El gobernador Héctor Astudillo Flores se reunió este martes en Casa Guerrero con autoridades de las casas de justicia de San Luis Acatlán, Espino Blanco, El Paraíso y Huamuxtitlán, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias- Policía Comunitaria (CRAC-PC), ante quienes se comprometió a no derogar la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, así como revisar el caso de los tres presos de la CRAC-PC.
Mientras tanto, las autoridades comunitarias le pidieron que con miras a las reformas de la Ley 701 se modifique artículo 14 de la Constitución del estado, porque contradice al artículo 2 de la Constitución federal en el que se reconoce a los pueblos indígenas para impartir justicia por usos y costumbres. Explicaron que también contradice el convenio 169 que reconoce a los pueblos indígenas para regirse por usos y costumbres.
Las autoridades comunitarias acudieron a petición del gobernador, quien dijo que él no pudo ir a una invitación que le hicieron ellos a San Luis Acatlán y que por eso ayer los invitó a venir aquí para decirles que la Ley 701 no se va a derogar, “sino que estamos en un proceso de alimentación correcta para cuidar su marco jurídico y no invadir la esfera Constitucional y esté armonizada a las últimas reformas”, dijo.
La reunión comenzó después de las 12 del día a puerta cerrada, pero al final ofrecieron una conferencia de prensa conjunta en la que informaron de los acuerdos . Ahí el gobernador dijo que las otras agrupaciones que no están reconocidas por la Ley 701 “están fuera de la ley”, pero no dijo si el gobierno va a actuar en contra de ellas.
Astudillo, quien únicamente respondió a preguntas del tema. Informó que en la reunión se comprometió ante las autoridades comunitarias de las casas de justicia de San Luís Acatlán, Espino Blanco, El Paraíso y Huamuxtitlán que la Ley 701 no se va a derogar.
Informó que les aclaró porque “han habido voces que quieren generar una confusión de que el gobierno del estado va a derogar la 701”, y aseguró que lo que está haciendo el gobierno del estado es sumar opiniones y propuestas para que esa ley persista, y añadió que hay tiempo para darle seguimiento y mejorarla.
El gobernador explicó que la reunión de este martes fue para llegar a acuerdos en cuanto a cuáles serán las modificaciones, pero aseguró que éstas no serán para que se transgreda ningún derecho de la Constitución.
Declaró que la ley actual seguramente tendrá algunas modificaciones pero que éstas no serán para derogarla, “sino al contrario, se hará una modificación para que esté acorde principalmente con una organización que ha venido dando clara muestra de ubicarse dentro de los alcances de la Ley 701”.
El gobernador aclaró que las reformas que se realicen a esta ley serán solamente para la CRAC-PC, que es la que está dentro de los lineamientos de esa legislación, porque recordó que todo lo que dice la 701 se refiere a territorios indígenas, “y la CRAC-PC tiene territorio indígena”.
En cuanto a las otras agrupaciones de policías que trabajan en territorios no indígenas, dijo que “esas no pueden ser consideradas dentro de la 701, porque ésta es para territorio indígena en base al artículo segundo de la Constitución, que habla de una serie de derechos de los pueblos indígenas”.
­–­¿Qué va a pasar con esas otras agrupaciones que no están reconocidas por esta ley? -, consultó un reportero.
­–Lo que actualmente pasa, están fuera de la ley, más si traen armamento que no es correspondiente para estos casos.
Añadió que esta ley con el paso del tiempo tiene que quedar mejor colocada y transitar por algún tiempo, porque fue una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Explicó que si las reformas no están listas para abril, cuando vence la prórroga para la armonización, la actual continuará vigente, “pero estamos en la ruta de encontrarle una armonización de acuerdo al mandato de la Comisión Nacional”.

La CRAC-PC, dentro de la ley

Astudillo Flores, reconoció que los representantes de la CRAC-PC con los que se reunió, se han mantenido dentro de la ley “correctamente”, y que por eso “queremos ver cómo podemos escucharlos e incorporar sus ideas y resolver el problema de la violencia”.
Informó que en la reunión le entregaron documentos y que los tomará en cuenta en la reforma a dicha ley “todo lo que está dentro de la ley por supuesto que merece el reconocimiento del gobierno del estado”, insistió. “Ellos se han mantenido en un equilibrio respecto a lo que dice la ley 701y la propia Constitución, y a nosotros nos interesa el respeto a los derechos humanos, porque dentro de la función que ellos tienen es fundamental”, dijo
A nombre de la comisión de unas 15 autoridades, Sabás Aburto Espinobarros, consejero y vocero de la casa matriz de San Luis Acatlán, informó que en la reunión le pidieron al gobernador que modifique el artículo 14 de la Constitución del estado, que dice que los policías comunitarios sólo pueden atender casos que no están previstos en el Código Penal del Estado, “con eso nos dejan sin nada, nos dejan en la ilegalidad porque nosotros estamos atendiendo todos los delitos”, declaró el consejero.
Informó que ese artículo contraviene La ley 701 porque en ella se les reconoce para impartir justicia por usos y costumbres y, además, contradice el artículo 2 de la Constitución federal, en donde se reconoce a los pueblos indígenas para impartir justicia por usos y costumbres. Añadió que contradice, asimismo, el convenio 169 de la OIT que reconoce a los pueblos indígenas para regirse por usos y costumbres
Aburto Espinobarros dijo que también le manifestaron al gobernador que no quieren que quede fuera de la Ley 701 el artículo 37 y 38 de ese mismo ordenamiento, en los que el gobierno del estado los reconoce como autoridad para impartir justicia y dar seguridad.
El consejero confirmó que el gobernador hizo el compromiso político de que la Ley 701 no se va a derogar, que va a permanecer, y que simplemente se le harán algunas mejoras, “no para atrás, sino para adelante”.
En cuanto a la petición que están planteando otros grupos de policías comunitarios, ciudadanos y autodefensas, entre ellos los de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y del Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), para quedar considerados dentro de esa ley, explicó que “ya no hay tiempo” para analizar a profundidad su reconocimiento en la 701 y que para ello se debe realizar una consulta real, “no se puede legislar al vapor”. Añadió que tiene que haber tiempo para que se discuta bien ese tema.
También le plantearon el caso de los presos políticos de la CRAC-PC, Gonzalo Molina González de Tixtla, Arturo Campos Herrera de Ayutla y Samuel Ramírez Gálvez de Zitlaltepec.
Aburto Espinobarros informó que al respecto le dijeron que “no es justo” que estén en la cárcel porque actuaron como autoridad y dentro de la CRAC-PC.
Informó que el gobernador Astudillo les dijo que va a revisar bien los casos “para que no cometa un error”.
El consejero de la CRAC-PC informó que después del 15 de marzo se van a volver a reunir para revisar el avance de los acuerdos.