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Denuncian que Telmex quiere colocar una red telefónica aérea prohibida, en Ixtapa

“El cableado aéreo está prohibido en la zona de Ixtapa por Fonatur y Ecología municipal”, acusa el vocero de los vecinos de Residencial La Moraleja

 Brenda Escobar Zihuatanejo Vecinos de los condominios de Residencial La Moraleja, ubicado en Ixtapa, denunciaron que la empresa Teléfonos de México (Telmex) pretende introducir el servicio de teléfono mediante cableado aéreo, y dijeron no estar de acuerdo con esto “porque se devalúan nuestras propiedades y da una pésima imagen urbana”.

El secretario de la Asociación de Condóminos, Mario López Flores, vocero de de los 300 jefes de familia de ese lugar, dijo que ya plantearon su inconformidad ante el gerente del área de Operaciones de Telmex, Dagoberto Amaro Díaz, quien “nos respondió que no hay de otra, o aceptamos el cableado en postes o no nos dan el servicio”.

El representante vecinal, Mario López, dijo que desde hace 6 años que se crearon los condominios han carecido del servicio telefónico y que ante la solicitud de que la red sea subterránea, Telmex se ha negado a introducirla.

Agregó que tanto Fonatur como la dirección municipal de Desarrollo Urbano no autorizan en la zona de Ixtapa instalaciones aéreas de ninguna índole, “y si lo permitieran, en nuestro caso, estarían devaluando de forma directa hasta en un 30 por ciento el valor de nuestras casas, y no es justo, porque pagamos por ellas un valor más alto que cualquier otro fraccionamiento de la localidad”.

Criticó la falta de comprensión de los empleados de Telmex, que además, pretenden cobrarles dos mil pesos adicionales para la cometida, y dijo que “es cierto que requerimos el servicio, pero nos oponemos a que pongan postes para que después tengamos un montón de papalotes y zapatos colgando”.

Ayer, personal de dicha empresa ya hacía los hoyos para colocar los postes de madera y posteriormente, los cables, por lo que López Flores hizo un llamado a las autoridades de Fonatur y a Desarrollo Urbano para que no le permita a Telmex la colocación de postes, “porque finalmente están en nuestras propiedades y eso no lo queremos”.

Denuncian cobros de luz de hasta 2 mil pesos a habitantes de Cualac

La gente apenas gana de 8 a 10 pesos diarios, por lo que no pueden pagar un recibo tan caro, se queja el síndico. La administración municipal adeuda 1 millón 254 mil pesos y poco a poco se cubre, dice

 

Karina Contreras

 

 

El síndico procurador del municipio de Cualac, Joaquín Flores Reyes, se quejó de los altos cobros en los recibos de luz de la CFE, pues manifestó que llegan hasta de 2 mil pesos en lugares donde los ciudadanos apenas ganan de 8 a 10 pesos diarios.

Manifestó que en estos momentos el Ayuntamiento paga en abonos una deuda de la administración pasada con la paraestatal, de 1 millón 254 mil pesos, pero aunque han pedido ayuda al gobierno estatal no la han recibido.

Señaló que los recursos que tiene son por 7 millones de pesos y ya viene etiquetados para obras, fertilizantes, seguridad pública, entre otros.

El síndico de Cualac expuso su queja ante el diputado federal y secretario de la Comisión de Energía, Francisco Javier Carrillo, durante una reunión de trabajo para analizar el cambio de tarifa de 1B a 1F.

En declaraciones para El Sur, Flores Reyes informó que hay inconformidad entre los ciudadanos de ese municipio de La Montaña por los elevados cobros en los recibos de luz, pues hay recibos de hasta 2 mil y 3 mil pesos.

Indicó que como alternativa les ha dicho que cubran el adeudo en dos o tres pagos “para que no sientan caros”. “Cómo vamos a pagar esas cantidades si en la región de La Montaña no hay fuentes de trabajo”, dijo.

El síndico procurador de Cualac informó que los habitantes de ese municipio apenas y ganan de 8 a 10 pesos diarios para comer, pues se dedican a la agricultura. Insistió que no hay posibilidades que ellos paguen esos recibos tan caros.

El síndico informó que la administración pasada del priísta Victorio Aburto Vázquez les dejó una deuda de 1 millón 254 mil pesos, y por la cual la CFE les ha cortado hasta en seis ocasiones la luz en la planta de bombeo, lo cual es al debilidad de la comunidad, y la CFE presiona para obligarlos a pagar.

Manifestó que en estos momentos no pueden pagar dicha cantidad, pues el gobierno les ha prometido ayuda con un porcentaje de la deuda, pero “no han visto ningún quinto”. Señaló que Cualac es un municipio muy pobre y con un presupuesto de apenas 7 millones de pesos, con el que se deben hacer obras y dar seguridad pública a los habitantes.

“La verdad no nos alcanza, pues todo viene etiquetado, y por lo tanto tienen que pagar en abonos. La gente está inconforme, el gobierno estatal no quiere apoyar, por lo cual es muy difícil para la administración perredista”, finalizó.

En espera, la denuncia por el desalojo en Metlapil, dice la Codehum

Adalberto Valle

 

 

El coordinador regional de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Ramón Navarrete Magdaleno, informó que las autoridades policiacas a las que se les requirió su declaración por el caso del desalojo de Metlapil, aún no han respondido al llamado de este organismo, tras la denuncia iniciada con el registro, CRA/100/2004.

Navarrete Magdaleno comentó que por el momento el proceso, luego de la denuncia iniciada por los desalojados,

está “en espera”, por las negociaciones que tienen ambas partes para tratar de llegar a un acuerdo.

Los funcionarios de quienes se espera una respuesta por escrito son el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Arturo Lima Gómez; del procurador Jesús Ramírez Guerrero y del secretario de Protección y Vialidad en Acapulco, Antonio Valenzuela Valdez, para responder sobre las acusaciones de abuso de autoridad, ejercicio indebido de la función pública, detención arbitraria, lesiones y robo.

Ramón Navarrete añadió que, luego de su declaración, los quejosos no se han presentado nuevamente a la coordinación para continuar el proceso. “Creo que es por las negociaciones que están teniendo con la autoridad. Estamos dando ese margen para ver si se puede llegar a un acuerdo”.

Exigen a la SEG que se reinstale a dos profesoras que denunciaron anomalías

Caso del Centro de Maestros 1201 de Acapulco

El secretario de Organización –región Acapulco– de la Comisión Política del Comité Ejecutivo Seccional Democrático del SNTE, Meinardo Román López Pachuca, pidió ayer al secretario de Educación, Daniel Pano Cruz, y al subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Esteban Espinoza Peza, la reinstalación “inmediata” de dos maestras del Centro de Maestros 1201, a quienes por denunciar “anomalías”, desde noviembre del año pasado docentes les han impedido el acceso a ese plantel.

López Pachuca en una visita a la Redacción de El Sur en esta capital expuso que desde noviembre las docentes del Centro de Maestros 1201 –ubicado en Acapulco– Gabriela Bernal Cotino y Leonor Meza Rivera, debido a una serie de “anomalías e irregularidades” que se estaban suscitando en ese plantel, hicieron la denuncia ante el Subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Esteban Espinoza Peza.

Las irregularidades que denunciaron las maestras encargadas de impartir cursos del Programa Nacional de Actualización Pedagógica (Pronap), fueron porque el Coordinador Regional del Centro de Maestros, Alfredo Torres Chávez “estaba otorgando cargos a personal sin considerar el perfil”, como fue el caso de una estudiante normalista a quien nombró coordinadora de bibliotecas.

El cargo fue impugnado por la maestra inconforme, Gabriela Bernal Cotino, y el subsecretario de la SEG, Esteban Espinoza Peza, le entrega un nombramiento a ella, dicho nombramiento ocasionó el descontento entre “los institucionales, al grado que le impidieron la entrada, junto con Leonor Meza Rivera”, a quien acusan de desviar recursos de un programa de gestión que coordinaba.

Tras prohibir el acceso a las dos maestras, según López Pachuca, ellas pidieron la intervención de las autoridades de la SEG, así como del Comité Ejecutivo Democrático del SNTE, cuyo acuerdo fue que el 7 de mayo de este año serían reinstaladas, pero “no fue así”.

López Pachuca, dijo que la “presión” hacia la maestra Gabriela Bernal se acrecentó el sábado pasado –cuando se reinstalaría– cuando pretendía comenzar el curso del Pronap, llegaron al plantel representantes del Coordinador Estatal de los Centro de Maestros, Jesús López Baza; el coordinador regional, Alfredo Torres; la representante sindical, Rocío López, para “amenazarla y advertir a los alumnos –profesores– que el curso que tomarían no tendría validez” para hacer puntos en carrera magisterial.

Debido a esta “constante persecución y hostigamiento” hacia las docentes, el también dirigente cetegista regional pidió al titular de la SEG y al subsecretario de Educación Media Superior y Superior que “se reinstale a las compañeras inmediatamente” y “debe de realizarse también una investigación profunda” de las acusaciones que se hacen en su contra.

No se retractará el Invisur de la denuncia ante el MP en contra de los precaristas

“Nos recibían con piedras y machetes”: López Salgado

 Asegura el delegado que se avisó en dos ocasiones a los invasores que debían salir del predio en Metlapil

 Karina Contreras

El delegado del Instituto de Vivienda y Suelo Urbano (Invisur), Alejandro López Salgado, dijo que “de ninguna manera” se va a retractar de la denuncia que interpuso por despojo contra los paracaidistas del predio de Metlapil, pues tiene que servir como “precedente a los líderes infractores que han utilizado la invasión de terrenos como su modus vivendis”.

En declaraciones telefónicas, López Salgado, informó que ayer acudió a la quinta agencia del Ministerio Público especializada en despojo para ampliar las declaraciones, y “perfeccionar” su denuncia por ese delito, la cual está bajo la averiguación previa Tab/V/073/2004.

A las 5 de la madrugada del martes, unos 500 agentes de las policías Motorizada y Judicial del Estado y de la Preventiva municipal, desalojaron a precaristas que el jueves pasado ocuparon un terreno de 14 hectáreas propiedad de Invisur, ubicado en el poblado de Metlapil.

El desalojo violento dejó 26 detenidos, nueve heridos y una niña desaparecida, además de ocho golpeados, según informaron ambos bandos. El enfrentamiento duró una hora y hubo golpes, gases lacrimógenos y macanazos.

Se le preguntó si se justifica la violencia ejercida en el desalojo de los precaristas a lo que López Salgado respondió: “nosotros acudimos a notificar al predio en dos ocasiones, y fuimos recibidos de manera violenta con machetes y piedras. Se comportaron de manera agresiva y retadores”.

Dijo que “no va haber perdón” contra los invasores y se aplicará la ley contra los infractores “para que sirva como precedente a los líderes infractores que han utilizado la invasión de terrenos su modus vivendi”.

Al preguntarle si no es algo raro que en 19 horas le hayan dado entrada y ejecución a su demanda en el MP, cuando hay varios predios invadidos a los que la dependencia no les hace caso, el funcionario dijo que “no puedo opinar por los demás. Yo puedo decir que siempre he encontrado un buen trato (del MP) y de los más rápidos cuando he pedido el apoyo”.

Al cuestionar nuevamente sobre la veracidad de la posesión del predio de Metlapil por el Invisur, dado que los paracaidistas señalaron que sobre éste tiene intereses Manuel Añorve Baños, el funcionario respondió: “En la agencia del MP están todos los antecedentes que confirman que es propiedad de Invisur, y por eso solicitaba que se actuara contra los invasores”.

–¿No participa ni como prestanombres?, se le inquirió.

–Está es una institución muy seria. Las escrituras están en el Registro de Propiedad, y sólo así le dieron trámite a la demanda. Los comentarios (de que Manuel Añorve tiene interés en el predio) son puras historias para justificar una acción ilegal.

López Salgado dijo que se aplicará la ley así como se hizo con las agresiones de los colonos del Frente Popular Tierra Digna: “No habrá tolerancia, no se permitirá que la gente abuse de la tolerancia del gobierno de René Juárez Cisneros”, dijo.

Sobre las manifestaciones de protesta anunciadas por los desalojados, López Salgado dijo que “pueden protestar ante las instancias que gusten, incluso, en Invisur, siempre y cuando no afecten a terceros”. Insistió que el terreno de Metlapil es una reserva territorial del gobierno del estado para casas de interés social, y no se puede lotificar “para cualquier gente”.

Denuncia el Invisur ante el MP la invasión del terreno en Metlapil

 

 No se puede regularizar el predio porque está destinado como reserva territorial, asegura el delegado del instituto, López Salgado

 Karina Contreras

El delegado de Instituto de Vivienda y Suelo Urbano (Invisur),   Alejandro López Salgado, presentó una denuncia por el delito de “despojo contra quien resulte responsable” por la invasión a un predio en propiedad del instituto, ubicado en Metlapil, ante la quinta agencia del Ministerio Público especializada en despojos.

El funcionario descartó una regularización de ese predio, porque está pidiendo al MP que “haga la recuperación de los predios y se los reintegre al Invisur”.

Entrevistado ayer al finalizar una reunión con habitantes de la colonia ex Campo de Tiro, López Salgado informó que la denuncia fue interpuesta ayer a las 10 de la mañana en la quinta agencia del MP y quedó bajo la averiguación previa Tab/V/073/2004.

El 29 de abril alrededor de 500 familias invadieron un predio de 10 hectáreas –14 hectáreas, dice el delegado– que pertenece al gobierno del estado, y fundaron la colonia Unidad Democrática.

El predio ocupado por los paracaidistas se encuentra a orillas de la carretera que lleva a Costa Chica, en la entrada al pueblo de Metlapil y a unos 20 minutos del poblado de Tres Palos y, según los colonos, del mismo terreno se quería apropiar el ex diputado Manuel Añorve Baños.

López Salgado dijo que los invasores se han posesionado de manera ilegal del predio el cual está destinado como reserva territorial de esa dependencia para el desarrollo de programas de la comunidad y que éste es patrimonio de Invisur en Metlapil.

Explicó que esos terrenos fueron adquiridos por esa dependencia a través de una donación del Fideicomiso Acapulco, y 11 hectáreas de 25 fueron “cedidos, donados o pagados, no sé cual sea el termino” a la familia Niño, como parte de la indemnización del gobernador René Juárez Cisneros para solucionar el conflicto que se generó en el Cerro del Tigre.

Informó el funcionario que a la dependencia le quedaron las 14 hectáreas que fueron invadidas el 29 de abril, por lo que interpuso la demanda por despojo contra quien resulte responsable, pues por el “momento desconoce quién es el responsable”.

López Salgado descartó que vaya haber una regularización como lo piden los colonos, “pues se está pidiendo al MP que haga la recuperación de los predios y se los reintegre al Invisur. No sé si van hacer desalojados, reubicados, lo que queremos es que el MP se haga garante del estado de derecho y reintegre la propiedad al Invisur”.

Sobre los señalamientos de que el ex diputado federal priísta se quiera quedar con el predio dijo: “No hay fundamentos, pues están destinados por el gobernador para el desarrollo de unidades habitacionales”.

“ No hay posibilidades de que se han vendidos                 a particulares como terrenos lotificados, pues están en resguardo por el Invisur y están destinados para el desarrollo urbano de Acapulco”, precisó.

Finalmente López Salgado dijo que como organismo regularizador no se avalan las invasiones de predios de particulares o del estado, por lo que van actuar “con firmeza en la aplicación de las leyes”.

Presentan denuncia penal contra el síndico del Ayuntamiento de Zihuatanejo

Caso de la demanda de ex empleados

 Brenda Escobar Zihuatanejo

El director de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Zihuatanejo, Apolonio Osorio Reyes, presentó ayer una denuncia penal que anunció hace varios días contra el síndico Joaquín González Ramírez, por el delito de ejercicio indebido del servicio público, al ocultar una resolución del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para indemnizar a tres ex trabajadores y reinstalarlos en sus puestos.

Osorio Reyes, entrevistado al término de la diligencia en las oficinas del Ministerio Público en esta ciudad, dijo que también la denuncia es contra los abogados Marisela Berrum Domínguez, Mario Rivera Bello, Manfredo Amable Vega, Ernesto Muñoz Amable, Liliana Amable Santiago, Alma Rosa López Segura, Ricardo Otero Palacios y Hermenegildo Amable Vega, quienes actuaron como apoderados de los ex trabajadores José Luis Jordan Herrejón, J. Jesús Solís Ramírez y Edgar Salas Téllez, en un juicio laboral que interpusieron estos últimos en contra del Ayuntamiento.

Los tres ex empleados fueron despedidos en julio de 2003, y el laudo dictado por el TCA señaló que les deben de pagar salarios caídos y volver a contratarlos.

Apolonio Osorio explicó del porqué la denuncia contra González Ramírez: “todos sabemos que es el apoderado legal del municipio y quien debió ejercer una defensa en este juicio, y lejos de hacer eso omitió hacerlo, ocultó la demanda, se notificó personalmente la demanda, la ocultó.

Ahora hay un menoscabo patrimonial en contra del municipio muy fuerte de un laudo del orden de 750 mil pesos actualmente, y siguen corriendo los salarios caídos hasta la fecha                 de que se cumpla con el pago y la obligación de reinstalar a los ex trabajadores”.

Consideró que lejos de pensar en un conflicto interno en el ayuntamiento por este juicio “se trata de ver la falta de responsabilidad (del síndico) en el cumplimiento de la función pública, porque cada funcionario tiene encomendada una labor y si no la cumple las penas las propias leyes las tienen establecidas”.

Refirió que el 6 de abril, en sesión de Cabildo, por unanimidad –excepto González Ramírez– los ediles acordaron emprender todas las acciones legales que sean procedentes, “porque también por la propia función pública le nace responsabilidad al síndico”.

Apolonio Osorio dijo que a los abogados se les acusa del delito de fraude procesal, falsedad ante autoridad, “porque señalaron salarios que no les correspondían y al ocultar la demanda se entiende que hay una premeditación para golpear al municipio, y también por el delito de abogados defensores litigantes porque los mismos que aparecen como apoderados son los abogados que ha tenido el síndico procurador”.

Negó que la denuncia sea una represalia por parte del alcalde Amador Campos contra el síndico, porque interpuso las denuncias por nepotismo en su contra ante la Auditoría General del Estado y el Congreso local, “esto no es a iniciativa del propio presidente, esto fue un acuerdo de cabildo que se propició desde el momento que se tuvo conocimiento de esa demanda y ese juicio ya perdido.

Agregó que era obligación del síndico darlo a conocer a cabildo y no lo veo como una revancha, sino como una cuestión en la que cada quien tiene que responder por su responsabilidad (…) Joaquín González por escrito reconoció que no dio contestación a esa demanda porque consideró que los trabajadores fueron despedidos injustificadamente y las prestaciones reclamadas eran justas (…), le ganó el sentimiento”, expresó.

Denuncian ejidatarios de El Podrido apoyo de autoridades a inversionistas

 

 Se quieren apropiar del patrimonio de los campesinos con ayuda de los gobiernos federal, estatal y municipal, afirman y anuncian diversas movilizaciones

 Líderes de organizaciones políticas, representantes de organizaciones sociales y productivas, los presidentes de comisariados ejidales, ejidatarios, comisarios municipales e integrantes del PRD municipal, anunciaron que a partir del 19 de abril comenzarán movilizaciones en el estado, “en defensa de la tierra, por una vivienda digna y en defensa de los dirigentes campesinos”.

En un desplegado público denuncian que “los inversionistas, con ayuda de sus abogados se quieren apropiar del patrimonio de los campesinos con el consentimiento de los gobiernos federal, estatal y municipal”, por lo que dichas movilizaciones empezarán con una marcha del monumento del general Vicente Guerrero, en Plan de los Amates, hasta la colonia 13 de diciembre del ejido El Podrido.

A la marcha fueron invitados los dirigentes del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil, “para que transmitan sus experiencias, en virtud de que a nivel mundial son pilares en la lucha por la obtención y defensa de la tierra”.

Los inconformes también invitaron a la marcha a los “compañeros de Atenco, estado de México y de los ejidos de Puebla, Oaxaca, Chiapas, y demás estados en donde campesinos estén luchando por sus tierras”.

En el mismo desplegado se denunció también el incio de una “perversa campaña” de desprestigio en contra de dirigentes campesinos y luchadores sociales, y que “nuevamente se están fabricando delitos del fuero común y federal” contra algunos de sus compañeros, y mencionan como ejemplo el caso del asesor jurídico del ejido El Podrido, Humberto Sevilla García.

En el desplegado se informó que fue en la Asamblea Regional de Organizaciones Sociales y Productivas, llevada a cabo el pasado 4 de abril en el ejido El Prodido, “donde se se instaló en asamblea permanente el Frente de Defensa Campesino de Acapulco y se determinaron las acciones para defender a los dirigentes de esa organización, de posibles acciones de los empresarios en su contra”.

Dicho desplegado está dirigido “al gobernador René Juárez Cisneros, al Congreso del estado y al pueblo en general”, y lo firman Sevilla García; el asesor general, Félix Castellanos Hernández; el presidente del Frente de Defensa Campesino de Acapulco, Eloy Benítez Zúñiga; la dirigente municipal del PRD, Beatriz González Hurtado; la diputada local, Adela Román Ocampo; la secretaria del Consejo estatal del PRD, Rosario Merlín García; el dirigente del Frente Popular, Omar Garibay Guerra; de la Corriente Crítica de México, Leopoldo Calderón Caballero; el Comité Ejidal en Defensa de los Campesinos en general de la Sabana, Donaciano Martínez González; la secretaria general de la Asociación Civil Tierra Digna, Joaquina Hernández Agüero; de la Unión de Indígenas radicados en Acapulco, Arturo Santiago Candelaria, y del ejido El Cayaco, Alberto Ávila González.

Formalizan denuncia los familiares de los petroquímocos desaparecidos

 

Jorge Nava

Familiares de dos ingenieros petroquímicos que desaparecieron desde el sábado, luego de que viajaron a este puerto a una convención, acudieron ayer con el agente determinador de la tercera Agencia del Ministerio Público, Alberto Ortiz Miranda, donde formalizaron su denuncia.

En declaraciones a reporteros, Ortiz Miranda explicó que los familiares le pidieron que no se informe nada sobre el caso de los desaparecidos, Margarita Patricia García Rojas y Sergio Hugo Villareal Rodríguez, de 44 y 52 años de edad, que la semana pasada acudieron al Congreso Nacional de la Asociación de Ingenieros Petroleros de México.

Ortiz Miranda dijo que no se sabe con precisión qué sucedió con los turistas, quienes de acuerdo con sus familiares debieron llegar a la ciudad de México el sábado pasado.

De acuerdo con una nota periodística publicada ayer en un diario local, policías de Tránsito encontraron abandonado, el lunes, el vehículo Honda CRYV con placas de circulación del estado de México, en el mirador ubicado en la avenida Escénica, a 250 metros de la entrada al hotel Camino Real.

Los familiares de los ingenieros no quisieron hablar sobre la desaparición.

Ante funcionarios federales denunciarán antorchistas al gobierno estatal, advierten

 

 Integrantes de Antorcha Campesina, quienes ayer cumplieron 14 días en plantón frente al Palacio de Gobierno, podrían trasladar su movimiento a la ciudad de México esta semana, para denunciar ante funcionarios federales “la cerrazón” que han encontrado en el gobierno estatal, advirtió el dirigente estatal Júpiter Tapia Cazales.

Los más de 100 campesinos, que se encuentran desde hace dos semanas en la plaza Primer Congreso de Anáhuac, demandan más de 100 obras sociales y servicios públicos para localidades de 12 municipios de la región de La Montaña y de la Costa Chica, pero no han sido atendidos por ningún funcionario estatal.

Ayer, el dirigente de Antorcha Campesina dijo que debido a que no han obtenido respuesta analizan el trasladar su movimiento a la ciudad de México, para denunciar allá la cerrazón que han encontrado.

Tapia Cazales indicó que sus demandas son justas, pues se trata de obras y servicios públicos que carecen los habitantes de comunidades marginadas.

Informó que las obras que demandan son redes de agua potable, drenaje, arreglo de caminos, pavimentación de calles, canchas deportivas, construcción de comisarías y delegaciones.