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Inician proceso de consulta a pueblos indígenas y afromexicanos sobre candidaturas para el 2024

 

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), aprobó los lineamientos, el plan de trabajo y el calendario para la consulta a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas para determinar las reglas con las que se garantizará a estas poblaciones su participación en el proceso electoral 2023-2024.
La consulta se realizará en cumplimiento a la Acción de Inconstitucionalidad 136/2020, que invalidó las reformas realizadas por 62 legislatura al Congreso local, en las que se establecieron las reglas para la postulación y registro de candidaturas indígenas y afromexicanas a los cargos de diputaciones locales e integrantes de ayuntamientos.
Estas reformas deberán ser aprobadas por el Poder Legislativo local a más tardar 90 días antes del inicio del proceso electoral próximo para que sean vigentes en el próximo proceso.
El plazo que la Corte estableció al Poder Legislativo de Guerrero para las reformas en la materia venció el pasado octubre, pues en su resolución los magistrados vincularon al Congreso en la sentencia de invalidez para que realice la consulta y emita la regulación aplicable “a más tardar, dentro del año siguiente a la conclusión del proceso electoral ordinario 2020-2021”. Sin embargo, el Congreso pidió una prórroga a la Corte y argumentaron que están en “vías de cumplimiento”.
Con la aprobación por el Consejo General de estos lineamientos, el plan de trabajo y el calendario de la consulta se da inicio a este proceso.
La consulta se realizará en “colaboración y coordinación interinstitucional” entre el Congreso y el IEPC de acuerdo con un convenio específico para este fin firmado el martes pasado por la presidenta de la Jucopo Yoloczin Domínguez Serna, y la presidenta del IEPC Luz Fabiola Matildes Gama.
En este convenio, de acuerdo a lo mencionado en un boletín del Congreso local, “las partes firmantes se comprometen a efectuar de manera coordinada la consulta libre, previa, informada, culturalmente adecuada y de buena fe a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas del estado de Guerrero, respecto de la consulta ordenada por sentencia en la Acción de Inconstitucionalidad 136/2020”.
Esta consulta se da a partir del mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a partir de dos procedimientos, en contra de las reformas en materia electoral que tienen que ver con la postulación de candidaturas indígenas y afromexicanas aprobadas por el Congreso local.
La acción de inconstitucionalidad ante la Corte lo promovió un grupo de 16 diputados de Morena de la pasada legislatura, incluida la ahora presidenta de la Jucopo Yoloczin Domínguez, y el Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales de los ciudadanos ante el TEPJF fue presentado por quien se ostentaba como gobernador nacional indígena y representante de las 62 lenguas maternas Hipolito Arriaga Pote, ambas resoluciones ordenan una legislación en la materia a partir de una consulta previa, libre e informada a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
La Corte ordenó que se establezcan en la legislación -a partir de la consulta- las reglas para la postulación y registro de candidaturas indígenas y afromexicanas a los cargos de diputaciones locales e integrantes de Ayuntamientos; y el TEPJF ordenó también que se establezcan las reglas para acreditar la autoadscripción calificada, que deberán observar los partidos, coaliciones, candidaturas comunes y candidaturas independientes, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024 que también tiene que ver con que se dé prioridad a candidatos indígenas o afromexicanos en zonas con mayor población de estos dos grupos.
A partir de esta consulta, deberán quedar establecidas las reglas que operarían para el próximo proceso electoral sobre el número de distritos, municipios, cargos que aplicarían para la exclusividad de representación indígena y afrodescendiente y, que en el caso del Congreso del Estado, deberá expedir el decreto que modifique la Ley 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia indígena y afrodescendiente.
Ayer en la sesión del CG del IEPC se informó que la consulta se realizará en 49 municipios: Acatepec, Ahuacuotzingo, Alcozauca de Guerrero, Alpoyeca, Atenango del Río, Atlamajalcingo del Monte, Atlixtac, Ayutla de los Libres, Azoyú, Buenavista de Cuéllar, Chilapa de Álvarez, Cochoapa el Grande, Copalillo, Copala, Copanatoyac, Cuajinicuilapa, Cualác, Cuautepec, Cuetzala del Progreso, Eduardo Neri, Florencio Villarreal, Huamuxtitlán, Huitzuco de los Figueroa, Iguala de la Independencia, Igualapa, Iliatenco, Ixcateopan de Cuauhtémoc, José Joaquín de Herrera, Juchitán, Malinaltepec, Marquelia, Mártir de Cuilapan, Metlatónoc, Mochitlán, Olinalá, Ometepec, Quechultenango, San Luis Acatlán, Tepecoauilco de Trujano, Tixtla de Guerrero, Tlacoachistlahuaca, Tlacoapa, Tlalixtaquilla de Maldonado, Tlapa de Comonfort, Xalpatláhuac, Xochihuehuetlán, Xochistlahuaca, Zapotitlán Tablas y Zitlala.
También se hizo la precisión que los resultados de la consulta se sistematizarán y entregarán al Congreso local a través de la Jucopo para que realice las reformas necesarias. El IEPC también utilizará esta información para aprobar los lineamientos que aplicarán en el próximo proceso electoral en materia indígena, y se aprobó la convocatoria para observadores de este proceso de consulta.
Además, se aprobó una modificación del Programa Operativo Anual, así como el Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2023 del IEPC para atender el convenio específico de colaboración interinstitucional suscrito entre el Congreso local y el instituto electoral.
En la sesión también se tomó protesta a las nuevas integrantes del Servicio Profesional Electoral Nacional. Se trata de Deysi Anahí Santiago Baltazar, como Técnica de lo Contencioso Electoral, Marleny Larios Bazán como Técnica de Organización Electoral, Aimé Hernández Vélez como Técnica de Sistemas Normativos Pluriculturales, y Gabriela Elizabeth Ávila Gonzaga, Técnica de Sistemas Normativos Pluriculturales.
 

Decidirá la asamblea de autoridades de Ayutla si hay consulta sobre el sistema de elección

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

En la Asamblea Municipal de Autoridades y Representantes Comunitarias del municipio de Ayutla de los Libres, se decidirá si se realiza o no la consulta para preguntar a los ciudadanos si quieren regresar al sistema de elección de sus autoridades por partidos políticos o continuar por usos y costumbres indígenas, informó el consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) Guerrero, Edmar León García.
Luego de que el pasado jueves, el pleno del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero (TEE) ordenó al Consejo General del IEPC desahogar las etapas planteadas en su propuesta de trabajo de agosto de 2020, para realizar la consulta ciudadana en la que se preguntaría a los ciudadanos de Ayutla si están de acuerdo a modificar el sistema de elección de sus autoridades en el municipio y pasar del actual de usos y costumbres al sistema de partidos políticos y candidatos independientes.
Además, le dio un plazo de 48 horas para presentar el calendario de actividades, de no acatar lo ordenado, el IEPC se haría acreedor a una “medida de apremio”.
Consultado al respecto, vía telefónica, el consejero presidente de la Comisión Especial de Sistemas Normativos Internos, Edmar León García, comentó que el TEE está dando cumplimiento a una sentencia anterior, luego de que el 10 de septiembre de 2019 ciudadanos de Ayutla solicitaron hacer la consulta para preguntar si se regresaba al sistema de partidos o se quedan en el sistema normativo interno, sistema que adoptaron desde la elección de 2017-2018.
Sostuvo que hubo una cadena impugnativa en el TEE y la Sala Regional de la Ciu-dad de México, y que el IEPC ha manifestado que no les corresponde determinar la realización o no de la consulta, porque según los precedentes, son las propias autoridades de Ayutla quienes deben decidir si realizaban o no esa consulta.
Aclaró que lo que mandató el TEE el pasado jueves no es para realizar la consulta, sino que es un procedimiento para que se le pregunte a la Asamblea Municipal de Representante, es decir, la autoridad comunitaria máxima de Ayutla, si procede o no procede la consulta.
Resaltó que tomar la decisión no le corresponde el Consejo Municipal Comunitario, ni a Ysabel de los Santos Morales, quien es el coordinador número uno con funciones de presidente municipal, sino a las 140 autoridades y representantes de colonias, poblados y comunidades de Ayutla.
León García mencionó que no es un hecho la consulta, pero dijo que el IEPC se ha reunido con el Consejo Municipal Comunitario desde el año pasado. La última reunión que tuvieron fue en febrero y se consensuó que en marzo se haría otro encuentro “para ya tomar la decisión de iniciar conforme al calendario y el plan de trabajo”, y cumplir la sentencia y se determine si va a llevar a cabo o no la consulta.
Precisó que la sentencia del TEE dice que tienen un plazo de diez días hábiles a partir del jueves 16 de marzo, para iniciar el procedimiento, es decir, que el Consejo Municipal Comunitario y el IEPC decidan fechas, lo que determinarán esta semana, aunque no precisó el día.
“Estamos en tiempo, son diez días después de esa determinación, le tendremos que informar al Tribunal en el plazo de 48 horas para que cumplamos con la determinación, lo que seguiría es la ejecución de ese cronograma de actividades que se va consensuar”.
En junio de 2022, El Sur presentó una serie de textos en los que se documentó los antecedentes y las razones de por qué en 2018 se instaló en Ayutla el primer y único gobierno en Guerrero por usos y costumbres indígenas, y cómo políticos y empresarios iniciaron una campaña de desprestigio, minando su credibilidad y poniendo en duda la capacidad administrativa de los pueblos indígenas.
Cabe recordar que en Ayutla, se ejercía una política de discriminación, racismo y pauperización de los pueblos indígenas, que tuvo su mayor expresión con la masacre de El Charco, el 7 de junio de 1998, con la esterilización de indígenas sin su consentimiento y la violación sexual de indígenas por militares, con esos antecedentes, además de la violencia por los grupos criminales, lograron conformar la Casa de los Pueblos de Ayutla.
El Sur expuso cómo habitantes de Ayutla consideraban que con la imposición de Ysabel de los Santos Morales como coordinador número uno con funciones de presidente, en el segundo periodo del gobierno por usos y costumbres (2021-2024), se buscaba debilitar y desestabilizar el Sistema Normativo Propio, con miras a regresar al de partidos, al que habían rechazado por la corrupción, racismo, abandono y marginación de los pueblos indígenas.

 

Consultarán a pueblos indígenas y afros para reforma a Ley de educación indígena

La diputada federal Araceli Ocampo Manzanares, y el ex diputado local de Morena Luis Enrique Ríos Saucedo, durante la conferencia para anunciar la realización en Chilpancingo de un foro de consulta a pueblos indígenas y afromexicanos en materia de educación Foto: Jessica Torres Barrera

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

La diputada federal por Morena, Araceli Ocampo Manzanares, anunció que se realizará en Chilpancingo un foro de consulta a pueblos indígenas y afromexicanos en materia de educativa, a partir de las cuales se realizarán reformas en la materia en la Cámara de Diputados.
En conferencia de prensa en Chilpancingo explicó que con este foro se pretende recoger las opiniones de comisarios, comisarías ejidales, asociaciones civiles y líderes de comunidades indígenas y afromexicanas, para reformar la Ley General de Educación en Materia de Educación Indígena.
El foro será estatal, y así como en Chilpancingo, se realizará también en todos los estados de la República.
Araceli Ocampo informó que este foro de consulta se realizará el 24 de marzo, y precisó que este es convocado por la Cámara de Diputados.
La morenista estuvo acompañada por el ex diputado local Luis Enrique Ríos Saucedo. En la conferencia Araceli Manzanares apuntó que el foro de consulta será en el salón Finca Santa María, en la colonia India Bonita.
En el foro estarán presentes relatores y traductores de las cuatro lenguas indígenas que se hablan en Guerrero, tlapaneco, amuzgo, náhuatl y mixteco, “vamos a contar con todo el equipo que se requiere para una consulta de buena fe, informada y culturalmente adecuada”.
Los puntos que se tratarán en esta consulta son el “rezago educativo, la garantía de las lenguas indígenas, del desarrollo y protección oral y escrita, habilidades y conocimientos del perfil docente, una educación digna, acceso permanente y aprendizaje, educación obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica”.
Comentó también que esperan la asistencia de autoridades del gobierno del estado, de la federación, así como de representantes del Congreso de la Unión, específicamente de las Comisiones de Educación y de Pueblos Indígenas y Afromexicanos.

 

Aprueba el IEPC integrar a representantes de pueblos indígenas y afro en los Comités Distritales

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

Por unanimidad, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), aprobó los resultados de la consulta a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas para incorporar representaciones de las poblaciones mixteca, tlapaneca, náhuatl y amuzga, o afromexicana en nueve Consejos Distritales Electorales (CDE); en el órgano general habrá solo un representante de pueblos originarios y uno afrodescendiente.
Esta consulta y finalmente el acuerdo aprobado ayer son para dar cumplimiento a la sentencia SCM-JDC-274/2020 y acumulado, por la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
En el Consejo General del IEPC se integrará para el próximo proceso electoral una fórmula indígena y una formula afromexicana y en nueve Consejos Distritales Electorales (CDE) una o hasta tres representaciones de dichas poblaciones.
En la sesión, el consejero Edmar León García destacó que la consulta para la incorporación de representación de pueblos indígenas y afromexicanos los CDE es la más grande que el órgano ha realizado en el estado, porque se realizó en 43 municipios, y que se trató de una consulta “constructiva” porque no se trató del cambio de modelo de elección sino “fue una construcción de acuerdos alcanzando los más altos consensos posibles de los pueblos”.
Otro dato que destacó es que se invitaron a participar a 2 mil 344 comunidades indígenas, principalmente a través de sus autoridades comunitarias “que son la voz de las comunidades” y la participación en los diálogos informativos fue del 40.78 por ciento, y en el caso de la fase deliberativa o consultiva fue del 30.83 por ciento del total de poblaciones o autoridades convocadas.
León García señaló que lo que con los resultados de la consulta “están modificando en esencia el sistema electoral de nuestra entidad, es algo muy relevante para el instituto, para la democracia en el estado porque se trata de incluir a grupos históricamente vulnerados y discriminados, dentro de la voz y donde se organizan las elecciones”.
Guerrero será el primer estado que tenga en la integración de los CDE a representaciones de los pueblos indígenas y afromexicanos.
La representación de estos pueblos ante los CDE quedará así: en el distrito 14 con cabecera en Ayutla habrá representación de los pueblos originarios mixteco, tlapaneco y nahua; en el distrito 15 de Florencio Villarreal habrá una representación del pueblo afromexicano; en el distrito 16 con cabecera en Ometepec habrá representación de los pueblos amuzgo, mixteco y afromexicano.
En el distrito 23 con cabecera en Huitzuco de los Figueroa habrá una representación del pueblo nahua; en el 24 de Tixtla de Guerrero las representaciones serán de los pueblos originarios náhuatl y tlapaneco; en el distrito 25 con cabecera en Chilapa solo tendrá representación nahua; en el distrito 26 con cabecera en Oli-nalá habrá nahuas, mixtecos y tlapanecos; en el distrito 27 de Tlapa de Comonfort las representaciones serán de los pueblos mixteco, tlapaneco y náhuatl; mientras que en el distrito 28 con cabecera en San Luis Acatlán las representaciones serán de los pueblos mixtecos y tlapaneco.
En lo aprobado se precisó que para la designación de estos espacios se debe considerar la paridad, por lo que se deben incorporar en los CDE nueve mujeres y ocho hombres indígenas; una mujer y un hombre afromexicano, y que posteriormente se emitirá la reglamentación que especificará la manera de selección de estas representaciones y qué distritos electorales deberán reservarse la elección de mujeres.
En el caso de Eduardo Neri, Ixcateopan de Cuauhtémoc, Cuetzala del Progreso, y Tecoanapa que debido a la nueva redistritación quedaron integrados en distritos que no se consideran indígenas o afromexicanos, se propone como acción afirmativa complementaria que podrán elegir -observando la paridad de género- una formula de representación indígena y afromexicana para que se incorpore en los CDE.
En el acuerdo aprobado y sus anexos, se justifica que en el Consejo General solo haya una representación de pueblos indígenas y otro del pueblo afromexicano porque con eso se garantiza el derecho que la Sala Regional ordenó, y se señala que “los propios pueblos proponen, pudiera garantizarse un acceso rotativo de dicha representación, por períodos, a cada uno de los pueblos: nahua, mixteco, tlapaneco, amuzgo, y con ello se tenga interlocución permanente desde el CG con la comunidad indígena y la comunidad afromexicana”.
Las dos fórmulas una de pueblos originarios y otra del pueblo afrodescendiente que se integrarán al Consejo General del IEPC durarán tres años en el cargo.
Por su parte la consejera Vicenta Molina Revuelta consideró que la incorporación de representantes de estos pueblos que históricamente han “sido vulnerados y marginados” sienta un “precedente vanguardista y garantista”.
La consejera reconoció que la participación de comunidades y autoridades comunitarias no fue la que esperaban, sin embargo, dijo que la participación de las 729 autoridades “no es menor”.
La consejera Cinthya Citlali Díaz Fuentes explicó cómo se realizó el proceso de consulta desde el estudio de la resolución del mandato del Trife.
Los representantes del PT y Morena Isaías Rojas Ramírez y Esther Araceli Gómez Ramírez plantearon por separado la necesidad de continuar avanzando en las acciones afirmativas y no esperar a que los órganos jurisdiccionales mandaten el reconocimiento de derechos a partir de procesos que los grupos vulnerables inician.
Y la consejera Azucena Caye-tano Solano consideró que es necesario que en el Consejo General haya representaciones de cada uno de los cuatro pueblos originarios y una más del afromexicano.

Reforman Manual de Remunera-ciones de los Servidores Públicos

En esta sesión, se aprobaron también reformas y adiciones a disposiciones del Manual de Remuneraciones de los Servidores Públicos del IEPC, así como el Acuerdo mediante el cual “se autorizó la transferencia de recursos financieros de la cuenta bancaria del ejercicio fiscal 2022 a las cuentas bancarias para el ejercicio fiscal 2023, que permitirán garantizar la operatividad del IEPC Guerrero, además dará cobertura al pago complementario del financiamiento público ordinario a los partidos políticos acreditados que corresponde al mes de enero 2023; a las actividades del Programa Anual de Trabajo de las Comisiones Permanentes y Especiales y la ratificación de la excepción al procedimiento de licitación pública nacional para el arrendamiento de inmuebles que son utilizados como oficinas y bodegas”, del cual no se compartió en documento para conocer detalles del tema.
También se informó de la presentación de los informes mensuales sobre el origen y destino de los recursos de las organizaciones ciudadanas que pretenden obtener registro como partido político local, correspondientes a noviembre del 2022. Además de los reportes bimensual y anual del monitoreo cuantitativo y cualitativo, en medios de comunicación impresos y de radio y televisión del periodo ordinario y 2022.

 

Alteraciones a la Ley 179 postergaban entrada en vigor de derechos de los pueblos indígenas

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

A nueve meses de la alteración al artículo segundo transitorio de la Ley 179 del Sistema de Seguridad Pública, el Poder Legislativo no ha logrado aclarar qué fue lo que sucedió y mucho menos se han señalado a los responsables. Mientras tanto sigue su curso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación la acción de inconstitucionalidad promovido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en contra de la aprobación de esta legislación que se generó a partir de un cuestionado proceso de consulta.
La ley 179 del Sistema de Seguridad Pública Estatal fue aprobada por el pleno del Congreso local la noche del 12 de abril, y publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado dos días después. Sin embargo, en este último tramo, el documento sufrió una alteración al artículo segundo transitorio, hecho por el cual el 27 de ese mismo mes se creó la Comisión Especial para que investigara el caso.
El texto del segundo artículo transitorio leído en la sesión del Congreso local, y que posteriormente fue aprobado por unanimidad de los 41 diputados presentes establecía que lo “dispuesto en el artículo 30, fracción VIII, de la presente Ley, surtirá sus efectos una vez aprobados los Decretos que contengan las reformas y adiciones reformas al Artículo 14 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, y a la Ley número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, ambas en materia de Seguridad Comunitaria”.
Mientras que lo publicado en el Periódico Oficial, señala que dichos artículos “no entrarán en vigor hasta que concluya la consulta mandatada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Acción de Inconstitucionalidad 81/2018, y en su caso el Congreso deberá realizar las reformas o adiciones necesarias a estos artículos a partir de lo establecido por los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en dicho proceso de consulta”.
La consulta a pueblos indígenas y afromexicanos en materia de seguridad pública debió iniciarse por la 62 legislatura ya que tenía un plazo de 12 meses para realizarla, pero se inició dos meses antes de que venciera el plazo, a mediados de febrero de 2022 y el dictamen se presentó ante el pleno el 12 de abril.
Organizaciones como la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan denunciaron recurrentemente que la consulta que realizaba el Congreso era una simulación, además solo el 36 por ciento de las comunidades invitadas a participar aceptaron ser parte de este proceso.
Finalmente, el 12 de abril pasado se llevó ante el pleno un dictamen de una nueva ley, la 179 del para sustituir la 777 de Seguridad Pública. En el nuevo ordenamiento los diputados de la 63 legislatura suprimieron los artículos en los que se reglamentaba el qué es, cómo se rige, y como se conforma la policía comunitaria.
De esa forma el Congreso de Guerrero buscó sortear el vencimiento del plazo que estableció la Corte, debido a que la ley 777 quedaría sin validez a partir del 14 de abril, fecha límite para que el Poder Legislativo expidiera una nueva legislación a partir de una consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe.
Además de que el Congreso de Guerrero realizó de manera exprés, en dos meses una consulta a los pueblos indígenas y afromexicanos que le mandató la Corte, tras su aprobación por el pleno, el texto de uno de sus artículos transitorios fue alterado y esta legislación está nuevamente en un proceso de inconstitucionalidad.

 

Presiona la alcaldesa de Ayutla a comisarios para impugnar la consulta, denuncia el MPG

El Movimiento Popular Guerrerense (MPG) de Ayutla denunció que la presidenta municipal del PRI-PVEM, Hortensia Aldaco Quintana, presiona a comisarios de comunidades para que firmen un documento donde rechazan la elección por usos y costumbres, con el fin de impugnar los resultados de la consulta realizada.
El integrante de la organización, José Luis Salgado, que apoyó a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) en la consulta, expresó que los documentos serán utilizado por la presidenta para impugnar el proceso de consulta que se realizó en el municipio.
Vía telefónica, el representante del MPG informó que tras el triunfo de las asambleas donde se eligió la elección de las autoridades municipales por el método de usos y costumbres, la alcaldesa ofrece hasta diez mil pesos para que los comisarios digan que no estuvieron de acuerdo en la elección del método.
Los días 10, 11, 17 y 18 de octubre se realizaron asambleas en las comunidades del municipio. El 20 de octubre el asesor legal de la UPOEG, Manuel Vázquez Quintero, informó que los resultados finales fueron 5 mil 987 votos para el sistema normativo propio o por usos y costumbres, y 5 mil 521 votos a favor del sistema de partidos políticos.
José Luis Salgado dijo que en las colonias de la cabecera, donde los representantes de los asentamientos estuvieron a favor de la elección del sistema comunitario, la presidenta Aldaco Quintana inició un proceso de renovación de los delegados, como ha ocurrido en las colonias La Villa, San José y Barrio Nuevo. En este última colonia la presidenta impuso como representante a la esposa del síndico Noé Morales.
Por otra parte el representante del MPG informó que no hay acuerdos con la actual presidenta para la entrega del Ayuntamiento, cerrado desde el 19 de octubre del 2014 como parte de la lucha para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.
Informó que buscan un acercamiento con el gobernador Héctor Astudillo Flores para buscar una solución a las denuncias penales contra integrantes de la organización en Ayutla, acusados de atentar contra la sede del Instituto Nacional Electoral del distrito 08 durante las protestas antes de las elecciones del 7 de junio pasado.

Confía Chavarría en que todos los aspirantes del PRD acepten la consulta

Ezequiel Flores Contreras

Chilpancingo

El senador y precandidato del PRD, Armando Chavarria, dijo que no tiene “miedo” de que se investigue el origen de los recursos que utiliza en su precampaña, rechazó que se utilicen en la misma recursos de la UAG, y aseguró que sus actividades son financiadas por universitarios y “otras personas”.

Así respondió Chavarría a pregunta expresa sobre las declaraciones del también precandidato Félix Salgado Macedonio, quien demandó a la dirigencia estatal del PRD investigar el origen de los recursos que utiliza Chavarría en su precampaña.

Por otro lado, consideró “muy difícil” que algún precandidato decline a favor de otro y confió en que “todos” acepten la consulta abierta como método de selección de candidato.

Abordado antes del informe del rector de la UAG, Nelson Valle López, Chavarría dijo que este método fue acordado por el Congreso Nacional y solamente pude modificarse en caso de que las dos terceras partes del Consejo Estatal decidan la aplicación de otro método.

Sin embargo, advirtió que no aceptará “presiones de ningún lado” y reiteró que julio es la fecha adecuada para elegir al candidato perredista.