La presidenta municipal de Mártir de Cuilapan (Apango), Felícitas Muñiz Gómez, informó que acudió con un juez contralor del poder Judicial federal para informarle del desacato de las autoridades estatales a la resolución a su favor del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife), que acreditó la violencia política y de género en su contra.
Después de una reunión de la presidenta municipal y el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano (MC), Ricardo Mejía Berdeja, en el Congreso local, Muñiz Gómez dijo que las autoridades estatales siguen sin acatar la resolución federal que ordenó a las autoridades locales, entre ellos a los poderes Ejecutivo y Legislativo así como a la Fiscalía General del Estado (FGE), que la reinstalaran en su cargo.
El Ayuntamiento de su municipio está tomado desde hace casi un año por un grupo de ediles y pobladores que la acusan de desvíos de recursos y nepotismo.
A pesar de que desde el 19 de octubre, la Sala Superior del Tribunal resolvió restablecer Felícitas Muñiz “en su derecho político constitucional”, y ordenó al síndico, un regidor y dos regidoras que encabezan la toma del Ayuntamiento, que se abstengan de realizar actos de violencia política y de género que afecten el ejercicio del cargo de la presidenta, esto no ha sucedido.
Informó que ya se reunió con un “juez contralor federal” a quien le reportaron la falta de cumplimiento de las autoridades locales y se volverán a reunir próximo 23 de marzo en Acapulco, Recordó que “el caso ya está judicializado”.
La alcaldesa no supo precisar el cargo y nombre del “juez contralor federal”, pero dijo que posterior a la visita del 23 de marzo visitarán también la cabecera municipal.
Felicitas Muñiz recordó que esta es la segunda ocasión que es presidenta municipal, y en 2018 será la primera vez que los presidentes municipales se podrán reelegir y por “el machismo que existe en el municipio” quieren evitar que se reelija.
A la presidenta municipal se le preguntó por las observaciones que le hizo la Auditoría General del Estado (AGE) en su cuenta pública por  más de cuatro millones de pesos y comentó que en dos días (mañana) se vence el plazo para que ella pueda presentar sus justificaciones.
Explicó que muchas de las observaciones fueron por recursos que utilizó para resolver problemas o necesidades urgentes de las comunidades para las que no se etiquetó, “a veces tenemos que ver qué es más necesario”.