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Difieren el careo de Arturo Campos porque las autoridades no lo trasladaron a Tlapa

 

El careo procesal del promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), Arturo Campos Herrera, fue diferido porque el subdirector operativo de Seguridad, Custodia y Traslado de Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado no acató la solicitud hecha el 7 de septiembre, de trasladarlo al penal de Atlamajac en esta ciudad.
Campos Herrera está acusado de secuestro agravado en la causa penal 196/2013-I en agravio de Víctor Cid Cisneros y otros, que son cerca de 20 personas, de las cuales sólo acudieron tres que quedaron apercibidos que de no presentarse al careo el 7 de diciembre a las 10 de la mañana, serían presentados por la fuerza pública.
Campos Herrera se encuentra recluido en la cárcel de Ayutla que depende del juzgado Mixto del centro penitenciario de Allende, su defensa solicitó su traslado al penal de Atlamajac para el desahogo de las diligencias sin que el subdirector operativo de Seguridad y Custodia y Traslado de Internos cumpliera, como se lo ordenó un juez.
También pide a la Dirección General de Seguridad que acate el mandato o de lo contrario se le pondrá una multa de 20 días de salario mínimo.
Acudieron a la diligencia en el juzgado segundo de primera instancia en materia penal del distrito judicial de Morelos tres abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, a cargo de Rogelio Téliz, quien consultado en el penal dijo que la responsabilidad de que no se hiciera el proceso, fue el director de Traslados que no acató la orden del traslado de la que estaba enterado hace más de un mes y medio.
Agregó que se entorpece el proceso jurídico a Campos Herrera con la intención de que no recupere su libertad, porque hay elementos suficientes para hacerlo.
Dijo que no es la primera vez que se difiere una audiencia, el 13 de octubre en Acapulco el Ministerio Público adscrito a la Cuarta Sala Penal no se presentó, y eso fue una forma de retrasar la justicia y ahora “se entorpece el desahogo de tres agraviados que estuvieron presentes y parece que el Estado entorpece las cosas”, dijo
Agregó que acudieron tres de los 23 agraviados que fueron citados a comparecer y que también se retiraron molestos por la suspensión.
Exhortó a las autoridades a que garanticen el traslado de Campos Herrera para que continúe el proceso
Vía telefónica Arturo Campos consideró que el que no los trasladaran a esta ciudad fue debido a un asunto político del gobierno, que lo quiere mantener en la cárcel, pues tiene todo en sus manos para agilizar los trámites y no lo hace pese a que está informado formalmente mediante oficio y por un juez.
Dijo que en donde está escucha que la gente se sigue organizando y eso está bien para seguir combatiendo la inseguridad que según el gobierno ataca, pero hay muertos constantemente en Acapulco, Chilpancingo y el estado en general.
Remarcó que en los territorios donde está la Policía Comunitaria la delincuencia es menor, no ha entrado, que esa organización es más eficiente porque emana del pueblo, de los saberes de los ancianos, de los sabios y que está comprobado que es más eficiente aunque no le guste al gobierno.
Agregó que está sustentada en los tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT, la declaración de la ONU sobre Pueblos Indígenas, la Constitución y en la Ley 701 del estado de Guerrero.
De su salud dijo que se encuentra bien.

 

 

Es albañil, futbolista y tlacololero; a los 32 años, con su esposa embarazada y un hijo, entró a la Normal de Ayotzinapa

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 José Ángel Campos Cantor

Lourdes Chávez

Tixtla
26 de diciembre de 2015

Con 32 años, su esposa embarazada y un hijo, José Ángel Campos Cantor, decidió estudiar en la Normal Rural de Ayotzinapa; contó con el apoyo de su papá, Bernardo Campos, que se comprometió a ayudar en la manutención de su familia que vivía en la casa materna. Se dedicaba a la albañilería.
Después de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, sus padres, su esposa cargando en brazos a una niña de dos meses de nacida y un hijo se convirtieron en decididos activistas del movimiento por los 43, y están dispuestos a llegar a las últimas consecuencias para dar con su paradero.
Particularmente el señor Bernabé, que no falta a una reunión, hace guardias constantes por las tardes en la escuela donde con otros padres esperan noticias de los estudiantes.
Son originarios de Tixtla, y en una manifestación por los 43 en la cabecera municipal, habló de cuánto le gustaba el futbol, que era danzante de los Tlacololeros en las fiestas de todos los barrios de la cabecera municipal, y de niño se iba a tocar con las bandas de música de chile frito las tarolas y redoblantes, unas especies de tambores.
Dijo que es un joven serio, sin vicios, al que le gusta reír. Son vecinos del barrio de El Fortín, sede de la Policía Comunitaria de la Casa de Justicia La Patria es Primero perteneciente a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias. Esta comunidad encabezó algunas manifestaciones en la ciudad en los primeros meses de la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa.
Su papá recordó que él mismo lo animó a entrar a la Normal, porque el trabajo de campo y la construcción son muy pesados, y los jóvenes aún tienen la oportunidad de cambiar el rumbo de sus vidas.
“Yo le dije, los rayos del sol son pesados, hablaba yo y les hacía ver las cosas, nosotros ya estamos impuestos, pero ustedes son jóvenes”, decía.
Un buen día, José Ángel le dijo que quería que lo apoyara con su familia para estudiar la Normal, se enteró por otros estudiantes que la edad no sería limitante. Dos de sus cuñados son maestros egresados de la Normal Rural. Recordó que desde antes lo apoyaba, y sólo le pidió que le echara ganas.
José Ángel estudió la preparatoria abierta para terminar el bachillerato y en el ciclo escolar 2014-15 participó en la convocatoria de nuevo ingreso a la Normal de Ayotzinapa, con la que también se accede a una beca de alimentos y hospedaje.
“Yo le dije a su mamá, a este muchacho le va a hacer los mandados la semana de prueba”, un periodo de adaptación a cargo de los estudiantes, donde los alumnos de nuevo ingreso realizan ejercicios físicos, trabajo de campo y lecturas de teoría socialista.
Recordó que el día que informó a su familia que fue aceptado en la escuela, que era domingo, volvió a su casa temprano porque les dieron un descanso, estaban todos muy contentos.
La noche de la tragedia, escucharon que en un automóvil vocearon que los estudiantes estaban en peligro en Iguala. No sabían de los muertos, horas después se hablaba de más de 70 desaparecidos.
A las 10:30 de la mañana del 27 de septiembre, llegaron los primeros autobuses con estudiantes a la Normal, “corrimos con el ansia de ver a nuestros hijos y él no aparece, no llegaron, pensamos que lo tenían en otro lado, nadie imaginó llegar a este tiempo”.
Jugaba con el equipo de Los Vaqueros de El Fortín, aún estando casado, y obtuvo dos trofeos de goleador en torneos regionales..
Nueve días antes de las fiestas patronales que se acostumbran en Tixtla, iba a bailar a los barrios y un día antes de la fiesta patronal, iba al encuentro de danzas con su traje de tlacololero, una costumbre tixtleca.
El normalista desaparecido es el segundo de cinco hijos. El señor Bernardo aseguró que los hermanos son muy unidos y en particular siempre pensó que la escuela de Ayotzinapa era un espacio de desarrollo para los hijos de las familias pobres, porque observó hace varias décadas, como albañil en la construcción de uno de los dormitorios, que los estudiantes recibían uniformes, chamarras, botas, pero ya no es igual.
Consideró que si reducen los materiales, los estudiantes deben manifestarse por la falta de presupuesto. “Antes no había mucho mitin como ahora, los alumnos protestan porque cada vez son menos los recursos, y (ahora) claro que tenemos que protestar, por lo que ha pasado, por nuestros hijos”.
A 15 meses de la desaparición forzada, consideró que aún existe una esperanza de encontrarlos porque los extranjeros del Grupo Interdisciplinario de Expertos independientes (GIEI), les han dicho que si no hay indicios de dónde pueden estar, ellos (el gobierno) los tienen.

Repondrán procedimiento de Gonzalo Molina por “violación flagrante” al debido proceso

 

El abogado del promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en Tixtla Gonzalo Molina González, quien se encuentra recluido en la cárcel de Chilpancingo, Hegel Mariano Ramírez informó que la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJ) determinó reponer el procedimiento a partir de la declaración preparatoria de su cliente, porque se cometió en su perjuicio una “violación flagrante a las garantías de adecuada defensa y debido proceso”.
En un boletín el abogado precisa que se dio al resolver el recurso de apelación que Gonzalo y su defensa interpusieron en contra del auto de formal prisión que le decretó el juez Cuarto Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de los Bravo, con residencia en Chilpancingo.
Dentro de la causa penal 157/2013-II que se tramita ante el juez Avimael Rodríguez Nava se instruye un proceso penal en contra de Gonzalo Molina por lesiones agravadas, privación de la libertad personal, robo específico y terrorismo.
Acusan al dirigente a raíz de una confrontación entre policías comunitarios y municipales ocurrida el 26 de agosto del 2013, cuando los primeros hacían un mitin frente al Ayuntamiento de Tixtla para exigir la liberación de la coordinadora Nestora Salgado García, detenida por marinos días antes.
Inconforme con el auto de formal prisión, Gonzalo y su defensa interpusieron el recurso de apelación, el cual se turnó a la Primera Sala Penal del TSJ.
Mariano Ramírez informó que el 4 de febrero del 2016 se celebró la audiencia de vista en la cual la defensa presentó los agravios del auto de formal prisión que le decretó el juez Cuarto Penal.
Al emitir su resolución, misma que le fue notificada a Gonzalo y a su defensa este jueves, la Primera Sala Penal determinó que lo procedente es reponer el procedimiento a partir de la declaración de Gonzalo Molina González, debido a que dentro del plazo constitucional de 72 horas el juez omitió admitir y desahogar las pruebas que ofrecieron el inculpado y su defensa.
Las pruebas son: los careos con quienes lo acusan, el entonces director de Seguridad Pública Rubén Reyes Cepeda, los policías municipales Raúl Castejón Temelo, Gabriel Morales Ramírez, Martín Cebrero Martínez, Rosendo Morales Demetrio, Bonifacio García Portillo y el entonces síndico municipal David Martínez Valadez; el interrogatorio que la defensa formulará a los denunciantes y presuntos agraviados, testimonios a favor de Molina González y algunas documentales de buena conducta y de su pertenencia a la CRAC.
Por lo tanto ordena al juez penal a que admita y desahogue las pruebas referidas y dentro del plazo de 72 horas vuelva a resolver la situación jurídica de Molina González, que además de éste enfrenta otros tres procesos penales.
El abogado manifestó que con la resolución de la sala y los términos en que debe reponerse el procedimiento, es una oportunidad para aportar mayores elementos probatorios al juez que desvirtúen los señalamientos dolosos en contra de Gonzalo, “debido a que la Policía Comunitaria siempre ha actuado con espíritu de servicio al pueblo, no con actos terroristas ni con fines delincuenciales”.
Agregó que es una oportunidad política para que las autoridades propicien un acercamiento con los actores que intervinieron en estos hechos, para buscar canales de diálogo y reconciliación, en lugar de judicializar los conflictos sociales que motivan procesos absurdos como el que enfrenta el promotor comunitario y otros integrantes de la CRAC, de modo que cuando resuelvan su situación jurídica le decreten la libertad, pero al mismo tiempo se creen las condiciones para que el sistema comunitario deje de ser criminalizado a capricho de los gobernantes en turno.

Confirman libertad de Aurora Molina

Por otro lado, dentro del Toca Penal I-38/2016, la misma Primera Sala Penal confirmó el Auto de libertad que con fecha 25 de marzo de 2014, el juez Cuarto Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de los Bravo, dictó a favor de Aurora Molina González, hermana de Gonzalo, dentro del expediente 157/2013-II, por los mismo delitos por los que se procesa a Gonzalo.

No hay voluntad del gobierno para liberar a otros presos de la CRAC, dice el abogado de Gonzalo

 

El abogado del promotor de la Policía Comunitaria de Tixtla Gonzalo Molina González, Hegel Mariano Ramírez, declaró ayer que los gobiernos estatal y federal no muestran la misma voluntad política que tuvieron con Nestora Salgado a los otros ocho presos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
Aseguró que hay una intención de los gobiernos federal y estatal de mantener en prisión a los otros miembros de la CRAC que fueron detenidos después de Nestora Salgado, que tienen acusaciones por los mismos delitos que ella pero que se los han reclasificado, en otros casos han retrasado la resolución de amparos o han dilatado la resolución de la sentencia más allá del plazo establecido legalmente.
A Gonzalo Molina le han acumulado 12 delitos en cuatro causas penales, dos de ellas del fuero federal y dos del fuero común, lo que dificulta su defensa, y el procesado carece de recursos hasta para sacar copias de su expediente.
El abogado que lleva el caso de dos de las cuatro causas penales de Molina González informó que una de ellas, la 76/2013 por delincuencia organizada es por la que fue absuelta la comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado, por el Segundo Tribunal Unitario del 21 Circuito, con sede en Chilpancingo.
Informó que otra causa penal es la 196/2013 que lleva el Juzgado Segundo del Ramo Penal de Tlapa por secuestro agravado, por el que también fue absuelta Nestora.
La otra causa es la 157/2013 que lleva el Juzgado Cuarto Penal de Chilpancingo por terrorismo, robo agravado, privación ilegal de la libertad y lesiones agravadas, por acusaciones del síndico de Tixtla, el director de la Policía Municipal, el secretario general del Ayuntamiento y cinco policías municipales.
Otro proceso penal en contra de Gonzalo Molina es el 59/2013 que lleva el Juzgado Séptimo de Distrito federal por terrorismo, portación de arma de uso exclusivo del Ejército, portación de arma sin licencia, y delitos contra servidores públicos.
Asimismo existe en su contra la 678/2013 que lleva el Juzgado Séptimo de Distrito por portación de arma de fuego sin licencia.
Derivado de todos estos procesos penales que enfrenta en la cárcel de Chilpancingo Gonzalo Molina, otros 14 integrantes de la CRAC tienen órdenes de aprehensión en su contra, aunque algunos de ellos enfrentan los procesos en libertad.
La mayoría de estas causas penales se integraron contra los policías comunitarios luego de que el 26 de agosto del 2013 protestaron frente al Ayuntamiento de Tixtla, para exigir que el gobierno diera a conocer la detención de Nestora Salgado.
Hegel Mariano señaló que tras la resolución que la semana pasada dictaron los jueces penales de Tlapa, Huamuxtitlán y Ayutla, que absuelven a Nestora Salgado de secuestro y por lo cual sale en libertad, se espera que en los próximos días el resto de los comunitarios presos también sean beneficiados con esta resolución.
Dijo que también se prevé que cuando menos ocho miembros de la CRAC, entre ellos Arturo Campos Herrera (quien está preso en el penal de Ayutla) y Gonzalo Molina, salgan en libertad aunque el 29 de diciembre se les reclasificó el delito de secuestro agravado por privación ilegal de la libertad personal.
Reconoció que el caso de Gonzalo Molina es más complicado jurídicamente porque enfrenta causas penales del fuero común y otra por el fuero federal.
Aunque Hegel Mariano consideró que si las autoridades jurisdiccionales toman en cuenta la resolución que dictó en el 2014 el Juez 6 de Distrito de Acapulco que dejó en libertad a varios comunitarios de Ayutla, estableciendo que la Policía Comunitaria es una institución protegida por la Ley 701 de usos y costumbres de los pueblos originarios en Guerrero, Gonzalo tiene que abandonar la cárcel.
En opinión del abogado la detención de los policías comunitarios durante la administración del gobernador Ángel Aguirre Rivero, fue una estrategia para desaparecer a este sistema de justicia de los pueblos originarios.
No descartó que en Tixtla, Ayutla y Olinalá la delincuencia organizada haya presionado al gobierno para detener el avance de las policías comunitarias, porque afectaba sus intereses económicos.
El abogado declaró que esta hipótesis de complicidad es porque durante la administración de Aguirre Rivero los procesos judiciales de los comunitarios presos eran demasiado lentos.
“Como que veíamos que había mala fe de los jueces para una serie de trámites, e incluso era muy complicado realizar audiencias porque los presos estaban en cárceles de máxima seguridad en distintos estados del país”, recordó.
Indicó que si bien durante el mandato interino de Rogelio Ortega a los comunitarios se les trasladó a penales de Guerrero (en el caso de Nestora Salgado a la cárcel femenil de Tepepan, en la Ciudad de México desde Nayarit) de todos modos los procesos penales van en forma lenta.
Agregó que desde hace más de dos años la Primera Sala Penal del Poder Judicial que es integrada por los magistrados Vicente Rodríguez, Miguel Barreto Sedeño y Julio Jáuregui siguen sin dictar una resolución sobre una apelación sobre el auto de formal prisión que dictó el juez penal de esta ciudad, Abimael Rodríguez en contra de Gonzalo Molina acusado de diversos delitos del fuero común.

Bloquean organizaciones la cárcel de Ayutla por la libertad del ex comandante de la CRAC

 

Autoridades comunitarias de El Timbre, municipio de Ayutla, bloquearon la entrada de la cárcel de Ayutla en demanda de la libertad del ex comandante de la Policía Comunitaria Antonio Leobardo Galeana, detenido el viernes en Chilapa.
La comunidad El Timbre forma parte de la Casa de Justicia de El Paraíso de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
Unos 50 integrantes del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG) respaldados por el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), y el comisario de El Timbre Arturo Mendoza Regina demandaron una reunión con el asesor del gobierno del estado, César Flores Maldonado, para resolver el caso de Leobardo Galeana.
La protesta empezó a las 10 de la mañana y los inconformes dijeron que permanecerán en el lugar hasta que sean atendidos.
En la cárcel, por ser día de visita, los manifestantes sólo permitieron ingresar a los familiares que van a ver a algún interno, e impiden la salida de los guardias de seguridad y del director del penal.
El coordinador del FODEG, Hoguer Morales Miranda, Antonio Leobardo fue detenido el viernes a las 8 de la mañana en Chilapa, después fue llevado a Chilpancingo, luego a Tierra Colorada, después a Las Mesas y finalmente encarcelado en Ayutla a las 6 de la tarde, acusado de los delitos de privación de la libertad y de obstaculizar la vía pública.
En la tarde se buscó a Morales Miranda para conocer si hubo acuerdos para la liberación de Antonio Leobardo pero no fue posible localizarlo.

Con la detención el gobierno busca desgastar a la CRAC y a los pueblos, considera Tlachinollan

El director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández condenó la detención del ex comandante de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de El Paraíso, Antonio Leobardo Galeana, detenido este viernes en Chilapa.
Dijo que las autoridades estatales y federales se colocan en una postura de confrontación a los policías comunitarios para seguir desgastando la relación de los pueblos y la CRAC.
Consultado vía telefónica mencionó que la Ley 701 reconoce al sistema de los policías comunitarios, y consideró que de nada sirven las leyes y compromisos que se asumen con las autoridades cuando se tienen reuniones regionales, entre la Policía Comunitaria, jueces y agentes de los ministerios públicos, porque en los hechos siempre existe una postura de sometimiento, de no reconocimiento y de criminalización contra quienes trabajan a favor de la comunidad.
Manifestó que es preocupante que las autoridades tengan una postura ambigua, que digan una cosa y hagan otra, “las autoridades no son coherentes con lo que dicen y hacen,  es lo que ha dañado y desgastado al movimiento social”.
Agregó que  “en estos momentos que se logró la libertad de Nestora Salgado y que se cometió una injusticia por parte de las mismas autoridades, quienes hicieron la investigación y dictaron la orden de aprehensión, haya consigna política, es desafiar al movimiento y lucha legítima de la Policía Comunitaria, es como decir que el gobierno tiene el control de la ley y que no va a reconocer y a ceder a las conquistas que han logrado los pueblos indígenas”.
Indicó que las autoridades echan por la borda los esfuerzos de la Policía Comunitaria, por lo que las autoridades se colocan en una postura de confrontación para seguir desgastando la relación con los pueblos y la CRAC.
Expuso que con la detención de Leobardo Galeana “se está viviendo más de lo que se conquistó este viernes, del gran triunfo que se obtuvo del caso de Nestora”.
Su liberación ayudaría a allanar el camino para establecer una nueva ruta de diálogo y de búsqueda de acuerdos, dentro del marco legal y procedimientos jurídicos pero con voluntad política, indicó.
Aseveró que no hay voluntad de las autoridades, ya que hay una postura de fuerza y de intolerancia, que no se quiere abonar para que haya un ambiente de distención y que las autoridades deben de reconocer las conquistas y avances de la sociedad, y la detención no abona para que la autoridad adquiera ese reconocimiento y legitimidad que se necesita.
El defensor reiteró que lo que sucedió con la liberación de Nestora marca un momento clave para demostrar que la Policía Comunitaria está haciendo un trabajo ejemplar, “ya quisiéramos que eso hicieran los policías de los tres niveles, pero estamos viendo que son los mismos policías municipales y estatales los que están violentando los derechos de la población”.
Dijo que las violaciones de los policías municipales y estatales está demostrado como en el caso Ayotzinapa, donde se utilizaron policías para reprimir a la población, por lo que el gobierno debe entender que se debe cambiar la política que no funciona.
El director agregó que las autoridades tienen que terminar con el pacto de impunidad que prevalece para proteger a los policías municipales y estatales, y por otro lado darle el reconcomiendo y respeto a la Policía Comunitaria.
Sin embargo la manera en la que actúa el gobierno es mediante el uso de la fuerza y la detención de los defensores, pero no de los delincuentes, criticó.

Recibió la impugnación a las tres nuevas órdenes de aprehensión contra Nestora Salgado, informa el TSJ

 

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado (TSJ), Robespierre Robles Hurtado confirmó que el órgano recibió los recursos de impugnación a tres órdenes de aprehensión que existen en contra de la comandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, pero declaró que desconoce los detalles y el plazo en que deberán resolverse, “porque no es el juez de la causa”.
En consulta después de una reunión al mediodía de ayer con los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en el auditorio del Tribunal, en el centro de la ciudad, Robles Hurtado dijo que la información que tiene es que los jueces de Tlapa solamente resolvieron al auto de libertad de una de las tres causas penales que tiene.
Después justificándose en la independencia que tienen los jueces aseguró que carece de información respecto a la situación legal de Nestora Salgado.
Explicó que el caso “va bien en el sentido de que se están respetando todos sus derechos y se están siguiendo todas y cada una de las actuaciones de manera formal y de manera jurídica”.
Agregó que de las tres causas penales que tenía en su contra Salgado García, “al parecer hubo un movimiento en el sentido de que ya tenía una boleta de libertad, yo vi que se tomó una foto con su boleta, pero también después vimos que llegaron tres averiguaciones previas con tres órdenes de aprehensión suscritas por la Fiscalía”.
–¿Cuándo se vence el plazo para decretar el auto de formal prisión o de libertad y para que se resuelvan las otras tres órdenes de aprehensión?–, consultó un reportero.
–No lo sé porque tendría que checar la fecha en que fue notificado–, respondió.
Dijo también que tiene conocimiento de que la defensa de Nestora presentó un recurso de impugnación en contra de las tres órdenes de aprehensión, “porque toda la gente puede interponer recursos para impugnar”.
–¿Pero cuándo se resuelven?
–Es que yo no soy el juez de la causa y no tengo la información, tenemos más de 80 jueces y yo no puedo estar al pendiente de todas las casusas penales, es imposible físicamente hablando–.
–Pero este caso es especial–.
–Todos los casos son especiales para nosotros, porque toda la gente merece un especial trato en lo que se trata de la administración de justicia–.
Según la defensa de Salgado García, el martes fue absuelta de tres causas penales que estaban a cargo de los juzgados primero y segundo del ramo penal con sede en Tlapa por secuestro.
Sin embargo esperaban que le fueran notificadas otras tres averiguaciones previas para las que ya habían promovido los recursos de impugnación, pero hasta ayer continuaban pendientes de resolverse, situación de la que el magistrado presidente del TSJ desconocía, según argumentó, “porque yo no soy el juez de la causa”.

Los cuatro detenidos no están en alguna Casa de Justicia, denuncia en la Fiscalía el FDP

 

La dirigente del Frente de Defensa Popular (FDP), Clemencia Guevara Tejedor, dijo que sus cuatro compañeros detenidos por presuntos policías comunitarios de Rincón de Chautla no se encuentran en ninguna Casa de Justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de Rincón de Chautla en Chilapa y José Joaquín de Herrera.
A las 11 de la mañana, unos 15 integrantes del FDP acudieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) para ampliar sus declaraciones sobre la detención de cuatro de sus compañeros el 26 de noviembre del 2015 por presuntos policías comunitarios, en la averiguación previa con número de expediente DGI/0271/2015 por privación ilegal de la libertad de cuatro personas.
“Al principio pensábamos que era la CRAC pero con los testimonios que hemos recabado están usurpando el nombre de los comunitarios, pero la verdad son grupos delictivos, los cuatro compañeros los tienen detenidos en Ayahualtempa en José Joaquín de Herrera, ahí se los llevaron, (ahí) no hay Casa de Justicia y no tienen nada que ver con la Policía Comunitaria”, indicó la líder de la organización.
Guevara Tejedor comentó que eran cinco los retenidos: el comisario de San Jerónimo Palantla, Alfonso Orgín Castro, Apolinar Calvarillo Tlatempa, Francisco Hernández Tepetate, Eladio Díaz Calvario y Claudio Diego Cortés, quien salió en libertad después de pagar 3 mil pesos.
Recordó que el 26 de noviembre de 2015, presuntos policías comunitarios del Rincón de Chautla, en Chilapa, detuvieron a cinco hombres, entre ellos al comisario de San Jerónimo Palantla, luego del ataque armado a una Urvan en el que fue asesinado un consejero de la CRAC y tres mujeres en Chilapa.
Comentó que en las declaraciones de los testigos, los cuatro detenidos no tuvieron nada que ver en el  ataque de la Urvan porque se encontraban en el campo trabajando.
Asimismo exigió el esclarecimiento de las cinco muertes que hubo en San Jerónimo Palantla, Chilapa donde “llegaron presuntos policías comunitarios, mataron cinco personas (y) que ocurrió el 8 de febrero”.
Por último comentó que tras la denuncia intervendrán las autoridades de Chilapa y el gobierno del estado para atender las demandas de la organización y la inseguridad en Chilapa.

Se plantan vecinos de Palantla, Chilapa, en Palacio de Gobierno para que la CRAC libere a detenidos

Habitantes de la comunidad de San Jerónimo Palantla, municipio de Chilapa, e integrantes del Frente de Defensa Popular (FDP) se plantaron cinco horas en Palacio de Gobierno para exigir al gobernador, Héctor Astudillo Flores, que intervenga para que policías comunitarios de Rincón de Chautla, perteneciente a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), liberen a cinco campesinos detenidos “de manera irregular”, entre ellos el comisario Alfonso Orjil Castro, y otorgue seguridad a las comunidades.
A las 11:30 de la mañana, 50 vecinos de San Jerónimo Palantla y del FDP llegaron a Palacio de Gobierno, donde colocaron una lona para cubrirse del sol y una manta en la que se leía, “La comunidad de San Jerónimo municipio de Chilapa, exige la liberación de nuestros compañeros que se encuentran secuestrados, que se detengan las amenazas a todos nuestros compañeros, exigimos justicia y paz en nuestro pueblo”.
El integrante del FDP, Efraín Torres Fierro solicitó una audiencia con el gobernador para hablar sobre la seguridad en las comunidad de San Jerónimo Palantla y la liberación de sus cinco compañeros detenidos en la Casa de Justicia de Rincón de Chautla, porque los policías comunitarios los acusan del asesinato de cuatro vecinos de la comunidad de Atzacolaya.
El 24 de noviembre, cuatro personas fueron asesinadas, entre ellas Isaac Xochitempa Chautla de 43 años, quien era consejero de seguridad de la Policía Comunitaria de Rincón de Chautla, y tres más resultaron heridas en un ataque a balazos contra una Urvan del transporte público en las inmediaciones de la comunidad de Atzacoaloya.
Por su parte, un vecino de San Jerónimo Palantla, Florencio Salgado Tlatempa relató que después de los asesinatos de los cuatro vecinos en Atzacoaloya, los policías comunitarios de Rincón de Chautla irrumpieron en la comunidad San Jerónimo Palantla y detuvieron al comisario Alfonso Orjil Castro, a Francisco Hernández Tepetate, Apolinar Calvario Tlatempa, Eladio Díaz Calvario y Claudio Diego Cortez.
Otros cinco huyeron y se refugiaron en Chilpancingo por temor a que los policías comunitarios los detengan de manera arbitraria.
Salgado Tlatempa, los pobladores han recibido amenazas de detención e irrupción en sus viviendas, “porque, según dicen, estamos cubriendo a delincuentes, lo cual es mentira; en mi caso, abrieron la puerta de mi casa y me robaron 7 mil pesos”.
Pidió una audiencia con el gobernador Héctor Astudillo Flores, porque los habitantes huyen de sus comunidades ante el temor de que atenten contra de su integridad física, “amenazaron a las compañeras, (les dijeron) que las van a quemar porque participaron en la protesta”.
Dijo que ya interpusieron las demandas ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) por estos hechos, pero aún no tienen respuesta.
Consultado por teléfono, el dirigente del Frente de Defensa Popular (FDP), Efraín Torres Fierro informó que fueron atendidos por la Subsecretaría de Asuntos Políticos, con la que acordaron que intervendrán para que hoy los cinco detenidos, entre ellos el comisario de San Jerónimo Palantla, sean liberados.
Dijo que los cinco desplazados que se encuentran en Chilpancingo tendrán seguridad personal para trasladarse a su comunidad.
A las 4: 30 de la tarde los inconformes se retiraron de Palacio de Gobierno.

Convoca la CRAC a una asamblea el 23 en San Luis Acatlán para defender la Ley 701

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) convocó a una asamblea microrregional el 23 de diciembre en San Luis Acatlán, para tratar como único punto del orden del día la defensa de la Ley 701, que sería reformada por mandato constitucional a más tardar el 29 de abril de 2016, informó la Casa de Justicia de San Luis Acatlán.
En los artículos transitorios de la Constitución Política del estado de Guerrero, aprobada en 2014, se señaló un plazo máximo de 24 meses, contados a partir de la entrada en vigor del decreto “para hacer concordar las leyes locales con las nuevas disposiciones constitucionales”.
En este caso se encuentra la Ley 701 de reconocimiento, derechos y cultura indígena que se aprobó al final el sexenio del gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, que reconoce la existencia del sistema de justicia indígena de la Costa-Montaña, del Consejo Regional de Autoridades Comunitarias y la Policía Comunitaria, como un cuerpo de seguridad.
La Ley 701 establece que los órganos del poder público y los particulares deben respetar sus actuaciones en el ejercicio de sus funciones “como actos de autoridad”, y que el Consejo Regional de Autoridades Comunitarias y la Policía Comunitaria formarán parte del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
Incluso, dice que “la autoridad competente podrá remitir a la custodia del Consejo, a los indígenas sentenciados por delitos del fuero común para que cumplan su condena y se rehabiliten socialmente conforme a las normas que para tal efecto ha establecido el Consejo y que tutela el Código Penal del Estado”.
Coordinadores de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán aseguraron que no van a permitir que se derogue o acote la legislación que concede facultades amplias a la CRAC. No obstante, reconocieron que esta asamblea se programó para el domingo 6 de diciembre y se pospuso para el 23, por falta de quórum.
En consulta telefónica sobre la asamblea, insistieron en que el Estado ha lanzado varias embestidas a la CRAC para destruir cualquier referente de organización de los pueblos, particularmente durante la administración de Ángel Aguirre Rivero, para imponer los proyectos mineros autorizados en la región Costa-Montaña.
Se precisó que el punto único es la defensa de la Ley 701, pero de manera extraoficial se sabe que, a nivel interno se discute la posibilidad de cambiar a los coordinadores de la Casa Matriz, que cubrieron a los primeros electos en asamblea, entre ellos Eliseo Villar Castillo, separados de los cargos el año pasado, en medio de una fuerte confrontación interna.
La reunión microrregional, se informó, es de preparación para la asamblea regional que se celebrará a mediados de enero de 2016.