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Protestan en el Congreso trabajadores de Media Luna que no están en paro; piden que intervengan diputados

Trabajadores y prestadores de servicios que no participan en el paro laboral de la minera Media Luna, subsidiaria de la empresa canadiense Torex Gold Resources, se manifestaron este martes afuera del Congreso local, y demandaron a los diputados su intervención para que se resuelva el conflicto que cumplió 32 días.
Advirtieron que los representantes de la minera dijeron que el movimiento ha escalado a la “fase 3”, que implica la suspensión de sus salarios, el inminente riesgo del cierre de la mina y la pérdida de las fuentes de empleo.
Más de 50 trabajadores y prestadores de servicios se reunieron con una comisión de diputados encabezada por el priista y dirigente de la CTM estatal, Antelmo Alvarado García, quien como solución les propuso crear un sindicato local que no dependa ni de la CTM nacional, como al que actual pertenecen, ni al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM) que busca el Contrato Colectivo de Trabajo.
Los trabajadores rechazaron la propuesta, dijeron que con ello se agravaría y retardaría la solución del conflicto y que, además, provocaría un enfrentamiento con sus compañeros trabajadores que están en paro y con los que apoyan al sindicato que dirige Cuauhtémoc Plascencia, de la CTM nacional.
Los trabajadores de Media Luna y de empresas subcontratadas por la minera, así como prestadores de servicios, propietarios de comedores, transportistas y proveedores, se concentraron desde las 10 de la mañana en el acceso principal del Congreso local, donde colocaron lonas con el nombre de la agrupación a la que pertenecen, Movimiento en pro de la garantía de nuestros derechos laborales.
Los manifestantes demandaron una reunión con diputados locales para exponerles sus demandas.
A las 11 de la mañana fueron recibidos por una comisión de diputados encabezada por Antelmo Alvarado García. Estuvieron los diputados, también priistas, César Landín Pineda y David Gama Pérez.
Los trabajadores se presentaron como un grupo “neutral”, que no está a favor ni en contra del paro laboral y que sólo quiere la intervención de los diputados y de las autoridades para que se resuelva el conflicto y puedan regresar a sus trabajos.
Uno de los trabajadores, sin embargo, acusó que el paro laboral “es ilegal” y que el derecho de los paristas termina hasta donde comienza el de ellos, que están defendiendo su fuente de empleo. Se quejó de que con el movimiento están a punto de perder sus trabajos.
Durante el plantón, la trabajadora administrativa, Diana Cortés dijo que les han informado que el movimiento ha escalado a la fase 3 que implica la suspensión de sus salarios y el inminente cierre de la mina y con ello la pérdida de sus empleos.
“Lo que pedimos es una ruta para resolver el problema, porque tenemos la necesidad de trabajar, no exigimos algo fuera de lo normal”, reclamó ante los diputados.
Por su parte, el trabajador Manuel Miranda, denunció que el paro laboral que lleva más de un mes está afectando no solamente el empleo de los trabajadores, sino a mucha gente de las comunidades que también reciben ingresos extraordinarios por servicios que prestan a la minera.
“El paro nos afecta no sólo a los que tenemos empleos directos, sino a los que tienen trabajo indirecto, por eso estamos exigiendo que se restablezcan las labores; somos muchos padres de familia que estamos en riesgo de perder nuestro empleo”, advirtió.
Asimismo, otro trabajador, Fernando Fernández expresó que éstas son fechas importantes y que mucha gente espera sus recursos de fin de año, y que por el paro no saben si los van a recibir, “por eso estamos pidiendo apoyo, para que este paro ilegal termine”, dijo.
En respuesta, el diputado Alvarado García les dijo que el problema es un conflicto entre el sindicato que encabeza el transportista Cuauhtémoc Plascencia, que depende directamente de la CTM nacional y el SNTMMSRM que dirige a nivel nacional, desde Canadá, Napoleón Gómez Urrutia, y que el problema le corresponde resolver a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
El dirigente cetemista criticó a los dirigentes de los dos sindicatos en pugna por el Contrato Colectivo de Trabajo, dijo que el primero no tiene nada que hacer en Guerrero porque es un líder transportista y que los dirigentes del segundo lo que buscan son las cuotas. Les dijo que si ganan, lo primero que van a pedir es asegurar cuánto les tocará de las cuotas sindicales, y después negociarán los salarios.
Por eso dijo que mejor les conviene integrar su propio sindicato local, para que no se lleven las cuotas y se les quede para la operación de sus propias oficinas.
La respuesta del diputado cetemista molestó a los trabajadores, uno de ellos le dijo que no les interesa el conflicto sindical ni quien se quede con el Contrato Colectivo de Trabajo, “nosotros trabajamos con el que se quede, lo que queremos es su intervención para que se resuelva el conflicto y podamos regresar a nuestros empleos”, le dijo.
Otro trabajador fue más directo, “no nos está entendiendo, queremos solución, no complicar más el problema”. Le reprochó que su propuesta implicaría más confrontación y un enfrentamiento con los trabajadores en paro, “y eso no es lo que venimos buscando”, le aclaró.
La mayoría de los que intervinieron se dijeron decepcionados de la respuesta del diputado. Uno de ellos dijo que vinieron para que los escuchara y llevara su postura al gobernador para la solución inmediata del paro y para que puedan regresar a sus fuentes de empleo, pero que lo que escucharon fue una respuesta que sólo prolongaría el conflicto.

Piden prepas populares al Congreso más presupuesto; es para salarios, obras y capacitación, dicen

El Comité Ejecutivo de las preparatorias populares acudió al Congreso local a una reunión con diputados locales, para pedir una ampliación presupuestal de 35 a 160 millones de pesos, que requieren para infraestructura, salarios, capacitación y actualización docente.
El presidente del Comité Ejecutivo General de las Preparatorias Populares, Emiliano Carreto Moreno, comentó que desde hace un mes buscan reunirse con la presidenta de la Junta de Coordinación Política, la priista Flor Añorve Ocampo, pero no los ha recibido.
Este jueves pudieron reunirse con los presidentes de las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Educación, Eusebio González Rodríguez y Víctor Martínez Toledo, respectivamente, a quienes les plantearon un incremento presupuestal, solicitud que año con año tienen que realizar a los diputados en turno.
Recordó que el año pasado, para el ejercicio fiscal 2017, el Congreso aprobó 35 millones de pesos, pero esperan que para 2018 realicen “un incremento considerable”.
Dijo que para el ciclo escolar requieren por lo menos 140 millones de pesos, pero por los incrementos a los precios derivados del alto costo de la gasolina, las necesidades  suben a 160 millones.
“Que va a solventar un poco la parte de la infraestructura, el pago a los profesores, también capacitación y actualización de los docentes”, comentó el presidente.
La respuesta Eusebio González y Víctor Martínez a la petición de incremento del presupuesto fue “que lo están platicando y que llevarán la propuesta al resto de los diputados”.
Los maestros que asistieron a la reunión privada con los diputados, les pidieron que fueran intermediarios para conseguir una reunión con el gobernador Héctor Astudillo Flores, para plantearle la misma solicitud de recursos, porque este año recibieron lo mismo que en 2015.
Carreto Moreno recordó que reciben solo 35 millones de pesos para 90 preparatorias populares, con 800 maestros que atienden a unos 14 mil estudiantes Dijo que mínimamente requieren 70 millones de pesos para poder funcionar, pero si pudieran recibir los 160 mejorarían las condiciones en las que los maestros tienen que dar clases.
Los diputados y maestros acordaron una próxima reunión para el jueves 30 de noviembre en el Congreso local, en la que tendrían que darles una respuesta de cuándo podrían reunirse con el gobernador “y de ser posible ya tener un avance de la propuesta de incremento”. (Rosalba Ramírez García / Chilpancingo).

Mantendrán trabajadores del Cecyteg el paro; el gobierno no libera el dinero que adeuda

Miembros del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guerrero (Sutcecyteg) informaron que mantendrán el paro de labores, porque el gobierno estatal no ha liberado recursos del presupuesto 2017 para pagar salarios y prestaciones.
En conferencia de prensa en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNRP), el secretario general del Sutcecyteg, Francisco Armenta Serna; el secretario de Conflictos, Francisco Cruz Navarrete, y el secretario de Organización, Jesús Ventura Rendón, declararon que las autoridades no se reunieron con una comisión, como se pactó luego del bloqueo en el bulevar de Las Naciones, en Acapulco, la semana pasada.
Armenta Serna dijo que desde hace tres meses buscó un diálogo con las autoridades, para concretar la firma del convenio de colaboración con el gobierno federal, para garantizar el pago de salarios y prestaciones de Seguridad Social de los trabajadores, esto por la “cerrazón” del secretario de Finanzas, Héctor Apreza Patrón.
Señaló que ante las circunstancias, los planteles 01 Mozimba, 04 de Coloso, 07 de San Agustín y 09 de San Isidro, ubicados en Acapulco; el 02 de Chilapa; el 03 de Iguala; el 05 de Petatlán; el 06 de Filo de Caballos, municipio de Leonardo Bravo; el 08 de El Cortés, de San Marcos, y el 10 de Juchitán mantendrán el paro laboral, junto con otros de Educación Media Superior a Distancia (Emsad) que se han sumado a la protesta para exigir la garantía de los recursos.
Dijo que por falta de pagos están afectados 500 trabajadores, mientras que el paro daña la formación de 25 mil alumnos en el estado.
Anunció que los integrantes del Sutcecyteg se manifestarán hoy en el Congreso local, durante la comparecencia del titular de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), José Luis González de la Vega Otero, e instalarán un plantón indefinido en el Palacio de Gobierno, como medida de presión para que las autoridades firmen el convenio.
Explicó que el subsistema logró pagar los salarios durante este año mediante préstamos por parte del gobierno estatal, pero éstos no cubren las prestaciones de los trabajadores, que están incluidas en el contrato colectivo de trabajo.

Firma Astudillo ocho iniciativas de ley y una reforma para combatir la corrupción

El gobernador Héctor Astudillo Flores firmó ocho iniciativas y una reforma para armonizar las leyes locales con la ley federal del Sistema Nacional Anticorrupción, y precisó que “no son el hilo negro que descubrimos en el país”, sino que son propuestas que se han impulsado ya en varios estados.
Agregó que de aprobarlas el Congreso local, Guerrero será un estado que también “trabaja en la ruta de la ética, la transparencia y el combate a la corrupción”.
La mañana de este martes, en un salón del centro de convenciones Mundo Imperial, en la zona Diamante, el gobernador inauguró los trabajos del Comité Rector del Programa Estatal de Ética, Transparencia y Combate a la Corrupción, en su segunda sesión ordinaria 2017, y allí hizo entrega de las carpetas con las iniciativas a la diputada local de Movimiento Ciudadano (MC) y presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Magdalena Camacho Díaz.
El gobernador recordó que el 18 de julio vence el plazo constitucional para la armonización de las leyes locales con la federal en la materia.
Las iniciativas que signó el gobernador fueron la de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Guerrero; Iniciativa de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado Libre y Soberano de Guerrero; Iniciativa de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa; Iniciativa de Reformas y Adiciones de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado; Iniciativa de Reforma y Adiciones del Código Penal del Estado de Guerrero.
También la iniciativa de la Ley de Fiscalización Superior del Estado Libre y Soberano de Guerrero; Iniciativa de Reformas y Adiciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 08; Iniciativa de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado y la Reforma y Adiciones a la Constitución Política del estado libre y soberano de Guerrero.
En su mensaje, el gobernador manifestó que desde que tomó protesta se comprometió que colocaría a Guerrero en la ruta nacional que es la de promover la ética, transparencia y combate a la corrupción, pero que mientras esto no se “convierta en política pública, va a ser muy difícil que podamos avanzar en un tema tan anhelado por la propia sociedad”.
Astudillo Flores señaló que el tema “toral”, principal, era la firma de la iniciativa de leyes y que mandaría al Congreso local. Agregó que si el Congreso local aprueba las iniciativas, con las modificaciones que consideren convenientes, “nos colocaremos, el estado de Guerrero, como un estado más que se suma a este trabajo nacional de la más alta importancia y de la mayor relevancia”. Subrayó que uno de los ejes principales de su gobierno es la transparencia y combate a la corrupción.
“Con la firma de estas iniciativas de reformas y de leyes, sin duda mejoraremos la operación que tiene que ver con todas las acciones y determinaciones que le dan marco a la acción de un gobierno”, indicó el gobernador.
Dijo que será muy importante que en cuanto el Congreso así lo determine, en su caso la aprobación, modificación o lo que determinen en su tiempo y en sus facultades, se den a conocer a todos los municipios en qué consisten y cuáles son sus alcances.
Que es importante eso para que “también avancemos, varios de los contenidos de las iniciativas se relacionan a los municipios”. Astudillo Flores precisó que las iniciativas “no son el hilo negro que descubrimos en el país, son también iniciativas que tienen contenidos que se han ya impulsado en varios estados y que sin duda van a colocar a Guerrero como un estado que trabaja también en la ruta de la ética, la transparencia y el combate a la corrupción”.

El fiscal anticorrupción debe venir de la sociedad civil

Astudillo Flores dijo que estando presentes en ese acto los tres poderes, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, es “muy importante que insistamos de manera atenta, respetuosa, responsable, que entre todos impulsemos todo lo que viene en estas leyes cuando sean aprobadas”.
Señaló el gobernador que hay asuntos que van a venir, como es la Fiscalía Anticorrupción, la cual tiene que ser ocupada por una persona profesional, emanada de la sociedad civil, que pueda responsabilizarse de esta función tan importante, innovadora y delicada. Que también está la ley 3×3, donde en 2018 tendrán que hacer su declaración los que manejen recursos públicos.
Astudillo Flores tocó el tema de la violencia y reiteró que el gobierno no se puede detener, pues los problemas de Guerrero están bien ubicados, están bien localizados, los cuales se enfrentan cotidianamente con una gran determinación y con la ayuda de la federación.
Señaló que en todas las regiones el gobierno se desenvuelve, el gobierno opera, el gobierno tiene representación. Que los poderes en el estado operan con normalidad y que “el problema de Guerrero es la violencia, está violencia hay que enfrentarla todos los días y no hay que permitir que los violentos nos tomen y nos ganen el camino”.
Añadió que para que el estado no se enfrasque en una lucha solamente con los violentos, “tenemos que trabajar también en varias rutas, tenemos que vigilar que la obra pública con la inversión federal camine, que se sigan haciendo carreteras, que se sigan haciendo escuelas”.
El gobernador dijo que Guerrero es un estado plural y que su gobierno lo tiene muy claro, que el “gobernador del estado es el que debe tener la mayor disposición para ayudar, para responder de manera afirmativa y tender la manos a los que menos tienen”.
Astudillo convocó a cerrar filas, que se tiene que cerrar en el tiempo que queda y señaló que el próximo año habrá elecciones que “traerá nuevos tiempos, tiempos de competencia, pero mientras esos tiempos de competencias no llegan, creo que la obligación principal es cuidar al gobierno y hacer que el gobierno funcione y es hacer que el gobierno esté en todos lados, hacer que el gobierno se entienda con quien se tenga que entender y tenga que dar la mayores respuesta siempre en base a nuestras responsabilidades y finanzas públicas”.
Mientras que el presidente del Comité Consultivo del programa de Ética, Transparencia y Combate a la Corrupción, César González Arcos, indicó que lo entregado surgió de un intenso trabajo y ahora toca a los actores cuidar su debida implementación en el estado. Indicó que aunque en política se piensa diferentes, hay cosas donde se debe dar las coincidencias y el combate a la corrupción es uno de ellos. Que la eficacia del Sistema Nacional Anticorrupción debe ser la mismo en Guerrero que en Baja California, “a un corrupto se le debe juzgar de la misma manera”.
Precisó que la ley nacional anticorrupción establece que los sistemas locales anticorrupción deben contar con estructuras y facultades equivalentes a las que tiene el órgano nacional, los “elementos esenciales del sistema deben quedar reflejados en la Constitución y legislación local”. Dijo González Arcos que la participación ciudadana es el mejor disuasivo a la corrupción.
Se comprometió a que el Consejo será vigilante de la adecuada implementación del sistema, que fomentarán la creación de foros, pues dijo que las iniciativas, reformas y adiciones deben hacer que el sistema estatal anticorrupción sea capaz de combatir la corrupción y la impunidad o quedarse en la opacidad”.
Subrayó que la toma de decisiones no pueden guarse por tintes partidistas. Dijo que la aplicación de sistema nacional en Guerrero será un antes y un después, porque no es un tema menor.
González Arcos reconoció la voluntad política de formar la iniciativa de las leyes para armonizar las locales a la ley federal del Sistema Nacional Anticorrupción y subrayó que “corresponderá ahora al Congreso del Estado discutir y aprobar este paquete de iniciativas, para reformar y armonizar ya a la ley federal”. Hizo un llamado a los diputados de todas las fracciones para no desviar el espíritu ciudadano de las leyes, las cuales tienen que ser incluyentes y de participación de la sociedad.
Señaló que sería bueno que los ayuntamientos homologuen y armonicen su Bando de Policía y Buen Gobierno y finalmente el presidente del consejo consultivo pidió al Congreso local una mesa de trabajo, para “sustentar la legitimidad de proceso, que permita la valoración del esfuerzo hecho en las mesas de trabajo de la comisión interinstitucional que el gobierno del estado implementó, y que de las cuales fuimos participes y reconocemos el esfuerzo de cada uno de los participantes”. Dijo que este día se dio un paso importante y ahora corresponde al Congreso local hacer lo propio con el trabajo de la sociedad civil.
Mientras que la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, diputada Magdalena Camacho, informó que las iniciativas firmadas por el gobernador Héctor Astudillo serán turnadas a comisiones, que lo más seguro el próximo jueves serán incluidas en el orden del día. Añadió que hay reformas constitucionales y reformas legales que irán unas a las comisiones de Justicia y otras a Asuntos Constitucionales.
Señaló que se van a revisar las iniciativas, que en algunas trabajaron de manera conjunta, pero no todas, por lo que se tienen que discutirlas para ver si pasan como están o se le hace algún agregado o modificación, siguiendo las leyes federales para armonizarlas, porque es una obligación.
Dijo que tienen hasta el 18 de julio, que es cuando se vence el plazo para armonizar con las leyes federales. Sobre el nombramiento del fiscal anticorrupción, que vendrá después de aprobarse las leyes y tiene que ser una “persona que obviamente salga de la ciudadanía, capaz y que esté alejada de los círculos de gobierno”.
Camacho Díaz subrayó que las leyes se crean para resolver problemas, con las que se atiende la demanda de los ciudadanos, “la voz de la ciudadanía se convierte en ley y el tema de la corrupción es algo que está pidiendo la ciudadanía que frene, estas son leyes que tienen ese objetivo”.
Dijo que vienen las leyes estatales pero también se convocaría a los alcaldes para que también adecuen su bando de policía y tengan una administración transparente.
Estuvieron en el acto el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Alberto López Celis; la presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Olimpia María Azucena Godínez; el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Ramón Navarrete Magdaleno; el rector de la UAG, Javier Saldaña y la consejera presidente del Ins-tituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Elizabeth Pa-trón Osorio.
Y los secretarios de Gobierno, Florencio Salazar; Finanzas, Héc-tor Apreza; Sedesol, Alicia Zamo-ra; Obras Públicas, Rafael Nava-rrete y el contralor Mario Ramos del Carmen, entre otros.

Se aprobará la solicitud para que el fiscal comparezca en el Congreso: Flor Añorve

 

La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Flor Añorve Ocampo, afirmó que el fiscal Javier Olea Peláez continúa evadiendo su responsabilidad al no detener a Saúl Beltrán y anunció que la próxima semana aprobarán la solicitud de su comparecencia ante el Poder Legislativo.
Respecto a las actuaciones y dichos del fiscal, que se han conocido a través de videos, la presidenta del Congreso recordó que sólo el gobernador puede destituir de su cargo al titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Sin embargo. dijo que “en alguno de los casos el fiscal lamentablemente ha hecho comentarios impropios”, criticó que no fue “cuidadoso, dadas la circunstancia que está viviendo Guerrero”.
La priista dijo que del problema de violencia que hay en Guerrero “él es el responsable de muchas de estas situaciones” y que ese es un tema prioritario para el Poder Legislativo. Esto en referencia al señalamiento del fiscal ante pobladores de San Miguel Totolapan, en el sentido de que Saúl Beltrán Orozco es el tequilero número uno, pero que no lo puede detener porque tiene fuero, porque el Congreso no le quitó la inmunidad constitucional.
También aseguró que pretende inculpar al Poder Legislativo porque según dijo, los diputados están “muy al pendiente de hacer lo que nos corresponde”, esto a pesar de que el Congreso no concluyó el juicio de procedencia para desaforar a Saúl Beltrán y que lo suspendieron cuando el priista pidió licencia.
“Más bien, está evadiendo su responsabilidad”, dijo la priista presidenta del Congreso, al no detener a Saúl Beltrán, “porque aquí se llevó a cabo la autorización de la licencia del diputado y a él (Javier Olea) le corresponde lo siguiente”, porque de acuerdo a la legislación local, cuando un legislador pide licencia quedan suspendidos también sus derechos, entre ellos la inmunidad constitucional.
Derechos que puede recuperar si solicita regresar a su cargo, porque tampoco no hay ningún impedimento para eso, informó también que el Congreso aún no es notificado de que se le concedió un amparo al diputado priista.
De la comparecencia del fiscal, Flor Añorve explicó que debe ser la Junta de Coordinación Política del Congreso la que ponga las reglas y convocar la comparecencia, además de que dijo que tendrían que estar las comisiones presentes, en referencia a la de Seguridad Pública y Justicia además de la de gobierno.
Este miércoles concluyó el periodo permanente de sesiones y el martes iniciará el ordinario, en el que sesionará el pleno de la legislatura, en la que dijo aprobarán la comparecencia del fiscal.

“Es una situación bastante fuerte en el estado”, dice de la violencia

Consultada al respecto, Añorve Ocampo lamentó los hechos de extrema violencia que han ocurrido en municipios de la región Centro, principalmente de Chilpancingo y dijo que, “es una situación bastante fuerte en el estado”.
Exhortó a “los diferentes mandos, a que hagan el mayor de sus esfuerzos, no podemos estar viviendo en esta inseguridad”.
A la priista se le recordó el caso de los 176 policías despedidos tras participar en un paro de labores en el que exigían el pago de un bono de riesgo y respeto a su jornada laboral, y reconoció que repercute en la seguridad “pero más afectaría si policías que no están certificados continuaran haciendo un trabajo para el cual no tienen acreditación”.

Los diputados pueden debatir al menos si se legaliza o no la amapola, dice Huicochea

 

El presidente estatal del PRI, Heriberto Huicochea Vázquez, dijo que aunque no es facultad del Congreso local la aprobación del cultivo de la amapola con uso medicinal, sí se pueden realizar foros y una iniciativa de ley que se envíe al Congreso de Diputados.
Consultado vía telefónica respecto a la respuesta que dio el diputado local del PRI, Héctor Vicario Castrejón, de que no es facultad del Congreso Local regular el cultivo de la amapola, al llamado que hizo de hacer foros de análisis para elaborar una iniciativa de ley, Huicochea Vázquez dijo que el diputado tiene razón, que es facultad del Congreso de la Unión.
Sin embargo, insistió que se pueden hacer foros, “buscar una ruta que ayude a desviar o aminorar el tema de la violencia, a controlar esos sucesos, eso es lo importante, además la regulación tiene que ver con el uso medicinal”.
Las iniciativas pueden ser elevadas al Congreso de la Unión a través de los diputados federales o del Congreso local, agregó.
Expuso que no ha hablado con los diputados del PRI acerca de cómo dar seguimiento a la iniciativa para regular el cultivo de la amapola con uso medicinal, de la que en un primer momento habló el gobernador Héctor Astudillo y que recientemente retomó el alcalde de Chilpancingo Marco Antonio Leyva Mena que la ve como una salida a la grave crisis de violencia que sufre la capital del estado.
En el próximo Consejo Político se instalará una Comisión Temática y de Dictamen en la cual se hablará del tema y “por consenso político vamos a sugerirle a la Cámara de Diputados federal o local darle seguimiento a este y otro tipo de iniciativas”, adelantó Huicochea. Se revisará además la agenda legislativa de los diputados del PRI.
Enfatizó que el tema es plural, que todos, incluidos los diputados de los diferentes partidos, deben de poner sobre la mesa y trabajar en ello. Añadió que el que sea facultad del Congreso federal no impide que se elabore la iniciativa, se hagan foros y debates en lo local.
Sostuvo que los diputados del PRI “pueden ellos no tomarlo como una prioridad en este momento porque no corresponde a sus atribuciones, pueden cooperar y avanzar, no es una facultad local el hecho de poder regular”.

Pide Gonzalo Molina a los diputados detener la reforma de Astudillo para las comunitarias

 

El preso político de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Gonzalo Molina González demandó a los diputados del Congreso local detener la reforma al artículo 14 de la Constitución estatal, que envió el gobernador Héctor Astudillo Flores, donde no está incluida la figura de policía comunitaria ni de policía rural.
El gobernador envió al Congreso esta iniciativa que si se aprueba, las policías comunitarias estarían en las leyes secundarias de la reforma al artículo 14, con el argumento de que los órganos de los pueblos indígenas no son parte de los poderes del estado.
En una visita al penal de la capital, donde se encuentra recluido desde hace tres años y medio, el promotor de la Policía Comunitaria con base en El Fortín en Tixtla, manifestó su desacuerdo.
Vestido con una playera gris y gorra roja, el preso político se acercó a los locutorios que dividen una maya por donde puede dialogar con sus visitantes.
De inmediato dijo que no es correcto reformar la ley como lo propone Astudillo Flores, al igual que la Ley 701 de derechos y cultura indígena, que lo importante es armonizarla entre los pueblos y las comunidades.
Dijo que la reforma al artículo 14 es una falta de respeto y violación a los derechos de los pueblos, que al querer hacer estos cambios no se toma en cuenta a los pueblos, principalmente a la CRAC, sin importar la Casa de Justicia a la que pertenezcan.
Pidió a las autoridades “llamar a los pueblos originarios que están haciendo seguridad y justicia, principalmente a la CRAC”.
Llamó a los diputados del Congreso a detener esa iniciativa, pues dijo que se tiene que legislar algo que sirva.
Subrayó que se debe de consultar a los pueblos originarios para hacer esos cambios, discutirlos en foros con la participación de los conocedores de la seguridad y justicia, la CRAC y organismos de derechos humanos.
Dijo que el sábado en la actividad del dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, supo que a nombre de la CRAC de Tixtla estaba su hermana Esther Molina, pero dijo que eso no fue cierto, que este proyecto de seguridad y justicia no está con los partidos políticos.
Agregó que como está próxima la contienda electoral hay políticos que quieren abanderar la lucha de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y de los presos políticos, cuando en su caso va para cuatro años que está encarcelado y no ha recibido apoyo.
Pidió a la CRAC que se movilice y defienda la Ley 701, pida su respeto y que si se respeta él saldría libre de inmediato.
Dijo que después de la operación a la que se sometió por una hernia que tenía, aún no es dado de alta pero ya trabaja dentro del penal, pintando cuadros al óleo, haciendo loncheras, cuadernos, bolsas tejidas y huaraches que pueden ser adquiridos por compradores directamente en la cárcel, y con el dinero que recauda apoya el proceso jurídico al que está sometido.

No hay avances en las pláticas para resolver sus demandas laborales, se quejan agentes de la FGE

 

Peritos, policías ministeriales y agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE) se quejaron porque no hay avances en las pláticas con el fiscal general Javier Olea Peláez y el gobierno del estado en las negociaciones para el incremento de los bonos del Día del Padre, de fin de año y de riesgo, ni en la dotación de gasolina para sus operaciones policiacas.
Unos 20 trabajadores de la FGE acudieron a Palacio de Gobierno y al Congreso local, donde entregaron sus pliegos de peticiones dirigidos al gobernador, Héctor Astudillo Flores, al presidente de la Comisión de Justicia del Congreso local, Héctor Vicario Castrejón, y al diputado local del partido Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja, para que intervengan para resolver sus demandas laborales.
Consultado en la entrada del Congreso, el policía ministerial, Salvador Vargas Carrasco comentó que, entre las demandas de los trabajadores de la FGE está el incremento salarial de 15 por ciento, un bono de riesgo de 5 mil pesos mensuales, homologación del bono del Día del Padre con el del Día de la Madre, dotación complementaria al bono de fin de año y una audiencia con el gobernador Astudillo Flores y el secretario de Finanzas y Administración del gobierno estatal, Héctor Apreza Patrón.
Recordó que hace un mes se reunieron con el fiscal Olea Peláez, con el vicefiscal de investigación, José Antonio Bonilla Uribe, y con el vicefiscal de Control, Evaluación y Apoyo a la Procuración de Justicia, Francisco Javier Hernández Ruiz, con quienes acordaron integrar una comisión de seguimiento de las demandas, “hemos tenido cinco o seis reuniones, pero el viernes nos dejaron plantados y no se concretó la propuesta para entregársela a los funcionarios del gobierno”, se quejó.
Vargas Carrasco señaló que en las reuniones pasadas revisaron los porcentajes de  incremento de salario, de viáticos que le corresponden a cada trabajador de acuerdo a su cargo, y un bono de riesgo de 5 mil pesos mensuales para peritos, agentes del Ministerio Públicos y policías ministeriales; la Fiscalía le ofreció mil pesos que no aceptaron, dijo.
Sobre el bono de fin de año, explicó que en 2015 les dieron 20 mil pesos, y el año pasado la mitad, 10 mil pesos, y esperan que en este año se regularice este beneficio, aunque el monto del bono varía de acuerdo con el cargo del funcionario, y en el Día del Padre sea equivalente al del Día de la Madre, es decir, de 8 mil pesos.
“El viernes teníamos una reunión con Hernández Ruiz y con trabajadores de recursos humanos para definir la propuesta que entregamos hoy (ayer) al gobierno del estado y Congreso local, pero no asistieron y por nuestra propia cuenta entregamos el documento de peticiones para que haya un avance”, declaró.
Vargas Carrasco pidió al gobernador Héctor Astudillo Flores que intervenga para atender los problemas laborales que hay en la Fiscalía, y agregó que esperan la respuesta del gobierno estatal para que sean atendidos por el Ejecutivo estatal y el secretario de Finanzas y Administración del gobierno estatal, Héctor Apreza Patrón.
El 31 de marzo, peritos, policías ministeriales y agentes del Ministerio Público de la Fiscalía se reunieron con Javier Olea Peláez, a quien le exigieron el pago de viáticos, bono del Día del Padre, de fin de año, de riesgo, dotación de gasolina y vehículos para sus operaciones, y revelaron que no tienen material de trabajo, “cuando llegan los desmembrados tenemos que comprar o conseguir bolsas para depositar los restos”, señalaron.

 

Robespierre Robles, un servidor público “intolerante”, dice la diputada de Morena

 

El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del estado, Robespierre Robles Hurtado, ve la justicia como un asunto político y demuestra “intolerancia e inmadurez” como servidor público, denunció la diputada local de Morena, María de Jesús Cisneros Martínez, por las descalificaciones que hizo el funcionario a su respaldo a los trabajadores en paro del Poder Judicial.
En un acto en Acapulco el sábado, Robles Hurtado pidió a la diputada “que se ponga a legislar” en lugar de “resolver asuntos particulares de gente que se siente agraviada, porque se les pidió que se pusieran a trabajar” en respuesta al punto de acuerdo que Cisneros Martínez llevó el jueves a tribuna, para que el presidente del TSJ atienda y resuelva las demandas de los trabajadores sin cesarlos, suspenderlos o despedirlos.
La diputada también denunció que el Poder Judicial enfrenta la peor crisis de su historia, que está secuestrado “por intereses de grupo y apetitos políticos”, mientras en la sociedad crece la desconfianza, percepción de corrupción y la ausencia de ese bien jurídico que es la justicia.
En un breve escrito, la diputada de Morena aclaró que no sólo tiene derecho, también autoridad moral y legitimidad pública “para cuestionar la corrupción, el nepotismo, amiguismo e influyentismo que padece el Poder Judicial, además de exigir el respeto pleno a los derechos laborales y sociales de los trabajadores de ese poder y a la carrera judicial”.
Añadió que el acuerdo que llevó el jueves al pleno no fue una intromisión o simples declaraciones, fue votado en mayoría a favor por 14 votos y 10 en contra, por eso fue turnado a la Comisión de Justicia, de la que espera que pronto emita un dictamen, para evitar que el presidente de la misma, el diputado priista Héctor Vicario Castrejón, correligionario y del mismo grupo político de Robles Hurtado, “la meta a la congeladora”.
Consideró que “la palabrería soltada por el magistrado presidente es producto de su animadversión política y apetitos políticos, exhibidos a partir de que se le ha vuelto una obsesión la presidencia municipal de Acapulco. Le recomiendo que se serene y que ya no vea las encuestas donde Morena encabeza las preferencias electorales”.
Ratificó que el TSJ “está cada vez peor y bien vale la pena recordarle al gobernador Héctor Astudillo Flores y a los legisladores que lo apoyaron para hacerlo magistrado, que el señor Robles Hurtado ve la justicia como un asunto político, en todo caso lo hubieran puesto en el Tribunal Electoral, allá hay otros que como él dicen impartir justicia partidaria”.

 

Padres y maestros de Metlatónoc y Cochoapa protestan en el Congreso; exigen maestros

Maestros, jefes de zona y padres de familia de Cochoapa el Grande y Metlatónoc protestaron afuera del Congreso local, para exigir maestros de preescolar, porque les hacen falta por lo menos 34 docentes en cada sector de la zona 36.
En declaraciones, el supervisor de la zona 36 en Cochoapa el Grande, Benito Sánchez Madrid, comentó que acudieron al Congreso a buscar al presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicanos, el perredista Ociel Hugar García Trujillo, pero no lo encontraron.
Explicó que la falta de maestros en la zona es un problema añejo, porque hace mucho tiempo que hay escuelas cerradas, porque los maestros se jubilaron y aún no los han repuesto, y la demanda de maestros crece en el sector 019 y el 09 de estos dos municipios marginados de la Montaña.
El maestro comentó que ya habían pedido al Congreso local que los recibieran, pero el diputado no se presentó.
En cada sector hacen falta por lo menos 34 maestros; explicó que en esos municipios, un maestro atiende hasta a 50 alumnos, y hay grupos de 70 alumnos que son atendidos por sólo dos maestros.
El profesor insistió en que a los niños indígenas de esos municipios se les está negando el derecho a la educación de calidad, y consideró que los maestros no niegan la educación, a pesar de que tienen que atender a grandes grupos.
Comentaron que ya acudieron en muchas ocasiones a la delegación regional, pero no les han resuelto el problema, y por eso tuvieron que trasladarse a Chilpancingo, “pues aquí estamos, y no llevamos resultados favorables a nuestra petición”.
Desde octubre empezaron sus visitas a la capital para solicitar maestros para los dos municipios sin que su problema sea resuelto, “esto nos da a entender que la misma autoridad no nos quieren recibir”
De la respuesta de la Subsecretaría de Educación Básica, comentó que “se levantó una minuta con ellos”, pero existe una “negativa rotunda”, porque les argumentan que no puede haber atención a niños de tres años de preescolar porque, de acuerdo con la modificación de la ley, sólo se pueden atender a alumnos de segundo y tercero.
El profesor Benito Sánchez explicó que, por vocación, los maestros de esas zonas no pueden rechazar a los alumnos “es un derecho que tienen los niños y tenemos que atenderlos, no podemos rechazarlos cuando los padres de familia llevan a sus hijos a inscribirlos, sí tenemos la mayor parte de matrícula de los niños de tres años y no queremos, nos sentimos mal por rechazarlos y por eso venimos a exigir que nos otorguen maestros para que le den atención favorable a esos alumnos”.