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Faltan reformas a leyes locales para tipificar como delito la violencia política contra mujeres


La directora de Participación Social y Política del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Paula Adriana Soto Maldonado, señaló que el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres no sirve de nada si no se modifican las leyes que rigen los procesos electorales en el país, para que se tipifique como delito electoral la violencia política hacia la mujer.
Durante su participación en el panel Aplicación desde los Organismos Públicos Electorales Locales (OPLES) del Protocolo de Violencia Política contra las Mujeres, como parte del foro La Participación Ciudadana rumbo al 2018 organizado por el Instituto Electoral de Participación Ciudadana (IEPC), dijo si no hay leyes que regulen la violencia política el Protocolo solo será un papel que no erradicará el problema.
El Protocolo es un iniciativa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), del Instituto Nacional Electoral (INE), de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA).
El Protocolo “pretende orientar a las instituciones ante situaciones de violencia política contra las mujeres, facilitar la aplicación de las obligaciones internacionales así como dar estricto cumplimiento al deber de debida diligencia, tratar de responder a la ausencia de un marco normativo integral y de políticas concretas en la materia, así mismo responde a le necesidad de contar con lineamientos generales que permitan a las autoridades actuar de forma inmediata frente a las víctimas”.
Soto Maldonado dijo “no creo que el Protocolo sea un instrumento efectivo ni eficiente para la atención de la violencia política porque no tenemos marco normativo, porque no tenemos ley y si no tenemos ley que nos faculte a las instituciones que nos dé dientes, que nos digan cómo lo tenemos que atender, qué tenemos que entender por violencia política. Puedo yo tener el mejor librito como Protocolo de Atención” pero no se puede hacer absolutamente nada.
Llamó a modificar las leyes federales y estatales para que se tipifique como delito la violencia política de género
Sugirió que desde la sociedad se trabaje en una iniciativa para modificar la ley de Atención a vida libre de violencia a las mujeres para incluir el término de violencia política. Otra legislación que debe adecuarse es la ley electoral y las ley de sanciones para castigar la violencia política de género.
La directora de Participación Social y Política del Inmujeres dijo que se debe tener claro que la paridad política “no es un tema, es un derecho” de las mujeres y recomendó que cuando escuchen a un político hombre o mujer utilizar la palabra “tema” para referirse a la paridad entre hombre y mujer que le chiflen o lo abucheen para que entienda que se trata de un derecho.
También criticó que se cuestione el acceso a la representación popular de las mujeres por la vía de cercanía a grupos de poder o políticos porque esa es una práctica que siempre ha existido y en los hombre no se cuestiona que sea el compadre, tío, amigo, sobrino, ahijado de otro político y que eso le haya permitido acceder a un cargo de poder pero a las mujeres se les critica, lo que se convierte en violencia política de género.
Sugirió que se les haga notar a los gobernantes que “no hay temas de la mujer” sino que todo lo que ocurre en la vida política y social son temas de la mujer porque tiene la misma capacidad que el hombre.

Casos de Guerrero

La diputada Yuridia Melchor Sánchez informó que en el Congreso local hay dos iniciativas “en la congeladora” desde marzo para incluir la violencia política de género como un delito en la Ley de Acceso a una vida libre de violencia, pero sigue en análisis sin que se dictamine sobre las mismas.
Indicó que al Congreso han llegado tres casos de violencia política hacia las mujeres: uno es el de la alcaldesa de Martir de Cuilapan (Apango) Felicitas Muñiz Gómez, otro es el de la alcaldesa de Florencio Villarreal (Cruz Grande), Emisel Molina y la síndica de Xochihuehuetlán, María Lucía Balbuena Rivera, pero hay mas casos porque los alcaldes no ven a las ediles como sus pares y les limitan los recursos a las mujeres que fueron electas como síndicas en las planillas de ayuntamientos.
En el panel también estaba invitada la alcaldesa de San Pedro Chenalhó, Chiapas Rosa Pérez Pérez, que se ha convertido como el referente nacional de la violencia política de género, pero no acudió porque la noche del miércoles le llamaron para seguir con las negociaciones para que ejerza el cargo de presidenta municipal.
En su lugar acudió Margarita Gutiérrez Romero, quien relató el conflicto que se vive en San Pedro Chenalhó porque es la primera vez que una mujer asume el cargo de alcaldesa.

Convocan a una marcha hoy para exigir freno a la violencia contra las mujeres

 

Feministas de la Colectiva Caminando Violeta informaron que, según sus registros, 195 mujeres han sido asesinadas en Guerrero en lo que va del año.
En conferencia de prensa ayer dieron a conocer que este viernes realizarán una marcha para exigir al gobierno del estado que frene la violencia feminicida en la entidad.
Yolitzin Jaimes Rendón explicó que se concentrarán en la Alameda Granados Mal-donado, y que aún no se define el punto donde concluirá la marcha, sin embargo explicó que cerrarán con un mitin político-cultural en el que exigirán justicia por todas las mujeres asesinadas en Guerrero.
Precisó que la marcha está convocada en Chilpancingo y Acapulco, y se replicará en varios estados, así como países de América Latina por el Día Internacional de la no Violencia contra la Mujer.
Dijo que otro de los objetivos es visibilizar la violencia feminicida que hay en el estado, por lo que llevarán 180 cruces con los nombres de las víctimas.
Informó que una de las integrantes de la organización registra a través de los medios de comunicación los asesinatos de mujeres en el estado, y aseguró que en lo que va del año se han documentado 195 casos.
Aclaró que serán 180 cruces y no 195 porque cuando las hicieron cuando aún no se llegaba a la última cifra.
Explicó que la violencia feminicida es un problema de daño colateral que no sólo afecta a las mujeres, pues hay hombres que están exigiendo justicia por el asesinato de sus hijas o hermanas.
En la conferencia participó Delfino Arriaga Guerrero, de Jóvenes REDefine del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, quien explicó que los hombres deben ser aliados en este movimiento.
Aseguró que en el estado y el país hay una red de hombres jóvenes que se oponen a la violencia contra las mujeres, y apoyan sus derechos sexuales y reproductivos.
En cuanto a las estadísticas que reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que informó que Guerrero es el segundo estado con mayor número de homicidios dolosos de mujeres durante 2015, con 220 casos en todo el año, Azucena Moncayo Cesáreo, también integrante de la Colectiva, expresó que esa cifra refleja la necesidad de actuar para erradicar el problema.
“Necesitamos actuar, el gobierno, ciudadanía, debe haber acciones conjuntas, es un problema de siglos. Se necesitan acciones de prevención, concientización para hombres y mujeres a una edad temprana”, dijo.
De las recomendaciones que debe cumplir el gobierno del estado en un plazo de seis meses, que vence en marzo de 2017, para evitar que se declare la alerta por violencia de género, Jaimes Rendón comentó que “la alerta de género no es la panacea, pero es un método que estamos exigiendo para que se realicen acciones y haya perspectiva de género en la Fiscalía y en las oficinas gubernamentales”.

Pide la Red tipificar en el Código Penal la violencia política contra las mujeres

 

Integrantes de la Red para el Avance Político de las Mujeres en Guerrero se congratularon de que el gobernador Héctor Astudillo Flores haya firmado la iniciativa de ley para garantizar la paridad de género vertical y horizontal en la postulación de candidaturas para ayuntamientos, pero manifestaron que es urgente que se legisle para que la violencia política contra las mujeres sea tipificada como delito en el Código Penal.
Indicaron que es necesario tipificar la violencia política contra las mujeres en diversos ordenamientos jurídicos y adoptar medidas legislativas que permitan garantizar una integración paritaria del Congreso del estado y de los demás poderes locales.
En una conferencia de prensa que se llevó a cabo en una sala del Instituto Municipal de la Mujer de Acapulco, la presidenta de la red de mujeres, Muriel Salinas Díaz, anunció que el 30 de noviembre se llevará a cabo en Chilpancingo un foro de mujeres presidentas municipales, con el objetivo de ver los avances que en la participación de la mujer en la política, pero también las situaciones a las que se han enfrentado.
Salinas Díaz dijo que ven con agrado la iniciativa de ley que firmó Astudillo, mediante la cual se va a instituir en la ley electoral del estado la obligación que tendrán los partidos políticos de garantizar la paridad horizontal en el registro de candidaturas para la integración de ayuntamientos, pues recordó que en el proceso electoral anterior se dio por las impugnaciones que interpusieron integrantes de esa organización y es gracias a ello que hay 21 alcaldesas en el estado.
Agregó que esa firma representa el cumplimiento del gobernador a los compromisos con la red, integrada por mujeres de los diversos partidos, en junio pasado cuando le presentaron la agenda legislativa para la igualdad política, la cual contenía ese compromiso.
Recordó que falta tipificar la violencia política contra las mujeres en diversos ordenamientos jurídicos y la adopción de medidas legislativas que permitan garantizar una integración paritaria del Congreso y los demás poderes locales.
Señaló que esa firma es el resultado de la lucha que han dado desde los partidos y la sociedad civil las mujeres para que se instituyan estas medidas legislativas para garantizar la participación igualitaria de mujeres y hombres en el ámbito de la política.
Muriel Salinas agregó que espera que dicha iniciativa sea pronto presentada al Congreso local por parte del Ejecutivo y que el Poder Legislativo asuma la responsabilidad política y democrática para avanzar en este proceso de armonización de la legislación en manteria de igualdad política y derechos políticos electorales de las mujeres.
Insistió en que se debe poner un agravante en el Código Penal por la violencia contra las mujeres, pues en Guerrero hay casos de violencia política grave contra alcaldesas, y ejemplificó con el caso de la alcaldesa de Mártir de Cuilapan, Felícitas Muñiz.
Subrayó que por esa razón la red de mujeres “insistiremos en la urgencia de que esto se tipifique en el Código Penal”, y también expresaron su solidaridad con la síndica de Xochihuehuetlán, María Lucía Balbuena Rivera, a quien le ofrecieron el acompañamiento jurídico y político, pues “en estos momentos está enfrentando violencia política en su municipio”.
Explicó que el primer encuentro estatal de presidentas municipales, apoyado por el programa de Proequidad del Instituto Nacional de las Mujeres y equipos feministas, es pafrte de una estrategia “orientada a dar seguimiento puntual a lo que están viviendo las mujeres munícipes en el ejercicio de sus cargos”.
Recordó que la red dio seguimiento a la violencia que vivieron las mujeres en el proceso electoral de 2015, y lo que hoy se va a hacer es un seguimiento de lo que está ocurriendo ahora en el caso de las mujeres que están en funciones.
Indicó que aunque hay caso emblemáticos de violencia política contra las mujeres, es importante ese encuentro para poder hacer un “análisis más puntual desde la experiencia vivida de las mujeres munícipes sobre lo que están enfrentando en el ejercicio de sus cargos”.
Señaló que a través de ese ejercicio la red “pretende integrar un diagnóstico participativo sobre la violencia política de las mujeres en el ámbito municipal, y con ello darle un contenido aún más amplio al proyecto que pensamos impulsar, y que seguiremos insistiendo, de tipificación de la violencia política contra las mujeres en Guerrero”.
Estuvieron en la conferencia la directora general del Instituto Municipal de la Mujer en Acapulco, Luisa Fernanda Fontova; la presidenta de Moviendo a Guerrero, Jessica Aguirre Herrera; la coordinadora de la red en la zona centro, María del Socorro Mondragón, así como la integrante de la red, María Teresa Leyva Cervantes, y la regidora y coordinadora regional en Acapulco de la red, Alma Juárez Altamirano.

Aumenta la violencia política contra mujeres, advierte consejera del INE

 

La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Adriana Margarita Favela Herrera, advirtió que la violencia política hacia la mujer va en incremento en el país y es un fenómeno que se tiene que erradicar.
Favela Herrera participó ayer en el foro La Participación Ciudadana rumbo al 2018 organizado por el Instituto Electoral de Participación Ciudadana (IEPC), con la conferencia Violencia Política contra las Mujeres que impartió después de la ceremonia de inauguración.
La ceremonia de inauguración se llevo a cabo en salón Plaza del hotel Crowne Plaza. En el discurso inaugural la presidenta del IEPC llamó a “legislar sobre lo que se tenga que legislar para que todos tengamos reglas claras en la contienda (de 2018) que sin duda será un reto”.
En su intervención, la consejera del INE, Adriana Favela habló de los casos de violencia política contra la mujer, y uno de los casos que mencionó fue el de la alcaldesa de Mártir de Cuilapan (Apango), Felicitas Muñiz Gómez, de quien dijo está el antecedente del caso de la alcaldesa de San Pedro Chenalhó, Rosa Pérez Pérez, en el que el TEPJF indicó que “no es posible que se despoje de un cargo de elección popular a una persona que fue electa de manera democrática por los ciudadanos de una comunidad, no es posible que sea despojada por un grupo de opositores”.
Favela Herrera indicó que en la sentencia del Tribunal electoral se acreditó que hay violencia política de género contra Felicitas Muñiz. Indicó que algunas de las agresiones contra la alcaldesa son fotografías de ella con algunas frases como: “No dejes que te gobierne una vieja”; “No votes por esta vieja ratera”, “Las viejas sólo sirven para lavar los trastes y mantener a los hombres, y los hombres sirven para gobernar, entiende chita, las viejas perras como tu sólo sirven para hacer chamacos”.
Lamentó que el caso en Guerrero no se haya podido solucionar el conflicto en Mártir de Cuilapan y criticó que los gobiernos estatales no hacen los que les corresponde porque la violencia política de género se convierte en un conflicto social y político.
También llamó a las autoridades a atender y resolver los asuntos de violencia política de género cuando los conozcan, y no esperar hasta que sean temas de relevancia nacional, porque hay casos de regidoras y sindicas que también son agredidas pero no los denuncian.
La directora de Participación Social y Política del Instituto Nacional de las Mujeres, Paula Adriana Soto Maldonado, presentó una grafica para demostrar el crecimiento de la violencia de género contra la mujer: en 2012 dos casos; entre 2014 y 2015 fueron 38 y entre 2015 y 2016 van 103 casos.
“La violencia política de género son los actos u omisiones por medio de los cuales se presiona, persigue, hostiga, acosa, coacciona, ridiculiza, veja, discrimine, amenaza o prive de la vida a las mujeres en razón de su género, con el fin de limitar, condicionar, excluir, impedir o anular el ejercicio de sus derechos político-electorales, su acceso o pleno ejercicio del poder público y cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres”, de acuerdo con la definición del Inmujeres.

Los pendientes para el 2018

Ayer la presidenta del IEPC indicó que todavía no hay reglas claras para la reelección ni el voto migrante, “no sabemos si los que se quieran reelegir van a hacer campaña o no, si tendrán que separarse del cargo o no y la intención del foro es reflexionar sobre los temas que tienen vigencia en Guerrero y pendiente por resolver”.
Los trabajos del foro La Participación Ciudadana rumbo al 2018 organizado por el IEPC empezaron ayer y continúan hoy en el hotel Crowne Plaza con paneles como La reelección y su aplicación en el 2018, Las candidaturas independientes: retos y perspectivas, La participación ciudadana en la construcción de la democracia en México y la conferencia Estrategia Nacional de Cultura Cívica.
En la ceremonia de inauguración estuvieron el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado, René Patrón Muñoz; los consejeros electorales Alma Delia Eugenio Alcaraz, Jorge Valdés Méndez, Rocío Calleja Niño, Leticia Martínez Vázquez y René Vargas Pineda. También el secretario ejecutivo, Pedro Pablo Martínez Ortiz; el consejero jurídico del poder Ejecutivo, Manuel Saavedra Flores, en representación del gobernador Héctor Astudillo Flores, así como el secretario de Desarrollo Social municipal , Víctor Aguirre Alcaide en representación del alcalde Evodio Velázquez Aguirre

Convocan feministas universitarias a marcha contra la violencia machista

Feministas universitarias de Acapulco convocaron a la población a la Movilización Nacional contra la violencia machista, para poner fin a la violencia contra las mujeres y los feminicidios.
Pidieron vestir de rojo, porque significa la sangre de la violencia contra las mujeres.
En conferencia de prensa en el auditorio del Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados (IIEPA), estudiantes catedráticas y representantes de organizaciones de mujeres indígenas, manifestaron su preocupación por los altos registros de agresiones a mujeres que se presentan en el estado, aunque no presentaron datos.
En la rueda de prensa estuvieron las estudiantes universitarias Grecia Cabrera, Anahí Terán, la catedrática Frida Hernández, y la dirigente de mujeres indígenas y afromexicanas, Magdalena Valtierra. La amuzga reclamó que han ocurrido cuatro asesinatos de mujeres indígenas en Acapulco en los últimos años, de las que no se sabe aún si fueron feminicidios porque las autoridades no lo informan.
La estudiante del IIEPA, Linayme Reyes, indicó que la marcha se realizará el 25 de noviembre y partirá de la glorieta de La Diana al Asta Bandera, por la avenida Costera, y por seguridad de los participantes comenzará a las 5 de la tarde.
La estudiante pidió que la movilización no sea politizada y que quienes participen lo hagan vestidos de rojo, porque representa la sangre de la violencia. En 2015 en Guerrero según la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de la Mujer se registraron 41 feminicidios.

Exhorta el Congreso a ocho ayuntamientos a actuar contra la violencia hacia las mujeres

 

El pleno del Congreso local aprobó por unanimidad un exhorto a los ayuntamientos de Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Zihuatanejo, Coyuca de Catalán, Ometepec, Tlapa y Ayutla, para que realicen programas de sensibilización, capacitación y profesionalización dirigido a las autoridades encargadas de atender a niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia de género.
El exhorto incluye también a la Secretaría de Salud (Ssa), a la que se pide aplicar las normas nacionales en la materia para la interrupción legal del embarazo en los casos que la ley lo permite, respetando siempre los derechos de quien requiera de una intervención de ese tipo.
Esos municipios son en los que organizaciones de mujeres agrupadas en la Alianza Feminista solicitaron al gobierno federal declarar la alerta por violencia de género, por concentrar el mayor número de mujeres asesinadas en todo el estado.
En tanto, el coordinador de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja, presentó una propuesta de exhorto dirigido al titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Xavier Olea Peláez, para que lo antes posible designe al fiscal especializado en materia de desaparición forzada y búsqueda de personas desaparecidas, pues a cinco meses de su creación esa área sigue acéfala.
Además, los diputados locales aprobaron el calendario para las comparecencias de los titulares de las 20 secretarías que integran el gabinete estatal y que se desarrollarán la próxima semana para informar en comisiones el estado de la administración pública.
Este martes en la sesión ordinaria del Congreso, el diputado Silvano Blanco de Aquino, a nombre del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó una propuesta de exhorto a los ayuntamientos de los ocho municipios en los que la Alianza Feminista solicitó declarar la alerta por violencia de género.
En la exposición de motivos el legislador dio un resumen del proceso que inició esa agrupación ante la federación para solicitar la alerta, petición que derivó en 10 recomendaciones dirigidas al gobierno del estado a fin de erradicar ese problema.
Recordó que en una de las recomendaciones, el grupo de especialistas que realizó un diagnóstico en Guerrero respecto a los feminicidios planteó al gobierno estatal realizar programas de sensibilización, capacitación y profesionalización permanente para el personal operativo y directivo de las autoridades encargadas de atender a niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia de género.
“La sensibilización, capacitación y profesionalización deberá estar diseñada con un componente de supervisión, evaluación y certificación permanentes que permitan medir su impacto”, expresó Silvano Blanco.
Por ello propuso exhortar a los ayuntamientos de Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Zihuatanejo, Coyuca de Catalán, Ometepec, Tlapa y Ayutla, a emprender esos programas y atender cada una de las 10 recomendaciones hechas por el grupo de especialistas.
La propuesta incluye también a la Ssa para que dé cumplimiento a las normas jurídicas nacionales por las que esa dependencia está obligada a prestar servicios de interrupción voluntaria del embarazo en casos permitidos por la ley, como una violación sexual, priorizando la protección a los derechos de las víctimas y facilitar información respecto a los posibles riesgos y consecuencias de ese procedimiento.
Otra instancia que se incluyó en el exhorto es la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, para que de manera coordinada con la Ssa y la FGE orienten a las víctimas sobre los pasos a seguir para acceder a los servicios de atención, protección y defensa para quienes sufren de violencia familiar o sexual.
La propuesta fue aprobada por unanimidad de votos.

Piden titular para Fiscalía de Desaparición Forzada

Por separado, el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja, pidió exhortar al fiscal Xavier Olea a fin de que designe cuanto antes al titular de la Fiscal Especializada en Materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas.
En su exposición de motivos Mejía Berdeja mencionó que el tema de la desaparición forzada en Guerrero se ha convertido en una “tragedia involuntaria”, y aclaró que no sólo es el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pues también hay organizaciones en Iguala, Chilapa y Acapulco que buscan a sus desaparecidos.
“La desaparición forzada es cometida por agentes del Estado o personeros de agentes del Estado y concreta una afrenta a la víctima, al entorno y a sus seres queridos, porque la falta de certeza sobre el paradero de la víctima se convierte en un dolor permanente e incurable”, expuso.
Recordó que para atender ese problema el Congreso local aprobó la creación de la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas.
Explicó que desde el 10 de junio fue publicado en el Periódico Oficial la reforma que ordena la creación de esa fiscalía, sin embargo a cinco meses sigue acéfala; además dijo que no habría que esperar la presencia de organismos internacionales como la ONU para atender ese problema.
Pidió también que se acelere el dictamen por el que se plantea modificar la ley orgánica de la FGE a fin de que esté acorde con la legislación federal.
“Queremos además que sea un área que tenga los recursos para que pueda hacer su trabajo, no sólo que se cubra el expediente y no desarrolle su labor”, expresó.
Su iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis y posterior dictaminación.

Aprueban calendario de comparecencias

En la sesión de este martes el pleno aprobó también el calendario de las comparecencias de los 20 titulares de las secretarías que integran el gabinete estatal, para la glosa y el análisis del informe sobre el estado que guarda la administración pública de Guerrero.
Según el acuerdo aprobado, los secretarios de Gobierno, de Seguridad Pública, Protección Civil, del Trabajo, Desarrollo Económico y de Turismo comparecerán en dos bloques el próximo lunes.
El martes lo harán los secretarios de Agricultura, Desarrollo Urbano, Medio Ambiente, Educación y Cultura, también en dos bloques. El jueves comparecerán los titulares de Salud, Desarrollo Social, de la Mujer y de la Juventud. Finalmente, el viernes lo harán los secretarios del Migrante, Asuntos Indígenas, Finanzas, Contraloría y Planeación.

Respalda Morena a comerciantes de Coyuca

En las intervenciones, la diputada de Morena, María de Jesús Cisneros Martínez subió a la tribuna para fijar su postura respecto a la situación que enfrentan comerciantes del Mercado Central Morelos, en Coyuca de Benítez, a quienes el gobierno municipal intenta desalojar tirando sus locales.
“Lo más grave de la violación de derechos humanos ocurre a partir de que las autoridades que supuestamente emanan del pueblo, son las que llevan a cabo estas violaciones de manera flagrante, a la luz de todos y de manera impune”, expresó la diputada en referencia al presidente municipal de Coyuca, el priista Javier Escobar Parra.
Aseguró que la acción del gobierno municipal atiende a intereses particulares y criticó que se hiciera uso “excesivo de la fuerza pública” para desalojar a los comerciantes a través de la demolición de sus establecimientos.
“Los comerciantes del mercado Morelos son gente trabajadora y humilde, que tienen familia y que su único sustento es la venta de sus productos y mercancías, de eso dependen el sustento y la educación de sus hijos, es lo único que tienen para vivir y no merecen ser perseguidos y golpeados como lo ha hecho su presidente municipal”, criticó.
Recordó que en campaña, la diputada federal Beatriz Vélez Núñez se comprometió a representarlos, “¿qué hace ahora esta señora en la Cámara de Diputados por los comerciantes agraviados? No se va ni a parar a Coyuca, no le duele nada”.
Manifestó que el Congreso debe llamar a cuentas al alcalde de Coyuca de Benítez para que explique la situación del nuevo mercado municipal, al que se niegan a trasladarse los comerciantes afectados, y que justifique con documentos en qué se fundó para proceder en contra de los locatarios del Mercado Morelos.
Adelantó que en la próxima sesión presentará un punto de acuerdo para citar al alcalde ante el Congreso.
Al respecto también intervino el diputado Ricardo Mejía, quien informó que antes de la sesión se reunió con los comerciantes de Coyuca de Benítez, quienes le pidieron llevar el tema a la tribuna.
“Nosotros no queremos partidizar ni descalificar a la autoridad por su filiación política, lo que vemos es un problema social y económico, estos locatarios solicitan y están en su derecho de poderse dedicar al trabajo y hacer un oficio o comercio lícito para satisfacer sus necesidades, tienen décadas en estos locales y nos parece un despropósito que se les haya derrumbado”.
Dijo que la acción del gobierno municipal fue sin sustento jurídico y precedido por hechos extraños, como el incendio del mercado.
Por ello pidió al alcalde que agote la vía del diálogo con los comerciantes afectados y se respeten sus derechos humanos, pues consideró que no es un buen mensaje que ocurran hechos de ese tipo.
Mejía Berdeja comentó que solicitará a la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, que preside la perredista Rosa Coral Mendoza Falcón, se reúna con ambas partes para encontrar una alternativa de solución.
El último en intervenir fue el priista César Landín Pineda, quien también reprobó las acciones del gobierno municipal en contra de los comerciantes, algunos con casi 40 años trabajando en el Mercado Morelos.
“Debemos estar en contra de situaciones de este tipo, pero a favor de la gobernabilidad. Nos integramos, conocemos el tema, conocemos a los comerciantes, entonces, repito, lamentable que estas situaciones sucedan, nos sumamos para buscar un camino que resuelva este problema y no se salga del camino”.
Al menos 15 comerciantes de Coyuca de Benítez estuvieron presentes en la sesión para escuchar las intervenciones de los diputados. Al salir de la sede del Legislativo, en el acceso principal colocaron unas lonas en las que expusieron su demanda sólo por breves minutos y después se retiraron.

Acción penal contra diez dirigentes del movimiento en su contra, pide al gobierno la alcaldesa de Apango

La presidenta municipal de Mártir de Cuilapan, (Apango), Felícitas Muñiz Gómez, demandó ayer al gobierno estatal que no se deje presionar por el grupo opositor que pide la revocación de su mandato y, por el contrario, pidió que se ejerza acción penal en contra de 10 dirigentes que encabezan el movimiento, contra quienes presentó demandas penales.
Muñiz Gómez ofreció al medio día de ayer una conferencia de prensa en esta capital, acompañada por un grupo de campesinos que, dijo, eran comisarios municipales de varias comunidades, aunque solamente tres de ellos se presentaron como tales.
La edil aseguró que tiene pruebas de que el grupo opositor que tiene tomado el Palacio Municipal desde mayo pasado ha venido cometiendo hechos de violencia en la cabecera municipal.
Insistió que la quieren sacar de la presidencia municipal “por violencia de género”, no les cabe en la cabeza que una mujer gobierne el municipio en dos periodos consecutivos”, dijo.
También insistió en lo que ha venido declarando en el sentido de que 10 de los dirigentes que encabezan el movimiento le pidieron 10 millones de pesos para que la dejen trabajar.
Entre estos dirigentes mencionó al ex presidente municipal Crisóforo Nava Barrios, quien se encuentra preso por el delito de despojo, derivado de hechos distintos al movimiento en contra de la alcaldesa; el presidente del Comité Municipal del PRI, Pedro Ángel Salazar; el dos veces alcalde por el PRI, Edilberto Nava García; el vocero del movimiento, Aureliano Palacios Celino; el ex alcalde del PRD, Gerardo Celino Flores; el ex dirigente del PRI municipal, Sergio Mota Sánchez; el ex candidato a la alcaldía del Panal, Manuel Gómez Zámano, y el esposo de la ex candidata a la alcaldía por el PRI, Dulce Camacho Gómez, Leopoldo Muñiz Nava.
La alcaldesa aseguró que cuenta con el respaldo de los ciudadanos, “y si soy presidenta municipal por segunda vez es por el voto de los ciudadanos”, pero dijo que el grupo opositor no la deja gobernar simplemente porque no les cabe en su cabeza que una mujer gobierne el municipio, pero además insistió en que se negó a darles 10 millones de pesos a cambio de que la dejaran trabajar.
Denunció que las casas que han saqueado los disidentes son de sus padres, de sus hermanos y del tesorero municipal, quienes, aseguró, han tenido que abandonar la cabecera municipal debido a las amenazas de los disidentes.
En su caso, dijo que teme por su vida porque la han amenazado de muerte, pero reiteró que no va a solicitar licencia al cargo como se lo piden, y demandó que el gobierno del estado intervenga para que se termine con la presión de este grupo que no ha dejado gobernar a ningún presidente municipal desde hace 25 años, según dijo.
La presidenta municipal denunció que en el tiempo que lleva el movimiento, el síndico Benito Sánchez Ayala, los tres regidores que la siguen, así como los dirigentes que están atrás de ellos, han saqueado cemento, fertilizante, varilla y lámina galvanizada que es del Ayuntamiento.
Aseguró que parte de este material lo han vendido, algo más se lo han quedado y alguna parte lo han repartido entre sus seguidores.
La presidenta municipal se hizo acompañar por unas 15 personas, hombres y mujeres, a quienes presentó como comisarios de varias comunidades del municipio.
Aunque en la conferencia de prensa sólo se presentaron Isidro Hernández, de la comunidad de Hueyitlalpan; Margarito Jiménez, de la comunidad de Tlamamacán, y Jesucita Morales, también de la comunidad de Hueyitlalpan.
Al final de la conferencia de prensa Muñiz Gómez mostró fotografías en las que aparecen el síndico Sánchez Ayala y los regidores que simpatizan mientras reparten material que han saqueado de su casa y de la de sus familiares, también del almacén del Ayuntamiento, y mostró gráficas de los destrozos que han ocasionado a sus casas y las de sus familiares.
En cuanto a los señalamientos de corrupción en su contra dijo que serán las instancias fiscalizadoras las que resolverán al respecto, pero aseguró que son acusaciones sin fundamento e insistió que quienes la acusan buscan chantajearla.
La alcaldesa dijo que desde que inició el movimiento en su contra no ha respondido a la provocación y a ninguna de las acciones que han realizado en su contra, “porque sabemos cuál es nuestra responsabilidad”.

Dejaron en la notaría de Robespierre un mensaje intimidatorio contra Astudillo, revela el vocero

El vocero único en materia de seguridad, Roberto Álvarez Heredia, informó este martes en conferencia de prensa que el ataque a la notaría pública número 19 de Acapulco, del presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Robespierre Robles Hurtado, fue una reacción del crimen organizado por la detención de David Palma Analco, alias El Deivid, presunto jefe de la plaza del cártel de los Beltrán Leyva.
Confirmó, asimismo, que los atacantes dejaron un mensaje dirigido al gobernador Héctor Astudillo Flores y a Robespierre Robles, escrito en una cartulina, y aunque el vocero evitó dar a conocer el contenido, éste fue filtrado por fuentes policiacas.
El mensaje dice: “Señores autoridades, voy a seguir sembrando el pánico en todo Acapulco pegándole a tiendas, sitios de taxis, secuestrando familias, etc. Si no sueltan a nuestro comandante David Palma Analco. Gobernador Astudillo, fiscal Xavier Olea y tú Robespierre Robles, ustedes tres ya recibieron dinero y no están cumpliendo en soltarlo, ustedes dicen cuándo paramos. Atte. Los Beltrán Leyva”.
Consultado respecto al contenido, Álvarez Heredia declaró que “la Fiscalía General del Estado (FGE) tiene claro que este es un mensaje de carácter intimidatorio, que se da en el contexto de la reaprehensión de esta persona (David Palma Analco), ese es un acto intimidatorio que busca presionar a las autoridades tanto federales como estatales para que sea liberado este personaje. Bajo ese contexto se está tomando en cuenta este mensaje”, contestó Álvarez Heredia.
-En el mensaje se acusa al gobernador Astudillo Flores y al magistrado Robespierre Robles de haber recibido dinero para soltar a Palma Analco y que no están cumpliendo, ¿qué postura tiene el gobierno de esto?
-La postura del Grupo de Coordinación Guerrero, en el que participan autoridades estatales y federales, más allá del contenido específico que hace referencia el mensaje colocado el día de ayer, es que es de carácter intimidatorio, que busca presionar a las autoridades para que sea liberado este personaje.
Después, agregó que también busca “generar psicosis, miedo entre la población y, obviamente, presión a las autoridades. El llamado es que mantengamos la calma, las autoridades que están en el Grupo de Coordinación Guerrero están trabajando para mantener en calma no solamente el municipio de Acapulco, sino a todo el estado”.
Álvarez Heredia informó que las autoridades no han confirmado si hubo un herido en el ataque a la notaría pública de Robles Hurtado, y que no han determinado si a partir de este ataque, se reforzará la seguridad en torno al magistrado presidente del TSJ.
“No hay reforzamiento derivado de esta amenaza, sí hay una estrategia de seguridad que se va a complementar con las tareas de protección a los visitantes, ahora que estamos en la entrada de vacaciones de verano”, informó.
El vocero convocó a una conferencia de prensa a las dos de la tarde en su oficina del edificio Centro del Palacio de Gobierno, sólo para tratar el caso del ataque a la notaría del presidente del TSJ.
El vocero leyó un comunicado. “El mensaje colocado el día de ayer en la notaria de la colonia Costa Azul en Acapulco, es reflejo del combate responsable y serio que el Grupo de Coordinación Guerrero realiza en contra de los grupos delictivos”, dijo.
Agregó que “sobre este mensaje en particular, me permito informar que la Fiscalía General del Estado ya lo está investigando en el marco de los hechos del día de ayer”, en referencia al ataque a la oficina de la notaría.
“Seremos enfáticos en señalar, con toda contundencia, que ningún mensaje va a intimidar a las instituciones en su lucha contra la delincuencia”, aseguró.
Después hizo un llamado a la población para que utilice la denuncia anónima como un mecanismo para avanzar en las tareas contra el crimen.
“Guerrero vive en medio de un enfrentamiento entre grupos de la delincuencia, y el pueblo con sus autoridades estamos comprometidos a rescatar la paz y la tranquilidad de los guerrerenses”, menciona el escrito que leyó el vocero.
Añadió que en esta temporada de verano las instituciones federales, estatales y municipales responsables de la seguridad en el estado otorgan las mayores garantías a los visitantes para que arriben el estado y disfruten los destinos turísticos.
Aseguró que se ha reforzado la seguridad para blindar las zonas turísticas de Acapulco, Ixtapa Zihuatanejo, Taxco y las playas de la Costa Grande y Costa Chica.
Dijo que en estas acciones participa la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Marina Armada de México, la Policía Federal y la Policía del Estado, la Gendarmería, elementos de las policías preventivas y la Fiscalía General del Estado.
“Se ha visto y se ha confirmado, por los antecedentes, que el turismo no es blanco de grupos delictivos. No existen antecedentes de agresiones contra turistas”, celebra el comunicado del vocero.

Siguen policías viales concentrados tras los asesinatos de tres agentes

 

Los policías viales continúan concentrados en la Secretaría de Seguridad Pública y sin salir a laborar, luego de los asesinatos de tres agentes en una semana; asimismo se observó a algunos efectivos que ya portaban armas.
En un recorrido a las 11 de la mañana y después a la 1 de la tarde se observó a pocos policías viales agilizando el tránsito.
En la Costera, afuera de las oficinas de Costera 125, sólo había un policía vial, pero no había desde el Asta Bandera hasta la calle Wilfrido Massieu.
Pero en la avenida Cuauhté-moc frente al Palacio Municipal, trabajaban dos policías de Tránsito estatal, de igual forma en la Costera y el centro.
Se informó que sólo algunos agentes viales realizan operativos como el Rehilete junto con preventivos y dependencias municipales para el retiro de vehículos de zonas prohibidas.
A las 2 de la tarde se constató que los agentes viales del turno vespertino se mantuvieron en los alrededores de la SSP y sin salir a laborar, mientras que los del turno saliente (matutino) se retiraron.
Además se vio a algunos policías viales armados, dando mantenimiento a las patrullas y otros en las calles aledañas como normalmente lo hacen.
Policías viales consultados aseguraron que sí están saliendo a trabajar acompañados de agentes armados, pero en los recorridos de ayer en la mañana y la tarde no se constató la presencia de éstos, sólo la de Tránsito estatal.
En la Dirección de la Policía Vial hay unos 400 policías operativos y 200 administrativos.
En marzo de 2013 dejaron de portar armas luego de la muerte de cuatro agentes auxiliares y un preventivo en tres meses, a quienes sus atacantes los despojaron de sus pistolas.
El viernes, dos agentes viales fueron asesinados a balazos en la avenida Constituyentes cuando agilizaban la vialidad; el lunes antepasado un agente vial fue acribillado cuando trabajaba en la calle 16 de Septiembre, en la colonia Progreso.
Otro agente vial fue baleado en la avenida Constituyentes el pasado 19 de junio.

No quiere que suceda lo de Oaxaca y no usará la fuerza pública contra los maestros, dice Astudillo

El gobernador Héctor Astudillo Flores dijo que no se aplican las órdenes de aprehensión contra los maestros de la CETEG porque no quiere que en Guerrero ocurra lo mismo que en Oaxaca.
Dijo que en la entidad “todavía hay heridas fuertes” de lo que sucedió en Iguala en septiembre de 2014 con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Astudillo Flores celebró que se haya dado la primera reunión entre los maestros y el gobierno federal, y confió en que se encuentren rutas para “destensar” el conflicto magisterial.
El gobernador también habló de la marcha de los trabajadores del sector Salud y dijo que no se propone una privatización de los servicios.
Asimismo, confió en que la Secretaría de Seguridad Pública dé resultados pronto en el caso de las 10 personas levantadas en Ajuchitlán.
El gobernador ofreció una conferencia de prensa la tarde de ayer en las oficinas de la Promotora Turística (Protur), en Acapulco, en la que habló de tres temas y respondió a preguntas de reporteros.
Fijó su postura en el caso de la primera reunión entre la Secretaría de Gobernación y los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la movilización de los trabajadores del sector Salud y el Acabús, que entra en operaciones mañana.
“Celebro mucho” que se haya dado la primera reunión entre los maestros de la CNTE y el gobierno federal, y que el próximo lunes haya otra reunión, dijo el gobernador, y añadió que “deseo que se encuentren rutas en estos encuentros, rutas que permitan destensar el problema”.
“Deseo que este problema amaine, que este problema encuentre salidas de solución sin transgredir la ley”, insistió.
El gobernador dijo que es de sentido común prever cuál sería el resultado de confrontar una manifestación y por eso ha decidido no proceder con la fuerza pública contra los maestros.
Llamó a los maestros de la CETEG “a mantener la cordura, la prudencia y no afectar derechos de terceros en términos de la propia Constitución, recordemos especialmente los maestros manifestantes, que Guerrero y especialmente Acapulco vive del turismo, del comercio”.
“Ojalá que todos los maestros que están en manifestación, con todo respeto escuchen el llamado del gobernador”, dijo.
Al gobernador se le preguntó por las órdenes de aprehensión que hay contra los maestros, de acuerdo con la información que dio el fiscal Xavier Olea Peláez el pasado lunes.
El gobernador dijo primero que por respeto a la Fiscalía General del Estado no opinaría del tema, “no me quiero meter en temas que son de la Fiscalía”, argumentó.
“No es el gobernador quien anda promoviendo órdenes de aprehensión, por favor que así salga”, dijo.
Luego otro reportero insistió en el tema y preguntó por qué se aplica la ley con criterios políticos, y en respuesta el gobernador dijo que preferiría no hablar del tema pero que su responsabilidad como gobernador le obliga a fijar una postura al respecto, y añadió que él “es el primer interesado en que no se tensen las cosas”.
“Yo no quiero que Guerrero viva lo que ha vivido Oaxaca, me interesa mucho que ustedes registren lo que estoy diciendo, el gobernador no quiere que Guerrero viva lo que está viviendo Oaxaca, Guerrero todavía tiene fuertes heridas visibles del tema Iguala-Ayotzinapa, y nosotros no queremos que la confrontación en las calles o en las carreteras sea lo que le vuelva a dar imagen nacional a Guerrero”, explicó.
Agregó que mantendrá una actitud prudente y llamará a la armonía, “porque en este momento” no ayuda andar persiguiendo a nadie y no será él quien inicie la persecución o detenciones en cadena, que lo único que van a provocar es mayor tensión, “por eso el gobernador prudentemente insiste en hacer el llamado en que los maestros tengan claro que no es la confrontación en la calle lo que le va a dar salida a este problema que se vive por las protestas”.

Confusión sobre la universalización de la salud

De las marchas y protestas de ayer de los trabajadores del sector Salud, el gobernador dijo que la información que conoce es que hubo movilizaciones del sector Salud en todo el estado, en las que participaron unas “400 personas que trabajan en Salud”.
Este miércoles cientos de maestros y ciudadanos acompañaron a trabajadores del sector Salud a manifestarse contra la reforma en ese sector en las calles de Acapulco, Chilpancingo, Zihuatanejo, Iguala y Taxco; en Chilpancingo paró labores el hospital Raymundo Abarca Alarcón.
El gobernador dijo que “hay alguna confusión de los temas en relación a lo que le llaman la universalización de la salud, que se requiere informar más a los trabajadores de estas dependencias, en qué consiste, la universalización consiste en que dentro del sistema de salud nacional se puedan prestar los servicios sin llegar a la atención privada”.
“Pongo un ejemplo, si no sirve un aparato en el Seguro Social y si lo tiene el ISSSTE, el ISSSTE le da las facilidades al elemento que tenga incorporación al Seguro Social, estando en el Seguro Social o viceversa, eso es en sí en parte importante la universalización de los servicios médicos en el país”, agregó.
Indicó que la protesta de los trabajadores de la Secretaría de Salud tiene su origen en Guadalajara, Jalisco, donde despidieron a un “importante” número de trabajadores, 16 en total.
Héctor Astudillo dijo que las manifestaciones del sector Salud no afectaron los trabajos del sistema de salud en el estado y no hubo paro de labores en ningún hospital ni en ningún centro de Salud de la entidad.

El ruido de las ejecuciones

Durante la conferencia al gobernador se le preguntó sobre los resultados correspondientes a mayo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la Secretaría de Gobernación, que reportó que en Guerrero han ocurrido 857 ejecuciones en los primeros cinco meses del año, de las cuales 165 ocurrieron en mayo y Guerrero se ubica en el segundo lugar nacional en cuanto al número de homicidios registrados por cada 100 mil habitantes; en respuesta Astudillo Flores sólo dijo que se queda con que Guerrero está en el segundo lugar.
Héctor Astudillo reiteró que se mantiene el promedio de 6 ejecuciones por día, pero hay días en que son menos y otros en los que son más los asesinatos y éstos “hacen más ruido” cuando ocurren en Acapulco que cuando suceden en otras partes del estado.
En el caso de los diez vecinos levantados entre los municipios de Ajuchitlán y San Miguel Totolapan, dos originarios de la comunidad de San Gabriel, tres de San Cristóbal y cinco de San Marcos, el gobernador dijo que la Policía del Estado y el Ejército realizan operaciones en la zona, “yo espero que en el transcurso de las próximas horas podamos tener resultado, estamos en el operativo”.
A la pregunta de un reportero el gobernador informó que el pasado martes sesionó el Grupo Coordinación Guerrero para analizar los problemas de inseguridad en Acapulco, Ajuchitlán, Chilpancingo y la sierra del estado.
En la reunión, agregó, también se habló de los C-4, los cuales dijo ya empiezan a dar resultados desde que el pasado 10 de mayo los militares tomaron su control, pero también “han encontrado una gran cantidad de deficiencias”, como falta de cables y otras “circunstancias” que se atienden.
Astudillo Flores indicó que “frecuentemente” hay cambios en las estrategias de seguridad en la entidad, pero no se informa de ellas porque sería “poco responsable”, y abundó que ante cada nueva circunstancia que se presenta en la entidad se cambian las estrategias.
Sobre la alerta de género, el gobernador insistió en que ese tema “lo veo y lo veré con cuidado, no estoy de ninguna manera cerrado a eso, pero no es un asunto nada sencillo, de tal manera que está en permanente análisis”.