Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La coordinadora operativa del Plan Nacional de Reconstrucción de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Aurora Muñoz Martínez, reconoció que es complicado resolver la falta de servicios públicos y el desarrollo urbano en la comunidad Nuevo Balsamar por la falta de certeza jurídica del terreno.
El miércoles, El Sur publicó que 80 de un total de 210 familias damnificadas por el huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel viven en Nuevo Balsamar sin energía eléctrica, sin agua entubada ni drenaje, con calles accidentadas y sin pavimentar.
Entrevistada ayer, Muñoz Martínez, reconoció que atender el problema es complicado porque el fraccionamiento se planeó mal y el terreno es irregular y ahora se requiere de la voluntad y buena disposición de las autoridades de los tres órdenes de gobierno.
Sin embargo, aseguró que se está atendiendo, igual que el resto de los 42 fraccionamientos en el estado que se aprobaron después de los fenómenos de Ingrid y Manuel ocurridos en el 2013.
La funcionaria federal, dijo que las autoridades municipales argumentan para no dar los apoyos a las familias de los fraccionamientos, que no fueron entregados de manera formal, y, por tanto, la normativa no les permite invertir recursos ahí.
Admitió que la mayoría de los fraccionamientos no tienen agua, luz, pavimentación de calles, servicio de drenaje, y que, para ello, se requiere un recurso económico “y eso es complicado porque no hay una normativa que permita invertir recursos en estos fraccionamientos ubicados en terrenos que carecen de certeza jurídica”.
Explicó que Nuevo Balsamar está asentado en un predio que pertenece a los Bienes Comunales de Eduardo Neri (Zumpango) y los Bienes Comunales no reconocen la venta que hizo un particular, lo que ha impedido que se gestionen los servicios. Aseguró que ya han platicado con autoridades de los tres órdenes de gobierno para que se destinen recursos, mejorar las viviendas e introducir los servicios públicos, pero reconoció que “sigue parada esta situación por la certeza jurídica del predio”.
La funcionaria federal admitió que por la falta de servicios públicos, la mayoría de las familias que resultaron damnificadas por Ingrid y Manuel en el 2013, no han querido venir a habitar las viviendas.
De acuerdo a los vecinos del fraccionamiento de las 210 casas, actualmente sólo están habitadas 80.
“Necesitamos la coordinación y la voluntad de todas las autoridades para reconocer el fraccionamiento como tal, y tiene que ver, también, el núcleo agrario para escuchar la necesidad de la regularización del predio”, insistió Aurora Muñoz.
La funcionaria admitió que la adquisición del predio se hizo de manera “incorrecta”, y que Sedatu debió haber previsto la certeza jurídica del terreno, así como realizar los estudios de viabilidad del fraccionamiento, “pero no se hizo”, dijo la funcionaria de Sedatu.
-¿Se planeó mal el fraccionamiento?, -se le preguntó.
-Sí, se planeó mal y hoy la gente está sufriendo esta situación.
Informó que la actual administración federal ha realizado acciones, primero para el reconocimiento de las familias y el fraccionamiento, y, segundo, para entregarles una constancia de beneficiario que garantice que la casa es propiedad de la persona que sufrió el daño.
Reconoció que esto no es suficiente “pero son acciones que van a ir contribuyendo a cambiar las características que tiene ese lugar”.
Insistió que para resolver el problema integral del fraccionamiento Nuevo Balsamar, han buscado la coordinación de los gobiernos municipal y estatal “para que podamos llevar estos servicios” e insistió que se requiere de la voluntad de los tres órdenes de gobierno.
Sobre la falta de energía eléctrica en las casas, informó que la CFE les entregó un proyecto de lo que cuesta la introducción del servicio doméstico pero que esto se tiene que ir atendiendo a la par con la certeza jurídica del predio.
Explicó que la intención es que todas las viviendas queden en buenas condiciones para que el resto de las familias damnificadas se decidan a habitarlas. Declaró que el problema se tiene que resolver, “no se puede quedar así, tenemos que hacer algo, pero somos los responsables de atender esto; el gobierno federal, estatal y los municipales”, insistió.
Convocó a las autoridades municipales para que se integren a resolver el problema que está afectando a las familias.
Aseguró que se han reunido autoridades de los tres órdenes de gobierno en la Secretaría General de Gobierno, en las que han estado, también, los representantes de las familias de la comunidad, y que la idea es que la gente pueda ir recibiendo los apoyos que se requieran aunque no esté formalizada la certeza jurídica. “No podemos esperarnos a que se resuelva la certeza jurídica y la gente siga viviendo en esas condiciones, tenemos que aterrizar en proyectos importantes”, dijo.
Aurora Muñoz, informó que por lo pronto les van a dar a las 80 familias que ya viven en el fraccionamiento un recurso del programa Por una Mejor Vivienda para el mejoramiento de sus casas.
Aun así reconoció que para las familias hay incertidumbre porque no ven que haya avances en lo que tiene que ver con la propiedad del predio, pero dijo que esto no se ha podido resolver porque el dueño que le vendió a Sedatu presenta una documentación que ya está registrada ante el Registro Público de la Propiedad, pero no es reconocida por los comuneros. Opinó que para resolver de manera integral el problema, tiene que haber una mesa de diálogo en la que participen los tres órdenes de gobierno.