Un Poder Legislativo nominalmente de mayoría opositora

 En este 1 de abril empezó el periodo ordinario de sesiones y la segunda parte de esta Quincuagésima Séptima Legislatura, la primera en donde el PRI no es mayoría, pues de los 46 legisladores que la integran, 25 pertenecen a partidos de oposición.

Con cautela, el gobernador vio llegar hace un año y cinco meses a la nueva mayoría legislativa opositora; del brazo del coordinador de la fracción del PRD, David Jiménez Rumbo, sonriendo, salió este primero de abril del Congreso local tras entregar su quinto informe de gobierno.

Tal es la parábola que describe la trayectoria de una legislatura en la que las decisiones importantes las siguen tomando los priístas, de acuerdo con las orientaciones del gobernador. Los diputados se siguen comportando –salvo excepciones– como empleados del Ejecutivo en turno, práctica reiterada con todas las legislaturas de mayoría priísta y aún con ésta como si también lo fuera.

Gracias a esta actitud de los llamados diputados opositores, hemos visto a los actuales legisladores nombrar como Oficial Mayor del Congreso a quien le elaboró al PRI recursos de impugnación contra los triunfos del PRD en la elección de presidentes municipales y diputados locales en octubre de 2002, Guadalupe Pavía Miller.

En el ablandamiento a la oposición en el Congreso local mucho tuvo que ver Carlos Sánchez Barrios, quien regresa al cargo a nueve meses de dejar la presidencia de la Comisión de Gobierno, por un accidente en una motoneta el 2 de julio del año pasado.

Así, el PRI con sus 20 diputados, más su aliado del PVEM, colocó en posiciones estratégicas del Congreso, como las direcciones de Administración y Comunicación Social, y la Oficialía mayor, a personas de confianza.

En el ablandamiento a los diputados de oposición –política que en casos como la aprobación de la Cuenta pública también se habría extendido a nueve perredistas–trascendió, medió un bono especial por 400 mil pesos y el acuerdo para otorgarles un millón de pesos para gestoría, trabajo realizado por Carlos Sánchez Barrios como dirigente de la fracción priísta, y como el hombre del gobernador René Juárez, de quien antes fue su secretario de Desarrollo Social.

Con línea de Casa Guerrero

La Quincuagésima Séptima Legislatura es aún una extensión del gobierno estatal y del PRI. La negociación para que Sánchez Barrios depusiera su rebeldía ante la designación del senador Héctor Astudillo Flores como el candidato priísta al gobierno del estado, se dio en las oficinas de René Juárez, en Casa Guerrero. A cambio de abandonar su precampaña, a Sánchez Barrios –aún en proceso de recuperación tras su accidente del año pasado– se le reinstaló en la presidencia de la Comisión de Gobierno.

Mención aparte merece la actuación de la Auditoria General del Estado, órgano técnico del Congreso local, la cual está sujeta a la estrategia y mandatos del PRI y del gobierno estatal, por el acuerdo que se habría dado entre Sánchez Barrios y el gobernador René Juárez apenas este lunes 29 de marzo: cancelar las sanciones administrativas en contra de cinco alcaldes sanchistas: De Zitlala, Noé Ramos; de Tlalixtaquilla, Sofío Ramírez; de Eduardo Neri, Bertín Sánchez; de Juan R. Escudero, Ismael Pablo Avila, y de Mochitlán, Isaías López, quienes en conjunto no han solventado 100 millones de pesos del erario público.

En contraparte, PRI y gobierno estatal administran los problemas de los ayuntamientos opositores. El 19 de diciembre el diputado local panista, David Tapia Bravo –que anunció que no votaría la aprobación de la Cuenta Pública del gobernador–, denunció que se le pretendía chantajear. Dijo que los priístas, a cambio de su voto, le ofrecieron salvar del desafuero al alcalde panista de Zapotitlán Tablas, Silvino Mosso Porfirio. También es el caso de los conflictos internos de ayuntamientos perredistas como el de San Luis Acatlán, La Unión y Copala, entre otros, con el fin de ser sujetos de negociación con el PRD en el futuro.

La reforma electoral

La reciente reforma electoral también tuvo su origen en Casa Guerrero. Luego de que el presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRD, Martín Mora Aguirre, denunciara el 4 de febrero de este año, que los diputados priístas pretendían aprobar su propia reforma electoral, a diez días de que se venciera la fecha límite para acordar una reforma constitucional; y ante la posibilidad de una movilización opositora en contra de la reforma. Al día siguiente, el gobernador invitó a una reunión en las oficinas de la Promotora Turística a los dirigentes estatales del PRD, PAN y Convergencia, para acordar la presentación de una propuesta de dictamen de reforma única y consensuada con las dirigencias, misma que finalmente se aprobó en la sesión del 12 de febrero.

La reforma incluye crear un fiscal para delitos electorales, se tipifican los delitos cometidos por funcionarios públicos en elecciones, se eleva de 1.5 a 2 por ciento el porcentaje para el registro de nuevos partidos, y se hacen precisiones en materia de coaliciones.

La cuenta pública

El tema de la cuenta pública y de la aprobación del presupuesto del gobierno estatal para el ejercicio de 2004 tampoco fue problema. Incluso, en contra de la orden de su dirigencia nacional, 9 de los 17 diputados locales del PRD se abstuvieron; el coordinador David Jiménez Rumbo expresó que les habían ordenado votar en contra no abstenerse, cuando esta figura no existe en el debate parlamentario, pues se contabiliza como voto a favor. Dos de los cuatro del PAN, el coordinador Max Tejeda Martínez y Porfiria Sandoval Arroyo, votaron a favor de aprobar la cuenta pública del gobernador (los gastos del gobierno de enero a agosto de 2003), el 12 de febrero de este año.

Los diputados Arturo Martínez Pérez y Gloria Sierra López, el primero panista y la segunda perredista, ambos integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, por segunda ocasión consecutiva no avalaron con su firma el dictamen que se somete al Pleno de los diputados. Han sido tres de sus integrantes –el priísta Alvis Gallardo, quien la preside, el petista Fredy García y el verde Marco Antonio de la Mora–, los únicos que la han aprobado. Es decir, el dictamen de la Cuenta ha pasado de panzaso por tres votos a favor y dos en contra. Pero ya en el pleno las cosas cambian, y la Cuenta pasa sin problemas, pese a denuncias realizadas por las dirigencias de los partidos de un uso partidista de esos recursos.

En el PAN, un primer diferendo se dio cuando en su partido se obligó al panista Arturo Martínez a votar a favor de la cuenta pública del 2002, como integrante de la Comisión de Hacienda, pese a que había manifestado que no lo haría.

En el PRD, en marzo de ese año, la entrega de un bono a algunos diputados de ese partido hasta por 400 mil pesos, lo que se conoció cuando las diputadas locales Gloria Sierra y Yolanda Villaseñor anunciaron haberlo devuelto, provocó el primer conflicto interno en esa fracción, sobre todo porque se acercaba la votación del presupuesto de egresos. Se sospechó que el bono podría ser a cambio del voto a favor.

Finalmente, los diputados del PRD votaron en contra del presupuesto de egresos, pese a que algunos se inconformaron con el dictamen elaborado por Gloria Sierra y la coordinadora Adela Román.

Al PRD además, o por lo menos a uno de sus diputados, le tocó hacer el trabajo sucio para el PRI. Tal es el caso del diputado Mariano Dimayuga Terrazas, quien propuso modificaciones al Código Penal del estado, las cuales se conocen como la Ley Dimayuga, que castiga a quienes bloquean o cierran vías de comunicación. Las modificaciones fueron aprobadas por la mayoría del voto priísta y sólo con dos del PRD, el del mismo Dimayuga y el del diputado Marco Antonio López, del grupo político del alcalde de Acapulco Alberto López Rosas.

Funcionarios a salvo

La mayoría priísta y sus aliados evitaron hacer pasar malos ratos al equipo de gobierno de René Juárez. El 18 de septiembre en conferencia de prensa, el titular de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Daniel Pano Cruz, declaró a esa dependencia en una quiebra financiera y culpó de ella a los partidos políticos, en general, afirmando que éstos habían “acabado con la gallina de los huevos de oro”.

La información provocó reacciones de las corrientes magisteriales y de los partidos políticos opositores. Los grupos magisteriales, se negaron a aceptar el Plan de Austeridad anunciado para la SEG por Pano Cruz, y los partidos demandaron la comparecencia de éste ante el Congreso local, para que aclarara las causas de la quiebra financiera, pues lo que no dijo en la conferencia donde anunció la quiebra, es lo que es voz popular: que el PRI ha sido beneficiaro de la SEG, en particular, con aviadurías para sus políticos.

El viernes 25 de septiembre, el PRI, de nuevo aliado con los diputados del PAN, rechazó auditar a la SEG y posteriormente bloquearon la demanda de comparecencia al funcionario, sustituyéndola por una reunión de trabajo que presidió el titular de la Comisión de Educación, el diputado por el partido Convergencia Félix Bautista Matías.

Otra funcionaria a la que se ha salvado de comparecer en el Congreso, es a la titular de la Secretaría de Salud, Verónica Muñoz Parra, luego de que a mediados del año pasado se presentó una epidemia de dengue, y se denunció la ineptitud de la dependencia para frenarla.

Así, con una oposición desunida y en algunos casos cooptada, René Juárez tendrá un último periodo sin la molestia de una fiscalización seria al manejo de los recursos públicos, sin problemas para entrar al proceso de entrega-recepción en caso de que el gobierno del estado sea ganado por el candidato de un partido opositor. Incluso, hace un año instaló una oficina de entrega-recepción, que preside el priísta Enrique Alarcón Vélez, quien apenas el domingo 28 de marzo se dejó ver en una reunión con el equipo de precampaña de Cárlos Sánchez Barrios, en Chilpancingo, cuando éste amenazó con salirse del PRI.