En una sesión de trámite que realizó el pleno del Congreso local, se presentó una iniciativa que plantea que para la designación de magistrados del Poder Judicial del Estado se tomen en cuenta la profesionalización y conocimientos en las propuestas que envía al Poder Legislativo el Ejecutivo estatal.
El diputado perredista Bernardo Ortega Jiménez propuso reformas a la Constitución Política del Estado de Guerrero para establecer un mecanismo de designación de los magistrados que garantice la imparcialidad, profesionalización y conocimientos de las personas propuestas para desempeñar los cargos.
La propuesta plantea que la gobernadora o gobernador del Estado remita una terna al Congreso del Estado, tres meses antes de que fenezca el nombramiento de la persona que ostente una magistratura en el Poder Judicial, para que comparezcan y sean aprobados con el voto de dos terceras partes del total de los integrantes del pleno.
Pero también plantea que si el Congreso no resuelve sobre la terna en el término establecido, la persona titular del Poder Ejecutivo nombrará de entre la terna a quien deba asumir el cargo de magistratura, o en caso de ser rechazadas las propuestas o no alcance la votación requerida, se notificará al Ejecutivo.
Y se fija el requisito para obtener el nombramiento, ser jurista “de reconocida competencia con más de diez años de ejercicio profesional o en activo en la función jurisdiccional o carrera judicial”.
Entre las iniciativas presentadas en la sesión ordinaria estuvo la del morenista Osbaldo Ríos Manrique, planteó una reforma a la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado para que los cabildos puedan autorizar a los integrantes de los ayuntamientos el desempeño paralelo como servidores públicos federales, estatales o municipales, siempre que sea en las áreas de la docencia, salud, investigación o beneficencia pública, sin que esto afecte sus responsabilidades edilicias.
Mientras que la perredista Jennyfer García Lucena presentó una iniciativa a la Ley de Salud del Estado, para establecer que las instituciones de salud particulares presten sus servicios de manera gratuita, en al menos un cinco por ciento de su capacidad, en favor de personas de escasos recursos económicos.
De Morena, Antonio Helguera Jiménez presentó una iniciativa de adición y reforma a la Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado para que las empresas constructoras establecidas en Guerrero estén debidamente constituidas, “al corriente con sus obligaciones fiscales y tengan capacidad técnica y financiera suficientes para potenciar el desarrollo económico y social de la entidad” para inhibir las prácticas “perniciosas” en este sector.
Helguera Jiménez propuso exhortar al director en jefe del Registro Agrario Nacional para que, a través de su representación en Guerrero, realice en este año una jornada pública e itinerante del servicio de Depósito de Lista de Sucesión o Testamento Agrario en cada una de las regiones del estado, para dar certeza jurídica sobre sus parcelas a campesinas y campesinos.
El priista Héctor Apreza Patrón presentó una iniciativa de reforma a la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Guerrero, en la que planteó que la Unidad de Género de cada ente público contribuya a la difusión, promoción y protección de los derechos de la mujer en el ámbito familiar, laboral y comunitario, así como acciones encaminadas al empoderamiento de las servidoras públicas en un contexto de igualdad.
Mientras que el morenista Carlos Cruz López propuso adicionar la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero para que los diputados que se declaren sin partido tengan la obligación de presentar individualmente su agenda legislativa en un periodo de 30 días después de su renuncia al partido por el que llegaron a una curul.
En tribuna el morenista Joaquín Badillo Escamilla intervino sobre el tema de la basyra en Acapulco. Señaló que las altas cantidades de basura se generan por los centros de producción y las cadenas de comercialización, situación de la cual las empresas no se hacen responsables, ya que son excluidas del pago de impuestos para el mantenimiento de los basureros y rellenos sanitarios, dejando la responsabilidad al Ayuntamiento para que atienda el problema con bajo presupuesto.
El coordinador de la bancada del PRD, Raymundo García Gutiérrez, informó que la postura de su partido es agotar en el plazo acordado con Santa Cruz del Rincón, San Nicolás, Ñuu Savi y Las Vigas, para el nombramiento de los ayuntamientos instituyentes, porque al Congreso no ha llegado ninguna notificación de juicios de amparo promovidos por ciudadanos contra el decreto de creación de los nuevos municipios.
En consulta telefónica, indicó que ya lo planteó en reunión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), porque se venció un primer plazo para el trámite en diciembre, y por acuerdo parlamentario se aprobó una prórroga de 120 días que terminó en marzo.
Confirmó que el caso ya está en manos de la Jucopo, después de los trabajos de la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, pero reconoció que hay posiciones distintas al interior de la Junta.
García Gutiérrez señaló que el pleno del Congreso regresó este 1 de abril al periodo ordinario de sesiones, tras el periodo de la Comisión Permanente. Por lo tanto, aseguró, están en tiempo de atender el acuerdo parlamentario. (Lourdes Chávez / Chilpancingo).
El diputado del PRI, Héctor Apreza Patrón, aclaró que el Congreso local no incurrirá en irresponsabilidades durante el proceso de integración de los cabildos instituyentes en los cuatro nuevos municipios, ante la exigencia de los promotores para que se emitan los nombramientos de sus autoridades cuanto antes.
En consulta telefónica, explicó que si el Congreso nombra a los cabildos instituyentes y se llega a caer el acuerdo por una nueva impugnación, que deje sin efecto a las nuevas autoridades, se podría generar ingobernabilidad.
“Entendemos que haya desesperación en algunos casos, pero finalmente, nosotros no interpusimos los recursos de impugnación que están en litigio por el decreto de creación de los municipios”, dijo Apreza en aparente alusión a que desde hace dos años comisarios de diversos municipios impugnaron el decreto de creación de los nuevos ayuntamientos.
El coordinador del grupo parlamentario del PRI confirmó que los recursos han retrasado los trabajos de integración de los cabildos, “de manera importante”.
En la sesión de los días 30 y 31 de agosto de 2021, la Legislatura aprobó los decretos de creación de los municipios Las Vigas, Ñu Savi, San Nicolás y Santa Cruz del Rincón. El 12 de enero de 2022 aprobó su adhesión al artículo 27 constitucional, conforme al orden alfabético que les corresponde entre los municipios del estado.
Apreza Patrón señaló que, si en ese juicio, “la (Suprema) Corte se pronuncia porque el decreto no es válido, se cae la reforma constitucional, y se cae la constitución de los municipios. Entonces tenemos que actuar con mucha seriedad”.
Sin embargo, precisó que el proceso no se ha detenido. En la prórroga de 120 días para nombrar los cabildos instituyentes, la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación hizo la valoración de las personas que cumplían con los requisitos constitucionales para poder ser consideradas entre los nombramientos.
Hace unas semanas, la Comisión Permanente aprobó un punto de acuerdo de la misma Comisión de Asuntos Políticos, para turnar a la Junta de Coordinación Política el asunto de los ayuntamientos.
En ese sentido, sostuvo que la Comisión de Asuntos Políticos cumplió con el plazo acordado.
Por otro lado, recordó que la designación de los constituyentes debe contar con mayoría calificada, que al menos son 31 votos a favor, “esas cosas las vamos construyendo con apego a la ley, y con mucho diálogo”.
Advirtió de otra posibilidad, donde ninguna de las propuestas que presente la Junta de Coordinación para integración de los ayuntamientos constituyentes reúna mayoría calificada, por lo tanto, “(también) se están construyendo un consenso, porque esto necesariamente tiene que salir con tres criterios: respeto a la ley, respeto a la opinión de los ciudadanos de los municipios y producto de un gran consenso en el Congreso”.
Aseguró que la integración de los cabildos instituyentes está en la agenda de la Junta de Coordinación, y los promotores de los comités de creación de cuatro municipios han sido recibidos en muchas ocasiones por diputados, “respeto sus opiniones, no las comparto, pero ellos están en la libertad de expresar lo que a su juicio convenga. La libertad de opinión es uno de los grandes derechos humanos que tenemos”.
La Junta de Coordinación Política (Jucopo) entrevistará a puerta cerrada desde el 10 de abril, a los 17 aspirantes a un espacio de comisionada o comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (ITAIG), y a los 12 aspirantes a consejero del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, acéfalos desde hace más de dos años.
Sin ninguna justificación legal, la Jucopo mantiene en sigilo los nombres de los aspirantes a estos cargos, además de que se sabe que los grupos parlamentarios se han distribuido ya estos espacios, así como los de los titulares de los órganos de control interno de órganos autónomos.
Son siete los nombramientos para el ITAIG, el consejero de la Judicatura y los titulares de los órganos internos de control del ITAIG, de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum); de la Fiscalía General del Estado (FGE); del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA); y del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC).
El próximo lunes, la Jucopo entrevistará a 38 aspirantes, de los cuales 17 buscan ser comisionados del ITAIG. Para el mismo órgano hay 9 aspirantes mujeres a un segundo espacio que será para este género, y 12 a consejero del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, iniciarán a las 9 de la mañana y concluirán a las 6:45 de la tarde.
Los aspirantes apenas tendrán 15 minutos para exponer su plan de trabajo ante los integrantes de la Jucopo, tiempo en el cual los diputados realizarían preguntas que responderán los aspirantes.
En el caso de las entrevistas a los aspirantes a los órganos de control interno que fueron ante las comisiones de Transparencia y Anticorrupción y la de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado, en las que en la mayoría de los casos no hubo preguntas, de acuerdo a lo comentado por los aspirantes a su salida.
El promotor del municipio de San Nicolás Tolentino, Felipe de la Cruz, denunció que el Congreso local se burla y abusa de los pueblos originarios y afrodescendientes, incumpliendo sus propios acuerdos al retrasar el nombramiento de los cabildos instituyentes en los cuatro nuevos municipios.
Vía telefónica, denunció que el viernes pasado fue la fecha tentativa de reunión que les ofrecieron a los promotores los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el secretario técnico de la misma, los directores de Servicios Parlamentarios y de Asuntos Jurídicos, luego de que protestaron fuera de las sede legislativa, hace dos semanas.
En marzo terminó la prórroga de 120 días que aprobó en un acuerdo parlamentario el Congreso local para concluir la designación de los cabildos instituyentes, que según estos funcionarios quedó anulada con una demanda de amparo que promovieron pobladores de San Nicolás y de Santa Cruz de El Rincón. Advirtió que no han visto ninguna evidencia de los juicios que refirieron.
Dijo que los comités promotores atendieron todas las convocatorias, como los lineamientos del Congreso para presentar las propuestas que consideraron elegibles para la conformación de los primeros gobiernos instituyentes de Ñuu Savi, San Nicolás, Santa Cruz del Rincón y Las Vigas.
Recordó que el Congreso también aprobó como acuerdo parlamentario los nombres de las personas elegibles para la designación de los integrantes de los ayuntamientos.
Ahora resulta que nada de eso tiene validez por un juicio de amparo que promovieron pobladores de San Nicolás y Santa Cruz contra la reforma constitucional que incluye en el artículo 27 a 85 municipios del estado, sumando los cuatro aprobados hace casi dos años.
Recriminó que La Jucopo plantea una consulta expresa para reponer todo el proceso, y todos los pueblos están inconformes porque los funcionarios tampoco les han presentado ninguna evidencia de las demandas, y porque tampoco se ponen de acuerdo entre ellos.
Estimó que la propuesta de consulta es otra excusa para alargar el proceso, y designar nombramientos en los nuevos ayuntamientos para después de las elecciones de 2024.
Denunció que la Jucopo no los ha recibido desde que la diputada de Morena, Yoloczin Domínguez Serna, asumió la presidencia, a pesar de que han insistido en una audiencia por escrito.
Estimó que en el gobierno del estado han tenido un diálogo fluido con el secretario general de Gobierno, Marcial Ludwig Reynoso Ñúñez, para que en el momento que el Congreso apruebe la integración de los ayuntamientos, y con las claves del INEGI se distribuyan los recursos.
Estimó que el fondo del problema ahora son los “jaloneos al interior de partidos”. Ratificó que tendrán que tomar otras medidas porque el acercamiento no ha funcionado con los diputados.
Los representantes de las cámaras empresariales del ramo turístico de Acapulco, revelaron que no se ha informado cómo se va a cobrar el impuesto del 4 por ciento a la oferta extrahotelera, si ya existe un padrón y en qué se va a invertir lo recaudado.
Este jueves los diputados del Congreso local aprobaron reformas y adiciones en las leyes de Hacienda del Estado de Guerrero y a la de Fomento y Desarrollo Turístico del Estado y los Municipios, ambas para regular y cobrar un impuesto del 4 por ciento a quienes ofrecen el servicio de alojamiento turístico eventual de manera directa o a través de intermediarios, promotores, facilitadores o de plataformas digitales.
En declaraciones, el presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco, Alejandro Domínguez Aveleyra, dijo que es un primer paso que se da para la oferta extra hotelera.
Ahora dijo que estos inmuebles deben de cumplir también con las normas que indica Protección Civil y pagar todos los impuestos que realiza un establecimiento. El dirigente dijo que no se ha informado cómo se va a cobrar, y que si el dinero se va a usar para Fidetur, lo que sería una mejora para el puerto.
El presidente de la Asociación de Hoteleros y Restauranteros del Acapulco Tradicional, Francisco Aguilar Ordoñez, dijo que por fin se consideró una petición que tiene años solicitando el sector, para que el sector extrahotelero pague impuestos y “haya piso parejo”.
Señaló que mientras el sector formal paga una cuota comercial en lo servicios de luz, agua, el tres por ciento del turismo, y otros impuestos, el otro no aporta nada a las arcas del estado, pero que falta complementar la nueva reforma para que paguen los servicios e impuestos que correspondan al municipio como las licencias de funcionamiento, agua comercial, y luz comercial entre otros, “de esa manera vamos a estar en piso parejo”.
El presidente de la el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Acapulco, Alejandro Martínez Sidney, dijo que es bueno que estos negocios informales pasen a formalizarse y paguen impuestos.
“Esto habla de un único, pero todavía tenemos algunas dudas de cómo se van a implementar estos procedimientos y las medidas para la recaudación, pero sobre todo hacia dónde a quién le van a contribuir, y las verificaciones, así como quien aplicaría las sanciones”.
Indicó que esta reforma permitirá que haya una mayor regulación y control de estos inmuebles, y habrá más beneficios para la ciudadanía, como mejorar la iluminación, mejor seguridad, recolección de basura y todo el dinero sea para obras y servicios, aunque no sabía cuál sería su aplicación real.
Calificó la aprobación de este nuevo impuesto como un “gran avance” que han estado demandando los empresarios y que haya una competencia leal y no desleal.
El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera (Canirac) Enrique Castro Soto también opinó que es una propuesta bien intencionada que solo podría aplicar a las plataformas digitales, porque muchos no están dados de alta Hacienda y no hay un padrón: “no podría haber un esquema de cobro, y sería un poco difícil poder aplicar esta iniciativa”.
Dijo que se podría aplicar a las plataformas digitales como Airbnb, pero insistió que no hay como poder cobrar a quienes hacen una reservación o rentan una casa a través de las redes sociales como Facebook u otras páginas porque tampoco hay un padrón.
Las diputadas de Morena Gloria Citlali Calixto; del PRI Gabriela Bernal y del PRD Patricia Doroteo con la titular de la Unidad para la Igualdad de Género del Congreso, Mayra Morales en conferencia de prensa sobre el Parlamento de Mujeres Foto: Jessica Torres Barrera
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
El Congreso local aprobó reformas y adiciones en las leyes de Hacienda del Estado de Guerrero y a la de Fomento y Desarrollo Turístico del Estado y los Municipios, ambas para regular y cobrar un impuesto del 4 por ciento a quienes ofrecen el servicio de alojamiento turístico eventual de manera directa o a través de intermediarios, promotores, facilitadores o de plataformas digitales.
La sesión ordinaria de este jueves del pleno del Congreso local inició hasta minutos antes de las 3 de la tarde, porque esperaban a que sesionara la Comisión de Hacienda para aprobar la iniciativa preferente de la gobernadora para regular el servicio de alojamiento eventual, la llamada oferta extrahotelera, una añeja demanda de los empresarios de ese sector.
La Comisión de Hacienda sesionó con la presencia del presidente Bernardo Ortega Jiménez. También estuvieron Alicia Zamora Villalva, Beatriz Mojica Morga y José Efrén López Cortés, que son vocales, pero faltó el secretario Alfredo Sánchez Esquivel.
Finalmente, la sesión se realizó cuando ya se tenía el dictamen de esta comisión, y se pudo aprobar por unanimidad a pesar de la ausencia de la mayoría de los diputados del PRD. En el pleno solo estuvieron Bernardo Ortega, Carlos Reyes Torres, Susana Paola Juárez Gómez y Raymundo García Gutiérrez.
Mientras que del PRI se observó por más tiempo en el pleno a Olaguer Hernández Flores, Alicia Zamora Villalva y Jesús Parra García, porque la mayoría se fueron al festejo de cumpleaños de su coordinador, Héctor Apreza Patrón.
A la ley número 419 de Hacienda del Estado de Guerrero se adicionaron dos párrafos al artículo 57 que se refiere al cobro de impuesto sobre hospedaje.
En el primer párrafo se apunta que se exceptúa del impuesto al hospedaje de casas, departamentos, residencias, villas, condominios “y todo tipo de instalaciones no hoteleras considerado Alojamiento Turístico Eventual”.
Y en un segundo párrafo se precisa que el alojamiento turístico eventual “será aquel por el que se concede el servicio de alojamiento, ya sea de forma parcial o total en el uso de inmuebles no hoteleros, cuando sea provisto de manera directa o a través de intermediarios, promotores, facilitadores o a través de plataformas digitales”.
Y en el artículo 60 se precisa que cuando se trate de alojamiento turístico eventual “se calculará aplicando a la base gravable, la tasa del cuatro por ciento”.
Se apunta también en este artículo: “Quedan excluidos del pago contemplado en este artículo los sujetos pasivos que contribuyan en términos de las obligaciones tributarias que se contemplan en el artículo 77 de esta Ley”.
Mientras que en el tercer artículo transitorio se precisa que el reglamento que regule al alojamiento turístico eventual prestado a través de plataformas digitales deberá ser expedido en un plazo que no exceda de 90 días contados a partir de la entrada en vigor del decreto, es decir después de que se publique en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
Posteriormente en un cuarto artículo transitorio se señala que los “ingresos que se obtengan con motivo de la presente reforma y que se refieren al servicio de alojamiento turístico eventual, se consideran como ingresos excedentes de la Ley número 421 de Ingresos del Estado de Guerrero y serán considerados en los informes semestrales y en la cuenta pública del Gobierno del Estado de Guerrero”.
También por unanimidad, el pleno aprobó el dictamen por el que se reforma la Ley de Fomento y Desarrollo Turístico del Estado y los Municipios para regular esta prestación de los servicios de alojamiento eventual para regular este tipo de servicio.
Y así garantizar que los que los particulares que utilicen las plataformas digitales para brindar el servicio de hospedaje cumplan con un mínimo de requisitos que permitan garantizar lo ofertado, así como el precio, calidad y, sobre todo, la seguridad e integridad de quien lo utilice.
Los alojadores turísticos eventuales deberán inscribirse en el Padrón Estatal de Alojamiento Turístico Eventual, donde se establecen los requisitos que deberán cumplir y la obligatoriedad de contar con un seguro de responsabilidad civil.
También en la materia, el pleno aprobó un dictamen por el que se reforma la Ley de Fomento y Desarrollo Turístico del Estado y los Municipios, para integrar como miembro permanente al municipio de Coyuca de Benítez en la Comisión Intersecretarial de Turismo.
El pleno aprobó un punto de acuerdo presentado por el morenista Masedonio Mendoza Basurto por el que se exhorta a la titular de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal para implementar las medidas necesarias para el rescate y protección de las zonas arqueológicas de Contlalco y Cerro Quemado La Coquera, en Tlapa de Comonfort.
El morenista Antonio Helguera Jiménez presentó una iniciativa de adición a la Ley de Participación Ciudadana del Estado para que cualquier particular pueda realizar una denuncia a través del concepto de “participación ciudadana”, en caso de conocimiento de presuntas irregularidades administrativas cometidas por entes gubernamentales y sus funcionarios.
Aprueba el Congreso un 4% de impuesto al servicio de alojamiento turístico eventual
Se aplicaría de manera directa o a intermediarios, promotores, facilitadores o de plataformas digitales que promuevan ese tipo de hospedaje. Gravar la oferta extrahotelera es una añeja demanda de los empresarios de ese sector
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
El Congreso local aprobó reformas y adiciones en las leyes de Hacienda del Estado de Guerrero y a la de Fomento y Desarrollo Turístico del Estado y los Municipios, ambas para regular y cobrar un impuesto del 4 por ciento a quienes ofrecen el servicio de alojamiento turístico eventual de manera directa o a través de intermediarios, promotores, facilitadores o de plataformas digitales.
La sesión ordinaria de este jueves del pleno del Congreso local inició hasta minutos antes de las 3 de la tarde, porque esperaban a que sesionara la Comisión de Hacienda para aprobar la iniciativa preferente de la gobernadora para regular el servicio de alojamiento eventual, la llamada oferta extrahotelera, una añeja demanda de los empresarios de ese sector.
La Comisión de Hacienda sesionó con la presencia del presidente Bernardo Ortega Jiménez. También estuvieron Alicia Zamora Villalva, Beatriz Mojica Morga y José Efrén López Cortés, que son vocales, pero faltó el secretario Alfredo Sánchez Esquivel.
Finalmente, la sesión se realizó cuando ya se tenía el dictamen de esta comisión, y se pudo aprobar por unanimidad a pesar de la ausencia de la mayoría de los diputados del PRD. En el pleno solo estuvieron Bernardo Ortega, Carlos Reyes Torres, Susana Paola Juárez Gómez y Raymundo García Gutiérrez.
Mientras que del PRI se observó por más tiempo en el pleno a Olaguer Hernández Flores, Alicia Zamora Villalva y Jesús Parra García, porque la mayoría se fueron al festejo de cumpleaños de su coordinador, Héctor Apreza Patrón.
A la ley número 419 de Hacienda del Estado de Guerrero se adicionaron dos párrafos al artículo 57 que se refiere al cobro de impuesto sobre hospedaje.
En el primer párrafo se apunta que se exceptúa del impuesto al hospedaje de casas, departamentos, residencias, villas, condominios “y todo tipo de instalaciones no hoteleras considerado Alojamiento Turístico Eventual”.
Y en un segundo párrafo se precisa que el alojamiento turístico eventual “será aquel por el que se concede el servicio de alojamiento, ya sea de forma parcial o total en el uso de inmuebles no hoteleros, cuando sea provisto de manera directa o a través de intermediarios, promotores, facilitadores o a través de plataformas digitales”.
Y en el artículo 60 se precisa que cuando se trate de alojamiento turístico eventual “se calculará aplicando a la base gravable, la tasa del cuatro por ciento”.
Se apunta también en este artículo: “Quedan excluidos del pago contemplado en este artículo los sujetos pasivos que contribuyan en términos de las obligaciones tributarias que se contemplan en el artículo 77 de esta Ley”.
Mientras que en el tercer artículo transitorio se precisa que el reglamento que regule al alojamiento turístico eventual prestado a través de plataformas digitales deberá ser expedido en un plazo que no exceda de 90 días contados a partir de la entrada en vigor del decreto, es decir después de que se publique en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
Posteriormente en un cuarto artículo transitorio se señala que los “ingresos que se obtengan con motivo de la presente reforma y que se refieren al servicio de alojamiento turístico eventual, se consideran como ingresos excedentes de la Ley número 421 de Ingresos del Estado de Guerrero y serán considerados en los informes semestrales y en la cuenta pública del Gobierno del Estado de Guerrero”.
También por unanimidad, el pleno aprobó el dictamen por el que se reforma la Ley de Fomento y Desarrollo Turístico del Estado y los Municipios para regular esta prestación de los servicios de alojamiento eventual para regular este tipo de servicio.
Y así garantizar que los que los particulares que utilicen las plataformas digitales para brindar el servicio de hospedaje cumplan con un mínimo de requisitos que permitan garantizar lo ofertado, así como el precio, calidad y, sobre todo, la seguridad e integridad de quien lo utilice.
Los alojadores turísticos eventuales deberán inscribirse en el Padrón Estatal de Alojamiento Turístico Eventual, donde se establecen los requisitos que deberán cumplir y la obligatoriedad de contar con un seguro de responsabilidad civil.
También en la materia, el pleno aprobó un dictamen por el que se reforma la Ley de Fomento y Desarrollo Turístico del Estado y los Municipios, para integrar como miembro permanente al municipio de Coyuca de Benítez en la Comisión Intersecretarial de Turismo.
El pleno aprobó un punto de acuerdo presentado por el morenista Masedonio Mendoza Basurto por el que se exhorta a la titular de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal para implementar las medidas necesarias para el rescate y protección de las zonas arqueológicas de Contlalco y Cerro Quemado La Coquera, en Tlapa de Comonfort.
El morenista Antonio Helguera Jiménez presentó una iniciativa de adición a la Ley de Participación Ciudadana del Estado para que cualquier particular pueda realizar una denuncia a través del concepto de “participación ciudadana”, en caso de conocimiento de presuntas irregularidades administrativas cometidas por entes gubernamentales y sus funcionarios.
El secretario de Seguridad Pública del estado, Evelio Méndez Gómez, durante su intervención en la Reunión de Trabajo de Seguridad Pública con integrantes de Concaingro. Lo flanquean César González Arcos, presidente del Órgano de Gobierno del Sistema Estatal Anticorrupción, y Julián Uriostegui Carbajal, presidente del organismo empresarial anfitrión Foto: Carlos Carbajal
La extorsión, el delito que más preocupa al sector privado, señalan empresarios al titular de Seguridad
El secretario Evelio Méndez se reúne con el Consejo de Cámaras Industriales y Empresariales de Guerrero donde su presidente Julián Carbajal agrega que la extorsión estaba focalizada a las pequeñas y medianas empresas pero ahora afecta también a las grandes e incluso a las transnacionales
Jacob Morales Antonio
“La instrucción es o pagas o te mato, o te incendio o acabo con tus bienes. Nosotros somos un gremio, aquí tengo compañeros y entiendo su dolor porque están pasando por algo muy fuerte y no sabemos a quien recurrir”, reclamó la presidenta de la Aso-ciación de Materialistas de Gue-rrero, Elodia Vargas Lima al secretario de Seguridad Pública, Evelio Méndez Gómez.
Este jueves, el funcionario estuvo en una reunión de trabajo con los integrantes del Consejo de Cámaras Industriales y Empresariales de Guerrero (Concaingro), donde el representante de la agrupación, Julián Urióstegui Carbajal, destacó una baja en el secuestro en el estado, “pero el delito que más preocupa al sector privado es la extorsión en toda sus modalidades”, dijo que la extorsión estaba muy focalizada a las pequeñas y medianas empresas pero ahora afecta también a las grandes e incluso a las transnacionales.
El encuentro, realizado en un salón del hotel Holiday Inn, expresó que la extorsión es bajo la consigna de protección, está monopolizando los sectores comerciales como pasó con el gas, la gasolina y el transporte en la Costa Grande, el pollo en Chilpancingo, y “la desesperada situación que tienen los comerciantes en la Tierra Caliente”.
“Lo peor que le puede pasar a nuestro estado, a nuestra sociedad es que estemos con miedo, sobre todo que el crimen organizado nos quiere imponer una nueva realidad. El sector privado reconoce el esfuerzo en materia de seguridad pública que en estos primeros meses de gobierno ha hecho la gobernadora Evelyn Salgado Pineda”, dijo.
Afirmó que el sector privado del estado asume su responsabilidad referente a la seguridad pública, y pidió mayor coordinación entre empresarios y las instancias de seguridad pública, para que las organizaciones criminales se den cuenta qué hay coordinación, y que la articulación con el municipio y estado sea a través de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
En su participación, la representante de 300 empresarios materialistas dijo que ha ido a solicitar a los diputados federales para que el delito de extorsión se tipifique como grave, que el delincuente no salga libre “¿porque cuál es nuestro temor?, que lo agarran, que tenga una denuncia, pero si la carpeta no está bien, como debe de ser, el delincuente es una puerta giratoria y este es nuestro temor”.
“Tengo problemas con compañeros de Taxco ya está controlado por el crimen organizado, le llaman crimen organizado, a veces son bandas delincuenciales que ya saben como conseguir dinero de esa manera, que es lo que nos hace a nosotros, el miedo, te mato a alguien, presento restos, o incendio algo, ¿qué hacemos?, nos sentimos indefensos”.
Vargas Lima agregó que los empresarios del sector pagan impuestos, y trabajan bajo las normas y reglamentos desde el municipio, el estado y la federación “pero no tenemos lo que realmente necesitamos, la seguridad y la confianza”.
Dijo que la sociedad ha perdido la confianza hacia las autoridades conforme ha pasado el tiempo por la corrupción que no se ha acabado, “porque no sabemos en quién confiar”. Indicó que ella donó una cámara para que se vigile una calle donde han ocurrido incidencias delictivas.
Piden que se tenga confianza en las autoridades
La representante dijo que en su caso ha presentado una denuncia y que hay resultados de las autoridades, y pidió a la ciudadanía tener confianza en las autoridades, “tenemos que aprender un poquito que confiar”.
Luego agregó “pedirle que tenga sororidad con los empresarios, porque tenemos miedo pero no queremos tener miedo. Yo prefiero morir a tener miedo y confiamos en usted, en la gobernadora que sí le está poniendo empeño, porque si se está saliendo de control el gobierno en el estado, tenemos problemas en Taxco, que controla todo, en Zihuatanejo, ya está llegando a Acapulco y no queremos eso, y estamos todo aquí de la mano porque a todos nos afecta”.
En declaraciones posteriores, Vargas Lima insistió que no hay confianza hacia las autoridades por experiencias propias de sus compañeros “y tienen verdaderamente miedo, y ¿qué hace?, terminan pagando. Las autoridades no les han dado confianza para hacer las pertinentes denuncias. Solo están esperando que si cambian las cosas con el tiempo, las administraciones cambian, pero en este momento está muy crítico”.
Dijo que también en Zihuatanejo el sector tuvo que llegar a un “arreglo” con el grupo criminal, “porque al final de cuenta tenemos que trabajar y a veces nos tenemos que amoldar a las necesidades de estas personas, que al final, el cliente ultimo es el que paga las consecuencias”, con los costos de los productos.
La dirigente señaló que los grupos criminales le indican a quién comprar los materiales, en caso de no acceder llegan a los negocios a dispararles para atemorizarlos. La dirigente no quiso decir cuántos de los agremiados pagan extorsión, pero señaló que “los compañeros se han acostumbrado a pagar cuota, porque quieren trabajar, porque al final de cuenta dejamos a la gente sin trabajo y nosotros vivimos de eso, y tenemos que trabajar, nos vamos adecuando pero llega un momento que es demasiado”.
Las regiones afectadas
Las zonas más afectadas son la región Norte, Tierra Caliente, Zihuatanejo, y en Acapulco en su zona rural y la zona suburbana “ya llegó” y donde están pagando “cuotas”. Agregó qué hay rumores de sus propios compañeros de que en la zona diamante se les está indicando a quien comprarle los materiales.
“Y se lo dicen directamente al empresario, al constructor, ‘si no, no te vamos a dejar pasar o no te vamos a dejar construir, y atente a las consecuencias’. Y si lo dejamos pues puede crecer y se trata de reunir como empresarios y como hablamos con el secretario de seguridad, de unirnos con cámaras, lo que queremos es que Acapulco sea un lugar seguro para todos”.
Vargas Lima advirtió que teme que esta situación se extienda a los desarrollos que pronto comenzarán a edificarse en la Costa Chica del estado “no queremos que se extienda”.
En su participación en la reunión, el presidente de Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco, Alejandro Domínguez Aveleyra, recordó al secretario que el 90 por ciento de los visitantes que llegan al puerto lo hacen por la Autopista del Sol, donde han sido asaltados por delincuentes, y demandó mayor seguridad sobre todo de Cuernavaca a Chilpancingo.
Dijo que le preocupa la situación de seguridad en las playas de Acapulco donde los visitantes han sido víctimas, incluso cerca de hoteles, y que han atentado contra los huéspedes y que no tienen nada que ver con la delincuencia y que por eso muchos tienen temor de salir a las playas.
La presidenta de la Asociación de Bares, Discotecas y Restaurantes de la Costera, Sofía del Ángel Mata Corona reclamó el actuar de los elementos policiales que han irrumpido en la discoteca La Langosta Feliz y en el Club Hannah Sun, respondiendo el secretario que fue personal de la fiscalía del estado, y que fue para detener a un sujeto generador de violencia en el puerto y objetivo prioritario, sin abundar más.
El integrante del cluster de la Construcción, Luis Enrique Ramos Duarte, pidió a la autoridad considerar proyectos que se han presentado desde la ciudadanía para la planeacion urbana de la ciudad, para recuperar los espacios públicos de mano de la delincuencia y reclamó que la secretaria de Obras del gobierno del estado, Irene Jiménez Montiel, “está cerrada a propuestas que sean diferentes a lo que están haciendo”.
Al encuentro acudió el presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Guerrero, César Gonzalez Arcos, quien propuso la creación de una unidad financiera patrimonial, a la par de la Unidad Financiera federal, para que se tenga un contraste de lo que los funcionarios públicos y otros sectores tienen y perciben.
Reclama el secretario falta de coordinación con la Fiscalía
En su participación el secretario de Seguridad Pública, Evelio Méndez Gómez, dijo que hubo una “rachita” de asaltos por una banda local de Guerrero en el tramo de la Autopista del Sol de paso Morelos a Chilpancingo, pero que ahora ya hay seguridad en la zona.
Luego expresó que no sabe si es por “celos profesionales” o qué otro motivo porque se requiere una mejor coordinación con la Fiscalía General del Estado, porque una vez que la unidad de análisis y de investigación del C5 o C4 se hace de algún hecho delictivo y se localizan datos, incluso el nombre del victimario, se mandan a la Fiscalía.
Pero que “la parte donde no hay comunión, es que la Fiscalía una vez que empieza la investigación, hay veces, no sé si sea el celo profesional o como dicen ‘violar el debido proceso’, hay veces que ya no tenemos la parte retroalimentación y hay veces si frustra, porque dicen “oye si ya tenemos todo y la fiscalía era para que ya procediera y no procedió, pero todo esto lo estamos subsanando”.
El secretario reconoció que la fiscal Sandra Luz Valdovinos ha ido limpiando poco a poco la dependencia de las malas prácticas y que se están quitando “entonces vamos avanzando, sí cuesta trabajo porque a veces las costumbres se vuelven leyes y cuesta trabajo erradicar malas prácticas que tienen nuestros elementos”.
Méndez Gomez llamó a los empresarios y a la ciudadanía a seguir denunciando la extorsión y dijo que la mayoría de los números telefónicos con los que se realizan las llamadas provienen de las cárceles del estado y algunos pocos de las cárceles federales. Dijo que cuando se habla rápido al 911, se ayuda de forma rápida a los que han querido ser extorsionados.
Recordó que el año pasado se lograron inhibir 200 extorsiones con la unidad de policía cibernética, que habían pedido de 100 mil a 250 mil pesos.
En su participación señaló que cuando llegó la nueva administración, de 900 cámaras que hay en el C5 solo 18 funcionaban, y que ahora hay entre 830 y 850 cámaras, “pero actuamos y estamos”, y solicitó a los empresarios enlazar sus cámaras al C5 para poder dar seguimiento a los hechos de violencia.
Ante el pleno del Congreso local rindió protesta Mayté Lucero Arce Jaimes como presidenta municipal de Cutzamala de Pinzón, tras la aprobación de la licencia por tiempo indefinido de su madre, la alcaldesa propietaria Rosa Jaimes López, del PRI.
Sin dar mayores detalles al Congreso local de porqué se separa del cargo y funciones, en su oficio de solicitud de licencia, la alcaldesa sólo señaló que fue “por motivos personales”. En la sesión se aprobó la autorización para separarse del cargo y rindió protesta la suplente, su hija.
Tras rendir protesta ante el pleno, Mayté Lucero Arce Jaimes no quiso dar detalles de los motivos del cambio, solo señaló que todo está bien en el municipio, incluido el tema de seguridad.
Ante las preguntas de los reporteros sobre los motivos del cambio en la alcaldía, sólo respondió que se trataba de asuntos personales y que todo estaba bien en el municipio “vamos a seguir trabajando como siempre, todo bien, todo bien, no se preocupen”, dijo.
Se busca desestabilizar con Xalpatláhuac: Sánchez Esquivel
El diputado morenista Alfredo Sánchez Esquivel cuestionó sobre lo que está detrás del conflicto en Xalpatláhuac
Sánchez Esquivel, que durante su paso como presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), trató de limitar en diferentes momentos y con distintas justificaciones el acceso a reporteros a la sede del Poder Legislativo, ayer al inicio de su intervención reprochó la poca presencia de representantes de medios de comunicación.
El morenista dijo que está “muy preocupado” por lo que ocurre en Xalpatláhuac y demandó que se atienda “con prontitud” porque son los pueblos indígenas los más olvidados y afectados por gobiernos corruptos u omisos.
Sánchez Esquivel señaló en tribuna que “es imperativo la no criminalización de las policías comunitarias”, las cuales dijo están amparadas por la ley y la Constitución.
Y envió un mensaje de “total respaldo” a esas policías, porque ofrecen seguridad dónde no hay presencia de ninguna corporación de seguridad del Estado.
Se refirió a lo ocurrido el pasado viernes cuando militares, efectivos de la Guardia Nacional y policías estatales derribaron la puerta de la oficina del tlayakanki, Nicolás Villareal Dircio, en el Ayuntamiento de Xalpatláhuac, lo cual consideró “totalmente incorrecto” porque fueron utilizados para “confrontar al pueblo, eso es una falta de respeto”.
Y preguntó: “¿Quién los llevó allá?, ¿Qué interés se persigue de exhibir al Ejército, a la Guardia y a los policías en una situación que es meramente política?”, y demandó castigar a quienes irrumpieron en el Ayuntamiento para que regrese el gobierno municipal a la cabecera.
Afirmó que pudo ocurrir una masacre de indígenas y pidio “que se atienda Xalpatláhuac antes de que se convierta en una desgracia mayor de la que nos podamos arrepentir”.
Dijo que hay a quienes les “conviene que siga ese conflicto” e insistió: “¿a quién le interesa que el tema de Xalpatláhuac no se resuelva?” y que se convierta en “un problema mayor… hay actores que construyen, y construyen fino para que ocurran cosas que al rato pareciera que nadie fue responsable, un Aguas Blancas, un Charco, un Acteal”.
“Aquí no se vale un silencio cómplice que, de pie al abuso, de quienes no cuidan al Ejecutivo y terminan poniendo en riesgo la gobernabilidad de Guerrero, tenemos una gobernadora que está preocupada pero no puede atender todo, pero hay actores políticos que son responsables y tiene que asumir lo que les corresponde”.
Afirmó que se han repetido casos de decisiones que toman “subordinados” y que han afectado la estabilidad del estado.
De Morena, la diputada María Flores Maldonado demandó que se intervenga y se solucione el problema en ese municipio de la Montaña, garantizando los derechos de los pueblos indígenas, pero también los político-electorales de la alcaldesa Selene Sotelo Maldonado, del PRI.
La sesión
El pleno del Congreso local aprobó por unanimidad un exhorto propuesto por diputado priista Adolfo Torales Catalán a los ayuntamientos que obtuvieron un resultado no satisfactorio en la obligación de transparencia de su ejercicio fiscal 2022, a los que llama a poner a disposición de la ciudadanía en sus portales de internet y la Plataforma Nacional de Transparencia, la información que están obligados a transparentar.
En su propuesta detalló que de los 81 ayuntamientos solo 33 obtuvieron aprobación, según datos del ITAIGro, esto porque la mayoría no transparentó a la remuneración de los servidores públicos, programas sociales, reglas de operación, padrones de beneficiarios, procedimientos de licitación, contratos de adquisición de bienes o servicios, cuenta pública y ejercicio de recursos públicos.
El pleno aprobó un dictamen por el que se concede licencia definida a Romana Leonardo Apolonio para separarse del cargo de síndica procuradora del ayuntamiento de Coyuca de Benítez, del 8 de marzo al 5 de junio del 2023.
También aprobaron un dictamen por el que se emite juicio en contra de Gloria Elena Lourdes Vargas Zamora, regidora del Ayuntamiento de Florencio Villarreal, para desempeñar funciones docentes y edilicias.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó un probable daño o perjuicio a la hacienda pública federal por 9 millones 362 mil 45 pesos, más los rendimientos financieros generados, desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por la demolición de la biblioteca Sentimientos de la Nación del Congreso local, “sin tener justificación o dictaminación técnica”.
En la auditoría de cumplimiento 2021-A-12000-19-0946-2022, que se realizó al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, que es pública en el portal de la ASF, se establece que se “analizó el control interno instrumentado por el gobierno del estado de Guerrero”, a través de la SDUOPOT, como la dependencia ejecutora de los recursos de este fondo.
En la observación 26 de esta auditoría, se habla del caso particular del caso de la biblioteca Sentimientos de la Nación, del Congreso del Estado, para la cual se precisa que se aprobó un presupuesto para reforzar la estructura, no para demolerlo.
Se apunta, de manera textual, que el gobierno estatal, mediante la SDUOPOT, “formalizó el contrato número SDUOPOT- FAFEF-AD-291-2021”, del cual se pagaron 9 millones 362 mil pesos con recursos del FAFEF 2021.
De este caso, se lee en la auditoría, “se exhibe un dictamen de seguridad estructural realizado por un director responsable de obra, en el cual se desprende, dentro de las conclusiones técnicas, que el edificio sea reforzado en cuanto a estructura y cimentación; sin embargo, el ejecutor realizó la demolición y construcción del inmueble sin presentar la justificación o dictaminación técnica para llevar a cabo dicha acción”.
Lo anterior, señala la auditoría, representa un “incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero, número 266, artículo 19”.
El pliego de observaciones de esta auditoría apunta que se “presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la hacienda pública federal por un monto de 9 millones 362 mil 45 pesos, más los rendimientos financieros generados, desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por realizar la demolición de un edificio sin tener la justificación o dictaminación técnica”.
En este texto se informa también en referencia al mismo caso, de la biblioteca, que “mediante la visita física a una obra pagada con recursos del FAFEF 2021, se determinó que en la obra denominada Demolición y Construcción del edificio de la Biblioteca del Congreso del Estado, en Chilpancingo, incluida en el contrato SDUOPOT-FAFEF-AD-291-2021, no se acreditó el ingreso y el egreso al almacén de los bienes incluidos en los conceptos que indican “con recuperación”, no se presentó durante la visita de inspección física a la obra la documentación que acreditara que se realizó la entrega, durante el periodo del 24 de diciembre al 31 de diciembre de 2021, en que se llevó a cabo la obra”.
También se señala en este informe de auditoría que “no se encontró evidencia de los bienes producto de la recuperación, por un importe de 49 mil 300 pesos”.
De la misma manera, en dos conceptos más, el primero porque “se constató que siete cámaras de video vigilancia se encontraron en el almacén del Congreso del Estado, sin embargo, no se presentó documentación con la que se acreditara su ingreso al mismo”.
El segundo es por el “retiro de unidad manejadora de aire acondicionado”, mismas que no presentaron la documentación justificativa ni comprobatoria con la que aclare el ingreso al almacén; ni del estado que guarda el material en mención, ya que de ambas manejadoras sólo se encontraron las carcasas, por lo que no se puede acreditar que sean reutilizables, debido a que se encuentran al exterior del almacén y a la intemperie, por un importe de 11 mil 500 pesos”.
Estos 60 mil 800 pesos, que suman los dos conceptos anteriores, están incluidos en monto total pagado del contrato de 9 millones 362 mil 45 pesos.
Este informe señala que las irregularidades cometidas incumplieron Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero número 266, en sus artículos 16, 26, 28 fracción uno, 56 fracción uno, 57 fracción décimo primera; también los artículos 64,79 y 80 y del contrato de obra pública número SDUOPOT-FAFEF-AD-291-2021, cláusula primera, cuarta, decima segunda y decima tercera.
La ASF emitió “la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria”, para que la Secretaria de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero “realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, no asignaron, supervisaron y vigilaron los trabajos, de la obra pública contratada, toda vez que, no acreditaron documentalmente el ingreso ni el egreso de los bienes producto de recuperación al almacén, asimismo, no presentaron al momento de la visita de inspección física la documentación que acreditara que se realizó la entrega durante el periodo en que se llevó a cabo la obra; asimismo, no se encontróì evidencia física de la existencia de los bienes producto de la recuperación”.
La demolición del edificio de la biblioteca se realizó los últimos días de 2021 y los primeros de 2022 sin que los integrantes de la Junta de Coordinación Política conocieran los motivos, los cuales no se confirmaron hasta noviembre pasado, cuando en comparecencia ante el pleno del poder Legislativo, la secretaría de Desarrollo Urbano, Obras públicas y Ordenamiento Territorial, Irene Jiménez Montiel, informó que la demolición se determinó a partir de un estudio hecho por la dependencia, en respuesta a la solicitud realizada de manera unilateral por el entonces presidente de la Junta de Coordinación, Alfredo Sánchez Esquivel.
Esta obra, después de la demolición del edificio, estuvo detenida por 11 meses y finalmente el 22 de diciembre pasado, a días de que concluyera el ejercicio fiscal 2022, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y diputados locales dieron “el banderazo” a la segunda etapa de construcción de la biblioteca, con una inversión de 20 millones de pesos.
