El pasado sábado, en presencia del secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, y de la notaria uno, Brenda Alarcón López, el tlayakanki de Xalpatláhuac, autoridad tradicional, Nicolás Villarreal Dircio, entregó las 10 armas que tenía bajo su resguardo.
De la seguridad en el municipio, hasta el momento se hace cargo la Guardia Nacional y la Policía Estatal, mientras la policía comunitaria se está replegado, hasta que la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria (CRAC-PC), realice una asamblea regional en Xalpatláhuac, para que el pueblo participe y decida si ratifican o nombran a nuevos policías.
La reunión se realizó en el corredor del Ayuntamiento en Xalpatláhuac, en presencia de al menos 100 personas, en su mayoría mujeres. La reunión duró varias horas, porque en las particiones de las mujeres nahuas, no aceptaban que se entregará el armamento porque argumentaban que el gobierno estatal no estaba cumpliendo con los acuerdos.
En varias particiones recalcaron que les faltaban varios servicios, como agua potable, obras para este año, atención de la Dirección de Catastro y Registro Civil; pero al final, los consejeros de la CRAC persuadieron a las personas para que se avanzara sobre el tema.
También pidieron atención a la salud, que haya médicos y sobre todo que la clínica tenga medicamentos.
Así como que el gobierno resuelva las órdenes de aprehensión contra 24 comunitarios, incluido el tlayakanki, Villareal Dircio.
Aceptaron la entrega de los 10 armamentos que tenían bajo su resguardo, desde en octubre del año pasado, cuando desarmaron a la Policía Municipal y expulsaron de la cabecera a la presidente Selene Sotelo Maldonado.
De acuerdo con el boletín del gobierno estatal, “se inicia una nueva etapa para la construcción de paz en el municipio de Xalpatláhuac”.
Mencionaron que en cumplimiento de los acuerdos, el secretario Ludwig Marcial Reynoso asistió al Ayuntamiento de Xalpatláhuac, para dialogar con la comunidad, donde le solicitaron principalmente el suministro de agua potable y medicinas.
Se informó que se comprometió a dejar atrás esa percepción de inseguridad, inestabilidad y abandono que sienten los habitantes de la cabecera.
Informó que participó el tlayakanki, Nicolás Villarreal; el consejero de la policía comunitaria, Edmundo Delgado Gallardo; coordinadores de las casas de justicia de la CRAC-PC, encabezados por Raúl de Jesús Cabrera; y el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, quienes se comprometieron a llevar a cabo el proceso de control y depuración de la policía comunitaria, para su reintegración en las acciones de seguridad en favor de la población.
El coordinador de la Casa de Justicia de San Luis Acatla?n, Rau?l de Jesu?s, el delegado del INPI, Manuel Va?zquez y la titular de la Secretaría de la Mujer, Violeta Pino en la firma del convenio Foto: Jessica Torres Barrera
Chilpancingo
Representantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), firmaron con la delegación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), y el gobierno del estado, un convenio para difundir, capacitar, aplicar su reglamento y prevenir la venta de niñas y el matrimonio forzado.
Ayer se firmó el convenio en las instalaciones del INPI, en la colonia Burócratas, en Chilpancingo, donde la secretaria de la Mujer del gobierno estatal, Violeta Pino Girón, agradeció a la CRAC por establecer un diálogo para alcanzar fines comunes como son la prevención de las violencias hacia la mujer y el matrimonio en uniones tempranas de niños.
Comentó que el gobierno estatal busca alianzas con la federación, los gobiernos municipales y con la CRAC, esta última una organización con influencia desde hace muchos años en los pueblos de la Costa Chica y la Montaña. Afirmó que desde el año pasado se desarrolla la estrategia integral para el bienestar y la justicia de las mujeres y las niñas en nueve municipios y en 24 localidades de esas regiones.
Aseguró que juntos avanzarán en el proceso de sensibilización y capacitación de los derechos de las mujeres y de las niñas, y celebró que las reformas al reglamento de la CRAC, entre ellas el castigo a la venta de menores y al matrimonio forzado. “Ya en sí es un paso trascendental” que debe difundirse y dársele la importancia, porque significa una voluntad clara y expresa de la CRAC para avanzar en los derechos humanos de las mujeres.
Por su parte, el delegado del INPI en Guerrero, Manuel Vázquez Quintero, aseguró que hace un año se implementó un proyecto para fortalecer, construir y adecuar el reglamento interno de la CRAC, y destacó que el INPI ha sido muy respetuoso de las actividades organizativas de la organización comunitaria.
Dijo que el año pasado la CRAC trabajó en la prevención de la violencia de las mujeres indígenas en las comunidades donde tienen jurisdicción y aplican su sistema comunitario, así como la prevención del matrimonio infantil, por lo que los comisarios municipales le planteraron junto a los coordinadores la continuidad del proyecto para la difusión, capacitación, prevención y la aplicación del reglamento.
Expuso que el apoyo será económico, aunque no precisó la cantidad, pero manifestó que la CRAC administrará el recurso, por lo que pidió les ayuden a transparentarlo, y se aplique para lo que se destinó.
El vocero de la CRAC de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Raul de Jesús Cabrera, agradeció que por segundo año consecutivo el INPI apoye a la CRAC con un nuevo proyecto.
Precisó que en 2022 el apoyo del INPI sirvió para la modificación de 18 artículos de su reglamento interno, del que destacó la prohibición de venta de menores o matrimonios forzados, que lograron con 10 reuniones y recorriendo las cinco Casas de Justicia: Zitlaltepec, Espino Blanco, Las Juntas-Caxitepec, El Paraíso y San Luis Acatlán.
Dijo que este año la idea es difundir, capacitar, y la aplicación del reglamento interno, para prevenir el matrimonio forzado, su objetivo, destacó, será tener 15 reuniones, recorrer y capacitar todas las autoridades y las comunidades, consensuar, y esperan que en octubre próximo, cuando cumpla 28 años la organización, presenten el proyecto y entreguen todos los resultados.
Al concluir la firma, en declaraciones a El Sur, Raúl de Jesús Cabrera, añadió que el reglamento interno de la CRAC indica que se aplicará un castigo de 15 años de reeducación a quienes realicen venta de menores o matrimonios forzados.
Expuso que los reglamentos ya se entregaron a las autoridades de todas las comisarías que pertenecen al sistema comunitario, a los consejeros y los comandantes, y la idea es explicar el contenido, por eso las reuniones serán abiertas para toda la comunidad, además de que tendrán en una versión digital que difundirán.
Añadió que después de que en octubre de 2021 se dio a conocer el caso de la niña Angélica, encarcelada 11 días por la Policía Comunitaria de Dos Ríos, Cochoapa de Grande, luego de que sus suegros exigían que sus padres devolvieran el dinero, pues la habían vendido a los 11 años para forzarla al matrimonio, “hasta la fecha no se han presentado situaciones iguales, eso no quiere decir que se haya acabado, quiero pensar que existe el temor de los delitos que se está contemplando”.
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra en la presentanción ante estudiantes de la Facultad de Derecho de la UAG en Acapulco del nuevo reglamento de la CRAC Foto: Jesús Trigo
Daniel Velázquez
Representantes de Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria (CRAC-PC) presentaron ante estudiantes y maestros de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), su nuevo reglamento que incluye un capítulo dedicado a los derechos de la mujer, y en el que se prohíben la venta de menores y los matrimonios forzados.
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, y asesor de la CRAC-PC, Vidulfo Rosales Sierra, expuso que la Coordinadora se sustenta en las autoridades comunitarias y no en el hecho de que por portar un arma ya se es policía comunitario, “la Policía Comunitaria se basa en la comunidad, en sus sistemas normativos y de cargos”.
Abundó que tiene sustento legal en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que reconoce los usos y costumbres y los derechos de los pueblos indígenas, en el apartado A del artículo segundo de la Constitución Política del país que señala que los pueblos originarios pueden resolver sus conflictos internos de acuerdo a sus sistemas normativos, y en el estado con la Ley 701 que reconoce a la CRAC-PC desde 2011.
Indicó que el reglamento es un mecanismo de control y contrapesos que recae en la Asamblea General de Comunidades, donde participan las cinco casas de justicia: San Luis Acatlán, Espino Blanco, Zitlaltepec, El Paraíso y Caxitepec.
La normativa también prevé una Comisión de Derechos Humanos para vigilar los abusos que pudieran cometer los coordinadores, los policías o los comandantes, también se tiene una comisión de Finanzas que maneja los recursos de la Coordinadora.
Rosales Sierra abundó que el reglamento también establece un procedimiento para ingresar a la CRAC-PC, mediante una solicitud, después se visita la comunidad para comprobar que dos terceras partes de la población esté de acuerdo en integrarse al sistema comunitario.
El asesor dijo que se incluye la prohibición de la venta de niñas, adolescentes y mujeres, el caso del aborto queda no penado cuando es provocado y se establece una disposición de que las mujeres son libres a decidir sobre su cuerpo y su vida. También se permite que puedan heredar bienes, cosa que anteriormente no se permitía. Se anuló el delito de las deudas civiles que antes atendía la Policía Comunitaria.
Entre las sanciones se estableció que la pena mínima es de tres meses y la pena máxima es de 30 años, anteriormente era de 10 años y después de una discusión se amplió a 30 la pena máxima.
Explicó que el proceso para llegar a la justicia en el sistema de la CRAC también está definido en el reglamento, se tiene que presentar la denuncia, hacer la investigación y el juicio, en caso de delitos no graves es de 3 meses y en delitos graves es de seis meses, y “ningún detenido por la CRAC puede estar sin sentencia”.
Indicó que no se permiten abogados en el sistema de justicia de la CRAC, pero las personas detenidas pueden tener asistencia de hasta tres personas de su confianza.
El consejero regional, Sabás Augusto Espinobarros agregó que en el reglamento se incluyen las atribuciones de los coordinadores regionales, qué sanciones pueden imponer las autoridades civiles de la comunidad y cuáles los coordinadores regionales, también se incluyen los procedimientos para la denuncia, la investigación y los derechos y deberes de los detenidos. El proceso para la reducación de los detenidos y los derechos de las mujeres que están en territorio comunitario.
El reglamento fue aprobado el 17 de diciembre de 2022, consta de 87 artículos y tiene una vigencia de seis años, en un artículo tercero transitorio se establece que a los cinco años deberá convocarse a una revisión al reglamento para su actualización.
Nació el 15 de octubre de 1995 mediante un acuerdo de asamblea en un contexto de inseguridad
El vocero de la CRAC-PC Raúl de Jesús Cabrera hizo una reseña histórica de la Policía Comunitaria que nació el 15 de octubre de 1995 mediante un acuerdo de asamblea en un contexto de inseguridad, pues ocurrían asaltos, robo de ganado y violaciones “a diario”.
Actualmente la CRAC tiene presencia en 211 comunidades de 39 municipios del estado, y se rigen con el reglamento recién aprobado.
“Donde nosotros estamos tenemos los índices mas bajos de inseguridad, no al cien por ciento pero sí los más bajos”, destacó.
Sabás Augusto habló de la estructura organizativa de la CRAC, la cual, explicó está dividida en tres niveles, primero la Asamblea General Comunitaria que es la que se hace en las comunidades, el segundo nivel es la Asamblea Regional de comisarios y delegados municipales, los comisariados, los principales y consejeros de la CRAC, y el tercer nivel es la Asamblea General de Autoridades Comunitarias, donde se reúnen los comisarios de las cinco casas de justicia.
Estimó que la CRAC está integrada por unas 3 mil personas desde policías hasta coordinadores, y los ciudadanos que habitan en las comunidades tienen la libertad de recurrir al Sistema de Justicia Comunitario o al Ministerio Público.
En la presentación del nuevo reglamento, el consejero regional Rolando Bahena Cruz habló de la distinción que hay entre la Policía Comunitaria y los grupos de autodefensa como la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y la CRAC de los Pueblos Fundadores, los cuales no son parte de la CRAC porque no se rigen por su reglamento ni tienen respaldo de las asambleas comunitarias.
Como comentaristas participaron el presidente de la Barra Acapulco, Colegio de Abogados Ricardo Pablo Andalón Sotelo, el magistrado de Tribunal Universitario Dorian Bello Pardillo, la secretaria técnica de Presidencia Irma Graciela Lee González quien destacó la incorporación de un capítulo dedicado a los derechos de las mujeres en territorio comunitario.
También participó el líder histórico de la izquierda en el estado, Eloy Cisneros Guillén quien dijo que los gobiernos que se padecieron en la entidad no vieron a la CRAC como indispensable para la seguridad, y por eso no le han dado el apoyo integral para su desarrollo, sino que “han visto a la CRAC como contrincante, como enemigo”.
Llamó al Congreso y a la gobernadora Evelyn Salgado a entender que la CRAC “busca la coadyuvancia, no busca enfrentar a nadie, busca la paz para los guerrerenses”, y abogó porque se reglamente la coadyuvancia de la organización en la seguridad de los guerrerenses.
Abundó que “es un esfuerzo de vida porque quienes la integran no tan sólo dan su tiempo, su economía, hay reuniones permanentes, no tienen que trabajar en sus labores para dedicarle tiempo a esta actividad”.
Narcotráfico y venta de niñas
En la ronda de preguntas y respuestas una estudiante criticó los usos y costumbres como norma, cuando son violatorios de derechos humanos como la venta de niñas y otro estudiante preguntó cómo enfrentan el problema del narcotráfico en las comunidades, en respuesta Sabás Augusto Espinobarros indicó que el problema de la venta de niñas no ocurre en todas las comunidades, el caso de la comunidad de Dos Ríos en Cochoapa y en la parte alta de Tlacoachistlahuaca es donde se dan esas prácticas, dijo que la CRAC está en contra y por eso lo incluyeron en su reglamento.
Agregó que debido “al mal actuar” de la Policía Comunitaria de la comunidad de Dos Ríos en Cochoapa quedó fuera de la CRAC porque se detuvo a todos los involucrados, al suegro que hizo la denuncia, a los policías que detuvieron porque es un caso que no se puede juzgar, sino que se debe cuidar a la niñez y están en la postura de que esa costumbre debe ser erradicada, agregó que también quedaron fuera del reglamento los casos de brujería que son creencias arraigadas en los pueblos, pero que en la realidad no se pueden comprobar.
Raúl de Jesús Cabrera añadió que el caso de la venta de niñas se usó para “golpear” a la CRAC, pero quienes lo hicieron olvidaron que hay instituciones como el DIF que tienen presupuesto público, la Secretaría de Educación también tiene maestros en la zona, y cuestionó qué hace la Iglesia pues los sacerdotes ofician las misas en las que se casan menores de edad, “pero cuando hay problemas, el problema es la CRAC”.
Sobre el narcotráfico De Jesús Cabrera dijo que están abiertos a que las autoridades detengan a personas acusadas de homicidio o secuestro que estén en las comunidades porque no protegen delincuentes, y si ellos detienen a un traficante lo sancionan de acuerdo a sus normativa, ejemplificó que actualmente hay dos hombres detenidos y sentenciados a trabajo comunitario por 15 años por extorsión, en ese caso los entregarán a las autoridades hasta que concluyan su sentencia.
“Tampoco podemos decir que no hay infiltrados dentro de la policía, entre más grande es como el hijo, cuando está chiquito uno lo controla bien pero entre más crece, más problema y más desconfianza nos genera, así es la institución, que no es tan fácil de controlarlo pero tenemos bajos índices de inseguridad, no al cien pero sí la más baja y no hay refugio de narcotraficantes”.
No afectan a la CRAC las operaciones del gobierno contra las autodefensas
En declaraciones a reporteros el abogado Vidulfo Rosales fue consultado sobre las declaraciones que dio la gobernadora en el Grupo Aca, de que los grupos de autodefensa ya no tienen presencia en El Ocotito, Costa Chica y la Zona Norte, y opinó que eso no afecta a la CRAC porque opera en sus comunidades, y consideró “positivo” que el gobierno del estado avance en acotar a esos grupos “como la UPOEG que aquí en Acapulco están involucrados en desapariciones forzadas como la del compañero Vicente Suástegui, ojalá esos operativos puedan contribuir para la aparición de nuestro compañero”.
Agregó que en la medida en que el gobierno estatal acote a las autodefensas ayudará a la Policía Comunitaria, porque esas autodefensas son “grupos de choque” contra la CRAC.
Confió en que la ofensiva del estado para limitar las autodefensas no afecte a la Policía Comunitaria porque ésta tiene bien delimitadas sus funciones, sus actuaciones en las comunidades y cuenta con el reconocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La demanda al Congreso local es que haya reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas para que puedan ejercer sus sistemas normativos, reconocimiento a los gobiernos y autogobiernos y la representación indígena antes los poderes como el Congreso, y que el reconocimiento de propiedad ancestral que tienen los pueblos indígenas sobre la tierra, pues son los poseedores del territorio desde antes de la formación del estado.
Rosales Sierra indicó que la CRAC actualmente enfrenta problemas con los jueces de distrito por los amparos que presentan algunos abogados contra la Policía Comunitaria.
También en declaraciones, el vocero Raúl de Jesús indicó que están realizando una investigación sobre el hallazgo de un cuerpo desmembrado ocurrido la semana pasada, para deslindar responsabilidades y evitar que haya filtraciones del crimen organizado, dijo que la información que se conoce es que la víctima era de Azoyú y la fueron a dejar a San Luis Acatlán.
Consejeros del IEPC encabezados por su presidenta Luz Fabiola Matildes Gama durante la reunión con integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) en las instalaciones de la Casa de Justicia en San Luis Acatlán Foto: IEPC
Emiliano Tizapa Lucena
Chilpancingo
Integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), entregaron ayer a los consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), sus propuestas de cómo quieren que sean electos los representantes para el Consejo General del IEPC, y los Consejos distritales, en una reunión en San Luis Acatlán.
La CRAC propone que los aspirantes a representantes deben salir de las asambleas comunitarias de los pueblos originarios y afromexicanos, deben ser o pertenecer a cualquiera de los pueblos originarios o afromexicano de nacimiento, y haber desempeñado con honorabilidad algún cargo en su pueblo o comunidad.
En declaraciones por teléfono, el vocero de la CRAC de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Raúl de Jesús Cabrera, informó que este miércoles se reunieron en el edificio de la organización, ubicada en la colonia Riviera Acatlán, con la consejera presidenta del IEPC, Luz Fabiola Matildes Gama, y las consejeras Cinthya Citlali Díaz Fuentes y Azucena Cayetano Solano, el consejero Edmar León García, y el secretario ejecutivo, Pedro Pablo Martínez Ortiz.
Detalló que en la reunión que duró cerca de dos horas y media, los coordinadores de las cinco casas de justicia de la CRAC y consejeros de San Luis Acatlán, entregaron sus propuestas de cómo quisieran ser representados de acuerdo al cuestionario que les envió el IEPC.
Del nombre de la figura de representación indígena y afromexicana, la CRAC propuso llamarles “representante de los pueblos originarios y afromexicanos ante el Consejo General del IEPC”, y “representante de los pueblos originarios y afromexicanos ante el Consejo Distrital”.
Dijo que el objetivo de estas representaciones es que en virtud de que los derechos que las leyes les otorga, consideran que “así como los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos independientes tienen representantes ante la autoridad electoral que organiza y califica los procesos electorales, los pueblos originarios y afromexicanos debemos tener representantes ante está autoridad para vigilar y evitar mediante la discusión y el diálogo e incluso mediante la interposición de algún recurso o mediante impugnación legal para que no se violenten o vulneren nuestros derechos políticos electorales”.
Sostienen que estas representaciones deben vigilar y solicitar que los principios de imparcialidad, certeza, legalidad e independencia sean respetados por la autoridad electoral, durante y fuera de los procesos electorales e igualmente pugnar que la actividad de los partidos políticos, coaliciones, sus respectivos candidatos y los candidatos independientes, se apeguen a la constitucionalidad y a la legalidad respectiva en materia electoral.
Resaltó que como organización, proponen que los requisitos de quienes busquen ser representantes sean: ser o pertenecer a cualquiera de los pueblos originarios o afromexicano de nacimiento; carta de autoadscripción expedida por la autoridad del pueblo o comunidad donde vive; contar con una residencia mínima de cinco años en el distrito electoral respectivo; no haber cometido ningún delito doloso; tener 25 años cumplidos; saber leer y escribir; haber desempeñado con honorabilidad algún cargo en su pueblo o comunidad.
También, detalló los aspirantes deben ser propuestos por la asamblea general comunitaria, asamblea regional de autoridades comunitarias o asamblea general de autoridades comunitarias de los pueblos originarios o afromexicano, es decir, que sea avalado por su pueblo, después por una asamblea regional de autoridades comunitarias o en una asamblea municipal y distrital y que todos los consejos estén de acuerdo con quién vaya a ser el representante.
Argumentó que la edad mínima que proponen de 25 años es porque en las comunidades comienzan a participar a los 19 años, además que ya hayan ocupado cargos como comisario, secretario o inspector u otro tipo de cargos de autoridades agrarias.
De Jesús Cabrera mencionó que las facultades de estos representante de los pueblos originarios y afromexicanos que proponen es que tengan derecho a voz en cada sesión del Consejo General del IEPC y ante los Consejos Distritales, en tanto, su obligación será organizar reuniones mediante usos y costumbres para poder opinar y tomar alguna posición tomando en cuenta la opinión de sus representados acerca de los asuntos políticos electorales que repercutan directa o indirectamente en los derechos políticos electorales de sus representados.
Aseveró que la CRAC propone que los representantes ante el Consejo General del IEPC los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas deberán mediante usos y costumbres proponer a ciudadanos que cumplan con los requisitos en una asamblea general comunitaria, asamblea regional de autoridades comunitarias o asamblea general de comunidades de autoridades comunitarias de los pueblos originarios o afromexicanos.
Posteriormente deberán ser electos propietario y suplente en una asamblea general de autoridades tradicionales, y será el representante propietario quién obtenga el mayor número de votos y la suplencia para quién haya tenido el segundo lugar, destacando “en todo momento la paridad de género”.
Manifestó que del caso de los representantes de los pueblos originarios afromexicanos ante los Consejos Distritales deben ser propuestos y aprobados por las autoridades tradicionales de esas demarcaciones territoriales electorales de acuerdo con sus usos y costumbres.
El vocero de la CRAC de San Luis Acatlán expuso que proponen que estos representantes en el Consejo General del IEPC y ante los Consejos Distritales electorales deben permanecer tres años en el cargo, sin derecho a reelección, y podrán ser removidos o sustituidos en caso de no asistir a dos reuniones consecutiva sin justificación o no tomar en cuenta las opiniones o sugerencias de su representados.
Raúl de Jesús expresó que Matildes Gama firmó de recibido sus propuestas que entregaron por escrito, y acordaron que en enero cuando tengan la conclusión final de todas las propuestas que recabaron en diferentes comunidades se volverán a reunir, “para ver si fueron tomadas en cuenta las propuestas de las comunidades”.
Agregó que la institución comunitaria propuso la creación de una Dirección Ejecutiva de Asuntos Indígenas y Afromexicanos y también que en el Consejo General del IEPC sean representados los pueblos originarios y afromexicanos mediante la creación de la figura jurídica del consejero electoral indígena.
“Son dos nuevas propuestas y hay un compromiso de que para la siguiente consulta será tomada en cuenta CRAC para participar con sus autoridades y es donde realmente se abren las puertas y se toma en cuenta nuestra institución indígena”, expuso.
Reprochó que es diferente a lo que hizo el Congreso del estado, “que nunca nos tomó en cuenta por eso hubo mucho rechazo de los comisarios municipales en cuanto a participar en su consulta simulada que hizo” para reformar las leyes 777 del Sistema de Seguridad Pública, y 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas, que se realizó los primeros meses de 2022.
Este lunes en la Casa de Justicia de Espino Blanco municipio de Malinaltepec al término de una reunión donde se concentraron los coordinadores regionales de la CRAC-PC, Rodrigo Santiago Porfirio, Victorino García Ricardo, Jesús Cesario Sánchez, Celestino Espíndola Castro, Silvestre Castro Agustín y Plácido Dolores Foto: Antonia Ramírez Marcelino / archivo
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
El director del Centro de Derechis Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, lamentó las descalificaciones que hicieron contra el organismo coordinadores de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) durante la asamblea del domingo en Espino Blanco, municipio de Malinaltepec, en la que se trató el caso de Angélica, la niña que fue sometida a matrimonio forzado en Joya Real, municipio de Cochoapa.
En la asamblea del domingo, coordinares de la CRAC señalaron que Tlachinollan “busca hacer negocio con el caso de Angélica y que retuvo a la familia de la menor para que no declarara. Además que su director Abel Barrera “habló de dinero” por lo que consideran que la organización “no da un paso sin huarache”.
Ayer, por teléfono, el defensor de derechos humanos reconoció a la CRAC como una instancia legítima y valiosa para el sistema de justicia comunitaria.
“Respetamos a la CRAC, su autonomía y su sistema, nunca vamos a tomar una postura que haga daño a la CRAC, lo que más queremos es que haya unidad, que no se desapeguen del reglamento interno y que, obviamente, reactiven las asambleas comunitarias y regionales que es el núcleo que nutre la vida de la CRAC”, pero dijo que lamenta las descalificaciones de algunos coordinadores contra Tlachinollan.
Explicó que el caso de Angélica se sigue en dos rutas: una mediante las pláticas de la familia de la menor con la CRAC por la detención de los dos coordinadores de Dos Ríos acusados de la detención de Angélica y su madre que ya fueron liberados, y la otra por el proceso judicial contra Agripino, el suegro de Angélica.
Explicó que en el primer caso Tlachinollan no interviene, pero que sigue representado y acompañado a la familia en el asunto de la detención de Agripino; “ahí sí no hay reversa porque es un caso grave y se acreditaron los hechos y las pruebas, el proceso se mantiene firme”.
Sin embargo dijo que desconoce si los padres de Angélica ya no quieren seguir adelante con la denuncia por las presiones que han tenido de los abogados; “de eso no hemos podido hablar, simplemente seguimos con la representación jurídica”, declaró Barrera Hernández.
Al respecto, explicó que un abogado externo que buscó la CRAC para la defensa de los coordinadores de Dos Ríos, Carlos Martínez Cano y Daniel Alberto Jacinto, quienes fueron detenidos por violar el reglamento interno con la detención de Angélica y su madre, están condicionado el regreso de Angélica y su familia a Joya Real sin represalias a cambio de que se cancelen todas las cuestiones legales, incluso la de Agripino.
Pero insistió que en cuanto al proceso que se sigue al suegro de Angélica no se ha movido nada, “ese es un asunto delicado, aquí tendrá que ser la familia de Angélica la que determine si hay un cambio en cuanto a la situación legal, pero sabemos que es una situación grave y que no es sencilla como para cambiar de opinión”.
Argumentó que se supone que este es un hecho que está probado por las autoridades y por lo mismo hay una determinación judicial, “y nosotros decimos que se tiene que respetar la determinación judicial”.
Informó que Angélica y su mamá no han regresado a su comunidad porque no hay las condiciones para ello y siguen viendo en qué lugar pueden estar, aunque admitió que hay acercamientos con la gente y las autoridades de las comunidades pero todavía no retornan.
Dijo que por parte de Tlachinollan mantiene el apoyo para que se mantengan en el lugar que les asegure tranquilidad.
Insistió en que de parte de Tlachinollan ven que no hay condiciones para su retorno porque las medidas que dictó la Fiscalía son insuficientes y deficientes y la familia no se siente segura para regresar precisamente porque sabe que están condicionado su retorno.
“Más bien ellas están buscando refugio en otros lugares en donde se sienten más seguras”, declaró Barrera Hernández, quien informó que actualmente están en otra región.
Aclaró que el hecho de que no se encuentren en la Montaña hace difícil para Tlachinollan continuar con el apoyo que les han venido dando, “pero seguimos con la representación legal y con el seguimiento aunque haya factores que están influyendo para dividir a la familia, para impresionarla y como vemos que hay otros elementos no queremos ser un factor que genere conflicto en la decisión que vayan a tomar”, dijo en referencia al abogado que las presiona para que se desistan de los procesos legales a cambio de que regresen sin sufrir represalias a su pueblo.
Barrera Hernández, aclaró que en el acompañamiento que ha dado a la familia, Tlachinollan no ha pedido recursos ni para la familia de Angélica ni para Tlachinollan, como dijeron los coordinadores de la CRAC en la asamblea del domingo.
“Nosotros tenemos proyectos con agencias internacionales para el trabajo institucional. Cuando se han hecho campañas ha sido para poder garantizar apoyos extraordinarios a las víctimas. Somos un organismo no lucrativo y tenemos nuestros propios fondos a partir de proyectos que nos financian agencias de cooperación internacional”, explicó.
“En todo momento hemos apoyado a decenas de familias, tanto en casos de feminicidios, como de matrimonios forzados, violencia contra las mujeres y en casos de desastres”.
Informó que Tlachinollan brindó apoyo alimentario, por ejemplo, para más de 100 familias a víctimas de feminicidio y a víctimas de violencia, así como a familias que tienen personas desaparecidas.
“Es al revés, hemos brindado apoyo, no lo publicitamos porque con eso se pierde la esencia de nuestro trabajo solidario. El apoyo no es para cuestiones mediáticas ni para hacer publicidad como lo hacen las autoridades, simplemente es un apoyo solidario que respeta a las víctimas”, argumentó.
Recordó que Tlachinollan ha vivido desde hace 28 años con proyectos que obtiene a partir de su trabajo de agencias de cooperación internacional.
“Somos un organismo no gubernamental y no recibimos apoyo del gobierno ni de las instancias públicas, todo es apoyo solidario”, explicó Barrera Hernández.
Añadió que en el caso de Angélica y su familia, al contrario, Tlachinollan le garantizó que tuviera recursos para su hospedaje, para sus traslados, para alimentación y para gastos generales que han realizado.
En cambio recriminó que no ve que haya apoyo concreto, ni efectivo, tanto de la autoridad municipal de Cochoapa ni de las instancias estatales.
“No ha habido apoyo efectivo, más bien es acompañamiento, pero una cosa es el acompañamiento en términos mediáticos y solidarios y otra cosa es el apoyo en efectivo y Tlachinollan ha dado el apoyo en efectivo”.
Con respecto al señalamiento de que Tlachinollan trató de evitar que Angélica y su madre declararan ante la CRAC y resolver el caso de los coordinadores detenidos, Barrera Hernández, dijo que el organismo pretendió proteger los derechos de la niñez que garantizan tanto las leyes nacionales como las de los pueblos indígenas.
Explicó que los coordinadores de la CRAC que se encontraban detenidos, “de manera contradictoria” al sistema de justicia comunitario, contrataron a un abogado para que se encargara de liberarlos.
“El abogado fue el que se encargó de presionar a la familia de Angélica para que fuera a declarar a la CRAC, mientras que la postura de Tlachinollan fue que la decisión que tomó la CRAC para detener a los coordinadores fue porque decían que se violó el reglamento interno y no era competencia de la familia.
Sin embargo, añadió que el abogado particular y la CRAC llegaron al acuerdo de que tendría que ir a declarar la familia de Angélica para poder conocer los hechos y deslindar de responsabilidades a los coordinadores.
“El abogado particular llevó por su cuenta el caso y quería que fuera a declarar la niña Angélica y nosotros les dijimos en su momento a los coordinadores que la niña no tenía por qué ir a declarar debido a que era menor de edad y no podía ser tratada como una persona que estuviera sujeta a proceso penal porque las leyes tanto nacionales como de los pueblos indígenas la protegen”.
Barrera Hernández añadió que finalmente lo hicieron y que desconoce cuál fue el acuerdo que tomaron con la familia “entiendo que liberaron a los detenidos, pero a nosotros lo que nos preocupaba era proteger los derechos de Angélica y su familia para su retorno seguro a la comunidad”.
Insistió que eso no fue posible porque se condicionó su retorno a cambio de que se liberara tanto a los coordinadores de la CRAC como a Agripino, el suegro de Angélica.
El 23 aniversario de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) concluyó sin su pronunciamiento político que ha sido tradicional en todos sus festejos de la institución de seguridad y justicia comunitaria, ni mensaje de apoyo para al presidente electo por Morena, Andrés Manuel López Obrador, que días antes propuso el vocero Sabás Aburto Espinobarros.
El vocero informó que algunos integrantes de la CRAC estaban considerando llevar a las mesas de trabajo este 14 y 15 de octubre un pronunciamiento de apoyo a López Obrador, ante las constantes críticas a su gobierno antes de asumir el cargo, porque con un respaldo amplio de la población el gobernante podrá tomar decisiones radicales para el cambio, afirmó.
Sin embargo, consejeros de la CRAC consultados dijeron que no estaban enterados de la propuesta ni se sometió a consenso de las casas de justicia.
En el aniversario tampoco se desarrollaron las mesas con los temas acordados: la controversia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la reforma al artículo 14 constitucional del estado de Guerrero, donde se borró la figura de Policía Comunitaria, las reformas de la Ley 701 de derechos y cultura indígena y el reglamento interno de la CRAC, debido a la desorganización que prevaleció el primer día de los trabajos a cargo de la Casa de Justicia de El Paraíso, en coordinación con la casa matriz de San Luis Acatlán.
La alternativa para atender los temas urgentes fue aprobar una nueva reunión de trabajo para el 11 de noviembre en la Casa de Justicia de Espino Blanco, para elegir a los integrantes de la CRAC que serán parte de una mesa técnica de trabajo con la legislatura actual, que revise la propuesta de iniciativa de reformas constitucionales y de la Ley 701 que prestaron organizaciones el año pasado.
El caso del preso político de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de Tixtla, Gonzalo Molina González, se cierra este lunes, a partir de ahí quedan 15 días para dictarle sentencia, y se espera que reciba su libertad.
La representante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, Enriqueta Chávez López pidió a las organizaciones estar atentas, pues en el caso del ex policía comunitario preso Samuel Ramírez Gálvez informaron de su salida horas antes, para que nadie fuera a recibirlo.
Ayer el ex preso de la CRAC Arturo Campos manifestó que Gonzalo Molina debe salir en libertad porque no cometió ningún delito, y demandó a las autoridades su libertad.
En una llamada la representante del Comité y Arturo Campos celebraron el cierre del caso de Molina González, y esperan su libertad inmediata.
Arturo Campos expuso que espera que ya se otorgue la libertad a su compañero, porque no hay pruebas para dictarle una condena, que debe obtener la libertad absoluta pues ya aguantó que el gobierno lo tenga más de cuatro años preso sin haber cometido algún delito.
Agregó que hay certeza de que pronto saldrá en libertad, y que seguramente después de salir se incorporará al movimiento por los derechos de los pueblos.
De la aprobación a la reforma al Artículo 14 de la Constitución del estado que desaparece la figura de policía comunitaria, señaló que no pueden hostigarlos más porque ya lo han hecho, y aclaró que este sistema de justicia nació en 1995, sin la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero.
Añadió que existe el Artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y otros tratados internacionales que los protegen.
Agregó que han trabajado por los pueblos y han combatido la delincuencia, pero cuando el gobierno es parte de la delincuencia entonces les perjudica el trabajo de la Policía Comunitaria.
“Nosotros vamos a seguir con la Ley 701, nosotros lo único que queremos es el respeto, no necesitamos más leyes… no estamos en contra del sistema… lo único que hacemos es combatir la inseguridad en nuestro territorio”, recalcó.
Añadió que en las comunidades donde está la CRAC lo único que quieren es paz, y exigió al gobierno libertad para Gonzalo Molina, y para el representante del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui. (Beatriz García / Chilpancingo).
La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), organismos de derechos humanos y agrupaciones sociales convocaron ayer a las comunidades indígenas a “increpar al poder”, levantando la voz ante los tribunales que han reconocido los derechos indígenas y a la Policía Comunitaria, y contra “los gobiernos racistas que sin consultarnos aprobaron una reforma constitucional que violenta nuestros derechos”.
El pronunciamiento lo respaldan las casas de justicia de la CRAC-PC de San Luis Acatlán, Espino Blanco, municipio de Malinaltepec y El Paraíso, municipio de Ayutla, sí como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña, el Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos y el colectivo El Grito.
“Ante el golpe artero de los poderes Legislativo y Ejecutivo del estado que de tajo desconocieron nuestros derechos conquistados, como pueblos levantamos la voz contra los gobiernos racistas que sin consultarnos aprobaron una reforma constitucional que violenta nuestros derechos”, dice el escrito que cuestiona la reforma al Artículo 14 constitucional en materia de derechos y cultura indígena.
Luego advierte que a pesar de este “atraco” los indígenas son los dueños primigenios “de este enclave sureño de vastas riquezas naturales”, y “herederos de una civilización que ha sabido preservar una cultura basada en el respeto a nuestra madre tierra y a nuestros derechos colectivos”.
“En contrapartida los gobiernos usurpadores se han empeñado en saquear y desaparecernos como pueblos originarios, sin embargo aquí estamos de pie para emprender otra batalla más”, advierte.
Mediante este escrito los organismos recuerdan que en 1995 los pueblos indígenas de la Costa-Montaña decidieron hacer frente a la inseguridad, originada por las mismas autoridades y corporaciones policiales que se coludieron con las bandas delincuenciales para institucionalizar el atraco al amparo del poder.
Agregan que ante esta amenaza los pueblos indígenas se vieron obligados a organizarse para defender su patrimonio y hacer valer sus derechos, “inspirados en la lucha de nuestros antepasados aplicamos nuestro sistema de seguridad y justicia y logramos revertir los índices de criminalidad en un 90 por ciento, recuperando el control de nuestras instituciones encargadas de procurar justicia y reeducar a quienes han causado daño a la comunidad”.
Sin embargo, la respuesta de “los de arriba” no se hizo esperar y el gobierno mestizo “que es cómplice de la corrupción se obstinó en perseguirnos y amenazarnos, encarcelando a nuestras autoridades para causar temor y contener nuestra capacidad para organizarnos”.
Mencionan que lograron que las autoridades del estado reconocieran en la Ley 701 que la Policía Comunitaria es legal y legítima, y que además es un aporte transcendente que enriquece la pluralidad jurídica del estado y del país, como lo han reconocido los relatores especiales de pueblos indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Sin embargo denuncian que a pesar de esta gran contribución, “hoy los poderes Ejecutivo y Legislativo de manera perversa se aliaron para que de un plumazo quitaran de tajo el carácter constitucional que tenía nuestra Policía Comunitaria, con el fin de encapsularnos y supeditarnos a leyes que violentan nuestros derechos colectivos”.
Para la CRAC y las agrupaciones solidarias las reformas aprobadas el 27 de julio por los diputados locales, son una “contrarreforma urdida por el Ejecutivo y aprobada a pie juntillas por los diputados, con la finalidad de criminalizar las funciones esenciales de nuestro sistema de seguridad y justicia comunitaria”.
Por lo que hacen pública su protesta y advierten que como pueblos originarios de la Costa-Montaña, donde nació el proyecto de la Policía Comunitaria, “defenderemos con la ley en la mano este modelo ejemplar que nos ha garantizado la paz y la seguridad en nuestros territorios”.
Reprochan que “esa legislatura de triste memoria ignoró que en Ayutla de los Libres, donde habitamos los na’savi y me’pha se diseñó el histórico plan para derrocar a Santa Ana y luchar por la instauración de un gobierno democrático”.
Recuerdan que fue en este mismo municipio donde decidieron como pueblos nombrar a “nuestras autoridades municipales por usos y costumbres, es decir, en nuestras asambleas comunitarias. Esta lucha tenaz fue una demostración de que nuestros derechos tienen que ser respetados por las instituciones del Estado y los mismos partidos políticos”.
Destacan que de esta misma forma nació la Policía Comunitaria, en las asambleas de los pueblos y “haciendo valer nuestro derecho a la consulta y en ejercicio de nuestra autonomía”.
Advierten que los pueblos no son vasallos de los gobiernos “usurpadores, ni súbditos para que nos impongan leyes que nos sojuzgan, ostentamos la titularidad de nuestros derechos, le pese a quien le pese”, y se reclaman sujetos de derecho “no objeto de políticas asistencialistas”.
Convocan a los pueblos a que “con la fuerza de la razón y la legitimidad de nuestras luchas, increpar al poder levantando nuestra voz ante los tribunales que han sabido reconocer nuestros derechos y a nuestra Policía Comunitaria, que es un modelo ejemplar reconocido en leyes nacionales e internacionales”.
Añaden que ante la aprobación de esta contrarreforma, “por esta agónica legislatura”, hacen un llamado los ayuntamientos “a no ser cómplices de esta decisión que atenta contra nuestros derechos, y más bien hagan valer su poder para rechazar esta ley y apoyar los recursos legales que como pueblos indígenas interpondremos ante las instancias competentes”.
Finalmente advierten que: “con el derecho que nos asiste hacemos público que acudiremos a las instancias correspondientes para revertir esta reforma y afianzar mejor nuestra organización, para defender y consolidar el proyecto histórico de nuestra Policía Comunitaria que nació para garantizar la seguridad y la paz tan ausente en nuestro estado”.
El Sistema de Seguridad, Justicia y Reeducación de la Montaña y Costa Chica del estado de Guerrero, Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias- Policía Comunitaria (CRAC-PC) resolvió que no va discutir las reformas sobre derechos y cultura indígena con la actual legislatura, informó el vocero, Sabás Aburto Espinobarros.
En consulta telefónica, denunció que la legislatura que concluye su periodo en agosto ya tuvo su oportunidad de armonizar la Constitución del Estado con la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura Indígena, donde se reconoce a la CRAC como institución del estado, y no hizo mucho pese a que vencieron los plazos que estableció el propio Congreso.
En respuesta a un desplegado del gobierno del estado donde dice que sí hubo consulta a las comunidades para fundamentar la iniciativa del artículo 14 constitucional, que la Secretaría General de Gobierno entregó la semana pasada al Congreso, el vocero de la CRAC aseguró que esos foros regionales fueron actividades de simulación, hay constancia en las notas periodistas así como de personas que acudieron como oyentes.
Aunque dijo que la CRAC va a analizar las reformas a la Constitución en los artículos 8 al 14, como de la Ley 701, con la próxima legislatura, adelantó que comisiones representativas de la Casas de Justicia y Comités Regionales de Enlace de la CRAC-PC, además de organizaciones sociales, irán al Congreso local el día que se someta a discusión y votación la iniciativa constitucional del artículo 14 sobre derechos y cultura indígena, del gobernador, que puede ser el martes o jueves de esta semana, para dar una conferencia de prensa, y fijar claramente su posición.
Señaló que todos los diputados del PRI y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) no tienen mayoría calificada en el Congreso para aprobar una reforma constitucional, y no habrá modificación sin los partidos de oposición que ofrecieron su respaldo a la CRAC: PRD, Movimiento Ciudadano y Partido del Trabajo.
Sin embargo, añadió que si olvidan el compromiso con los pueblos, los consejeros y comisarios van a hablar de papel con los derechos de las comunidades y será un “suicidio” político, dijo.
Insistió que después de la elección del primero de julio, cambiará la correlación de fuerzas políticas en el Poder Legislativo, “vamos a tratar con los nuevos diputados que llevaran nuestras propuestas a foros regionales con participación auténtica de los pueblos”.
La propuesta de reforma a la Ley 701 de la CRAC también está firmada por el Centro de Derechos Humanos de la Montana Talchinollan, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota, El Consejo de Comunidades Damnificadas, el Frente Popular de Tlapa, entre otras.
El vocero ratificó que los siete foros simultáneos que organizó el gobierno del estado el 27 de febrero de 2017 sobre la Ley 701 fueron de simulación, para cumplir de trámite con la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). “No se trató a fondo los problemas que afectan a los pueblos indígenas, ni de manera integral, aunque a nosotros como CRAC-PC nos interesa más el tema de justicia y seguridad, tampoco fuimos convocados, todo se hizo a la ligera, para cubrir un requisito”.
Por otro lado, informó que ayer se realizó una asamblea regional de autoridades comunitarias que convocan coordinadores de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, donde llegaron comisarios municipales consejeros locales, consejeros regionales, autoridades agrarias, para renovar las coordinaciones.
Uno de los los principales acuerdos, dijo, es plantear que la reforma constitucional del artículo 14 y de la Ley 701 se saquen en el próximo periodo legislativo que entra en funciones en agosto.
En cuanto al proceso de reemplazo de los coordinadores indicó que aún no concluye, se nombraron tres, falta uno y más una representante mujer, en la coordinación de la Casa de Justicia Matriz de San Luis Acatlán.
El presidente del Comité Ejecutivo Municipal del PRI en San Luis Acatlán, Marcos Pano Vargas, y sus operadores políticos, Alfredo López Sánchez y Manuel Justo Morales, permanecerán en la Casa de Justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), de la cabecera municipal, hasta el jueves de esta semana.
Pano Vargas, López Sánchez y Justo Morales fueron detenidos por la Policía Comunitaria en Mixtecapa, comunidad que se encuentra a una hora de recorrido de la cabecera municipal, y acusados de portación de armas y compra de votos.
Consultado en la Casa de Justicia, el coordinador regional de la Policía Comunitaria –quien no proporcionó su nombre–, precisó que los tres detenidos cometieron un “delito grave” por el que aún no emiten su declaración; explicó que luego de ser recluidos, debe haber un proceso de investigación de los hechos, se analizarán las evidencias y se tomará en cuenta la versión de los presuntos culpables.
Sin embargo, debido a que sábados y domingos la Casa de Justicia suspende sus actividades de investigación, aunque no de vigilancia, los tres detenidos deberán esperar a que los coordinadores regionales se reúnan para evaluar su situación, y después, se les tomará su declaración. Este proceso podría demorarse hasta el martes o jueves de esta semana.
Sobre la situación de Pano Vargas, López Sánchez y Justo Morales, dijo que no están incomunicados y que la hermana de uno de los tres acudió a visitarlos, lo único que se les prohíbe es salir de la Casa de Justicia y hablar acerca del motivo de su detención, pues esto deberán hacerlo cuando se les tome su declaración.
Detalló que “las evidencias los inculpan”, pues trascendió que los tres salieron de la cabecera municipal la mañana del sábado con 250 mil pesos en efectivo, “para repartir” a los habitantes de Mixtecapa y sus anexos; además, la Policía Comunitaria les confiscó 15 mil pesos en efectivo, en paquetes de 5 mil pesos en tres sobres amarillos, y dos armas, una calibre 45 y otra calibre 22, así como copias de credenciales de elector de personas a las que habrían pagado por su voto.
Contó que la noche del sábado, militantes del PRI bloquearon las calles cercanas a la Casa de Justicia para evitar que Pano Vargas, López Sánchez y Justo Morales fueran detenidos, “nos los querían quitar” pero no hubo confrontación y se recluyó a los tres hombres.
“Queremos que se difunda el hecho para que les dé vergüenza”, dice coordinador
“Lo que queremos es que se difunda (el hecho) para que les de vergüenza”, expresó y consideró que el comprar votos “es un trabajo descalificado”; recordó que “siempre que gobierna el PRI hay cosas terribles”, como la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, la matanza de Tlatelolco y otros casos similares, además de que los operadores de ese partido “engañan” a las personas de origen humilde con dinero, despensas y promesas de que su situación cambiará, para convencerlas de darles el voto, “yo no voy a votar, pero no quiero que se compre a la gente su libertad”.
Respecto de la situación de seguridad en San Luis Acatlán, el comandante regional aseguró que el municipio “es tranquilo” y que la violencia e inseguridad se viven en la sierra del estado, donde de manera constante hay enfrentamientos con grupos armados, porque en esa zona la producción de amapola es alta.
La Casa de Justicia de la CRAC está ubicada en el barrio de San Isidro, cerca del Centro de Salud y del Palacio Municipal, las calles de la cabecera municipal son vigiladas por policías comunitarios y policías municipales.
