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Impugna Astudillo ante el Trife reforma del PRI que amplía el mandato de Alito

 

Impugna Astudillo ante el Trife la reforma que prorroga el mandato de Alito en el PRI

Solicita un juicio para la protección de sus derechos políticos electorales. Reacciona a escrito en donde lo acusan de presuntos actos de corrupción con el senador Osorio Chong, opositor a Alejandro Moreno. Responde a texto atribuido a Enrique Martiní y afirma que tiene identificados a los personajes de Guerrero que les gusta “hacer este tipo de perversidades” y que ubica como cercanos al presidente del CEN. Se le pregunta si se refiere a Manuel Añorve y dice que “en su momento” lo dirá

 

El ex gobernador Héctor Astudillo Flores busca invalidar y dejar sin efectos la reforma estatutaria promovida por el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, Alito, quien pretende prorrogar su período hasta 2024, a través de un juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano que promovió ayer ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife).
Astudillo renunció a seguir siendo parte del Consejo Político Nacional después de que esta instancia avaló la reforma para ampliar el mandato de Moreno Cárdenas, y ayer reaccionó asimismo a un escrito que se quiso atribuir al ex priista y ex alcalde de Taxco, Enrique Martiní Castillo con señalamientos en su contra de corrupción y complicidades con el senador Miguel Ángel Osorio Chong.
El ex gobernador dijo al respecto que hay en Guerrero personajes a los que les gusta “hacer este tipo de perversidades, de maldades” y que ubica “quien es el diabólico” que escribió el texto que se quiso atribuir a Martiní y del cual éste ya se deslindó.
Astudillo Flores presentó vía per saltum ante el Trife un juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, con el que busca impugnar la convocatoria del 17 de diciembre a la sesión extraordinaria del Consejo Político Nacional del PRI.
“Sesión que tendría verificativo a las 18 horas del pasado 19 de diciembre en modalidad virtual a través de la plataforma digital zoom. Así como los acuerdos. En dicha sesión, entre otras cuestiones, se reformarían, adicionarían y derogarían diversas disposiciones estatutarias y reglamentarias del PRI”, escribe en el documento que solicita sea remitido a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
En declaraciones telefónicas, Héctor Astudillo abundó que el propósito es que el tribunal declare como inválida “esta acción que tomó el CPN de modificar el tiempo de permanencia del presidente del PRI Alejandro Moreno Cárdenas” para prorrogar su periodo hasta 2024, y dijo sin precisar el nombre que “un abogado amigo de nosotros lo llevó a la Ciudad de México y lo presentó ante el Tribunal electoral”.
Comentó que el argumento del presidente del PRI para promover la reforma estatutaria fue la reforma electoral que aún no está aprobada por el Congreso de la Unión, por lo que espera que los magistrados revisen el tema, porque las modificaciones “no tienen razón de ser, no hay porqué hacer una reforma de una reforma que no hay”.
“El propósito es dejar sin efectos la reforma porque no tiene ni razón legal”, insistió.

El presunto escrito de Martiní

En redes sociales circuló ayer un texto que se atribuyó a Enrique Martiní, quien posteriormente se deslindó de este escrito, en el cual se hacen señalamientos contra Astudillo Flores como el que durante su mandato “apoyó a Osorio Chong para que fuera el candidato. Millones de pesos en obras para el hermano de Osorio Chong y a su vez, estos le consiguieron obra a Javier Taja, prestanombres de Astudillo, en Hidalgo, zona de influencia de Osorio”, lo que generó la respuesta del ex gobernador.
En dicho texto se descalifica la decisión de Astudillo Flores de renunciar a su espacio como consejero nacional, lo que calificó como “pantomima patética y ridícula del ex gobernador”. Además se le acusa de varias traiciones al PRI, la más reciente por “entregar” el gobierno estatal a Morena presuntamente a cambio impunidad.
Astudillo Flores respondió en sus redes sociales acusando a “algunas personas cercanas al presidente del PRI Oficial México, que con el fin de reiterar su complacencia y complicidad con su jefe político, no les gustó mi oposición a las reformas” a los estatutos partidistas.
Y señaló que “es reprobable que algún desubicado invente esta clase de intrigas sin pudor alguno, en forma cobarde y tramposa. Lo único que ha logrado es ubicar a su autor intelectual y mostrar su inexistente ética política y su infinita ingratitud y perversidad”.
Negó las acusaciones y recordó que eso se hizo desde el anonimato porque buscaron atribuirlo “con una gran perversidad” a Enrique Martiní.
“¿Quién lo hizo? Pues alguien que seguramente es amigo de Alejandro Moreno Cárdenas y que no le gustó mi posición, y arremetió con todo lo que se le ocurrió, con injurias y por supuesto con mentiras”.
Dijo: “Ubico perfectamente quién lo hizo, y bueno, entiendo perfectamente que hay personas aquí en Guerrero que les gusta hacer este tipo de perversidades, de maldades. Ubico perfectamente quien es el diabólico que hizo eso”.
En la conversación telefónica se le preguntó a quién se refería, y si era alguno de los que no se han pronunciado en contra de la reforma promovida por Alejandro Moreno, como el senador Manuel Añorve Baños, además de que su esposa, la diputada local Julieta Fernández Márquez fue la única de los 11 integrantes del grupo parlamentario del PRI que no firmó un posicionamiento en contra de las modificaciones a los estatutos que prorrogan al líder nacional en su cargo.
“En su momento, más adelantito lo voy a decir”, respondió Astudillo Flores.
También dijo que “seguramente es quien yo creo, es alguien muy cercano al presidente del PRI nacional y que no le gustó mi posición, pero no le gustó no solamente mi posición, sino la de la mayoría del priismo de Guerrero”.
También dijo que “cuando actúo, actúo de frente y para mí el hacer las cosas a través de otros o comparsas, no es mi fuerte, yo siempre de frente, quien me quiere enfrentar lo hacemos de frente y alejados de la cobardía, yo no soy cobarde y llamo a los demás a no actuar con cobardía”.

 

 

Quadri y el subdesarrollo

Ahora resulta que fue intencionadamente provocador el tuit de Gabriel Quadri buscando abrir el debate sobre el subdesarrollo de los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas que, según él, suman una carga al país impidiendo su desarrollo.
Si no fuera por el peso político exiguo del ex candidato presidencial del Panal que en las elecciones del 2012 quedó en último lugar, hasta se podría pensar que su expresión buscaba desviar del debate actual la profundidad de la corrupción que se ha ido descubriendo en la guerra contra los huachicoleros, cuya mafia se extendió desde el poder, permeando la estructura de Pemex, hasta sectores empobrecidos que viven en las cercanías con los ductos de gasolina, quienes a fuerza de la necesidad se involucraron en el robo y comercialización de la gasolina corriendo los riesgos que ya resultaron fatales en Tlalhuelilpan, Hidalgo
Para empezar, sin esos tres estados que apenan a Quadri, lo que queda después ya no sería México, porque fue en Guerrero donde se fundó la nación. Si bien Guanajuato produjo el Grito de Independencia, en Guerrero se escribieron los Sentimientos de la Nación, se suprimió la esclavitud y se consumó la independencia.
Si en Chilpancingo el Congreso de Anáhuac escuchó de labios del Generalísimo Morelos los Sentimientos de la Nación hace 204 años, en la ciudad de Iguala se confeccionó la bandera que ondea en todo nuestro país desde 1821.
Fue en nuestro estado donde el cura José María Morelos encontró la fuerza y valentía de hombres y mujeres para sumarse al propósito insurgente que puso fin a la dominación española, con un ejército que surgió de la nada para enfrentarse nada menos que al poder de los Realistas con generales de prestigio mundial, en una guerra larga y cruenta de donde emergió la noble y gallarda figura del consumador de la independencia, don Vicente Guerrero.
En la guerra de la Revolución de 1910, después del estado de Morelos, Guerrero fue el más zapatista secundando el grito de Tierra y Libertad. Aquí fue donde se lanzó el primer Manifiesto anti porfirista en 1901 (Plan del Zapote), y donde el agrarismo cobró carta de naturalización contra los hacendados herederos de las encomiendas quienes acapararon la tierra, enriquecidos con el encasillamiento de jornaleros.
Cuando Gabriel Quadri decidió su participación en política no buscó, por cierto, afiliarse a un partido de izquierda afín al ecologismo que él dice defender. Lo hizo desde su zona de confort como asesor de organismos privados, esos de doble moral que buscan lavar sus cargos de conciencia mientras siguen deteriorando el medio ambiente.
Buscó la ventaja que entonces representaba ser aliado en esas lides políticas de la maestra Elba Esther Gordillo, presidenta del SNTE y dueña de la franquicia del Partido Nueva Alianza, aliado del PRI (que por fin desapareció en las elecciones pasadas).
Quizá nadie lo recuerde pero antes de ser candidato presidencial en las elecciones de 2012, Gabriel Quadri fue alto funcionario del gobierno federal, presidente del Instituto Nacional de Ecología. Su presencia se hizo notoria en los medios cuando pocos días antes de su nominación retomó e hizo suyo públicamente un tuit de los que mandan los cada vez menos enemigos del ahora presidente de México, en el que se calificaba a Andrés Manuel López Obrador como “majadero, vulgar, desinformado y mordaz”.
Su tuit provocador, en el contexto de la guerra contra la corrupción descubierta en Pemex, buscaba quizá sumarse a la voces que pretenden desvirtuarla para ocultar la identidad de los verdaderos saqueadores de la riqueza de Pemex.
Pero el tema planteado por el consultor privado sobre el atraso económicos de los tres estados de nuestra región se mantendrá ahora en la palestra con la presentación de los programas regionales que el gobierno federal ha diseñado para hacerles justicia.
Con su ejecución que promoverá el desarrollo veremos con claridad que la verdadera pobreza de Guerrero, Oaxaca y Chiapas está en su clase política gobernante que desde nuestro origen como nación defendió y mantuvo los privilegios de un pequeño grupo con un modelo económico de saqueo de las riquezas naturales.
De acuerdo con el reporte de Geocomunes, una organización social que se dedica a realizar “cartografía colaborativa en defensa de los bienes comunes” publicado en la revista Proceso, todo el territorio de Guerrero y Oaxaca forma parte del mapa de la “infraestructura para el despojo” que el gobierno ha concesionado para la explotación minera. El estado de Chiapas suma miles de hectáreas que se dedican a la industria extractiva en manos extranjeras, que sólo cicatrices y contaminación deja en la superficie y entorno que explota.
Pero claro que Quadri sabe de la riqueza biodiversa de la región y de su pluriculturalidad, pero en su afirmación lo que esconde es su profundo racismo porque sin mencionarlo se refiere a la población indígena como la causa del atraso, cuando han sido las etnias originarias las que han mostrado su enorme capacidad de resistencia para sobrevivir al modelo priísta de colonización, explotación y saqueo.
Ése modelo económico que opera en Guerrero para facilitar la expansión de los inversionistas y que desvía el presupuesto público para favorecer a los altos funcionarios, da cuenta del enorme endeudamiento público, del oneroso costo del gobierno y de la extendida y poderosa burocracia que se manifiesta ineficaz en los servicios públicos que otorga.
En el campo la producción de alimentos está paralizada y deprimida porque el modelo neoliberal privilegia la operación de las grandes empresas comerciales de exportación, dejando como sobrevivencia a la población local sólo la opción del cultivo de estupefacientes cuya actividad resulta tan riesgosa como ahora se ve en el huachicoleo.
Los pueblos originarios han cargado con los trabajos más duros y peor pagados siguiendo la ruta de la agricultura comercial, la cosecha del café en las costas y de las hortalizas en los campos del noreste, y sin embargo, en estos aciagos años de violencia e inseguridad que afecta a todo el estado, han dado origen al modelo más sofisticado de organización comunitaria para dotarse de su propia seguridad a través de los cuerpos de policías comunitarios que por usos y costumbres todos los varones están obligados a integrarlos durante un año de servicio gratuito. Sus territorios están libres de organizaciones criminales.
Por eso si la intención de Gabriel Quadri era desviar o desvirtuar el actual debate de la guerra contra el robo de combustible, verá que el problema de la corrupción que promueven y favorecen los gobiernos prianistas también tiene que ver con el subdesarrollo.

@SilvestrePL

Acabará con la corrupción en la Ssa estatal el traslado de la federal a Guerrero, dice el Frente

Integrantes del Frente Democrático de Trabajadores de la Salud comentaron que el traslado de la Secretaría de Salud federal a Guerrero, como planteó el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ayudará a que haya más medicamentos, médicos y material, además de que se acabará la corrupción que hay en su contraparte estatal.
Vía telefónica, el médico ginecobstetra, Francisco Ramírez Adame, quien labora en el Hospital General Raymundo Abarca Alarcón de Chilpancingo, y que en reiteradas ocasiones ha denunciado carencias en hospitales y desatención de la líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), Beatriz Vélez Núñez, dijo que el traslado “sería benéfico, ya que habrá mejor atención médica”.
Dijo que habría más medicamentos, médicos e insumos, y ya no se pagarían favores políticos que se han dado también en el periodo de Vélez Núñez, ya que algunos trabajan en ciertas áreas que no tienen el perfil, o son aviadores.
Manifestó que los miembros del Frente esperan que se combata la corrupción y que haya un ordenamiento en la aplicación de los recursos, porque hay demasiados trabajadores de confianza y mandos medios, pero faltan médicos y enfermeras.
“Hay muchas plazas que fueron otorgadas por compromisos políticos”, y al tener la Secretaría de Salud federal en Guerrero, “todo eso se regularizaría, y sería bueno para los trabajadores y mejoraría la calidad de la salud para los pacientes. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).

 

Confirman nuevos testimonios que se vulneró la seguridad del refugio para mujeres

Nuevos testimonios de usuarias que estuvieron en el Refugio para Mujeres Víctimas de Violencia Extrema, revelan que se vulneró la seguridad de las instalaciones, cuya ubicación debe permanecer en secreto, y que se utilizó como bodega para guardar despensas entre agosto y septiembre de 2017.
Según los indicios, las despensas pudieron haber sido distribuidas durante las elecciones de delegados en Acapulco, donde al menos dos usuarias habrían sido llevadas por la directora del refugio, Luz del Carmen Torreblanca Palacios, a votar con credenciales que no eran suyas.
Al respecto, la secretaria de la Mujer, Mayra Martínez Pineda aseguró que el gobierno del estado está tomando todas las precauciones para la seguridad y la atención de las usuarias, como evacuar a todo el personal y resguardar el sitio con policías estatales con perspectiva de género que reportan cada anomalía.
De las irregularidades que involucran a la directora del refugio, dijo que otras instancias van a disipar lo sucedido, y adelantó que “próximamente” la representante de la Red Nacional de Refugios hará supervisiones de la situación de vulnerabilidad del refugio, para corregir lo que sea necesario.
En la edición de El Sur del 19 de abril, otras usuarias denunciaron amenazas, maltratos y acoso en el refugio, y organizaciones consideraron que el lugar había dejado de ser seguro.
Vía telefónica, dos mujeres más hablaron por separado de su estancia en el refugio, adonde fueron canalizadas desde las oficinas de Ciudad Mujeres en Tlapa.
La primera de ellas dijo que, cuando salió del refugio, el 13 de septiembre de 2017, quería denunciar los malos tratos que sufren las mujeres en ese lugar, pero se sintió sola y con miedo, “ahora ya supe que somos varias, por eso decidí hablar”.
Explicó que entró el 16 de junio del mismo año, y luego de unas semanas, en agosto, las usuarias hicieron limpieza de una de las villas, pensando que llegaría otra mujer, pero en la noche, se dieron cuenta que entró un camión de volteo del que descargaron despensas y sillas de rueda.
Luego, dijo que personas ajenas al refugio entraban de día a sacar despensas de las villas que se usaban como bodega, y que a ella la sacaron del refugio y la llevaron a una cancha a votar por una planilla verde. No supo determinar de qué tipo de elección se trató, pero notas periodistas indican que en ese periodo hubo elección de delegados de colonias en Acapulco, sede del refugio.
“El lugar se supone que es seguro, nadie puede saber dónde estás, cuando estuve no parecía ser un refugio, parecía un almacén, había despensas, entraban y salían personas para llevarse las despensas, cuando estuvo la elección, llegó un volteo de despensas”, recordó la mujer.
Fuera de la entidad, la segunda testigo indicó que desde que llegó al refugio, el 17 de marzo de 2017, quiso salir del lugar. La dejaron ir después de cinco meses, en agosto de ese año.
Recordó que se escapó de su casa y llegó sangrando, a causa de los golpes de su agresor, a Ciudad Mujeres, y de inmediato la trasladaron al refugio, pero no recibió atención médica especializada, sino mucho después, cuando iba a cambiar de albergue, pero sí recibió tareas de limpieza y en la cocina, además maltratos si se quejaba.
Confirmó que la comida era insuficiente para las usuarias, una de ellas embarazada, y comían mangos de los árboles, “era nuestra comida”, dice.
Aseguró que la directora participó en una campaña, “de hecho en una villa del refugio metió despensas, nos obligó a ir a votar, en ese momento yo estaba bien nerviosa, me sacó dos veces (del refugio) para votar”.
Aclaró que la credencial que usó no le pertenecía, y sentía miedo de verse descubierta, pero no tenía otra opción más que obedecer.
La joven advirtió que otras compañeras suyas no recibieron la carta de permanencia en el refugio, y eso les impide acceder a una red de apoyo institucional, y que las autoridades le den seguimiento a sus asuntos legales.
La mayoría de las víctimas presentan denuncias penales contra su agresor, con la esperanza de que sea detenido y ellas regresen a sus hogares.

Tomará la Semujer acciones para mantener el sitio seguro, dice

En consulta telefónica, la secretaria insistió en que van a tomar acciones para mantener un refugio seguro en Guerrero, donde las mujeres víctimas de violencia extrema reciban atención profesional.
Consideró que las “posibles usuarias” que denunciaron los casos de abuso, tienen que asegurar una red de apoyo firme, para evitar otros riesgos, pues “cada caso de violencia procede de situaciones muy delicadas”.
En cuanto a las denuncias contra la directora, dijo que serán investigadas, y en función de los resultados, se harán los cambios pertinentes, “toda situación está sujeta a un litigio y deben agotarse los procesos”, afirmó.
Ratificó que el personal del refugio será certificado, y que el procedimiento implica una inversión importante del gobierno del estado, y de los recursos públicos que aporta la federación para el funcionamiento del Centro.
Antes, aclaró que se hará una nueva evaluación interna del personal, que siga siendo seguro, rentable para la naturaleza para lo que fue creada, “es un legado de otras administraciones y es una buena práctica mantenerlo, atender las situaciones emergentes y mejorarlo”.
Lamentó que la existencia del refugio haya trascendido a la opinión pública, pero añadió que “estamos procurando dar todas las medidas de seguridad”.

 

Cambian al coordinador de la Policía Estatal de la zona Norte señalado por corrupción

El coordinador regional de la Policía Estatal de la zona Norte, José Luis Chino Huitzil fue reemplazado ayer por el suboficial Ignacio Tapia Bonilla, una semana después de que el primero fue señalado por corrupción.
El jueves de la semana pasada policías a su mando liberaron a dos jóvenes que fueron detenidos cerca de las 11 de la noche del martes por policías militares, en el retén de Loma de Coyotes en la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano en la salida hacia Teloloapan.
Se dio a conocer que los dos jóvenes fueron detenidos por los soldados a bordo de una motocicleta Yamaha 2015 con reporte de robo con violencia en esta ciudad, y tras su detención fueron entregados a policías estatales para ser puestos a disposición del Ministerio Público, pero fueron liberados en el cuartel regional de la Policía Estatal tras el pago de un soborno de 5 mil pesos, en el que se vieron involucrados policías estatales y un asesor jurídico de la agencia del Ministerio Público.
Fuentes consultadas dentro de la Policía del Estado confirmaron que la mañana se relevó al coordinador regional y en su lugar fue nombrado el suboficial Tapia Bonilla, luego de que el señalado de actos de corrupción había ocupado el cargo de marzo a julio de este año, apenas cuatro meses.
Con este cambio de acuerdo con las fuentes, van siete relevos de mando de la coordinación regional de la Policía del Estado en la zona Norte, tras los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 a los estudiantes de Ayotzinapa. (Alejandro Guerrero / Iguala).

 

Comparecieron ante la Comisión de Honor 10 de los 20 policías viales acusados de corrupción, dice Ilich

 

El síndico Ilich Lozano Herrera, informó que hasta el jueves de la semana pasada, 10 policías viales ya habían comparecido ante el Consejo de Honor y Justicia, “la gran mayoría” acompañados por abogados.
En declaraciones, el presidente del Consejo de Honor y Justicia, Lozano Herrera, indicó que los resultados del proceso administrativo no se conocerán esta semana porque faltan que 10 policías comparezcan.
El pasado 19 de mayo, en conferencia de prensa en la sala de Cabildo, el gobierno municipal informó que 20 policías viales estaban sometidos a proceso administrativo y suspendidos de sus actividades, porque el Ejército entregó 100 videos en los que se les observa cometiendo actos de corrupción.
El material videográfico fue entregado al gobierno municipal el 26 de abril, y casi un mes después se informó del procedimiento iniciado contra los agentes.
El pasado miércoles, el alcalde Evodio Velázquez Aguirre indicó que posiblemente esta semana se conocerían los resultados del Consejo de Honor y Justica, pero al consultar al síndico sobre la fecha reiteró que habían establecido un mes de plazo pero sólo han comparecido la mitad de los agentes acusados, por lo que esta semana no estará el dictamen.
Indicó que en las comparecencias los agentes viales han estado “acompañados” y “asesorados” por abogados, que se les se muestran los videos captados por las cámaras de videovigilancia y “algunos aportan pruebas”, pero se negó a abundar del caso por no violentar el derecho de defensa de los efectivos.
“Yo creo que va caminando bien, una vez que terminemos de escucharlos, de comparecer y ellos de defenderse, ya daremos paso a la sanción o a la no sanción de acuerdo sea el caso”, agregó.
A la pregunta de si los agentes acusados han presentado pruebas que acrediten lo contrario a lo que se muestra en los videos, Lozano Herrera insistió en que no podía hablar del contenido de la comparecencia, que cuando el Consejo de Honor y Justicia presente el dictamen se informará qué fue lo que presentaron los policías viales para argumentar en su defensa.
El Consejo de Honor y Justicia es un órgano de impartición de justicia que se encarga de conocer y resolver las quejas que se presentan contra los agentes de los cuerpos de seguridad pública del municipio.
Está integrado por el síndico procurador Ilich Lozano, como presidente; como secretario técnico, el secretario de Seguridad Pública municipal, Max Lorenzo Sedano Romano, y como vocales, la regidora del PRI, Linda Karina Ríos Radilla; el director general de Asuntos Jurídicos, César Gustavo Ramos Castro y el encargado de despacho de la Contraloría General, Francisco Javier Jiménez Olmos.
Los 20 policías viales identificados en videos en actos de corrupción están suspendidos y no reciben salario de parte del gobierno municipal.

No respaldarán los padres de los 43 a ningún candidato presidencial, informa Vidulfo Rosales

El abogado de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014 en Iguala, Vidulfo Rosales Sierra aseguró que no respaldarán a ningún candidato en las elecciones presidenciales de 2018, porque “la ruta está con el ciudadano, no con los partidos”.
“Hay una crisis en los partidos y el sistema político de cargos. Son instituciones que se están colapsando en todos los niveles de gobierno, porque están infestados por la corrupción y el crimen organizado. El ciudadano común debe repensar y diseñar un nuevo modelo de gobierno”, dijo.
Destacó que son “respetuosos” de las aspiraciones presidenciales del presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, y de la candidatura independiente de Emilio Álvarez Icaza, ex ombudsman capitalino.
Según el abogado los padres de familia de los normalistas “no han analizado aún si se va a ir por la ruta del boicot electoral o no, pero desde nuestro punto de vista el boicot del 7 de julio del 2015 fue muy costoso y trae rupturas dentro del propio movimiento. Tuvimos presos, asesinados y estamos luchando contra un sistema político que es difícil remontar”.
Añadió: “Los padres de familia de los normalistas de Ayotzinapa se mantienen en la presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos, y creemos que quienes apoyan la búsqueda de los muchachos son del movimiento ciudadano independiente, no son los candidatos ni los partidos políticos. Nosotros respetamos a (Emilio) Álvarez Icaza y a (Andrés Manuel) López Obrador, pero creemos que la ruta está con el ciudadano, no con los partidos”.
Según información difundida en Noticias MVS, Rosales también consideró que hacia 2018 el papel de la delincuencia organizada “será preponderante”. Es algo que no se quiere ver pero en México hay territorios gobernados por la delincuencia organizada.
“El actual sistema de partidos en México ha perdido las ideologías y las plataformas electorales porque han puesto al dinero en el centro de la lucha política. El que tiene más dinero en las campañas es el que gana”, lamentó.
Aseguró que para los padres de los normalistas hay un intento deliberado de un rompimiento de la institucionalidad misma en Estados Unidos con el régimen de Donald Trump.
Todos los días Trump aumenta su beligerancia contra México, y para los padres de familia de Ayotzinapa eso “es riesgoso”. Por eso, agregó Rosales, “pensamos que debe darse un cambio del modelo económico que incluya a la clase empresarial, si quiere sobrevivir, para que fortalezca la economía interna”.
Asimismo recordó que el próximo jueves 9, familiares y la defensa de Ayotzinapa se reunirán con autoridades de la Procuraduría General de la Republica, y el viernes 17 se dará seguimiento al mecanismo del Sistema Interamericano sobre el caso Ayotzinapa.

Acusan estudiantes de Derecho de corrupto a maestro que se opone a la reelección del rector

Estudiantes de la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), en Chilpancingo, denunciaron que el maestro e integrante del Colectivo Insurgencia Universitaria Guerrerense, Román Ibarra Flores es corrupto, discrimina a las alumnas y, por ello, no debe tener la oportunidad de contender a la Rectoría.
En conferencia de prensa, los estudiantes e integrantes del Frente por la Dignidad Estudiantil, Carlos de la Cruz, Francisco Javier Rayo, Gloria Sánchez y Miguel Ángel Delgado, exigieron que en el proceso electoral de la UAG haya candidatos con las cualidades académicas que deben tener los maestros de la institución.
Carlos de la Cruz dijo que, Ibarra Flores “está tratando de hacer una campaña para ser rector” en el periodo 2017-2021, pero los estudiantes que lo conocen como maestro no lo apoyarían, ya que en clases discrimina a las alumnas por ser mujeres, y a los alumnos que provienen de pueblos originarios.
Francisco Javier Rayo acusó que Ibarra Flores no tiene modales, “nosotros necesitamos un rector que mejore la educación, que haya mejores oportunidades, becas extranjeras, mejores instalaciones, que esté cuando el alumno lo necesite, no sólo para levantar la mano y decir ‘yo soy un semidios”.
Gloria Sánchez contó que Ibarra Flores les dice a las alumnas que la carrera de Derecho no es para mujeres, además de que también se les insinúa para que acepten involucrarse con él de manera sentimental, “para aprovecharse”.
Los estudiantes dijeron que Ibarra Flores reprueba de manera arbitraria a quienes le caen mal, para luego pedirles mil 500 pesos para aprobarlos, y aunque han denunciado sus prácticas en la dirección de la Unidad Académica de Derecho, no han logrado nada más que cambiarlo por otros maestros de la misma institución.
También dijeron que, al ser agremiado del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UAG (STAUAG), Ibarra Flores es protegido para que no se vean afectados sus intereses cuando los estudiantes lo rechazan como maestro.
Se les preguntó si están de acuerdo con la reelección de Javier Saldaña como rector, y contestaron que durante su administración la UAG entró a la lista de las 50 mejores del país, pero “no significa que vayamos a apoyarlo (en su campaña)”.

 

Debe parar la impunidad en México o impactará en las nuevas generaciones, advierte Beristain

 

El especialista en víctimas de violencia y tortura del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), Carlos Martín Beristain denunció que por más leyes que se elaboren en México, si no se implementan políticas con empatía hacia las víctimas, si no se quiebra el círculo vicioso de violencia-impunidad-corrupción, se impactará a las nuevas generaciones.
“Si vemos que nada se transforma puede ayudar a generar insensibilidad y falta de conciencia, y ese impacto va proseguir en México en las próximas generaciones, ese es el horizonte, no del próximo año, no del próximo sexenio, de las próximas generaciones”, advirtió preocupado.
Consultado por teléfono en el marco de su visita para presentar su libro El tiempo de Ayotzinapa sobre sus vivencias en el periodo en que cinco expertos extranjeros fueron coadyuvantes de la Procuraduría General de la República (PGR) en la investigación de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, dijo que si desde las instituciones siguen llamando levantado a un desaparecido, se le convierte en un subhumano que no genera empatía ni conciencia, como ejemplo del inadecuado tratamiento de las víctimas.
Aseguró que la peor receta para atender la desaparición de personas es mirar a otro lado, como ocurre en el país.
Carlos Beristain es el único de los especialistas extranjeros con labor previa en México del GIEI. Indicó que en 2012 trabajó con familias de desaparecidos en la atención psicosocial con talleres, espacios de dolor y de llanto, y habló entonces de la necesidad de una política de atención a víctimas ante la prensa.
Al volver a México con el GIEI para el caso Ayotzinapa no tenía un conocimiento profundo de la desaparición forzada ni del sistema judicial, lo que sabía era a partir de los relatos de los familiares que recurrían a diferentes leyes, y que mostraba que no era un problema aislado.
Cuando aquellas familias acudieron al Ministerio Público con un caso de desaparición siempre les decían que volvieran después, “y esas son prácticas de desprecio para la gente, es la peor práctica para la atención del problema”, dijo.
Al comenzar la coadyuvancia en el caso Ayotzinapa, cinco meses después del asesinato de seis personas y la desaparición forzada de 43 normalistas, todos los especialistas tenían claro que el caso implicaba una tarea inmensa, muy compleja, que les tocaba desentrañar cosas poco claras y enfrentar el aparato del Estado, relató.
Agregó que empezaron con la convicción de que era un enorme desafío que sí se podía resolver, y también comenzaron a enfrentar obstáculos para llegar a la verdad.
No obstante en el primer informe lograron reconstruir la historia que había sido contada de forma tergiversada o parcial, y las fuentes fundamentales fueron los sobrevivientes y los familiares de la Normal de Ayotzinapa y del equipo de fútbol Los Avispones.
Sin embargo en el segundo informe dependían del avance de la investigación de la PGR, “y no sé por qué no se hicieron (los peritajes y recomendaciones) y eso nos dejó frustrados”.
Recurrieron a otras fuentes, periodistas de Guerrero que hicieron aportaciones, pero los expertos no pudieron intervenir a más.
Insistió en que “sí se puede resolver el caso”, es decir, determinar el paradero de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, sin embargo, “incomodamos a ciertos actores y el miedo a la verdad no es positivo para México, con tanto dolor”.
Desde su experiencia en diferentes países, aseguró que la única forma de sanar a las familias es que reciban respuestas desde la verdad, si no hay verdad no habrá paz, no sólo en Ayotzinapa, sino en todas las familias con seres queridos desaparecidos.
Dijo que en otros países los familiares, no los gobiernos, han permitido los movimientos amplios para buscar la verdad, “a pesar del enorme estrés que representa han convertido la lógica del afecto en una conciencia de derechos humanos más amplio”.
No sólo los impulsa el amor a sus hijos, sino la confianza que alcanzan con otros padres.
También es necesaria la atención nacional e internacional, el apoyo colectivo con otras víctimas y abrir la conciencia para moverse hacia una transformación.
En el libro narra su experiencia sin los tecnicismos del informe, cómo lograron avanzar ante los obstáculos y encontraron elementos insólitos que permitieron descubrir situaciones que se intentaron ocultar, como el quinto autobús y el trasiego de droga en el transporte público, que de acuerdo con la tesis de los expertos, pudo ser la razón del ataque indiscriminado y coordinado contra los estudiantes.
Reconoció que desde el primer informe se dieron cuenta que “había un punto de no retorno”, que las autoridades trataban de sostener la versión del basurero de Cocula, que dice que ahí fueron incinerados los desaparecidos, incluso cambiando un poco la historia para adecuarla a las circunstancias que se iban develando.
“Esa fue la peor solución”, pues los nuevos testimonios que se tomaron en el camino “eran como una manta que se tira de un lado y tapa una esquina y deja descubierta otra cosa”, no ajustaba con la realidad y se evidenciaban más irregularidades, como tortura a los inculpados.
Asimismo, la diligencia en el río San Juan donde funcionarios de la PGR sembraron evidencia para colocar el resto de uno de los 43 estudiantes desaparecidos, “la respuesta dada después por el gobierno es un mal síntoma, la peor receta para el caso y para el país y sólo alarga más una solución”.
En cuanto a si tiene confianza en que se conozca la verdad del caso Ayotzinapa y de los desaparecidos del país, dijo que la verdad siempre se empeña en salir si quien la empuja son los familiares, pero también refirió una frase de su compañera la experta colombiana Ángela Buitrago, “tiempo que pasa, verdad que se aleja”.
Recordó que en el segundo informe de trabajo señalaron los problemas estructurales en la investigación y dejaron en 22 puntos para mejorar el sistema de procuración de justicia.
Aseguró que si se atienden las recomendaciones como lo han visto en otros países, la situación va a cambiar.
“El círculo de violencia-corrupción-impunidad-violación de derechos humanos se quiebra en la impunidad. Si se mantiene la impunidad se mantienen los círculos de complicidades políticas, de corrupción y violencia. No hacerlo contribuiría a fomentar la violencia, lo único que se va a hacer es mirar a otro lado”.