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Presenta la CRAC al IEPC propuestas para elegir a representantes electorales

Consejeros del IEPC encabezados por su presidenta Luz Fabiola Matildes Gama durante la reunión con integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) en las instalaciones de la Casa de Justicia en San Luis Acatlán Foto: IEPC

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

Integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), entregaron ayer a los consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), sus propuestas de cómo quieren que sean electos los representantes para el Consejo General del IEPC, y los Consejos distritales, en una reunión en San Luis Acatlán.
La CRAC propone que los aspirantes a representantes deben salir de las asambleas comunitarias de los pueblos originarios y afromexicanos, deben ser o pertenecer a cualquiera de los pueblos originarios o afromexicano de nacimiento, y haber desempeñado con honorabilidad algún cargo en su pueblo o comunidad.
En declaraciones por teléfono, el vocero de la CRAC de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Raúl de Jesús Cabrera, informó que este miércoles se reunieron en el edificio de la organización, ubicada en la colonia Riviera Acatlán, con la consejera presidenta del IEPC, Luz Fabiola Matildes Gama, y las consejeras Cinthya Citlali Díaz Fuentes y Azucena Cayetano Solano, el consejero Edmar León García, y el secretario ejecutivo, Pedro Pablo Martínez Ortiz.
Detalló que en la reunión que duró cerca de dos horas y media, los coordinadores de las cinco casas de justicia de la CRAC y consejeros de San Luis Acatlán, entregaron sus propuestas de cómo quisieran ser representados de acuerdo al cuestionario que les envió el IEPC.
Del nombre de la figura de representación indígena y afromexicana, la CRAC propuso llamarles “representante de los pueblos originarios y afromexicanos ante el Consejo General del IEPC”, y “representante de los pueblos originarios y afromexicanos ante el Consejo Distrital”.
Dijo que el objetivo de estas representaciones es que en virtud de que los derechos que las leyes les otorga, consideran que “así como los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos independientes tienen representantes ante la autoridad electoral que organiza y califica los procesos electorales, los pueblos originarios y afromexicanos debemos tener representantes ante está autoridad para vigilar y evitar mediante la discusión y el diálogo e incluso mediante la interposición de algún recurso o mediante impugnación legal para que no se violenten o vulneren nuestros derechos políticos electorales”.
Sostienen que estas representaciones deben vigilar y solicitar que los principios de imparcialidad, certeza, legalidad e independencia sean respetados por la autoridad electoral, durante y fuera de los procesos electorales e igualmente pugnar que la actividad de los partidos políticos, coaliciones, sus respectivos candidatos y los candidatos independientes, se apeguen a la constitucionalidad y a la legalidad respectiva en materia electoral.
Resaltó que como organización, proponen que los requisitos de quienes busquen ser representantes sean: ser o pertenecer a cualquiera de los pueblos originarios o afromexicano de nacimiento; carta de autoadscripción expedida por la autoridad del pueblo o comunidad donde vive; contar con una residencia mínima de cinco años en el distrito electoral respectivo; no haber cometido ningún delito doloso; tener 25 años cumplidos; saber leer y escribir; haber desempeñado con honorabilidad algún cargo en su pueblo o comunidad.
También, detalló los aspirantes deben ser propuestos por la asamblea general comunitaria, asamblea regional de autoridades comunitarias o asamblea general de autoridades comunitarias de los pueblos originarios o afromexicano, es decir, que sea avalado por su pueblo, después por una asamblea regional de autoridades comunitarias o en una asamblea municipal y distrital y que todos los consejos estén de acuerdo con quién vaya a ser el representante.
Argumentó que la edad mínima que proponen de 25 años es porque en las comunidades comienzan a participar a los 19 años, además que ya hayan ocupado cargos como comisario, secretario o inspector u otro tipo de cargos de autoridades agrarias.
De Jesús Cabrera mencionó que las facultades de estos representante de los pueblos originarios y afromexicanos que proponen es que tengan derecho a voz en cada sesión del Consejo General del IEPC y ante los Consejos Distritales, en tanto, su obligación será organizar reuniones mediante usos y costumbres para poder opinar y tomar alguna posición tomando en cuenta la opinión de sus representados acerca de los asuntos políticos electorales que repercutan directa o indirectamente en los derechos políticos electorales de sus representados.
Aseveró que la CRAC propone que los representantes ante el Consejo General del IEPC los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas deberán mediante usos y costumbres proponer a ciudadanos que cumplan con los requisitos en una asamblea general comunitaria, asamblea regional de autoridades comunitarias o asamblea general de comunidades de autoridades comunitarias de los pueblos originarios o afromexicanos.
Posteriormente deberán ser electos propietario y suplente en una asamblea general de autoridades tradicionales, y será el representante propietario quién obtenga el mayor número de votos y la suplencia para quién haya tenido el segundo lugar, destacando “en todo momento la paridad de género”.
Manifestó que del caso de los representantes de los pueblos originarios afromexicanos ante los Consejos Distritales deben ser propuestos y aprobados por las autoridades tradicionales de esas demarcaciones territoriales electorales de acuerdo con sus usos y costumbres.
El vocero de la CRAC de San Luis Acatlán expuso que proponen que estos representantes en el Consejo General del IEPC y ante los Consejos Distritales electorales deben permanecer tres años en el cargo, sin derecho a reelección, y podrán ser removidos o sustituidos en caso de no asistir a dos reuniones consecutiva sin justificación o no tomar en cuenta las opiniones o sugerencias de su representados.
Raúl de Jesús expresó que Matildes Gama firmó de recibido sus propuestas que entregaron por escrito, y acordaron que en enero cuando tengan la conclusión final de todas las propuestas que recabaron en diferentes comunidades se volverán a reunir, “para ver si fueron tomadas en cuenta las propuestas de las comunidades”.
Agregó que la institución comunitaria propuso la creación de una Dirección Ejecutiva de Asuntos Indígenas y Afromexicanos y también que en el Consejo General del IEPC sean representados los pueblos originarios y afromexicanos mediante la creación de la figura jurídica del consejero electoral indígena.
“Son dos nuevas propuestas y hay un compromiso de que para la siguiente consulta será tomada en cuenta CRAC para participar con sus autoridades y es donde realmente se abren las puertas y se toma en cuenta nuestra institución indígena”, expuso.
Reprochó que es diferente a lo que hizo el Congreso del estado, “que nunca nos tomó en cuenta por eso hubo mucho rechazo de los comisarios municipales en cuanto a participar en su consulta simulada que hizo” para reformar las leyes 777 del Sistema de Seguridad Pública, y 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas, que se realizó los primeros meses de 2022.

 

Votará la CRAC actualizaciones a su reglamento; propone hasta 30 años de prisión a violadores

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

Autoridades de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) acordaron en asamblea este sábado en El Paraíso, municipio de Ayutla de los Libres, que entre las actualizaciones que harán a su reglamento interno son la sentencias de tres meses hasta 30 años de prisión a quienes abusen sexualmente de familiares o personas con discapacidades y definirán cuándo ocurren los casos de venta de niñas.
También modificarán en su reglamento que los coordinadores de las casas de justicia podrán pedir una prórroga ante sus asamblea para sentenciar a los detenidos y evitar que se violen sus derechos humanos.
Ayer en declaraciones vía telefónica, el vocero de la CRAC de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Raúl de Jesús Cabrera informó que el sábado se celebró la quinta asamblea en la comunidad El Paraíso, en el municipio de Ayutla de los Libres.
Expuso que esta asamblea es parte de los acuerdos que tomaron en San Luis Acatlán el 14 de octubre pasado, cuando celebraron el aniversario 27 de la Coordinadora, con el objetivo de actualizar su reglamento interno, y para ello recorrieron las cinco casas de justicia, la primera asamblea se hizo ese 14 cuando se instaló la mesa para modificar las fallas de dicho reglamento.
Detalló que el 30 de octubre se reunieron en Zitlaltepec, en la Casa de Justicia de Metlatónoc; otra reunión se hizo el 17 de noviembre en Colombia de Guadalupe, con las autoridades de la Casa de Espino Blanco, municipio de Malinaltepec; el 27 de noviembre se hizo la cuarta reunión en la Casa de justicia de Las Juntas-Caxitepec, municipio de Acatepec; y la quinta se realizó el sábado en El Paraíso, con cerca de 800 autoridades comunitarias que pertenecen a esa Casa de Justicia.
Mencionó que en la asamblea debatieron acerca de la reeducación y el derecho de las mujeres, “a la gente le interesa y tenían preparadas sus observaciones. También se les explicó lo que ya se ha discutido en cada Casa de Justicia para no volverlo a repetir, y ellos tenían varios artículos que solamente se someterán a votación en la reunión regional de todas las casas el próximo 17 de diciembre que será en San Luis Acatlán”.
Dijo que en la asamblea regional tienen contemplado la asistencia de 200 autoridades de las 5 Casas de Justicia, en la que aprobarán las modificaciones y presentarán cómo quedará el reglamento interno de la institución comunitaria.
Precisó que en la asamblea del sábado en Ayutla, dialogaron acerca de la venta de niñas, porque aseguró que actualmente en su reglamento interno dice que está prohibida la venta de niñas, “pero no específica en qué momento (se considera venta de niñas), la duda de las personas es que en todas las casas recorridas la única donde ha pasado este problema es en Dos Ríos, municipio de Metlatónoc, y en las demás casas no tienen el mismo problema”.
Manifestó que aclararon que la venta de niñas es cuando le ponen precio o pagan por una menor, “es cuando se habla de una venta de menores”, porque afirmó que en el caso de que voluntariamente las parejas se juntan y así lo acuerden los padres, “al hacer un convivio es una tradición que se hace en las comunidades y por respeto se hace una comida en convivio, y ahí no se habla de venta de los niños”.
Sostuvo que también discutieron del “incumplimiento del matrimonio”, que modificarán porque su reglamento decía que tenían que ir a la cárcel los padres que sus hijos se separaran, y que en la actualidad eso pasa con los jóvenes que se juntan por un rato, y no es culpa de los padres sino que los jóvenes ya no se entienden o ven algo que no les gusta y se separan, y mientras no haya una demanda no se puede actuar.
Destacó que otro acuerdo que modificarán es el castigo a los violadores sexuales, comentó que hay casos que hombres se juntan con mujeres que ya tienen hijas y han ocurrido casos de abuso sexual, por lo que acordaron “un castigo a las personas que cometan ese tipo de actos con sus familiares o también con personas discapacitadas que están indefensos, hay personas que abusan sexualmente de esas ellos y se está diciendo que la sanción mínima sea de tres meses hasta 30 años, es lo que se aprobó que será el castigo, dependiendo el delito que se cometa”.
Raúl de Jesus afirmó que para también se actualizará el tiempo máximo para un proceso de investigación, que actualmente dijo son tres meses, porque detectaron que en las Casas de Justicia hay personas detenidas que llevan más tiempo sin ser sentenciados, y tampoco son liberados, “entonces por reglamento se le debe poner en libertad, se habló de que llegando un plazo de tres meses los coordinadores podemos pedir una prórroga de un mes justificado”.
Argumentó que jueces les han observado que una persona después de los tres meses detenido sin sentencia y sin delito debe ser liberado, entonces “para no cometer más errores se está hablando de una prórroga justificada en una asamblea donde se explique porque se necesita más tiempo, para no violar los derechos de los detenidos”.
Contó que desde hace años se había intentado modificar el reglamento interno de la institución comunitaria, pero por falta de recursos no se había logrado. Dijo que en 2017 se intentó avanzar con una parte, en 2018 se avanzó con otra, pero nunca se culminó, y ahora gracias a un proyecto del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) pudieron costear el traslado a las 5 casas de justicia, y que el próximo 17 culminará con la asamblea regional donde se renovará dicho reglamento.
Sostuvo que serán 200 autoridades de las que deberán asistir al menos 150 autoridades, para tener mayoría y aprobar los cambios. Expuso que como CRAC-PC les anima la participación y reacción de la gente, porque “quiere decir que les interesa actualizar (el reglamento interno) y la misma gente habla de dónde estamos mal y no se está respetando”.
Adelantó que ya invitaron a varios personajes políticos sobre todo de la lucha social, aunque no quiso detallar nombres, para que observen la participación de la gente en la asamblea, “porque nos han comprado con otros grupos que de que somos iguales, pero no es así, aquí se decide en la asamblea, se tiene otra estructura y una base social, nosotros tenemos un reglamento que nadie puede salirse de él, desde la forma en cómo se elige a nuestros policías, a los comandantes y a nuestras autoridades”.
Detalló que el sábado en la reunión de El Paraíso, estuvo el delegado en Guerrero del INPI, Manuel Vásquez Quintero, “para que se dé cuenta que se está aplicando el proyecto conforme lo acordado, y de acuerdo a los lineamientos”.

 

Conforman 14 organizaciones el Frente Indígena y Afromexicano de Guerrero para defender la Ley 701

 

Organizaciones del estado anunciaron la conformación del Frente Indígena y Afromexicano de Guerrero, para defender en conjunto la ratificación de la Ley 701 y la aprobación de la Ley General de Consulta con base en los tratados, convenios y declaraciones internacionales que ha firmado México.
A la conferencia de prensa acudieron representantes de las organizaciones que conforman el Frente, es decir, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), del Consejo para el Autodesarrollo Sustentable del Alto Balsas (CASAB), de Altepetl Nahuas de la Montaña, del Grupo Plural por la Igualdad de las Mujeres, de la Asociación de Mujeres Indígenas y Afromexicanas Radicadas en Acapulco (AMIARA), de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), Nauasetiliskalpajmej, Se Ojtli Yankuik de Comunidades Indígenas de Chilapa, del Consejo de Damnificados de la Montaña, el Comité Promotor para la Creación de los cuatro Municipios Indígenas y Afromexicanos, Artesanos Indígenas de Guerrero (Artigro) y Organización de Indígenas Afromexicanos de Acapulco.

Acuerdan una agenda común

Expusieron que sus reuniones concluyeron en acuerdos comunes, como impulsar el Frente con una agenda común, con respeto a la autonomía y tener una agenda propia de las comunidades, pueblos y organizaciones; defender la ratificación de la Ley 701 del Estado de Guerrero y la aprobación de la Ley General de Consulta con consentimiento libre, previo e informado, esto como “techo mínimo” y punto de partida, concertándolas con los tratados, convenios y declaraciones internacionales.
Otra de las conclusiones fue dar respaldo total al cumplimiento de la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que reconoce el procedimiento de los sistemas normativos en el municipio de Ayutla, para nombrar a sus autoridades municipales; asimismo, respaldar los procesos de remunicipalización en Guerrero, en Temalacatzingo, Santa Cruz del Rincón, San Nicolás y Las Vigas, dijeron que en ellos existen las condiciones para hacerlos según las regiones, corredores y contextos socioculturales, que permitan la participación de la población indígena y afromexicana, y al mismo tiempo fomenten e incorporen a las comunidades en los ayuntamientos.
Además, acordaron exigir la liberación de los presos políticos, entre ellos Gonzalo Molina González y Arturo Campos Herrera, y un foro estatal de pueblos indígenas y afromexicanos, para reafirmar los acuerdos e iniciar un proceso de “armonización legislativa”.
Añadieron que continuará el cabildeo, las reuniones y una consulta propia, a través de propuestas que han hecho entre ellas.
En su intervención, el abogado de la UPOEG, Manuel Vázquez Quintero manifestó que “los indígenas y no indígenas estamos desesperados por esta política pública que el gobierno federal ha estado impulsando, y hoy está aprobando varias iniciativas que han venido a afectar la economía, los principios, los derechos de los pueblos indígenas, por eso decidimos impulsar este frente para defender los derechos”.
El ex diputado federal y ex secretario de Asuntos Indígenas (SAI), Marcos Matías Alonso exhortó al Legislativo local a que cumpla con su responsabilidad, porque ha venido postergando el compromiso para concertar la Ley 701 y ya queda poco tiempo, pues el plazo se vence en marzo; demandó al Congreso del estado y a instancias superiores a que cumplan con la obligación que tienen con los indígenas y afromexicanos; además hizo un llamado al gobernador, Héctor Astudillo Flores, para que les dé una audiencia para hablar de sus demandas.
Refirió que el gobernador anunció un plan de austeridad en el estado, y que espera que en esta política no se cometa el error de sacrificar más a los pueblos indígenas, “porque esta política de austeridad puede cerrarles ventanilla a ellos”, en asuntos de salud, educación, carreteras, apoyo agropecuario y que va a terminar castigando a los que siempre ha tenido castigados.
El líder de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio sostuvo, “yo creo que la parte importante no es tener la esperanza de los que nos representan, porque luego nos traicionan, creo que la parte fundamental aquí es organizar los sectores que son violentados, nuestros derechos como pueblos indígenas y afros, y también vamos a entrar en la defensa de los pueblos que no son indígenas”, porque al final también son víctimas, y que este Frente con una visión más integral cada día tienen que consolidarse, con respeto entre los integrantes.

Deja de recibir demandas la Casa de Justicia de San Luis Acatlán “hasta nuevo aviso”, informa

La Casa de Justicia de San Luis Acatlán de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) dejó de recibir desde ayer demandas “hasta nuevo aviso”, por el exceso de casos y expedientes acumulados, que suman 317 de distintos delitos.
En una de las paredes de las oficinas de la Casa de Justicia, se lee en un cartel, “Ojo no se aceptan demandas de ningún tipo, hasta nuevo aviso, atentamente la CRAC-PC”. La Policía Comunitaria, como parte de sus funciones dentro del sistema de seguridad y justicia en las comunidades atiende las denuncias de los pobladores, muchas de las cuales no son atendidas por las autoridades locales.
El coordinador de la Casa de Justicia, Abad García García declaró que el motivo de la cancelación también obedece al cambio de los nuevos cinco coordinadores que serán elegidos el próximo 21 de febrero en una asamblea regional.
García García indicó que el rezago de la atención de las denuncias obedece a que la gente confía más en el sistema comunitario que en el Ministerio Público. Precisó que son poco más de 317 denuncias que se encuentran en proceso de investigación y desahogo, que fueron interpuestas desde el año 2015.
García García indicó que, una vez que las nuevas autoridades comunitarias sean nombradas se reactivará el servicio que ofrece la Casa de Justicia. En una mesa en las oficinas se encuentran por separado las denuncias por homicidios, robo, abigeato, deudas, fraudes, lesiones y violaciones.

Propondrá la CRAC al Congreso una reforma a la Ley 701 o que la ratifique, dice Abad García

 

El coordinador de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), Abad García informó que la institución planteará al Congreso local una reforma a la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura Indígena, o que la ratifique tal como está, para mantenerla vigente.
En consulta telefónica, dijo que buscan una audiencia con el gobernador, Héctor Astudillo Flores, para conocer su postura sobre la Ley 701, y en las comunidades la Policía Comunitaria está levantando firmas de apoyo y actas de cabildo de los ayuntamientos de respaldo a la legislación estatal.
La ley estatal indica que, por sus funciones, la CRAC también es parte del sistema de seguridad pública del estado, pero la legislación podría quedar sin efecto debido a un artículo transitorio de la nueva Constitución del estado que indica que, a más tardar en abril de este año, se deben adecuar las leyes secundarias con la nueva legislación.
El dirigente de la CRAC adelantó que en la asamblea microrregional en San Luis Acatlán, el 24 de enero, van a proponer acciones de protesta para evitar que en lo inmediato se derogue la legislación, así como para exigir la libertad de los presos de la CRAC recluidos en Ayutla de los Libres y en la Cuidad de México.
Aclaró que la amnistía que se planteó con el gobierno anterior, como posibilidad de la libertad de los detenidos, quedó rebasada, y la exigencia será por la libertad inmediata de 10 detenidos de manera arbitraria. Entre los presos de la CRAC están la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, y el coordinador de la Casa de Justicia de El Paraíso, Bernardino García Francisco.
Aunque la Ley 701 reconoce como autoridad a los integrantes de la CRAC, precisó que existen más de 100 averiguaciones previas en las que señalan a integrantes de la institución comunitaria, personas que se inconformaron con el sistema de seguridad y justicia comunitario.
Indicó que es necesario volver a discutir la relación de respeto y coordinación que debe haber en las dos instancias.
En tanto, dijo que en los pueblos siguen trabajando en la unificación de la institución comunitaria, fraccionada por distintos liderazgos e intervenciones del Estado, y revisando la posibilidad de realizar foros de defensa de la Ley 701.
Para ello, también están buscando una relación con otros sistemas de seguridad que funcionan en el estado, pero cuando se le preguntó si hay comunicación con la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) o el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), solo confirmó que han tenido pláticas con la Policía Ciudadana y Popular de Temalacatzingo, en el municipio de Olinalá.
Sobre las reuniones del fin de semana, donde participaron representantes de Morena, aclaró que estos políticos están apoyando de manera externa, harán sus propuestas, pero la CRAC llevará su propio planteamiento a la mesa de trabajo con las autoridades estatales.

Eligen hoy a comisarios y delegados con voto directo en Tototepec, Tlapa, tras un año de conflictos

 

La elección del comisario de la comunidad na savi de Tototepec, municipio de Tlapa, será este domingo con voto directo, luego de que todo el año la comisaria se mantuvo cerrada ante la pugna de dos grupos.
El acuerdo se logró hace unos días, cuando las autoridades municipales se reunieron con los representantes de las demarcaciones donde surgieron comisarios o delegados paralelos, y para evitar complicaciones optaron porque ninguno ocupara los inmuebles en Tototepec, donde se tomó la comisaría, hubo agresiones a balazos y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) suspendió su funcionamiento en este poblado hasta la elección de un nuevo comisario.
Este domingo, la elección será en la escuela primaria desde las 9 de la mañana, cuando iniciará con la de delegados para no duplicar votantes, que será con voto directo con credencial de elector, y luego la de comisario, ya que se considera foco rojo.
Después de la elección se definirá si se abren las puertas de la comisaría que fueron soldadas para evitar que alguno entrara y las oficinas que funcionaban ahí como la Comisaria de Bienes Comunales fueron llevadas a otro sitio, por lo que aún hay incertidumbre.
En la reunión estuvieron el secretario general, Sergio Parra Villavicencio; el asesor jurídico, Julio César Naranjo Giménez; el delegado regional de Gobernación, Jorge Rodríguez Ponce; el coordinador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum), Celso Vivar Vázquez; y seis integrantes del grupo de Honorio Morales Bonilla, vinculado con el PRD y PT , y seis del grupo de Laurencio Gálvez Alarcón, cercano al PRI.
En esta población, las diferencias entre los grupos los han llevado a peleas internas por el control de los espacios.
Asimismo se abordó el caso de la colonia Lázaro Cárdenas, donde también hubo jaloneos el año pasado.
Sobre la elección de delegados y comisarios hubo algunos cuestionamientos, porque las convocatorias impresas no se hicieron públicas y sólo se divulgaron en internet, según comentaron vecinos de la colonia Loma Bonita.
El cambio de autoridades municipales se hace en la primera quincena de enero en los 19 municipios de la región, donde algunos son elegidos en otros momentos, de acuerdo con los usos y costumbres de las comunidades, y sólo acuden a la toma de protesta que les hace el presidente municipal.
En el caso de Tlapa, se renovaran más de 65 comisarías y sus anexos, y más de 40 delegaciones en las colonias de la cabecera municipal, donde buscan los espacios los integrantes de los grupos políticos como el PRI, el PRD y el PT, en su mayoría.