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Exhorta el Congreso a la Cámara de Diputados a legalizar el cultivo de amapola con fines medicinales

Por mayoría de votos, el pleno del Congreso aprobó hacer un exhorto a los diputados federales para que tras el análisis de los resolutivos de la ONU y sobre el monitoreo del cultivo de la amapola, legislen sobre la posibilidad de legalizar la producción de amapola con fines medicinales.
Después de una discusión entre diputados del PRI, MC y PRD, que se acusaron de no cumplir el procedimiento legislativo en el tema, ayer finalmente se aprobó el exhorto que el martes las comisiones unidas de Salud y Justicia aprobaron, con el único voto en contra de la diputada de Morena, María de Jesús Cisneros.
El punto de acuerdo lo leyó el presidente de la Comisión de Salud, Raymundo García, por el cual el Poder Legislativo exhortó a la Cámara de Diputados para que analice y determine la legalización de la amapola con fines medicinales.
De esa manera fue desechada finalmente la iniciativa propuesta por los diputados de Movimiento Ciudadano.
La argumentación del exhorto se basa principalmente en el último informe del monitoreo del cultivo de amapola en México, que señala que en el país hay una superficie sembrada con cultivos de amapola de 24 mil 800 hectáreas, principalmente en los estados de Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, de los que Guerrero está entre los primeros lugares.
En el dictamen se recuerda que en marzo la fracción parlamentaria de MC presentó una iniciativa para adicionar y reformar diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Federal Penal y del Código Federal de Procedimientos Penales, en materia de legalización del cultivo de amapola.
Esa iniciativa fue enviada a las Comisiones de Justicia y de Salud, que “tras analizarla consideramos procedente que sea por su competencia el Congreso de la Unión quien lleve a cabo en el ámbito de su competencia el análisis y en su caso legisle en la materia que nos ocupa”.
En tribuna el diputado Raymundo García aclaró que aunque el Congreso local tiene facultades para iniciar reformas a leyes del ámbito federal, la iniciativa presentada por los diputados Ricardo Mejía, Silvano Blanco y Magdalena Camacho “no se acompaña de los estudios técnicos, médicos, sociológicos, científicos, socioeconómicos, culturales, de campo y aquellos que resulten necesarios para contar con los elementos básicos necesarios y emitir un posicionamiento fundado en la razón y con elementos convincentes en la materia”.
La decisión provocó debate entre los diputados de MC y los que dictaminaron la propuesta.
El coordinador de la fracción de MC, Ricardo Mejía votó a favor el exhorto que aprobaron en lugar de su iniciativa, porque dijo que “todo lo que abone a terminar con la política prohibicionista nosotros lo vamos a respaldar”.
Recordó en la tribuna que el debate de legalizar el cultivo de la amapola con fines medicinales lo inició el gobernador Héctor Astudillo.
Pero el presidente de la Comisión de Justicia, el priista pero diputado por el Partido Verde, Héctor Vicario Castrejón, insistió en que la propuesta de los legisladores de MC tenía “carencias sustanciales” y que ese fue el motivo para desecharla.
Por su parte, la diputada de Morena, María de Jesús Cisneros Martínez, consideró que  en Guerrero no existen las condiciones de salud “para enfrentar las consecuencias de una legalización de la amapola, además de que el hacerlo sólo beneficiará a quienes se queden con las patentes de los llamados usos medicinales” y por eso coincidió en que es en el Congreso de la Unión donde se debe legislar.
Silvano Blanco, de MC, criticó que “entendemos que con este exhorto pretenden dar por concluido este proceso legislativo; estaban mal y siguen estando mal, porque son dos procesos distintos, una cosa es el dictamen, que ya sea se vote a favor o en contra, y otra es el exhorto, esto que se está haciendo es ilegal y va en contra del procedimiento legislativo”.
Mientras que el priista Cuauhtémoc Salgado defendió que no es un acuerdo unilateral ni es tema exclusivo del PRI, y justificó que “es competencia del Congreso federal, podemos proponer pero lo que necesitamos es que el Congreso investigue, aporte más elementos a este tema”.

Fiscalía para la desaparición forzada

Para homologar la ley local y la federal, el pleno del Congreso local aprobó por unanimidad la reforma a la ley orgánica de la Fiscalía General del Estado para la creación e incorporación de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas.
En la tribuna, el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano (MC), Ricardo Mejía Berdeja, adelantó que revisarán la trayectoria de quien será el fiscal, que debe tener “solvencia moral y que cuente con el aval de las familias de las víctimas”.
De lo contrario dijo que la fiscalía especializada será un “elefante blanco, una oficina más del gobierno”.
Exhortó al fiscal para que envíe la propuesta al Congreso de quién podría ocupar el cargo, para que los diputados lo puedan consultar con las familias de las víctimas.
Por su parte la diputada de Morena, María de Jesús Cisneros Martínez, lamentó que a pesar de que la reforma sólo es un trámite y que la Constitución política de Guerrero señala que la fiscalía especializada en materia de desaparición forzada es la que se encargará de la persecución del delito y búsqueda de las víctimas, el fiscal general no ha designado todavía al encargado.
“El fiscal sigue tan campante” sin designar al fiscal especial, a pesar de las miles de víctimas que hay en Guerrero, reclamó la diputada de Morena.
El pleno también desechó por mayoría de votos del PRI y del Partido Verde la adición al código penal y de procedimientos penales de Guerrero, que presentó el diputado Ricardo Mejía.
La reforma planteaba incorporar el delito de desaparición forzada de personas, e incorporarlo en el catálogo de delito grave, pero según el dictamen que desechó la propuesta, “sólo el Congreso de la Unión es el órgano encargado o facultado para expedir la legislación en materia de desaparición de personas y establecer las sanciones”, leyó el diputado Héctor Vicario Castrejón.
La diputada María de Jesús Cisneros advirtió que si se desechaba la propuesta de Mejía Berdeja quedará un vacío jurídico grave que será utilizado por la defensa de los delincuentes, que podrán argumentar que quien los investigó y consignó no tiene facultades, por lo que podrán objetar por violación al debido proceso y quedarán libres, por lo que presentó una moción suspensiva para que la propuesta sea analizada nuevamente en comisiones.
Ricardo Mejía respaldó la propuesta de la diputada de Morena, y argumentó que “la Corte ha señalado que mientras no entre en vigencia una ley general, puede seguir la legislación de los estados y por la naturaleza y gravedad del tema de la desaparición forzada se debe reformar la legislación local”.
Por eso pidió que se regresara su propuesta a comisiones y que se apruebe la reforma, y cuando entre en vigor la ley general, entonces se realicen las adecuaciones necesarias. Recordó que en la Ciudad de México ya hay una ley de desaparición forzada.
El también coordinador de los diputados de MC insistió en que la intención es que los huecos legales no sean aprovechados por los delincuentes o esgrimidos como pretexto por los ministerios públicos y jueces para no impartir justicia.
“¿Quién gana con la ausencia normativa?; los delincuentes, por eso nosotros no queremos ni un minuto sin tipificación penal para que los fiscales puedan hacer su trabajo, para que no haya pretexto de los jueces para decretar autos de libertad”, insistió Mejía Verdeja.
Sin embargo la moción fue desechada por la mayoría de votos de los diputados del PRI y Partido Verde, así como la propuesta de Ricardo Mejía.

Otros temas

La  fracción de  MC también presentó un punto de acuerdo como asunto de urgente y obvia resolución, que consistía en que el Congreso local realice un exhorto a la secretaria de la Mujer, Gabriela Bernal Reséndiz, para que la dependencia “apoye” con recursos suficientes a los refugiados y centros de atención a mujeres y niñas que han sufrido violencia en las principales ciudades.
El punto de acuerdo hace referencia principalmente a los centros que existen en Acapulco, y plantea que en Guerrero se elaboren programas que contengan una gama de servicios de salud que se deben ofrecer en esos lugares, como física, psicológica, psiquiátrica, asistencia legal, formación para el empleo, y programas encaminados a la protección de la mujer con el fin de brindar una asistencia integral.
Los diputados también aprobaron por unanimidad un acuerdo parlamentario para exhortar al gobernador Héctor Astudillo Flores para que instruya al secretario general de Gobierno y a la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que envíen al Congreso un informe pormenorizado respecto del estado que guarda el expediente del folio registral electrónico 4891 del distrito de Guerrero, denominado “Loma Larga”, y el expediente técnico del proyecto de construcción de la celda emergente en la comunidad de Matlalapa, en Tixtla.
En  la sesión se dio primera lectura a los dictámenes con proyectos de leyes de ingreso de Acatepec, Ajuchitlán, Arcelia, Atlixtac, Ato-yac, Ayutla, Azoyú, Benito Juárez, Buenavista de Cuéllar, Cocula, Co-pala, Coyuca de Benítez, Cuajini-cuilapa, Eduardo Neri, Floren-cio Villarreal, General Canuto Neri, Huamuxtitlán, Huitzuco, Igualapa, Iliatenco, Ixcateopan de Cuauhté-moc, Juan R. Escudero, Ajuchitlán, La Unión, Leonardo Bravo, Metlatónoc, Mochitlán, Olinalá, Ometepec, Petatlán, Pungarabato, Quechultenango, San Luis Acatlán, San Marcos, San Miguel Totolapan, Tecoanapa, Teloloapan, Tepecoa-cuilco, Tixtla, Tlacoachistlahuaca, Tlacoapa y Zitlala.
Los 30 diputados asistentes a la sesión de ayer autorizaron a los síndicos y regidores de Tecoanapa, Zitlala, Atoyac y Copala a que de-sempeñen funciones docentes.

El 90 % de las familias de la sierra se dedican al cultivo de amapola, dice ex titular de la Seder

 

El ex secretario de Desarrollo Rural (Seder), Rigoberto Acosta González, consideerá “sensata y viable” la propuesta del gobernador Héctor Astudillo Flores para legalizar el cultivo de amapola para fines medicinales, y destacó que en la sierra guerrerense habitan al menos 18 mil familias, de las cuales el 90 por ciento tiene relación directa con la siembra y producción de la planta.
Asimismo, Acosta González, quien es dirigente del Consejo Regional de la Sierra de Guerrero (Cresig) y del Consejo de Productores de Maguey y Mezcal, remarcó que en un cálculo “conservador” la sierra produce alrededor de 105 millones de pesos cada tres o cuatro meses, es decir, al menos 400 millones al año.
Consultado vía telefónica, el funcionario del gobierno interino de Rogelio Ortega destacó que el “comentario” del gobernador para buscar un mecanismo de legalización del enervante con propósitos medicinales es una opción “sensata y viable”.
Ante la infiltración del crimen organizado en las comunidades productoras del estupefaciente, dijo que la opinión de Astudillo debe aplaudirse, “ya que a grandes problemas, grandes soluciones”.
Aunque añadió que finalmente existen riesgos y reveló que “en más de 25 años no me había atrevido a declarar: no hay que cerrar los ojos, hay una actividad económica importante y es una cuestión riesgosa por los altísimos intereses que se van a trastocar en el momento de tomar una decisión como esta; yo esperaría que el gobernador matizara, profundizara y diseñara bien su propuesta, porque no es una propuesta de ocurrencia, entiendo que será de fondo y que requiere de un análisis serio para tener la información y la ruta por donde pudiera encauzarse la propuesta y llegar a los fines referidos”.
Subrayó que la dirigencia del Cresig ha analizado el fenómenodesde la llegada de la semilla a principios de los 70, proveniente de Sinaloa, para observar el número de generaciones que se han dedicado al cultivo principalmente en las zonas serranas.
Lamentó que esta actividad haya sido la única opción de los campesinos, ya que es una actividad que afecta, lastima y daña a la sociedad, “pero las familias de la sierra lo ven como la única opción para tener ingreso, algo así como un elemento cultural”.
Manifestó que a la hora de hacer cálculos “verdaderamente conservadores”, en las mil 287 comunidades situadas en la zona serrana se genera una producción de al menos 105 millones de pesos por la venta de droga cada tres o cuatro meses, dependiendo del ciclo de producción anual.
Abundó que el kilo de goma de opio es vendido a precios que varían entre 27 mil y 30 mil pesos, y quienes la adquieren “van y te la compran en el patio de tu casa o en las comunidades, es decir, es dinero en automático”.
Añadió que dependiendo de las condiciones climatológicas a que estén expuestos los cultivos, es como varía el ingreso entre 300 y 400 millones de pesos por la compra de la goma de opio recién extraída, aunque argumentó que al añadirle un proceso constructivo su valor se ubica entre los 750 y 800 millones de pesos, “y esa es la razón de la violencia de Guerrero y el país, y por tanto si se llegara a legalizar, creo que el primer efecto sería la reducción de la violencia”.
Argumentó que el gobierno estatal debe generar un plan o una política pública de sustitución de cultivos, para que en lugar de que los serranos siembren amapola se dediquen a la siembra de aguacate, durazno, agave, a la ganadería o al comercio.
Subrayó que en la asociación de mezcaleros en la que es dirigente, muchos agremiados han dejado de cultivar el enervante para establecer viveros y plantaciones de maguey, con el fin de producir mezcal, que resulta una buena opción de ingresos.
Dijo que el planteamiento del gobernador debería abrirse a una discusión con el gobierno federal, la Secretaría de Salud, académicos e investigadores y organismos internacionales que coadyuven a encontrar un mecanismo que permita erradicar el cultivo de enervantes y dar la transparencia requerida con el fin de disminuir los índices de violencia que prevalecen en Guerrero.
Planteó que el Congreso local junto con organizaciones campesinas y académicos del país y el extranjero pueden aportar ideas para vislumbrar los beneficios que resultarían de la legalización de la amapola para usos medicinales, “yo lo que sé es que la heroína que se produce en Guerrero y que va a mercados como el norteamericano es utilizada en un 90 por ciento en los laboratorios y apenas un 10 por ciento se va a consumo directo de quienes son adictos”.
–¿Entonces cree usted que todas estas familias serranas estarían dispuestas a regularizar este producto, tomando en cuenta que tal vez se reduciría el precio?
–Mira, no quisiera dudarlo y por el contrario quisiera afirmarlo y te voy a decir por qué razón: como consecuencia del cultivo de ilícitos hay también un número importantísimo de hombres y mujeres en las cárceles, a consecuencia del movimiento de droga, básicamente de heroína, es decir la gente está consciente de que es una actividad de altísimo riesgo frente a la autoridad. Ellos lo que piden es que el gobierno dé una opción distinta para frenar la producción de la amapola.
El dirigente advirtió que la sierra sigue en el abandono, la miseria y la falta de oportunidades sin apoyo institucional, “si llegan programas de vivienda, productivos y de electrificación, educación y salud, estoy seguro que mucha gente dejaría de sembrar amapola”.