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Reparte la CRAC su reglamento interno por primera vez a 28 años de su creación

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Con la presencia del delegado del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), Manuel Vásquez Quintero, de la presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Luz Fabiola Matildes Gama y de presidentes municipales, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), comenzó a distribuir su reglamento interno en una asamblea regional realizada el sábado en San Luis Acatlán.
El reglamento fue consultado en asambleas que comenzaron el 14 de octubre y aprobado el 17 de diciembre, y por primera vez en 28 años de la creación de la CRAC y su Policía Comunitaria fue impreso en un libro.
Entrevistado por teléfono, el coordinador de la casa de justicia de San Luis Acatlán, Raúl de Jesús Cabrera, informó que de las cinco casas de la CRAC sólo la de Zitlaltepec, municipio de Metlatónoc no han recibido sus respectivos ejemplares debido a que no se han renovado los coordinadores por falta de quórum.
Informó que las otras casas de Espino Blanco, municipio de Malinaltepec, Las Juntas de Caxitepec, municipio de Acatepec, El Paraíso, municipio de Ayutla y la casa matriz de San Luís Acatlán hicieron sus propias asambleas por separado para entregar los ejemplares a los comisarios municipales, coordinadores, comandantes y policías comunitarios.
Informó que se imprimieron mil ejemplares con recursos de un proyecto del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) que además utilizaron para convocar a las reuniones, para la gasolina de quienes asistieron a las asambleas, alimentación, “papeleo”, y para el pago de los abogados que se encargaron de la redacción y la impresión.
Informó que en la asamblea de la casa matriz del sábado en San Luis Acatlán, estuvo como invitado el delegado del INPI, Manuel Vásquez Quintero y la consejera presidenta del IEPC, Matildes Gama, en respuesta a una petición de la consejera de que fuera invitada en una de sus asambleas por la CRAC.
“La consejera nos dijo con anticipación que si la invitábamos a una mesa de reunión asistiría con gusto”, explicó de Jesús Cabrera.
Informó que también asistieron el presidente municipal de Cochoapa, Bernardo Ponce García y el de Atlamajalcinco del Monte, Camilo Cano Guzmán. Así como el subsecretario para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos Pánfilo Sánchez Almazán.
El coordinador de la casa matriz de San Luis Acatlán recordó que la consulta para la reforma del reglamento interno de la CRAC comenzó el 14 de octubre como parte de los festejos por el 27 aniversario de la fundación de la institución comunitaria en San Luis Acatlán y fue aprobado el 17 de diciembre.
Dijo que los ejemplares fueron entregados a mediados de enero y el sábado comenzaron a distribuirse, en el caso de la casa de San Luis Acatlán a los comisarios de las 33 comunidades, de las que en la asamblea del sábado asistieron 28 comisarios municipales, así como comisariados ejidales y comunales.
El vocero de la casa matriz informó que lo destacable del reglamento reformado, son los cambios que se hicieron al artículo 34 en el que se establecen los tipos de casos que puede resolver la CRAC y su Policía Comunitaria.
Explicó que en este apartado se modificó que la CRAC ya no va a tener la intervención en los asuntos de deudas, es decir ya no van a recibir las quejas de los prestamistas parar que mediante la Policía Comunitaria se hagan los requerimientos de pagos, “porque nos han generado conflictos”, dijo.
Informó que también se modificó (ya estaba establecido pero se hicieron ajustes) con respecto a la prohibición de la venta de menores. En este caso se agregó que el castigo será severo tanto para el que compre como para el que venda.
Además, hubo ajustes con respecto al tipo de armamento que utilizará la Policía Comunitaria. Ahora se establece “claramente” que los policías comunitarios sólo utilizarán armas de bajo calibre, es decir el que está permitido por la ley.
Pero se agrega en el nuevo reglamento que “sólo en casos especiales”, como cuando las comunidades, la coordinadora, o los comités de enlaces tengan amenazas del crimen organizado, se convocará a una reunión para que se usen “calibres altos”.
“Nos parece que hubo bastantes avances gracias a que se pudo recorrer la mayoría de las comunidades para discutir el contenido. No fue en una sola reunión, o que sólo estuvieron algunos en una mesa discutiéndolos, se discutieron artículo por artículo para que se pudieran llegar a este tipo de conclusiones”, aseguró el coordinador de San Luis Acatlán.
Asimismo, destacó que por primera vez el reglamento de la CRAC se imprime en un texto.
Mencionó que el primer intentó de reformar el reglamento fue en 2017 y 2018, pero que tuvieron diferencias porque no hubo mayoría para aprobarlo, “pero en esta ocasión tuvimos mayoría y se aprobó sin discusión y de manera unánime.

 

No reconoce la CRAC a ningún grupo de la Comunitaria en Olinalá, aclara su vocero

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) no reconoce a ningún grupo de la policía comunitaria en Olinalá, tampoco cuenta con comités de enlace ni con casa de justicia en ese municipio, aclaró vía telefónica el vocero de la organización, Raúl de Jesús Cabrera.
Reconoció que coordinadores de la casa de justicia de Espino Blanco, municipio de Malinaltepec, acudieron a esa cabecera municipal el sábado, para revisar una solicitud que hizo un grupo de ciudadanos que quiere incorporarse a la CRAC, pero aclaró que para ello tienen que cumplir con el reglamento y los requisitos de la organización.
De Jesús Cabrera explicó que tampoco el otro grupo, del que informó que se formó en 2012, a expensas de la ahora senadora Nestora Salgado, está reconocido por la CRAC.
El Sur informó, en su edición de este lunes, que vecinos y el alcalde morenista de Olinalá, Miguel Reyes Patrón, rechazaron la toma de protesta clandestina de una nueva policía comunitaria, a la que calificaron de grupo armado con actividades ilícitas, que se haría el sábado y que, en cambio, ratificaron a la policía comunitaria que surgió con la ahora senadora Nestora Salgado.
El vocero de la CRAC informó que hay una comunidad de ese municipio que ha querido ingresar al Sistema de Seguridad y Justicia y que planteó la solicitud a la casa de justicia de Espino Blanco.
Explicó que derivado de ello, los coordinadores Zeferino Lorenzo de Jesús y Raciel Marín Sánchez fueron el sábado a verificar la información y a verificar los antecedentes de las personas que están haciendo la solicitud, para ver si cumplen con los requisitos para su integración al sistema.
Insistió en que deben cumplir con los requisitos, que van a revisar la lista y los antecedentes de los policías comunitarios que dicen que ya fueron nombrados, “porque sabemos que en esa zona hay muchas personas que tienen antecedentes (penales), incluso hay personajes que tienen órdenes de aprehensión”.
Adelantó que si este es el caso de quienes están haciendo la solicitud, “no se les va a permitir su ingreso”. Añadió que este es un proceso que debe cumplir todo grupo que solicita su ingreso y que los coordinadores de Espino Blanco fueron precisamente a verificar si cumplen con el reglamento y los requisitos, para darles respuesta, pero no a tomarles la protesta.
Aclaró que ni siquiera hay una casa de enlace, porque apenas plantearon la solicitud y que en dado caso de que llegaran a cumplir con los requisitos, pertenecerían a la casa de Espino Blanco, “pero hasta este momento no han sido aceptados y no se ha confirmado su integración, porque estamos esperando los resultados de los antecedentes de cada uno de ellos, para no caer en el error de estar protegiendo a personajes con antecedentes”.
De Jesús Cabrera precisó que la CRAC tampoco reconoce al otro grupo, que informó surgió en 2012 con el aval de la ahora senadora Nestora Salgado.
Recordó que antes tenían una casa de enlace en Huamuxtitlán, que agrupaba a la policía comunitaria de Olinalá, pero que después se desintegró esa casa de enlace y ya no le dieron seguimiento a la incorporación del grupo de Olinalá, “por lo tanto, no tienen el respaldo. A menos de que se activen y cuenten con sus actas de asamblea y sus nombramientos, pero mientras no exista esto, no pueden decir que son ellos los legítimos. Se tiene que decidir por asamblea”.
Con respecto a que ese grupo de 30 miembros, que vienen funcionando desde 2012 y que cuenta con el respaldo del alcalde Miguel Reyes Patrón, el vocero dijo que para la CRAC el presidente municipal no tiene nada que ver en el reconocimiento de las autoridades comunitarias ni de la CRAC, “eso (el reconocimiento) ya son cuestiones políticas. Él llegó a través de un partido político y representa a la Policía Municipal. A quien corresponde nombrar y reconocer a los policías comunitarios son los comisarios, en asamblea de cada comunidad”.
Insistió que la policía comunitaria y la CRAC no están bajo las órdenes de ningún presidente municipal ni de funcionarios de gobierno, “nos regula la asamblea y es la que decide qué es lo que se tiene que hacer, porque nuestro reglamento está aprobado por la asamblea, no por los ayuntamientos”.
Informó que hay en algunos municipios donde sí hay coordinación con los presidentes municipales, pero es una coordinación sólo para cuestiones de seguridad, “pero no con respecto al reconocimiento de nuestra legitimidad”.

 

Ve el asesor de la CRAC Valentín Hernández al gobierno estatal detrás del conflicto interno

El asesor de la CRAC, Valentín Hernández Chapa habla mientras lo escucha el ex preso político Arturo Campos Herrera, el 15 de octubre en Ayutla en el 23 aniversario de la Policía Comunitaria cuando criticó que se ha invitado al asesor del gobernador César Flores Maldonado .Foto: Rosendo Betancourt Radilla

 

El asesor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Valentín Hernández Chapa afirmó que está dispuesto a presentarse ante una asamblea regional para resolver su situación y la inconformidad de un grupo de ocho consejeros encabezados por el vocero, Sábas Aburto Espinobarros, y el coordinador de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Julián Cortés Flores.
Consultado por teléfono el asesor sostuvo que no hay duda de la intervención del gobierno del estado para dividir a la CRAC, porque no hay un señalamiento contundente en su contra, sino varios y distintos, lo que resulta contradictorio por parte de los consejeros y el coordinador que impulsan su detención, del que desconoce si existe una orden de aprehensión y por qué delito.
Hernández Chapa, indicó que el martes pasado lo trataron de detener policías comunitarios, pero como no existía una orden de aprehensión se desistieron.
El asesor indicó que el conflicto viene de la protesta contra el asesor del gobernador Héctor Astudillo, César Flores Maldonado, en el 23 aniversario de la CRAC en la Ayutla.
Afirmó que está dispuesto a presentarse en una asamblea regional de la organización –que solicitó el miércoles pasado– y que sea la asamblea la que decida su situación, porque él no realiza acciones indebidas, y recordó que durante su participación en la campaña como síndico en San Luis Acatlán se ausentó de la organización.
El integrante de la CRAC señaló que detrás del nuevo conflicto está uno de los tres coordinadores de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Julián Cortés Flores, y el vocero Sábas Aburto Espinobarros, quien dijo también participó en el proceso electoral de hace tres años, sin embargo no tiene problemas.
Dijo que el 29 de septiembre participó en una asamblea de consejeros, a solicitud de uno de los integrantes para rendir un informe del proceso de la reforma Constitucional al Artículo 14 y la Ley 701, pero ahí no se acordó ninguna orden de aprehensión en su contra, “la reunión de consejeros se ha reducido a un grupo de siete u ocho personas cercanas a Sábas, y otros 30 que no han sido citados”.
El ex coordinador consideró que se debe de encausar el proyecto en un sistema autonómico e integral de la región, donde los pueblos tengan la decisión de construir el desarrollo, “nunca nos hemos planteado ser una dependencia del gobierno”, y dijo que el conflicto parte del acercamiento al gobierno y el presupuesto que destina a la CRAC, “ese es el punto donde se está generando una diferencia, pero no se puede hacer a punta de pistola, persecución y encarcelamiento.”
“Por esta divagación en las causales que se han manejado para mi detención nosotros creemos que así se maneja el gobierno, cooptando gente, hoy sabemos que el gobierno del estado aportó un dinero para el aniversario, que fue muy pobre, sin mesas de trabajo, sin un posicionamiento político, como el tema de los presos políticos, los asesinatos de los compañeros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa la Parota”.

Comandantes y policías denuncian irregularidades

En una llamada telefónica a la redacción, un comandante regional de la CRAC de San Luis Acatlán que prefirió omitir su nombre por temor a ser encarcelado, a nombre de sus compañeros policías comunitarios dijo que están en contra de las arbitrariedades que ocurren en la Casa de Justicia, y no sólo contra Hernández Chapa.
Dijo que un grupo de ocho consejeros y un coordinador están tomando las decisiones que se deben de discutir en asamblea, e incluso los policías comunitarios han detenido a delincuentes y por causas que desconoce han sido absueltos, sin ser presentados en una asamblea.
Afirmó que por estas mismas irregularidades y a pesar de la advertencia de los consejeros y el coordinador de ser detenidos por incumplir órdenes, sus compañeros policías no quisieron detener al asesor de la CRAC, Hernández Chapa.
Responsabilizó a Sabás Aburto y Juan Horta como dos de los autores del conflicto que se vive, y se pronunció en contra de que sigan en el sistema porque ambos no pertenecen a comunidades donde la CRAC tenga presencia.
Se informó que este domingo fue suspendida una asamblea de consejeros porque sólo se presentaron nueve de 38, y se informó que posiblemente el 18 de noviembre se realice una asamblea regional, donde se discuta y se exponga el conflicto de Hernández Chapa.
Se marcó por la tarde al teléfono a Aburto Espinobarros pero no respondió a las llamadas.

Sustituyeron a los cinco coordinadores de la CRAC-PC de San Luis Acatlán; incumplieron el reglamento: vocero

Los cinco coordinadores de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán elegidos en febrero, fueron sustituidos en la asamblea regional del 23 de julio porque incumplieron el reglamento y no dieron cuentas de sus reuniones con el representante del gobierno del estado y de los fondos que administran, informó el vocero de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), Sabás Aburto Espinobarros.
En consulta telefónica confirmó que no concluye la integración de la nueva coordinación, pues en la asamblea anterior sólo eligieron a tres integrantes, uno del pueblo me’phaa y dos del pueblo mestizo. Falta el representante del pueblo na’ savi y de una mujer.
Explicó la intempestiva separación de los coordinadores de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, conocida como Casa Matriz de la CRAC. Aseguró que no aplicaron el reglamento interno, no convocaron a asambleas, no rindieron informes de los detenidos ni informaron de sus reuniones con el fiscal regional y con el asesor del gobernador, César Flores Maldonado, en tres ocasiones.
De manera extraoficial se supo que los consejeros regionales esperaban un informe sobre la detención de los priistas acusados de comprar votos y que fueron detenidos por la Policía Comunitaria.
Aburto Espinobarros añadió que los ex coordinadores tampoco rindieron cuentas de los fondos que aporta el gobierno municipal de San Luis Acatlán, ni de la cooperación por adeudos recuperados de personas físicas y morales.
Indicó que debido a que no rectificaron su conducta se aplicó el reglamento que señala la remoción de una autoridad en cualquier momento si existen elementos de peso. (Lourdes Chávez / Chilpancingo).

 

En “un mes y días” obtendrá su libertad, confía el preso de la CRAC Gonzalo Molina

El preso de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC.P), Gonzalo Molina González, informó que en un mes y días obtendrá el auto de libertad, pues la siguiente semana cierra la causa en la que lo acusan de terrorismo, robo agravado y lesiones, y aunque hay otra por la misma razón al resolverse la primera se resuelve la segunda.
Llamó a las organizaciones sociales y de derechos humanos y al sistema de justicia comunitario a estar atentos, y mencionó que su liberación nunca ha estado sujeta a negociación.
En un enlace telefónico mediante el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, Molina González quien lleva más de cuatro años preso, manifestó que le pusieron trabas para alargar su proceso jurídico y mantenerlo recluido.
“Ya estoy cerrando esta semana, ahorita acabo de hablar con mi abogado… no hay nada que hacer en la causa 59/13 que está en el juzgado de distrito… terminamos el proceso”, puntualizó.
Dijo que cerrando esta causa en una semana solicitaría su audiencia de vista, finalizaría y en mes y días le estarían entregando auto de libertad, pues se desahogaron todas las pruebas que lo señalan inocente.
Agregó que resolviéndose esa causa se resuelva la otra que queda, la 47/2017, porque la ley dice que no puede ser juzgado dos veces por el mismo delito.
Dijo que en mayo este proceso tenía que haberse resuelto, sin embargo el juzgado Séptimo expuso que había audiencias que desahogar, entre ellas un peritaje cultural, pero se desistió de todas las audiencias.
Abundó que considera con su abogado que las pruebas que tienen son suficientes para echar abajo los delitos de los que lo acusan.
Molina González manifestó a las autoridades que esta lucha que ha llevado “con dignidad”, es la lucha de las comunidades y pueblos indígenas, y que siempre ha dicho que su libertad no está en negociación.
Agregó que tiene siete causas penales y en todas está absuelto, sólo le quedan esas dos pero tampoco hay delito que perseguir, y tiene que salir en libertad.
“Desde este lugar quiero hacer un llamado a los compañeros para que estén pendientes de mi salida, esta salida, esta libertad no se la debemos a nadie más que a las personas, compañeros que me han apoyado siempre, que han estado cerca conmigo y que gracias a eso he aguantado toda esta injusticia que se ha cometido en mi persona, lo hago por el bien de los niños principalmente, lo hago por la lucha que han llevado nuestros pueblos y comunidades indígenas de más de 500 años resistiendo el saqueo, la explotación, la discriminación y el exterminio, por eso Gonzalo se ha mantenido firme”, expuso.
Resaltó que está contento porque pronto estará en libertad y saldrá con la frente en alto. (Beatriz García / Chilpancingo).

 

Respaldan mujeres indígenas del país y de América a Nestora contra la “violencia política”

La Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (Conami) y Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas (ECMIA) respaldaron a la ex comandanta de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), y candidata a senadora por Morena, Nestora Salgado García, “ante la violencia política ejercida por el candidato a la presidencia Antonio Meade de señalarla como secuestradora”.
En un comunicado integrantes de las organizaciones levantaron la voz en defensa de la candidata, para manifestar su apoyo y respaldo.
Abundaron que es sabido y está demostrado que Nestora Salgado es inocente, que así lo han demostrado los juicios a los cuales fue sometida, así como recomendaciones de instancias nacionales e internacionales de derechos humanos.
Indican que les preocupa el actuar del candidato porque demuestra, “su voracidad, indolencia y falta de ética”, porque no le importa que al desacreditar al candidato a la presidencia de Morena, Andrés Manuel López Obrador, ponga en riesgo la seguridad de ella, además de también desacreditarla.
Exponen que Meade Kuribreña no conoce los procesos organizativos en México y que la CRAC de la Montaña y Costa Chica opera bajo el marco legal establecido en el artículo 2 constitucional, el Convenio 169 de la OIT y la Ley 701, además de que no conoce los derechos de las mujeres indígenas.
Exigieron al candidato priista una disculpa pública “por su decir y proceder y que retire la propaganda presente en los distintos medios de comunicación que reiteran sus difamaciones, lo hacemos responsable de las agresiones y violencia que pueda sufrir la compañera Nestora y los integrantes de la CRAC”. (Beatriz García / Chilpancingo).

 

Asesinan a un ex policía comunitario de la CRAC y a su hijo en Jamiltepec, San Luis Acatlán

La tarde del domingo un ex policía comunitario de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de 63 años y su hijo de 45 fueron asesinados a escopetazos en la comunidad de Jamiltepec el Mango, San Luis Acatlán, y uno más resultó herido.
Las autoridades comunitarias informaron que pasado el mediodía tres hombres se hacían trabajos de campo en las cercanía de la comunidad cuando fueron atacados, en el lugar murió el señor Andrés de 63 años y su hijo Neftalí de 45, en tanto un tercer hombre resultó herido de un impacto de bala en el brazo.
Ambos cuerpos quedaron tirados en el suelo. Las víctimas presentaba impactos de bala en los brazos y el pecho. El lugar fue resguardado por policías comunitarios y agentes de la Fiscalía, que no pudieron realizar las diligencias debido a que los familiares se llevaron los cuerpos.

Retrasan sentencia a un preso de la CRAC; señalan que el gobierno usa el caso políticamente

La mamá del policía comunitario de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Samuel Ramírez Gálvez preso en la cárcel de esta ciudad, Beatriz Gálvez Macario, exigió a las autoridades la liberación de su hijo y la reparación del daño, luego de que se hicieron cuatro peritajes que terminaron en febrero y se debió emitir sentencia el mes pasado pero no fue así.
La representante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, Enriqueta Chávez López dijo que la organización considera que no emiten sentencia por la contienda electoral y que se está buscando cómo utilizar el caso políticamente.
En una llamada telefónica la madre del preso político expuso que a su hijo “desde hace años están que lo van a sacar y no hay salida y ya se cerró el caso… ahorita falta, estamos en espera pues para que ya lo tengamos afuera, yo exijo que reconozcan la Ley 701 y que reconozcan que mi hijo es comunitario, no es ningún delincuente, no es ningún secuestrador”.
Abundó que hay delincuentes peligrosos pero con dinero salen libres, desafortunadamente su familia es de bajos recursos y como el gobierno es corrupto todo lo hace con dinero, motivo por el que su hijo sigue preso.
Indicó que las autoridades deben reconocer que su hijo está en la cárcel sin ninguna culpa porque el arma que estaba utilizando cuando lo detuvieron la llevaba porque estaba en funciones de policía comunitario.
“Exigimos que los años que estuvo ahí se le recompensen porque ahorita yo estoy toda endeudada por ese encarcelamiento, y ahora si él sale, sale sin ningún recurso, es como si hubiera estado durmiendo cuatro años y cacho y qué va a hacer en su futuro, ese es el problema”, resaltó.
Enriqueta Chávez manifestó que con la organización consideran que el motivo por el que no se ha sentenciado a Ramírez Gálvez es que hay una situación electoral, que están esperando poder manejar el caso políticamente.
En el proceso de Ramírez Gálvez se realizaron cuatro peritajes, el primero fue el de Tecnología, el segundo de Grafoscopía, uno de Química Forense y el de Dactiloscopía que se terminaron en febrero y en marzo se debió emitir la sentencia.
Remarcó que es evidente la inocencia de Samuel Ramírez, que los familiares y activistas que lo apoyan van a esperar pero que jurídicamente están presionando.
Agregó que se enviaron al Juzgado Séptimo de Distrito de Chilpancingo dos recursos de inconformidad porque no resuelven nada.
“El proceso terminó pero todo salió favorable a Samuel, entonces lo único que quedaba era presentar obviamente documentos que estuvieran a nuestro cargo, evidentemente estaría en la Fiscalía, eso ya se cerró y solamente estamos en espera de que nos den la sentencia”, dijo.

Cancelan otra vez la audiencia de Samuel Ramírez; no se presentó el perito de química forense

La penúltima audiencia que se tenía programada en el juzgado Séptimo de Distrito del preso de la Coordinadora Regional de autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), Samuel Ramírez Gálvez, se canceló por segunda vez, ahora porque el perito de química forense no se presentó.
Mientras que el también  preso de la CRAC de El Fortín, Gonzalo Molina González exigió a las autoridades se agilice el proceso de su compañero del sistema comunitario para que salga con “libertad absolutoria”.
En un comunicado, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Guerrero informó de las audiencias programadas para el policía comunitario y la cancelación de la de ayer.
Expone que se suspendió debido a que el perito de química forense no se presentó en el juzgado, que  son cuatro peritajes los que se van a efectuar durante su proceso, de los cuales ya se hicieron dos, el primero que se llevó acabo fue el de Tecnología y el segundo de Grafoscopía.
Agrega que el jueves 18 de enero se espera el cuarto de los peritajes, el de Dactiloscopía, y que por lo tanto como se suspendió el de ayer se tendrá que solicitar la nueva fecha este miércoles.
“Cabe señalar que el juez está obligado a presentar a dichos peritos incluso por medio de la fuerza pública. Así es como lo marca la ley, del debido proceso… Esta es la segunda ocasión que estos profesionales judiciales no se presentan a desahogar los puntos litigiosos que son materia de su dictamen, y retrasan en tiempo de esta manera el juicio de Samuel Ramírez”, señala.
Por su parte Molina González dijo “en este momento urge que el compañero salga, pero no queremos que salga por salir sino absuelto,  como debe de ser porque no hay delito que perseguir, hay pruebas suficientes que echan abajo todo porque sí se reconoce a la CRAC como institución, entonces todo eso más los jueces que han liberado a nuestros compañeros, pues ya es justo que Samuel salga”, expresó.
Recalcó que con su encarcelamiento y el de Ramírez Gálvez y los ataques en los Bienes Comunales de Cacahuatepec, municipio de Acapulco, a la Policía Comunitaria, está demostrado que hay un gobierno fallido y autoritario, que trata de implementar a través de la fuerza militar los proyectos que van a beneficiar a las grandes empresas, no al pueblo de Guerrero ni a México.

Libre, Arturo Campos de la CRAC tras 4 años preso; no se acreditó que cometió secuestro

Después de 4 años y 13 días preso fue liberado la tarde de ayer el promotor de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de Ayutla, Arturo Campos Herrera, que los últimos dos años los pasó en el penal de esta cabecera municipal.
El promotor de la CRAC de la Casa de Justicia de El Paraíso de este municipio salió libre a las 4:15 de la tarde, luego de que el juez de Primera Instancia del Ramo Penal de Tlapa le dictó auto de libertad absolutoria al no poder acreditarle el delito de secuestro del que lo acusaban las autoridades.
Al pisar la calle Campos Herrera declaró que seguirá luchando por la libertad de sus compañeros presos, Gonzalo Molina González, promotor de la Policía Comunitaria de Tixtla y del policía comunitario de Zitlaltepec, municipio de Metlatónoc, Samuel Ramírez Gálvez, ambos en el penal de Chilpancingo.
Asimismo dijo que continuará en la lucha por la defensa de la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas, y en contra de la Ley de Seguridad Interior y de la militarización del estado.
Afuera del penal lo esperaban su esposa Agustina García y la más pequeña de sus hijas, Amayeli de 4 años, a quien el promotor comunitario abrazó y la conmovida menor irrumpió en llanto junto a su hermana mayor y su madre.
También lo esperaban el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, el sobreviviente de la masacre de El Charco ex coordinador de la CRAC de este municiplo y también ex preso, Bernardino García Francisco, y los policías comunitarios que estuvieron presos Ángel García García, Eleuterio García Carmen, Abad Ambrosio Francisco, Florentino García Castro y Benito Morales Bustos.
Asistieron don Hermenegildo Ortega, padre de Mauricio Ortega Valerio uno de los 43 estudiantes de  Ayotzinapa desaparecidos, el asesor de la CRAC de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán Valentín Hernández Chapa, el consejero Sabás Aburto, así como una veintena de seguidores de Campos Herrera que al verlo salir estallaron en consignas como: “Libertad, libertad, a los presos por luchar”.
Campos Herrera salió de la cárcel acompañado por los abogados de Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra y Rogelio Téliz, que llevaron la defensa de Arturo Campos.
Desde el umbral de la puerta del penal Campos agradeció a los organismos civiles, organizaciones sociales, a su familia y las personalidades que estuvieron con él y en la lucha por su libertad. También agradeció a los medios de comunicación, “y a las orejas (informantes del gobierno) que posiblemente se metan a escuchar, les pido que lleven el mensaje que nosotros somos inocentes y por eso logramos nuestra libertad”.
Aclaró que su libertad no se logró bajo ninguna negociación con el gobierno, “se logró porque demostramos con pruebas contundentes que nunca existieron los delitos por los que nos acusaron”.

La Ley de Seguridad Interior viola la Constitución

Después respiró hondo y exclamó, “ya estoy libre y ahorita lo que sigue es luchar por los compañeros que siguen presos. Vamos a seguir defendiendo a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, a la Ley 701. Estamos en contra de la Ley de Seguridad Interior que está en la Cámara de Senadores. Estamos en contra de la militarización del país y vamos a unir fuerzas para exigir al gobierno que esa ley se tiene que echar para abajo, y si no de todos modos vamos a organizarnos para defendernos en contra de la militarización”, advirtió.
Denunció que la gente de las comunidades indígenas ha sido atropellada y que se han violado los derechos humanos de las mujeres y hombres por el Ejército, “y ahorita el gobierno federal está impulsando una ley en contra de la Constitución porque el Ejército ni la Marina deben andar en las calles, ellos deben estar encuartelados y eso lo dice la Constitución”, expresó.
Insistió que es violatoria a la Constitución “y por eso nosotros como luchadores sociales es nuestra obligación estar en contra, y organizar a la gente para defendernos como pueblos indígenas”.
El abogado Rosales Sierra informó que Campos salió en libertad absoluta porque en el procedimiento no se acreditó uno de los elementos fundamentales del secuestro.
Explicó que el secuestro se compone de dos elementos, la privación de la libertad y la finalidad con que se priva de la libertad a las personas, y que no se acreditó el segundo elemento, “porque la finalidad con la que estaban detenidas las personas en la Casa de Justicia de El Paraíso era para procesarlos en el Sistema de Justicia indígena debido a que habían cometido delitos”, aclaró.
Dijo que con esto los jueces federales han reconocido plenamente a la CRAC como autoridad plenamente establecida, que puede ejercer actividades de seguridad y justicia, ese criterio se logró a pulso con varios amparos de varios procesos que Arturo Campos enfrentaba, igual que en el caso de los seis policías comunitarios de la Casa de Justicia de El Paraíso que fueron liberados anteriormente.
“Hay un caudal de resoluciones y de precedentes jurídicos que hoy tienen los tribunales, y que sirvieron de base para dictar la libertad a favor de Arturo Campos”, informó.
Añadió que quedó evidenciado que el gobierno de Ángel Aguirre Rivero utilizó el sistema de justicia y los penales federales para criminalizar a la CRAC.
Antes, Abel Barrera denunció que el caso de Campos muestra el patrón de criminalidad que ha impuesto el gobierno del estado a través de la Fiscalía General, “se han fabricado pruebas y sobre todo, se han usado de manera desproporcionada las penas y los penales”.
Lamentó que Arturo Campos haya tenido que pagar más de cuatro años de encierro y uno de ellos en un penal de máxima seguridad, “esto habla de cómo las autoridades se empeñan en acallar voces críticas como la de Arturo Campos”.
Denunció que en esta situación están los casos de Gonzalo Molina y Samuel Ramírez Gálvez que igual que Arturo, lo que hicieron fue dar todo de sí para que hubiera seguridad y justicia en el estado.
Aprovechó para llamar a que los diputados locales aprueben la propuesta de Ley 701 que están impulsando la CRAC y organizaciones sociales, a fin de que se reconozcan plenamente los derechos de los pueblos indígenas.
En la noche en un boletín, Tlachinollan dijo que “para el movimiento de derechos humanos en Guerrero la libertad de Arturo Campos es el triunfo de una lucha histórica de los pueblos y, sobre todo, de los defensores que se ponen en la línea de fuego tratando de construir un nuevo escenario de respeto a los derechos humanos”.
Añadió que Arturo está libre gracias a la lucha de las comunidades indígenas, pero sobre todo “gracias a su trayectoria impecable, porque es una persona que siempre ha trabajado para construir justicia desde abajo”.