Toma posesión del Registro Civil de Tierra Caliente hija de la secretaria del Migrante

Este lunes Humberto Chávez dejó la coordinación del Registro Civil en Tierra Caliente, y en su lugar se dio posesión a Silvia Pérez Rivera, hija de la actual secretaria del Migrante, Silvia Rivera Carvajal.
Ayer por la mañana llegó a las oficinas de la coordinación del Registro Civil de Tierra Caliente en Coyuca de Catalán, la delegada de Gobierno en esta región, María Asunción Santa María Jiménez, para darle posesión a la nueva responsable del área.
Se informó que fueron instrucciones del gobierno del Estado y que los cambios buscan mejorar el trabajo de la oficina.
Quien entregó la coordinación fue Humberto Chavez, quien informó que asumirá un cargo en la misma dependencia pero en la oficina central, en Chilpancingo. Humberto Chavez había sido destacado en la última visita de la gobernadora como uno de los mejores delegados que tenía Tierra Caliente .
Y en su lugar llegó Silvia Pérez Rivera, quien ocupa su primer cargo en la actual administración.
Es hija de la secretaria del Migrante Silvia Rivera Carvajal, quien previamente estuvo también como la titular del Registro Civil en Guerrero y recientemente fue cambiada para asumir el cargo de la secretaría del Migrante.
También se anunció más cambios en el personal de la oficina de los cuales señalaron que ocuparían otros cargos dentro del mismo gobierno estatal y de la misma dependencia del Registro Civil. (Israel Flores / Ciudad Altamirano).

 

Organizan maestros de media superior del país una coordinadora que cuide sus derechos laborales

Maestros y líderes sindicales comenzaron los trabajos para integrar la Coordinadora Nacional de la Educación Media Superior, para defender sus derechos laborales y la educación pública. En Acapulco se reunieron representantes de Guerrero, Chiapas, Michoacán y Estado de México.
En las instalaciones de la delegación de los Servicios Educativos de la Región Acapulco-Coyuca de Benítez, de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), se llevó a cabo el primer encuentro nacional de sindicatos y trabajadores de educación media superior.
En nombre de sus compañeros habló el secretario general electo del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres de Chiapas, Fernando Serrano Monroy, quien explicó que el propósito de la reunión es organizarse en una Coordinadora Nacional de la Educación Media Superior, que tenga como referente la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Explicó que la organización es para defenderse de la “mal llamada reforma educativa”, porque los despoja de sus derechos constitucionales como trabajadores y busca privatizar la educación.
“Queremos organizar una agenda que nos permita defender los contratos colectivos que hoy en día tenemos, defender el sindicalismo y cuidar que estas reformas estructurales, que está impulsando el gobierno federal y el gobierno del estado, no pasen porque en lugar de beneficiar al pueblo lo está pauperizando”.
“Estamos en un proceso de análisis y de propuestas para construir esa agenda, para poder actuar de manera sincronizada en todo el país, en cuanto haya alguna agresión en cualquiera de los subsistemas y a cualquiera de los participantes a este encuentro”.
El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán, Gabriel Hilario Marcelino, indicó que la organización es para evitar que se presenten casos como el de Jalisco, donde 105 maestros de educación media superior fuero cesados por no presentar la evaluación, debido a que en esa entidad los profesores no se unieron.
Los líderes sindicales denunciaron que en Chiapas y Guerrero en el Colegio de Bachilleres se viola el contrato colectivo del trabajo y el otorgamiento de las prestaciones se condiciona con que los maestros sean evaluados.
El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres de Guerrero, Alfredo Ramírez García, agregó que la reforma educativa sólo busca cercenar los derechos y conquistas laborales que los trabajadores han logrado.
Dijo que los maestros están a favor de la evaluación para capacitar a los maestros, pero no de la propuesta que pretende quitarles prestaciones. En el caso de Guerrero, contó que para otorgar horas base a los maestros de nivel medio superior, para obtener una beca, para pagar la prestación de eficiencia académica, el estímulo académico todo va condicionado a someterse a una evaluación, lo que va en contra del contrato colectivo del trabajo y de los reglamentos para la entrega de los estímulos.
Dijo que actualmente hay unos 150 maestros del Colegio de Bachilleres de Guerrero que no han recibido el estímulo de eficiencia académica, correspondiente a 2016.
En el caso de Chiapas, Serrano Monroy indicó que hay unos 200 maestros que no han recibido el estímulo por titulación de posgrado, algunos desde hace tres años. Otras acciones pendientes son las recategorizaciones, pues les han dicho que no hay dinero.
La representante de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) se quejó de que el actual rector Javier Saldaña Almazán, al que llamó el “cacique de la Universidad”, junto con el secretario general del STAUAG sólo benefician a sus allegados.
El secretario general del sindicato único de trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guerrero, Francisco Armenta, indicó que también en este sistema las prestaciones de los maestros están siendo condicionadas a la evaluación.
El secretario general del Sindicato Democrático del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guerrero, Eloy Marcial Lorenzo, advirtió que no van a permitir que los maestros calificados como idóneos sean empleados para desplazar a otros maestros que tienen horas o espacios de dirección por derecho.
En la conferencia también estuvieron el integrante de la Dirección Política de la sección 40 de Chiapas, David Enrique Salazar Cruz; el secretario general del sindicato independiente y democrático del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas, José Luis Guzmán Jiménez; el representante de Comité de Bases Ampliadas del Nivel Medio Superior, Pericles Ramírez Jiménez; representante del DGTI del Estado de México, Dora Luz Cortez Bautista; el secretario general del sindicato de trabadores auténticos del Conalep del Estado de Guerrero, Miguel Ángel Rodríguez.

En proceso, una auditoría para descubrir anomalías en el Acabús, dice Simón Zamora

 

El presidente del Consejo de Administración de la Coordinadora Acabús, Simón Zamora García, informó que está en proceso una auditoría interna para encontrar las anomalías en este transporte.
Insistió en que el déficit de 30 millones de pesos no es por exceso de trabajadores administrativos ni por el robo del combustible, e insistió en que el problema financiero se debe a la gratuidad de los tres meses, lo que tiene que ser subsidiado por el gobierno del estado.
En una llamada a la Redacción de El Sur, el trasportista aseguró que ya hay una demanda penal por el robo de combustible contra el secretario del Consejo de Administración del Acabús, Jonás Vélez Peláez.
Indicó que está en proceso la auditoría para encontrar desvíos de dinero por parte del tesorero Ricardo López Ocampo, y en caso de encontrarse también se iniciará una demanda en su contra.
Respondió que los socios son enviados por la directora del OPD, Silva Zapata López, y “su futuro es incierto, ya que atenta con las fuentes de empleo de los trabajadores”.
Explicó que la chequera no está a su arbitrio y como toda empresa anónima tiene sus gastos de oficina, pero que no tiene fondos porque la directora del Acabús no ha depositado dinero.
Simón Zamora detalló que el pasado 10 de agosto, el tesorero del Consejo de Administración del Acabús, Ricardo López Ocampo, dejó de trabajar porque ingresó Crescencio Díaz Soria, el 6 de agosto; “dejó su responsabilidad sin hacer una entrega a la asamblea general”.
Añadió que la renuncia en el OPD del Acabús de Ricardo López no tiene valor, “él incurrió en una falta que se puede convertir en penal, en caso de arrojar un faltante la auditoría interna se va a proceder a una demanda”.
Agregó que ya se integró una demanda contra el tesorero Jonás Vélez Peláez por robo de combustible, porque, dijo, él tiene las llaves de los tanques de la gasolina de los camiones, e incluso él recibió parte de la flota y luego “se convirtió en un aviador”.
Zamora García reconoció que algunos choferes capacitados de las rutas alimentadoras robaron combustible en garrafas pero fueron despedidos, “eso se controló, fue cosa mínima”.
Mencionó que en el caso del comisario Nelson Ríos, éste dejó de trabajar en el Acabús y se dedicó a atender su negocio de lavanderías; “yo fui al OPD para que le quitaran su salario, al igual que a Judith Radilla, ambos querían ser aviadores, por eso su molestia”.
Indicó que antes pidió al OPD del Acabús una revisión de las áreas para descartar a aviadores, “pero no lo hizo porque no existe eso”, y recalcó que el Consejo de Administración trabaja bajo los parámetros del título de concesión.
Explicó que están destinados 90 administrativos, pero tiene 80, mientras que los choferes deben ser 339 pero hay 325, 14 menos, y que los gastos en nómina tienen que ser de 4 millones 4 mil pesos pero son de 4 millones, “estamos trabajando de una forma transparente”.
El presidente del Consejo de Administración de la Coordinadora A cabús reconoció que tiene a familiares en la nómina, pero justificó que ellos eran socios de las extintas Maxirutas, e incluso los primeros 60 trabajadores son los dueños de los camiones, entre ellos el hermano de Judith Radilla, “somos puros transportistas, nosotros no queremos que vengan personas de fuera a hacer nuestro trabajo”.
Indicó que ya reinstaló a los 54 choferes despedidos por la directora Silvia Zapata, porque se basó en el parámetro de título de concesión, “en un acto de apoyo a los choferes, no fue ni un show ni nada”.
Insistió en la destitución de Zapata López porque “atenta contra la fuente de trabajo de los empleados”. Dijo que siguen en la idea de plantarse hoy en la Casa Guerrero.
El pasado viernes, los socios mayoritarios del Acabús denunciaron que Zamora García montó un “teatro” con los supuestos choferes despedidos, porque la directora del OPD, Silva Zapata López, le redujo los gastos.