Concluyó desde noviembre el periodo de Olimpia Godínez en el TJA, revelan

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

En un escrito enviado a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, “trabajadores” del Tribunal de Justicia Administrativa le notificaron que el periodo como magistrada de Olimpia María Azucena Godínez Viveros, feneció el 3 de noviembre pasado y le pidieron ejercer la facultad que le otorga la Constitución Política del Estado para enviar la propuesta al Congreso local de quien debe suplirla.
Le advirtieron que, en caso contrario, si continúa con esa responsabilidad “de manera inconstitucional e ilegal”, sus actuaciones resultarán inválidas, “al no tener sustento jurídico alguno”.
Denunciaron que los magistrados del Pleno de la Sala Superior de ese Tribunal, “fueron totalmente omisos al no hacerle de su conocimiento sobre dicha anomalía jurídica” para evitar el “retiro forzoso” de la magistrada.
Explicaron que el nombramiento de Godínez Viveros como magistrada de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa fue expedido por el Congreso del estado y publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 3 de noviembre de 2015 por seis años, por lo que feneció el 3 de noviembre pasado, aunque en realidad en esta fecha se cumplieron siete años.
“No obstante, los integrantes del pleno de la Sala Superior en contravención a las disposiciones del artículo 13 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa fueron totalmente omisos en hacerle de su conocimiento sobre dicha anomalía jurídica”.
Según los trabajadores, los magistrados actuaron así porque la ley señala que en estos casos procede el “retiro forzoso” de los magistrados, debido a que el titular del Poder Ejecutivo del Estado debe proceder con la propuesta para cubrir la vacante en los términos previstos por la Constitución Política del Estado.
Explicaron que quien debió informar oportunamente del término del periodo de la magistrada era la entonces presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa, Martha Elena Arce García.
Insistieron que su nombramiento dejó de tener vigencia “y no existe disposición legal que le permita justificar que continúe en el cargo”.
Quienes impugnan a la magistrada, detallaron que de acuerdo a la Ley orgánica de ese Tribunal, los magistrados durarán en su encargo siete años a partir de que rindan protesta de ley, y podrán ser ratificados para un segundo periodo de ocho años improrrogables.
Y aclararon que Godínez ejerció un segundo periodo como magistrada mediante el decreto del 20 de octubre del 2015, “con la salvedad que el Congreso del estado, estableció en el artículo primero que: se aprueba el nombramiento de la maestra en ciencias Olimpia María Azucena Godínez Viveros, como magistrada de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (ahora Tribunal de Justicia Administrativa) por el término de seis años.”
Por ello, argumentaron que si el Poder Legislativo estableció ese lapso “es incuestionable que, a la fecha, el nombramiento de referencia ha dejado de tener vigencia y como consecuencia lógica, al existir impedimento constitucional para ser ratificada para un tercer periodo, las actuaciones de la mencionada profesionista pueden ser tildadas por alguna de las partes contendientes en un juicio contencioso administrativo de ilegales”.

La magistrada Martha Elena Arce, en la misma situación

Los que impugnan informaron a la gobernadora que de igual manera el nombramiento de la magistrada Martha Elena Arce García termina el 17 de febrero de 2023, “toda vez que fue designada por un periodo de seis años, y en segundo lugar, que ese periodo es improrrogable”.
Añadieron que al igual que Godínez Viveros, Arce García a la fecha ha desempeñado por dos periodos el cargo de magistrada, “es decir, ha fungido como magistrada de Sala Regional y como Magistrada de Sala Superior, de ahí que una eventual ratificación de su actual nombramiento o permitírsele que continúe en el cargo con un nombramiento que ya no tiene vigencia, resultaría inconstitucional e ilegal, y como consecuencia su actuación sería inválida”.
En atención a ello, solicitaron a la gobernadora que ejerza sus facultades y proceda a cubrir las vacantes.

 

Hay aspiraciones pero no decisiones sobre candidatos rumbo a 2024: Manuel Añorve

El vocal secretario del INE Guerrero Gregorio Aranda Acuña en la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) ayer en Chilpancingo Foto: Jessica Torres Barrera

Juan Luis Altamirano Uruñuela

El senador de Guerrero, Manuel Añorve Baños, declaró que rumbo a las elecciones de 2024 no hay una decisión sobre quienes podrían ocupar los puestos de candidaturas, a pesar de que ya se hayan expresado aspiraciones de militantes del PRI.
“Las aspiraciones son legítimas de todos. Algunos ya han manifestado aspiraciones, otros seguramente las van a manifestar en los próximos meses, eso es legítimo. Eso no nos debe de asustar a nadie. Decisiones no hay, hay aspiraciones en este momento”, declaró el también ex alcalde de Acapulco.
Al concluir su participación en la marcha a favor del Instituto Nacional Electoral (INE), Añorve Baños comentó vía telefónica que hasta finales de este año se planteará sus futuras acciones para los comicios de 2024.
“Yo tomaré decisiones en mi vida, en términos electorales, hasta finales del segundo semestre de este año. Yo estoy concentrado en mi trabajo legislativo, estoy concentrado en mi gestoría social en el estado, estoy concentrado en mis recorridos regionales”, dijo el senador.
Agregó que se debe esperar a las negociaciones entre Va Por Méxi-co –PAN, PRI y PRD– para conocer quien estará en la fórmula; además no ignorar los criterios de paridad de género y de participación indígena y afromexicana.
“En términos de las negociaciones nacionales de los partidos que conformamos Va Por México, y que además tendrán que ponerse sobre la mesa todas las probabilidades en el país, no solamente en Guerrero, pues no sabemos si le corresponde la senaduría o las presidencias municipales, actualmente, como están o las diputaciones federales si corresponde al género”, manifestó Añorve.
Quien fuera alcalde de Acapulco de 2009 a 2012, reconoció que aún es temprano para tomar decisiones sobre los personajes que puedan aparecer dentro de los comicios en distintos cargos, reiterando que será hasta finales de este año cuando podría tener una determinación.
“Como dice el dicho, ‘no por mucho madrugar amanece más temprano’. Yo tomaré mis decisiones en el segundo semestre o los últimos meses del segundo semestre de 2023”, externó.
Reconoció que existen municipios dentro del estado donde la fuerza política que representa deberá trabajar durante 2023, para tener posibilidades de obtener la victoria en las elecciones de 2024. Puntualizó que no servirá que cuentan con candidaturas fuertes, si esto generaría un problema mayor.
“¿De qué sirve tener candidaturas fuertes, si puede existir una ruptura interna del PRI? Eso sería fatal. No podemos negar la fuerza política que tiene Morena y sus aliados en Guerrero”, aseveró Manuel Añorve.
Comentó que en la interna del PRI busca unidad, reiterando que no se debe generar un conflicto en torno a las candidaturas que se presenten en Guerrero.
“Si hay conflicto, si hay rupturas internas, pues de nada va a servir que tengamos candidaturas fuertes en Guerrero. Si no hay equilibrios con todas las fuerzas políticas, se puede generar un terrible acontecimiento electoral que a nadie conviene”, puntualizó.
Este 24 de febrero se publicó que el ex gobernador Héctor Astudillo Flores mostró su apoyo a Mario Moreno Arcos en la búsqueda de la senaduría.

Pide esperar el fallo sobre
ampliación del mandato de Alito

En la manifestación a favor del INE, Manuel Añorve marchó junto a Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI.
Se le cuestionó si habían comentado de manera directa sobre el fallo en contra de Moreno, por parte de la Comisión de Prerrogativas del INE, respecto a la ampliación del mandato como dirigente tricolor, a lo que el guerrerense dijo que se concentraron únicamente en la marcha.
A pesar de esto, Añorve Baños puntualizó que la ampliación del mandato de Alejandro Moreno se encuentra en el artículo 83 de los estatutos del PRI y que se buscaba un cambio de días naturales por días hábiles.
“La prórroga ya existe, la prórroga ya está plasmada en los estatutos del PRI, desde la reforma de 2020, que fue autorizada por el INE y fue autorizada por el Tribunal Federal Electoral”, dijo Añorve.
Agregó que a pesar del fallo que llegue a dar el Consejo General del INE este lunes, la ampliación es inamovible, por lo publicado en los estatutos de 2020, señalando que deberá turnarse al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
“Cualquiera que sea el fallo, a mí me queda muy claro que se irá al Tribunal Federal Electoral, no hay nada concluido todavía. Si el fallo fuera a favor, si el fallo fuera en contra, se va a ir al Tribunal Federal Electoral”, externó el senador.
El guerrerense declaró que desde su óptica, se ha generado un debate mediático respecto a la situación de la ampliación del mandato de Alejandro Moreno, reiterando que si se puede realizar debido a los estatutos del partido.
“Yo lo que he visto es que hay un debate mediático en el tema de la prórroga. Pareciera que el dirigente nacional, que tampoco se está prorrogando, pero que la dirigencia nacional, cualquiera que sea, con el fallo del INE pudiera ya no prorrogarse, eso es mentira. Ya está en los estatutos con o sin el fallo se puede prorrogar”, dijo.
Sobre la manifestación a favor del INE, Añorve Baños afirmó que la marcha fue debido a que se busca que el país tenga equilibrios democráticos, además de adelantar que desde el Senado de la República se buscará demostrar como inconstitucional el dictamen electoral.
“Hubo esta manifestación pacífica, concreta en el país, para que se respete al INE. Que el Plan B no prospere y que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien lo detenga con la acción de inconstitucionalidad, que va a presentar el Grupo Parlamentario del PRI, PAN, PRD, el bloque opositor del Senado de la República”, puntualizó.

 

Rechaza grupo de Ayutla fallo del Trife a favor de representantes de la UPOEG

Habitantes del municipio de Ayutla de los Libres, afines a la alcaldesa Hortencia Aldaco Quintana, recriminaron al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) el reconocimiento al representante de la asamblea comunitaria, realizada por los impulsores de las elecciones por usos y costumbre que simpatizan con la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), en la colonia Piedra de Zopilote.
En una reunión en el IEPC, los habitantes de Piedra de Zopilote, encabezados por el opositor a los promoventes de la elección por usos y costumbres, Rutilio Espíndola Castro, dijo que el reconocimiento a los delegados Tarsicio Hernández Castro y Magdiel Tacuba Pineda, elegidos el 24 de febrero, traería problemas porque la población no los acepta.
El viernes pasado, la Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) ordenó al IEPC reconocer a los representantes elegidos a mano alzada en la colonia Piedra de Zopilote, desechando la impugnación promovida por los seguidores de la alcaldesa Hortensia Aldaco Quintana, PVEM y PRI.
La resolución señala que la asamblea “cumplió con los requisitos de validez”, al anunciar al IEPC la lista de las personas que podrían emitir su voto y congregó al 71.34 por ciento, al acudir 117 de un total de 164 personas de la lista, que se entregó al instituto el 15 de diciembre de 2017.
En el encuentro, la consejera presidenta de la comisión de sistemas normativos por usos y costumbres, Cinthya Citlali Díaz Fuentes, les explicó a unos 40 vecinos que el IEPC sólo estaba cumpliendo con una orden de la Sala Regional, que no podían desatender.
Además, les recordó que fueron ellos, los quejosos, quienes promovieron un juicio de amparo ante el Tribunal Electoral del Estado (TEE) por una supuesta omisión del IEPC, al no emitir fecha y hora de la convocatoria de la asamblea de esa colonia, misma que no se pudo realizar el 9 de junio, luego de que el 7 el TEE ordenó que se realizara ante un bloqueo en los accesos de la cabecera, realizado por los seguidores de la UPOEG.
El presidente del IEPC, Nazarín Vargas Armenta, dijo que los habitantes podían impugnar la resolución de la Sala Regional, pero que el IEPC ya no podía, que sólo acataron una orden y por eso validaron el nombramiento del representante electo de la Piedra de Zopilote.
En declaraciones, Rutilio Espíndola dijo que el fallo podría trae incluso que la gente no permita la realización de la asamblea municipal del 15 de julio, porque además hay otra resolución pendiente, que es la de la colonia La Villa.
Abundó que la UPOEG y su grupo de policías los han amedrentado, golpeado y por ello piden la presencia del Ejército y la Policía Federal el día de la asamblea. De las 140 comunidades de Ayutla, sólo la colonia La Villa falta por nombrar un representante o, si así lo decide la Sala Regional, reconocerá al representante electo por los simpatizantes de la UPOEG. (Jacob Morales Antonio / Chilpancingo).

 

Cumple cinco días cerrada la SEG en la Montaña; piden manejar carrera administrativa

La delegación de los Servicios Educativos de la Montaña baja, de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) en Chilapa, cumplió cinco días cerrada por trabajadores del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que reclaman el manejo del programa de carrera administrativa.
El pasado miércoles 21, decenas de trabajadores de la misma delegación colocaron candados y pancartas con sus demandas. La oficina se encuentra sobre el boulevard Eucaria Apreza, ya en la salida hacia los municipios de la Montaña.
Representantes sindicales de la delegación D-III 25, que encabezaron la protesta y que pidieron omitir nombres por temor a ser despedidos, informaron que su principal reclamó es que el director regional de Administración y Finanzas, Víctor Manuel Martínez, colocó en diciembre y a discreción, al frente del programa de carrera administrativa a la maestra Patricia Romero Díaz, ya que ambos simpatizan con la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG).
Justificaron que esa trabajadora tiene otra carga de trabajo, que consiste en ratificar nombramientos y realizar adscripciones, así como validarlas.
Acusaron que el funcionario junto con el delegado regional de la SEG, Jerónimo Maurilio Morales, también propuesto por la CETEG, hacen a un lado de las decisiones y movimientos en ese centro de trabajo a las dos delegaciones del SNTE ahí aglutinadas.
Los manifestantes indicaron que los 20 trabajadores que apoyan a Víctor Manuel Martínez y a Jerónimo Maurilio fueron colocados en esas oficinas con una comisión, dejando desprotegidas a sus escuelas.