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Cierra la OPIM una calle en Chilpancingo; exige justicia en una muerte por negligencia médica

Integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Me’ Phaa (OPIM), bloquearon este lunes 5 horas la avenida de los gobernadores frente a la puerta 3 de Casa Guerrero, y exigieron el cumplimiento de la recomendación 43/2014 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que establece la reparación del daño a los familiares de la indígena Brígida Campos García, quien falleció por negligencia médica en el hospital de Copala.
La CNDH emitió la recomendación desde el 25 de septiembre del 2014 y recomienda, asimismo, la sanción al personal responsable de la negligencia.
Los manifestantes exigieron una audiencia con el gobernador Héctor Astudillo Flores porque denunciaron que el secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame y el de Salud, Carlos de la Peña Pintos encargados de atender el caso, no les han dado una respuesta satisfactoria.
En su protesta denunciaron la falta de médicos y medicamentos en los centros de salud de la región Costa Chica.
La dirigente de la OPIM, Obtilia Eugenio Manuel denunció que ya tiene 2 años y medio que la CNDH emitió la recomendación que establece que se tiene que reparar el daño a los familiares de la víctima Brígida Campos, sin que el Gobierno estatal le haya dado cumplimiento a pesar de que fue aceptada.
Explicó que a pesar de que no existe una ley que establezca cómo y cuánto debe ser la reparación del daño, hay reglas establecidas en la Ley Federal del Trabajo y en este caso están pidiendo que la Secretaría de Salud se apegue a ese reglamento.
Denunció que la Secretaría de Salud, mediante su representante Javier Guerra, les ha informado que la dependencia ya dispuso cuánto es lo que van a pagar como reparación del daño a la familia, pero que el secretario de Gobierno no ha autorizado el trámite.
“Nosotros decimos que una vida no se compra, que no hay un precio, pero los empleados de salud que provocaron su muerte (de Brígida Campos), arruinaron el proyecto de vida que tenía con Jesús Victoriano, su esposo y el hijo de ambos, quien también murió porque no hicieron nada para salvarle la vida en el hospital. Sus vidas, sus aspiraciones y su proyecto de vida que empezaron a construir no vale dinero, su valor no tiene precio, y estos empleados de gobierno no lo entienden, piensan que con unos cuantos pesos pueden callar el reclamo de justicia”, denunciaron en un volante distribuido durante la protesta.
Eugenio Manuel dijo que piden hablar directamente con el gobernador para que cumpla la recomendación que emitió la CNDH, específicamente la reparación del daño a los familiares.
Informó que también han pedido al senado de la República que intervenga para que pida al Gobierno estatal una explicación, de por qué no ha cumplido la recomendación.
Brígida Campos era una mujer indígena na savi del municipio de Ayutla, quien murió el 21 de Marzo de 2014 a los 20 años de edad en el hospital de Copala, según sus familiares por falta de atención médica.
A raíz de ese caso el 25 de septiembre de 2014 la CNDH emitió la recomendación 43/2014 dirigida al gobernador del estado, en ese entonces recién había solicitado licencia el gobernador Ángel Aguirre Rivero a raíz del ataque a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa en Iguala y la desaparición de 43 de ellos, pero todavía no tomaba posesión el interino Rogelio Ortega Martínez.
“A tres años de la muerte de Brígida y a dos y medio de la recomendación de la CNDH, el gobierno del estado se ha negado sistemáticamente a reparar el daño a los familiares de Brígida y su hijo”, denunció la OPIM en su volante.
La agrupación se quejó que De la Peña Pintos, “de mala fe ha tratado de hacer una reparación de daño que no corresponde como lo marca la ley”.
“Por esta razón, como familiares de Brígida, hemos solicitado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de acuerdo al derecho que nos asiste y a la recomendación, que por su conducto pida a la Cámara de Senadores la comparecencia de Héctor Astudillo Flores, gobernador del Estado, y explique las razones por las cuales se ha negado a cumplir la recomendación”, se agrega en el escrito.
Durante la protesta demandaron un nuevo centro de salud en el municipio de Ayutla y denunciaron la falta de médicos y medicamentos en los centros hospitalarios de la región Costa Chica.
Eugenio Manuel informó que en junio del año pasado integrantes de esa organización se reunieron con el gobernador Astudillo Flores y el secretario de Salud de la Peña Pintos, a quienes les pidieron la construcción de un nuevo centro de salud en Ayutla porque el que está no se da abasto, además de que no hay medicamentos.
Un grupo de vecinos de la comunidad de Tres Cruces, municipio de Acatepec que colinda con Ayutla, vino a demandar una ambulancia para el traslado de sus enfermos a Ayutla, porque su centro de salud no tiene médico ni medicamentos.
También vinieron habitantes de las comunidades de El Camalote y Barranca Tecoani, quienes solicitaron el envío de medicamentos a sus comunidades, “si en la cabecera municipal no hay medicamentos, menos habrá en las comunidades”, dijo Obtilia Eugenio.
Los más de 50 indígenas encabezados por Ángela García Victoriano, madre de Brígida y la presidenta de la OPIM, Obtilia Eugenio Manuel, llegaron a las 10 de la mañana a la puerta 3 de Casa Guerrero en donde se mantuvieron en plantón, bloqueando la avenida hasta las tres de la tarde cuando salió a platicar con ellos César Armenta Adame, secretario particular del gobernador Héctor Astudillo Flores.
El funcionario les dijo que el gobernador los recibirá en audiencia el 24 de abril.
El secretario de la OPIM, Cuauhtémoc Ramírez advirtió que ese día podrían volver a instalarse en plantón en caso de que no sean recibidos.

 

Se reúne la UPOEG en Las Peñas, Copala; se coordinará con el gobierno “sin ser paleros”

El coordinador de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio informó que habrá una reunión regional en la zona Centro para hablar de la irrupción de sicarios en Chacotla, Mochitlán, donde cinco vecinos fueron ejecutados y testigos señalan a policías ciudadanos de la agresión.
Dijo que el miércoles se reunirán con el presidente municipal de Chilpancingo, el priista Marco Antonio Leyva Mena, para hablar de asuntos de coordinación.
En la reunión privada en la comunidad de Las Peñas del municipio de Copala no se permitió la presencia del reportero, “por cuestiones de evitar filtrar información estratégica de las acciones de seguridad”, manifestó Plácido Valerio tras una breve consulta a los más de 200 asistentes en el astillero.
Consultado después vía telefónica indicó que la reunión se enfocó en la estructura de la UPOEG. Además de recordarle a los integrantes de la organización de los márgenes de acción de cada comisario, “para que se conduzcan con la asamblea comunitaria, o sea que ningún comisario pueda tomar decisiones si no convoca a asamblea”.
En la reunión de 5 horas se acordó el funcionamiento de un Consejo de la UPOEG y la coordinación con las autoridades, “sin que caigamos en ser paleros o chalanes del gobierno. Mantenernos en el diálogo con todos los sectores y buscar nuevos mecanismos en todos los municipios que están en este proyecto”.
Al encuentro que se trasladó minutos después a la cancha techada del municipio asistieron representantes de la UPOEG de Tierra Colorada, Copala, Marquelia, Cruz Grande, San Marcos, Ayutla, Tecoanapa y una comisión de la Policía Ciudadana del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC) de Barra Vieja, del municipio de Acapulco.
De la supuesta participación de la Policía Ciudadana de la UPOEG en Chacotla, reiteró que no fueron y que en la reunión de ayer se abordó ese tema, pero se profundizará en una reunión regional “el asunto de la seguridad, se planteó la renovación de estrategias de seguridad y acordamos que nos vamos a ir reuniendo para revisar todos los detalles de lo que está pasando en Xaltianguis, lo que está pasando en el valle de Chilpancingo, entre ellos incluido el asunto de Chacotla que nada tiene que ver con nosotros”.
Anunció que el miércoles se reunirán con el presidente municipal de Chilpancingo “y ahí vamos a tratar el tema de Chacotla”.
Afirmó que la Policía Ciudadana no ha entrado a la comunidad de Chacotla en el municipio de Mochitlán, pero sí tienen presencia en municipios cercanos a Mochitlán.
De la Policía Ciudadana de Lomas de Chapultepec, Acapulco, están por entrar en una tercera etapa que calificó como de “reordenamiento” en la zona”, adelantó que están en la búsqueda de mecanismos para evitar una confrontación con la delincuencia.

Secuestraron por varias horas al alcalde de Copala el domingo en Acapulco

 

El alcalde priista de Copala, Nazario Damián Céspedes, fue privado de la libertad por varias horas junto a sus tres escoltas por unos cinco hombres fuertemente armados en la carretera federal de Playa Bonfil y Barra Vieja, en Acapulco.
El vocero de seguridad, Roberto Álvarez Heredia, informó vía telefónica que el alcalde del municipio de la Costa Chica se encuentra bien de salud, al igual que sus escoltas.
Álvarez Heredia informó que alrededor de las 8:40 de la noche del domingo el alcalde y sus escoltas fueron sometidos por sujetos fuertemente armados entre dos a cuatro horas en la carretera federal.
En un comunicado la noche de ayer informó que “con lujo de violencia” el alcalde fue bajado de su vehículo y sometido junto a dos escoltas, mientras su chofer fue abandonado sin ropa en la carretera.
Luego de una llamada al 911, el Ejército y la policía del estado acudieron al lugar donde estaba el alcalde, amordazado y atado de pies y manos.
“El presidente municipal y sus acompañantes fueron localizados en la cercanía de la localidad de Plan de los Amates, municipio de Acapulco”, precisa el comunicado.
Los delincuentes despojaron al alcalde y a sus escoltas de los objetos de valor, armas de cargo y una camioneta.
El presidente municipal presentó una denuncia de los hechos. El vocero informó que la Fiscalía General del Estado ya investiga el caso de la privación ilegal de la libertad del alcalde.
Álvarez Heredia dijo que no había certeza sobre si se trató de una confusión, pero que tampoco “tenemos ningún elemento que nos permita confirmar un atentado directo contra el presidente municipal”.

Suman 174 asesinatos en Guerrero en el primer mes del gobierno de Héctor Astudillo

Al cumplir un mes de la administración del gobernador priista Héctor Astudillo Flores han ocurrido 174 asesinatos en el estado.
De acuerdo con un recuento del periódico El Sur, los municipios en los que han ocurrido más asesinatos son Acapulco, Chilapa, Chilpancingo, Iguala, Leonardo Bravo (Chichihualco), Cuajinicuilapa y Tixtla.
Asimismo, ha habido asesinatos en San Miguel Teloloapan, San Miguel Teloloapan, Ajuchitlán del Progreso, Atoyac de Álvarez, La Unión, Coyuca de Benítez, Zumpango, Tepecoacuilco, Atenango, Ayutla, Zitlala, Quechultenango, Coyuca de Catalán, Huitzuco, Copala y Pungarabato.
La violencia en Guerrero se ha recrudecido contra mujeres, niños y adolescentes, activistas y familiares de policías, abogados, choferes, maestros, estudiantes y ex policías, así como contra policías comunitarios.
Al iniciar la administración de Astudillo Flores, en conferencia de prensa en Acapulco, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong anunció una nueva estrategia de seguridad para Guerrero, que sería coordinada por el comandante de la Novena Región Militar, el general Alejandro Saavedra Hernández.
El 4 de noviembre, el comisario de Polixtepec, municipio de Leonardo Bravo (Chichihualco), Joaquín Romero Ríos, y su secretario Víctor González Luna fueron emboscados y asesinados por hombres armados en el camino de terracería Puentecillas-Polixtepec.
Después, el viernes 6 de noviembre, en la comunidad de Polixtepec hubo una balacera de siete horas que dejó heridos a siete policías ciudadanos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), y tres muertos del crimen organizado que opera en la zona.
El jueves 12 de noviembre, policías ciudadanos de la UPOEG se enfrentaron a balazos contra unos 500 sicarios que vestían uniformes tipo militar y armamento de grueso calibre en la comunidad de El Naranjo, en Leonardo Bravo. Tras esta acción, 15 policías ciudadanos estaban desaparecidos; después, uno de ellos fue hallado muerto; otro continúa desaparecido.
La medianoche del domingo, hombres armados irrumpieron en Polixtepec y asesinaron a cuatro vecinos: una mujer adulta y tres de sus hijos, entre estos una mujer. También incendiaron tres casas y se llevaron a dos hombres, uno de ellos era pareja y padre de las víctimas.
El 10 de noviembre, hombres armados asesinaron a 12 personas, entre ellas una mujer y dos menores de edad, y dejaron heridas a cinco en un ataque a balazos a un taller mecánico que fue habilitado para peleas de gallos clandestinas en Cuajinicuilapa.
Asimismo, ese día en la comunidad de Tetitlán de Limas, municipio de Chilapa, tres hombres, una niña, un niño y una mujer fueron asesinados en una incursión de civiles armados; cinco víctimas eran familiares del ex secretario de Seguridad Pública municipal, Silvestre Carreto González.
La madrugada del miércoles cuatro personas murieron y tres resultaron heridas en un ataque a balazos contra una Urvan del transporte público cerca de la comunidad de Atzacoaloya.
El jueves de esta semana, hombres fuertemente armados emboscaron y asesinaron a cuatro policías comunitarios de la Casa de Justicia La Patria Es Primero, del barrio de El Fortín, de Tixtla.
El martes, al asistir a la toma de posesión del nuevo presidente de las Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Chilpancingo, en su discurso, el gobernador Héctor Astudillo Flores subrayó que debe cambiar la situación de violencia que se vive en el estado y que incluso hablará, “con el propio presidente de la República (Enrique Peña Nieto), o con el secretario de Gobernación (Miguel Ángel Osorio Chong) para decirles lo delicado de la situación de Guerrero y lo importante y oportuna que debe ser su intervención nuevamente en Guerrero”.

Asesinan a balazos a un hombre y hieren a otro en una riña en Copala

Un hombre asesinado a balazos y otro herido también de bala, fue el saldo que dejó una presunta riña en Copala ayer en la madrugada. El presunto responsable fue detenido por agentes policiacos.
Según informes de la Policía del Estado, un sujeto armado atacó a balazos a dos hombres en ese municipio de la Costa Chica, y en el lugar murió una de las víctimas, mientras que la otra quedó herida.
Se informó que los hechos ocurrieron luego de una presunta riña entre los tres hombres, poco después de las 2 de la mañana.
Se supo que las autoridades fueron alertadas mediante una llamada al número de emergencias 066.
Agentes de la Policía Municipal, estatal y paramédicos de la Cruz Roja llegaron al lugar y hallaron a los dos hombres tirados, uno de ellos sin vida, y al que estaba herido lo trasladaron a un hospital para su atención médica.
Los agentes policiacos llevaron a cabo un operativo de búsqueda y detuvieron al presunto responsable de la agresión, quien fue identificado como Antonio Campos García, a quien le encontraron y decomisaron un arma corta.
El hombre que falleció fue identificado como Francisco Pérez Pule, mientras que el herido es Michell Calleja Pérez.
Campos García fue puesto a disposición del Ministerio Público por los delitos de portación de arma y homicidio.

Se deslinda el PRD de la agresión a un panista; pide tolerancia a sus militantes




El presidente estatal del PRD, Sebastián de la Rosa Peláez dijo que no se ha comprobado que perredistas hayan agredido a un panista la noche del sábado en Copala; no obstante pidió a sus militantes que sean “tolerantes” y no propiciar enfrentamientos durante la elección en curso.
Afirmó que el martes, luego de conocer la acusación del coordinador de jóvenes panistas en la Costa Chica, Yuri Doroteo Tovar, investigó con los responsables del distrito 08 para saber su versión al respecto, “pero nos dijeron que no tenían ningún dato de dicha agresión”, dijo.
Sin embargo, dijo que militantes del PRI y del PAN han retirado la propaganda del PRD, “como en San Luis Acatlán en donde la policía municipal el día que llegó el candidato a un acto masivo, nos quitó la propaganda; en la Tierra Caliente, atrás de donde vamos pegando propaganda va una brigada una hora después quitándola”.

Perredistas golpean a panista que colocaba propaganda en Copala, denuncian



La dirigencia estatal del PAN denunció que militantes del PRD agredieron al coordinador de jóvenes panistas del distrito 08 en la región de Costa Chica, y exigió a las autoridades estatales que se castigue a los responsables o el clima electoral de la entidad se verá “enrarecido”.
Ayer en la conferencia habitual de los martes en esta ciudad, el coordinador de jóvenes panistas en la Costa Chica, Yuri Doroteo Tovar denunció que la medianoche del sábado, mientras colocaba en Copala gallardetes de su candidato presidencial Felipe Calderón y de la candidata a senadora, Marcela Caballero, fue atacado a golpes por cuatro individuos que descendieron de un vehículo que portaba calcomanías del PRD.
“Me dijeron que ahí en Copala era territorio de Andrés Manuel López Obrador y que me fuera a chingar mi madre; luego me golpearon en el piso y afortunadamente mis dos compañeros lograron escapar” dijo Doroteo Tovar quien presenta una lesión en el ojo derecho y moretones en el cuerpo.
Dijo que no identificó a sus agresores y anunció ayer presentaría una denuncia penal contra de quien resulte responsable, “mis compañeros ya han localizado su carro y esperamos que las autoridades actúen”.
Dijo que fue atendido por el médico legista Conrado Vázquez Carretillo y que investigan la identidad de los cuatro atacantes para presentar formalmente su denuncia.
El secretario general de ese partido, Ramiro Arteaga Sarabia dijo que ante ese ataque la dirigencia estatal del PAN ya no quiere enviar a militantes a colocar propaganda de su candidato por temor a nuevas agresiones, “estamos viendo que la sinrazón y la violencia, están desesperados por el avance de nuestro candidato”.
El coordinador estatal de la campaña de Felipe Calderón, Marcos Efrén Parra Gómez condenó la agresión y exigió a la Procuraduría de Justicia “que investigue este hecho que es reprobable”.