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Suspende actividades la Policía Comunitaria en Tototepec, Tlapa, por conflictos entre grupos

 

La asamblea micro regional de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de la Policía Comunitaria (CRAC-PC) acordó suspender las acciones de la Policía Comunitaria en el poblado de Tototepec, municipio de Tlapa, hasta que se designe a un comisario porque hay dos en funciones.
Hay dos versiones, la primera es que fueron suspendidos de manera temporal y la otra que es una decisión definitiva, ya que desde el año pasado hay dos comisarios municipales en el poblado, uno vinculado al PRI y el otro al PT-PRD.
Los dos grupos tienen conflictos desde hace décadas por el servicio del transporte público, seguridad, tierras y el registro civil.
El comisario municipal afín al PRI, Laurencio Gálvez Alarcón y el comisario suplente, Hermelindo Rivera Celso informaron por medio de un comunicado que el pueblo de Tototepec acordó “la suspensión definitiva, actuación, ejercicio y desarme inmediato de la Policía Comunitaria de la comunidad de Tototepec, como consecuencia de las violaciones graves a los derechos humanos y arbitrariedades con los que ha actuado esta corporación en esta comunidad”.
Dice que la decisión se tomó después de ocho horas de discusión, análisis y diálogo de los coordinadores de las casas de justicia de Espino Blanco y San Luis Acatlán, comisarios, consejeros y presidentes de comisariados que integran la CRAC-PC Montaña-Costa Chica.
Según la información del comunicado, la reunión fue en una Casa de Justicia en la colonia Santo Domingo, anexo de la comunidad de Colombia de Guadalupe, municipio de Malinaltepec, este domingo.
El comunicado agrega que se hace con la intención de informar a los vecinos de Tototepec, instituciones de gobierno y asociaciones no gubernamentales para que no sean sorprendidos.
En la reunión estaban los dos grupos más representativos de la comunidad, uno encabezado por el juez de Paz del Poder Judicial, Fernando Montalvo Basurto, quien hasta hace unas semanas era el presidente del comisariado de Bienes Comunales y José Agustín Montalvo, y en el otro grupo estaba el comisario municipal afín al PRI, Laurencio Gálvez Alarcón y su gabinete.
Por su parte el integrante de la Policía Comunitaria de Tototepec, Honorio Bonilla Morales informó que la reunión era para analizar el caso de Fidel Villegas, pero no llegó.
La Policía Comunitaria de la Casa de Justicia de Espino Blanco retuvo el 4 de agosto al encargado del Registro Civil de Tototepec, Fidel Villegas Ruiz, acusado de despojo, lesiones y robo en la comunidad.
Bonilla Morales aceptó que se suspenden temporalmente las funciones de la organización de seguridad, pero hasta que se designe al nuevo comisario, en la segunda quincena de enero de 2016.
Dijo que la decisión es para evitar un mayor conflicto entre grupos contrarios en la comunidad, “y que éstos reflexionen sobre sus acciones, porque son los que atentan contra la paz, hay más de 15 órdenes de aprehensión contra la PC y otros ciudadanos por acusaciones sin fundamento y la última acción de los Villegas fue que rompieron la puerta de la cárcel para liberar a otros”, dijo.
Mencionó que el caso de la familia Villegas y sus seguidores agudizan las diferencias en la comunidad.
Este caso lo llevan los ex coordinadores de la CRAC de Espino Blanco, de donde se liberaron las órdenes de detención para su reeducación, pero los nuevos coordinadores, César del que desconoce su apellido, y Jesús Cesáreo no conocen el asunto y actuaron para favorecerlo, “pero no tenemos problemas en parar un rato para que los compañeros se ocupen de sus trabajos, ya que brindan servicios sin algún pago”.
Agregó que informarán al pueblo de Tototepec de la decisión y están seguros que cuando se elija al nuevo comisario estarán en funciones.
El pueblo de Tototepec tenía cerca de cuatro años que ingreso al sistema de la CRAC-PC, pero en su anexo San Miguelito tiene 18 años y continúa trabajando en el Sistema de Justicia Comunitario.

Dirige Gonzalo Molina una carta en memoria de los policías comunitarios asesinados en Tixtla

El promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en Tixtla, Gonzalo Molina González envió una carta en memoria de los cuatro policías comunitarios asesinados por presuntos sicarios el jueves pasado en esa ciudad, en la que se movieron en 10 camionetas sin ningún obstáculo de autoridad alguna.
Desde la prisión de Chilpancingo, Molina González, preso desde noviembre de 2013, escribió “a los compañeros comandantes y policías comunitarios de la CRAC-PC que cayeron en el cumplimiento de su deber, quiero decirles que donde quiera que se encuentren reciban mi respeto, reconocimiento y mi admiración por esa firmeza con la que enfrentaron todas las adversidades que siempre tuvieron en su contra y por haber hecho suyo el proyecto de nuestra institución”.
En el documento, enviado a esta redacción, firmado por el dirigente y fechado el 29 de noviembre, agrega, “sepan que la sangre que derramaron no será en vano, servirá de alimento para otros corazones de hombres y de mujeres que de seguro seguirán su ejemplo. También servirá para alimentar mi espíritu de lucha”.
“Sepan que los que quedamos seguiremos construyendo ese sueño, seguiremos construyendo el poder de nuestros pueblos y comunidades que dará como resultado la construcción de una sociedad más justa. Donde nuestras familias vivan en paz y armonía. Estén tranquilos, ustedes cumplieron lo que les correspondía. Hoy nos toca a nosotros seguir su ejemplo y cumplir lo que a cada uno corresponde”, expone.
“Ustedes no han muerto, porque los hombres y mujeres que ofrendan su vida por defender a su pueblo nunca mueren, viven para siempre dentro de nuestras mentes y corazones, que los recordaremos con mucho cariño, respeto y admiración”.
“No me despido de ustedes sino les digo hasta pronto, hasta pronto compañeros”, finaliza.

 

Convoca la CETEG a una marcha por la libertad de Gonzalo Molina que cumple dos años en prisión

A dos años de la detención y reclusión del promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Gonzalo Molina González, los dos grupos antagónicos de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) convocaron a organizaciones sociales a manifestarse para exigir su libertad.
A pesar de que ambos grupos de la CETEG se han pronunciado contra la reforma educativa y la evaluación del servicio profesional docente, además de que coinciden en su discurso por la defensa de la educación pública, continúa la ruptura interna y las manifestaciones paralelas del magisterio disidente.
Gonzalo Molina cumple hoy dos años en prisión, durante ese tiempo ha estado en el penal federal de Miahuatlán, en Oaxaca, en el penal federal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, y en junio de este año fue trasladado a la prisión de Chilpancingo.
El promotor de la CRAC desde que se encuentra preso en Chilpancingo, se ha comunicado por teléfono con los dirigentes de la CETEG cuando el magisterio disidente protesta en la ciudad, para animarlos a continuar en el movimiento.
La CETEG opositora, que dirige en la región Centro la integrante de la Comisión Política, Antonia Morales Vélez, convocó a las organizaciones sociales y a la sociedad a participar hoy en una marcha para exigir la liberación de Gonzalo Molina y de todos los presos políticos.
Por otra parte, la CETEG oficial que encabeza el secretario general, Ramos Reyes Guerrero, y representa en la región Centro el integrante de la Comisión Política, Carlos Botello Barrera, llamó a las organizaciones sociales del estado a participar en un mitin que se llevará a cabo hoy por la mañana en la cárcel de Chilpancingo para exigir la liberación de Gonzalo Molina.

Separan a la jueza de Tlapa de los casos de Nestora Salgado y Gonzalo Molina ante irregularidades

 

La jueza de Primera Instancia de lo Penal en Tlapa, Leonor Mojica Arroyo fue cambiada al Distrito judicial de Galeana, en Tecpan, después de que la defensa de la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García denunció irregularidades en su actuación, y familiares del promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de Tixtla, Gonzalo Molina González, exigieron que la separaran de los casos.
El abogado de Salgado García, Sandino Rivero informó que la jueza fue separada de los procesos con su secretario de acuerdos hace dos semanas. A través de fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) se conoció la nueva adscripción.
En la Ciudad Judicial, Sandino Rivero recordó que la jueza puso una serie trabas en el proceso penal contra Salgado García que, más allá de formalidad obedecía a “un interés perverso” o, mínimo, a falta de diligencia.
Entre las irregularidades más evidentes, señaló un recurso de apelación para exigir la reposición de todos los procedimientos desde su detención, porque la luchadora social nunca recibió asistencia consular por su doble nacionalidad mexicana-estadunidense. Recordó que mediante un escrito de las autoridades estadunidenses, se confirmó la doble nacionalidad de su defendida y, por ley se solicitó la reposición de todas actuaciones, pero la jueza no lo vio así.
A través de un recurso de inconformidad, la apelación llegó a los magistrados de la Cuarta Sala Penal que devolvieron el expediente a la jueza con un llamado de atención porque omitió notificar a Nestora Salgado que tiene derecho a nombrar a un abogado en segunda instancia, y la respuesta se retrasó varios meses, porque ni siquiera se ha admitido.
Por otro lado, recordó que existe otro recurso legal pendiente de solución, un incidente de libertad de la causa 05/2014, por el delito de secuestro.
El magistrado ponente, Vicente Rodríguez le informó ayer que el caso será resuelto en unos 14 días, porque la sala penal no está completa, uno de sus integrantes se encuentra haciendo labor bajo el nuevo sistema de justicia penal, dijeron.
Sin embargo, opinó que, por la naturaleza del caso, los magistrados están retrasando la resolución que será referente para los procesos de los demás detenidos de la CRAC, “hay un nuevo gobernador, y cómo resuelva el Poder Judicial será el termómetro de la política jurídica del gobierno”, explicó.
A más de dos años y dos meses de la detención de Salgado García, reiteró que la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá no ha sido notificada de tres nuevas órdenes de aprehensión por homicidio, en Huamuxtitlán, secuestro en el Distrito de Tabares, y otra por privación de la libertad y robo, pero están litigando mediante el juicio de amparo.
Sobre la jueza, el presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno consideró una buena señal del poder Judicial que cambiara a la funcionaria, y confió que uno de los casos contra Molina, que también se dirime en el juzgado de Tlapa,  se resolverá ahora pronto.
La causa 05/2014 es la más emblemática de los procesos contra los dirigentes y policías comunitarios de la CRAC en prisión en Chilpacingo y Ayutla de Los Libres -sólo Salgado García está en el penal de Tepepan de la Ciudad de México-, le han dado cobertura organizaciones de derecha contra la delincuencia y el secuestro y han exigido castigo para los dirigentes comunitarios señalados.