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Bloquea el Frente Popular de Tlapa el Congreso; pide obras en escuelas de pueblos de la Montaña

Integrantes del Frente Popular de Tlapa (FPT) protestaron y bloquearon tres horas los acceso al Congreso local, porque los diputados no atendieron su solicitud de intervenir para el cumplimiento de varias obras programadas en escuelas del nivel básico de esa cabecera y sus comunidades.
A las 9 de la mañana de ayer, unos 30 maestros, directivos escolares y padres de familia integrantes del FPT llegaron a la sede del Poder Legislativo para solicitar una audiencia con los diputados, a quienes pedirían su apoyo para instalar una mesa de trabajo con las dependencias del gobierno estatal que se comprometieron este año a construir obras en al menos nueves escuelas de Tlapa que no se han cumplido.
Sin embargo, luego de una hora de espera y ante la negativa de los guardias de seguridad para que una comisión ingresara al edificio, los inconformes se plantaron en los dos accesos principales e impidieron la entrada al Congreso, como protesta ante la desatención de los diputados.
En declaraciones a reporteros, Ubaldo Segura Pantoja, integrante de la Comisión Política del FPT, dio a conocer que en el transcurso del año, diferentes dependencias del gobierno se comprometieron a construir obras que se han gestionado, incluso en administraciones anteriores.
Aunque no precisó cuántas obras son, dijo que las autoridades asumieron el compromiso con el FPT de construirlas antes de que concluyera el año, lo que no ocurrió.
Explicó que asistieron al Congreso para pedir la intervención de los diputados, a quienes solicitarían su respaldo para que en el presupuesto de egresos 2017 se consideren más obras de escuelas de Tlapa y sus comunidades.
“La Montaña es una de las regiones más rezagadas, por el olvido en el que ha estado, y por eso venimos a recordarles a los diputados que existe la Montaña, y que ellos sólo se acuerdan de ella cuando quieren votos, pero después se les olvida”, reprochó Segura Pantoja.
Advirtió que, si el año se acaba y no hay solución a sus demandas bajarán habitantes de varios pueblos a movilizarse en Chilpancingo para presionar a las autoridades.
Entre los planteles del nivel básico que requieren de obras para ampliarse o rehabilitarse, están la Telesecundaria Julián Blanco Jiménez; las primarias bilingües Tenoch, Juan Francisco Escutia, Acamapichtli, Vicente Guerrero, Aztlán y Ve’eno Sakua a Na Ovi Tu’un; la primaria Caritino Maldonado Pérez, y la secundaria Nicolás Bravo.
Luego de tres horas de protesta, los inconformes se trasladaron a Palacio de Gobierno, donde fueron atendidos por representantes de la Secretaría General de Gobierno.
Consultado por teléfono, el coordinador del FPT, Alberto Ríos Cano dijo que luego de plantear sus demandas, se reunieron con autoridades de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi), del Instituto Guerrerense para la Infraestructura Física Educativa (IGIFE), y la Secretaría de Obras Públicas.
Ríos Cano comentó que las autoridades se comprometieron a analizar sus planteamientos, pero no hubo ningún acuerdo concreto referente a iniciar las obras que demanda el FPT.
Adelantó que este miércoles continuarán las reuniones, e intentarán nuevamente reunirse con diputados locales.

No los atienden en el MP de Coyuca de Benítez, dicen los comerciantes que denunciarían al alcalde


Ayer culminó la demolición de los locales en el Mercado Morelos en Coyuca de Benítez, sin que el presidente municipal, Javier Escobar Parra se acercara a ellos, reclamaron dueños de los locales.
Los comerciantes manifestaron que quienes intentaron levantar una denuncia en el Ministerio Público (MP) de Coyuca de Benítez, no fueron atendidos, lo que calificaron como un acto de corrupción entre los gobiernos estatal y municipal.
En la mañana, un visitador de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) les notificó a los comerciantes que ya se inició la investigación de su queja contra el alcalde.
Los locatarios manifestaron que sus negocios fueron derribados con máquinas retroexcavadoras pese a que aún tenían mercancías dentro, y que algunos de ellos perdieron hasta más de un millón de pesos. La locataria, María Martha Barrera Lagunas, dueña de los locales 51 y 53  dijo que ella fue sola al Ministerio Público pero la ignoraron, no insistió y se retiró, y que prefirió dejarlo así porque, “me han amenazado varias personas de diferentes áreas del Ayuntamiento, amenazándome con armas”.
En visita a las ruinas del mercado, la vendedora se quejó de que intentó levantar una denuncia en el Ministerio Público de Coyuca por el despojo del gobierno municipal, debido a que ellos estaban amparados; sin embargo, la autoridad se negó a atenderla.
La mujer, que vendía pasta de mole rojo y verde, tostadas, chalupas, semillas y otros productos de una tienda de abarrotes, manifestó que estaba lleno de coronas que no vendió en las festividades del Día de Muertos, “ahí quedó todo, aplastadas en medio de todos los escombros”. Calcula que perdió casi 2 millones de pesos, porque su negocio era uno de los más surtidos.
Entre los escombros, algunos locatarios sacaban cortinas de metal que podían reutilizarse o piezas de metal para venderlas como fierro viejo. En la esquina del mercado que colinda con la carretera, vendedores de pollo y pescado ofrecían sus productos.
Por su parte, el comisario ejidal Homero Popoca, recordó que en 2009 entregó una constancia de posesión a los locatarios, “para agilizar sus escrituras,  y están en el Registro Público de la propiedad”. Para ese año, expidió 302 oficios que acreditaban a los dueños legítimos del mercado. Dijo que desconocía con qué argumentos el Ayuntamiento destruyó los locales.
La autoridad comunal criticó que el alcalde Javier Escobar no se acercó a los propietarios de los locales que se negaban a salir, y ahora se quedaron sin patrimonio.
Por su parte el representante legal de los comerciantes del mercado Morelos, Fulgencio Cruz López recordó que dos veces visitaron el Congreso local y diputados de Morena, Movimiento Ciudadano, PRD, PT y PRI para que solicitaran una tregua al presidente municipal Javier Escobar, para que no entraran las máquinas desde el miércoles de la semana pasada, pero no ocurrió.
El sábado, el diputado por MC fue al mercado y les dijo a los locatarios que se habían violado los acuerdos que los diputados plantearon  y que hoy martes subiría a tribuna para inconformarse con el alcalde de Coyuca de Benítez.
El comerciante manifestó que, después de que se fue Ricardo Mejía las máquinas llegaron a terminar de destruir el mercado.
El sábado también les cortaron el suministro de energía eléctrica. Ayer, trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en una camioneta estacionada a un costado del mercado, terminaban de hacer la reconexión del cableado.
Ante la falta de respuesta de la Codehum, dijo que escalarán su denuncia a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Aunque mostró un oficio firmado por el visitador Concepción Bedolla Vega en el que se les notifica que ya inició la admisión de la queja.
Fulgencio Cruz López dijo confiar en que con el acompañamiento de la CNDH y el Congreso local se les regrese ese espacio destruido por el gobierno municipal, para que se levante un nuevo mercado.
Señaló que el gobernador Héctor Astudillo Flores protege al alcalde de Coyuca porque ambos son priístas, “Héctor Astudillo está tapando la gran corrupción desde que estuvo el anterior presidente”.
Los últimos 23 locales, fueron destruidos con el consentimiento de algunos, pero no de la mayoría, lamentó el dirigente de los comerciantes, quien reiteró que el alcalde no se ha acercado a ellos pese a que declaró el miércoles de la semana pasada, que dialogaría con quienes se negaban a salir.
Ya en la tarde, fuentes oficiales reportaron que 70 comerciantes se presentaron en el Ministerio Público de Coyuca de Benítez para denunciar el despojo, además de daños y lesiones a los locatarios el fin de semana, cuando terminaron de destruir el mercado Morelos.

Pide la Codehum al Congreso local un mayor presupuesto y los diputados ofrecen hacer “la lucha”

El presidente de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno, se reunió ayer con diputados del Congreso local para solicitar un incremento en el presupuesto del organismo para 2017.
De 48.9 millones de pesos que ejerció en el actual ejercicio fiscal, el presidente de la Codehum planteó que el monto se incremente a por lo menos 91 millones. La propuesta que envió el gobierno del estado al Congreso para 2017 es de 49.9 millones.
A las 10 de la mañana en la sala José Bajos Valverde, Navarrete Magdaleno se reunió con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso,  Jesús Martínez Martínez;  el secretario, Jonathan Moisés Ensaldo Muñoz, y los vocales María del Pilar Vadillo Ruiz, Ricardo Mejía Berdeja y María de Jesús Cisneros Martínez.
En su intervención, el presidente de la Codehum expresó que el presupuesto que se le ha asignado a ese organismo no es proporcional a las necesidades del mismo y de la propia entidad, pues recordó que Guerrero está en la mira nacional e internacional por hechos graves de violación a derechos humanos.
Comentó que en el caso de Nuevo León la Comisión de Derechos Humanos recibe cien millones de pesos anuales y opera solamente con sus oficinas centrales, a diferencia de la de Guerrero que cuenta con delegaciones regionales.
Como ese ejemplo dijo que hay varios en el país, a pesar de que en esos estados no se enfrentan los problemas que tiene Guerrero; incluso dijo que mientras en otras partes la lucha de las comisiones es por derechos de “tercera generación”, como medio ambiente y agua, en la entidad aún no se trabaja para evitar que los detenidos sean torturados.
Navarrete Magdaleno aseguró que si se informara públicamente que la Codehum no percibe recursos suficientes, esa situación sería cuestionada por organismos internacionales, toda vez que aquí se atienden casos como el de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa y otros más.
Dijo que a pesar de las condiciones financieras en que trabaja la Codehum, cuando participa en conferencias o ponencias en otros estados “no vamos para lamentarnos”, sino a explicar que en Guerrero las circunstancias son distintas a como se perciben en el exterior.
“La gente de otros estados creen que tenemos el cuerno de chivo terciado en el hombro, pero yo les digo que en Guerrero los universitarios están en las aulas,  que todos hacen su labor,  (pero) eso no es la noticia, la noticia es cuando hay muertos”, lamentó.
Aseguró que gracias a los ajustes que se han hecho en la Codehum para aprovechar al máximo su presupuesto y no dejar de laborar, ese organismo se ha posicionado como uno de los mejores en el país.
Comentó que su personal ha estado presente en los operativos que se realizan en los reclusorios por la madrugada; así como en conflictos sociales, además de que imparten talleres en primarias, secundarias y universidades.
“A diario se trabaja en la promoción y difusión de derechos humanos, en la visita de instituciones de arresto y en lugares donde por alguna circunstancia se encuentran los jóvenes, mantenemos la visita a reclusorios, centros de alcohólicos anónimos y otros lugres más, esas visitas son permanentes”.
En su intervención, Mejía Berdeja reconoció el papel que ha desempeñado la Codehum en el conflicto que mantienen la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y el Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG).
Indicó que es fundamental el trabajo que la comisión ha desarrollado y por ello consideró necesario incrementar el presupuesto de la misma, e incluso dijo que debe ser una prioridad tanto para el gobierno del estado como del Congreso.
“Desde luego que es vergonzoso, las cifras negras en temas de desaparecidos, tortura, asesinatos extrajudiciales, desplazamientos forzados, yo creo que hay que revisar que sea lo  necesario (en presupuesto), yo sí creo que este tema es fundamental, sobre todo porque como entidad es lo que más nos pega en lo nacional e internacional”.
En la reunión los diputados se comprometieron con Navarrete Magdaleno a “dar la lucha” para que el presupuesto que le sea aprobada a la Codehum tenga un incremento, pues consideraron que a pesar de que ha trabajado con recursos limitados, esa instancia ha desempeñado un buen papel.

Preparan en el Congreso local un exhorto a Peña Nieto sobre el caso Ayotzinapa

 

 

La Comisión Especial del Congreso del estado para el Seguimiento de las Investigaciones de los Acontecimientos del 26 y 27 de septiembre del 2014 aprobó un punto de acuerdo en el que pide al gobierno federal que genere las condiciones para que se apliquen las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En la reunión, el presidente de la comisión, Ricardo Mejía Berdeja, presentó una propuesta de punto de acuerdo en el que el Congreso de Guerrero exhorta al presidente Enrique Peña Nieto, al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a la procuradora General de la República, Arely Gómez González, y a la secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Salinas, a “redoblar esfuerzos para incrementar todas las acciones necesarias para determinar el paradero o destino de los beneficiarios de las medidas cautelares y el esclarecimiento de los hechos”.
En el punto de acuerdo los diputados se refieren a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y exigen que se “den todas las facilidades para el desempeño de quienes habrán de conformar el mecanismo que se encargará de darles seguimiento”, para garantizar el cumplimiento de las medidas cautelares emitidas a los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
El punto de acuerdo deberá presentarse a la Comisión de Gobierno para que sea incluido en el orden del día y presentado próximamente al pleno para su votación.
También acordaron solicitar una reunión con el fiscal general del Estado, Xavier Olea Peláez, para que informe sobre el estado de las tres recomendaciones que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que no ha atendido.
También pedirán a la Fiscalía información sobre los procesos penales del fuero común relacionados con las seis personas que fueron asesinadas la noche y madrugada de la agresión en Iguala.

Guarda con “mucho celo” el Congreso la iniciativa para crear la octava región, se queja Rigoberto Acosta

El coordinador del Consejo Regional de la Sierra de Guerrero, Rigoberto Acosta González, se quejó de que en el Congreso local se guarda con “mucho celo” la iniciativa para la creación de la sierra como octava región, y que desde hace 15 días ha buscado con varios diputados obtener el documento para saber qué contiene, pero no lo ha logrado.
A Rigoberto Acosta se le preguntó tras la sesión del Grupo ACA, donde estuvo como invitado, cómo van los trámites para que la sierra sea reconocida como la octava región en el estado, y respondió que sabe que ya se llevó la iniciativa al Congreso local, en acuerdo con el gobernador, para que se reconozcan primero las siete regiones, y “nosotros pedimos que sea en paralelo la siete más la ocho, nosotros ya sabíamos y lo habíamos dicho, que ninguna de las regiones estaba reconocida y se requería hacer y llevarlas en una incitativa para que queden en la Constitución Política del estado, y que a partí de ellos se pueda instrumentar”.
Dijo que tiene que estar en la reforma a la Constitución, a la ley de Plantación y la reforma al reglamento interno del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero (Copladeg) para que se puedan instrumentar programas con presupuesto para atender los temas de la región, Acosta González informó que no sabe en qué consiste la iniciativa de la creación de la región, que sabe que está en algunas de las comisiones del Congreso, “yo he luchado en los últimos quince días por conseguir un documento, he buscado y la tienen con mucho celo y no la quieren compartir para saber qué contiene la iniciativa”.
Añadió que, “hemos planteado muy claro al gobernador que en este periodo debe quedar reconocida la sierra como octava región, y que podamos juntos, el estado, el Congreso, las organizaciones, generar un plan de trabajo o proyecto estratégico que nos ayude detonar el desarrollo de la región”.

Reitera que está a favor de legalizar el cultivo de la amapola; podría “disminuir los índices de violencia”, dice

Acosta González estuvo como invitado en la sesión del Grupo ACA, donde reiteró su postura a favor de legalizar el cultivo para usos medicinales de la amapola, pues en primera instancia puede “disminuir los índices de violencia en el estado y país”. Añadió que la propuesta del gobernador Héctor Astudillo Flores es “viable y sensata, pero se tiene que abrir un abanico de opinión de los expertos en salud para que se informe hacía dónde se está llevando la heroína que se produce en la entidad, porque se sabe que más del 90 por ciento de heroína se va a los laboratorios, y el 10 por ciento se utiliza para el consumo de los adictos”.
Agregó que no son las familias de Guerrero las que se llevan los grandes beneficios, sino los tráficantes y vendedores a nivel nacional e internacional; que sólo se trata de darle legalidad a una actividad que comenzó en la sierra casi a principios de los años 70, algo inducido desde Sinaloa, que es de donde se trajo la semilla y que al día de hoy se ha convertido en un cultivo de más de cinco generaciones y, más haya de las complicaciones económicas que son muy importantes, es la inseguridad que ha generado en la sierra.

Protestan telefonistas afuera del Congreso del Estado en Chilpancingo en apoyo a Ayotzinapa

 

Como parte de las acciones a nivel nacional del Frente Amplio Social Unitario (FASU) para respaldar la lucha de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, ayer unos 50 trabajadores de Teléfonos de México (Telmex) realizaron un mitin afuera del Congreso local.
Los trabajadores, aglutinados en la sección 69 del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), que pertenece al FASU, se reunieron a las 5 de la tarde de este viernes en el acceso principal de la sede del Poder Legislativo, donde también se declararon en contra de las reformas estructurales.
La secretaria general de la sección 69, Erika Sevilla Lucas recordó que el 26 de enero comenzó la jornada nacional de lucha del FASU para respaldar al movimiento que encabezan los padres de los estudiantes detenidos y desaparecidos en Iguala entre el 26 y 27 de septiembre de 2014.
Este viernes, concluyeron las actividades correspondientes a esa jornada en todas las capitales de los estados del país, que sirvió para “convocar a todos los mexicanos a rechazar el actual modelo de política económica neoliberal”.
Sevilla Lucas demandó, mediante un equipo de sonido, la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos y garantías de no repetición, también se pronunció por la liberación de los presos políticos y la solución al conflicto de los jornaleros agrícolas de San Quintín, Baja California.
En el mitin, se exigió armonizar las leyes nacionales con los tratados internacionales de derechos humanos, e impulsar una ley de consulta para comunidades indígenas que contemple la creación de la figura de un comisionado con autonomía de gestión y presupuestaria.
“También exigimos la abrogación de las reformas estructurales neoliberales, la anulación de todos los contratos firmados con las empresas del sector energético privado, el rescate, desarrollo y ampliación del ejercicio pleno a los derechos sociales afectados”.
La líder sindical aseguró que con la reforma laboral el gobierno pretende desaparecer al sindicato, lo que dejaría vulnerables a todos los derechos de los trabajadores, afectando principalmente a los que tienen más años brindado sus servicios.
En el acto, los telefonistas convocaron a campesinos, mujeres, estudiantes, maestros y a investigadores a que asuman el compromiso de defender los derechos humanos e impulsar “el cambio de régimen económico, político y social que requiere nuestro país”.
Durante el mitin, no se bloqueo ninguna avenida, y después de una hora los telefonistas se retiraron.

Operan en el estado 50 grupos de la delincuencia organizada, dice el fiscal

El fiscal general del Estado, Xavier Olea Peláez informó que son, por lo menos, 50 grupos delictivos los que operan en las diferentes regiones de la entidad y que son responsables del problema de inseguridad y violencia que priva en Guerrero.
También dijo que solicitó a representantes de la embajada de Estados Unidos que ayuden al gobierno del estado a combatir el tráfico de drogas, luego de que el cónsul Hugo Rodríguez manifestó a las autoridades locales, el miércoles en Acapulco, su preocupación por el tráfico de heroína al país norteamericano.
Del secuestro de dos estudiantes del CBTA de Corral Falso, en Ajuchitlán, explicó que se trató de un autosecuestro, en el que los jóvenes obtuvieron, al parecer, cien mil pesos de sus familiares, por lo que se procederá a su detención.
El fiscal asistió este jueves al arranque oficial del programa Escuelas al Cien, que encabezó el gobernador Héctor Astudillo Flores en las instalaciones del el Conalep de Chilapa, municipio donde más tarde se celebró la sesión del gabinete de seguridad nacional encabezada por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Consultado antes de que iniciara el programa, el fiscal insistió en que el problema de violencia e inseguridad que priva en Tierra Caliente es producto de la disputa entre los grupos criminales que encabezan El Tequilero y El Pez.
Indicó que, así como sucede en aquella región, pasa lo mismo en Chilapa, donde la inseguridad es producto de la pugna que existe entre Los Rojos y Los Ardillos.
Informó que por lo menos son 50 grupos delictivos los que operan en las diferentes regiones del estado, pero aclaró que la mayoría son “pequeñas células” conformadas por cinco o seis delincuentes.
“Son muchos, pero evidentemente no hay un grupo grande, entonces se pelean por el control de la droga en esta zona de la Montaña baja y en Tierra Caliente, principalmente por la heroína, la goma de opio que posteriormente se convierte en heroína”.
Olea Peláez indicó que en el Grupo de Coordinación Guerrero le apostará a las labores de inteligencia para combatir a los grupos criminales y lograr la aprehensión de todos sus líderes.
Explicó que en la reunión del gobernador Héctor Astudillo con el cónsul de Estados Unidos Hugo Rodríguez el miércoles en Acapulco, el embajador les externó su preocupación por el tráfico de heroína, droga que termina en territorio estadunidense.
“Están preocupados y nosotros les dijimos ‘pues ayúdennos’. Yo soy una gente muy cristalina y les dije ‘ayúdenme, para que ustedes nos ayuden en la investigación’”.
–¿Ayuda en qué materia se pidió al gobierno de Estados Unidos? –preguntó un reportero.
–Pues en materia económica, en materia de seguridad, en materia de inteligencia, etcétera, respondió.
Indicó que la Secretaría de Gobernación entregará herramientas sofisticadas la próxima semana al área antisecuestros de la Fiscalía General del Estado (FGE).
De la Comisión Especial para investigar las desapariciones en el municipio de Chilapa, explicó que el próximo lunes se emitirá el decreto correspondiente, es decir, ya no se presentará la iniciativa ante el Congreso local como se había planteado en un principio.
Anunció también que la próxima semana desayunará con empresarios de la capital para escuchar sus planteamientos en materia de seguridad pública.
Consultado por segunda ocasión, al concluir el acto en el Conalep, Xavier Olea dio a conocer que fue un autosecuestro el de los dos estudiantes del CBTA de Corral Falso, en Ajuchitlán del Progreso, “quisieron bajarle un dinero a su mamá”, señaló.
Explicó que los jóvenes solicitaron un rescate de 300 mil pesos, pero sólo obtuvieron cien mil pesos, por lo que se procederá a la detención de los estudiantes, y aseguró que los tres jóvenes detenidos el miércoles en una motoneta y que llevaban consigo más de 27 mil pesos eran sus cómplices.

 

Propondrá la CRAC al Congreso una reforma a la Ley 701 o que la ratifique, dice Abad García

 

El coordinador de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), Abad García informó que la institución planteará al Congreso local una reforma a la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura Indígena, o que la ratifique tal como está, para mantenerla vigente.
En consulta telefónica, dijo que buscan una audiencia con el gobernador, Héctor Astudillo Flores, para conocer su postura sobre la Ley 701, y en las comunidades la Policía Comunitaria está levantando firmas de apoyo y actas de cabildo de los ayuntamientos de respaldo a la legislación estatal.
La ley estatal indica que, por sus funciones, la CRAC también es parte del sistema de seguridad pública del estado, pero la legislación podría quedar sin efecto debido a un artículo transitorio de la nueva Constitución del estado que indica que, a más tardar en abril de este año, se deben adecuar las leyes secundarias con la nueva legislación.
El dirigente de la CRAC adelantó que en la asamblea microrregional en San Luis Acatlán, el 24 de enero, van a proponer acciones de protesta para evitar que en lo inmediato se derogue la legislación, así como para exigir la libertad de los presos de la CRAC recluidos en Ayutla de los Libres y en la Cuidad de México.
Aclaró que la amnistía que se planteó con el gobierno anterior, como posibilidad de la libertad de los detenidos, quedó rebasada, y la exigencia será por la libertad inmediata de 10 detenidos de manera arbitraria. Entre los presos de la CRAC están la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, y el coordinador de la Casa de Justicia de El Paraíso, Bernardino García Francisco.
Aunque la Ley 701 reconoce como autoridad a los integrantes de la CRAC, precisó que existen más de 100 averiguaciones previas en las que señalan a integrantes de la institución comunitaria, personas que se inconformaron con el sistema de seguridad y justicia comunitario.
Indicó que es necesario volver a discutir la relación de respeto y coordinación que debe haber en las dos instancias.
En tanto, dijo que en los pueblos siguen trabajando en la unificación de la institución comunitaria, fraccionada por distintos liderazgos e intervenciones del Estado, y revisando la posibilidad de realizar foros de defensa de la Ley 701.
Para ello, también están buscando una relación con otros sistemas de seguridad que funcionan en el estado, pero cuando se le preguntó si hay comunicación con la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) o el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), solo confirmó que han tenido pláticas con la Policía Ciudadana y Popular de Temalacatzingo, en el municipio de Olinalá.
Sobre las reuniones del fin de semana, donde participaron representantes de Morena, aclaró que estos políticos están apoyando de manera externa, harán sus propuestas, pero la CRAC llevará su propio planteamiento a la mesa de trabajo con las autoridades estatales.

Acuerda la UPOEG reestructurar a la Policía Ciudadana y promover la elección de diputados para el Congreso local

La reestructuración de la Policía Ciudadana del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), y promover la elección de representantes de los pueblos originarios en el Congreso local, fueron las conclusiones de las mesas del Congreso Estatal en el tercer aniversario de la organización.
En las ocho mesas de discusión y análisis del encuentro se plantearon propuestas para mejorar las condiciones de los pueblos donde la UPOEG tiene presencia. Ayer fueron presentadas las conclusiones de las mesas de trabajo del lunes.
En la mesa de Evaluación, reestructuración y funcionamiento del SSJC, se planteó partir de la revisión de las comandancias, la depuración de los grupos de policías ciudadanos y regular los operativos de policías no legitimados en asambleas; además de que los consejeros y consejos municipales deben ser elegidos en asambleas por mayoría, y el remplazo o ratificación de los coordinadores del SSJC.
Asimismo, se propuso crear una comandancia regional y que cada coordinador tenga una estructura de cinco autoridades (delegados o comisarios municipales).
En la mesa Derechos a la consulta y representación popular, se propuso trabajar el derecho a la consulta en tres ejes o campos: concesiones mineras, gobiernos indígenas y ámbito legislativo; así como pasar a la etapa de promover la elección de representantes de los pueblos originarios en el Congreso local, es decir, como diputados locales, “para que, de esta manera se garantice la representación de los intereses de los pueblos ante el órgano legislativo”, se lee en el documento final aprobado en el Congreso Estatal de la UPOEG.
En la mesa Proyecto comunitario y desarrollo integral, se ponderó el apoyo a la consolidación de la Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur, para que estudiantes indígenas y afromexicanos puedan seguir sus estudios, y gestionar la infraestructura para las escuelas y centros de salud.
En Defensa del territorio y recursos naturales, se acordó no aceptar la concesión minera, usar fertilizantes orgánicos en los cultivos, desplazar los insecticidas y químicos con productos orgánicos que no dañen la tierra, y no permitir la introducción de semillas transgénicas.
En la mesa Desaparición forzadas y atención a víctimas y 43 estudiantes normalistas y otras personas desaparecidas, y en la de Derechos Sociales, se concluyó que es necesario que las autoridades continúen la búsqueda de los 43 normalistas, que el gobierno dé información clara, precisa y con evidencias del paradero de los normalistas y otras personas desaparecidas, además de que haya transparencia en las investigaciones.
En la mesa de la Integración familiar, prevención y abatimiento del delito, se llamó a “hacer una realidad” la representación de las mujeres en los puestos de toma de decisiones y crear una política de cero violencia en las familias de las comunidades, y llevar los casos de impunidad contra mujeres a los órganos de justicia.

Marcha el MPG en Chilpancingo a 41 años del asesinato de Lucio Cabañas y contra la represión

 

Integrantes del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) marcharon en las principales avenidas de Chilpancingo para conmemorar el 41 aniversario luctuoso de Lucio Cabañas Barrientos, y para exigir a los gobiernos estatal y federal que no repriman a maestros que se oponen a la reforma educativa, luego del anuncio de la llegada de 6 mil policías federales para resguardar la evaluación en el Fórum Mundo Imperial, en la zona diamante de Acapulco.
Otras de las demandas del MPG es la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre del año pasado en Iguala y la liberación de los presos políticos.
Por su parte, el Frente de Defensa Popular Francisco Villa, que cumplió 22 años, exigió a los gobiernos federal y estatal atender las demandas de las organizaciones sociales y estudiantiles, y que no repriman a los guerrerense que luchan por mejores condiciones de vida.
A la 1:15 de la tarde, unos 150 manifestantes partieron del Zócalo capitalino, donde mantienen su plantón los maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) opositora.
Unos 150 integrantes del MPG caminaron en las avenidas Lázaro Cárdenas y Trébol, cerca del Congreso local, donde gritaron consignas en contra del gobierno por reprimir a organizaciones sociales, estudiantiles y a luchadores sociales.
En el mitin en el Congreso local, integrantes del MPG responsabilizaron al presidente de la Comisión Educativa en el Poder Legislativo, el diputado priista Víctor Manuel Martínez Toledo, y al Secretario de Educación de Guerrero, José Luis González de la Vega, de cualquier posible represión y hostigamiento contra los normalitas y luchadores sociales que se manifestarán contra la evaluación a los maestros en el hotel Mundo Imperial en Acapulco.
“La aplicación del examen que se llevará a cabo en Acapulco afecta a los maestros por violentar sus derechos laborales, y estamos en contra de la reforma educativa”, declaró uno de los integrantes del MPG.
Después los maestros reanudaron su marcha hasta llegar a Palacio de Gobierno.
Por su parte, una integrante de la Comisión Convergencia de la CETEG, que encabeza Antonia Morales, de la región Centro, informó que hoy, en la aplicación del examen de permanencia se movilizarán en el hotel Fórum Mundo Imperial, en la zona diamante en Acapulco.
Agregó que los 6 mil policías que llegaron a Guerrero para blindar la evaluación de maestros en Acapulco deben ser trasladados a las regiones de mayores índices de violencia.
Asimismo, el integrante del Frente de Defensa Popular y Frente Popular Francisco Villa, Efraín Torres Fierro exigió al gobierno estatal y federal la liberación de los presos políticos y la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
“El gobierno del estado, trae la consigna de reprimir la protesta social, y la reformas estructurales que vienen a despojar los derechos del pueblo, y el gobierno va a imponer a sangre y fuego estas políticas, no es aislado la desaparición de los 43 normalistas; el asesinato de cuatro policías comunitarios es para sembrar el terror para imponer las reformas”, declaró.
En la marcha participaron integrantes del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG) y choferes de la Coordinadora Estatal de Transportistas del Estado de Guerrero (CETIG).