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Es complicado dotar de servicios a Nuevo Balsamar porque el predio es ilegal: Sedatu

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La coordinadora operativa del Plan Nacional de Reconstrucción de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Aurora Muñoz Martínez, reconoció que es complicado resolver la falta de servicios públicos y el desarrollo urbano en la comunidad Nuevo Balsamar por la falta de certeza jurídica del terreno.
El miércoles, El Sur publicó que 80 de un total de 210 familias damnificadas por el huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel viven en Nuevo Balsamar sin energía eléctrica, sin agua entubada ni drenaje, con calles accidentadas y sin pavimentar.
Entrevistada ayer, Muñoz Martínez, reconoció que atender el problema es complicado porque el fraccionamiento se planeó mal y el terreno es irregular y ahora se requiere de la voluntad y buena disposición de las autoridades de los tres órdenes de gobierno.
Sin embargo, aseguró que se está atendiendo, igual que el resto de los 42 fraccionamientos en el estado que se aprobaron después de los fenómenos de Ingrid y Manuel ocurridos en el 2013.
La funcionaria federal, dijo que las autoridades municipales argumentan para no dar los apoyos a las familias de los fraccionamientos, que no fueron entregados de manera formal, y, por tanto, la normativa no les permite invertir recursos ahí.
Admitió que la mayoría de los fraccionamientos no tienen agua, luz, pavimentación de calles, servicio de drenaje, y que, para ello, se requiere un recurso económico “y eso es complicado porque no hay una normativa que permita invertir recursos en estos fraccionamientos ubicados en terrenos que carecen de certeza jurídica”.
Explicó que Nuevo Balsamar está asentado en un predio que pertenece a los Bienes Comunales de Eduardo Neri (Zumpango) y los Bienes Comunales no reconocen la venta que hizo un particular, lo que ha impedido que se gestionen los servicios. Aseguró que ya han platicado con autoridades de los tres órdenes de gobierno para que se destinen recursos, mejorar las viviendas e introducir los servicios públicos, pero reconoció que “sigue parada esta situación por la certeza jurídica del predio”.
La funcionaria federal admitió que por la falta de servicios públicos, la mayoría de las familias que resultaron damnificadas por Ingrid y Manuel en el 2013, no han querido venir a habitar las viviendas.
De acuerdo a los vecinos del fraccionamiento de las 210 casas, actualmente sólo están habitadas 80.
“Necesitamos la coordinación y la voluntad de todas las autoridades para reconocer el fraccionamiento como tal, y tiene que ver, también, el núcleo agrario para escuchar la necesidad de la regularización del predio”, insistió Aurora Muñoz.
La funcionaria admitió que la adquisición del predio se hizo de manera “incorrecta”, y que Sedatu debió haber previsto la certeza jurídica del terreno, así como realizar los estudios de viabilidad del fraccionamiento, “pero no se hizo”, dijo la funcionaria de Sedatu.
-¿Se planeó mal el fraccionamiento?, -se le preguntó.
-Sí, se planeó mal y hoy la gente está sufriendo esta situación.
Informó que la actual administración federal ha realizado acciones, primero para el reconocimiento de las familias y el fraccionamiento, y, segundo, para entregarles una constancia de beneficiario que garantice que la casa es propiedad de la persona que sufrió el daño.
Reconoció que esto no es suficiente “pero son acciones que van a ir contribuyendo a cambiar las características que tiene ese lugar”.
Insistió que para resolver el problema integral del fraccionamiento Nuevo Balsamar, han buscado la coordinación de los gobiernos municipal y estatal “para que podamos llevar estos servicios” e insistió que se requiere de la voluntad de los tres órdenes de gobierno.
Sobre la falta de energía eléctrica en las casas, informó que la CFE les entregó un proyecto de lo que cuesta la introducción del servicio doméstico pero que esto se tiene que ir atendiendo a la par con la certeza jurídica del predio.
Explicó que la intención es que todas las viviendas queden en buenas condiciones para que el resto de las familias damnificadas se decidan a habitarlas. Declaró que el problema se tiene que resolver, “no se puede quedar así, tenemos que hacer algo, pero somos los responsables de atender esto; el gobierno federal, estatal y los municipales”, insistió.
Convocó a las autoridades municipales para que se integren a resolver el problema que está afectando a las familias.
Aseguró que se han reunido autoridades de los tres órdenes de gobierno en la Secretaría General de Gobierno, en las que han estado, también, los representantes de las familias de la comunidad, y que la idea es que la gente pueda ir recibiendo los apoyos que se requieran aunque no esté formalizada la certeza jurídica. “No podemos esperarnos a que se resuelva la certeza jurídica y la gente siga viviendo en esas condiciones, tenemos que aterrizar en proyectos importantes”, dijo.
Aurora Muñoz, informó que por lo pronto les van a dar a las 80 familias que ya viven en el fraccionamiento un recurso del programa Por una Mejor Vivienda para el mejoramiento de sus casas.
Aun así reconoció que para las familias hay incertidumbre porque no ven que haya avances en lo que tiene que ver con la propiedad del predio, pero dijo que esto no se ha podido resolver porque el dueño que le vendió a Sedatu presenta una documentación que ya está registrada ante el Registro Público de la Propiedad, pero no es reconocida por los comuneros. Opinó que para resolver de manera integral el problema, tiene que haber una mesa de diálogo en la que participen los tres órdenes de gobierno.

Se hará un muro y no se demolerán cinco casas de Zolamaitic, anuncia el delegado de la Sedatu

El delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), José Manuel Armenta Tello, declaró que las casas dañadas tras el deslave en el fraccionamiento Zolamaitic, en Chilpancingo, donde habitan damnificados de las tormentas Ingrid y Manuel, no serán demolidas, y sólo debe construirse un muro de contención.
El 17 de agosto pasado se suscitó un deslave del terraplén en el fraccionamiento, donde cinco casas resultaron afectadas.
El 24 de agosto el delegado informó a El Sur que las casas tenían que ser demolidas “a la brevedad”, porque las viviendas continuarían siendo afectadas por el reblandecimiento del terreno y el escurrimiento de agua ante el temporal de lluvias que debilitarían más el soporte y la plataforma donde están asentadas, “ ya no tienen remedio, y si no se caen, nosotros vamos a demolerlas”, dijo en ese momento. Sin embargo, ayer, en consulta telefónica, el delegado declaró que las casas no serán demolidas.
“Se tiene que hacer la obra de contención de talud, que obviamente pasó todo un proceso de la mecánica de suelos del lugar, se esperaba que hubiese posibilidades de construir la obra”, dijo Armenta Tello, y agregó que el manantial que hallaron durante los estudios sigue fluyendo, “esperábamos que dejara de tener flujo… para trabajar, y ahora están dadas las condiciones en la obra, ya hay maquinaria trabajando con la preparación del terreno para que inicie la ejecución de la obra”, explicó.
Indicó que hicieron hace un mes el proceso de mecánica de suelo, y que la maquinaria llegó al fraccionamiento la semana pasada.
El muro para contener el talud debe estar construido antes de que inicie el temporal de lluvias, aseguró.
Sin embargo el presidente del fraccionamiento, Mariano Peñaloza informó que la maquinaria y los trabajadores llegaron ayer para empezar los trabajos, que buscaron con los vecinos dónde los alojarían y quién les daría de comer.

La escrituración de los lotes no tiene plazo

De la escrituración de las 67 viviendas, Armenta Tello dijo que es un proceso que toma tiempo, que se hace a través de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett), se tiene que hacer la enajenación del terreno, sesión de derechos y después un análisis de gabinete para definir especificidades de las viviendas.

Sólo 22 municipios tienen el ordenamiento para prevenir riesgos, advierte la Sedatu

El director de Ordenamiento Territorial y Atención a Zonas de Riesgo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Armando Saldaña Flores informó que sólo 22 de los 81 municipios de Guerrero tienen un Plan de Ordenamiento Ecológico Territorial (POET) para la prevención de riesgos ante fenómenos naturales.
En declaraciones a reporteros durante la entrega de viviendas a damnificados del poblado de Venta Vieja, a causa de la tormenta tropical Manuel en 2013, declaró que “necesitamos autoridad” de los presidentes municipales para que no permitan que los vecinos se asienten en zonas de riesgo y construyan sus casas cerca de ríos.
Del diagnóstico de Acapulco en la zona inundable luego del huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel, el funcionario federal dijo que, “es una cuestión técnica que conoce la Comisión Nacional del Agua (Conagua)”, pero que no tenía datos precisos.
Agregó que “22 municipios ya tienen el Plan de Ordenamiento Territorial, y tenemos que trabajar en los demás” y que los municipios que faltan tienen que solicitarlo en la Sedatu, aunque la institución prioriza porque es “muy poco el recurso para trabajar”.
Saldaña Flores agregó que “son 30 o 40 municipios los que requieren atención y cuidado e instrumentos que permitan salvaguardar la vida de los ciudadanos, nosotros estamos buscando partidas presupuestales que el Congreso autoriza a la Secretaría”.
Dijo que en Guerrero hace falta un Atlas de Riesgo que se actualiza cada tres años, y los municipios de Zihuatanejo, Chilpancingo, Acapulco y Tlapa también necesitan un Atlas de Riesgo municipal para conocer los problemas en sus territorios, agregó que el gobernador Héctor Astudillo Flores solicitó el Plan de Ordenamiento Estatal.
Dijo que en las regiones de La Montaña, Costa Grande, Costa Chica, además de Acapulco, Zihuatanejo, Chilpancingo y Coyuca ya tienen la experiencia de lo que ocasionó el huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel, y todo el estado “necesita ser observado”.
Dijo que los funcionarios deben tener autoridad y “no permitir que las familias se asienten en zonas de alto riesgo y construyan sus casas al margen de un río”.
Agregó que no podía precisar cuántas familias en Guerrero están en zonas de alto riesgo, pero “el Atlas Nacional de Riesgo habla de cerca de 10 mil o 12 mil familias en cada estado que pueden estar en esta situación y por cuestiones económicas no se pueden ubicar en un terreno sólido”.
Por otra parte dijo que, “el embate internacional y la caída del costo del petróleo ha afectado”, porque no hay recursos para la construcción, aunque están por concluir los fraccionamientos El Balzamar y El Mirador en Chilpancingo, en el último serán reubicadas más de 450 familias.

Adeuda el gobierno del estado 400 mil pesos a 300 damnificados, denuncian

Damnificados del huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel en septiembre de 2013, advirtieron que si no hay respuesta del gobierno del estado se plantarán de manera indefinida en la catedral de la Ciudad de México para que el papa Francisco escuche sus peticiones en su próxima visita al país.
En conferencia de prensa en Acapulco en un local de la Costera, 10 damnificados y el líder Gregorio Nava Valenzo denunció que el gobierno del estado incumplió la indemnización de 400 mil pesos para 300 afectados por los meteoros.
Los inconformes colocaron una manta en la que se leía: “Papa Francisco en su vista a México no le dé la mano a la corrupción. Damnificados de Ingrid y Manuel”.
Nava Valenzo dijo que la administración pasada se comprometió a indemnizar a los afectados, ya que el dinero del gobierno federal se había agotado, aunque dijo que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) federal no censó las viviendas.
Reclamó que el gobierno federal no los incluyó en el programa Plan Nuevo Guerrero, y sólo recibieron unas colchonetas, sin embargo el dirigente no mostró solicitudes al gobierno del estado, sólo recortes de notas periodísticas.
Manifestó que la mayoría de los afectados por la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid dejaron sus viviendas y migraron a los Estados Unidos por falta de respuesta del gobierno del estado, “por eso ahorita denunciamos el engaño y hartazgo de las autoridades”.
Mencionó que son afectadas las unidades habitacionales Coloso y Colosio, las colonias Frontera, Ciudad Renacimiento, La Sabana y Pie de la Cuesta.
Sin embargo, el líder de los damnificados dijo que no iban a bloquear la Costera porque el asesor del gobernador Héctor Astudillo Flores, César Flores Maldonado y el director de gobernación municipal Juan San Román Ortíz los iban a atender hoy, dijo sin precisar hora ni lugar.
Advirtió que si la reunión no es resolutiva se plantarán de manera permanente en la catedral de la Ciudad de México para que el papa Francisco escuche sus peticiones durante su estancia el próximo mes en el país.

Se reúnen damnificados por Manuel que habitan El Mirador; les faltan servicios y un puente que cruce la Autopista del Sol

Damnificados del fraccionamiento El Mirador de Chilpancingo se reunieron en las canchas deportivas y acordaron que los representantes de la Coordinadora de Colonias Afectadas por el Río Huacapa y sus Afluentes acudirán este lunes a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) para solicitar la construcción de un puente elevado que cruce la Autopista del Sol, además de servicios básicos como luz eléctrica, agua potable y drenaje para 104 viviendas que fueron entregadas hace un mes.
A las 5:30 de la tarde, unos 100 vecin

os beneficiados de los 104 hogares en el predio, ubicado cerca de la Autopista del Sol, al sur de la ciudad, se reunieron para platicar de los problemas, a un mes que la Sedatu les otorgó las viviendas.
Los integrantes de la coordinadora de colonias afectadas, que dirige Gumaro Guerrero Gómez, se reunieron en la cancha deportiva.
El dirigente dijo que en la semana realizaron un censo para saber cuántas familias viven ahí y verificar el título de propiedad.
El censo también servirá para solicitar a la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) la construcción de un jardín de niños, una primaria y una secundaria dentro del fraccionamiento.
Dijo que la organización entregó oficios para pedir una audiencia con el delegado de la Sedatu, José Manuel Armenta Tello, y con el alcalde de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena, para dar seguimiento a los acuerdos del 23 de diciembre.
Los acuerdos son para dotar al fraccionamient

o de agua potable, luz eléctrica y drenaje, además de la pavimentación de los accesos principales al fraccionamiento, canchas deportivas y la construcción de un puente elevado que cruce la Autopista del Sol para facilitar el traslado a los vecinos.
Informó que una comisión acudirá a la Sedatu para reunirse con el delegado, José Manuel Armenta Tello, y quedarán al pendiente para saber si el alcalde capitalino atiende la petición de audiencia.
Agregó que los damnificados de la tormenta tropical Manuel, a dos años y cuatro meses, son de las colonias Amate, Buena Vista, Valle Verde, Jacarandas, Amelitos 1, Azteca y Haciendita.
Un vecino exigió que haya ordenamiento en las calles del fraccionamiento ya que algunos se estacionan en el paso peatonal.
Los representantes de la coordinadora de colonias afectadas propondrán a la Sedatu la construcción de cajones de estacionamiento, para que cada edifico cuente con un espacio.
Asimismo, dos vecinas denunciaron que no tienen agua potable porque la manguera que conecta la pipa de agua es insuf

iciente y solicitaron 60 metros de manguera.
La reunión duró 40 minutos. Al finalizar, Gumaro Guerrero dijo que los vecinos de 17 colonias que habitan el predio El Mirador tienen muchas necesidades como la pavimentación de los accesos de terracería, agua, luz eléctrica y drenaje.
Sobre la inseguridad, dijo que la única manera de resolver el problema es “mediante la protección entre vecinos”, y descartó el programa Vecino Vigilante del municipio.
En relación con la falta de servicios públicos, dijo que “todos aceptaron vivir bajo estas condiciones por el momento”.
Hay otros compromisos pendientes por parte de las autoridades como la construcción de un centro de salud, una vialida

d que conecte al fraccionamiento con el bulevar Chilpancingo-Petaquillas.
Dijo que fueron incumplidas las promesas de la Sedatu que hizo a los colonos el pasado 23 de diciembre, pues las 104 viviendas continúan sin ningún servicio.
Aclaró que las familias no abandonarán el fraccionamiento, “ya que desde un principio todos los miembros de la coordinadora aceptamos vivir así”, dijo.

Protestan damnificados de la capital en la Sedatu porque no les han dado sus viviendas

Unos 30 vecinos del fraccionamiento Azteca y Amelitos 1 de Chilpancingo protestaron en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) para exigir la entrega de viviendas en el fraccionamiento Nuevo Mirador, donde fueron reubicados tras el paso del huracán Ingrid y la tormenta Manuel en 2013.
Los vecinos se manifestaron a las 3:30 de la tarde, llevaban cartulinas en donde se leía: “Sedatu queremos solución”, “Ya estamos cansados de tantas vueltas”, “Dejen de hacerse tontos con las respuestas”, para exigir la entrega de viviendas.
La dirigente de la organización Frente Ciudadano Guerrerense de Clases Marginadas, Fabiola Altamirano Gómez dijo que los vecinos están inconformes porque a seis familias damnificadas no las han reubicado en el fraccionamiento Nuevo Mirador, cerca de Petaquillas.
Explicó que en los fraccionamientos Aztecas y Amelitos 1 fueron habilitadas 12 nuevas viviendas, de las cuales sólo les entregaron seis.
El coordinador de la unidad técnica de la Sedatu, Said Mendoza Salgado dijo que las viviendas no podían entregarse porque los folios estaban divididos, entre la dependencia federal y el Ayuntamiento capitalino.
Aclaró que en el Nuevo Mirador ya fueron entregadas al menos 100 viviendas, “y sólo habitan 20, las demás son utilizadas como bodegas”.
Recalcó que ante la falta de respuesta, los damnificados se manifestaron frente a las oficinas, “tanto la Sedatu como el municipio se echan la bolita y desafortunadamente el nuevo gobierno no es la excepción”.
Asimismo, Altamirano Gómez dijo que las seis viviendas que recibieron no tienen servicios básicos como agua potable, luz eléctrica y drenaje, aunque se firmó un documento en donde los vecinos aceptaron que los servicios sean integrados de forma paulatina.
Después de 20 minutos de protesta, una comisión de la Sedatu atendió a los damnificados, quienes exigieron ser reubicados en el fraccionamiento Nuevo Mirador, ya que sus hogares están en malas condiciones, tras el paso de Ingrid en 2013.
La reunión duró una hora, al finalizar la dirigente dijo que se firmó una minuta de acuerdos, y el delegado de la Sedatu, José Armenta Tello se reunirá con los damnificados.
Agregó que de no tener resultados bloquearán el Ayuntamiento como medida de presión.