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Coordinadas, consultas del IEPC y legislativa sobre elección de candidatos indígenas y afros

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La consulta a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas organizada por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), para definir las reglas de postulación de sus candidaturas, es vinculante a la que realiza el Congreso del estado para reformar la Ley Electoral que ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En asuntos generales de la sesión pública de ayer, el consejero electoral Edmar León García, informó que las actividades de la consulta del IEPC comenzaron el fin de semana pasado con una visita para la mitad de los 49 municipios que serán consultados. Destacó del proceso, el diálogo con el Congreso local, en específico con la Junta de Coordinación Política, cuyos integrantes están “ocupados y preocupados” por atender la consulta de la representación indígena con los más altos estándares internacionales.
León García precisó que para el IEPC es la primera etapa de su consulta, sin embargo para el Congreso del estado será la segunda etapa de su proceso, porque ya tiene trabajo realizado en esta materia.
“La idea es que tanto el Congreso como el Instituto tomen determinaciones en el ámbito de sus propias competencias, es lo que les estamos diciendo a las comunidades que estamos visitando como IEPC, con personal del Congreso”.
En consulta por separado, León García precisó que hace alrededor de un mes, el IEPC firmó un convenio histórico por el alcance que tiene para Guerrero y el país, para que el Instituto y el Congreso realicen de manera conjunta la consulta, y después cada cual tomará las determinadas en el ámbito de sus competencias.
Es decir, el Congreso tomará los resultados para atender la acción de inconstitucionalidad 136/2020; y el IEPC para definir las reglas de postulación y registro de candidaturas indígenas y afromexicanas a los cargos de diputaciones locales e integrantes de ayuntamientos.
Aclaró que, en la consulta que realizó el Congreso local en 2022, sobre derechos y cultura indígena y de la Ley 777 del Sistema de Seguridad Pública, el IEPC sólo fue parte de un comité técnico de apoyo. Esta vez, son los organizadores.

El PRI anuncia queja contra Fernández Noroña

En esta misma sesión, el representante del PRI, Manuel Alberto Saavedra Chávez, informó en asuntos generales, que presentará una queja en el IEPC contra el diputado federal del PT y aspirante a la presidencia, Gerardo Fernández Noroña, que en una acto público en Tlapa el pasado domingo insultó al alcalde del PRI, Gilberto Solano Arreaga.
Aclaró que el morenista no sólo denostó la figura del presidente de municipal, con distintos calificativos, sino a todos los pueblos originarios y comunidades afrodescendientes, porque el edil fue votado a partir de las acciones afirmativas que aplicó este organismo local para postular candidaturas indígenas y afrodescendientes.
Adelantó que van a exigir una disculpa pública sobre todo para los pueblos originarios y afrodescendientes de Guerrero porque “no hay razón para que venga a insultar a Guerrero.
También recordó que el PRI solicitó hace unos días al IEPC la certificación de las pintas de propaganda política #Es Claudia, en apoyo a la aspiración presidencial de la jefa de gobierno de la ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que aparecieron en Chilpancingo. Ahora pedirá formalmente el retiro de la publicidad política, para que el organismo electoral haga la solicitud formal al ayuntamiento capitalino.
Además, pidió que la Comisión de Quejas y Denuncias del IEPC apresure las diligencias sobre la denuncia que presentó la diputada local Gabriela Bernal Reséndiz, contra el dirigente estatal de Morena, Jacinto González Varona, por actos que configuran violencia política en razón de género.
L consejera presidenta, Fabiola Matildes Gama respondió que en dicho proceso se está realizando conforme a la Ley.
El IEPC realizó ayer dos sesiones, una ordinaria y otra extraordinaria. En la primera dio cuenta del cumplimiento en la entrega de los informes financieros de nueve organizaciones políticas que solicitaron constituirse como partidos políticos, aunque sólo ocho lograron se acreditación.
Asimismo, informó de la entrega de un millón 17 mil 330 pesos al al Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Guerrero (COCYTIEG), correspondiente a descuentos por multas del mes de marzo a los partidos PT, PRD y PVEM.
En la segunda sesión, aprobó la ampliación del plazo al 15 de mayo, para el registro de la ciudadanía como observadores del proceso de consulta previa, libre e informada a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas del estado de Guerrero.
Así como el periodo de capacitación de observadores el 27, 28 de abril y 2, 11 y 12 de mayo a través de un videotutorial, a fin de que el Consejo General resuelva la aprobación de las y los observadores, a más tardar el día 18 de mayo de 2023.
Recordó que el registro virtual de la convocatoria dirigida a universidades, colegios, organizaciones de la sociedad civil, comunidades y organizaciones indígenas, Afromexicanas, líderes de opinión, y comunicadores, está en la página oficial y redes sociales del IEPC Guerrero.
También aprobaron las convocatorias y el calendario para las reuniones informativas y consultivas de la Consulta, para acreditar la respectiva autoadscripción calificada a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, que deberán observar los partidos políticos, coaliciones, Candidaturas Comunes y Candidaturas Independientes, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024.
Estas reuniones se programaron el 28 de abril, 4, 5, 6, 7, 13 y 14 de mayo. Los diálogos consultivos el 20 y 21 de mayo, “a fin de garantizar la efectividad de la participación de los pueblos y comunidades indígenas en el diseño de las normas que permitirán la postulación y registro, a través de partidos políticos y candidaturas independientes, de personas con autoadscripción a dichos pueblos y comunidades, y que, justamente se implementó una fase previa que permitió llevar información precisa de los tiempos y la materia de la consulta”, precisaron.

Amplía el Congreso penas para delitos de abuso sexual a menores de 18 años

La coordinadora de la fracción parlamentaria de Morena, Yoloczin Dominguez Serna platica con el coordinador de la bancada del PRI, Héctor Apreza Patrón, mientras que al fondo diputados locales de Morena discuten luego de no ponerse de acuerdo para votar a favor de la reforma denominado “Divorcio Notarial”, y cuyo punto fue sacado del orden del día a petición del presidente de la Comisión de Justicia, el priista Jesús Parra García Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El pleno del Congreso local aprobó reformas al Código Penal y a la Ley para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guerrero, para establecer agravantes al delito de abuso sexual cometido contra menores de 18 años, y para que se elabore un banco de datos que contenga estadísticas con perspectiva de infancia y adolescencia en materia de violencia familiar y sexual.
La reforma al Código Penal establece que aumentarán las penas hasta en una mitad del máximo de la sanción si el delito es cometido en contra de una persona menor de 15 años de edad, en lugar de los 12 años que establece el texto vigente.
También la se equipara a la violación y se sancionará de 10 a 40 años de prisión al que sin violencia realice cópula con persona menor de 18 años de edad, en sustitución de los 15 años; también se adiciona una fracción al artículo 118 de la Ley número 812 Para la Protección de los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes para que dentro de las atribuciones del gobierno del estado, “en concurrencia con la federación, se prevea la elaboración de un banco de datos que contenga estadísticas con perspectiva de infancia y adolescencia en materia de violencia familiar y sexual contra personas menores de 18 años”.
En la sesión ordinaria el pleno del Congreso se aprobaron reformas al Código Penal del estado para aumentar de 4 a 10 años las penas de prisión por el delito de despojo, mismas que se incrementarán hasta en dos terceras partes cuando los agraviados sean adultos mayores o personas con alguna discapacidad.
Se precisa que comete el delito de despojo quien por voluntad propia y utilizando violencia física o moral, engaño o furtivamente, ocupe o hace uso de un inmueble que no le pertenece. También quedó establecido que quienes cometan en forma reiterada el delito de despojo de bienes inmuebles se les impondrá de 6 a 12 años de prisión y de 300 a 600 días de multa.
Otro dictamen que se aprobó es el de adición a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado para que la Fiscalía Especializada en Investigación del Delito de Homicidio Doloso Cometido en Agravio de Mujeres a la que se agregan que investigue los asesinatos cometidos contra personas con orientación o preferencia sexual por identidad o expresión de género, porque sólo era incluido en el reglamento pero no en la ley.

Minuto de silencio por feminicidios

A petición de la diputada priista Gabriela Bernal Reséndiz, el pleno del Congreso local guardó un minuto de silencio por los cuatro feminicidios que ocurrieron o se conocieron en menos de 24 horas ocurridos en Chilpancingo, Acapulco, Juan R. Escudero y José Joaquín de Herrera.
Tras la aprobación del orden del día, la también presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género pidió la palabra para solicitar un minuto de silencio “por las mujeres asesinadas en las últimas horas en Guerrero, y que con este minuto de silencio también sea una exigencia de justicia para que estos hechos sean castigados y sobre todo se exija todo el peso de la ley para los feminicidas”.
La diputada priista nombró a las mujeres asesinadas. Pidió justicia para la maestra Marlén Enríquez Brito, asesinada el miércoles en Chilpancingo afuera del kínder en el que trabajaba; de la adolescente Vanesa Pérez Bahena, cuyo cadáver fue localizado el martes pasado en un barranco de la colonia Mozimba en Acapulco; el de Guilibalda Reyes, de quien fue hallado su cadáver el domingo en Carrizal de la Vía e identificada el miércoles; y el de Bonificia Mendoza Ortiz, asesinada el 18 de abril, pero localizada un día después en las inmediaciones de la laguna de Ayahualtempa, en José Joaquín de Herrera.
“Que ninguno de estos feminicidios quede impune y que cada quien haga lo que le corresponde”, concluyó Gabriela Bernal, el minuto de silencio fue autorizado por la presidenta de la Mesa Directiva Yanelly Hernández Martínez “ante la situación, lamentable, triste que compartió la diputada, por ellas y por todas las mujeres asesinadas en nuestro estado”.

Piden garantizar derechos de ciudadanos de nuevos municipios

También de Morena, el diputado José Efrén López Cortés presentó un punto de acuerdo por el que se solicita a los ayuntamientos de los municipios de Cuajinicuilapa, San Marcos y Malinaltepec, así como al Concejo Comunitario Municipal de Ayutla de los Libres, a efecto de que envíen un informe escrito pormenorizado relativo a la obligación que tienen de garantizar los derechos humanos de los ciudadanos que habitan en los nuevos municipios de San Nicolás, Las Vigas, Santa Cruz del Rincón y Ñuu Savi, porque recordó que es su obligación suministrarles los servicios públicos necesarios para una vida digna y de calidad.

Se suman a posición federal contra el tráfico de armas

El pleno también aprobó adherirse a los acuerdos emitidos por los Congresos de Guanajuato, Quintana Roo y Yucatán para exhortar al Congreso de la Unión y a los congresos locales de todo el país a que respalden las acciones legales emprendidas por el gobierno de México en Estados Unidos a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con el objetivo de frenar el tráfico ilegal de armas y poner un alto al crimen organizado.
El diputado morenista Andrés Guevara Cárdenas propuso un exhorto que fue aprobado por unanimidad para que los titulares de las secretarías estatales de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Gestión de Riesgos y Protección Civil, de Salud y de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, todas del gobierno del estado, que en coordinación con los representantes estatales de las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, los 80 ayuntamientos y el Concejo Comunitario de Ayutla de los Libres, implementen acciones para la creación de centros municipales de gestión de envases de desecho de pesticidas.

Retiran dictamen sobre “divorcio notarial”

El tema que generó debate fue la segunda lectura del dictamen de la Comisión de Justicia por el que se adicionan y reforman el Código Civil, la Ley de Divorcio y la Ley de Notariado Público para regular de manera armónica y sistemática en la legislación estatal el “divorcio notarial”.
La iniciativa fue del morenista Carlos Cruz López y dictaminada a favor por la Comisión de Justicia, pero ya en la discusión. la morenista Leticia Castro Ortiz pidió la palabra para argumentar su voto en contra y en tribuna señaló que el tema “no se encuentra lo suficientemente analizado” y que con estas reformas se quitan facultades y “atentan” contra el Poder Judicial pues se pretende dotar a los notarios “de facultades sumamente riesgosas”.
Leticia Castro cuestionó por qué se pretende dar más facultades a los notarios; por su parte el promovente, Carlos Cruz defendió que esta figura ayudaría a descargar de trabajo a los juzgados familiares y así los trámites serían menos tardados, además justificó que ya hay estados de la República que ya tienen esta herramienta legal.
En seguida los diputados de Morena se reunieron en uno de los pasillos entre las curules para hablar del tema y se solicitó un receso, ahí Leticia Casto advirtió a sus compañeros que no votaría a favor las iniciativas de sus compañeros solo por ser morenistas, también Efrén López Cortez les adelantó que su voto sería en contra.
Finalmente pidieron al presidente de la Comisión de Justicia el priista Jesús Parra García, que retirara el dictamen el cual se turnó a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, para continuar con su análisis y enlistarse en una próxima sesión.

 

 

Ordena el TEE al Congreso local integrar el Ayuntamiento instituyente Ñuu Savi

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El Tribunal Electoral del Estado (TEE) declaró fundada una denuncia por omisión del Congreso del estado para designar a quienes integrarán el ayuntamiento instituyente del municipio Ñuu Savi, separado de Ayutla de los Libres.
Señaló que hasta la expedición de esta sentencia no existe una fecha determinada para la designación de los integrantes del cabildo, ni se advierte que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) haya retomado el procedimiento de designación.
Ordenó al Congreso local que  provea “lo necesario para concluir el procedimiento de designación de las personas que habrán de integrar el Ayuntamiento instituyente del municipio de Ñuu Savi, Guerrero”.
De acuerdo con el proyecto de la magistrada Alma Delia Eugenio Alcaraz, el pleno declaró fundado el Juicio Electoral Ciudadano (JEC) promovido por Roberta Castro de los Santos y otras personas, en contra de actos del Poder Legislativo estatal, para la designación de los integrantes del ayuntamiento instituyente Ñuu Savi, “toda vez que de las constancias que obran en autos, no existe medio probatorio alguno que se haya dado cumplimiento a lo aprobado por el Congreso local el 16 de febrero del 2023.
En esa fecha, el Congreso aprobó las listas de personas elegibles para integrar los cabildos instituyentes de los cuatro municipios municipios de Guerrero: Ñuu Savi, San Nicolás, Santa Cruz del Rincón y Las Vigas.
El Tribunal Electoral confirmó que la Jucopo no ha retomado el procedimiento de designación, lo cual violenta los principios de legalidad y certeza y los derechos de votar y ser votado de la parte actora y de las comunidades, “dado que el inicio de las funciones del nuevo municipio no se ha concretado ante la falta de la designación de su ayuntamiento instituyente”.
Explicó la omisión que se establece, “por los plazos transcurridos y por transcurrir, pueden generar la preclusión del derecho de los pueblos y comunidades del ayuntamiento instituyente Ñuu Savi de solicitar, con oportunidad, se elija su próximo gobierno municipal bajo el modelo del sistema normativo interno y con ello, se menoscaba el derecho de las comunidades y sus integrantes al ejercicio de su libre determinación y autonomía, violentando el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
Asimismo, el colegiado convalidó el acuerdo parlamentario aprobado por la Comisión Permanente de la legislatura local, del 16 de febrero de 2023, mediante el cual se declararon elegibles una lista de personas para que la Jucopo proponga la designación de los integrantes de los ayuntamientos instituyentes de Las Vigas, Ñuu Savi, San Nicolás y Santa Cruz del Rincón; así como el decreto número 429 con el que se ratificó dicho acuerdo plenario de la Comisión permanente.

 

Pospone el Congreso el proceso para aprobar la Ley de Austeridad; lleva seis meses detenido

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

A más de seis meses de la primera lectura al dictamen con proyecto de Ley de Austeridad que propuso la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, este jueves se intentó llevar a segunda lectura para pasar a la discusión y votación, pero fue retirado del orden del día a solicitud de la Comisión de Justicia, aunque se supo que fue principalmente la fracción priista la que se negó a que el trámite continuara.
Esta propuesta plantea prohibir la duplicidad de funciones en la administración pública; la obtención de algún privilegio económico adicional; contratar con recursos públicos cualquier tipo de jubilaciones, pensiones y regímenes especiales de retiro, seguros de gastos médicos privados. Mientras que los gastos en viáticos y viajes oficiales solo se autorizan los “estrictamente indispensables”, sin gastos en boletos de primera clase o equivalentes, pero diputados del PRI y PRD que plantean que este ordenamiento solamente sea observado por el Ejecutivo estatal y sus organismos y no se aplique al resto de los poderes y por eso se ha detenido.
Después de que se leyó la propuesta de orden del día para la sesión, en la que se incluía la segunda lectura del dictamen de ley de austeridad, para pasar a su discusión, votación y en su caso aprobación, la presidenta de la Mesa Directiva, Yanelly Hernández Martínez, informó que a solicitud de los integrantes de la Comisión de Justicia el punto sería retirado.
“Por acuerdo de los integrantes de la Comisión de Justicia y por considerarlo pertinente, así como de extrema necesidad parlamentaria fundamentándose en el artículo 313 párrafo tercero de la ley orgánica de este Poder Legislativo, solicitan a la Mesa Directiva sea retirado de la propuesta del orden del día el punto relacionado con la segunda lectura del dictamen con proyecto de ley de austeridad del estado presentada por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda”, leyó la perredista Yanelly Hernández.
Desde su curul el morenista Joaquín Badillo Escamilla pidió a la presidenta de la Mesa que se leyera el artículo por el que la comisión fundamentó su decisión de retirar ese dictamen. Este tercer párrafo del artículo 313 establece que “el derecho a presentar proposiciones de puntos de acuerdo conlleva el de retirarlas a solicitud de sus autores”.
En este artículo ni siquiera se habla de dictámenes de comisiones, que en este caso era un “dictamen de proyecto de ley”, sino que habla del derecho de los diputados, grupos parlamentarios y representaciones a “presentar proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyan Iniciativas de Ley o Decreto”.
Por lo que la fundamentación que la Comisión de Justicia dio, no tenía nada que ver con el retiro de un dictamen, aún así el morenista Joaquín Badillo quedó conforme y se procedió a la votación del orden del día con el retiro de este punto, hubo solo tres abstenciones la de Joaquin Badillo, Alfredo Sánchez Esquivel y Angélica Espinoza García.

Urge el diputado Sánchez Esquivel a instalar los nuevos ayuntamientos

En el punto de intervenciones, el morenista Alfredo Sánchez Esquivel planteó en tribuna que el Congreso local cumpla con su palabra y los plazos que se establecen en acuerdos, principalmente los aprobados por el pleno. Se refirió a la prórroga de 120 días que solicitó los primeros días de diciembre la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación para presentar el dictamen y nombrar a los ayuntamientos instituyentes de los cuatro nuevos municipios Ñuu Savi, Las Vigas, San Nicolás, y Santa Cruz del Rincón.
Alfredo Sánchez Esquivel reprochó que no se hayan nombrado a estos ayuntamientos instituyentes en el plazo establecido que venció en marzo y pidió avanzar en el tema para cumplir con “la palabra empeñada”.
Aprovechó también para pedir que se avance en las solicitudes de creación de nuevos municipios en la Sierra, los cuales en los últimos meses como presidente de la Jucopo promovió personalmente o a través de su equipo cercano.
Antes de concluir su intervención, Sánchez Esquivel señaló desde tribuna al jefe de seguridad del Congreso local, el funcionario de Yoloczin Domínguez, Jonathan Molina Clavel, por haber revisado una lona que unos visitantes al Congreso local llevaban, en la que pedían no entregar a comerciantes el Parque Papagayo y lo acusó de comportarse como policía ministerial.
La presidenta de la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, Alicia Zamora Villalva pidió la palabra para responder a Alfredo Sánchez: “no quisiera que se utilizara este tema tan delicado para un asunto de un golpeteo innecesario”. a priista señaló que en el estado “las cosas ya son complejas en el estado, hay tantos brotes de violencia, entonces yo quiero ser muy responsable con esto”.
En tribuna Zamora recordó que el 16 de febrero pasado el pleno aprobó por unanimidad un dictamen por el que se determinó que la Jucopo tendrá la facultad para realizar la designación o nombramientos de los cabildos de entre las propuestas recepcionadas por la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, así como determinar cuáles ayuntamientos serán encabezados por mujeres, de acuerdo con la paridad requerida.
La priista le repitió en tres ocasiones al morenista que el tema ya está en manos de la Jucopo: “hago un llamado a todos los diputados, para que en cada caso, cada asunto, lo discutamos al interior de las comisiones”.
Alicia Zamora hizo hincapié en que no se quedará la percepción de que se venció el plazo y el Congreso no cumplió, porque se generó un acuerdo del pleno para que el tema quedará en manos de la Jucopo porque con este también se aprobó que el plazo de 120 días pedido en diciembre ya no tendría los efectos bajo los que se aprobó.
“El asunto toma otra ruta jurídica porque está en una comisión distinta. No quisiera que se desinformara y se interpretara de una manera distinta… si se descalifica a una comisión, a una Junta de Coordinación Política, si se descalifica el trabajo que se hace en comisiones, invariablemente se descalifica a un Poder, en eso seamos respetuosos y sobre todo cuidadosos”, dijo Alicia Zamora.
Señaló que ha tratado de ser responsable porque la creación de estos cuatro municipios “para que no se alborote la gente, porque alguien decía con mucha sabiduría, el prender la lumbre es fácil, el problema es cómo la vas a apagar” por eso, señalo que busca que ese tema no se trate de manera política.
Después para hablar sobre el mismo tema, el perredista Bernardo Ortega le dijo a Sánchez Esquivel que es “una irresponsabilidad ir a los pueblos, ir a los municipios a decir que si no quieren ser municipios de nueva creación, eso trae muchas consecuencias”.
El perredista criticó que Alfredo Sánchez trate de “incendiar diciendo que no se ha hecho nada” y se refirió a todos los asuntos pendientes que se venían arrastrando desde la legislatura pasada en los cuales no se avanzó hasta que se realizó el cambio de presidente de la Jucopo y lo sustituyeron por Yoloczin Domínguez Serna.
En tribuna, Bernardo Ortega confirmó la versión de que había un acuerdo entre los integrantes de la Jucopo de la la legislatura pasada para reelegir en el cargo a Alfonso Damián Peralta como titular de la Auditoría Superior del Estado, “no se cumplió la ratificación del ex auditor, se mintió”.
El perredista dijo: “nosotros como PRD hemos tratado de ser prudentes, justos con el gobierno del estado, con la fracción de Morena” porque “sabemos que Guerrero tiene sus complejidades políticas, económicas, y de crimen organizado, hemos sido prudentes y dejado que la gobernadora haga lo suyo y nosotros lo que nos corresponde”.

La sesión

El morenista Sánchez Esquivel propuso reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado para crear la Comisión de Atención a Víctimas del Delito y Personas Desaparecidas. En tribuna señaló que Guerrero carece de instrumentos actualizados para atender el problema. La propuesta fue turnada a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos.
También presentó otra iniciativa que suscribió junto con su compañera de bancada Jessica Alejo Rayo, es de adición a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero para que los partidos políticos tengan la obligación de postular a personas adultas mayores entre las primeras cinco fórmulas de candidatos a diputaciones de representación proporcional, así como en las listas de regidores de los ayuntamientos.
De Morena el diputado Osbaldo Ríos Manrique presentó una iniciativa de reforma y adición a la Ley de Atención a los Migrantes del Estado para anexar el lenguaje incluyente, perspectiva de género y el respeto al interés superior del menor, además de permitir la colaboración interinstitucional e internacional, y con ello formalizar la provisión de donativos que beneficien a este sector.
Alejo Rayo presentó una iniciativa de reformas a las leyes de Salud, de Obras Públicas y sus Servicios, y para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, para que en todas las instalaciones del servicio público y privado se acondicionen cambiadores de pañales, ya sea en los sanitarios o uno denominado “familiar”, para garantizar la privacidad, seguridad, comodidad e higiene de los usuarios.
La diputada del PRI Julieta Fernández Márquez presentó una iniciativa de reforma a la Ley para el Desarrollo Social del Estado de Guerrero, que plantea de actualizar la denominación de la Secretaría de Desarrollo Social por Secretaría de Bienestar.

Se cumple un año sin sanción a alteración a la Ley 179 aprobada por el Congreso

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

A un año de la alteración a un artículo transitorio de la Ley 179 del Sistema de Seguridad Pública del Estado, aprobada por el pleno del Congreso local, aún no se sabe quiénes son los responsables, y el dictamen que presentó la Comisión Especial creada para investigar lo ocurrido se mantiene congelado por la Junta de Coordinación Política (Jucopo), a pesar de que de manera reiterada diputados de todas las fracciones han afirmado que no quedará impune la falta.
La noche del 12 de abril el pleno del Congreso local aprobó por mayoría de votos la nueva Ley 179 del Sistema de Seguridad Pública del Estado, la cual fue publicada el 14 de abril en una edición extraordinaria en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, pero se le realizó una alteración al segundo artículo transitorio.
De esta modificación, el gobierno estatal se deslindó tras hacerse público el hecho. Incluso mostraron el documento de recibido por parte del Poder Legislativo, el cual fue publicado íntegro. Mientras que en el Congreso se generó un fuerte debate y señalamientos que sugerían que el entonces presidente de la Jucopo, Alfredo Sánchez Esquivel, fue el responsable de esa modificación. Diputados de todas las fracciones, en tribuna, demandaron que se esclareciera el tema.
La salida que le dieron en ese momento fue la creación de una Comisión Especial para investigar lo ocurrido. Sin embargo, además de los 45 días que el pleno le dio para realizar la investigación y presentar un dictamen, ese colegiado presidido por la perredista Elzy Camacho Peñaloza solicitó 15 días más.
Tras este tiempo, el dictamen no se entregó, incluso el dictamen estuvo presuntamente “retenido” por más de dos meses por una asesora de Alfredo Sánchez Esquivel, y finalmente el primero de septiembre pasado este documento fue entregado a la presidenta de la Mesa Directiva, Yanelly Hernández Martínez.
El dictamen no se enlistó en ningún orden del día de las sesiones del pleno en estos últimos cuatro meses de 2022, y fue hasta el 12 de enero cuando hubo apenas un intento de sesión “secreta” para discutir y votarlo, pero no se concretó supuestamente por “falta de quórum”.
Pero esta falta de quórum se dio por la oposición de un grupo de diputados, principalmente del PRI y PRD, pero también de Morena, quienes estaban en contra de votar el dictamen en el que no se señalaba a los responsables de la alteración y mucho menos había sanciones.
A un año de esta alteración, el Congreso de Guerrero sigue sin aclarar quién realizó y ordenó que se modificara un artículo transitorio a una ley que había aprobado el pleno del Poder Legislativo.

 

Pide la CNDH reformar la Ley de Registro Civil que impide casarse a personas con VIH

Daniel Velázquez

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), emitió una recomendación para que el Congreso local reforme la Ley 495 del Registro Civil y el Código Civil del Estado que impiden que a personas con VIH contraer matrimonio, pues violentan “el derecho al libre desarrollo de la personalidad y de formar una familia”.
La recomendación va dirigida a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y a la presidenta de la mesa directiva del Congreso local, Yanelly Hernández Martínez, así como a las comisiones de Justicia y Derechos Humanos.
La recomendación general 48/2023 fue emitida el pasado 5 de abril, señala que el artículo 417 del Código Civil del Estado Libre y Soberano de Guerrero Número 358 establece como impedimentos para celebrar el contrato de matrimonio la existencia de enfermedades crónicas e incurables, que sean, además, contagiosas o hereditarias; y obliga a los contrayentes a presenta certificado médico prenupcial, lo que es contrarios a lo establecido en la Constitución Política del estado.
La normativa vigente en la entidad, sostiene la CNDH también trasgrede a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Ley General de Salud.
La legislación de Guerrero también vulnera los tratados internacionales suscritos por México como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración de los Derechos Humanos y Humanidad sobre los principios fundamentales de derechos humanos, la ética y la humanidad aplicables en el contexto del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (Sida).
En su recomendación la CNDH también señala que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que, la decisión de unirse en matrimonio o concubinato con una persona que padece una enfermedad crónica o incurable que sea contagiosa o hereditaria, solo le corresponde a quien puede sufrir ese riesgo.

Discriminación estructural

En el documento se menciona que “La heterosexualidad como orientación sexual normativa, ha sido una de las principales causas para definir la homosexualidad como enfermedad, delito, o pecado, y demás connotaciones negativas relacionados con ella. Lo anterior se interpreta como una consecuencia en los inicios de la pandemia de VIH y Sida y que perdura hasta nuestros días; se ha asociado a la homosexualidad con el VIH, considerando al padecimiento como consecuencia/castigo de esta orientación sexual.
También señala “la criminalización del VIH es un fenómeno que se usa para promulgar leyes que castigan la conducta de las personas que se sospecha pueden transmitir el VIH y cuya aplicación se dirige específicamente a esta población”.
En su recomendación, la CNDH expone que “las personas que viven con VIH o Sida enfrentan una situación de discriminación estructural derivada de su estado de salud, situación caracterizada por la vulneración o negación sistemática de diversos derechos. Dicha negación responde a la presencia de estereotipos y prejuicios sobre el VIH o Sida. Debido a los estigmas, la discriminación, el rechazo y las violencias contra las personas con VIH durante los primeros 20 años de esta pandemia, se creó un imaginario social que orilló a la población a considerar que el virus es de fácil trasmisión y que su propagación es “culpa” de quienes viven con VIH, en lugar de asumir que el combate al VIH es un problema social y de salud pública que el Estado debe prevenir y atender.
Destaca además los avances científicos en el campo de la medicina han logrado alargar la expectativa de vida de las personas que viven con VIH, así como mejorar considerablemente la calidad de éstas a través del tratamiento antirretroviral

Las recomendaciones

La CNDH consideró que la Secretaría de Gobierno, junto con la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero y el Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS) deben capacitar de manera periódica a los funcionarios de la Dirección de Registro Civil “para prevenir que se vulneren los derechos humanos de las personas que viven con VIH o Sida y/u otras enfermedades crónicas e incurables, contagiosas o hereditarias, cuando decidan contraer matrimonio”.
También se recomienda emitir circulares de “observancia obligatoria” en tanto no se reforman las leyes para que los oficiales del Registro Civil actúen “conforme al estándar nacional e internacional más alto, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia que proceda en favor de las personas solicitantes, guiando su actuación conforme al criterio establecido por la SCJN en el Amparo en revisión 670/2021, y en la normatividad nacional e internacional invocada en la presente Recomendación”.
A las autoridades estatales les recomienda que presenten una iniciativa para reformar las disposiciones legales que regulan la figura del matrimonio. A los diputados intervenir para legislar.

 

Lleva seis meses detenida en el Congreso la Ley de Austeridad propuesta por la gobernadora

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

Desde hace seis meses, en el Congreso local está detenido el proceso legislativo para el dictamen de la Ley de Austeridad, que fue una propuesta enviada por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
Este documento sólo pasó a primera lectura, pero ya no a segunda, para su discusión y votación, porque hay oposición de diputados de Morena, PRI y PRD, quienes plan-tean que sea una ley solamente para el Poder Ejecutivo estatal.
Después de su revisión y dictaminación, donde la Comisión de Justicia le hizo cambios mínimos, el pasado 13 de octubre, hace más de seis meses, se realizó la primera lectura en sesión ordinaria del pleno.
En la sesión del 20 de octubre hubo un intento para que este dictamen pasara a segunda lectura, pero sin dar explicaciones se sacó del orden del día y no se volvió a incluir.
El motivo, según lo comentado por fuentes en las tres fracciones, decidieron no pasarlo a segunda lectura porque corría el riesgo de ser rechazada.
La iniciativa enviada por la gobernadora no tuvo modificaciones importantes, ya que lo esencial se mantiene en el dictamen, en el que se plantea prohibir la duplicidad de funciones en la administración pública, la obtención de algún privilegio económico adicional, contratar con recursos públicos cualquier tipo de jubilaciones, pensiones y regímenes especiales de retiro, seguros de gastos médicos privados; mientras que sólo se autorizan los gastos en viáticos y viajes oficiales “estrictamente indispensables”, sin boletos de primera clase o equivalentes.
La oposición por parte de diputados de Morena, PRI y PRD es porque consideran que esta ley debe ser aplicada sólo para el Poder Ejecuti-vo, y que así sean sólo las secretarías y organismos del gobierno estatal los que estén obligados a esa ley.
Pero, tanto la propuesta de Evelyn Salgado como el dictamen aprobado y llevado ante el pleno por la Comisión de Justicia, establece que esta ley debe ser aplicable a las secretarías, dependencias, entidades paraestatales, instituciones que integran la administración pública estatal y municipios; así como los poderes Legislativo y Judicial, y órganos constitucionales autónomos.
Lo comentado por diputados es que la oposición viene principalmente de diputados que tienen aspiraciones políticas para ser alcaldes, y se oponen a ceñirse a esta iniciativa de austeridad.
Lo que argumentan es que se viola la autonomía del municipio y de los poderes Legislativo y Judicial, porque se trata de una iniciativa de la jefa del Ejecutivo, que no fue consensuada con los otros poderes y ayuntamientos.
Otro de los argumentos de los opositores es que casi el 100 por ciento de los recursos de los municipios son federales y no estatales, por lo que el Ejecutivo estatal no puede establecer límites o nuevas reglas en el ejercicio de los recursos públicos.
Otro planteamiento es que los poderes Legislativo y Judicial agreguen en sus propias leyes orgánicas, un capítulo en el que establezcan estas medidas de austeridad, y excluir a los municipios, porque éstos “son libres y pueden determinar sus propias reglas en el ejercicio del recurso público”.
Lo último que se supo de este dictamen es que, a partir de la oposición, sería modificado en la Comisión de Justicia, pero no se informó de manera oficial en el pleno.
Las fuentes en los grupos parlamentarios consultados comentaron que el tema está detenido, por falta de acuerdo para su aprobación, y que no se ha realizado ninguna modificación al dictamen.
Otras iniciativas pendientes, que fueron enviadas por la gobernadora recientemente y que aún no son dictaminadas, son la que plantea catalogar como falta administrativa grave no enterar, el retener o destinar para otros fines las cuotas y aportaciones de los trabajadores estatales; así como otra para incrementar los días de descanso de los trabajadores por paternidad.
También el incluir dos delitos nuevos al Código Penal del Estado, para que se castigue con cárcel a servidores públicos que filtren fotografías de víctimas de delitos, también a las personas que se dediquen o induzcan a terapias de conversión, las cuales presuntamente “corrigen” la orientación sexual de las personas sometidas a estos “tratamientos”.

 

Instalan el comité técnico para la consulta a pueblos indígenas y afros sobre candidaturas

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), el Congreso del local y el gobierno estatal instalaron el comité técnico y el órgano garante para la consulta 2023 a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, donde se preguntará a pobladores de 49 municipios cómo quieren que sea el registro de candidaturas a los cargos de diputaciones locales e integrantes de ayuntamientos, así como los lineamientos para dichos registros en el próximo proceso electoral 2023-2024.
Ayer, mediante una transmisión en redes sociales, desde las páginas del IEPC Guerrero se dio a conocer la instalación del comité técnico y el órgano garante para la consulta 2023 a pueblos y comunidades indígenas y afroamericanas en materia electoral.
La consejera presidenta del IEPC, Luz Fabiola Matildes Gama, dijo que daban inicio de los trabajos de la consulta previa, libre e informada respecto a las normas sustantivas para el registro de candidaturas indígenas y afromexicanas a los cargos de diputaciones locales e integrantes de ayuntamientos, así como de los lineamientos para el registro de candidaturas a los cargos de diputaciones locales y ayuntamientos del proceso electoral del próximo 2023-2024, que deberán de observar los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes e independientes.
Comentó que la consulta se deriva de los mandatos de los tribunales de la Corte y la Sala Regional de la Ciudad de México, quienes ordenaron realizar diversas actividades para diseñar y elaborar una consulta que garanticen el registro de postulación de candidaturas indígenas y afromexicanos.
El consejero electoral y presidente de la Comisión de Sistemas Normativos Internos del IEPC, Edmar León García, manifestó que la importancia de la consulta que se hará en 49 municipios es generar una comunicación lineal y directa con las autoridades de los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes de Guerrero.
Aseguró que se hará la consulta con perspectiva intercultural, perspectiva de género y perspectiva interseccional, por lo que pidió a los habitantes de los 49 municipios a participar en ella, además, destacó que es la sexta consulta que organiza el IEPC.
La subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno, Anacleta López Vega, comentó que para el gobierno del estado es importante la consulta para garantizar a las comunidades su libre determinación y autonomía para decidir sus formas internas de convivencia, organización social, económica, política y cultural.
Por su parte, la presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Cecilia Narciso Gaitán, afirmó que estarán vigilando el cumplimiento de la ley durante todo el proceso de la consulta.
La secretaria para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afroamericanos del estado, Reyna Mejía Morales, indicó que Guerrero sustenta su identidad multiétnica, plurilingüística y pluricultural en sus pueblos indígenas, particularmente con las naciones Ñuu Ssavi, Me’phaa, Nahual y Ñoomda.
Aseguró que los pueblos orignarios y afroamericanos deben ejercer su derecho a votar y ser votados en condiciones de igualdad, así como a acceder y desempeñar cargos públicos y de elección popular.
Mencionó que aun en raras ocasiones en algunos pueblos, sigue pregonando el machismo, y se le prohíbe a las mujeres a que voten, por lo que llamó a “poco a poco ir sensibilizando a nuestra gente indígena”.
El delegado del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en Guerrero, Manuel Vázquez Quintero, dijo que se sumará para vigilar y acompañar el proceso “histórico e importante”, y precisó que facilitará algunos traductores e intérpretes para que todos los hombres y las mujeres de los 49 municipios entiendan y comprenda el proceso de la consulta.
En representación de la Secretaría de la Mujer, la procuradora de la Defensa de los Derechos de la Mujer, Yuridia Melchor Sánchez, enfatizó que buscan contribuir a fortalecer la participación política de las mujeres indígenas, pues en otros procesos se enfrentan a una desventaja e incluso a una triple discriminación, y en consecuencia su participación termina siendo muy limitada en las comunidades.
La consejera electoral del IEPC, Cinthya Citlali Díaz Fuentes, añadió que está abierta la convocatoria para participar en las actividades de observación electoral de este proceso, e invitó a las organizaciones de la sociedad civil y a la ciudadanía en general a participar, para ello, se podrán registrar hasta el 21 de abril en la página de internet www.ipcgro.mx.
Sostuvo que el Comité Técnico y el órgano garante de la consulta acompañarán el cumplimiento de todas las etapas del proceso consultivo, para garantizar que los pueblos indígenas y afroamericanos ejerzan su derecho a una consulta previa, libre e informada, culturalmente adecuada y de buena fe.
Detalló que el Comité Técnico quedó conformado por el INPI, la Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicanos del Congreso del Estado, la Secretaría de la Mujer del estado, la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno, y la Secretaría para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos del estado; mientras que el órgano garante queda representado por la Comisión de los Derechos Humanos del estado de Guerrero, y tendrán una vigencia a partir de ayer hasta que se den por concluidos los trabajos de la consulta y se declaren aprobados los informes.
En la instalación, que se hizo de forma virtual, también estuvieron las consejeras electorales, Vicenta Molina Revueltas, Azucena Cayetano Solano, Dulce Merary Villalobos Tlatempa, y el consejero Amadeo Guerrero Onofre; el secretario Ejecutivo, Pedro Pablo Martínez Ortiz; los representantes de los partidos políticos acreditados; la diputada por Morena, Marben de la Cruz Santiago; y en representación de la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Yoloczin Domínguez Serna, el secretario técnico de la Jucopo, Arturo Pacheco Bedolla.

Debaten diputados por reforma que disminuye facultades al Trife; morenistas dividen opiniones

Los diputados morenistas Marben de la Cruz, Nora Velázquez, Claudia Sierra, Angélica Espinoza, Joaquin Badillo, Alfredo Sánchez y la del PT, Leticia Mosso gritan “es un honor estar con Obrador” al término de la participación del diputado morenista, Carlos Cruz López, quien en tribuna defendió la reforma electoral del presidente conocida como Plan B y cuya aplicación fue detenida por la Suprema Corte Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

En la sesión del pleno del Congreso local, los diputados debatieron por la iniciativa de reforma constitucional que busca limitar las facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife).
A pesar de que priistas, perredistas y morenistas se manifestaron en contra de la propuesta, los ánimos se exacerbaron porque algunos de Morena subieron a tribuna a defender al presidente y a su partido, asumiendo que se trataba de posturas en contra del Andrés Manuel López Obrador.
El tema se discutió en el Congreso local después de que los grupos parlamentarios de Morena, PT y el PVEM, y los opositores PAN, PRI y PRD en conjunto hablaron de la reforma constitucional que limita las facultades del Trife.
La reforma constitucional –que ha encontrado el rechazo de diputadas de los principales partidos– fue propuesta inicialmente por los coordinadores de Morena, PRI, PAN, PRD, PT y PVEM y rechazada solamente por Movimiento Ciduadano, aunque ayer los panistas retiraron su apoyo.
Y ayer, en el Congreso local, la priista Gabriela Bernal dijo que “de nueva cuenta” en México “existe un riesgo de ataque democrático”. Se refirió a la iniciativa “que pretende alterar al Tribunal electoral”.
Dijo que el país ha tenido “que resistir frente al intento de Palacio Nacional de reformar la Constitución para, literalmente, desaparecer al INE como lo conocemos. En eso, la ciudadanía fue vital para que los partidos de oposición mantuvieran el rechazo a lo que fue un Plan A, hoy sepultado”.
Se refirió a la aprobación de la reforma electoral la cual promovieron una acción de inconstitucionalidad, “lo que Morena no sabía, es que la llegada de una ministra íntegra, de carrera y a todas luces garante de la Constitución, pondría a la Suprema Corte en un espacio de verdadera autonomía para cumplir con su función. Así, la época de la ministra Norma Lucía Piña comenzó con el pie derecho y, con el ministro Javier Laynez, se ha logrado la suspensión de este Plan B tramposo y antidemocrático”.
Consideró que es extraño que “otra vez México tenga que estar en otro capítulo de esta novela denominada Amor por el Pasado protagonizada por Morena”, aunque reconoció que también diputados de oposición la promueven.
Gabriela Bernal dijo que entre las reformas al tribunal, la que más preocupa es que “le arrebata facultades para poder garantizar acciones afirmativas”, por lo que llamó a los diputados federales a defender a la democracia y “detener esta aberración constitucional”.
Llamó a defender al INE y al Tribunal y a que “rechacen las ambiciones desenfrenadas de poder y abracen las aspiraciones democráticas de la ciudadanía en movimiento”.
Después Carlos Cruz López subió a tribuna. Recordó a los ahora partidos de oposición “todas las reformas que a modo fueron haciéndole a la constitución para mantenerse por más de 80 años en el poder”, y dijo que los árbitros como el INE y el Tribunal son los que los ayudaron a mantener el poder político, como si la propuesta de reforma fuera del presidente y de Morena.
También reiteró que el presidente Andrés Manuel López Obrador es el mejor que ha tenido México y concluyó. En seguida el grupo parlamentario de Morena empezó a corear: “¡Es un honor estar con Obrador!”, por lo que desde su curul la priista Alicia Zamora pidió a la presidenta de la Mesa Directiva una moción de orden.
“No es un evento político, es una sesión del pleno del Congreso del estado” reclamó Alicia Zamora, a lo que la morenista María Flores Maldonado le contestó también desde su curul: “¡hay libertad de expresión!”, pero en un tono más elevado la priista le ordenó, “¡no señora!, ‘¡váyase a la calle! ¡váyase a la calle!”, mientras con su dedo índice señalaba la salida.
Gabriela Bernal pidió la palabra por alusiones personales y reprochó que no hayan entendido su participación y que no conozcan la iniciativa de reforma, y les recordó que no es una propuesta que tenga el respaldo sólo de Morena, sino que la apoyan diputados de oposición.
Dijo que su intervención es en defensa del su género no de un partido político: “las mujeres estamos exigiendo ‘¡no a un retroceso de más de 20 años a nuestros derechos!’”, y destacó que otros sectores que serán afectados son los pueblos indígenas y afromexicanos, las personas con discapacidad, y de la diversidad sexual.
Otra diputada que intervino fue la perredista Patricia Doroteo. Dijo que esa propuesta “rompe todo principio y derecho ganado hasta ahora, lo que representa un retroceso y una violación al principio de progresividad de los derechos humanos que se deben observar”.
El coordinador del grupo parlamentario del PRI, Héctor Apreza Patrón, participo también en ese tema para precisar que la postura de Gabriela Bernal es en contra de la reforma que va en contra de los derechos de las mujeres y de las minorías: “es una iniciativa de reforma que a todas luces es inconstitucional” y no es en contra de Morena.
Invitó a los diputados a leer porque en esta se plantean facultades “elevadas al rango constitucional a las dirigencias partidistas para que libremente puedan hacer la designación de candidaturas y prácticamente quedan eliminados de facto los juicios de derechos políticos ciudadanos”.
La morenista Beatriz Mojica Morga subió a hacer precisiones a partir de la postura de Carlos Cruz López que, en el contexto de la intervención de Gabriela Bernal, subió a tribuna a manifestarse contra los partidos de oposición y a favor del presidente y de Morena.
Mojica Morga se pronunció en contra de esta reforma porque atenta contra los derechos de las mujeres y otros sectores vulnerables, pero pidió ser cuidadosos en el debate porque aún es un tema que no está en la discusión de la Cámara de Diputados, además de que las mujeres deben estar unidas ante propuestas como esa.
“Lo podemos lograr sin descalificaciones, porque tenemos que dejar muy claro, esta reforma no tiene nada que ver con el Plan A ni con el Plan B, ni con ninguna propuesta que venga del Ejecutivo, es una propuesta que los coordinadores de las fracciones en lo oscurito se pusieron de acuerdo, todas, para poder hacer esta reforma”. En ese mismo sentido intervino el morenista Antonio Helguera Jiménez.
Después la morenista María Flores intervino. Apuntó que estaba en la tribuna en representación de los ciudadanos que votaron por ella y que nadie la puede mandar a la calle para hablar de diferentes temas entre ellos actos de corrupción de gobiernos pasados, y presuntas irregularidades cometidas por la ministra Norma Piña, lo que generó gritos y reclamos de priistas y perredistas que desde sus curules demandaron que se centrara en el tema.
La primera vicepresidenta de la Mesa Directiva que estaba a cargo de la sesión, la morenista Leticia Castro Ortiz, pidió respeto a Flores Maldonado y que dejaran de hacer comentarios que alteraran la participación de la oradora. En ese momento, la mayoría de los diputados del PRI y del PRD estaban exigiendo a gritos que se centrara al tema.
La presidenta de la Mesa llamó al orden y aprovechó para recordar a priistas y perredistas que “muchos de ustedes se han estado manifestando en la tribuna y no han hecho llamados a centrarse en el tema”.
Desde su curul, el morenista Alfredo Sánchez dijo que se estaba discriminando a la diputada, mientras Castro Ortiz amenazaba con aplicar “las medidas de apremio”.
La priista Flor Añorve Ocampo subió a tribuna dónde sugirió a la vicepresidenta de la Mesa Directiva Leticia Castro que leyera la Ley Orgánica del Poder Legislativo, para dirigir correctamente una sesión, porque de acuerdo a lo dicho por la morenista, en tribuna se puede “decir lo que uno quiera”.
Y reiteró que las posturas no son contra Morena sino contra la iniciativa que en conjunto presentaron la mayoría de los partidos.

La sesión

El Pleno del Congreso del Estado exhortó a las secretarías estatales de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, así como a los 80 ayuntamientos y al Concejo Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres, para que implementen acciones tendientes a la disminución de incendios forestales y la explotación irracional de los recursos naturales, la propuesta fue diputada María Flores Maldonado.
El pleno del Congreso aprobó la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de símbolos patrios de las entidades federativas, como son los himnos, escudos y banderas, a fin de fomentar el patrimonio cultural, la historia y la identidad de cada estado de la República Mexicana.

 

Prepara el Congreso mesas técnicas para ley en materia de desaparición forzada: Yoloczin

La diputada presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), del Congreso local, Yoloczin Domínguez Serna, dijo que están programadas mesas técnicas de trabajo con los colectivos de personas que buscan a sus desaparecidos, en la que participará el equipo técnico del Legislativo para avanzar en una propuesta de ley que recoja sus inquietudes, porque la iniciativa presentada “no es lo que ellos habían manifestado”.
“La mesa técnica es para abordar esos temas exclusivos y poderlos sacar, la próxima mesa la tenemos preparada para el 21 de abril”, dijo respecto a la demanda de una ley en materia de desaparición forzada de personas.
Del convenio suscrito con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPC), para la realización de la consulta a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, Domínguez Serna dijo que se busca evitar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechace otra vez ese proceso de consulta.
También informó que ya realizaron las entrevistas a los aspirantes a integrar el Consejo de la Judicatura y el Instituto de Transparencia y que los diputados van a trabajar con una calendarización para avanzar en los pendientes que tiene el Congreso: “la finalidad es no tener ningún rezago con temas legislativos”.
Sobre los matrimonios entre personas del mismo sexo, la diputada dijo que corresponde al poder Ejecutivo hacer las adecuaciones en la documentación interna para que procedan porque la reforma legal ya fue aprobada en el Legislativo.
La diputada dio una breve entrevista en Acapulco, tras asistir a una conferencia de prensa donde se anunció una asamblea de simpatizantes de Claudia Seinbahum a la candidatura presidencial por Morena (Daniel Velázquez).