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Urgen colectivos de víctimas aprobar la Ley de Desaparición de Personas

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Ante la “crisis humanitaria” por las cifras de desapariciones que aumentan “cada día, cada hora y cada minuto”, siete colectivos de víctimas de Guerrero exigieron la aprobación “urgente” de la Ley en Materia de Desaparición de Personas del Estado de Guerrero.
En un boletín de prensa denunciaron que el Estado ha violentado “grotesca y dolosamente” los derechos de las personas desaparecidas y de sus familias, al no darles un marco jurídico sobre el cual caminen en la búsqueda de sus familiares.
Los responsables del comunicado son los colectivos de familiares de víctimas que marcharon y bloquearon la Autopista del Sol el pasado 7 de marzo para pedir al Congreso local la aprobación de esa iniciativa de ley.
Después de la protesta se reunieron con la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, Yoloczin Domínguez Serna, quien se comprometió con los representantes de los colectivos darle seguimiento de manera conjunta a la iniciativa, pero ha incumplido con las reuniones agendadas, según denunciaron.
Derivado de ello, en su boletín de prensa exigieron ayer a los diputados de todas las fracciones parlamentarias y comisiones del Congreso local “que inmediatamente aprueben la Ley en Materia se Desaparición de Personas del estado de Guerrero, su reglamentación y presupuesto emergente suficiente que permita hacerla operativa”.
Los colectivos son: la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM); el Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón; el colectivo Siempre Vivos de Chilapa;
Familiares de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos;
Familiares en Búsqueda María Herrera de Chilpancingo;
Colectivo de Desaparecidos Lupita Rodríguez, y los Otros Desaparecidos de Iguala.

Falta una estrategia para detener desapariciones

Reprochan: “La falta de estrategias de seguridad para detener la desaparición de personas y la falta de atención a las llamadas victimas indirectas; esposas, hijos, hijas, hermanas, hermanos, madres y padres, han provocado que la crisis humanitaria se profundice y se amplié, con lo cual los gobiernos federal, estatal y municipal terminarán incrementando esa deuda con el pueblo de México y de Guerrero en particular”.
Refieren que mucho se ha insistido en que la desaparición forzada y por particulares en México, ha sido una práctica recurrente en Guerrero sin que hasta la fecha las víctimas directas e indirectas hayan podido acceder a la verdad, a la justicia, a la reparación del daño y a las garantías de no repetición.
“El estado ha violentado grotesca y dolosamente los derechos de las personas desaparecidas y de sus familias, al no darles un marco jurídico sobre el cual caminen en la búsqueda de sus familiares, ha violentado los derechos de los hijos de los desaparecidos, en muchos de ellos al negárseles el derecho a recibir la pensión de sus seres queridos, ha revictimizado y minimizado el dolor de las familias; las familias caminan gritando para ser escuchadas, pero el Estado sigue siendo omiso y sordo”.
Insistieron que, lo prioritario, es la aprobación de la Ley en Materia de Desaparición de Personas, “ya basta de hablar de agendas económicas, es necesario hablar de derechos humanos que cubran y protejan a las familias de los desaparecidos hasta encontrar a quienes les fueron quitados por la falta de capacidad del estado de velar por la seguridad de Guerrero”.
Los colectivos se quejan que cada día se incrementan las familias que caen en esta crisis humanitaria, “sin que se pueda saber con certeza las cifras oficiales de las víctimas por años, sexenios o décadas; las cifras están muy manoseadas y existe un subregistro tal que no es posible dar cifras reales, y esa es precisamente una de las intenciones con la ley pendiente en el Congreso del estado”.

Se tiene miedo a denunciar

Consideran que actualmente puede haber un número que oscila entre los cuatro y seis mil desaparecidos desde 1964, “cifras maquilladas y manipuladas cuando bien sabemos que desde hace aproximadamente diez años atrás, en todas las regiones de Guerrero el hablar de gente que desaparecen es de todos los días, pero tienen miedo a denunciar, la gente tiene miedo a hablar, mientras las cifras aumentan cada día, cada hora, cada minuto”.
Frente a las cifras de desaparecidos, los colectivos piden que el Estado “tiene que dejar de simular que la desaparición es tema prioritario en su agenda”.
Los colectivos explican que la ley que piden se apruebe permitirá un marco jurídico que garantice la coordinación de todos los organismos de búsqueda y la localización de sus familiares desaparecidos, mejorando e implementando los mecanismos necesarios.
Asimismo, garantiza un presupuesto suficiente y la reparación del daño a todas las familias a las que les han entregado los cuerpos o restos de sus familiares desaparecidos después de haberlos identificado.
También, contiene la implementación de estrategias de seguridad para garantizar la no repetición de estos hechos, así como la elaboración de políticas públicas para evitar que hombres y mujeres de todas las edades se vean compelidos a incorporarse a los grupos delincuenciales, “brindando oportunidades de desarrollo tanto individual como colectivo y/o comunitario, reconstruyendo el tejido social y, por consiguiente, en un futuro podamos ver la baja en niveles de violencia”.

 

Llaman colectivos a parar la crisis humanitaria que asola Chilapa; registran 173 homicidios en el año

Colectivos de familiares de desaparecidos y asesinados en el estado anunciaron el inicio de la campaña Chilapa se levanta, para exigir un alto a los asesinatos y desapariciones de ese municipio, y hacer un llamado a instancias nacionales y organizaciones internacionales para que se solidaricen y ayuden a terminar con “la crisis humanitaria” que asola la región.
El representante del colectivo Siempre Vivos de Chilapa, José Díaz Navarro señaló que del 1 de enero al 1 de septiembre de este año en ese municipio la organización ha registrado 173 homicidios, en Tixtla 19 y en Zitlala 16, lo que denomina “el corredor de la muerte”.
En conferencia de prensa ayer en Chilpancingo, el representante del Colectivo de Familias en Búsqueda de sus Desaparecidos en Acapulco, Ciro Fuentes Urióstegui, integrantes del Colectivo de Padres y Familiares de Desaparecidos, Secuestrados y Asesinados en el Estado de Guerrero y en el País, María Guadalupe Rodríguez Narciso, Lamberto Castro y Gema Antúnez Flores y Díaz Navarro expusieron el motivo de la campaña y la unión de los colectivos.
“Chilapa tiene una crisis humanitaria muy profunda de la cual el gobierno federal, el gobierno estatal y por su puesto el gobierno municipal han sido omisos en atender, aún con todos los reclamos que hacemos los ciudadanos, las víctimas, los desplazados, todos los que hemos sido víctimas de un hecho delictivo. Pero también hay mucha gente que está a punto de sufrir esta situación, en este momento hemos decidido empezar una campaña Chilapa se levanta”.
Dijo que los colectivos exigen ya un alto a la violencia, a los crímenes, a los homicidios que día a día se tienen en esa ciudad, “también se levanta para pedir ayuda nacional e internacional y convocar a organizaciones civiles, no gubernamentales, y todo aquel que tenga sentido humanitario para ayudarlos a salir de la crisis que tienen”.
Abundó que según un estudio Acapulco es la capital del crimen, pero esa ciudad tiene una tasa, según el Consejo de Seguridad, Justicia y Paz en un reporte del 2016, de 113 homicidios por cada 100 mil habitantes, y Chilapa tiene 191 por cada 100 mil habitantes, y por tanto sería “la mega capital del crimen”.
Refirió Chilapa no es turístico, habitan indígenas, campesinos, sectores más vulnerables y desprotegidos y por eso no se destaca.
“Todo Chilapa ya es una escena del crimen, justamente ahorita que veníamos en el trayecto alcanzamos a ver en la carretera (Chilapa-Tixtla) un cuerpo maniatado, con visibles huellas de tortura, se habla de que es de uno a tres cuerpos”, expuso.
Tienen registrados 173 homicidios del 1 de enero al 1 de septiembre, con el que encontraron en la carretera sumarían 174, mientras que en Tixtla saben de 19 en el mismo lapso, pero aclaró que son engañosos los datos porque hay gente que capturan en esta ciudad y los dejan en la capital, y que en Zitlala se han registrado 16 asesinatos en el mismo tiempo.
Dijo que la violencia fue a la alza en Chilapa de 2012 al 2014 y que en ese tiempo dominaba el grupo criminal Los Rojos liderado por Zenén Nava Sánchez, como una célula del cártel de los Beltrán Leyva, pero que tras una ruptura una parte se pasó al grupo delictivo Los Ardillos.
Dijo que principalmente un hombre que fungía como policía municipal, (era el brazo derecho del ex secretario de Seguridad Pública, Silvestre Carreto González preso en Nayarit por delincuencia organizada), Constantino Chino, y que quien los encabeza son Celso e Iván Ortega Jiménez, hermanos del ex presidente de la comisión de Gobierno del Congreso local, Bernardo Ortega Jiménez.
Díaz Navarro agregó que en 2015 son desplazados Los Rojos de Chilapa y comienzan a tomar el control Los Ardillos, de ahí se habla de una “limpia” y ahora hicieron creer que llegaba otro grupo llamado Los Jefes, pero son los Ortega Jiménez.
Reiteró como en declaraciones pasadas que los Ortega son los que también lideran el grupo de civiles armados Paz y Justicia, al que Siempre Vivos acusa de la desaparición de 30 vecinos durante una irrupción armada del 9 al 14 de mayo de 2015 a la cabecera municipal.
Dijo que la Ley 701 de derecho y cultura indígena no debe seguir cobijando a la formación de policías comunitarias que están al servicio de cárteles.
Afirmó que estos criminales también lideran a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de la Casa de Justicia de Rincón de Chautla, en Chilapa, y a la policía municipal de Quechultenango y de Mochitlán.
Abundó que lo sabe Bernardo Ortega, y señaló que un 90 por ciento de los homicidios perpetrados en Chilapa han sido por estos hermanos.
Los más sanguinarios en la historia de Guerrero

De los hermanos Ortega Jiménez, Díaz Navarro dijo, “yo creo que en la historia de Guerrero son los más sanguinarios, los más violentos, los más crueles que hemos tenido y que siguen operando impunemente en Chilapa y toda esa región”.
“El viernes tuvimos ocho homicidios porque se rumoró que había regresado el jefe de plaza de Chilapa, entonces Celso mandó a sus sicarios a calentar la plaza, hubo ocho homicidios porque su estrategia es que llegue el Ejército, llegue la Marina, la Policía Federal y capture a su acérrimo enemigo que es Zenén Nava Sánchez”.
Reiteró que se emprendió esta campaña para poner un alto a las graves violaciones de derechos humanos, “que curiosamente ni la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum) ni la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) han hecho ningún pronunciamiento, no han solicitado medidas cautelares para Chilapa, que está en un total abandono”.
Señaló que de hoy en adelante cada muerto que haya será responsabilidad del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, del comisionado nacional de seguridad Renato Sales Heredia y del gobierno del estado, porque no detiene a los delincuentes a pesar de que están identificados.
“Si no sabían quiénes son los que nos están masacrando, quiénes están exterminando al pueblo de Chilapa se los acabo de decir, hay muchas órdenes de aprehensión contra estos delincuentes, ya tiene como un año que se emitieron esas órdenes de aprehensión y hasta el día de hoy sólo capturaron a un sicario de más bajo nivel”, expuso.
El gobernador no hace nada ante la masacre, reprochan

Díaz Navarro informó que el 3 de septiembre habrá una manifestación en Chilapa para visibilizar el problema que se vive y se invitará a colectivos de otros estados.
La representante del Colectivo de Chilpancingo, Rodríguez Narciso expuso que se suma a la campaña que está emprendiendo Siempre Vivos, porque no puede ser posible que sigan las masacres, que sigan las violaciones a los derechos humanos, “no es posible que el gobernador Héctor Astudillo Flores no haga nada y mejor le dé protección a los delincuentes”.
“¡Ya basta!, ya es un alto, también le exigimos a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) la federal, a la estatal, que hagan algo por las víctimas, esas instituciones se crearon para eso, para dar apoyo a las víctimas y todo el estado de Guerrero está bañado en sangre”, expuso.
Agregó que Chilapa es el municipio más sanguinario, que por eso exigen a las autoridades no solamente que se paren el cuello hablando de democracia y de justicia, cuando en la realidad no existe.
Dijo que con sus compañeros exigen al gobernador el presupuesto que tiene la CEAV en el estado, porque no puede seguir trabajando sin presupuesto, que cuando se acercan a la Comisión a pedir apoyos no tienen, los tienen que conseguir en el DIF y en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), y eso es una vergüenza para Astudillo Flores.
Reprochó que el gobernador se jacta de regalar dinero al Teletón, cuando las familias de las víctimas en Guerrero se están muriendo de hambre, los hijos han dejado de estudiar porque no hay apoyo, porque al que daba el sustento a la familia lo levantaron o lo asesinaron.
Abundó que las familias necesitan atención psicológica, médica y educativa, e insistió al gobernador que “¡ya basta!”, que no sólo se esté tomando fotos y ponga los ojos en Chilapa, Acapulco, Chilpancingo, en la sierra y si no puede que renuncie al cargo, para que se quede una persona sensible que los atienda.
Fuentes Urióstegui dijo que en Guerrero hace falta una Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas por Desaparición Forzada, que en el estado hay leyes congeladas en el Congreso local que no se han promulgado como la Ley de Desaparición de Personas.
Añadió que les dicen que la Ley General de Víctimas es un arma que pueden utilizar y que les va a beneficiar de alguna manera, y que él preguntaba que si de verdad ha beneficiado a alguien porque para acceder a esos derechos les ponen una serie de trabas que difícilmente cumplen.
“De por sí la búsqueda de nuestros familiares es difícil, si no tenemos el apoyo de la autoridad, si no tenemos el apoyo de algún sustento económico para las familias pues va a ser mucho más difícil la búsqueda. La falta de voluntad política de los gobernantes va a dirigida al cansancio, a que las familias nos agotemos, porque esto no es fácil, nos agotamos económicamente, físicamente, moralmente, psicológicamente, quieren que tengamos ese degaste para ya no seguir exigiendo”, expuso.
Dijo que quieren que las instancias internacionales los volteen a ver porque en el estado hay deficiencias en investigación, hay en dictámenes forenses, todos los expedientes, las carpetas de investigación están paradas y no hay quien exija a las autoridades que den respuesta de lo que se investiga.
Llamó a los reporteros a unirse porque el gremio también ha sido violentado, que no se luche de forma aislada porque el problema es nacional.
Lamentó que muchos se quedan callados y no alzan la voz mientras los siguen asesinando poco a poco, y no se ve que vaya a parar.
Lamberto Castro hizo alusión a “las víctimas invisibles”, los niños y niñas que son hijos de víctimas y que instancias municipales, estatales y federales no los atienden, y que por el testimonio de cada familia que ni el DIF ni la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) toman cartas en el asunto, para ver el destino de estos niños.
“El llamado que hacemos a través del colectivo Chilpancingo es que intervengan instancias internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través de la UNICEF, o a través de otros organismos que pueden ser de defensa y protección a menores, en este caso pudiendo organizar alguna campaña de productos que puedan ser en centros de acopio, para hacer llegar a las madres que tienen niños lactantes o padecimientos de alguna enfermedad”.

En 2016 la complicidad del gobierno con el crimen agudizó la crisis humanitaria: ONG

La fragmentación de los movimientos magisterial y social, la impunidad y complicidad del gobierno con criminales ante la violencia generalizada y la posibilidad de que el ejecutivo federal declare un estado de excepción como parte de la militarización de la seguridad interior, agudizan la crisis humanitaria en Guerrero, denunciaron e Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Ccti) y el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos).
En un comunicado señalan que “la agresión gubernamental” fragmentó y dejó en un alto grado de vulnerabilidad a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG), dividió y provocó el reflujo de las bases sociales de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en una embestida que comenzó en 2013, e hizo lo mismo con el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (Cecop).
Advirtieron el riesgo de organizaciones como la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) y otras policías o guardias comunitarias que no se rigen necesariamente en el ámbito de la Ley 701 ni responden a los usos y costumbre de los pueblos originarios, “de que el fenómeno se desarrolle hacia narco-paramilitares que le hagan las tareas sucias al gobierno agrediendo a activistas, militantes y defensores de derechos humanos”.
En un balance de los acontecimientos de 2016 señalan que el año que terminó fue el más violento desde 2006, con más de 2 mil 200 asesinados, al grado de alcanzar los niveles de 2011.
“Tanto si se trata de violencia del crimen organizado, delincuencia común o de ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, el dato nos señala una ineludible responsabilidad del Estado mexicano, al no proteger ni castigar estos homicidios, en la que hay que resaltar los feminicidios a los que el gobierno del estado de Guerrero ha invisibilizado negándose a aplicar una alerta de género”, opinaron sobre la solicitud de feministas que demandaron una política pública federal para evitar los asesinatos de mujeres en la entidad, por la que el gobernador ofreció implementar acciones para evitar la intervención de la federación.
Mencionan la muerte de tres líderes históricos de Guerrero: uno de los fundadores de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Benigno Guzmán Martínez, el abogado de las viudas de la masacre de Aguas Blancas, José Sánchez Sánchez y el doctor Bertoldo Martínez Cruz, “los tres se enfrentaron al gobierno de Rubén Figueroa Alcocer y fueron perseguidos y encarcelados”.
Destacan que en 2016 se registraron muertos de todas las edades, género y diferentes preferencias sexuales, y el mayor número fueron hombres jóvenes en edad productiva, de baja escolaridad, y de los estratos socioeconómicos más desprotegidos. Entre las ejecuciones mencionaron los casos de los normalistas de Ayotzinapa, Jonathan Morales Hernández y Filimón Tacuba Castro, además de miembros de los grupos de policías comunitarias de Tixtla.
Asimismo indicaron que hay casi mil casos de desapariciones forzadas en registros de las asociaciones de familiares de desaparecidos Iguala, Chilpancingo, Chilapa, Zitlala y Acapulco, donde se sospecha la participación de agentes del Estado, como las cometidas por los grupos del crimen organizado y poderes fácticos, y no existe ningún cálculo de este problema en las instituciones de gobierno.
De los casos de desaparición que terminaron con hallazgos de cadáveres recordaron el del maestro y miembro de la CRAC-PC Irineo Salmerón Dircio y del líder de la Coordinadora Estatal de Transportistas Independientes de Guerrero (CETIG), Juan Mendoza Tapia y su esposa Carolina Francisca Santos Delgado, así como de estudiantes y trabajadores de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG).
Otro fenómeno que contribuye a la crisis del Estado de derecho y la crisis humanitaria que vivimos en Guerrero, exponen, es el desplazamiento forzoso interno que comenzó en 2007 en la sierra de la Costa Grande y Tierra Caliente, y que en 2016 afectó más a las regiones Centro, Norte y Tierra Caliente.
Aseguraron que las tres regiones se caracterizan por la ausencia del Estado y el control territorial de facciones del crimen organizado, y las víctimas siguen desprotegidas a pesar de que existe una ley estatal sobre desplazamiento forzoso.
Tanto en ejecuciones, desapariciones y desplazamiento forzado prevalece la falta de investigación, la criminalización hacia las víctimas, la impunidad y la falta de respuesta de las autoridades conforme a tratados y convenciones internacionales y al propio derechos interno.
Un eje transversal en todos los conflictos “es la militarización de la seguridad pública”, al grado que los políticos propusieron crear un marco inconstitucional para avalar la actuación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, lo que implica “una garantía de impunidad”, denunciaron.
Como ejemplo mencionan la reciente reglamentación del artículo 29 de la Constitución, que permitiría al presidente de la República declarar estado de excepción o suspensión de garantías, acotando los derechos humanos más básicos como parte de ese proceso de militarización que se complementaría con la Ley de Seguridad Interna.

Sigue sin resolverse la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa

La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa sigue sin resolverse, no obstante que el año pasado el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) encontró evidencias de “muy graves intenciones de desviar líneas de investigación contra presuntos responsables, a quienes ahora hay que considerar como víctimas de tortura y de ser obligados a armar la verdad histórica con confesiones sacadas bajo tortura”.
Debido a lo anterior, el Estado mexicano básicamente expulsó a los integrantes del GIEI y retrasó por meses la conformación del Mecanismo de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que “demuestran la nula voluntad política de resolver el caso conforme a derecho. Por el contrario, se dilucida la intención de encubrir a los verdaderos autores materiales e intelectuales de la desaparición masiva de los normalistas”.
En el campo del derecho a la salud, aseguraron que “tampoco se ven avances significativos”, más bien la disminución del presupuesto destinado a la salud y el intento de impulsar la universalización de la salud que tarde o temprano va privatizar no solo el acceso, sino el derecho a la salud.
En Guerrero no existen avances en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales para los pueblos originarios, ya que sigue expulsando migrantes que de otra forma morirían de hambre en sus pueblos, o por falta de oportunidades y servicios.
Para 2017, consideraron que la pobreza se profundiza debido a los incrementos a los precios de la gasolina, al gas y la electricidad, pero millones de mexicanos empobrecidos tienen la oportunidad de “organizarse y defender sus derechos, logrando verdad y justicia para los familiares de los desaparecidos, que los desplazados por fin sean atendidos de acuerdo a la Ley 487 Para la Prevención y Atención al Desplazamiento Interno”.

Proponen personal interdisciplinario en la Fiscalía para atender las desapariciones

Para la atención de los desaparecidos proponen que se dote a la nueva Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas, de personal interdisciplinario y recursos económicos suficientes para su funcionamiento y eficacia en todo el estado, y que el Congreso apruebe la iniciativa de ley presentada por el diputado Ricardo Mejía Berdeja sobre la declaración de ausencia de personas desaparecidas, a fin de que las familias puedan acceder a la protección de los bienes de los desparecidos.
Asimismo demandaron la independencia de la Dirección General de Servicios Periciales que depende de la Fiscalía General de Justicia del estado, y que se establezca una base de datos de ADN en el Estado de Guerrero, para confrontar los resultados de las muestras en el menor tiempo posible, y concluir la identificación de los más de 400 cuerpos desconocidos, que a fin de año se colocaron en un cementerio ministerial.
Solicitaron que la Secretaría de Asuntos Indígenas del estado y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas se comprometan a acompañar y apoyar a las familias de víctimas de desaparición que pertenezcan a población indígena, de acuerdo con sus facultades tal y como lo establece la Ley General de Víctimas.
Además, que la FGE “deje de querer entregar a las familias de desaparecidos cuerpos con sólo el resultado positivo del ADN de uno de sus familiares, lo cual deben de estar más completas las confrontas de ADN y se deben hacer los peritajes de otras especialidades como el de Odontología y Antropología Forense”.