a este proceso electoral con “esfuerzos renovados, nutridos con el estudio sistemático y con la experiencia acumulada”.

El Congreso del Estado reitera exhorto al Congreso de la Unión sobre casinos

El presidente de la Comisión de Turismo del Congreso del Estado presentó ayer un punto de acuerdo que le fue aprobado por unanimidad por el que se exhorta al Congreso de la Unión, para que “a la brevedad posible” atienda el primer exhorto hecho el 24 de septiembre de 2003 –también en un punto de acuerdo- y retome la iniciativa de Ley Federal de Juegos con Apuestas, Sorteos y la aprueben.

El diputado panista Max Tejeda leyó en tribuna el punto de acuerdo que reitera el argumento de que con la instalación de casinos en Acapulco e Ixtapa-Zihuatanejo se promoverá un flujo mayor de turismo de estancia de un promedio anual de 2.5 a 4 días con estos centros de diversión.

Dijo el diputado en su lectura que habrá una inversión de 700 a mil millones de pesos y se generarían 3 mil empleos directos y 6 mil indirectos y una derrama económica de 600 millones de pesos por impuestos para los gobiernos estatal y municipal.

Además agregó que está comprobado que los lugares donde existen casinos como las Vegas Nevada, Atlantic City en New Jersey, Biloxi en Mississipi, en Austria y Montecarlo en Mónaco son lugares muy seguros y su índice de criminalidad es de los más bajos en el mundo, debido a los controles y candados de seguridad para evitar ilícitos.