El coordinador técnico del Sistema Estatal del Registro Civil, Roberto Barreto Bohórquez, informó avanzan las El coordinador técnico del Sistema Estatal del Registro Civil para que se pueda ejercer en Guerrero el matrimonio igualitario.
Afirmó que a él le tocó “hacer un formato de cómo se va a llenar el registro del matrimonio”, que ya envió al Registro Nacional de Población (Renapo) y espera la anuencia o las observaciones. Adelantó que la próxima semana se reunirá con funcionarios para analizar los avances.
Este lunes, consultado al concluir el homenaje a la Bandera en el Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo del estado, respecto a los avances en las modificaciones de las leyes secundarias y formatos de actas de matrimonio y divorcio para que se puedan ejercer el matrimonio igualitario, respondió que “van caminando”, pero en realidad el trabajo lo realiza la Secretaría General de Gobierno.
Expresó que está colaborando en los trabajos la asesoría jurídica a la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda y a otras dependencias, y reconoció que a él le “tocó hacer un formato de cómo se va a llenar el registro del matrimonio, entonces ya lo mandamos al Registro Nacional de Población para que nos dé la anuencia o nos haga las observaciones correspondientes”.
Se le preguntó si serán necesarios agotar los 180 días hábiles que otorgó el Congreso del Estado para hacer las adecuaciones a las leyes secundarias y demás papelería. Respondió que al ser un asunto “muy delicado que tiene que observarse muy detalladamente”, porque necesitan dar seguridad jurídica a esos matrimonios, “y las cosas al vapor a veces no salen bien”.
Manifestó que esperan que en ese término se resuelva todo, “pero estamos esperando que sea un poquito menos el tiempo y lo estamos empujando, estamos dando nuestras opiniones, estamos haciendo formatos, cada quien está contribuyendo con la parte que le corresponde, pero sí lo que sí es claro es que va a salir bien y ojalá que sea pronto”.
Barreto Bohórquez dijo que espera que la siguiente semana se reunirá con la subsecretaria de Gobierno, Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno, Anacleta López Vega, donde analizarán los avances y qué están haciendo al respecto.
Aceptó que aún no han iniciado las capacitaciones al Registro Civil ni a los ayuntamientos para que atiendan de manera adecuada y sin discriminación, porque proponen que las adecuaciones las concluyan lo más pronto posible, pero sobre todo que haya seguridad jurídica para que “no haya reversas y todo salga como debe salir”.
El octubre de 2022 el Congreso del Estado aprobó la Ley del Matrimonio Igualitario, y el 30 de diciembre se publicó en Periódico Oficial del Estado. Sin embargo, la ley señala que tienen 180 días hábiles, que se cumplirían hasta septiembre de este año, para que el gobierno estatal armonice las leyes secundarias y reglas del Código civil, reglamentos internos, así como los formatos de actas de matrimonio y divorcio, plazo que diferentes colectivos LGBTI+ han señalado revela que a pesar de la reforma aún no hay la suficiente voluntad política para que las parejas homosexuales puedan ejercer su derecho al matrimonio en Guerrero.
La subdirectora de Recursos Humanos Juanita Avilés; el secretario de Servicios Financieros y Administrativos Andrés Rosendo Orozco y la subdirectora de Recursos Materiales Arlene Siu Sarabia Peña en conferencia de prensa Foro: Jessica Torres Barrera
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
La administración del Congreso local que encabeza la diputada morenista Yoloczin Domínguez Serna realizó el tercer despido de trabajadores integrantes del sindicato Sentimientos de la Nación. Se trata del secretario general de esta organización, quien encabeza el plantón y bloqueo frente al Congreso local, Fernando Martínez Román.
Ayer en el séptimo día de plantón y bloqueo, el sindicato decidió tomar el Congreso local y colocar cadenas en las entradas de la sede del Poder Legislativo a partir de que las acciones de la administración del Congreso en contra de los agremiados, porque después de que se supo que se retuvo el sueldo del secretario general del sindicato, ayer finalmente se confirmó que fue despedido después de casi 13 años como empleado.
El dirigente sindical dijo que de manera oficial no le notificaron su despido y que de ser así este es injustificado y que es una “represalia más” en contra del movimiento de trabajadores.
El abogado del sindicato Carlos de Jesús Contreras dijo que en el Congreso local hay persecución en contra de los trabajadores, y recordó que el sindicato está “plenamente reconocido” por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje y que los únicos que pueden desconocer al secretario general es la asamblea y que mientras eso no suceda el sigue al frente de éste.
Fernando Martínez precisó que son 104 agremiados al sindicato Sentimientos de la Nación los cuales están reconocidos ante el Tribunal y que no son 60 como lo señala la administración.
También destacó que hay guardias de trabajadores para estar en el plantón y que por eso sólo son unos 15 o 20 los que están constantemente, además de que hay temor de los trabajadores por los despidos que está realizando la administración del Congreso.
El plantón que inició la semana pasada fue en demanda de la reinstalación de dos trabajadores despedidos, Ramón Núñez Campos, quien estaba en el área de Recursos materiales y era chofer del vehículo que ofrece el servicio de transporte a los trabajadores, y Alondra Reza Arzola, de Relaciones Públicas, quien era edecán. Finalmente ayer se confirmó el despido del secretario general del sindicato.
Hubo quejas y actas administrativas contra los despedidos
El secretario de Servicios Financieros y Ad-ministrativos del Congres, Andrés Rosendo Orozco Pintos, calificó las acciones del sindicato como “agresivas” por colocar cadenas en las entradas; “lo tienen tomado, lo tienen secuestrado de manera ilegal”.
El funcionario también destacó que solo hay en el plantón unos 15 trabajadores “más agresivos, pero menos… vemos entonces que ya no tienen el apoyo de los compañeros en el sindicato”. Al respecto señaló que están respetando los derechos de los trabajadores que han estado participando “de manera intermitente o permanente” en el plantón, y que se les ha depositado íntegra su quincena.
Sin embargo, eso no lo aplicaron en el caso del líder de este sindicato al que despidieron por no presentarse a laborar en su área de trabajo, y al igual que en los casos de los otros dos trabajadores despedidos, la subdirectora de Recursos Humanos Juanita Avilez Rodríguez dijo que “es casualidad” que sean agremiados del mismo sindicato.
Señalo que todos tuvieron quejas y actas administrativas por parte de sus jefes directos “sí es casualidad, no hay nada contra los trabajadores del sindicato”.
Juanita Avilez reiteró que la administración del Congreso decidió suspender “al trabajador Fernando Martínez Román auxiliar administrativo del área de Recursos Materiales, no al secretario general, no es en contra del sindicato, por intimidaciones por persecución que él declara” y reiteró que no se le despidió por ser el dirigente.
Después la subdirectora de Recursos Materiales Siu Arlenne Sarabia señaló que en los últimos días se levantaron a Fernando Martínez una serie de actas administrativas por ausentarse de su trabajo de manera constante y permanente.
Y Andrés Rosendo Orozco dijo que el patrón tiene “la facultad de levantar las áreas administrativas correspondientes, y eso fue lo que pasó a él”, y ambos funcionarios negaron que el despido lo haya ordenado la presidenta de la Jucopo.
Tras el despido de Fernando Martínez, Juanita Avilez señaló que al ya no ser trabajador del Congreso ya no puede ser parte del sindicato y menos encabezar o participar en las mesas de diálogo con la administración del Poder Legislativo.
“Creo que los integrantes del sindicato Sentimientos de la Nación tendrán que hacer una asamblea, tendrán que buscar la manera de reunirse y solicitar el desconocimiento del secretario general en turno o nombrar a un interino, en esa parte ya no nos toca a nosotros”, pero advirtió
Orozco dijo que esperan que el Tribunal les notifique a los paristas que su acción “es ilegal” para que se retiren o abran el edificio, e insistió en que cada vez son menos los que participan, “hay un desencanto”.
El acto en Ayutla estuvo encabezado por la presidenta de la Mesa Diectiva del Congreso, Yanelly Hernández, el secretario de Gobierno Ludwig Reynoso Núñez y los coordinadores del gobierno comunitario Isabel de los Santos, Crescenciana Morales Locia y Epifania González Foto: Facebook de Yoloczin Domínguez
En el acto de conmemoración del 169 aniversario de la Promulgación del Plan de Ayutla, la presidenta de la Mesa Directiva de la 63 Legislatura del Congreso local, la perredista Yanelly Hernández Martínez afirmó que éste fue el acta de defunción del centralismo y al mismo tiempo el acto de nacimiento del liberalismo mexicano y del Estado que a partir de ahí se forjó.
Este miércoles se desarrolló la sesión pública y solemne en la plaza central de La Paz, en Ayutla, con la presencia de 29 diputados, del secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, y los coordinadores del gobierno comunitario Isabel de los Santos Morales, Crescenciana Morales Locia y Epifania González Guadalupe.
Previo a la ceremonia se montó una guardia de honor en la plaza central, y durante la sesión solemne se dio el pase de lista de los personajes ilustres que suscribieron el Plan de Ayutla, como el general Juan Alvarez Hurtado, el coronel Florencio Villarreal, el coronel Ignacio Comonfort, y el capitán Vicente Luna.
En su intervención ante unos 200 asistentes, la presidenta de la mesa directiva dijo que la fecha es significativa para todos los mexicanos y no sólo para los guerrerenses, porque fue el día que se hizo público el descontento social y se derrocó el gobierno dictatorial que amenazaba las garantía de los ciudadanos.
Señaló que el gobierno de Antonio López de Santa Anna era sinónimo de corrupción, “se convirtió en un modelo de favoritismo, autoritarismo, opresión, y nepotismo que solo favorecía a una pequeña parte de la población y que dejó al país en una completa crisis económica, política y social”.
Además fue uno de los personajes más infames de la historia nacional debido a los excesos en que incurrió. Destacó que el gobierno que surgió del Plan de Ayutla no se limitó a la ordinaria administración pública, sino que promovió una serie de medidas legislativas para lograr la reforma liberal en México.
“El Plan de Ayutla no se trató de un plan o pronunciamiento más de muchos planes, proclamas o convenios sufridos por nuestra patria en los anteriores años. Este plan fue el parteaguas de nuestra historia en el siglo XIX, y fue el acta de defunción del centralismo y al mismo tiempo el acto de nacimiento del liberalismo mexicano y el Estado que a partir de ahí se forjó”.
Agregó que no fue un instrumento declarativo, y que implicó un llamado a la acción, que permitió congregar un gran apoyo popular.
A la ceremonia también acudieron el comandante de la 12 región naval, Julio Cesar Pescina Ávila; la magistrada Adela Román Ocampo, en representación del TSJ; los diputados federales de Morena, Pablo Amílcar Sandoval, y del PRI, Reynel Rodriguez Muñoz, además de la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Cecilia Narciso Gaytán y el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, Luis Camacho Mancilla, y alcaldes de la región.
Alrededor de la ceremonia se observó una intensa y nutrida movilización de los cuerpos de seguridad del gobierno del estado con policía estatales, pero también de policías de la Unión de Pueblos y Organi-zaciones del Estado de Guerrero que en su totalidad en ese municipio son de comunidades indígenas.
Al te?rmino de la sesio?n solemne, ante legisladoras y legisladores hizo uso de la palabra el coordinador Ysabel de los Santos, agradeciendo la presencia de los diputados, y solicitó al mismo tiempo la culminacio?n del proceso de designacio?n de autoridades instituyentes del nuevo Ayuntamiento de N?uu Savi, garantizando el respeto a las comunidades que lo conforman.
Con esta sesio?n pu?blica y so-lemne quedo? instalado el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones correspondiente al Segundo An?o de Ejercicio Constitucional de la Sexage?sima Tercera Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
Al finalizar la ceremonia solemne se realizó el desfile cívico con la participación de las representaciones de los planteles educativos de nivel básico y medio superior del municipio (Jacob Morales Antonio / Ayutla).
El secretario general del sindicato Sentimientos de la Nación de trabajadores del Congreso, Fernando Martínez, clanqueado porla secretaria de Derechos Humanos y Medio Ambiente de la organización, Nancy Bravo; la integrante del Sindicato Democrático del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guerrero (Cecyteg) Claudia López; Natividad Martínez, del STAUAG y la secretaria del Sindicato Independiente de Trabajadora del Ayuntamiento de Chilpancingo (SITACH) Amada Ramón, ayer en conferencia de prensa en el plantón instalado afuera de la sede del Poder Legislativo Foto: Jessica Torres Barrera
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
La secretaria de Derechos Humanos y Medio Ambiente del sindicato Sentimientos de la Nación del Congreso local, Nancy Bravo Gómez, denunció que en el Poder Legislativo se recrudeció el hostigamiento en contra del sindicato, y ahora buscan amedrentar a los trabajadores con acciones en contra del secretario general de la organización Fernando Martínez Román, a quien le retuvieron su sueldo.
En conferencia de prensa en el plantón y bloqueo que realizan frente al Congreso local, la integrante del comité de este sindicato señaló que “están tratando de desarticular o debilitar el movimiento porque fueron directo contra nuestro secretario general, que consiste en que le retuvieron el salario, es una forma de desanimar a las compañeras y compañeros”.
Ahí explicó que en el plantón y bloqueo solamente están los integrantes del comité para que todos los otros trabajadores puedan estar en sus áreas de trabajo por miedo a represalias.
Por su parte, Martínez Román dijo que hay señalamientos y acciones de la administración del Congreso local, con los que se confirma la “bien marcada persecución laboral en contra del sindicato, nosotros en todo momento pedimos diálogo y una mesa de trabajo”.
Sin embargo, Fernando Martínez señaló que “en este Congreso existe la persecución, es un Congreso represor, es donde de aprueban las leyes y es donde en primera instancia no existe la libertad, el derecho y es aquí donde se reprime a las trabajadoras y los trabajadores”, y ejemplificó con los casos de Ramón Núñez Campos y Alondra Reza Arzola, ambos integrantes del sindicato que fueron despedidos la semana pasada.
Destacó que la acción final cometida el pasado martes de retener su sueldo a él como secretario general “con el propósito de desarticular y amedrentar, pero nosotros creemos que nuestra lucha es justa”.
Insistió en el llamado a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para que “siga impulsando esos canales de comunicación con el Poder Legislativo para que se cristalice esa mesa de trabajo”, también llamaron a los diputados para que estén presentes en las mesas de trabajo que se logren concretar.
En la conferencia dirigentes sindicales del Colegio de Bachilleres, de Trabajadores Académicos de la UAG, de Bomberos, el de Trabajadores del Ayuntamiento de Chilpancingo (SITACH), del CECyTEG, y del DIF manifestaron su respaldo a los agremiados al sindicato y destacaron que “ahora las luchas ya no son aisladas, hoy nos hermanan las injusticias”.
Los sindicatos adelantaron que entregarán a los 46 diputados una solicitud para una mesa de diálogo, y reprocharon que los morenistas estén “defraudando” a los trabajadores.
Pidieron a la gobernadora y al senador Félix Salgado Macedonio intervenir y no permitir que se sigan violando los derechos de los trabajadores.
Habitantes de comunidades que exigen la instalación y creación del municipio Ñuu’ Savi, marcharon hacia la plaza de la Paz en Ayutla donde fue la ceremonia solemne del Congreso por el aniversario del Plan de Ayutla Foto: El Sur
Jacob Morales Antonio
Ayutla
Habitantes de comunidades de 34 de 36 comunidades que exigen la instalación y creación del municipio ñuu’ savi, marcharon y protestaron durante el acto solemne del Congreso por la promulgación del Plan de Ayutla, pero la comunidad de Tepuente pidió no ser incluida en el nuevo municipio.
La mañana de este lunes unos 300 habitantes de 34 comunidades llegaron en marcha a la ceremonia solemne por la conmemoración del 169 aniversario de la promulgación del Plan de Ayutla que se realizó en la plaza de La Paz.
Los inconformes de habla Tu´un Savi portaron pancartas que exhibieron durante la realización de la ceremonia ante los diputados locales, donde exigieron el respeto a los acuerdo de las asambleas en las que se acordó que los nuevos municipios estarían siendo conformados el 1 de enero de este año.
El integrante del comité gestor del municipio Ñu’u Savi, Melquiades Gregorio Porfirio, señaló que los pueblos se sienten engañados porque en diciembre pasado los diputados solicitaron una prórroga de 120 días, para poder oficializar estos municipios y conformar los gobiernos municipales constituyentes.
Dijo que el nuevo municipio con cabecera municipal en Coapinole, está integrado por 37 comunidades, de las que 34 acudieron a la protesta y otra dos no por festividades y por compromisos de seguridad con la CRAC-PC.
Indicó que el grupo de representantes de las comunidades fueron escuchados por el diputado indígena Masedonio Mendoza Basurto, pero no hubo ningún compromiso.
El representante recriminó que los diputados del Congreso local haya estipulado primero que de las asambleas saldrían las propuestas para conformar el gobierno constituyente y ahora se le está dando apertura a las auto-propuestas, lo que está politizando el gobierno naciente.
Gregorio Porfirio señaló que los diputados están retrasando la conformación del nuevo municipio debido a que se solicitó que sus autoridades sean elegidos por usos y costumbres, y no quieren permitirlo.
Tepuente no quiere formar parte
A la misma sesión llegó una representación de la comunidad de Tepuente, ubicado a 20 minutos de la cabecera municipal de Ayutla, cuyos habitantes se oponen a que la comunidad forme parte de la nueva municipalidad.
Uno de los pobladores y quien para evitar conflictos pidió no publicar su nombre, dijo que durante las asambleas informativas que se realizaron, no se les explicó bien a los asistentes que solo hablan Tu´un Savi y fueron engañados para firmar los documentos y así pertenecer al nuevo municipio.
Sin embargo indicó que la cabecera municipal estaría en Coapinole, que les queda a dos horas de camino, mientras que la actual cabecera municipal de Ayutla está a 20 minutos.
Además dijo que hay el temor y miedo de los habitantes que se dedican a la siembra de hortalizas que ya no se les permita vender en el municipio de Ayutla y que ahora tengan que desplazarse hasta Cuapinole.
Recordó que la comunidad de unos 150 habitantes, interpuso un amparo para evitar ser integrado a la nueva municipalidad, y del cual están esperando respuesta.
El Vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE Donaciano Muñoz; responde a cuestionamiento de los reporteros Foto: Jessica Torres Barrera
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
El vocal ejecutivo del INE en Guerrero, Donaciano Muñoz Loyola, informó que en Guerrero serán unos 200 trabajadores los que perderían sus empleos en cuanto la reforma electoral denominada Plan B sea publicada en el Periódico Oficial de la Federación.
Consideró que ésta afectará la operación del Instituto, además de que no tienen una partida presupuestal para liquidar a todos estos funcionarios.
Después de la firma de la Agenda de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes, el vocal recordó que son 300 juntas distritales en el país que desaparecerían, incluidas las nueve de Guerrero y en su lugar se instalaría una oficina auxiliar encabezada por un solo vocal operativo y se eliminarían las otras cuatro figuras, por lo cual, “se verían seriamente mermadas las bases para poder llevar a cabo procesos electorales” que aseguren certeza.
Además, recordó que la contratación del personal auxiliar administrativo estará sujeta al presupuesto que se apruebe para la operación y “no hay garantía de que se puedan conservar todos los espacios de trabajo que el día de hoy tenemos”.
En cada una de las nueve juntas distritales de Guerrero hay seis figuras contando la de jefatura de oficina que “tendrían que ser eliminadas, estamos hablando de 54 personas y 16 personas administrativas en promedio en cada junta, al ser nueve estamos hablando de 144, pero en total son 200 personas en el estado que podrían estar perdiendo su empleo”, precisó Muñoz.
Además, se sumarían los de la Junta Local Ejecutiva que de las cinco figuras que tiene se suprimirían dos, la de una sería la de vocal secretario, y la de Capacitación y Organización se fusionarán para que de dos personas solo quede una.
El vocal ejecutivo recordó que en cuanto sea publicada en el Periódico Oficial de la Federación estas reformas, entran en vigencia y el INE debe acatar las disposiciones contenidas, entre las que están el que el secretario ejecutivo dejará ese cargo, que en el caso de Guerrero es Gregorio Aranda Acuña, para nombrar a un encargado de despacho.
Donaciano Muñoz consideró que la afectación “es a la operación del Instituto, lo que inyecta un grado de incertidumbre muy grande a la realización de las elecciones”.
Sin embargo, también recordó que el INE, los partidos políticos, fracciones parlamentarias y otros sectores impugnarían estas reformas, pero en tanto que la ley sea vigente el órgano debe implementarla en espera de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determine alguna suspensión.
Y recordó que el INE no tiene recursos adicionales para la liquidación de los 200 trabajadores que perderán sus empleos con la aprobación del plan B, “pudiéramos estar en la situación en la que no hubiera suficiencia para poder solventar eso, pero además con la posibilidad de que si la Corte determina una suspensión se tuviera que despedir al trabajador, pero por otro lado se tendría que recontratarlo debido a la suspensión de la Corte o en su caso de algún juez”.
Sin embargo, aún no tienen un estimado de lo que costaría en Guerrero el despido de esta cantidad de trabajadores, por lo que posteriormente lo revisarán “para establecer que monto tendríamos que estarle pidiendo a la Secretaría de Hacienda para poder fondear estas liquidaciones”.
Consideró que en lo inmediato la reforma no representará ningún ahorro porque se tienen que pagar liquidaciones de miles de trabajadores en todo el país, y además “paradójicamente de todo lo que tendríamos que contratar para el siguiente proceso electoral, si se merma la estructura, necesariamente tendrá que realizarse contrataciones temporales”.
Por su parte, la presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) Luz Fabiola Matildes Gama confirmó que el órgano también tendrá que “reducir estructura y juntar estructura”.
Pero a diferencia del INE, el IEPC no tendrá que hacer estas modificaciones de manera inmediata porque estas reformas tendrán primero que pasar por el Congreso local, para entonces empezar a revisar como se reducirían las estructuras y las liquidaciones que se tienen que dar.
Firman Agenda de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes
Este martes se realizó en las oficinas de la Junta Local del INE, la firma la Agenda de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes derivada de los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2021 (CIJ 2021), que realizaron representantes de instituciones que forman parte del Grupo Coordinador Institucional (GCI), que consiste en el “compromiso” de instrumentar acciones para atender las opiniones expresadas.
Entre los firmantes estuvieron Donaciano Muñoz Loyola; Luz Fabiola Matildes, la diputada presidenta de la Comisión de Niños y Adolescentes, Beatriz Mojica Morga; el Fiscal Especializado en Delitos Electorales, Miguel Alejandro Guizado Jaimes; la Secretaria Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guerrero, Xóchilt Sosa Rumbo; la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado, Cecilia Narciso Gaytán, y el subsecretario de Prevención y Operación Policial, Irving de Jesús Jiménez Sánchez.
En Guerrero al entrar en vigor el Plan B serían despedidos del INE 200 trabajadores
La reforma electoral afectará la operación del organismo y se tendrá que gestionar una partida presupuestal para las liquidaciones, porque no hay fondos, afirma el vocal ejecutivo Donaciano Muñoz Loyola. En el caso del IEPC, la reducción de funcionarios no sería inmediata, porque la tendría que aprobar el Congreso local
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
El Vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE Donaciano Muñoz; responde a cuestionamiento de los reporteros Foto: Jessica Torres Barrera
El vocal ejecutivo del INE en Guerrero, Donaciano Muñoz Loyola, informó que en Guerrero serán unos 200 trabajadores los que perderían sus empleos en cuanto la reforma electoral denominada Plan B sea publicada en el Periódico Oficial de la Federación.
Consideró que ésta afectará la operación del Instituto, además de que no tienen una partida presupuestal para liquidar a todos estos funcionarios.
Después de la firma de la Agenda de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes, el vocal recordó que son 300 juntas distritales en el país que desaparecerían, incluidas las nueve de Guerrero y en su lugar se instalaría una oficina auxiliar encabezada por un solo vocal operativo y se eliminarían las otras cuatro figuras, por lo cual, “se verían seriamente mermadas las bases para poder llevar a cabo procesos electorales” que aseguren certeza.
Además, recordó que la contratación del personal auxiliar administrativo estará sujeta al presupuesto que se apruebe para la operación y “no hay garantía de que se puedan conservar todos los espacios de trabajo que el día de hoy tenemos”.
En cada una de las nueve juntas distritales de Guerrero hay seis figuras contando la de jefatura de oficina que “tendrían que ser eliminadas, estamos hablando de 54 personas y 16 personas administrativas en promedio en cada junta, al ser nueve estamos hablando de 144, pero en total son 200 personas en el estado que podrían estar perdiendo su empleo”, precisó Muñoz.
Además, se sumarían los de la Junta Local Ejecutiva que de las cinco figuras que tiene se suprimirían dos, la de una sería la de vocal secretario, y la de Capacitación y Organización se fusionarán para que de dos personas solo quede una.
El vocal ejecutivo recordó que en cuanto sea publicada en el Periódico Oficial de la Federación estas reformas, entran en vigencia y el INE debe acatar las disposiciones contenidas, entre las que están el que el secretario ejecutivo dejará ese cargo, que en el caso de Guerrero es Gregorio Aranda Acuña, para nombrar a un encargado de despacho.
Donaciano Muñoz consideró que la afectación “es a la operación del Instituto, lo que inyecta un grado de incertidumbre muy grande a la realización de las elecciones”.
Sin embargo, también recordó que el INE, los partidos políticos, fracciones parlamentarias y otros sectores impugnarían estas reformas, pero en tanto que la ley sea vigente el órgano debe implementarla en espera de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determine alguna suspensión.
Y recordó que el INE no tiene recursos adicionales para la liquidación de los 200 trabajadores que perderán sus empleos con la aprobación del plan B, “pudiéramos estar en la situación en la que no hubiera suficiencia para poder solventar eso, pero además con la posibilidad de que si la Corte determina una suspensión se tuviera que despedir al trabajador, pero por otro lado se tendría que recontratarlo debido a la suspensión de la Corte o en su caso de algún juez”.
Sin embargo, aún no tienen un estimado de lo que costaría en Guerrero el despido de esta cantidad de trabajadores, por lo que posteriormente lo revisarán “para establecer que monto tendríamos que estarle pidiendo a la Secretaría de Hacienda para poder fondear estas liquidaciones”.
Consideró que en lo inmediato la reforma no representará ningún ahorro porque se tienen que pagar liquidaciones de miles de trabajadores en todo el país, y además “paradójicamente de todo lo que tendríamos que contratar para el siguiente proceso electoral, si se merma la estructura, necesariamente tendrá que realizarse contrataciones temporales”.
Por su parte, la presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) Luz Fabiola Matildes Gama confirmó que el órgano también tendrá que “reducir estructura y juntar estructura”.
Pero a diferencia del INE, el IEPC no tendrá que hacer estas modificaciones de manera inmediata porque estas reformas tendrán primero que pasar por el Congreso local, para entonces empezar a revisar como se reducirían las estructuras y las liquidaciones que se tienen que dar.
Firman Agenda de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes
Este martes se realizó en las oficinas de la Junta Local del INE, la firma la Agenda de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes derivada de los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2021 (CIJ 2021), que realizaron representantes de instituciones que forman parte del Grupo Coordinador Institucional (GCI), que consiste en el “compromiso” de instrumentar acciones para atender las opiniones expresadas.
Entre los firmantes estuvieron Donaciano Muñoz Loyola; Luz Fabiola Matildes, la diputada presidenta de la Comisión de Niños y Adolescentes, Beatriz Mojica Morga; el Fiscal Especializado en Delitos Electorales, Miguel Alejandro Guizado Jaimes; la Secretaria Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guerrero, Xóchilt Sosa Rumbo; la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado, Cecilia Narciso Gaytán, y el subsecretario de Prevención y Operación Policial, Irving de Jesús Jiménez Sánchez. Analiza el IEPC recortes de personal y de gastos ante el insuficiente presupuesto
Luego de que se les asignaron para este año 285 de los 400 millones que pidieron para operar, los consejeros evalúan si pedir a la gobernadora una ampliación presupuestal o un apoyo financiero, dice la presidenta Matildes Gama
Emiliano Tizapa Lucena
Chilpancingo
La consejera presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) Guerrero, Luz Fabiola Matildes Gama, informó que están cerrando el ejercicio de 2022, y harán ajustes luego de que el Congreso solo autorizó 285 millones de pesos para este 2023, por lo que pedirán a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda una ampliación presupuestal o un apoyo financiero.
Consultada este martes antes de iniciar la Firma de la Agenda de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes derivada de la Consulta Infantil y Juvenil, que se celebró en la Junta Local Ejecutiva del INE, en Chilpancingo, Luz Fabiola Matildes comentó que ya sea en septiembre o noviembre –depende del destino del Plan B electoral en la Suprema Corte– inician el proceso electoral, y deberán instalar 28 consejos distritales.
Mencionó que aún no tienen autorizado el presupuesto para dicho proceso electoral y también les faltan recursos para el financiamiento de partidos políticos, por lo que están analizando las áreas donde puedan reducir gastos.
Detalló que en junio del año pasado solicitaron que su presupuesto fuera de 400 millones de pesos, pero solo les autorizaron 285, de los cuales 171 son para financiamiento público. Con el resto tiene que trabajar el Consejo General, a pesar de que creció el padrón electoral y, por lo tanto crece el financiamiento público, que en este año significan 20 millones de pesos más que deben dar a los partidos políticos, y que tomarán de su presupuesto base.
Matildes dijo que el IEPC tiene recursos para operar hasta junio, y han privilegiado actividades virtuales, aunque no pueden evitar las consultas. La primera que ya están por concluir para preguntar a comunidades de 43 municipios cómo querían tener su representación en los consejeros distritales de los pueblos indígenas y afromexicanos.
Dijo que el Consejo General del IEPC ya aprobó que en algunos distritos habrá tres representaciones, como en Ometepec que tendrá representación amuzga, nahua y afromexicana, en otro distrito habrá representación mixteca, tlapaneca y nahua. Y en otros solamente afromexicana. Varía de acuerdo a los distritos electorales.
Aseguró que este año harán otra consulta para saber cómo será la representación en el registro de candidaturas indígenas y afromexicanas, “cómo los partidos políticos deben de registrar sus candidaturas, eso es lo que vamos a trabajar y habremos de recorrer 49 municipios de la región de la Montaña, Costa Chica y de la región Norte”.
Expuso que ante la falta de presupuesto redujeron papelería, gastos en gasolina y viáticos, y analizan un recorte de la plantilla laboral.
En marzo Morena terminará de pagar multas por 32 millones
Se le preguntó cuándo concluirá Morena de pagar sus multas luego de que el presidente estatal, Jacinto González Varona se quejó de la falta de presupuesto. Matildes respondió que concluyen en marzo de pagar un “remanente”, que es diferente a una multa, y se debe a que Morena no comprobó sus gastos por 32 millones de pesos desde 2019.
Detalló que fue la Unidad de Fiscalización del INE les ordenó como órgano electoral local retener esos 32 millones descontar 4 millones de pesos mensuales desde el año pasado, dinero que se regresa al gobierno del estado, “no es un recurso que se quede en poder del órgano electoral sino que se lo retiene el gobierno del estado”.
Aseveró que hasta ahora con ningún otro partido ha ocurrido algo similar y que en cuanto a multas hay unas que están verificando aplicar al PT, pero aún no están firmes.
En noviembre del año pasado, Jacinto González Varona, actual presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, afirmó que el IEPC retenía la totalidad de las prerrogativas del presupuesto programado para el partido, porque se aprovecharon del abandono en el partido para aplicar las sanciones, luego de que en 2019 el Comité Ejecutivo Estatal no contestó los requerimientos del INE que envió por correo electrónico.
El 25 de mayo de 2022 se le notificó al entonces delegado en funciones de presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Rafael Cuauhtémoc Ney Catalán, la resolución de que en “seguimiento al re-manente ordinario 2019 en el marco de la revisión del Informe Anual Correspondiente al ejercicio 2020”, debía reintegrar 32 millones 913 mil 981.74 pesos, luego de que no se entregó ningún documento en relación “al reintegro del remanente del ejercicio fiscal 2019”, a la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado.
Un año antes, el presidente estatal de Morena fue el actual secretario de Educación, Marcial Rodríguez Saldaña.
Agremiados al sindicato Sentimientos de la Nación continúan en plantón afuera de la sede del Poder Legislativo Foto: Jessica Torres Barrera
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
El sindicato Sentimientos de la Nación del Congreso local, mantuvo el paro labores y un plantón en la calle, frente a la sede del Poder Legislativo; afirmaron que aún no hay comunicación por parte de la administración del Congreso que preside la morenista Yoloczin Domínguez Serna. Reiteraron la demanda de que sus dos compañeros “despedidos de manera injustificada” sean reinstalado en sus empleos, porque con estos hechos “se constituyen los actos de represión”.
Por su parte el secretario de Servicios Financieros y Administrativos, Andrés Rosendo Orozco Pintos, y la subdirectora de Recursos Humanos, Juanita Avilés Rodríguez, afirmaron que había ya quejas contra ambos trabajadores despedidos y que se trató de una coincidencia el que sean agremiados del nuevo sindicato. Además adelantaron que su recontratación no está a negociación porque no sucederá.
En un primer momento, en una conferencia de prensa en el bloqueo que mantienen los trabajadores en la calle frente a la entrada del estacionamiento del Congreso local, leyeron un posicionamiento en el que destacaron que durante la reunión pública el pasado 15 de febrero entre la administración del Congreso y el sindicato, Juanita Avilez señaló que no había ningún procedimiento administrativo en contra de ningún integrante del sindicato
Los trabajadores despedidos son Ramón Núñez Campos, quien estaba en el área de Recursos Materiales y era chofer del vehículo que ofrece el servicio de transporte a los trabajadores, y Alondra Reza Arzola, de Relaciones Públicas, quien era edecán.
También denunciaron que el pasado jueves 23 de febrero “se elaboró y alteró un documento que se presentó en la subdirección de Recursos Materiales por el cual se pretendía descalificar el trabajo de integrantes del sindicato adscritos al área de limpieza, abusando de la buena fe de los firmantes, por lo que se presentará una denuncia de hechos ante el órgano interno de control del Congreso”. De este caso no dieron mayores detalles, pero apuntaron que es una muestra del hostigamiento laboral que padecen los trabajadores.
Los trabajadores pidieron a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda su intervención para la reinstalación de los despedidos, que se instale y se avance en la mesa de diálogo que se suspendió tras el despido de sus compañeros, y cese el hostigamiento.
El secretario general del sindicato, Fernando Martínez Román, explicó que mesa de diálogo del pasado 15 de febrero no generó ningún acuerdo, debido a que los funcionarios que estuvieron en representación de la presidenta de la Jucopo encabezados por Andrés Rosendo Orozco y Juanita Avilez, se negaron a firmar la minuta de acuerdos, porque no permitieron que la Comisión de Derechos Humanos del Estado firmara el documento. En ese escrito se proponía que no habría represalias en contra de los trabajadores.
Y reiteraron que previo al movimiento que iniciaron a principios de febrero no había quejas ni procedimientos en contra de los trabajadores despedidos, por lo que esto fue una represalia por ser integrantes del sindicato y participar en las movilizaciones.
Andrés Rosendo Orozco y Juanita Avilez por la tarde, al concluir la sesión del Congreso local, dieron una conferencia en el vestíbulo del salón de plenos. Ambos destacaron que fue una coincidencia el que los trabajadores despedidos formaran parte del sindicato Sentimientos de la Nación.
El administrador señaló que el 15 de febrero recibieron por parte de la dirigencia del sindicato del SUSPEG en el Congreso local en el que se quejan del chofer Ramón Núñez Campos, y pidieron que lo cambien y que ese fue el motivo del despido porque no tenían otro espacio de trabajo para él como chofer.
Además, en el caso del chofer, Juanita Avilez afirmó que llevaba trabajando en el Congreso local apenas nueve meses y no dos años como informó el líder sindical.
Mientras que en el caso de Alondra Reza Arzola del Relaciones Públicas Juanita Avilez señaló que a pesar de que no hay actas administrativas en contra de la ahora ex trabajadora, sí hubo quejas por sus malos tratos en la atención a diferentes áreas y diputados, las cuales se hablaron con ella de manera verbal.
Andrés Rosendo Orozco aseguró se han dado otros despidos trabajadores de diferentes áreas y por diferentes motivos, pero que estos fueron visibilizados por el sindicato, obviamente porque no son sus agremiados.
Del caso de una trabajadora que durante su periodo de incapacidad por maternidad se le bajó el sueldo, Juanita Avilez recordó que en su momento ella era encargada de la dirección de Relaciones Públicas y que al ser regresada al área a la que pertenecía antes de ser funcionaria obviamente se le redujo el salario. Sin embargo, no supo explicar porque no se esperó a que ella regresara a trabajar después de su licencia.
Y dijo que la trabajadora debió acudir a las instancias en cuanto se le bajó el sueldo, pero no lo hizo y que ahora denuncia “porque se siente protegida por el sindicato, entonces sale a la luz a decir algo que debió haber hecho desde el minuto uno que según ella se le violentaron sus derechos”.
También Juanita Avilez reconoció que el motivo de que no avanzara la negociación con el sindicato fue porque no quisieron firmar la minuta en la que los trabajadores pedían que se estableciera que no habría represalias en su contra.
Integrantes del sindicato Sentimientos de la Nación del Congreso local pararon labores y bloquearon la calle frente a la sede del Poder Legislativo Foto: Jessica Torres Barrera
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
El sindicato Sentimientos de la Nación del Congreso local, paró labores y realiza un bloqueo a la calle frente a la sede del Poder Legislativo, por el despido de dos de sus agremiados, y denunciaron que es una represalia de la administración que encabeza la morenista Yoloczin Domínguez Serna por su movimiento, por lo que reiteraron el llamado a que intervengan otros diputados en el diálogo.
El 13 de febrero los trabajadores levantaron un plantón después de seis días, para establecer una mesa de diálogo con la presidenta de la Jucopo para la solución a las demandas de los trabajadores, entre ellas la cancelación de los procedimientos en contra del dirigente del sindicato y la otorgación de la licencia sindical para el comité.
Ayer después de las 11 de la mañana, unos 50 trabajadores decidieron bloquear ambos sentidos de la calle con dos vehículos y momentáneamente se turnaban para bloquear, también colocaron lonas en la reja del Congreso en las que están enlistadas sus demandas.
El bloqueo se instaló después de una reunión en la que la administración les notificó que sus compañeros despedidos no serían reinstalados, lo que consideraron como una represalia por el paro que realizaron hace dos semanas.
El secretario general del sindicato Fernando Martínez Román denunció que los trabajadores Ramón Núñez Campos, quien estaba en el área de Recursos Materiales, y Alondra Reza Arzola, de Relaciones Públicas, ambos con dos años de trabajo en el Congreso local, fueron despedidos como represalia por participar en el movimiento.
Explicó que desde la semana pasada notificaron a los trabajadores que los pusieron a disposición, es decir que ya no pertenecían a sus áreas, por lo que el sindicato planteó en la mesa de negociación para pedir que fueran reinstalados.
El área jurídica les notificó que estaban en condiciones para entregarles su cheque de liquidación, pero los trabajadores no los recibieron ni firmaron los documentos con los que se pone fin a la relación laboral. Finalmente ayer en la mañana ya no pudieron registrar su entrada y les entregaron sus cheques de liquidación.
El viernes a las 10 de la mañana el sindicato tuvo una reunión con la administración, donde fueron notificados que ambos trabajadores (cada uno con dos años de antigüedad) no serían reinstalados, por lo que tomaron la decisión de bloquear la calle, no así el acceso al Congreso.
“Hasta el día de hoy, nada más se dedicaron a posponer la mesa de trabajo por falta de voluntad, no hay voluntad para llegar a acuerdos, nosotros confiamos en la presidenta de la Junta de Coordinación Política, la diputada Yoloczin, de que se iba a iniciar la mesa de trabajo en el marco del respeto y armonía, pero hoy ya suspendieron de su centro de trabajo a dos compañeros. Eso no abona a la confianza, a la voluntad, porque al rato pueden ser otros compañeros”.
A nombre de los agremiados Fernando Martínez demandó: “que pare el hostigamiento laboral, que pare esa violación sistemática a los derechos laborales y humanos. Hoy se cristaliza el hostigamiento y las represalias con el despido de dos compañeros”.
Insistió en pedir ayuda a las y los diputados para que intervengan y no dejen solos a los trabajadores porque en el caso de la trabajadora despedida, es madre soltera y el señor es el sustento de toda su familia: “están afectando a familias completas, esto se soluciona con diálogo y voluntad, les pedimos que intervengan”.
A pesar de que algunos diputados de diferentes grupos parlamentarios se han acercado al movimiento “para solidarizarse”, Fernando Martínez señaló que necesitan que intervengan ante Yoloczin Domínguez: “ellos pueden hacer más, ellos tienen una investidura al nivel, pueden ayudarnos”.
Tras los despidos, señaló que ahora la demanda que encabeza el pliego petitorio es el que se les reinstale y pare el hostigamiento laboral, y que se instale una mesa de trabajo para atender las demandas laborales.
Diputados locales que integran la Comisión Permanente del Congreso al momento de emitir su voto favorable al dictamen con proyecto de acuerdo parlamentario por el que se declaran a las personas elegibles para integrar los ayuntamientos constituyentes Ñuu Savi, San Nicolás, Santa Cruz del Rincón y Las Vigas Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
La Comisión Permanente del Congreso del Estado, aprobó por unanimidad un dictamen de la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación por el que se declaran a 117 personas elegibles para la designación de integrantes de los ayuntamientos instituyentes nuevos municipios Ñuu Savi, San Nicolás, Santa Cruz del Rincón y Las Vigas.
Sin embargo, en el Congreso local se espera que los nuevos municipios Las Vigas y Ñuu Savi entreguen propuestas de cabildos instituyentes encabezados por mujeres, porque así se les solicitó para que en su momento el Congreso pudiera elegir cuales serán gobernados por mujeres y cuales por hombres.
En declaraciones en el Congreso local, la presidenta de la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, Alicia Zamora Villalva, explicó que los comités gestores de estos dos municipios deben de ir nuevamente a asamblea para informar que el Legislativo les pide tener también propuestas de mujeres que puedan encabezar los ayuntamientos.
El dictamen aprobado por unanimidad, a la Jucopo la cual tendrá la facultad para realizar la designación o nombramientos de los cabildos de entre las 117 propuestas recibidas por la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, así como determinar cuáles ayuntamientos serán encabezados por mujeres, de acuerdo con la paridad requerida, esto después de recibir las propuestas de mujeres de Las Vigas y Ñuu Savi.
Entre las propuestas destacan en San Nicolás el ex vocero del colectivo Nos Faltan 43 al cargo de presidente municipal Felipe de la Cruz; también se considera a Tania Ávila Magadán y Omar Román Mariche.
En Santa Cruz del Rincón, que se separó de Malinaltepec, la lista abre con Godofredo Avilés Mendoza para la presidencia, para la que también se propone a Ángel Rodríguez Flores y Concepción Sánchez Nestor.
En Las Vigas, que se segregó de San Marcos, la lista de candidatos que analizará la Jucopo considera 19 aspirantes, diez hombres y nueve mujeres, entre los que destaca José Feliciano Molina Cruzalta que es uno de los principales promotores de la creación de este municipio
Alicia Zamora dijo que le preocupan los procesos legales que están en curso en torno a los procedimientos de creación de los municipios y de la designación de los ayuntamientos.
Recordó que para la creación de los cuatro nuevos municipios, en la pasada legislatura se realizó “un procedimiento especial que fue una encuesta de opinión” que realizó la UAG a través de la facultad de Matemáticas.
Sin embargo, recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado por que para estos procedimientos se realicen consultas cuando se trate de pueblos indígenas y afromexicanos.
La diputada Alicia Zamora comentó que fueron cuatro amparos dos sobreseyeron, pero los otros dos siguen vigentes, estos son en contra de la reforma constitucional por la adhesión de los cuatro nuevos municipios porque no se realizó una consulta previa, y esos están por resolverse.
Además, porque se presentó un juicio ciudadano en contra de la prórroga de 120 días que se aprobó por el pleno para designar a estos cabildos, el cual ya está en el Tribunal Electoral del Estado (TEE).
