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Hay un probable daño de más de 9 millones por la obra de la biblioteca del Congreso: ASF

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó un probable daño o perjuicio a la hacienda pública federal por 9 millones 362 mil 45 pesos, más los rendimientos financieros generados, desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por la demolición de la biblioteca Sentimientos de la Nación del Congreso local, “sin tener justificación o dictaminación técnica”.
En la auditoría de cumplimiento 2021-A-12000-19-0946-2022, que se realizó al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, que es pública en el portal de la ASF, se establece que se “analizó el control interno instrumentado por el gobierno del estado de Guerrero”, a través de la SDUOPOT, como la dependencia ejecutora de los recursos de este fondo.
En la observación 26 de esta auditoría, se habla del caso particular del caso de la biblioteca Sentimientos de la Nación, del Congreso del Estado, para la cual se precisa que se aprobó un presupuesto para reforzar la estructura, no para demolerlo.
Se apunta, de manera textual, que el gobierno estatal, mediante la SDUOPOT, “formalizó el contrato número SDUOPOT- FAFEF-AD-291-2021”, del cual se pagaron 9 millones 362 mil pesos con recursos del FAFEF 2021.
De este caso, se lee en la auditoría, “se exhibe un dictamen de seguridad estructural realizado por un director responsable de obra, en el cual se desprende, dentro de las conclusiones técnicas, que el edificio sea reforzado en cuanto a estructura y cimentación; sin embargo, el ejecutor realizó la demolición y construcción del inmueble sin presentar la justificación o dictaminación técnica para llevar a cabo dicha acción”.
Lo anterior, señala la auditoría, representa un “incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero, número 266, artículo 19”.
El pliego de observaciones de esta auditoría apunta que se “presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la hacienda pública federal por un monto de 9 millones 362 mil 45 pesos, más los rendimientos financieros generados, desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por realizar la demolición de un edificio sin tener la justificación o dictaminación técnica”.
En este texto se informa también en referencia al mismo caso, de la biblioteca, que “mediante la visita física a una obra pagada con recursos del FAFEF 2021, se determinó que en la obra denominada Demolición y Construcción del edificio de la Biblioteca del Congreso del Estado, en Chilpancingo, incluida en el contrato SDUOPOT-FAFEF-AD-291-2021, no se acreditó el ingreso y el egreso al almacén de los bienes incluidos en los conceptos que indican “con recuperación”, no se presentó durante la visita de inspección física a la obra la documentación que acreditara que se realizó la entrega, durante el periodo del 24 de diciembre al 31 de diciembre de 2021, en que se llevó a cabo la obra”.
También se señala en este informe de auditoría que “no se encontró evidencia de los bienes producto de la recuperación, por un importe de 49 mil 300 pesos”.
De la misma manera, en dos conceptos más, el primero porque “se constató que siete cámaras de video vigilancia se encontraron en el almacén del Congreso del Estado, sin embargo, no se presentó documentación con la que se acreditara su ingreso al mismo”.
El segundo es por el “retiro de unidad manejadora de aire acondicionado”, mismas que no presentaron la documentación justificativa ni comprobatoria con la que aclare el ingreso al almacén; ni del estado que guarda el material en mención, ya que de ambas manejadoras sólo se encontraron las carcasas, por lo que no se puede acreditar que sean reutilizables, debido a que se encuentran al exterior del almacén y a la intemperie, por un importe de 11 mil 500 pesos”.
Estos 60 mil 800 pesos, que suman los dos conceptos anteriores, están incluidos en monto total pagado del contrato de 9 millones 362 mil 45 pesos.
Este informe señala que las irregularidades cometidas incumplieron Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero número 266, en sus artículos 16, 26, 28 fracción uno, 56 fracción uno, 57 fracción décimo primera; también los artículos 64,79 y 80 y del contrato de obra pública número SDUOPOT-FAFEF-AD-291-2021, cláusula primera, cuarta, decima segunda y decima tercera.
La ASF emitió “la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria”, para que la Secretaria de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero “realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, no asignaron, supervisaron y vigilaron los trabajos, de la obra pública contratada, toda vez que, no acreditaron documentalmente el ingreso ni el egreso de los bienes producto de recuperación al almacén, asimismo, no presentaron al momento de la visita de inspección física la documentación que acreditara que se realizó la entrega durante el periodo en que se llevó a cabo la obra; asimismo, no se encontróì evidencia física de la existencia de los bienes producto de la recuperación”.
La demolición del edificio de la biblioteca se realizó los últimos días de 2021 y los primeros de 2022 sin que los integrantes de la Junta de Coordinación Política conocieran los motivos, los cuales no se confirmaron hasta noviembre pasado, cuando en comparecencia ante el pleno del poder Legislativo, la secretaría de Desarrollo Urbano, Obras públicas y Ordenamiento Territorial, Irene Jiménez Montiel, informó que la demolición se determinó a partir de un estudio hecho por la dependencia, en respuesta a la solicitud realizada de manera unilateral por el entonces presidente de la Junta de Coordinación, Alfredo Sánchez Esquivel.
Esta obra, después de la demolición del edificio, estuvo detenida por 11 meses y finalmente el 22 de diciembre pasado, a días de que concluyera el ejercicio fiscal 2022, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y diputados locales dieron “el banderazo” a la segunda etapa de construcción de la biblioteca, con una inversión de 20 millones de pesos.

 

Ya entregó la ASF el informe sobre la demolición de la biblioteca del Congreso: Paris

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El auditor superior del estado, Marcos César Paris Peralta, informó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), ya entregó el informe con observaciones sobre la demolición de la biblioteca del Congreso local al poder Legislativo y a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Ejecutivo estatal.
Consultado en el auditorio Sentimientos de la Nación sobre alguna intervención de la dependencia en este proceso, aclaró que no lo revisó, sólo tuvo la información de que la ASF hizo la Auditoría y ya remitió el informe con recomendaciones.
Con este documento se determinaría si existen responsabilidades de personas o instituciones por la demolición del edificio del Congreso local, que en el presupuesto de egresos del estado hace dos años sólo señalaba una inversión de rehabilitación.
En el tema de las auditorias estatales, informó que le ASE cumplirá en tiempo y forma el 17 de febrero, con la entrega 139 informes individuales y general de las cuentas públicas a la Comisión de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado (ASE).
Reconoció que está trabajando a marchas forzadas por el fuerte rezago que dejó la anterior administración; sin embargo, confió en que cumplirán con la obligación de entregar de manera profesional y conforme a la ley.
Recordó que tomó el cargo el 12 de septiembre de 2022, y le tocó entregar el segundo bloque de informes de la cuenta pública de municipios, poderes del estado, organismos públicos descentralizados y auditorías de desempeño. El próximo 17 de febrero es el plazo de entrega del tercer bloque.
Señaló que quedó mucho por hacer con 153 entes fiscalizables en la anterior administración, cubierta por auditores especiales debido al retraso del nombramiento del titular de la ASE, desde julio de 2021 que salió el anterior.
Añadió que hay procedimientos administrativos contra funcionarios que ya se fueron, y que habrá de resolver el Tribunal Administrativo de lo Contencioso.

 

Sigue investigación por la demolición de la biblioteca del Congreso: Yoloczin Domínguez

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

La presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de Guerrero, Yoloczin Domínguez Serna, afirmó la investigación para establecer sanciones por la demolición de la biblioteca Siervo de la Nación continuará, porque independientemente de que la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (SDUOPOT), haya autorizado la demolición, fue a una decisión del entonces presidente de la Jucopo, Alfredo Sánchez Esquivel.
Después de que en comparecencia ante el pleno de la secretaria de Desarrollo Urbano, Irene Jiménez Montiel, informó que la demolición de la biblioteca se determinó a partir de un estudio hecho por la dependencia y la solicitud de Sánchez Esquivel, ayer fue consultada la presidenta sobre lo que sigue en ese proceso.
En breves declaraciones en el Congreso local, Yoloczin Domínguez dijo que la decisión de solicitar a la dependencia el realizar la demolición y construcción de un nuevo edificio en lugar de una rehabilitación como lo aprobó el pleno del Congreso local, no se tomó de manera colegiada y por lo tanto se debe sancionar a los responsables.
Apuntó que la investigación la realizan los órganos internos del Congreso local en este caso la contraloría y el jurídico y que están aún pidiendo información y respondiendo a las dependencias respecto a documentación que enviaron al Congreso local, y de los cuales requieren más datos: “es un proceso, yo no puedo adelantarme porque sería entorpecer el proceso de investigación”.
Adelantó también que solicitarán “que haya responsabilidad legal, para todos aquellos actores que tuvieron que ver con estas decisiones de manera unilaterales”.
Recordó que a pesar de que quien preside la Jucopo tiene facultades para la toma de decisiones, no es para todo porque la Junta es un órgano colegiado, además de que la solicitud de cambiar la rehabilitación por una demolición va en contra de la decisión que tomó el pleno en la aprobación del presupuesto para el ejercicio fiscal 2022.
“Es un recurso que ya estaba aprobado, etiquetado por el pleno para un uso específico que era rehabilitar la biblioteca, el hecho de que una persona haya tomado la decisión de solicitar a la Secretaría de Obras el reorientar ese recurso, no es adecuado, primeramente lo debió haber informado, socializado, consensado con la Junta”, así como al Comité de Administración o al pleno, aseguró la morenista.
Yoloczin Domínguez, sin embargo, dijo que el Poder Legislativo no es la instancia que determinará las sanciones al responsable, esto a pesar de que es la contraloría y el área jurídica del Congreso las que están realizando las investigaciones.
A pregunta hecha por un reportero respecto a cuáles son estas instancias las que determinarían las sanciones, la morenista dijo: “terminemos primero de concluir este proceso de investigación de manera interna”.
Reiteró que habrá sanciones a los responsables porque se cometió una “afectación al patrimonio del estado”. Esperan que antes de que concluya el año poder dar el banderazo de arranque de la obra del nuevo edificio.

 

Protección Civil sólo reportó filtraciones en la biblioteca del Congreso, revela titular

El secretario de Protección Civil Roberto Arroyo es entrevistado por reporteros Foto: Jessica Torres Barrera

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

Existen dos dictámenes de Protección Civil estatal sobre la biblioteca del Congreso del Estado emitidos en la administración del priista Héctor Astudillo Flores, en el que sólo se señalaban deterioros “debido al paso del tiempo” que estaban provocando algunas “filtraciones de humedad”, afirmó ayer el secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del estado, Roberto Arroyo Matus.
Dijo que los dos documentos los entregó hace un mes y medio a la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, Yoloczin Domínguez Serna, en los que entonces se recomendaba que debía intervenir un “director de obra”, quien establecería si era necesario una demolición o no.
Se le preguntó si Protección Civil estatal emitió algún dictamen en el que se recomendara la demolición o solamente una reparación, Arroyo Matus manifestó que sí realizó dictámenes la dependencia, pero en la administración de Astudillo.
“Nosotros revisamos lo que logramos encontrar, porque nos lo pidió el Congreso justamente para revisarlo ellos también, y lo que se nota es que había un poco de deterioro en la biblioteca, pero normalmente la Secretaría de Protección Civil nunca emite dictámenes de demolición, no lo hacemos porque eso le corresponde a un director responsable de obra, son los únicos facultados para emitir dictámenes de demolición”, contó.
“De la biblioteca había deterioros, sobre todo debido al paso del tiempo se estaban provocando algunas filtraciones de humedad, básicamente era eso”, precisó.
Se le reiteró la pregunta de si ameritaba la demolición y reconstrucción o solamente una remodelación, pero manifestó que “lo que yo pude ver en los dictámenes, es que se recomendaba que participara un director de obra para establecer si era necesario llevar a cabo una demolición”.
Aunque destacó que los “directores de obra” son entes autónomos y privados que debió contratar el Congreso local.
Comentó que normalmente Protección Civil no está facultado para emitir dictámenes de demolición, se hacen dictámenes de opiniones técnicas de la seguridad estructural, pero no puede recomendar demoliciones, eso le corresponde a un director responsable de obra por ley.
Afirmó que entregó al Congreso del Estado a solicitud de la presidenta de la Jucopo, Yoloczin Domínguez Serna, y otros diputados locales que “signaron un oficio”, –hace un mes y medio– dos documentos justamente emitidos por la dependencia en la administración de Héctor Astudillo, donde se hacía un recuento de lo que tenía la biblioteca demolida.
El pasado 10 de noviembre, Yoloczin Domínguez Serna reveló que el presupuesto etiquetado para la biblioteca Siervo de la Nación del Congreso local fue para rehabilitar el edificio, no para su demolición y la construcción de uno nuevo, y consideró que el anterior presidente de la Jucopo, Alfredo Sánchez Esquivel, “solicitó recursos para la rehabilitación de la biblioteca, más no para su reconstrucción” y que “se cometió una falta muy grave al querer darle otro cauce al recurso que se etiquetó”.
También señaló que Protección Civil le informó que no existía un dictamen en el que se plantee contruir un nuevo edificio, como lo indicó Arroyo Matus.

Cambia de nombre la Secretaría

Ayer al concluir la inauguración del último Foro Regional de Consulta Ciudadana de la zona Centro que se celebró en el auditorio José Joaquín de Herrera, en Palacio de Gobierno, Roberto Arroyo Matus informó que el pasado viernes 11 de noviembre la Secretaría de Protección Civil cambió de nombre a Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.
En el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero se publicó el 11 de noviembre la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal Número 242, en la que se contempla el cambio de denominación de la Secretaría de Protección Civil por Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.
Esta modificación se realizó para adaptar las acciones y estrategias de trabajo del gobierno del estado en materia de prevención de riesgos, con base a las nuevas demandas y necesidades de la población guerrerense, para transitar a un nuevo esquema de trabajo que busca obtener ciudades y comunidades mayor resilientes ante cualquier contingencia.
Arroyo Matus severó que la decisión obedece a que a nivel mundial se está manejando así, añadir la “gestión” que significa que todos los entes que participan en la protección civil como las entidades gubernamentales, las fuerzas armadas, los grupos voluntarios y la sociedad civil intervengan en conjunto para proponer las políticas para salvaguardar la vida de las personas y de sus bienes.
“La idea también es de que pasemos de una Secretaría completamente reactiva a una Secretaría donde se puedan llevar a cabo más acciones preventivas”.
Aseguró que no cambiará mucho la estructura organizativa y sólo le darán énfasis a la prevención, es decir, que acelerarán los trabajos para que la mayoría de los municipios empiecen a contar ya con “capas que puedan ser subidas al Sistema Nacional de Protección Civil, que es propiamente el Atlas de Riesgo”.
Mencionó que el Atlas de Riesgo trata de involucrar los peligros que hay, la vulnerabilidad y obviamente el costo que puede tener para la población si hay alguna emergencia o desastre.
De la marcha de integrantes del Sindicato Estatal de Trabajadores de la Secretaría de Protección Civil Guerrero este martes para exigir la reinstalación de un trabajador y el pago de un bono de riesgo, Roberto Arroyo respondió que le parecen justas las demandas.
Detalló que él trabajador José Luis González Castro “estaba bailando en un evento público con el uniforme, por eso se le despidió en una administración pasada y consideramos que cada quien tiene sus criterios, pero que no fue una falta tan grave y creemos que se le puede reinstalar, ya estamos en eso justamente”.
Del bono de riesgo, afirmó que los trabajadores están en pláticas con la Secretaría de Finanzas del estado para llevar a cabo el ajuste y que “ojalá que se les pueda aportar, la verdad es que sí se lo merecen, es una actividad de riesgo que llevan a cabo y es complicado asegurar a una persona que realiza labores de riesgo”.

Comienza la demolición de 32 viviendas de El Mirador construidas en zona de riesgo en la capital

 

Este lunes comenzó la demolición de 32 departamentos de la manzana 2B del fraccionamiento El Mirador, construido para familias damnificadas de las tormentas Ingrid y Manuel en 2013.
Las 32 viviendas demolidas fueron construidas por una empresa contratada por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y los habitantes sólo las usaron del 23 diciembre de 2015 al 5 de enero de 2016, porque tenían cuarteaduras y fisuras, y fueron declaradas inhabitables por riesgo de colapso.
A las 12:47 del día comenzó la demolición, la zona no se acordonó ni se colocó protección, tampoco se habilitó el refugio temporal para las familias que están en la manzana 1B, como prometieron la encargada de la delegación de la Sedatu, Alma Aurora Jiménez; el secretario de Protección Civil estatal, Marco César Mayares Salvador; y el secretario de Desarrollo Social, Mario Moreno Arcos.
Niños, adultos mayores, mujeres, hombres y adolescentes, desde los balcones de sus casas, de la calle y desde el transporte público miraban con asombro la demolición, que esperaban desde 2017.
“Ya era hora que los demolieran, no podíamos ni dormir porque pensábamos que los edificios se nos vendrían encima”, decía el integrante de una familia de la manzana 1B.
En el lugar también había personal de la Procuraduría General de la República (PGR), porque las empresas constructoras están demandabas ya que entregaron las casas de mala calidad y se negaron a demolerlas, de lo que se encargó la Comisión de Infraestructura, Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG).
La PGR acudió al fraccionamiento para recabar información de las casas y tomar fotografías para continuar las investigaciones de la demanda que enfrenta la empresa que ejecutó mal las obras.
El ex delegado, José Manuel Armenta Tello, en reiteradas ocasiones declaró que la responsabilidad es de la empresa Casaflex, que hizo la obra, y que enfrentaba una demanda en la PGR, para que asuma su responsabilidad de la demolición del edificio y el arreglo de las viviendas que tienen fisuras, cuarteaduras y filtraciones.
Sin embargo, debido al proceso, que es largo, los funcionarios estatales y federales asumieron la responsabilidad de demoler las viviendas, que representan un riesgo para las familias que habitan los departamentos aledaños.
A las 12:47 de la tarde comenzó la demolición, la zona no fue acordonada, tampoco se habilitó el refugio temporal donde estarían las familias mientras se hacen los trabajos de demolición, para que no estuvieran dentro de sus viviendas y evitar algún percance.
Sin embargo, la Secretaría de Protección Civil estatal no estuvo cuando se iniciaron los trabajos pese a que, de acuerdo con los encargados de la demolición, les avisaron desde el viernes que iniciarían este lunes.
Los vecinos de la manzana 1B preocupados porque los trabajos habían iniciado sin la protección, llamaron al director de Protección Civil estatal para que acudiera a la zona; una hora después llegaron los socorristas a acordonar el área y comenzaron la construcción del refugio temporal, en el puente del fraccionamiento.
En el lugar, el representante de El Mirador, Noé Guzmán Barragán dijo que “estamos preocupados porque Protección Civil estatal no se ha acercado para brindar la seguridad”.
Recriminó que las autoridades estatales y federales se comprometieron a proporcionarles toldos para que las familias de la manzana 1B estuvieran refugiadas en el transcurso del día, mientras ocurría la demolición, pero no se instalaron a tiempo.
Guzmán Barragán manifestó que, en total son 40 familias que habitan en la manzana 1B, quienes estaban preocupadas que la manzana 2B fuera a colapsar ya que los trabajos se prolongaron.
Cuando inició la demolición de la primera casa, en la calle donde estaban la mayoría de los vecinos, se sentía el movimiento del suelo; en las viviendas de la manzana 1B y 3B las ventanas vibraban a causa de la demolición, ya que la zona es inestable.
De acuerdo con autoridades de la Sedatu, cada casa estaba valuada en unos 120 mil pesos, es decir que las 32 costaron más de 3 millones 840 mil pesos.
El espacio donde se demuelen las viviendas será un parque, porque la zona es inhabitable.
“Mira mamá la maquina tiro rápida la casa, es decir que así están de frágiles todas”, cuestionó un niño a su madre, mientras los demás damnificados continuaban gravando video y tomando fotografías.

 

No demuelen las 32 casas dañadas de El Mirador en Chilpancingo; lo harían el lunes, informan

 

En el fraccionamiento El Mirador, donde se reubicó a damnificados de las tormentas Manuel e Ingrid de 2013, iniciaron los trabajos de protección de los edificios que habitan unas 40 familias en la manzana 1B, mientras que la demolición de las 32 viviendas declaradas inhabitables será el próximo lunes.
En un recorrido en el fraccionamiento se observó que los vecinos despegaron y se llevaron el metal de las escaleras, de las ventanas, coladeras y algunos lavaderos de las 32 casas que serán demolidas; aseguraron que las autoridades, sin especificar cuales, les dieron permiso de llevarse todo el metal y algunas cosas que pudieran rescatar, porque la maquinaria destruirá todo.
La zona donde están las 32 casas no está resguardada para evitar accidentes, pese a que en el lugar hay vidrios rotos, grietas y algunos cimientos a punto de colapsar. Niños, mujeres y hombres, sin importar el riesgo entraron para llevarse las cosas que podrían servirles.
De acuerdo con autoridades estatales y de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), el martes pasado iniciarían los trabajos de demolición de 32 viviendas inservibles en el fraccionamiento El Mirador, sin embargo no se hicieron, y este viernes sólo comenzaron a colocar paneles de madera y lonas para evitar que cuando se demuelan las viviendas se dañen las 40 casas de la manzana 1B, que están habitadas.
El director de Protección Civil estatal, Marco César Mayares Salvador; el titular de la Sedesol estatal, Mario Moreno Arcos; y la encargada de la Sedatu, Alma Aurora Jiménez, se comprometieron a que las familias estarían en un refugio temporal que se habilitaría en el fraccionamiento y aún no está preparado.
Trabajadores informaron que la demolición podría iniciar el lunes, y que en los próximos días sólo llegará la maquinaria.
Habitantes de la manzana 1B que estarán en el albergue temporal que se habilitará en la zona, dijeron que aún no llegan las carpas de plástico, y que probablemente construyan el albergue cuando inicie la demolición.
El fraccionamiento El Mirador está al sur de la capital, al lado de la Autopista del Sol hacia Acapulco.

 

Hoy comienza la demolición de 32 casas que no están habitadas en El Mirador

Hoy inician los trabajos de demolición de 32 viviendas inservibles en el fraccionamiento Nuevo Mirador, que pagará el gobierno estatal, porque la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) no tiene presupuesto; las familias se reubicarán ahí mismo para evitar que delincuentes roben sus pertenencias.
Este lunes, en el fraccionamiento El Mirador, en una reunión de damnificados por las tormentas Manuel e Ingrid, con autoridades federales y estatales acordaron que hoy iniciarán la demolición de 32 casas inservibles que no estaban habitadas de la manzana 2B, que tenían que haber sido demolidas en marzo de 2017.
En la reunión estuvieron la encargada de la Sedatu, Alma Aurora Jiménez; el secretarito de Protección Civil estatal, Marco César Mayares Salvador; el titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Mario Moreno Arcos, y colonos que serán reubicados en un refugio temporal.
Ahí, los funcionarios les informaron a los colonos que serían reubicados mientras se inicia la demolición, pero los damnificados pidieron carpas en el fraccionamiento para estar mientras terminan con los trabajos.
Los colonos dijeron que no pueden irse a algún albergue debido a que en el fraccionamiento no hay seguridad, y temen que los delincuentes roben sus muebles y electrodomésticos.
Los funcionarios manifestaron que no podían comprometerse a proporcionarles láminas y madera, porque no contaban con presupuesto, pero que verían la manera de que alguna dependencia les prestara toldos de plástico.
El secretario de Protección Civil estatal explicó que continuará el procedimiento para la demolición de las viviendas y las acciones preventivas para garantizar la seguridad de las personas por medio de los mecanismos de la demolición.
“Es algo preventivo que se hará en la zona, garantizar la seguridad y evitar que las personas se acerquen al lugar de la demolición para que no se provoque algún accidente”, indicó el funcionario, y detalló que cuando se terminen los trabajos se tomará alguna decisión para ver si se construye en el lugar o no, “con la demolición podemos determinar con los estudios necesarios qué acciones de mitigación se realizarán para ocupar el espacio”.
Por su parte, Mario Moreno dijo que, “la idea es que sientan el apoyo del gobierno estatal, los toldos que pueda conseguir se los haré llegar a Mayares Salvador para que los habiliten”.
La encargada de Sedatu manifestó que las familias serán trasladadas de manera momentánea a alguna zona del fraccionamiento por unas horas, en lo que se trabaja en la demolición de las 32 viviendas.
Informó que en el fraccionamiento serán demolidas las casas, y ya no se construirán más, sólo se dejará la protección para que el resto de las viviendas queden bien.
Alma Aurora Jiménez dijo que en las 32 viviendas no habitaban damnificados porque sabían que estaban mal construidas, y las personas que estarán en protección son las que están cerca de la zona, para que no ocurra algún percance.
Informó que la delegación no cuenta con dinero para hacer la demolición, por lo que el gobierno estatal los apoyará; la Sedatu realiza una gestión a nivel central para ver si les otorgan más de 2 millones 800 mil pesos que cuesta el trabajo.
En cuanto al puente que está en el fraccionamiento, dijo que está concluido por parte de la Sedatu, pero el problema por el que no ha avanzado es que el municipio no ha llegado a un acuerdo con el propietario del terreno, por lo que los damnificados aún no pueden salir.

No se entregará al 100 por ciento las casas a los damnificados de Ingrid y Manuel

La encargada informó que el reto es concluir la construcción de las casas en noviembre, consideró que, “estaremos en el 95 por ciento, porque será imposible cerrarla al 100 por ciento por las empresas que dejaron trabajos a medias”, e indicó que actualmente se tiene el 85 por ciento de la construcción.
Alma Aurora Jiménez dijo que la construcción de las casas de la comunidad El Papagayo, municipio de Juan R. Escudero (Tierra Colorada) es un asunto “desafortunado”, porque fue una empresa que trajeron de México y dejó los trabajos abandonados, “ha sido una problemática para que reactivaran”.
Informó que la empresa hace unos meses inició con los trabajos, se construyeron 26 de las 29 viviendas que hacían falta, pero no están concluidas ni tampoco los servicios, por lo que la Sedatu procederá legalmente.
Destacó que en oficinas centrales de la Ciudad de México están haciendo trabajos extraordinarios para tener recursos económicos y concluir las viviendas que las empresas foráneas abandonaron.
Precisó que las empresas abandonaron la construcción de las casas en municipios de la Montaña, Chilpancingo y Acapulco.
La detención de las obras se debe a que son empresas que no cumplen, “son empresarios que no son de Guerrero y no tienen idea de lo que cuesta trabajar en el estado”. Además de que, a cuatro años el costo de la vivienda no es el mismo, y muchos “salen corriendo”, pero se llevan un problema legal.
Manifestó que hay comunidades, principalmente de Chilpancingo que se quedaron fuera de un censo, como fue el caso de San Vicente, y el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) no resuelve. Indicó que han buscado la solución a través de otros programas, pero tiene que a ver una participación del municipio o del estado.
La encargada de Sedatu dijo que a los presidentes municipales les toca atender los servicios públicos de las casas de los damnificados, pero en algunas ocasiones no tienen el dinero para otorgárselos.
Ejemplificó con el caso de Leonardo Bravo, donde los alcaldes no tienen dinero para acercar los servicios, “se entregaran las casas pero tal vez no tendrán servicios”, concluyó.

 

Ya serán demolidas 27 casas inservibles en Nuevo Mirador; familias damificadas desde 2013 irán a un albergue

Veintisiete familias damnificadas por las tormentas de 2013, y reubicadas en el fraccionamiento Nuevo Mirador, esperan que esta semana sean llevadas a un albergue temporal para demoler las viviendas inservibles, aledañas a la manzana que no se habitó porque tenía el mayor riesgo.
En consulta telefónica el director de Protección Civil municipal Gustavo Vela Guevara, manifestó que le acababan de informar que 27 familias serían trasladadas a un albergue temporal debido a que ya se van a demoler los edificios del fraccionamiento que están inservibles desde que se habitaron en enero del 2016.
Fuentes de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) informaron que se espera que este lunes se reúnan con vecinos del lugar para hablar al respecto, pues es probable que esta misma semana sean desalojados.
En el fraccionamiento se construyeron 598 viviendas, sin embargo 32 de ellas son inhabitables porque pueden colapsarse en cualquier momento, aunque también el resto de viviendas tienen daños en paredes, pisos y techos y son un riesgo para las familias.
Sobre todo corren riesgo las que se ubican enfrente y atrás de la manzana inservible.
El 14 de noviembre maestros, alumnos y damnificados del fraccionamiento bloquearon la Autopista del Sol en la salida de Chilpancingo a Acapulco para exigir a la Sedatu la reparación de sus viviendas.
Posteriormente los vecinos junto con el entonces delegado de la Sedatu, José Manuel Armenta Tello, acudieron a la PGR para dialogar y conocer la demanda contra la empresa que ejecutó mal la construcción de las viviendas; ahí se les informó que por la investigación se haría un peritaje en el fraccionamiento, para posteriormente proceder a la demolición. (Beatriz García / Chilpancingo).

 

Se espera reanudar esta semana la demolición del Centro de Salud de Taxco suspendida por el INAH: Ssa

El Centro Salud Urbano de Taxco, que tras 55 años de servicios empezó a ser demolido para construir nuevas instalaciones, frente al hospital del IMSS, estará concluido a fines de este año, dijo el titular de la Secretaría de Salud en Guerrero (Ssa), Carlos de la Peña Pintos.
Pese al incumplimiento de lineamientos por parte de la empresa constructora que provocaron la suspensión de los trabajos de demolición por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Junta de Conservación y Vigilancia de Taxco, el funcionario estatal informó que se corregirá esta situación y es factible que la demolición se reanude esta semana.
De visita a esta ciudad, el funcionario añadió que a fin de atender a los pacientes y otorgarles los servicios que se prestan en el Centro de Salud, todo el personal se cambió a un lugar que se habilitó en lo que fue la tienda del ISSSTE, en la calle de Los Pajaritos, cercano al mercado, con el apoyo del Ayuntamiento.
Comentó que en cuanto a la demolición que fue suspendida “están pendientes los permisos de la empresa que se contrató por parte de la federación y se respete la imagen y la arquitectura típica de Taxco que se debe de conservar y respetar”.
Esto, dijo, permitirá que se continúe con la demolición y se inicie la obra que tendrá un costo aproximado de 8.5 millones de pesos, y se levantará en el mismo terreno en que se encontraba anteriormente.
De la Peña abundó que el nuevo Centro de Salud tendrá servicios ampliados, y al término de este año deberá estar en operación. (Claudio Viveros Hernández / Taxco).

 

En julio comenzaría la demolición de oficinas centrales, informa SEG a trabajadores

En una reunión con trabajadores de oficinas centrales de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), el titular de la Subsecretaría de Administración y Finanzas, Jorge Alonso Peña Soberanis, informó que en julio comenzará la demolición de uno de los edificios, cuya estructura está dañada.
La reunión se llevó a cabo en el estacionamiento de las oficinas centrales, ubicadas en la avenida Ruffo Figueroa, en la capital, donde los integrantes de la delegación D-III-(16)-02 mantienen un “punto de concentración” o plantón indefinido, para exigir la reconstrucción y rehabilitación de las instalaciones.
El 27 abril pasado se acordó que este martes los funcionarios de la SEG, Peña Soberanis y el secretario técnico Jorge Sotomayor Landeta, que han dado seguimiento al proceso y diálogo con los inconformes, presentarían las etapas mediante las que se habilitarán las oficinas, pero sólo el subsecretario de Administración y Finanzas acudió a la cita con su equipo de trabajo.
El encuentro duró menos de una hora. Peña Soberanis presentó un cronograma de actividades, que aunque no contiene las fechas, se seguirá a partir de la primera semana de julio próximo y contiene actividades a desarrollarse en un plan de 12 semanas, comenzando con la demolición de uno de los edificios, que el coordinador de Investigación y Estudios de Postgrado de la Unidad Académica de Ingeniería, de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Roberto Arroyo Matus, recomendó demoler debido al desgaste de la estructura.
Dijo que una vez que se concluya la demolición comenzará la rehabilitación de las áreas que están en buen estado y los trabajos de limpieza, con el fin de que los trabajadores se reinstalen en su centro de adscripción y reduzca el número de sedes alternas que se rentan en la capital.
Además, informó que la reconstrucción de ese edificio será en 2019 pero para ello se harán las gestiones pertinentes, de manera que se considere en el presupuesto del gobierno estatal, pues al tratarse de 3 mil 500 metros cuadrados, el valor de mercado de la obra debe ser una cifra entre 40 y 50 millones de pesos.
Por su parte, el secretario general de la delegación D-III-(16)-02, Jorge Cisneros Salinas, consideró que Peña Soberanis no informó “nada nuevo” y criticó que el cronograma que entregó a los trabajadores no tiene firma ni fechas precisas. (Alina Navarrete Fernández / Chilpancingo).