Presenta hoy el PRD denuncia en el IEPC contra el líder de Morena por difamación

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El presidente de la Dirección Ejecutiva Estatal (DEE) del PRD, Alberto Catalán Bastida, informó que este lunes se presentará ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), una denuncia en contra del dirigente morenista Jacinto González Varona, por una presunta campaña de desprestigio y difamación por el señalamiento de que perredistas, priistas y panistas gobiernan municipios controlados por la delincuencia organizada.
En este procedimiento acusarán que Morena, previo al inicio del proceso electoral, busca denostar al PRD ante la sociedad, “con la finalidad de mermar nuestra participación electoral y la aceptación con la ciudadanía”.
En declaraciones telefónicas, Catalán aseguró que con esta campaña de difamación se busca “limpiar la imagen de Morena, ante la incapacidad de frenar la inseguridad que viven sus municipios en el estado”.

Darán pruebas del acto anticipado de campaña de Ebrard

Sobre la marcha que se realizó ayer en Acapulco, encabezada por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, en la que sus simpatizantes le manifestaron su respaldo como aspirante a la candidatura por la presidencia de la República, Catalán insistió en que se trata de una campaña anticipada, en la que se utilizan recursos públicos.
Señaló que los aspirantes, incluido Ebrard, utilizan los cargos en el gobierno federal “para tener acercamiento con la ciudadanía, utilizando también el recurso público que ejercen, y vimos también el acompañamiento de las autoridades locales, como la presidente municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez”.
De estos actos, dijo que ya “recabamos la evidencia necesaria y vamos a analizar y presentar alguna denuncia respecto a este tema, porque es un acto anticipado de campaña”.
El dirigente perredista señaló que la reforma electoral, denominada Plan B, lo que plantea es permitir estos actos “que no haya responsabilidades respecto a estas campañas anticipadas y darles todas las herramientas, a estos personajes, denominados ‘Las Corcholatas’ que mueve el presidente de la República en una campaña anticipada”.
Recordó que los aspirantes de Morena a la presidencia de la República manejan un discurso de transparencia y apego a la ley, “pero no es cierto, vemos como hacen eventos de promoción respecto a su imagen e incluso descuidan el trabajo que deben estar realizando”.

 

Señalan compañeros de Remigio de la Cruz a grupo caciquil ligado al PRI de su asesinato

Vecinos y familiares en el sepelio del integrante de la Coordinadora de la Nación Amuzga, Remigio de la Cruz López, en Zacualpan, Ometepec, el lunes pasado Foto: El Sur

Redacción

Chilpancingo

Un grupo caciquil ligado al PRI con vínculos con la delincuencia organizada mandó a asesinar al integrante de la Coordinadora Nacional de la Nación Amuzga, Remigio de la Cruz López, denunciaron compañeros y paisanos del líder indígena de 48 años, asesinado a balazos la noche del domingo en Zacualpan, municipio de Ometepec.
De acuerdo con versiones de sus allegados, el crimen fue porque Remigio no consultó al dirigente del grupo caciquil Heriberto García Encarnación, El Beto Zacualpan, para la elaboración del Plan de Justicia y Desarrollo de la Nación Amuzga que promueve la Coordinadora Nacional de la Nación Amuzga con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígena (INPI) y que fue entregado en octubre al presidente Andrés Manuel López Obra-dor en una gira por Guerrero.
Además, de la Cruz López había aceptado participar en la próxima contienda por la comisaría municipal, lo que disgustó al grupo opositor, revelaron las fuentes.
En declaraciones por teléfono, a condición de no difundir sus identidades para no ponerse en riesgo, las fuentes informaron que la primera amenaza que recibieron Remigio de la Cruz y otros integrantes de la Coordinadora Nacional de la Nación Amuzga fue al final del Primer Congreso de la Nación Amuzga el 30 de julio del año pasado en Zacualpan, cuando se dio a conocer el Plan de Justicia y Desarrollo de los pueblos Amuzgos y al que asistió como enlace del INPI Marcos Matías Alonso, quien tomó protesta a los miembros del Comité.
Ese día minutos después de la toma de protesta a los integrantes del Comité que quedó representado por el comisario municipal, el comisariado ejidal y Remigio de la Cruz, llegó El Beto Zacualpan y advirtió que él no estaba de acuerdo con dicho Plan, y reprochó que no lo tomaron en cuenta ni le avisaron del Congreso.
Uno de los integrantes de la Coordinadora Nacional de la Nación Amuzga que fue consultado al respecto, confirmó el incidente y aseguró que inmediatamente después, el comisario municipal y el comisariado ejidal de Zacualpan le dijeron a Remigio que se deslindaban del Comité y que a partir de ese momento renunciaban, “porque aquel no está de acuerdo”, le argumentaron, en referencia a García Encarnación.
Dijo que después de esa reunión las dos autoridades ya no volvieron a participar en ninguna más, “por temor al Beto Zacualpan”.
La fuente dijo que en el Comité del Plan de Justicia y Desarrollo de la Nación Amuzga deben participar las autoridades municipales y agrarias de los pueblos, para que se reconozca su institucionalidad y el gobierno federal autorice las obras.
Añadió que como el comisario y comisariado de Zacualpan ya no asistieron a ninguna reunión, Remigio y los otros integrantes, Nicolás Nicasio Añorve y Alberto López se desmoralizaron y también renunciaron hace un mes, en una reunión con comisarios municipales de otros pueblos anexos de Zacualpan.
Otra fuente informó que el 27 de diciembre, hubo un convivio convocado por el sacerdote de la capilla del pueblo, en agradecimiento a la construcción de las dos torres por gestiones del Comité Parroquial del que Remigio fue presidente.
Ahí ante los allegados a la capilla y habitantes de pueblos vecinos, Remigio externó que tenía una amenaza de muerte en su contra, “y denunció lo que estaba pasando y el sacerdote pidió a los presentes que oraran por él”.
Días antes, representantes de la iglesia y los Principales del pueblo habían ido a pedirle a Remigio que participara en la elección para comisario municipal, pero él no aceptó por recomendación de algunos integrantes de la Coordinadora Nacional de la Nación Amuzga, quienes conocían la amenaza en su contra.
Sin embargo, durante el sepelio el lunes pasado, se enteraron que finalmente Remigio había aceptado participar en la contienda, “y estoy seguro que por eso se consumó la amenaza que inició con el Plan de Justicia”, declaró la fuente.
Dijo que suponen que aceptó participar en la elección para ganar la comisaría y seguir con el Plan de Justicia y Desarrollo, puesto que el comisario actual ya había renunciado al proyecto debido a las amenazas, y el requisito es que tiene que ser avalado por la autoridad municipal de los pueblos.
Explicó que el Plan de Desarrollo que está en proceso implica obras para el desarrollo de las comunidades, y que Remigio venía presionando para que un hospital que forma parte del proyecto promovido por los cinco municipios amusgos, tres de Guerrero, Ometepec, Xochistlahuaca y Tlacoachistlahuaca, y dos de Oaxaca se construyera en Zacualpan.
“A pesar de que en la Coordinadora le decíamos que la construcción del hospital se aprobaría a través de un diagnóstico entre los cinco municipios, él insistía en que se construyera en Zacualpan porque de todos los municipios amuzgos el más discriminado es Zacualpan”, dijo la fuente.
Reconoció que, en efecto, varios pobladores de localidades de la variante de Zacualpan acuden a atenderse al hospital de Ometepec, a diferencia de Xochistlahuaca y Tlacoachistlahuaca que cuentan con sus respectivas clínicas, “y como (en Zacualpan) no hablan español sufren maltratos y discriminaciones”, reconoció la fuente quien dijo que por eso Remigio pugnaba porque su pueblo siguiera en el Plan de Desarrollo para que el hospital se construyera ahí.
“Esa era su bandera y por eso entró a la Coordinadora y aceptó participar en la elección por la comisaría, sabía que la iba a ganar y a través de ella podía luchar por las obras para su pueblo”.
Explicó que él sabía que, en cambio si no participan los comisarios no se les van a dar las obras, “por eso al último aceptó participar en la elección por la comisaría y ya ves lo que pasó”.
“El proyecto no es malo, por el contrario, es para el desarrollo y el progreso de los pueblos, implica obras, pero la inconformidad de El Beto Zacualpan fue que no lo convocaron, no lo tomaron en cuenta, y él es muy apegado al PRI”.

Anunciaron su asesinato

Un vecino de Zacualpan contó que en este pueblo se ha hecho costumbre que “cuando va a pasar algo hay como un aviso”, y dijo que la noche del domingo así pasó.
Informó que aproximadamente a las nueve y media de la noche se escucharon disparos en ráfagas en una cantina propiedad de Heriberto García Encarnación, “la cantina está en la casa más vistosa del pueblo que recientemente construyó El Beto Zacualpan, donde también tiene la tienda más grande”, informó la fuente.
Dijo que después, a las 10:30 se escucharon otros disparos en la casa de Remigio y más descargas cerca de la cantina.
“En Zacualpan la gente ya sabe que primero se escuchan descargas como de aviso o advertencia de que algo va a pasar, si se vuelven a repetir los disparos es que mataron a alguien, y la noche del domingo los segundos disparos se oyeron en la casa de Remigio e inmediatamente supimos que fue él al que mataron”.
Detalló que el cuerpo tenía seis disparos de pistola calibre 380, dos en el cuello y cuatro en el tórax.
Según la fuente los casquillos fueron encontrados a unos dos metros del cuerpo, lo que indica que el pistolero le disparó a quemarropa.
Añadió que el cadáver fue hallado “a dos pasos” de entrar a su casa, todavía en el patio donde había estacionado su vehículo.
Explicó que hubo quienes identificaron al agresor, “fue un hombre moreno que suele acompañar a El Beto Zacualpan, el mismo que por la tarde vieron rondando la casa de Remigio”.

Un cacique priista agiotista

Las fuentes describieron a Heriberto García Encarnación como un “cacique priista y agiotista”, que ofrece dinero en préstamo y después se niega a que le paguen, para que al final se quede con terrenos y casas de sus deudores, “aquí han habido muchos despojos en contubernio con las autoridades municipales que le autorizan las actas de posesión”, denunció.
Contaron que es originario de ese pueblo amuzgo pero se fue a radicar mucho tiempo a Las Salinas, municipio de Copala, de donde regresó hace seis años debido a hechos delictivos en los que se vio involucrado.
“Desde que él llegó hace seis años en Zacualpan se hace lo que él dice en absoluto. En el proceso electoral pasado no dejó que entrara nadie más que el candidato (a alcalde) del PRI”.
Una fuente lo definió como un cacique que “no tiene autoridad oficial, pero es la autoridad de facto y hace cuatro años fue comandante de la policía del pueblo sólo porque él así lo decidió”.
Se le atribuyen en el tiempo que lleva en el pueblo al menos 10 asesinatos, y por temor el día del sepelio familiares y amigos de Remigio rechazaron la propuesta de integrantes de la Coordinadora Nacional de la Nación Amuzga, de publicar un pronunciamiento de condena, exigir el esclarecimiento del asesinato y castigo a los responsables, informó un integrante de la agrupación.
“Es una pena que todo esto no lo digamos en un comunicado, desgraciadamente la familia no quiso, dejó tres hijos, todos menores de edad, el menor tiene 10 años y en Zacualpan tienen la costumbre de matar a todos (los familiares de las víctimas)”.
También contó que Heriberto tiene a su servicio a la policía de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), a donde se fue a refugiar a raíz de su repliegue del corredor de Acapulco a Marquelia.
“Ahora están en la zona amuzga al servicio del Beto Zacualpan”. Aseguró que integrantes de esta policía instalaron un retén a la salida de ese pueblo rumbo a Xochistlahuaca, en tanto que gente armada de Heriberto García vigila a discreción la salida de Ometepec.
“Si alguien no está de acuerdo con lo que él hace van y lo detienen, cuenta con el respaldo de la autoridad municipal, y cuando las víctimas reclaman y exigen una explicación, la frase común es: ya dijo Beto, y aunque no hayan cometido algún delito quedan detenidos”.
La fuente informó que el día del sepelio hubo gente armada del grupo criminal en el panteón, pero que al final se retiró porque las más de 500 personas que acompañaron el cuerpo fueron resguardadas por la Policía Rural de Arroyo de Barranca Honda, también de Ometepec, así como por la Policía Estatal que inicialmente se había negado a darles acompañamiento, hasta que se enteraron de la presencia de policías del otro pueblo y pensaron que podría darse un enfrentamiento.
Un dirigente informó que derivado del crimen, otros integrantes de la Coordinadora Nacional de la Nación Amuzga decidieron abandonar la organización.
“Yo estoy en riesgo, en cada lugar que se presenta dice que lo apoyan y se sabe que va a participar en las próximas elecciones, no se sabe de qué, pero obviamente que la presencia de Remigio estorbaba a los intereses de su grupo por el apoyo que él (Remigio) sí tenía de la gente”.
“En su sepelio hubo más de 500 personas, en estos lugares nunca había visto tanta gente en un funeral, eso es algo que yo no había visto, la gente fue a acompañarlo a pesar del temor”.

La responsabilidad del INPI

Integrantes de la Coordinadora Nacional de la Nación Amuzga atribuyeron parte de responsabilidad del asesinato al INPI porque no intervino para conciliar y dirimir las diferencias mediante el diálogo.
“Parte de la culpa la tiene el INPI porque el 30 de julio en el Congreso de la Nación Amuzga, el director (Adelfo Regino Montes) se comprometió a que en diciembre se culminaría con las firmas por parte del gobierno federal través del INPI y el pueblo amuzgo, pero fue atrasando todo”.
La fuente dijo que tampoco hubo labor de conciliación entre los grupos confrontados tanto en Ometepec como en Xochistlahuaca, donde por un lado está la alcaldesa Aceadeth Rocha Ramírez y por otro el ex alcalde e integrante de la Coordinadora, Daniel Sánchez Néstor.

 

Detienen a Leonardo Vázquez Pérez, secretario de Seguridad de Aguirre, implicado en el caso de los 43

El 19 de febrero de 2014, el gobernador Ángel Aguirre Rivero y el secretario de Seguridad Pública, Leonardo Vázquez Pérez, en el Infocap en Chilpancingo, donde entregaron patrullas y presentaron a las Fuerzas Estatales Foto: Lenin Ocampo Torres

Agencia Reforma / Redacción

Ciudad de México / Chilpancingo

El ex secretario de Seguridad Pública de Guerrero, Leonardo Octavio Vázquez Pérez, acusado de omisión en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2014, fue detenido este viernes en Nayarit por el delito de delincuencia organizada.
Un integrante de nivel superior del gobierno confirmó la detención de Vázquez Pérez, que durante la investigación por la tragedia de Ayotzinapa declaró haber sido notificado de las agresiones con armas de fuego contra los estudiantes, pero que por no contar con personal mandó a resguardar las instalaciones del cuartel policial y de la cárcel de Iguala pero no a dar apoyo a los normalistas.
En enero de 2021, un testigo clave en las indagaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, declaró ante la Fiscalía General de la República (FGR) que cuando era titular de Seguridad Pública de Guerrero, Vázquez Pérez recibía 50 mil dólares mensuales del cártel Guerreros Unidos, responsable de la desaparición de los estudiantes.
En octubre de 2014, el líder de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias Salgado, aseguró que le habían dado 300 mil dólares al entonces procurador de Guerrero Iñaki Blanco y al secretario de Seguridad Pública, Leonardo Vázquez Pérez.
El 23 de septiembre pasado, el juez segundo de distrito en Procesos Penales Federales del Estado de México, Enrique Beltrán Santés, instruyó las capturas de Iñaky Blanco Cabrera y Leonardo Octavio Vázquez Pérez, por el delito de delincuencia organizada.
En su declaración ministerial del 21 de octubre de 2014, Vázquez Pérez señaló que a través del subsecretario Juan José Gatica Martínez tuvo conocimiento de que en el municipio de Iguala se habían producido disparos de arma de fuego y que la única indicación que dio fue proteger y custodiar a los lesionados que se encontraban en el Hospital General de Iguala.
“Ordené al subsecretario que girara las instrucciones de proteger y custodiar a los lesionados que se encontraban en el hospital, fue la única instrucción que di al subsecretario, ya que en la región Norte ya no contábamos con elementos suficientes para cualquier acción operativa”, aseguró.
Sin embargo, no hubo otros reportes de falta de elementos y tampoco fue confirmado por el entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero.
La detención de Vázquez Pérez es parte de los 84 mandamientos de captura que libró el juez Beltrán Santés el pasado 19 de agosto por el caso Iguala en la causa penal 15/2022.
Además del ex procurador general de Justicia Iñaky Blanco Cabrera y el ex secretario de Seguridad Pública estatal durante el gobierno perredista de Ángel Aguirre Rivero, Leonardo Vázquez Pérez, se ordenó la captura de Lambertina Galeana Marín, ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero (TSJG), por delitos contra la administración de la justicia y desaparición forzada, de acuerdo con información del Poder Judicial de la Federación.
Por los mismos ilícitos, se libraron las aprehensiones contra Luis Europa Solís Jiménez y Javier Uribe Iturbe, ingeniero en sistemas de cómputo y programador analista del TSJG, respectivamente, así como contra César Nava González y Francisco Salgado Valladares, ex jefe de la Policía de Cocula y ex subdirector de la Policía de Iguala, el primero por desaparición forzada y delincuencia organizada, y el segundo sólo por este último delito.
La acusación contra el ex procurador y el ex secretario de Seguridad Pública estatal tiene como punto de partida las declaraciones del testigo protegido Juan, nombre clave de Gildardo López Astudillo, El Gil, operador del grupo de la delincuencia organizada Guerreros Unidos.
El testigo afirmó que Guerreros Unidos enviaba mensualmente 50 mil dólares Vázquez Pérez que le hacían llegar por medio de Felipe Flores Velázquez, jefe de la Policía municipal de Iguala, quien a su vez lo recibía de Raúl Núñez Salgado, La Canperra, uno de los miembros del grupo de narcotraficantes.
Juan dijo a la Fiscalía que también entregaba 80 mil pesos cada mes a los mandos de la Policía Estatal de Guerrero; a los subordinados de José Adame, coordinador de esa corporación, y que patrullaban Iguala, 15 mil, y a los demás agentes 10 mil pesos.
Sin embargo, tres días después, el 26 de septiembre se dio a conocer que la Fiscalía, a cargo de Alejandro Gertz Manero, se desistió ante un juez federal de 16 órdenes de aprehensión que ya habían sido giradas contra militares a quienes antes acusó de estar presuntamente implicados en el caso Iguala.
Después se informó que la FGR también se desistió de las órdenes de aprehensión contra cinco funcionarios del gobierno de Guerrero, incluido el ex procurador Iñaki Blanco, y la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lambertina Galeana Marín. En la información que se publicó de este segundo desistimiento no aparece el nombre de Leonardo Vázquez Pérez.
En el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa que presentó el 18 de agosto el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, se expone que la verdad histórica fue un resultado de una acción concertada del aparato del poder” en la que participaron en su implementación funcionarios federales y locales, entre ellos incluyó al secretario de Seguridad Pública del gobernador perredista, Ángel Aguirre Rivero, Leonardo Vázquez Pérez.

 

Detienen al secretario de Seguridad de Aguirre por el caso de los 43 de Ayotzinapa

Detienen a Leonardo Vázquez Pérez, secretario de Seguridad de Aguirre, implicado en el caso de los 43

Según informes, el ex funcionario fue arrestado el viernes en Nayarit, por el delito de delincuencia organizada. Está acusado de omisión en la desaparición de los normalistas, porque supo que los estaban atacando en Iguala el 26 de septiembre de 2014 y no hizo algo para protegerlos

 

El 19 de febrero de 2014, el gobernador Ángel Aguirre Rivero y el secretario de Seguridad Pública, Leonardo Vázquez Pérez, en el Infocap en Chilpancingo, donde entregaron patrullas y presentaron a las Fuerzas Estatales Foto: Lenin Ocampo Torres

Agencia Reforma / Redacción

Ciudad de México / Chilpancingo

El ex secretario de Seguridad Pública de Guerrero, Leonardo Octavio Vázquez Pérez, acusado de omisión en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2014, fue detenido este viernes en Nayarit por el delito de delincuencia organizada.
Un integrante de nivel superior del gobierno confirmó la detención de Vázquez Pérez, que durante la investigación por la tragedia de Ayotzinapa declaró haber sido notificado de las agresiones con armas de fuego contra los estudiantes, pero que por no contar con personal mandó a resguardar las instalaciones del cuartel policial y de la cárcel de Iguala pero no a dar apoyo a los normalistas.
En enero de 2021, un testigo clave en las indagaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, declaró ante la Fiscalía General de la República (FGR) que cuando era titular de Seguridad Pública de Guerrero, Vázquez Pérez recibía 50 mil dólares mensuales del cártel Guerreros Unidos, responsable de la desaparición de los estudiantes.
En octubre de 2014, el líder de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias Salgado, aseguró que le habían dado 300 mil dólares al entonces procurador de Guerrero Iñaki Blanco y al secretario de Seguridad Pública, Leonardo Vázquez Pérez.
El 23 de septiembre pasado, el juez segundo de distrito en Procesos Penales Federales del Estado de México, Enrique Beltrán Santés, instruyó las capturas de Iñaky Blanco Cabrera y Leonardo Octavio Vázquez Pérez, por el delito de delincuencia organizada.
En su declaración ministerial del 21 de octubre de 2014, Vázquez Pérez señaló que a través del subsecretario Juan José Gatica Martínez tuvo conocimiento de que en el municipio de Iguala se habían producido disparos de arma de fuego y que la única indicación que dio fue proteger y custodiar a los lesionados que se encontraban en el Hospital General de Iguala.
“Ordené al subsecretario que girara las instrucciones de proteger y custodiar a los lesionados que se encontraban en el hospital, fue la única instrucción que di al subsecretario, ya que en la región Norte ya no contábamos con elementos suficientes para cualquier acción operativa”, aseguró.
Sin embargo, no hubo otros reportes de falta de elementos y tampoco fue confirmado por el entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero.
La detención de Vázquez Pérez es parte de los 84 mandamientos de captura que libró el juez Beltrán Santés el pasado 19 de agosto por el caso Iguala en la causa penal 15/2022.
Además del ex procurador general de Justicia Iñaky Blanco Cabrera y el ex secretario de Seguridad Pública estatal durante el gobierno perredista de Ángel Aguirre Rivero, Leonardo Vázquez Pérez, se ordenó la captura de Lambertina Galeana Marín, ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero (TSJG), por delitos contra la administración de la justicia y desaparición forzada, de acuerdo con información del Poder Judicial de la Federación.
Por los mismos ilícitos, se libraron las aprehensiones contra Luis Europa Solís Jiménez y Javier Uribe Iturbe, ingeniero en sistemas de cómputo y programador analista del TSJG, respectivamente, así como contra César Nava González y Francisco Salgado Valladares, ex jefe de la Policía de Cocula y ex subdirector de la Policía de Iguala, el primero por desaparición forzada y delincuencia organizada, y el segundo sólo por este último delito.
La acusación contra el ex procurador y el ex secretario de Seguridad Pública estatal tiene como punto de partida las declaraciones del testigo protegido Juan, nombre clave de Gildardo López Astudillo, El Gil, operador del grupo de la delincuencia organizada Guerreros Unidos.
El testigo afirmó que Guerreros Unidos enviaba mensualmente 50 mil dólares Vázquez Pérez que le hacían llegar por medio de Felipe Flores Velázquez, jefe de la Policía municipal de Iguala, quien a su vez lo recibía de Raúl Núñez Salgado, La Canperra, uno de los miembros del grupo de narcotraficantes.
Juan dijo a la Fiscalía que también entregaba 80 mil pesos cada mes a los mandos de la Policía Estatal de Guerrero; a los subordinados de José Adame, coordinador de esa corporación, y que patrullaban Iguala, 15 mil, y a los demás agentes 10 mil pesos.
Sin embargo, tres días después, el 26 de septiembre se dio a conocer que la Fiscalía, a cargo de Alejandro Gertz Manero, se desistió ante un juez federal de 16 órdenes de aprehensión que ya habían sido giradas contra militares a quienes antes acusó de estar presuntamente implicados en el caso Iguala.
Después se informó que la FGR también se desistió de las órdenes de aprehensión contra cinco funcionarios del gobierno de Guerrero, incluido el ex procurador Iñaki Blanco, y la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lambertina Galeana Marín. En la información que se publicó de este segundo desistimiento no aparece el nombre de Leonardo Vázquez Pérez.
En el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa que presentó el 18 de agosto el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, se expone que la verdad histórica fue un resultado de una acción concertada del aparato del poder” en la que participaron en su implementación funcionarios federales y locales, entre ellos incluyó al secretario de Seguridad Pública del gobernador perredista, Ángel Aguirre Rivero, Leonardo Vázquez Pérez.

 

No se va a desarmar y pondrá retenes con armas de grueso calibre, dice la Policía Ciudadana de Costa Grande

 

Integrantes de la Policía Ciudadana de la Costa Grande esperan en la entrada a la comunidad Santa Rosa de Lima, municipio de Tecpan, a las autoridades del Ejército, Marina y Gendarmería, que integrarán la Guardia Nacional con las que tuvieron un diálogo ayer . Foto: Brenda Escobar

En la reunión con representantes del gobierno del estado y de la fuerzas armadas que integrarán la Guardia Nacional: Ejército, Marina y Policía Federal división Gendarmería, integrantes de la Policía Ciudadana de cinco municipios limítrofes de las regiones Tierra Caliente y Costa Grande manifestaron que no se van a desarmar, y que mantendrán retenes con armas de grueso calibre en la sierra de Petatlán para contrarrestar la violencia de la delincuencia organizada.
Los funcionarios coincidieron en indicarles que ninguno estaba facultado para autorizarles tal situación que está fuera de la ley, pero les respondieron que “nos atenemos a las consecuencias porque se trata de defender nuestras propias vidas y la de nuestras familias”.
La reunión inició al mediodía en la escuela primaria de la comunidad Santa Rosa y duró poco más de 4 horas y media.
El lunes vecinos e integrantes de esta nueva Policía Ciudadana bloquearon 8 horas la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, cerca de Santa Rosa de Lima, municipio de Tecpan de Galeana, donde exigieron la intervención de la Guardia Nacional para detener la violencia que viven en la zona serrana.
Ese lunes en la noche fueron atendidos por el delegado regional de Gobierno con sede en Tecpan de Galeana, Juan Méndez Nogueda, y un representante de la Policía Federal Preventiva división Caminos, quienes se comprometieron a que este martes tendrían una reunión con representantes de la Guardia Nacional, integrada por la Marina, el Ejército y la Policía Federal división Gendarmería, así como funcionarios federales, estatales y municipales relacionados con la seguridad.
Aunque la hora acordada para la reunión este martes fue a las 10 de la mañana, los integrantes de la Policía Ciudadana volvieron a bloquear de manera intermitente la carretera nacional desde las 6 de la mañana dando el paso a los vehículos cada 15 minutos, pero la dejaron libre a las 9, cuando llegaban los funcionarios.
La reunión inició al mediodía en la escuela primaria de la comunidad de Santa Rosa, fue coordinada por el delegado de Gobierno, Juan Méndez Nogueda, y estuvieron el delegado de la Dirección Gobernación estatal con sede en Tecpan, Virgilio Abarca Sánchez, la síndica procuradora de Tecpan, Magna Guadalupe Ríos Caro, el agente titular del Ministerio Público federal en Zihuatanejo, José Virgilio Teutle Mendoza, el inspector de la Policía Federal de Caminos en Tecpan, Héctor Peña Nicolás, el coordinador regional de Seguridad Pública estatal en la Costa Grande, Pedro Castro Muñoz, y el representante de la delegación estatal de Gobernación, Juan Moreno Barrios.
También estuvo el coordinador regional de la Marina Guardia Nacional, Jorge Daniel Bernal Lara, el titular del Ministerio Público del fuero común de Tecpan, Agustín Peña Fajardo, el inspector de la Policía Militar, Gustavo Chacala y el suboficial de la Policía Federal Gendarmería, Said Ruiz Flores.
De la Policía Ciudadana, que se informó está adherida a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), llevaron la batuta Guillermo Díaz Espino, Víctor Espino Cortés e Ignacio Chávez Arreola.

Acudieron 36 comunidades de la sierra de Petatlán y dos ejidos de Coyuca de Catalán, informan

Durante la exposición de los motivos por los que se formó la autodefensa, Ignacio Chávez dijo que en esos momentos se encontraban representando a 36 comunidades de la sierra del municipio de Petatlán y a dos ejidos limítrofes del municipio de Coyuca de Catalán, El Durazno y San Antonio de las Tejas, conformados “por muchas comunidades”.
Informó que un grupo de la delincuencia organizada asentado en la parte poniente de la sierra de Petatlán, desde hace meses asesina, secuestra, desaparece personas, roba ganado, quema ranchos, cobra piso, y envenena alimentos para provocarles la muerte a los habitantes de esas comunidades, entre otros ilícitos, sin que las autoridades los detengan.
Expuso que debido a lo grave de la situación de inseguridad decenas de familias han tenido que dejar sus comunidades “sólo con la ropa que traen puesta”, para poder salvaguardar sus vidas.
Apuntó que a consecuencia de las localidades abandonadas sólo en este año se han perdido “más de cien toneladas de aguacate y más de cien toneladas de manzanas orgánicas”, que son parte de los productos que cultivan en la parte alta de la sierra.
Dijo que el lunes en Santa Rosa recibieron una amenaza del jefe del grupo delincuencial en el sentido de que si las mujeres de esa zona de la sierra acudían este martes a la cabecera municipal de Petatlán a cobrar el dinero de un programa de gobierno, las matarían a ellas y a sus niños.
Enseguida pidió a los funcionarios que escucharan los testimonios de las víctimas de los criminales, que han asesinado a unos 26 habitantes de la sierra, según el registro que ellos llevan.
Algunos vecinos de la sierra expusieron a llanto abierto, cómo por presuntas órdenes del jefe criminal les han matado a sus hijos porque se negaron a formar parte de la organización criminal, y cómo ellos han tenido que huir dejando atrás su patrimonio producto de muchos años de trabajo.
Otros contaron cómo los delincuentes han llegado a sus casas y les quitan las tejas para llevárselas, uno más dijo que mataron a sus hermanos porque se negó a pagarles una cuota de 100 mil pesos que le exigían.
Otro contó que su hermano fue sacado de su casa y desde hace un mes se desconoce su paradero, a algunos más les han robado su ganado y los sicarios se han quedado con sus tierras y sus casas.
Coincidieron en que se cansaron de ser víctimas de todos esos abusos y se organizaron para defender sus vidas, ya que las corporaciones policiacas pese a que conocen la inseguridad que se vive en la sierra, no han intervenido para detener al jefe criminal, del cual dieron detalles de dónde puede ser localizado, al tiempo que consideraron inverosímil que no haya podido ser detenido, “no estamos diciendo que estén coludidos, pero no han podido acabar con esta inseguridad”.
Uno de los campesinos expresó que con la inseguridad que se vive en la sierra, principalmente en el ejido El Durazno, el jefe criminal tiene la vista puesta en que toda esa zona “se quede sola” para explotar los recursos maderables de ese núcleo agrario, que cuenta con 1 millón de metros cúbicos de madera en rollo, la cual “vendida en Papanoa cuesta mil 700 pesos el metro cúbico, estamos hablando de miles de millones de pesos que piensa sacar si se queda con toda nuestra madera, por eso anda matando a la gente”.
También expusieron que en la sierra hay comunidades que ya no tienen maestros ni doctores, y las pocas familias que quedan allá han preferido mandar a otros lugares a sus hijos varones para que no sean obligados a integrarse al grupo criminal.
Uno de los campesinos se dolió de la ineficiencia de la Fiscalía General del Estado (FGE), contó que desde hace un año que le mataron a su hijo ha dado vueltas en la agencia del Ministerio Público en Coyuca de Catalán y no han girado una orden de aprehensión en contra de los autores intelectuales y materiales del asesinato. Lamentó que hay justicia sólo para quienes tienen el dinero para conseguirla.
Otro señaló que requieren de nueva cuenta los documentos de sus tierras y demostrar que son los legítimos dueños, pues al salir de sus lugares de origen no tuvieron posibilidad de traérselos consigo.

Tienen que poner la denuncia, responden las autoridades y ofrecen un módulo móvil del MP en Santa Rosa

Los funcionarios dijeron que para que puedan intervenir en los homicidios tienen que poner una denuncia ante la Fiscalía General, y en ese punto durante varios minutos se enfrascaron en un intercambio de comentarios respecto a la ineficiencia de los agentes del Ministerio Público para procurar justicia pronta y expedita.
Luego, el delegado Juan Méndez informó que se autorizó que durante dos días a partir de este miércoles un módulo móvil del MP estará en Santa Rosa para registrar todas las denuncias por homicidio y demás delitos por los cuales se sientan agraviados.
Asimismo, también por dos días estará un módulo con servidores públicos del Registro Agrario Nacional y de la Procuraduría Agraria atendiéndolos en esta localidad para que puedan recuperar sus documentos.
Enseguida Méndez Nogueda les pidió que fijaran su postura respecto a su decisión de conformar una Policía Ciudadana, pues indicó que aunque estén adheridos a la UPOEG carecen de legalidad, ya que las policías comunitarias consideradas en la Ley 701 sólo son para un territorio especial del estado (la Costa Chica-Montaña donde opera la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias –CRAC-), “y ustedes están fuera de ese territorio”.
Uno de los representantes comentó que lo que buscan es coordinarse con la Guardia Nacional para hacer frente al grupo delincuencial que tiene asolada esa región.
Expuso que están cansados de la inseguridad en la que viven y que sólo tienen dos propuestas: trabajar en coordinación con la Guardia Nacional, “porque nosotros sí sabemos y conocemos por dónde se mueve esa gente”, o que los dejen hacerle frente ellos mismos, “nosotros ya nos conformamos como Policía Ciudadana y retroceder significa la muerte”.
Pidieron que además de buscar una coordinación con la Guardia Nacional se revise la situación legal de los policías municipales de Petatlán, pues aseguraron que esa corporación no sirve a los intereses del pueblo, sino a los del grupo criminal, al tiempo que consideraron que policías que no estén acreditados ni evaluados por los exámenes de control de confianza no pueden trabajar como tales.
Admitieron que quizás ellos como Policía Ciudadana no están constituidos de manera legítima, por lo que pidieron que sean asesorados para poder defender sus vidas, las de sus familias y su patrimonio.
Este viernes tendrán una reunión con asesores jurídicos del gobierno federal en las oficinas de la Policía Federal en Acapulco, según acordaron.
El coordinador de la eventual Guardia Nacional dijo entender como ciudadano y como militar la situación de inseguridad que están padeciendo, pero que no pueden coordinarse con ellos como Policía Ciudadana pues esa figura no está en la nueva ley de la Guardia Nacional, pero ofreció que “como ciudadanos” sí se pueden coordinar aportando información sobre los lugares en dónde encontrar al grupo criminal para combatirlo.
La respuesta que obtuvo fue que no van a dejar las armas, sino que harán retenes de vigilancia en la sierra, “con el mismo calibre de armas que trae esa gente, ellos traen rifles AK-47, AR-15, calibre 50”, y que están dispuestos a atenerse a las consecuencias, “lo que estamos pidiendo es que ustedes nos ayuden y nosotros ayudarlos para que ya se acabe toda esta violencia”, y acordaron que mientras resuelven la situación legal, “como ciudadanos” aportarán información a la Guardia Nacional para que acuda a la sierra a combatir a los hombres armados, “vamos a buscar la legalidad, pero mientras tanto, nos vamos a defender”.
Enseguida los funcionarios aseguraron que seguirán reuniéndose con ellos para darle seguimiento al tema de inseguridad en la sierra de la Costa Grande y la Tierra Caliente.

 

Hubo en el estado 131 ejecutados por la delincuencia en julio; 24 menos que en el mes anterior, un 15 %

En julio ocurrieron 131 asesinatos en Guerrero en los que presuntamente estuvo involucrada la delincuencia organizada, cinco de las víctimas son menores de edad, además hubo 31 personas alcanzadas por proyectiles de arma de fuego en ataques, según el recuento de las notas publicadas en El Sur.
En la primera mitad del año dos rutas del servicio de transporte público de ciudades diferentes suspendieron su servicio debido a ataques en contra de los transportistas.
En junio hubo 155 asesinatos relacionados con el crimen organizado, y en julio hubo 24 menos, lo que representa una disminución del 15 por ciento.
En los primeros cinco meses del año se contaron 884 homicidios en el estado, 51 casos menos que en el mismo periodo del año pasado cuando hubo 935, lo que representa una disminución de 6 por ciento.
En el séptimo mes del año 34 personas fueron asesinadas en Acapulco, de los cuales cuatro fueron mujeres, en abril se contabilizaron 78 lo que la mantiene como la ciudad con más asesinatos en el estado.
En Taxco en los primeros siete meses del año suman 35 personas ejecutadas, las de un solo mes en Acapulco, y en la capital del estado sumaron 17 muertos en el mes pasado.
Entre los 131 muertos está un menor de 9 años, un joven de 16 que estudiaba la preparatoria y fue asesinado de siete impactos de bala.
La mayoría fueron asesinados a balazos, algunos fueron desmembrados, embolsados, decapitados, o se encontraron en fosas clandestinas. También fueron dejadas cuatro mantas con narcomensajes.
En julio en Acapulco hubo 34 asesinatos, en Chilpancingo sumaron 17, en Iguala 10, en Taxco ocho, en Chilapa 11, en Zihuatanejo seis, en Atoyac tres, en Coyuca de Catalán 11, mientras que hubo uno en Tepecoacuilco, Pungarabato, Coyuca de Benítez, Tlapa, Tixtla y Xalpatlahuac.
Asimismo en Ometepec hubo dos, en Atenango del Río dos, en Ixcapuzalco uno, igual que en Metlatónoc y en Buenavista de Cuéllar, en Teloloapan siete, en Petatlán dos, en Zumpango tres, en Coyuca de Benítez cinco y en Tecpan uno.
Las víctimas de este mes fueron cinco comerciantes, maestros de primaria, un policía municipal, cuatro choferes, un repartidor de pan, amas de casa, estudiantes y trabajadores de hotelería.

Los hechos más violentos

El martes 17 de julio en Acapulco fue incendiada una camioneta de la empresa Bimbo distribuidora de productos Marinela en la colonia Unidos Por Guerrero, y el jueves un vehículo de Bimbo en la colonia Postal, ambas en la zona conurbada, en las inmediaciones de la colonia Emiliano Zapata, una de las más grandes y en los últimos años zona donde han ocurrido diferentes hechos de violencia. Las colonias están a un lado del bulevar Vicente Guerrero.
Desde el jueves en la noche circuló la versión de la suspensión de las rutas. Vía telefónica el secretario de Desarrollo Económico, Álvaro Burgos confirmó que se suspendió la distribución de productos en las rutas de la zona de las colonias Ciudad Renacimiento y Emiliano Zapata.
El miércoles 24 de julio ejecutaron a cuatro hombres en El Aguacate, municipio de Taxco, alrededor de las 2 de la madrugada del miércoles policías confirmaron el asesinato. La primera versión indicaba que había ocurrido un enfrentamiento.
El poblado está en los límites del municipio de Taxco y Tetipac. Se confirmó que adentro de una camioneta pick up Isuzu roja sin placas fueron hallados los cuerpos de dos hermanos, uno de 17 años y el otro de 19 de nombre Leonel, quienes tenían varios impactos. En el lugar el comisario municipal Marcial Bustos Martínez los identificó como sus hijos.
Junto a la camioneta tirados en la carretera fueron hallados otros dos cuerpos identificados como Delfino de 28 años y Ezequiel de 30, vecinos de ese poblado.
En las diligencias fueron decomisados más de 20 casquillos percutidos calibre .9 milímetros, y al terminar los cuerpos fueron entregados a sus familiares.
Según las versiones de vecinos del poblado cuando los cuatro circulaban a bordo de la camioneta fueron interceptados por seis hombres que iban en una camioneta Cherokee verde y una motocicleta, los cuales les cerraron el paso, les dispararon y después huyeron del lugar. El ataque se dio en la carretera Taxco-El Aguacate en la entrada a esa comunidad.
Un día después en la región Tierra Caliente en la comunidad El Durazno, municipio de Coyuca de Catalán, se reportó un enfrentamiento con saldo de nueve muertos, entre vecinos de la localidad e integrantes de un grupo armado que llegó al pueblo.

Se reportó que entre los muertos hay familiares del ex candidato del PRI a presidente municipal de Coyuca de Catalán, Francisco Chávez Araujo, quien es originario de ese poblado.
Fuentes de seguridad pública informaron que el hecho ocurrió este miércoles al medio día en el pueblo ubicado a 13 horas de distancia de la cabecera municipal.
La versión oficial es que llegó un grupo armado a la sierra y se enfrentó a balazos con la gente del pueblo.
El Durazno es una de las poblaciones grandes de la sierra de Coyuca de Catalán. Es una de las más alejadas de la cabecera municipal y de las más cercanas a la costa.
Para el cierre del mes, el 30 de julio en la capital del estado dos hombres fueron asesinados y dos Urvan incendiadas la noche de ese viernes en dos ataques casi simultáneos contra camionetas de la ruta de transporte público Chilapa-Chilpancingo.
Estos ataques ocurrieron cuatro días después de que hombres armados dispararon contra el sitio Morelos de las Urvan de esa ruta, dejando 30 casquillos percutidos en el lugar, aunque ninguna víctima. En el segundo ataque una de las balas alcanzó a un chofer.
Los hombres prendieron fuego a una Urvan que estaba enfrente de la salida del sitio, y cuando estaban terminando de apagar el fuego los bomberos se notificó de otra Urvan se incendiaba en otro lugar.
El segundo hecho ocurrió minutos después en el libramiento a Tixtla, donde una camioneta de la misma ruta que llegaba a Chilpancingo proveniente de Chilapa fue quemada, y en la cuneta de la carretera los atacantes ejecutaron a balazos al chofer.
El lugar en donde fue incendiada la camioneta es un paso concurrido por vecinos de la zona oriente de la capital del estado.

En el primer semestre, mil 39 asesinatos, 10 por ciento menos que los mil 141 de 2017

 

El 20 de junio, un hombre de unos 50 años fue ejecutado a balazos y con las manos atadas fue localizado adentro de un Volkswagen en la entrada a la colonia Vista Hermosa de Iguala Foto: El Sur

En junio ocurrieron 155 asesinatos en Guerrero en los que presuntamente estuvo involucrada la delincuencia organizada, 15 casos menos que en mayo cuando hubo 170, según el recuento de notas publicadas en El Sur.
En el primer semestre del año se contaron mil 39 homicidios en el estado, 102 casos menos que en el mismo periodo del año pasado cuando hubo mil 141, lo que representa una disminución de 10 por ciento.
En los primeros 181 días de este año el promedio fue de seis ejecuciones diarias en el estado. En junio hubo 155, en mayo 170, en abril 183, en marzo 186, en febrero 149 y en enero 196, los que suman mil 39 muertes.
En Acapulco en junio ocurrieron 60 asesinatos atribuidos al crimen organizado, uno más que en mayo cuando hubo 59. El 39 por ciento de los homicidios cometidos en ese mes en el estado corresponden a Acapulco. Los otros 95 fueron en 20 municipios.
De las víctimas 14 fueron mujeres y 29 jóvenes y adolescentes de entre 17 y 29 años, y dos niños de 7 y 6 años.
La mayoría fue asesinada a balazos, algunas fueron desmembradas, calcinadas, embolsadas, decapitadas o sólo fueron halladas sus cabezas, asfixiadas o encontradas en fosas clandestinas y en algunos casos les dejaron narcomensajes.
Las regiones en las que se cometieron más ejecuciones fueron Acapulco, Centro, Norte y en la sierra.
En mayo en Acapulco hubo 60 homicidios, en Chilpancingo 30, en Iguala 13, en Chilapa 11, en Taxco 10, en Leonardo Bravo ocho, en Zihuatanejo seis, en Eduardo Neri (Zumpango) y Tlapa cinco, en Coyuca de Benítez tres, en Malinaltepec, San Miguel Totolapan, Zitlala dos y en Tixtla, Heliodoro Castillo (Tlacotepec), Ciudad Altamirano, Ixcapuzalco, Alpoyeca, Atlixtac, Ometepec y Atoyac se informó de uno.
Las víctimas de ese mes son cuatro integrantes de una familia, un trabajador de grúas Alonso, uno de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), el propietario de un lavado de carros, un dueño de negocio de fruta, un promotor del voto de Morena, un carnicero, un estudiante de bachillerato, tres comerciantes del mercado central, un vecino de Petaquillas, el líder sindical de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo (CAPAZ) Edgar Montes Cruz.
Además una estudiante de Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), el dueño de un depósito de cerveza, un líder de la comunidad gay, un chofer del transporte público, un trabajador de Gas Misión, un trabajador del ayuntamiento de Zumpango, el director de Seguridad Pública de Zitlala, un líder priista de Copanatoyac, un velador de un salón de fiesta, el encargado de la estructura del PRD en Chilapa.
También un chofer del transporte público, un albañil, dos hermanos, una estudiante de la Normal de la Viguri, una madre y su hijo, una vendedora de periódicos y revistas, diez taxistas, un chofer de Urvan, otra madre y su hija, un chofer de camión urbano, un chofer de Urvan, un tortillero, el comisario de la Sabana, entre otros.

 

 

SSP: operan en el estado 18 grupos del crimen; seis nacionales y 12 estatales

Operan en el estado 18 grupos del crimen; seis nacionales y 12 estatales, informa la SSP

En Acapulco hay pandillas que se hacen pasar por cárteles, señala el secretario Pedro Almazán. Las masacres en el puerto son casos aislados, afirma

Daniel Velázquez

En Guerrero operan 18 grupos de la delincuencia organizada, seis con presencia nacional y 12 de influencia estatal, informó el secretario de Seguridad Pública del gobierno del estado, Pedro Almazán Cervantes.
La información fue corroborada por el comandante de la Novena Región Militar, Germán Javier Jiménez Mendoza, quien dijo que esa información es resultado de un “análisis” del Grupo de Coordinación Guerrero en el que participan autoridades federales y estatales, “municipales no tanto”.
Jiménez Mendoza indicó que se tiene el “seguimiento” de los grupos delictivos y sus efectos, lo cual hacen para “poder contrarrestar y unir esfuerzos” porque no son ilusos en pensar que una sola institución va a resolver el problema, por eso trabajan en forma coordinada.
Del caso de Acapulco el comandante del Ejército dijo que no todos los 18 grupos delictivos operan en ese municipio, sino que a veces son dos o tres.
Almazán Cervantes asistió ayer a la ceremonia del 105 aniversario de la creación del Ejército Mexicano, en las instalaciones de la Novena Región Militar, en declaraciones a reporteros dijo que son 12 grupos delictivos locales y seis de presencia nacional los que operan en Guerrero.
“Aquí son menores, cualquier persona autonombra un grupo y son básicamente pandillas locales, son pandillas locales, no son grupos delincuenciales de consideración, sin embargo estamos llevando el seguimiento y pronto estaremos sobre ellos”, dijo.
De los narcomensajes en los que se anuncia la incursión en Acapulco del Cartel Jalisco Nueva Generación, el secretario de Seguridad Pública dijo que deben de tomarse con reservas porque algunos sólo buscan causar miedo. “No todos los que se dicen ser son, estamos investigando”.
“Muchos grupos alardean ser parte de un grupo más fuerte primero para intimidar a sus grupos rivales, y otro para tratar de amedrentar a la población y puedan extorsionar más”, afirmó.
Agregó que las fuerzas de seguridad pública no desechan ni descartan esos mensajes.
De los 12 muertos en Acapulco el jueves, Pedro Almazán opinó “a veces sube el número de homicidios, pero no es una cifra que tengamos de manera recurrente en el estado, ni mucho menos en el municipio, son casos aislados que quisiéramos que no se dieran”.
Indicó que el origen de esos asesinatos es “la confrontación entre grupos delictivos que están discutiendo mercados de distribución”.
Pedro Almazán sostuvo que la seguridad en Acapulco es prioritaria para el gobierno del estado, y el compromiso es seguir apoyando al municipio con toda su capacidad y presencia permanente.
“Acapulco es el municipio que más policías del estado tiene asignados y estamos presentes en la zona de mayor conflicto como Renacimiento, Zapata, Jardines, Costa Azul… donde se trabaja estrechamente con el Ejército”, agregó.
A 12 días del enfrentamiento entre civiles armados y policías estatales en la colonia Jardín que dejó siete muertos, el secretario de Seguridad Pública sostuvo que la situación en esa colonia está “tranquila” , pero prevalece la preocupación de los vecinos y por esa razón se mantiene la vigilancia.
Indicó que el gobierno del estado mantiene comunicación con los maestros para darles certeza de que la Policía del Estado y el Ejército permanecerá en sus escuelas.
Reiteró que los homicidios en Guerrero van a la baja en comparación con el incremento nacional, el porcentaje a la baja fue de 1.5 mientras que en 16 entidades hubo incrementos, “quisiéramos hacer más pero estamos en todas nuestras capacidades y compromiso con la sociedad guerrerense”.
Agregó que se necesitan más policías y más recursos.
De Chilapa informó que es el municipio donde hay un repunte de los hechos delictivos, pero no pueden desplegarse todos los agentes a esa zona pues deben atender otras regiones del estado.

Hechos de violencia en Acapulco no implican
fracaso de estrategia, dice comandante militar

“Hay días en los que no ocurre ningún homicidio y de eso no hablan los medios de comunicación”, señala el comandante de la Novena Región, German Javier Jiménez. La institución castrense “ha sido y seguirá siendo un referente de lealtad para preservar la democracia y el Estado de derecho”, asegura en la ceremonia del 105 aniversario del Ejército

Daniel Velázquez

El comandante de la Novena Región Militar, Germán Javier Jiménez Mendoza, identificó al Ejército como “un referente de lealtad para preservar la democracia” y como la “fuerza disuasiva ante amenazas externas e internas que busquen desestabilizar al país”.
Ayer, en las instalaciones de la Novena Región Militar, Jiménez Mendoza encabezó la ceremonia por el 105 aniversario del Ejército mexicano.
En declaraciones después de la ceremonia a Jiménez Mendoza se le preguntó por el incremento de la inseguridad en Acapulco, donde el pasado jueves hubo 12 asesinatos. El militar respondió que los recientes hechos de violencia en Acapulco no significan que la estrategia del Ejército contra la inseguridad no funcione pues hay días en los que no ocurre ningún homicidio “y de eso no hablan los medios de comunicación”.
En su mensaje, en la ceremonia, dijo que el Ejército se mantendrá leal y atenderá los desafíos de la nación, “amenazas y riesgos que impone la obligación al titular del Poder Ejecutivo de girar instrucciones para que actuemos con fundamento en las atribuciones que le confiere nuestra carta magna”.
Una de sus atribuciones, abundó, es garantizar la tranquilidad de los guerrerenses y de los mexicanos.
“El Ejército mexicano ha sido y seguirá siendo un referente de lealtad para preservar la democracia y el estado de derecho, ese ha sido el ideal con el que se ha conducido el instituto armado por mas de 100 años, esa es la premisa con la que hacemos frente a los desafíos del siglo 21”.
Ponderó que el Ejército es un institución “sólida, profesional y confiable”. Ejemplificó que los militares contribuyen con obras de labor social como reforestación, labores de reconstrucción y actuando contra el narcotráfico y el crimen organizado.
“Para el Ejército mexicano la lealtad es compromiso para servir a los mexicanos, es garantía de la soberanía nacional, es la visión proactiva para convertirse en fuerza disuasiva ante amenazas externas e internas que busquen desestabilizar al país o poner en riesgo a la sociedad”.
“En estas sustantivas tareas el deber del Ejército es actuar con firmeza, arrojo e inteligencia pero también siempre con prudencia, mucha prudencia pero sobre todo siempre leales y con un gran compromiso con México”.
El militar dijo que su trabajo es apegado a la Constitución porque juraron cumplirla y hacerla cumplir, “somos respetuosos de los poderes del estado, conocemos el valor y la importancia de quienes nos gobiernan, los integrantes del Ejército mexicano siempre seremos respetuosos al cumplimiento de las directivas emitidas por el Ejecutivo federal, a los poderes y a los ordenamientos del Congreso de la Unión y a las determinaciones del Poder Judicial de la Federación pero sobre todo leales a la sociedad a la que seguiremos cumpliéndole en estricto apego al estado de derecho y con absoluto respeto a los derechos fundamentales”.
El comandante destacó que la mujer en el Ejército “actualmente incursiona en espacios tradicionalmente exclusivos para personal masculino” y trabaja al mismo ritmo y con los mismos riesgos que los varones.
En su mensaje, el secretario general de Gobierno en representación del gobernador Héctor Astudillo Flores, Florencio Salazar Adame dijo que el Ejército mexicano es un “ejército popular” y un “ejército de paz” que ha estado presente en todas las batallas significativas del país desde la independencia hasta en labores de reconstrucción en comunidades devastadas por fenómenos naturales.

La estrategia sí funciona

En declaraciones después de la ceremonia a Jiménez Mendoza se le preguntó por el incremento de la inseguridad en Acapulco, donde el pasado jueves hubo 12 asesinatos. El militar respondió que los recientes hechos de violencia en Acapulco no significan que la estrategia del Ejército contra la inseguridad no funcione pues hay días en los que no ocurre ningún homicidio “y de eso no hablan los medios de comunicación”.
Agregó que el problema de la violencia debe observarse sus altibajos pero “es difícil hacer un diagnóstico por un evento o por dos eventos, es necesario revisar todos los eventos que se están presentando”.
Luego se le preguntó si el incremento de la violencia se debe a que está fallando la estrategia contra la inseguridad y respondió que no. “En algunos momentos se incrementa las confrontaciones que hay entre los grupos delictivos pero no deja de ser resultados de las pugnas que hay entre ellos”.
El jefe de los militares, sostuvo que el Ejército está en un constante análisis para ajustar sus estrategias contra la inseguridad, porque en Guerrero se aplican de forma variada porque cuando se atiende la región de Tierra Caliente ocurren hechos delictivo en Chilapa “por eso la estrategia no puede ser fija porque la problemática del estado es diversa y la estamos ajustando con las otras instancias de gobierno”.
En Acapulco indicó que el Ejército brinda seguridad a 221 escuelas y la zona prioritaria actualmente es la colonia Jardín en sus tres secciones Palmas, Mangos y Azteca, colonia en la que están desplegados entre 100 y 150 efectivos.
En Chilapa, dijo hay 500 soldados proveniente de la Ciudad de México para atender el problema de la inseguridad y la violencia en ese municipio en la cabecera municipal y en sus alrededores.
El comandante de la Novena Región Militar informó que 100 soldados de la Novena Región Militar ya fueron enviados a Oaxaca para ayudar en las labores luego del sismo del viernes de 7.2 grados en la escala Richter y que en próximos días se enviarán entre 300 y 500 agentes.
El festejo por el 105 aniversario de la creación del Ejército consistió en un desayuno para un selecto grupo de militares y algunos invitados especiales, hubo un mariachi, un grupo de niños voluntarios de Pie de la Cuesta recitaron una poesía, organizaron una rifa y entregaron medallas de reconocimiento dos militares, un hombre y una mujer la cirujano dentista Miguelina Hernández Castellanos y el laboratorista Jorge Luis Flores Díaz.
A la ceremonia asistieron el almirante de la Octava Zona Naval Romel Eduardo Ledezma Baroa; el presidente de la mesa directiva del Congreso el diputado Eduardo Cueva Ruiz; el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia Alberto López Celis; el comandante de la 27 zona militar Eufemio Alberto Ibarra Flores; el jefe de Estado Mayor de la Novena Región Militar José Luis Valdez Chávez; el jefe de los servicios regionales de la Novena Región Militar Carlos Arturo Pancardo Escudero; el alcalde Evodio Velázquez Aguirre; el secretario de Seguridad Pública Pedro Almazán Cervantes; el fiscal Javier Olea Peláez quien no quiso dar declaraciones.

En representación del gobernador en Chilpancingo, reconoce Apreza el apoyo del Ejército

En el 105 aniversario del Ejército mexicano, el secretario de Finanzas, Héctor Apreza Patrón, dijo en nombre del gobernador del estado que hay enemigos del país que quieren separar a sus fuerzas armadas del pueblo.
En la ceremonia, el comandante de la 35 Zona Militar José Francisco Terán Valles, destacó que los militares asumen la responsabilidad y las leyes “que el honor nos imponen, a pesar de la adversidad que se presenta en diversos escenarios a lo largo del país”.
Agregó que esas circunstancias no amedrentan a los soldados, sino que los exige que trabajen más, “habremos de continuar asumiendo las misiones constitucionales establecidas en nuestra ley suprema observando en todo momento el irrestricto respeto a los derechos humanos”.
Agregó que las fuerzas armadas nacionales seguirán siendo los garantes de la independencia y la soberanía del país, “pero sobre todo aspiramos a la paz social y a la unidad”, dijo.
Despues, el secretario de Finanzas del gobierno del estado dijo que en esta fecha hablar del Ejército mexicano es hablar de historia, compromiso y solidaridad.
Recordó que en las desgracias provocadas por la naturaleza siempre ha estado “la mano amiga y solidaria del Ejército mexicano que arriesgando sus vidas han salvado a cientos y miles de mujeres, hombres y niños.
Destacó que los integrantes del Ejército mexicano, son pueblo y que nadie podrá en ningún momento hacer la separación, denunció que algunos, los que son enemigos de la patria, los enemigos del Estado quisieran, “pero ahí tenemos siempre al Ejercito mexicano, comprometido y solidario con los que más lo necesitan”. (Zacarías Cervantes / Chilpancingo).

Asesinan a balazos a tres hombres en Zihuatanejo y Tlapa y hieren a dos más en Taxco y Huitzuco

La primera víctima fue encontrada en medio de la carretera en la comunidad de Pantla de dicho puerto. Las otras dos tenían el tiro de gracia. Uno de los lesionados es un peón de albañil que recibió un disparo en una pierna y el otro es un joven al que hirieron en el brazo y la pierna

Luis Blancas, Carmen González Benicio y Alejandro Guerrero

Chilpancingo, Tlapa e Iguala

Un hombre de unos 30 años fue ejecutado a balazos en los primeros minutos de este lunes en el entronque de la comunidad de Pantla, municipio de Zihuatanejo, mientras que dos más hombres fueron asesinados a balazos en Tlapa. Asimismo un hombre de 37 años y un joven de 19 fueron atacados a balazos y lesionados en distintos hechos en Taxco y en Huitzuco.
En lo que va del año en Zihuatanejo suman 11 homicidios en los que presuntamente estuvo involucrada la delincuencia organizada, según el recuento de la información publicada en El Sur.
Fuentes policiacas informaron que a la 1:30 de la mañana recibieron un reporte de un hombre asesinado a balazos en este lugar.
Ahí llegaron policías estatales y vieron al hombre tirado en medio de la carretera, sólo vestía un short blanco.
El cuerpo fue trasladado a una funeraria habilitada como Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley.

Asesinan a balazos a dos hombres en Tlapa

Ayer al medio día dos hombres asesinados a balazos y con huellas de tortura fueron encontrados en la carretera Tlapa-Metlatónoc en el primer municipio.
Se reportó que los cuerpos estaban cerca del crucero de Xalatzala, los dos tenían el tiro de gracia, en el lugar se hallaron casquillos calibre .9 milímetros y .38 Súper. Las víctimas de entre 22 y 30 años estaban boca abajo y vendadas de los ojos. Los cuerpos no fueron identificados.

Atacan a balazos a un hombre en Taxco y lo lesionan en una pierna

Fuentes de Seguridad Pública informaron que cerca de las 11 de la mañana del domingo ingresó al hospital general de Taxco un hombre de 37 años quien tenía un impacto de bala en la pierna derecha.
El hombre identificado como Raúl es peón de albañil y fue atacado a balazos por un sicario que se acercó a él cuando trabajaba en una obra en la comunidad de Totoapa. El delincuente le disparó y huyó.

Lesionan de dos disparos a un joven en Huitzuco

Fuentes policiacas indicaron que durante la madrugada del domingo un joven de 19 años fue atacado a balazos adentro del bar As de Oros en el centro de Huitzuco. El joven Hugo recibió dos impactos de bala en el brazo y pierna derecha.
Se dio a conocer que otro joven ingresó al bar y hubo una discusión por una mujer, durante la riña sacó una pistola y le disparó a Hugo y luego huyó.
Sus amigos lo trasladaron al hospital general para recibir atención médica, donde fue reportado fuera de peligro.

Rescatan policías estatales a un joven secuestrado en Taxco

La tarde del domingo hombres armados secuestraron a un joven de una familia de Chilpancingo y se robaron un Nissan Sentra de la familia en el tramo carretero Taxco-Cuernavaca, el joven de 23 años fue rescatado por policías estatales quienes lo hallaron en un cerro atado de las manos y vendado de la cara.
Fuentes policiacas informaron que al mediodía del domingo fue reportado al 911 que un grupo de hombres armados y encapuchados había interceptado a una familia cuando se dirigía a un parque acuático en la comunidad de Texcaltitla, municipio de Taxco.
En la Curva del Zorro los delincuentes interceptaron a la familia y le robaron dinero y teléfonos celulares, además se llevaron el vehículo junto con el joven Iván.
Horas después se implementó un operativo de rescate por parte de policías estatales. Sin dar detalles de la hora y el punto exacto, se indicó que el joven fue rescatado y los delincuentes huyeron.
El joven fue trasladado al Ministerio Público (MP) de Iguala y después fue entregado a su familia.

Roban un carro afuera de la Feria de Iguala

Fuentes de la Policía Municipal informaron que la noche del domingo se reportó el robo de un vehículo afuera de la Feria de la Bandera. El carro es un Nissan Tsuru color vino con placas de Guerrero.

Detienen a un hombre armado en Zihuatanejo

Agentes de la Policía Estatal detuvieron el sábado a un hombre con una pistola luego de haber cometido un robo en un bar en Zihuatanejo.
La SSP estatal indicó que el sábado agentes de la Policía Estatal iban en la calle Paseo La Boquita en el Centro de Zihuatanejo y “fueron abordados por hombre quien reportó que hombres se encontraban asaltando a los consumidores de un bar en el cruce de las calles Nicolás Bravo y Hermenegildo Galeana”.
Los uniformados llegaron al bar y observaron que un hombre que estaba ingiriendo bebidas embriagantes y encima de la mesa tenía un arma de fuego y fue detenido. El presunto asaltante se llama a Juan Carlos de 33 años y tenía una pistola calibre .22 milímetros y dos cartuchos del mismo calibre, además una mochila negra donde estaba una computadora marca HP  roja, un reproductor DVD, tres  botellas de whisky y dos juegos de llaves.
El detenido fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para las investigaciones.

 

Operan en el estado 18 grupos del crimen; seis nacionales y 12 estatales, informa la SSP

 

En Guerrero operan 18 grupos de la delincuencia organizada, seis con presencia nacional y 12 de influencia estatal, informó el secretario de Seguridad Pública del gobierno del estado, Pedro Almazán Cervantes.
La información fue corroborada por el comandante de la Novena Región Militar, Germán Javier Jiménez Mendoza, quien dijo que esa información es resultado de un “análisis” del Grupo de Coordinación Guerrero en el que participan autoridades federales y estatales, “municipales no tanto”.
Jiménez Mendoza indicó que se tiene el “seguimiento” de los grupos delictivos y sus efectos, lo cual hacen para “poder contrarrestar y unir esfuerzos” porque no son ilusos en pensar que una sola institución va a resolver el problema, por eso trabajan en forma coordinada.
Del caso de Acapulco el comandante del Ejército dijo que no todos los 18 grupos delictivos operan en ese municipio, sino que a veces son dos o tres.
Almazán Cervantes asistió ayer a la ceremonia del 105 aniversario de la creación del Ejército Mexicano, en las instalaciones de la Novena Región Militar, en declaraciones a reporteros dijo que son 12 grupos delictivos locales y seis de presencia nacional los que operan en Guerrero.
“Aquí son menores, cualquier persona autonombra un grupo y son básicamente pandillas locales, son pandillas locales, no son grupos delincuenciales de consideración, sin embargo estamos llevando el seguimiento y pronto estaremos sobre ellos”, dijo.
De los narcomensajes en los que se anuncia la incursión en Acapulco del Cartel Jalisco Nueva Generación, el secretario de Seguridad Pública dijo que deben de tomarse con reservas porque algunos sólo buscan causar miedo. “No todos los que se dicen ser son, estamos investigando”.
“Muchos grupos alardean ser parte de un grupo más fuerte primero para intimidar a sus grupos rivales, y otro para tratar de amedrentar a la población y puedan extorsionar más”, afirmó.
Agregó que las fuerzas de seguridad pública no desechan ni descartan esos mensajes.
De los 12 muertos en Acapulco el jueves, Pedro Almazán opinó “a veces sube el número de homicidios, pero no es una cifra que tengamos de manera recurrente en el estado, ni mucho menos en el municipio, son casos aislados que quisiéramos que no se dieran”.
Indicó que el origen de esos asesinatos es “la confrontación entre grupos delictivos que están discutiendo mercados de distribución”.
Pedro Almazán sostuvo que la seguridad en Acapulco es prioritaria para el gobierno del estado, y el compromiso es seguir apoyando al municipio con toda su capacidad y presencia permanente.
“Acapulco es el municipio que más policías del estado tiene asignados y estamos presentes en la zona de mayor conflicto como Renacimiento, Zapata, Jardines, Costa Azul… donde se trabaja estrechamente con el Ejército”, agregó.
A 12 días del enfrentamiento entre civiles armados y policías estatales en la colonia Jardín que dejó siete muertos, el secretario de Seguridad Pública sostuvo que la situación en esa colonia está “tranquila” , pero prevalece la preocupación de los vecinos y por esa razón se mantiene la vigilancia.
Indicó que el gobierno del estado mantiene comunicación con los maestros para darles certeza de que la Policía del Estado y el Ejército permanecerá en sus escuelas.
Reiteró que los homicidios en Guerrero van a la baja en comparación con el incremento nacional, el porcentaje a la baja fue de 1.5 mientras que en 16 entidades hubo incrementos, “quisiéramos hacer más pero estamos en todas nuestras capacidades y compromiso con la sociedad guerrerense”.
Agregó que se necesitan más policías y más recursos.
De Chilapa informó que es el municipio donde hay un repunte de los hechos delictivos, pero no pueden desplegarse todos los agentes a esa zona pues deben atender otras regiones del estado.

 

Registran 20 casos de jóvenes desaparecidos que detuvo la policía de Chilpancingo

 

En menos de dos años el Colectivo de Padres y Familiares de Desaparecidos Secuestrados y Asesinados en el Estado y en el País documentó 20 casos de jóvenes desaparecidos que fueron detenidos por la Policía Municipal de Chilpancingo, y presumiblemente entregados a la delincuencia organizada, informó la presidenta del organismo Guadalupe Gutiérrez Narciso.
Declaró que los casos no se dieron a conocer por decisión de los familiares ante el grave riesgo al que se enfrentan, y que de los siete casos recientes el colectivo solamente sabe del de Efraín Patrón.
El 2 de enero el ex presidente de la Canaco, Piquinto Damián Huato denunció la desaparición de siete jóvenes en Chilpancingo, dos de ellos, Jorge Arturo Vázquez Campos de 30 años y Marco Catalán Cabrera de 34, fueron encontrados muertos casi a la medianoche del 3 de enero cerca de Tierras Prietas, al norte de la capital.
Dos más, Efraín Patrón Ramos de 25 años y Abel Aguilar García de 18 siguen desaparecidos, y tres más fueron encontrados vivos, torturados y atados de las manos a las 6 de la mañana del 3 de enero en un terreno baldío cerca del Palacio de Gobierno. En la mayoría de los casos, según el empresario, participó en su detención la Policía Municipal.
La representante de los familiares de desaparecidos y asesinados, Gutiérrez Narciso informó que de los siete casos recientes que denunció Damián Huato, y que ocurrieron entre el 23 al 31 de diciembre pasado, solamente dan seguimiento al de Efraín Patrón, quien no ha sido localizado y según sus familiares desapareció después de que fue detenido por policías municipales en la alameda Granados Maldonado a las 4 de la mañana del 29 de diciembre.
Informó que de los 100 casos a los que da seguimiento el colectivo, entre desaparecidos y asesinados, en 20 los testimonios refieren que las víctimas fueron detenidas por policías municipales desde el 2016.
Gutiérrez Narciso dijo que el colectivo comenzó a documentar los casos de desaparecidos y asesinados a partir de ese año, y que se incrementaron a partir de 2017.
Informó que de 2016 y lo que va de 2018 han llegado al colectivo 20 casos en los que se vio involucrada la Policía Municipal, “pero pues como siempre, los familiares tienen miedo de denunciar y exigir su presentación porque los tenemos (a los agresores) a la vista”, dijo la presidenta del colectivo.
Gutiérrez Narciso declaró que la vinculación de policías con miembros de la delincuencia coloca en un “riesgo muy grande” a los familiares de las víctimas, “pero sí, la policía es el principal apoyo de la delincuencia organizada, siempre ha sido así pero nunca se había hecho tan visible”.
Denunció que hay protección de las autoridades “de más arriba” a los agentes policiacos que han participado en la desaparición de personas.
Agregó que en los siete casos que se denunciaron del 23 al 31 de diciembre, no pudo haber participado solamente un policía, que es al que quieren vincular a proceso, “son muchos, pero el gobierno sabe cómo protegerse y a quién echarle la culpa”.
Añadió que lamentablemente nadie tiene el valor de decir la verdad, “pero participaron muchos elementos de la policía, hay muchos involucrados, hay videos de todo, pero los familiares tienen miedo de hablar”.