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No prospera la demanda millonaria de la empresa Acaverde, informa el alcalde

Gana por segunda vez el ayuntamiento en corte internacional

 La firma alegaba incumplimiento de contrato del gobierno que encabezó el priísta Rogelio de la O

 Luego de varios años de litigio en cortes internacionales, el alcalde Alberto López Rosas informó que el Ayuntamiento porteño ganó por segunda ocasión la demanda millonaria que interpuso la empresa Acaverde –encargada de recolectar la basura–, por incumplimiento de contrato del entonces gobierno municipal priísta encabezado por Rogelio de la O Almazán.

López Rosas informó lo anterior al terminar la inauguración de la planta de aguas residuales La Mira, el viernes pasado, y dijo que la notificación le fue dada por el representante del Estado mexicano, Hugo Pérezcano, quien llevó de manera directa el caso por parte de la Secretaría de Economía en la corte internacional.

El alcalde se congratuló con la noticia, pues afirmó que era muy satisfactoria para el Ayuntamiento, luego de varios años de litigio en la corte internacional; agregó que esperarán la información de manera formal y conocer los términos, para después valorar si hay una “acción de reversión de nuestra parte contra esa empresa”.

Aseguró López Rosas que se siente “muy descansado con la noticia, pues si hubiera existido una condena, se tenía que haber pagado alrededor de 80 millones de dólares, lo que representa un año de ejercicio presupuestal, que hubiera puesta en jaque y en plan de suspensión de pagos al gobierno municipal”.

Dijo que en la semana dará mayores detalles de la resolución de la corte internacional a favor del Ayuntamiento.

Antecedentes del conflicto

La empresa Acaverde firmó el 9 de febrero de 1995 un contrato con el Ayuntamiento porteño, cuyo alcalde era en ese entonces Rogelio de la O Almazán, y en diciembre del mismo año comenzó a prestar el servicio de recolección de basura. También tenía proyectado la construcción de un relleno sanitario, el cual nunca se concretó.

Pero en noviembre de 1997, Acaverde suspendió el servicio, al argumentar falta de pago del gobierno municipal priísta, que a su vez señaló que la empresa no cumplió con las actividades contratadas, por lo que el caso se fue a una resolución en los tribunales por la empresa Sanilfill Corporation propietaria de las acciones que tenía Acaverde en México, la cual solicitó dos veces un de juicio de controversia internacional contra México por el incumplimiento de contrato.

La controversia en los tribunales internacionales fue porque el convenio firmado con Acapulco –para la concesión del servicio de recolección de basura en la zona turística y colonias aledañas así como la construcción de un tiradero de alta tecnología para el destino final de los residuos sólidos– fue bajo el amparo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

El 27 de diciembre de 1999, el encargado de asuntos jurídicos de la entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (Secofi), Hugo Pérezcano visitó al presidente municipal Zeferino Torreblanca para informarle que la dependencia federal se haría cargo de la defensa del Ayuntamiento ante los tribunales internacionales.

El 6 de junio de 2000, después de años de conflicto legal entre Estados Unidos y México, por medio de una llamada telefónica Pérezcano informó al alcalde que el país había ganado la controversia, debido al incumplimiento legal de la empresa para interponer la demanda.

El 23 de junio de ese año, Hugo Pérezcano compareció ante el Cabildo para informar los detalles sobre el triunfo de México en tribunales internacionales.

Pero, durante ese año la empresa Acaverde volvió a solicitar una controversia constitucional para que el gobierno municipal pagará daños por varios millones de dólares, pero en la semana se informó que nuevamente se ganó en los tribunales internacionales dicha demanda.

Dirigente de la CCI presentará demanda por calumnias contra el Consejo 500 Años

 No se quedó con la indemnización de comuneros, dice Avilés

 Zacarías Cervantes Chilpancingo El dirigente de la Central Campesina Independiente (CCI), Maclovio Avilés García, negó que se haya “robado” los 942 mil pesos que se pagaron como indemnización a los comuneros de San Miguel Tecuiciapan, como lo denunció el dirigente del Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena (CG500ARI), Guillermo Alvarez Nicanor.

Asimismo, Avilés García advirtió que presentará una demanda penal por calumnias contra el dirigente indígena.

Avilés García informó que fueron 940 mil pesos los que hace más de un año entregó el gobierno estatal al presidente de Bienes Comunales, Antonio Jacobo Nicanor, al tesorero Anatalio Abundes Bartolo y al secretario Cenobio Alvarez Catalán.

Aseguró que en su calidad de dirigente de la CCI, únicamente participó en la gestoría para que el gobierno estatal pagara la indemnización a comuneros de 16 pueblos afectados con la construcción de la Autopista del Sol, y que entre ellos estaba San Miguel Tecuiciapan.

“Pero yo no recibí ningún cinco, el gobierno estatal entregó los recursos a las autoridades comunales o en su caso ejidales”, aseguró Avilés García.

Reconoció que la semana pasada acudieron a su oficina de la CCI dos grupos de comuneros de San Miguel Tecuicipan: unos del PRI y otros del PRD, “que parece ser que traen conflictos porque discutieron aquí y me preguntaron por ese dinero”.

Pero indicó que les dijo lo mismo: “que el dinero se lo llevaron las autoridades comunales de su pueblo y que yo no recibí ni un cinco”.

Explicó que de los tres representantes comunales que se llevaron el dinero, el presidente de Bienes comunales, Antonio Jacobo Nicanor, asegura que fue entregado a los comuneros, mientras que el tesorero Anatalio Abundes y el secretario Cenobio Alvarez señalan que no, “entonces deben exigir cuentas a ellos”.

Avilés García aseguró que Jacobo Nicanor se acreditó legalmente como representante de los comuneros, y rechazó que haya falsificado documentos, “pues de lo contrario no le habrían entregado el dinero”.

Agregó que por eso le “molesta” que “un tipo que no sabe nada del asunto ahora me venga a denunciar de que me robé el dinero”.

Demandarán jubilados al ISSSTE por retener el pago de pensiones

 

 Jubilados y pensionados del gobierno federal acordaron presentar una demanda penal contra la delegación del ISSSTE, por la retención de 20 millones de pesos de percepciones de mil 700 jubilados y pensionados.

Mientras que la jefa del Departamento de Pensiones de la Delegación, Guadalupe García Santoyo, aseguró que el instituto no enfrenta ningún desabasto económico para pagar las pensiones, y que la falta de pago se debió a un problema técnico del sistema.

Ayer en Chilpancingo, los ex trabajadores de diferentes dependencias federales sospechan que el recurso se retiene para utilizarlo en el próximo proceso electoral, porque –aseguraron– esta no es la única vez que sufren el problema, sino que ya se ha dado en comicios anteriores.

Uno de los dirigentes de los casi dos mil jubilados y pensionados, Joaquín Nava Cortéz, denunció que desde el jueves de la semana pasada no han podido cobrar sus percepciones correspondientes al mes de abril, y que nadie en la delegación del ISSSTE les ha explicado el motivo.

En un documento que enviaron ayer al director general del ISSSTE, Benjamín González Roaro, le informan que de los dos mil jubilados y pensionados de la zona Centro de Guerrero, sólo 300 pudieron cobrar sus percepciones, mientras que a mil 700 no les han querido pagar.

Denunciaron que primero la delegación del ISSSTE les puso como condición que tendrían que entregar una copia fotostática del comprobante del pase de revista, pero que ya todos cumplieron con ese requisito “y ni así nos quieren pagar. Sabemos que esto que esto es una maniobra turbia, burda y cínica, de algunos malos funcionarios públicos sin escrúpulos”.

Nava Cortéz informó que el recurso fue depositado a tiempo en el banco, pero que extraoficialmente se enteraron que un alto funcionario dio la orden para que no les pagaran.

Añadió que sí fue autorizado el pago “para aquellos que podrían provocarles problemas”, en este caso señaló que la mayoría que pudo cobrar son los maestros jubilados, quienes se encuentran más organizados y podrían hacer protestas.

Debido a esa situación los ex empleados federales ayer acordaron la presentación de una demanda penal en contra de la delegación del ISSSTE con sede en Acapulco, porque señalan que es la institución responsable de la retención de sus percepciones que deberían haber cobrado a más tardar el jueves de la semana pasada.

En su documento, que enviaron al director general del ISSSTE, piden también que se investiguen las causas de la retención, pues insistieron que “es posible que sean jineteados para las próximas campañas electorales”

Señalan que en las elecciones federales del mes de julio del año pasado les ocurrió una situación similar, “por eso nos entran las sospechas”.

Garantizado el pago de pensiones y jubilaciones: directiva

En la delegación del ISSSTE en Acapulco, Guadalupe García Santoyo informó que ayer el sistema de pago de pensiones y jubilaciones se regularizó.

Explicó que la falta de cobro de algunos de los beneficiarios se debió a fallas técnicas del sistema.

Consultada en su oficina, la jefa del Departamento de Pensiones explicó que de las regiones de Chilpancingo, Iguala y Acapulco sólo mil 200 de 10 mil 457 beneficiarios no pudieron cobrar su dinero.

Guadalupe García informó que la delegación del ISSSTE ya tiene el presupuesto para el rubro de pensiones y jubilaciones, que asciende a cerca de 552 millones de pesos, porque cada mes se depositan 46 millones de pesos a los 10 mil 457 beneficiarios.

Explicó que el problema sucedió por un bloqueo del sistema el pasado lunes, y aseguró que la delegación se encuentra todavía en tiempos para pagar las jubilaciones y pensiones, debido a que el primer día de cada mes se deposita el dinero del plazo que transcurre.

Precisó que de los mil 200 pagos retenidos, sólo 800 sí pasaron revista –sistema por el cual constatan que el beneficiario todavía vive–, y 400 de los ex trabajadores del ISSSTE por diversos factores no reactivaron el registro. La revisión se hace dos veces al año, en enero y julio.

Guadalupe García informó que si algún beneficiario no puede acudir a la revista por problemas de salud, entonces lo tiene que notificar para que personal de la delegación acuda a su casa u hospital.

Mencionó que en este año se considera actualizar el proceso de revista de los pensionados y jubilados, y para ello se instalará un sistema de digitalización que será enviado de la dirección general del instituto.

La demanda contra vecinos, por privación ilegal de la libertad, informa la CFE

* Caso de la denuncia contra consumidores de El 30

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que la demanda que interpuso ante la  Procuraduría General de la República (PGR)   contra los dirigentes del Frente Amplio de Consumidores (FAC) fue por “privación ilegal de la libertad, daño al patrimonio de la institución y lo que resulte”. La cual quedó registrada bajo la averiguación previa 12/Aca/0211/2004 en la Agencia del Ministerio Público Federal.

En un boletín, el vocero de la empresa en la región Centro-Sur, Raúl Gómez Cárdenas, confirmó que la demanda fue presentada por lo hechos ocurridos el día 25 de febrero cuando los dirigentes del “Frente Amplio de Consumidores, José de Cádiz Molina, Valentín Luján Ramírez y María Isabel Valdeolivar y un grupo de personas  privaron ilegalmente de la libertad al personal de las oficinas ubicadas en avenida Cuauhtémoc. A quienes le impidieron la entrada y salida del inmueble  al mismo tiempo que afectaron el funcionamiento de las operaciones de la empresa”.

Como se recordara los integrantes del FAC llevaron a cabo una protesta por los altos cobros de los recibos de luz y cerraron por varias horas las oficinas de la CFE. Retirándose cuando se llegó al acuerdo de instalar una mesa de trabajo al día siguiente. La cual también terminó de forma violenta con el argumento de los inconformes, que los funcionarios de la paraestatal siguieron comportándose de manera prepotente y sin dar solución a su demanda.

Mediante el boletín de prensa, Gómez Cárdenas advierte que cada vez que se atente contra el patrimonio de la institución o se amenace la integridad o los derechos civiles de los trabajadores, en el ejercicio de sus funciones. La Comisión acudirá a la ley a fin de evitar la impunidad y prevenir problemas mayores en el futuro. La CFE, según Gómez Cárdenas, siempre                 privilegia el diálogo y la negociación, pero de ser necesario recurrirá a la ley.

El vocero comentó que el FAC presentó a la CFE 55 casos para su revisión, por los altos cobros. Estos resultaron en su lectura correctos.

Así también, Gómez Cárdenas comentó sobre las dos veces que el agente del MP federal, Alfonso González Zamora, ha dejado plantados a los dirigentes del FAC. La primera el 12 de marzo cuando los dirigentes José de Cádiz Molina, Valentín Luján Ramírez y María Isabel Valdeoliva y otras tres personas ( sin abogado) llegaron a las instalaciones de la PGR, en avenida Morteros y se les dijo que agente se había ido a comer.

La otra ocasión fue el 15 de marzo cuando acudieron por segunda vez a la PGR, con unas 50 personas, y se les informó que el fiscal federal ese día se fue a la ciudad de México.

Con relación a esto, Gómez Cárdenas desmintió que el MP federal, Alfonso González Zamora, haya dejado plantado a los dirigentes. Lo cierto es que “se trató de que en las dos ocasiones que se han citado a esas personas, insisten en declarar acompañados de cuarenta personas y es por eso que el agente del MP no los ha recibido, ya que solo pueden entrar los acusados y sus abogados”. (Karina Contreras).

Una ciudadana inconforme demanda al Ayuntamiento por anomalías en construcción

 * Juárez Soto hizo caso omiso del problema

La ciudadana Gala Kattain Duchateau demandó a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas por permitir la construcción de un edificio junto a su casa a pesar de tener diversas irregularidades, como exceder el número de pisos, la construcción de ventanas hacia propiedad privada y no tener la suficiente separación entre la edificación y su propiedad, ubicada en el fraccionamiento Condesa en calle Punta Bruja, número 13,

La demandante explicó que ya presentó una demanda en contra del Ayuntamiento, aunque no precisó los detalles de la misma.

Kattain Duchateau mostró la licencia de construcción otorgada el 18 de diciembre de 2002 a José Domingo Zamora Arrioja, propietario del edificio en construcción, para recordarle que son ocho los departamentos divididos en cuatro niveles los que tiene permitido edificar, “y son ocho pisos los que están en construcción”.

Además, entregó copia de la constancia de uso de suelo del terreno donde se efectúan las obras, en el documento se constata que el coeficiente de ocupación del suelo era del 10 por ciento, y debía existir un 90 por ciento de área libre en planta baja, sin embargo. ésta ocupa el 15 por ciento.

El edificio en construcción tiene las ventanas hacia una cancha de tenis, también propiedad de la familia de Kattain Duchateau, además, la azotea de la edificación está pegada a la casa de la denunciante.

Mencionó que en agosto de 2003, el alcalde Alberto López Rosas efectuó un recorrido por el fraccionamiento junto al titular de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Jorge Juárez Soto, quien recomendó a la víctima hacer “una investigación a fondo de la situación de la obra, y si incurría en alguna irregularidad él la demolería”.

Kattain Duchateau previó para hoy una reunión con la secretaria general del Ayuntamiento, María de la Luz Núñez Ramos. “Por parte de ella he visto buena voluntad, tengo esperanza, para tratar de solucionar esta situación”, pues ante las indiferencias de Juárez Soto ya no quiere tratar su problema con él, pues simplemente “no resuelve nada”. (Magdalena Cisneros).

Ratifican demanda contra comisario ejidal que no entregó indemnizaciones

* Reclaman su parte de los 15 mdp que dio la CFE

 

 * El comisariado de Omitlán repartió el dinero entre unos cuantos, denuncian los inconformes en el Tribunal Unitario Agrario

 Karina Contreras * Ejidatarios de la comunidad de Omitlán –ubicada en Tierra Colorada– acudieron al Tribunal Unitario Agrario (TUA) número 41, para ratificar su demanda y exigir que el comisariado ejidal Agustín Sánchez les entregue lo que les corresponde de los 15 millones de pesos que el año pasado pagó la Comisión Federal de Electricidad (CFE), como indemnización por las afectaciones causadas por la hidroeléctrica La Venta, pues es la hora que no han visto ni un peso.

Los 30 ejidatarios de Omitlán llegaron desde las 11 de la mañana al TUA, e iban encabezados por el secretario general de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en el estado, Evencio Romero Sotelo, quien adelantó que preparan una demanda penal por fraude contra el comisariado ejidal y la CFE, ya que –dijo– la empresa no debió entregar el cheque a una sola persona, sino que debió convocar a asamblea.

Romero Sotelo señaló que el comisariado ejidal defraudó a 30 ejidatarios de esa zona de Tierra Colorada, ya que por las afectaciones de la presa La Venta, la CFE, a mediados del año pasado, entregó 15 millones de pesos para éstos, pero que la autoridad ejidal sólo lo entregó a sus incondicionales y a los demás los dejó fuera.

Dijo que por tal motivo piden a las autoridades agrarias que se aclare dónde quedaron los 15 millones de pesos, y agregó que el 13 de abril habrá una audiencia para que la autoridad ejidal se presente y diga dónde están los recursos, aunque “está comprobado que ese dinero fue desviado para beneficio personal de la autoridad”.

El pueblo de Omitlán se encuentra en los márgenes del Río Papagayo, y fue uno de los principales afectados con la construcción de la presa La Venta, hace más de 40 años, y fue hasta el año pasado que la CFE pagó 4 pesos por metro cuadrado de afectaciones, esto como parte de su estrategia para lograr la aceptación de su megaproyecto de la hidroeléctrica La Parota.