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Buscan 200 académicos de la UAG direcciones de prepas, facultades y centros, dice el rector

El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Javier Saldaña Almazán, indicó que hay 200 catedráticos que buscan postularse como candidatos a directores en 105 escuelas preparatorias, facultades y centros de investigación, con quienes se ha reunido para buscar la unidad, y alertó de una campaña contra las aspirantes mujeres.
En su discurso luego de la ceremonia de honores a la bandera en el patio de la Rectoría, Javier Saldaña se refirió al proceso electoral que inicia este viernes con el registro de los candidatos a directores, y culmina con la toma de protesta de los ganadores en la sesión del Consejo Universitario prevista para el 6 de junio.
Afirmó que están garantizados todos los derechos de los universitarios que deseen participar en las elecciones, siempre “que no hayan faltado a la normatividad” con un acto ilegal en la institución.
Saldaña Almazán informó que se ha reunido con 200 hombres y mujeres catedráticos, quienes quieren participar como candidatos a directores, a los que ha llamado a la unidad y a la cordura. Expresó que a él le interesa tener directores legitimados en el proceso electoral y que no impondrá candidatos.
“Porque si yo enarbolo una candidatura, si regresamos al pasado, comprometemos a la universidad con tiempos completos que no se justifiquen, con categorías que no estén en el contrato colectivo, con contrataciones que la universidad no puede mantener ahora. Eso significa hipotecar a la universidad”.
En declaraciones, el rector alertó que hay una fuerte campaña de agresión contra las mujeres aspirantes y candidatas, pero no mencionó un caso específico y llamó a los universitarios a ir al proceso electoral en forma pacífica, a no agredir y denostar a las mujeres.
En su discurso, el rector también agregó que la universidad está financieramente “pendiente de alfileres”, pero que por lo cuidadoso que ha sido, la administración de la institución no está en la quiebra, como la Universidad Michoacana, que recibe 3 mil millones de pesos de subsidio, es decir, millones más en presupuesto.
En este contexto, agregó que la universidad también ha invertido 10 millones de pesos en la renta de las casas de estudiantes, 5 millones en la compra de alimentos para el Comedor Universitario, además del pago de la seguridad privada, que es de 26 millones de pesos anuales, para las escuelas y áreas administrativas.

Encuentro con candidatos presidenciales

El rector también informó que el jueves y viernes acudió a la reunión de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), con cuatro de cinco aspirantes a la Presidencia de la República, pues el único que aún falta por acudir es López Obrador, a quienes se les hizo la entrega de un documento avalado por más de 191 intuiciones educativas públicas y privadas del país, donde, entre otros temas, se expone la situación de la educación superior en el país, en aspectos tanto académicos como económicos.
Dijo que no habló con ninguno de los cuatro candidatos, quienes se comprometieron a retomar las propuestas de las universidades en caso de ganar las elecciones. Entre ellas, que se nivele el presupuesto por alumno de las instituciones, lo que sería un respiro para la UAG.
En este contexto, recordó que en Guerrero sólo dos de cada diez estudiantes tiene la oportunidad de iniciar una carrera de nivel superior, “nos preocupa mucho”; y ante los reclamos por no abrir otro grupo de la carrera de Medicina, dijo que tiene que ver con la falta de campos clínicos donde los alumnos realicen sus prácticas.
Saldaña Almazán dijo que como rector no dará línea para votar por un determinado candidato a elección popular. A pregunta de un reportero, indicó que “en su mayoría” los candidatos a elección popular que trabajan en la UAG están sin goce de sueldo, pero no abundó en el tema.
De la salida y renuncia del fiscal general, Javier Olea Peláez, indicó que de los casos de 30 universitarios asesinados en cuatro años el ex fiscal resolvió unos diez, y opinó que quien llegue a la fiscalía debe de tener moral y estar preparado, “tiene que saber cómo ir moralizando la institución”.
Además, expresó que el ex fiscal atendió los casos de los universitarios, pero faltó dar resultados y espera que quien llegue lo haga.

Advierte investigadora contra el bajo nivel de la organización ciudadana en México

Las asociaciones de ciudadanos son un elemento importante de la democracia contemporánea, y en casos como en Estados Unidos son un soporte para defender a los migrantes, subrayó la socióloga y politóloga de la UNAM, Cristina Puga, quien advirtió que esas formas de participación social en los asuntos públicos no tienen en México la extensión que alcanzan en países desarrollados.
Durante su conferencia magistral Asociaciones y ciudadanía: teorías, métodos y fundamentos empíricos, la investigadora dijo que las propias asociaciones de ciudadanos “han sido fundamentales para proteger y defender los derechos de los migrantes, en este momento actúan como colchón protector de muchos de los que están en condiciones irregulares en Estados Unidos”.
Subrayó que éstas han fortalecido las redes interpersonales en las últimas semanas porque la gente está encargando a los hijos nacidos en ese país.
Resaltó que las marchas que se han dado en Estados Unidos son convocadas por asociaciones preocupadas por lo que está sucediendo.
Otra forma que resaltó es el caso de Las Patronas, la asociación de mujeres de Veracruz que cuidan y dan de comer a los inmigrantes centroamericanos, y destacó aquí que se trata de agrupaciones que a lo mejor no están registradas oficialmente pero que cumplen una función social.
Sobre las policías comunitarias que se han extendido en estados como Guerreero, Puga dijo que en algunos casos podrían llamarse como asociaciones, pero “son muy particulares, son asociaciones armadas para empezar y eso ya las diferencia de otras; y en ocasiones trabajan de acuerdo con ciertos niveles del Estado y hay otra que le disputan al Estado el monopolio de la violencia”.
Indicó que deben entenderse de forma diferente.
Informó que en la Sedesol están registradas unas 26 mil asociaciones en el país, muy pocas considerando que en Estados Unidos hay más de un millón 400 mil, en Francia 200 mil y en Alemania 246 mil.
En su conferencia ante alumnos del Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados Ignacio Manuel Altamirano de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), la investigadora dijo que las asociaciones son importantes para la participación democrática y se llegó a la conclusión de que no basta la democracia representativa y se tiene que abrir hacía otras formas.
Indicó que los cambios a la sociedad se atribuyen a una sociedad más vigilante de los proceso democráticos; que se crean espacios de deliberación entre el gobierno y la sociedad.
Indicó que la sociedad logró una nueva ley que se aprobó en la Cámara de Diputados y que consiste la Ley 3 de 3, la cual es la primera iniciativa ciudadana que llega hasta el final, donde “todo un grupo de asociaciones que impulsaron la iniciativa a lo largo de todo el proceso cabildeo; entonces es interesante que se empiecen a organizar estos caminos”.
Aunque dijo que hay numerosos obstáculos tanto en las organizaciones como el gobierno para que estos caminos funcionen.
Dijo que las asociaciones son escuelas de democracia donde los participantes aprender a debatir y dar sus opiniones. Señaló que hay momentos donde la participación ciudadana se vuelve más importante y quienes pueden participar en representación de los ciudadanos o incorporarse a espacios de participación ciudadana son las asociaciones.
Sobre el que muchas veces las asociaciones se vuelven serviles al gobierno, la investigadora señaló que hay de todo y es un riesgo, pero a diferencia de los espacios polìticos aquí requiere una mayor presencia ciudadana para tomar decisiones.
Señaló que las asociaciones son una oportunidad de la sociedad para dar su opinión en temas que pueden ser muy significativos.
Finalmente indicó que las asociaciones son un tema muy interesante para la sociología como para la ciencias políticas, que han sido poco explorado en todas sus posibilidades y “hay que analizar a profundidad para saber tanto las partes positivas para el desarrollo democrático que tiene la asociación como aquellos elementos que a veces desde dentro mismo de las asociaciones estuvieron funcionando en contra, pero que es un elemento muy importante”.

Ya hay una orden de aprehensión contra el diputado priista Saúl Beltrán por asesinato

Desde el 9 de este mes existe una orden de aprehensión por homicidio contra el diputado local priista Saúl Beltrán Orozco, dictada por una juez de Chilpancingo, reveló anoche el noticiero 10 en Punto de Televisa, que dirige la periodista Denise Maerker.
De acuerdo con una nota del reportero Raymundo Pérez Arellano, el ex alcalde de San Miguel Totolapan está acusado de ordenar el asesinato del empleado municipal, José Antonio Ceferino Gil, quien atestiguó el secuestro del párroco de la Iglesia de San Miguel Totolapan, José Ascencio Acuña, quien también fue asesinado.
La nota detalla que Ceferino Gil era trabajador de Catastro en el Ayuntamiento de San Miguel Totolapan, cuando el 24 de septiembre de 2014 sicarios de un grupo de la delincuencia organizada, apoyados por policías municipales, lo sacaron a la fuerza de su casa.
El padre de la víctima, José Ceferino Vergara, buscó al entonces alcalde, el ahora diputado priista Saúl Beltrán Orozco, quien le pidió que regresara al día siguiente, y le informó: “Ya no vas a volver a ver a tu hijo”.
En el programa se presentó una imagen del texto de la orden de aprehensión con las declaraciones del padre de la víctima.
Dos días antes de que fuera secuestrado, el trabajador de Catastro, Antonio Ceferino Gil, había atestiguado el secuestro del párroco de San Miguel Totolapan, José Asencio Acuña, quien ofició el bautizo donde Saúl Beltrán Orozco y el líder criminal Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero, se hicieron compadres. Al padre Ascencio Acuña se lo llevaron el 22 de septiembre.
La nota fue acompañada por imágenes del bautizo de la hija de El Tequilero, al que asistió el entonces alcalde de San Miguel Totolapan, Saúl Beltrán Orozco, e incluso en el video se escucha como el cantante del grupo que amenizaba la fiesta le manda saludos a “mi amigo El Tequi” y también al alcalde.
En el video del bautizo aparecen Saúl Beltrán y también El Tequilero, mientras que hombres vestidos de civil con armas largas están en posición de vigilancia en la entrada de la fiesta.
Como parte de la nota se presentó un testimonio anónimo de un miembro del Movimiento por la Paz, que describe que el ex trabajador de Catastro presenció cuando un grupo de Los Tequileros y “un escolta” del ahora diputado local Beltrán Orozco sacaron de la iglesia al párroco.
“Entonces fue el único que presenció eso y por haberlo hecho fue que también lo asesinaron, fue mandado asesinar por Saúl Beltrán”, señaló.
A raíz de las investigaciones fue detenida la policía municipal Perla García Navarro, acusada de secuestrar y asesinar al párroco, quien en su declaración ministerial detalló que quien ordenó matar al religioso “fue el presidente (Saúl Beltrán), ordenó que levantáramos al cura por problemas que tenía con él, lo fuimos a sacar a la iglesia el día 22 de septiembre del 2014”.
Perla García Navarro agregó en su declaración que cuando entraron a la iglesia iba entrando también Antonio Ceferino Gil, quien vio cómo se llevaron al párroco José Ascencio Acuña. “Así que nos ordenó el presidente municipal Saúl Beltrán Orozco, que lo desapareciéramos para que no hablara”.
Ante los hechos, el 9 de enero se decidió girar una orden de aprehensión, ante la existencia de elementos, contra Saúl Beltrán Orozco, por considerarlo probable responsable de homicidio calificado en contra de Antonio Ceferino Gil. Pero la orden de aprehensión no ha sido ejecutada aún y no se sabe si la Fiscalía General del Estado ya solicitó al Congreso local que abra un juicio de procedencia para quitarle el fuero al diputado priista.

Marchan en la Costera contra el gasolinazo, las reformas de Peña Nieto y por los 43

Integrantes de diferentes sindicatos, organizaciones y asociaciones civiles marcharon ayer por la avenida Costera en contra del gasolinazo y exigieron al presidente Enrique Peña Nieto un cambio de política económica y social.
Asimismo, exigieron la aparición con vida de los 43 estudiantes desaparecidos de la normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
Los manifestantes concluyeron la marcha con un mitin durante el cual bloquearon por 40 minutos el entronque de la Costera con la avenida Cuauhtémoc, donde pidieron que se deroguen todas las reformas estructurales.
Unos 800 manifestantes marcharon del asta bandera hacia el Zócalo, ocupando todos los carriles en el sentido a Caleta.
El contingente fue encabezado por integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores, principalmente del Sindicato de Telefonistas, que llevaban una manta que decía “fuera Peña Nieto y sur reformas”, en letras rojas con negro.
Había otras mantas de las diversas organizaciones, como la del grupo Por México Hoy, que decía “no al aumento del precio de la gasolina y diesel, eso traerá carestía de alimentos y medicinas. Contra los corruptos: el pueblo organizado. Atte ciudadanos y organizaciones sociales. Basta de abusos”.
Otros llevaban pancartas con el mensaje “rechazo al gasolinazo, no es un acto de caridad, es un acto de justicia. Magisterio”.
También protestaron contra los altos cobros de energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y hubo quien exigió al alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, que se invierta en los mercados de artesanías.
También participaron en la marcha integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG) sección 14, del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad Autónoma de Guerrero (STAUAG), del Sindicato de Trabajadores del DIF Guerrero, jubilados de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), opositores a la presa la Parota, de la asociación Lucio Cabañas, de Cejobasa y de Comerciantes y prestadores de Servicios Turísticos.
Durante la marcha, los participantes gritaron consignas siguiendo a los oradores, al frente los trabajadores de la UNT y a la mitad del grupo los de la CETEG, que coincidían en exigir el no incremento a la gasolina y el rechazo a las reformas estructurales, principalmente la laboral.
“Avanza la marcha de la esperanza”, anunció el orador mientras caminaban, e invitaba a quienes desde la banqueta observaban el paso del contingentes.
“Estamos en contra de las reformas porque no han dado para nada beneficios al pueblo”, gritaban, o “ni aquí ni allá la reforma pasará”, “pueblo únanse a esta marcha contra el mal gobierno que nos está llevando al despeñadero”, “en orden y en paz queremos trabajar, por eso los contratos se deben respetar”.
Se puntualizó que la marcha fue una convocatoria nacional y que es una muestra de que cuando el pueblo se organiza para luchar puede avanzar, y que los maestros han dado ejemplo de eso.
Exigieron que se deroguen todas las reformas estructurales.
A las 6:20 de la tarde llegaron a la esquina de la Costera con Cuauhtémoc, y los contingentes decidieron acomodarse en cuadro bloqueando las dos vías, sumándose así a la protesta que tenían ahí integrantes de Morena, que también protestaron contra el gasolinazo desde las cuatro de la tarde.
Durante 40 minutos, los manifestantes bloquearon los dos carriles de la Cuahtémoc frente a la tienda Sambor’s, y la Costera, interrumpiendo temporalmente el servicio del Sistema Acabús, porque bloquearon la ruta de los camiones, que después daban vuelta en la calle Jesús Carranza y no llegaban a la estación de Oviedo.
En el mitin el secretario general de la sección 14 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), Robespierre Moreno, dijo que quienes pensaron que el pueblo no podría unirse están equivocados, porque se tiene la responsabilidad de rescatar el país, hombres y mujeres con deber y coraje lo harán.
“Exigimos salarios mínimos, que debe de ser de 218 pesos diarios, aquí seguimos en pie de lucha por la justicia social”, dijo.
El responsable de la comisión política de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) en Acapulco, Walter Añorve, expuso que los que estaban ahí tenían calidad moral para exigir un cambio de régimen de fondo, no solamente la salida de Enrique Peña Nieto de la Presidencia de la República.
“No vamos a permitir pasen por encima del derecho del pueblo, hoy tenemos la oportunidad de llamar a los no organizados, el reto es luchar juntos con los que están aquí y muchos más que no pudieron venir”, enfatizó.
El representante del Subcobach, Alfredo Ramírez, dijo que si hay otro aumento en el costo de los combustibles, “desde hoy advertimos al gobierno de Enrique Peña Nieto que no vamos a parar en nuestras movilizaciones, que desde hoy sepa bien el gobierno a lo que se atiene, que vamos todos en contra de la política de este régimen, no podemos aceptar más agravios a la base trabajadora y la sociedad en general”.
De la Organización de Mujeres Feministas, María de Jesús Martínez, dijo que se oponen al alza en el combustible porque aumentan también los productos de la canasta básica y afecta la economía familiar. También exigió justicia para todas las mujeres asesinadas.
En representación de Por México Hoy, Nemesio Soberanis puntualizó que la exigencia es que se cancele el aumento a los combustibles, que abandone Peña Nieto la política equivocada, que es una traición en contra de las familias mexicanas, y le exigió al presidente tener una conducta patriótica ante la postura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Antes de la marcha, el integrante de Por México Hoy, Eloy Cisneros Guillén, expuso que la exigencia al gobierno federal es que se baje el costo de la gasolina por lo menos al precio que tenía el año pasado, “no es posible que estemos soportando esta situación mientras ellos viven como reyes”, dijo en referencia a los funcionarios.
Indicó que si se eleva nuevamente el combustible el presidente de la República debe pensar en las consecuencias.
En Iguala, unos 120 trabajadores del Sindicato Nacional de Telefonistas se manifestaron la tarde de ayer en el hemiciclo a Juárez del zócalo de la ciudad en contra de las reformas estructurales y los incrementos a los productos de la canasta básica.

La marcha del sábado, contra el gasolinazo y Donald Trump, anuncia el CEE del PRD

El Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del PRD anunció que la marcha programada para el sábado 4 de febrero en Chilpancingo, contra el incremento al precio de la gasolina, también será para condenar la política migratoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
En conferencia de prensa después de la sesión del CEE, el presidente del PRD, Celestino Cesáreo Guzmán, acompañado de integrantes de la dirigencia perredista afirmó que si los recursos obtenidos por el plan de austeridad no pasan por la fiscalización del Congreso local, será irregular y eso confirmará el uso faccioso de los recursos a favor de los priistas.
En sus oficinas frente al mercado Baltazar R. Leyva Mancilla, la dirigencia estatal convocó a conferencia de prensa para anunciar la marcha en Chilpancingo contra el incremento en el precio de las gasolinas, que se realizará el sábado 4 de febrero a las 10 de la mañana.
El dirigente perredista dijo que esperan la asistencia de unos 10 mil perredistas a la marcha, que empezará en el parque Margarita Maza de Juárez y se dirigirá al zócalo de Chilpancingo.
En la movilización participarán los dirigentes estatales y de los comités municipales.

El dirigente también informó que convocaron a diputados federales, locales y dirigentes nacionales del PRD, pero hasta ayer ningún líder nacional había confirmado su asistencia.
También están invitados los partidos políticos Movimiento Ciudadano (MC) y Partido del Trabajo (PT), para realizar una marcha conjunta, de los cuales el PRD espera su confirmación.
Celestino Cesáreo dijo que la marcha es para manifestar su repudio al alza en el precio de la gasolina, pero “expresaremos también nuestro repudio a la política migratoria del presidente de Estados Unidos y el respaldo a los miles de guerrerenses que se encuentran en el vecino país”.
Dijo que en Guerrero el PRD es un partido grande, fuerte y con liderazgos que “tienen claro cuál es la coyuntura electoral de 2018 y lo que es la vida del partido”.
A pregunta expresa de un reportero desestimó la posibilidad de que se dé una deserción de militantes.
Del acto priista en el que se tomó protesta al nuevo dirigente del PRI, Heriberto Huicochea Vázquez, que fue encabezado por el gobernador Héctor Astudillo Flores, el líder perredista consideró que es una práctica del sistema priista de hace treinta años.
“Al gobernador se le atrasó el reloj, así funcionaba el PRI hace treinta años y así funciona ahora; no queda claro dónde termina el gobierno y dónde empieza el PRI, son la misma cosa”, dijo.
Campaña permanente para reintegrar a perredistas

Del anuncio del diputado federal y dirigente de la corriente Grupo Guerrero, David Jiménez Rumbo, de que emprenderá una gira por las siete regiones del estado en busca reintegrar al partido a ex perredistas fundadores, el dirigente estatal dijo que el CEE no opina sobre llamados de los dirigentes de cada corriente política.
A Celestino Cesáreo, quien se separó del grupo de Jiménez Rumbo para crear Alternativa Democrática Guerrerense (ADG), se le preguntó si el diputado federal está participando en las movilizaciones del PRD contra el incremento al precio de la gasolina.
El dirigente estatal sólo dijo que GG está participando en las protestas, pero no se refirió al caso particular de Jiménez Rumbo.
Antes, en la conferencia de prensa de la dirigencia perredista municipal, se le preguntó al líder en Chilpancingo, Asunción Martínez Ortiz, sobre el mismo tema, y dijo que lo que diga Jiménez Rumbo “ya no nos merece ninguna opinión”.
Dijo que Jiménez Rumbo es un personaje y militante del PRD que “hoy se levanta con el pie derecho y mañana con el izquierdo”.
De la campaña anunciada dijo que como PRD están en una campaña constante de acercamiento con los perredistas que han dejado el partido, “no necesitamos que él venga a decirnos qué hacer”, precisó.
Se le preguntó si el GG o David Jiménez están participando en las protestas contra el incremento al precio de la gasolina, y respondió que “él no está en Guerrero, está en Michoacán, y seguro está haciendo acciones importantes en el estado de Michoacán”.

Acuerdan en el PRD una “pausa” en sus diferencias y luchar contra al gasolinazo

Durante la sesión de Comité Ampliado del PRD, para definir las acciones contra el gasolinazo en Guerrero, acordaron una “mega marcha” en Chilpancingo el 5 de febrero en la que esperan reunir 10 mil personas.
La marcha es para exigir al presidente Enrique Peña Nieto a dar marcha atrás a la liberación del precio de los combustibles y una muestra de la inconformidad social por la medida.
Otros de los acuerdos fue realizar acciones como asambleas informativas de los comités municipales, “una intensa campaña de volanteo y brigadeo, para difundir la actividad y el impacto del alza”.
La reunión fue en el rancho Los Cedros al sur de la ciudad, donde los representantes de las corrientes internas del PRD, acordaron “cerrar filas y hacer una pausa a las diferencias internas”, comentó el presidente estatal Celestino Cesáreo Guzmán, cuya presencia en la dirigencia ha sido cuestionada.
El acuerdo surgió a partir de varias intervenciones de los asistentes, entre ellos el representante del partido ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) y ex diputado local, Nicanor Adame Serrano, quien llamó a los grupos a dejar discusiones que no sean el de la lucha contra el incrementos de las gasolinas.
En la reunión también se acordó informar al Comité Ejecutivo Nacional de las acciones que definieron realizar en las próximas semanas.
En representación de IPG estuvieron los integrantes de la dirigencia; el secretario general del CEE Demetrio Saldívar, y Estephano Cervantes. De la misma corriente, llegó la diputada local Silvia Romero Suarez.
Estuvieron también representantes de Coduc, entre ellos su líder Sebastián de la Rosa Peláez; de Democracia Social, el diputado Raymundo García Gutiérrez; de la Unidad Democrática Guerrerense (UIG), el coordinador político Félix Moreno, pero no su líder Víctor Aguirre Alcaide.
De Alternativa Democrática Guerrerense (ADG), el diputado Carlos Reyes Torres, y Celestino Cesáreo. De Nueva Mayoría, el diputado Ociel Gugar García Trujillo y el integrante de la dirigencia Salvador Mojica. De MAS, Bernardo Ortega; de Foro Nuevo Sol, Juan Adán Tabares; de Grupo Guerrero, el diputado Ernesto González Pérez, y también estuvieron representantes de Vanguardia Progresista.
La reunión a puerta cerrada duró más de 5 horas. Durante su intervención el representante del PRD ante el IEPC dijo en la reunión que la propuesta de bajar los salarios que propone el gobernador es “hipócrita y ridícula”, además de que funciona como un distractor para recuperar la credibilidad.
Llamó a la fracción del PRD en el Congreso local a desmentir en tribuna el plan de austeridad que anunció Astudillo.
Por su parte Yenedith Barrientos, quien es integrante de la dirigencia perredista por Izquierda Democrática Nacional (IDN), dijo en la reunión que como partido no tienen por qué dar la cara por “los compañeros, cuando ellos hacen las cosas (aprobar el gasolinazo), por un beneficio personal, y (ahora) salir a decir nosotros que lo sentimos”.
En la reunión el diputado Sebastián de la Rosa Peláez propuso realizar reuniones informativas en colonias y comunidades, impulsar las iniciativas ciudadanas en el Poder Legislativo y difundir spots informativos en la radio sobre las consecuencias del gasolinazo.

Otra vez bloquean PRI y aliados en el Congreso exhortos de la oposición contra el gasolinazo

Por segunda ocasión las fracciones parlamentarias del PRI y del PVEM en el Congreso hicieron valer su mayoría y bloquearon dos iniciativas de exhorto propuestas por un diputado del PRD y por el grupo de Movimiento Ciudadano para revertir las disposiciones que permitieron el incremento en el precio de las gasolinas.
Ayer el Congreso local celebró cuatro sesiones para desahogar diversos temas, entre estos los que quedaron pendientes el martes pasado cuando diputados del PRD, PT y Movimiento Ciudadano tomaron la tribuna en contra del gasolinazo, situación que obligó a la Mesa Directiva a suspender la primera sesión del año y trasladarla a este jueves.
Las actividades del Congreso se desarrollaron en medio de un dispositivo de seguridad que estuvo a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del gobierno del estado.
En la avenida de El Trébol, a la altura del monumento a José Francisco Ruiz Massieu, fueron instaladas vallas metálicas y había presencia de policías estatales que vestían playeras blancas y llevaban toletes; lo mismo que en el encauzamiento del río Huacapa, sobre la calle que queda frente al estacionamiento del Congreso; y en la lateral del boulevard Vicente Guerrero, a espaldas del edificio.
Se confirmó que la presencia policiaca era para evitar protestas ante las marchas que se realizaron ayer en contra del gasolinazo y el anuncio que hicieron el miércoles militantes de partidos de izquierda, activistas, médicos, maestros y luchadores sociales de que tomarían la sede del Legislativo.
Pese a ello, la presencia de los policías y la instalación de las vallas no implicó cerrar las calles, por lo que se permitía el paso de automovilistas y transportistas; además no fue necesaria la intervención de la fuerza pública.
La sesión estaba programada a la una de la tarde, sin embargo comenzó dos horas y media después, pues no se completaba el quórum necesario para desahogar los temas pendientes del martes.

Propuestas de MC y PRD

El coordinador de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja, presentó una propuesta de exhorto dirigido al presidente Enrique Peña Nieto para que emprenda acciones que frenen y eliminen los aumentos en el precio de los combustibles fósiles programados para el ejercicio fiscal 2017.
La propuesta incluye también a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que aplique una política fiscal que impida el incremento en los costos de diferentes productos en el mercado como consecuencia del gasolinazo.
En su exposición de motivos, Mejía Berdeja expresó que en una “época de crisis” económica como la que actualmente padece el país, la peor estrategia es incrementar los impuestos, que es lo que sucede con el aumento en el precio de las gasolinas.
“El gobierno federal ha incrementado los ingresos a costa de la población, el gobierno quiere más ingresos pero exprimiendo a la gente. Siguen los gasolinazos en febrero y con eso se confirma la mentira de que con la reforma energética bajaría el precio de las gasolinas, no hay justificación”, expresó desde tribuna.
Movimiento Ciudadano solicitó que su propuesta fuera resuelta como un asunto de urgente y obvia resolución, sin embargo el PRI y el PVEM, que hacen mayoría, lo rechazaron, y en consecuencia fue turnada a las comisiones de Hacienda y Desarrollo Económico para su análisis y dictaminación.
De inmediato el diputado del PRD, Sebastián de la Rosa Peláez, presentó otra iniciativa por la que el Congreso de Guerrero exhorta a Peña Nieto a que declare suspendidas las disposiciones establecidas en los artículos 11 y 12 transitorios de la Ley de Ingresos de la Federación que dieron paso al gasolinazo.
El exhorto se extiende a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para que convoque a un amplio acuerdo nacional que defina el marco jurídico que permita diseñar políticas públicas necesarias para reconstruir el modelo de los mecanismos de aprovechamiento de los recursos petroleros.
En su exposición De la Rosa expresó que sabía que el PRI y el PVEM rechazarían su propuesta, y se refirió a la postura del dirigente estatal del tricolor, José Parcero López, quien el miércoles en un comunicado dio a conocer que en la Montaña habrá una marcha en apoyo a Peña Nieto ante las protestas contra el gasolinazo.
“El gobierno lejos de encontrar o buscar la reconciliación le apuesta cada vez más a la polarización. Estamos claros que es un asunto que sale de la esfera del gobierno estatal y de este Congreso, pero llamamos a la sensibilidad de todos para que el Poder Legislativo asuma la defensa de su pueblo”.
El perredista aseguró que hay otros mecanismos para enfrentar la crisis actual y que podrían aplicarse en lugar de subir el precio en las gasolinas.
En este caso Sebastián de la Rosa también pidió que su propuesta fuera resuelta como un asunto de urgente y obvia resolución, sin embargo el PRI y el PVEM volvieron a imponerse, por lo que fue turnada a comisiones.
Ya en la ronda de intervenciones, la coordinadora parlamentaria del PRD, Erika Alcaraz Sosa, reiteró que el incremento en la gasolina es una consecuencia de la reforma energética que, aseguró, sólo beneficia a las empresas privadas extranjeras.
Indicó que es mentira que el gobierno federal no se beneficia con el alza en los precios de la gasolina y que sólo un porcentaje mínimo de los mexicanos resulta afectado con esta medida.
“En esto se denota la falta de conocimiento de la situación de los pobres en el país por parte del Ejecutivo Federal, porque quienes no tienen vehículo son los que más sufren por el alza de los precios de la gasolina y el diesel, los costos del transporte público aumentan, principalmente los de taxis y los de las combis, no se diga los productos de la canasta básica por los altos costos del transporte”, señaló.
Llamó a la unión de “todas las fuerzas de izquierda” con la sociedad civil organizada a fin de rescatar “la riqueza natural de los mexicanos”.
A esa postura se sumó Ricardo Mejía, quien dijo que el aumento en el costo de los combustibles se encamina a la privatización de los hidrocarburos, pues se despeja el camino a la inversión foránea.
“Se busca entregar a los extranjeros nuestras riquezas. Aunado a ello en este sexenio hay un crecimiento desmesurado de la deuda pública del país, esa deuda ha crecido 15 puntos, esto ha generado que hoy el gobierno recurra a la receta de exprimir a la población”.
El diputado del PT, Freddy García Guevara, dijo que el gobierno federal aún no dimensiona el grado de inconformidad que causó la determinación de subir el precio de los combustibles.
Además exigió a la federación que cuanto antes dé a conocer qué estrategia emprenderá para contener los incrementos que se vienen a diferentes productos, principalmente los de la canasta básica.
Refrendó el compromiso del PT para apoyar las movilizaciones de los diferentes sectores de la población, “no nos cansaremos de levantar la voz en contra de quienes quieren beneficiarse de quienes menos tienen”.

Defensa del PRI

En respuesta, el diputado priista Héctor Vicario Castrejón subió a la tribuna para defender al gobierno federal, y acusó a quienes critican esa medida de asumir una actitud “demagógica y sospechosa”.
Expresó que la liberación del precio de la gasolina es una medida “impopular” pero “fundamentalmente necesaria” para conservar “la salud de la República” y privilegiar el gasto social.
“Los especialistas y el grueso de la academia afirman que esta medida es fuerte, pero postergarla hubiera sido de consecuencias no sólo dañinas sino imprevisibles, tomando en cuenta las constantes variaciones del peso frente al dólar”.
Expresó que extraña la actitud “hasta demagógica, sospechosa, apóstata y populista de quienes engañando al pueblo pretenden distribuir culpas y responsabilidades y erigirse como redentores emergentes de una causa que a todos afecta y a todos golpea”.
Vicario Castrejón explicó que el aumento en el precio de la gasolina no es una cuestión aislada, sino un fenómeno que recorre el mundo, y aseguró que la decisión del gobierno federal fue “dura pero responsable” y que no es consecuencia de la reforma energética o hacendaria.
Antes de su intervención, solicitó que se guardara un minuto de silencio por la muerte del hijo del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, Ángel Aguirre Herrera, quien fuera diputado local y que murió en la madrugada de ayer por un derrame cerebral.

Pide MC justicia por familia asesinada

En la segunda sesión de ayer, que durante la primera hora se desarrolló sin quórum legal, pues sólo había 20 diputados de 24 que se requieren para validar los acuerdos, Ricardo Mejía fijó una postura por el asesinato de la maestra de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Jeany Rosado Peña, de su ex esposo el médico internista del IMSS de Ciudad Altamirano Nicéforo Cabrera Rojas y de su hijo de 13 años, ocurridos en Chilpancingo la noche del domingo.
Expresó que si bien el tema de la economía nacional y el gasolinazo han ocupado la mayor atención en el país, uno de los principales problemas al que se enfrentan los guerrerenses es la “violencia imparable”.
“Esta situación de inseguridad sigue preocupando y debe merecer toda nuestra atención. Quiero referirme a la violencia contra universitarios. Hemos venido señalando que la inseguridad afecta la vida de hombres y mujeres de la Universidad Autónoma de Guerrero, a alumnos, a maestros o gente de los sindicatos”.
Por ello condenó el crimen en contra de la familia Rosado Cabrera, que calificó como un homicidio “cobarde y ruin”, y que se suma al de otros miembros de la UAG que han sido víctimas de la violencia en diferentes municipios del estado.
Desde la tribuna demandó a la Fiscalía General del Estado (FGE) el esclarecimiento de ese crimen, que se identifique y se detenga a los culpables y se garantice justicia a los familiares.
En las sesiones de ayer se clausuraron los trabajos del primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de la actual legislatura, se nombró a los integrantes de la Comisión Permanente y se instaló el primer periodo de receso, por lo que ahora las sesiones se celebrarán cada miércoles.
La Comisión Permanente quedó conformada por Magdalena Camacho Díaz (MC) como presidenta de la Mesa Directiva; Silvia Romero Suárez (PRD) y Eusebio González Rodríguez (PRI) vicepresidentes; y Rossana Agraz Ulloa (PVEM) y Jesús Martínez (PT) como secretarios.
Como vocales fueron electos Flor Añorve Ocampo, Héctor Vicario Castrejón y Saúl Beltrán Orozco del PRI; Sebastián de la Rosa y Rosa Coral Mendoza Falcón del PRD; Eduardo Ignacio Neil Cueva Ruiz del PVEM e Iván Pachuca Domínguez del PAN.

Organizaciones sociales y vecinos de Atoyac marchan contra el gasolinazo

Organizaciones sociales y campesinas, amas de casa, profesionistas, estudiantes y vecinos marcharon ayer en Atoyac contra el gasolinazo.
La marcha fue convocada por el Frente Atoyaquense contra el Gasolinazo y partió de las instalaciones de la preparatoria 22 por la avenida Juan Álvarez al Zócalo de la ciudad.
El contingente hizo paradas breves e hizo tomas simbólicas en las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad y en la de recaudación del gobierno estatal, para protestar contra el alza a los precios de las gasolinas.
La marcha transcurrió sin incidentes; algunas tiendas departamentales y oficinas del gobierno cerraron por precaución, debido a mensajes que se habían difundido en las redes sociales.
En el zócalo el Frente Atoyaquense, en voz del médico Orlando Santiago Garibo, dio lectura a un pliego petitorio que consistió en cuatro demandas de rechazo al gasolinazo y al pacto firmado por partidos con el gobierno federal.
Santiago Garibo destacó que el pueblo de Atoyac regresa a su histórica lucha y hace eco de las que se han iniciado desde el primero de enero en todo el país por el incremento de las gasolinas.
Recriminó que durante el gobierno priista de Enrique Peña Nieto “se han venido acumulando diversas acciones en contra del pueblo, la violencia imparable, la corrupción insultante, comenzando por las casas blancas del presidente y de sus principales funcionarios”.
Abundó en los fraudes millonarios de ex gobernadores y dijo que las reformas energética, fiscal y de educación van en contra de los intereses del pueblo.
Advirtió que el país está por explotar “y una sola chispa puede incendiar toda la paradera, por ello tenemos que encauzar debidamente el descontento social para lograr un verdadero cambio”.
Alertó que el gobierno tiene previstos nuevos gasolinazos para el 4 y 7 de febrero próximo “y a partir del 18 de febrero se tendrán ajustes diarios en función del comportamiento de los precios del petróleo y del tipo de cambio”.
Expuso que rechazan el gasolinazo y el Pacto contra México y demandó el mantenimiento de los precios de las gasolinas y diesel en el nivel de diciembre del 2016.
Asimismo, demandó la liberación de todos los ciudadanos presos injustamente por protestar contra el gasolinazo, “como el caso de los tres protestantes de Durango arrestados cuando se manifestaban ante las instalaciones de Pemex”.
Los manifestantes reiteraron que no harían saqueos en los comercios y que las manifestaciones que seguirán emprendiendo serán de manera pacífica.

El fiscal Olea Peláez acusa a López Rosas de haber ordenado el ataque contra normalistas en el 2011

El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Xavier Olea Peláez, arremetió ayer contra el ex procurador Alberto López Rosas, a quien acusó de ordenar el ataque que sufrieron normalistas de Ayotzinapa el 12 de diciembre de 2011 en un desalojo en la Autopista del Sol, donde fueron asesinados dos estudiantes.
También lo señaló de haber intervenido para que se integrara de manera deficiente la averiguación correspondiente a esos hechos para obtener “protección federal” y manipular las pruebas que existían en su contra.
Ayer se publicó en estas páginas un desplegado de López Rosas, quien era procurador de Justicia cuando fueron asesinados los dos estudiantes de Ayotzinapa, en el que manifestó que a cinco años de esos hechos prevalece la impunidad y exigió la reapertura de la investigación de ese caso.
También acusó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y a la Procuraduría General de la República (PGR) “de ese tiempo” de proteger a policías federales que participaron en el desalojo y que, a diferencia de los estatales y ministeriales, no fueron detenidos ni procesados.
En respuesta, Xavier Olea calificó como “ignominioso y lamentable” lo señalado en el desplegado, y criticó que López Rosas esté exigiendo “lo que él, por su supina ignorancia en la materia de mérito, no pudo resolver”.
Olea Peláez aseguró que el ex procurador carece “de altura de miras” para demandar la reapertura de la investigación y señalar que prevalece la impunidad.
Mediante un comunicado, el fiscal aseguró que la actual administración de la FGE ha redoblado esfuerzos por la justicia, sin amiguismo ni corrupción, lo que, aseguró, sí ocurrió cuando el ahora coordinador de asesores del alcalde de Acapulco estaba al frente de lo que fue la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en el gobierno de Ángel Aguire Rivero.
“Las averiguaciones previas y las carpetas de investigación se integran conforme a derecho, y no como antaño se hacía conforme a los intereses mezquinos de su titular”, dice el comunicado, y negó que se haya protegido a policías federales, como lo expresó en el desplegado López Rosas.
“La auténtica verdad es que el ex procurador aquél día (el 12 de diciembre de 2011) ante su ignorancia jurídica y política se equivocó y, con su manifestación en los medios de difusión, pretende lavarse las manos, cuando todo Guerrero sabe que desde su escritorio – porque de ahí no se movía–, ordenó la agresión a los estudiantes”.
El fiscal indicó que luego de ordenar el ataque, en el que perdieron la vida los estudiantes Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, el entonces procurador se empeñó en manipular las pruebas que existían en su contra.
Explicó que si bien la justicia federal “les otorgó (a los inculpados) la protección federal”, esto ocurrió por supuestas deficiencias en la averiguación que se integró, por intervención de López Rosas.
Además expresó que la Procuraduría carecía de elementos que tuvieran preparación suficiente en materia penal y constitucional para integrar adecuadamente las indagatorias.
“Al efecto, resulta de explorado derecho, que en atención a que se juzgó a los servidores públicos que fueron oportunamente procesados, resulta hoy imposible volver a integrar una nueva indagatoria o carpeta de investigación por esos hechos, puesto que ello violentaría las garantías constitucionales de los gobernados, sean quienes sean, puesto que existe ya una resolución de amparo”, dice el boletín.
Por esta situación, Olea Peláez señaló que no se puede acusar que existe impunidad en el caso, toda vez que sólo se cumple la ley.
Finalmente, dijo que el trabajador de la gasolinera Eva II, Gonzalo Rivas Cámara, quien sufrió heridas tras el incendio de una despachadora de combustible, fue una víctima de su actuación como procurador “y un héroe” reconocido post mortem por el Senado con la medalla Belisario Domínguez.

Crean “observatorio contra la corrupción” el ex auditor Ignacio Rendón y un aguirrista

El ex subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno en el gobierno de Angel Aguirre Rivero, Victoriano Sánchez Carbajal, y el ex auditor General del Estado, Ignacio Rendón Romero, presentaron ayer en conferencia de prensa la asociación civil “Observatorio Mexicano Nacional contra la Corrupción”.
La asociación será presidida por Sánchez Carbajal y Rendón Romero será secretario.
“Los ciudadanos estamos cansados ya de esta corrupción y es el momento de exigir cuentas, pero exigir cuentas de verdad”, expresó Ignacio Rendón en la conferencia de prensa luego de que leyó un mensaje.
Sánchez Carbajal precisó que el observatorio surgió en base al Sistema Nacional Anticorrupción, porque no fue una invención, “una ocurrencia o que deba escucharse bonito”, sino que implica “el análisis de si efectivamente se cometen delitos por las autoridades que tienen que ver con la seguridad, en cumplimiento de sus funciones, si se cometen delitos ligados a la corrupción”.
Sánchez Carbajal añadió que “nosotros como ciudadanos estamos para exigir el cumplimiento de la Constitución, porque aquel que calla también se vuelve cómplice”.
Rendón Romero dijo que la asociación “busca mediante el análisis de temas que inciden en la calidad de vida de los gobernados, señalar debilidades y proponer soluciones a las políticas públicas y acciones de gobierno, conforme a la metodología legal que comprende el Sistema Nacional Anticorrupción en beneficio de la ciudadanía y que pretende de sus instituciones públicas más eficiencia y cero corrupción”.
Al final, Sánchez Carbajal declaró que la organización está conformada por profesionistas, comerciantes y ciudadanos preocupados por fortalecer a las instituciones de los tres órdenes de gobierno para tener mejores servicios públicos.
Ignacio Rendón ocupó la titularidad de la Auditoría General del Estado (AGE) del 2003 al 2010, y dejó ese cargo en medio de cuestionamientos por una millonaria liquidación que se asignó
Además, la gestión de Rendón Romero en la AGE se vio envuelta en escándalos relacionados con malos manejos de los recursos financieros del órgano fiscalizador.
En 2009 se dio a conocer en diversos medios informativos que Rendón Romero era propietario de un yate que mantenía en un lujoso club de Acapulco. En ese año también se filtraron fotografías en las que aparecía acompañado de cuatro mujeres jóvenes en una playa.
Al concluir su periodo en la auditoria en 2010, Rendón Romero se adjudicó un bono de alrededor de 4 millones de pesos por concepto de liquidación.