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El Plan Estatal de Desarrollo no considera la violencia ni a los pueblos indígenas, denuncian

 

Dirigentes indígenas reprocharon al gobierno estatal que se haya excluido de los foros para la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021, que comenzarán hoy, asuntos importantes como el de los pueblos indígenas, la violencia e inseguridad, así como la desaparición forzada y concretamente la de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
Vía telefónica el ex secretario de Asuntos Indígenas y ex diputado federal, Marcos Matías Alonso informó que esta inconformidad y “preocupación” se expresó durante la mesa Derecho a la Consulta del Congreso Estatal que se llevó a cabo en San Marcos con motivo del tercer aniversario de la creación del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadano de la Unión de Pueblos y Organización del Estado de Guerrero (UPOEG).
En esta mesa participaron Abel Bruno Arriaga, asesor de sistemas normativos de los pueblos indígenas de la licenciatura en Desarrollo Integral de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) de Tlapa y coordinador del Frente de Comunidades por la Defensa de los Derechos Colectivos de la región Montaña, el promotor comunitario de la UPOEG Gonzalo Torres Valencia y el abogado de esa misma organización, Manuel Vázquez Quintero.
Matías Alonso quien también participó en la mesa, informó que los participantes resolvieron manifestar su inconformidad y preocupación ante la exclusión de estos problemas en los foros, y que exigen al gobernador Héctor Astudillo Flores que respete los derechos de los pueblos indígenas.
“Durante los trabajos de la mesa los delegados nos enteramos que el gobierno del estado anunció los foros para integrar el Plan de Desarrollo Estatal y mostramos nuestra preocupación porque nos damos cuenta que está ausente el gran tema de los pueblos indígenas”, dijo.
Comentó que en la convocatoria que se publicó este martes no están considerados los pueblos indígenas. “También en ninguna parte se propone analizar el gran tema central que es el de la violencia y la  inseguridad que impera en Guerrero”.
Dijo que es más preocupante que en los foros tampoco está considerada la desaparición forzada, ni el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, “a nosotros nos preocupa mucho confirmar el desinterés del gobierno actual”.
Explicó que con la convocatoria los dirigentes indígenas se dieron cuenta que ni si quiera tomaron en consideración el derecho que tienen los pueblos indígenas a ser consultados.
Agregó que exigen al gobierno de Héctor Astudillo que respete el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados “en los asuntos que nos atañen, como la reforma legislativa, las concesiones mineras y el derecho a la representación política”.
Por otra parte denunció que la Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI) no está cumpliendo su papel, “está en las catacumbas porque debió haber preguntado a los dirigentes indígenas para cuándo querían que se hiciera la consulta y cuáles son los temas que se deberían de debatir en la agenda indígena de Guerrero, para ser discutido y debatido en los foros estatales, pero lamentablemente no hay liderazgo en la SAI, el secretario está ausente y eso también provocó que el tema indígena no esté en los foros”, insistió.

La versión pirata del documental La noche de Iguala plagió la portada de un libro, denuncian académicos

La versión pirata del documental La noche de Iguala, donde se intenta mostrar la “verdad histórica” de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre los crímenes del 26 y 27 de septiembre, plagió la fotografía de la portada de un libro de académicos y periodistas de izquierda puesto en circulación cuatro meses antes de la presentación oficial de la cinta en cines.
Los coordinadores del libro protestaron y se deslindaron de la distribución del video que relacionan con el gobierno de Enrique Peña Nieto: “No nos ocuparíamos de este bodrio si no fuera porque las copias piratas están plagiando íntegramente la portada del libro colectivo La noche de Iguala y el despertar de México, dicen en un correo electrónico enviado a uno de los colaboradores, el filósofo y universitario Ramón Espinosa Contreras.
El académico jubilado de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), también compañero de estudios del guerrillero Lucio Cabañas en la Normal Rural de Ayotzinapa, participó con un texto junto a Carlos Fazio, Flor Goche, Enrique González Artur y Luis Hernández Navarro, entre otros intelectuales cuyas posiciones son críticas a la versión del Estado, es decir, contrarias a la visión de la película que valida una versión desfasada de los hechos por las nuevas investigaciones, en el sentido de que los estudiantes fueron asesinados y quemados en el basurero de Cocula y lanzados al río San Juan.
Espinosa compartió el mensaje de los coordinadores del libro, Manuel Mora y Claudio Albertani, donde indican que cuando comenzó la circulación del disco del documental, los familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, así como muchos sectores vinculados a la lucha, lo denunciaron como una vil operación de confusión desde el gobierno.
Por otro lado, Espinosa Contreras denunció que el gobernador Héctor Astudillo Flores está en la misma lógica del poder priista que se conoce desde la masacre de estudiantes en Tlatelolco, en 1968.
Señaló que en el caso de Guerrero, la masacre de Aguas Blancas y la matanza de El Charco ocurrieron con gobernadores priistas.
Su estrategia de orden y paz significa el uso de la fuerza pública y la violencia, “era como decía Porfirio Díaz, órale, mátenlos en caliente; poner orden matándolos en caliente. Esa es la mentalidad que se está generando con Astudillo”, denunció.
Aceptó que confiaba en que Astudillo Flores fuera distinto por sus primeras declaraciones, cuando rechazó la versión oficial sobre los crímenes de Iguala, pero aplaudió la agresión de policías a normalistas el miércoles pasado.
“De manera cínica, (característica) de un político demagogo que primero reprime, los golpea (y después) ofrece camiones y gasolina para sus traslados. Diría que Astudillo cometió una de sus primeras torpezas, y seguirá la violencia contra los movimientos sociales, y yo me pregunto por qué no lo hizo con el crimen organizado, por qué ahí sí le tiembla la mano pero no le tiembla la mano para reprimir a los movimientos sociales”, expresó el académico.

Denuncian empleados despedidos de la alcaldía de Zihuatanejo que no les pagan su finiquito

 

Ex trabajadores de lista de raya de la Dirección Municipal de Obras Públicas denunciaron que el gobierno municipal “les está dando largas”, para darles una respuesta sobre su petición de que les paguen su finiquito, pues dijeron que este miércoles acudieron al Ayuntamiento como se los pidió el viernes pasado Arturo Arzeta Serna, secretario particular del alcalde Gustavo García Bello, pero la respuesta que recibieron fue que será hasta mañana viernes en la tarde cuando puedan hablar con el presidente municipal.
Los 57 trabajadores de la lista de raya fueron notificados el 2 de noviembre que estaban despedidos, después de que trabajaron cuatro semanas sin que les pagaran, por lo que acudieron al Ayuntamiento para saber cuánto les iban a dar de finiquito, pues algunos trabajadores llevaban 16 años trabajando para el gobierno municipal, y les dijeron que acudieran este miércoles, pero ayer el secretario particular del alcalde les dijo que regresaran el viernes por la tarde.
Uno de los ex trabajadores, Casimiro Zapien Peñaloza expresó, “sólo nos están dando largas”, pues el viernes pasado el mismo secretario particular les aseguró que serían recibidos por el alcalde, “pero ahora nos salió con que el presidente municipal anda muy ocupado y que sólo puede atendernos el viernes a las siete de la tarde, nosotros hemos estado pidiendo que nos paguen lo que nos corresponde y nada más, pero nos traen que vengan tal día, vengan después”.
Comentó que los 57 despedidos vivían únicamente de su salario, “ahorita todos estamos sin trabajo, muchos compañeros están desesperados porque estamos sin cobrar desde hace más de cinco semanas; hay mucha desesperación porque no hay trabajo en otros lados y nuestras familias quieren comer, tenemos hijos que nos piden dinero para la escuela, y sin trabajo, ¿de dónde?”.
Por su parte, la regidora perredista de Desarrollo Social y Participación de la Mujer, Ana Lilia Jiménez Rumbo al igual que otros regidores solicitaron a la Oficialía Mayor y a la Dirección de Recursos Humanos la información sobre los trabajadores municipales despedidos, “pero han dicho que tienen la indicación de no darnos esa información”, dijeron.
“Creo que tenemos que ser responsables y junto con otros compañeros regidores hemos firmado un documento que vamos a presentar en la próxima sesión de Cabildo para que se someta a votación y si es que así lo decide la mayoría, tenemos la responsabilidad y la obligación de revisar el caso, de reconocer y de liquidar a los ex trabajadores, no ha habido disposición de los funcionarios encargados del tema y se los dije en su cara”, aseguró la regidora.
Jiménez Rumbo, expresó que no hay interés en reconocer a los ex trabajadores, “entonces, en la próxima sesión de Cabildo vamos a hacer esa propuesta; tengo claro que hay mucha gente que sí estaba en lista de raya que era aviadora, pero también es real que hay muchísima gente en lista de raya que es la que trabaja, que tiene necesidad, que depende de aquí y que no es justo que sea despedida”.

Hay en Renacimiento ocho gaseras cerca de casas que operan sin seguridad, denuncian vecinos

Vecinos de Ciudad Renacimiento denunciaron que hay ocho gaseras cerca de viviendas que no cumplen con las medidas de seguridad, y que los negocios empezaron a operar al inicio de la administración pasada.
Apenas el jueves, vecinos de la colonia Progreso exigieron al alcalde Evodio Velázquez Aguirre que se retire definitivamente la gasera ubicada en la calle Vallarta, que opera desde hace tres años sin permiso de la Secretaría de Energía (Sener), porque es una “bomba de tiempo”.
Los vecinos pidieron a las autoridades municipales un recorrido por los negocios para conocer sus condiciones.
Las gaseras se ubican una en el sitio de taxis Oruga, otra entre los puentes uno y dos en el ex parque de material; una más en la calle Eduardo Neri y Eje Central, cerca del MP, y otra adelante de la estación de Bomberos.
Las otras gaseras están cerca del hospital Donato G. Alarcón y en el bulevar Vicente Guerrero.
El vecino Eduardo López Sotelo denunció que ocho gaseras operan desde la administración pasada sin tener autorización del gobierno municipal. “Ponen el negocio como si fuera una miscelánea, pero finalmente son bombas de tiempo porque no cubren los márgenes de seguirdad”, reclamó.
La señora Irma Salgado criticó que las gaseras se multiplicaron durante la administración de Luis Walton Aburto; “nadie hizo caso con la primera, y de repente nos llenaron de gaseras en Renacimiento”.

Denuncia una madre al director de una secundaria en Tecpan porque no respeta la tutoría de su hija


La madre de familia Gabriela Anahí Pérez Abarca, interpuso una queja formal ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), en contra del director de la secundaria técnica industrial 148 Vicente Guerrero, Óscar Méndez Nogueda, de la comunidad Corral Falso, en el municipio de Atoyac, por no respetarle la tutoría de su hija, con lo que se violentan los derechos humanos de la menor.
La queja es en contra del profesor Oscar Méndez, a quien acusó de actuar con alevosía y ventaja, pues cuenta con influencias en la supervisión escolar, por ser hijo del profesor Juan Méndez Mejía.
La agraviada relató que acudió a poner su denuncia en la coordinación regional de la Codehum, con sede en Tecpan, debido a que el director le quitó la tutoría de su hija, que cursa el tercer año de secundaria y se la dio a su padre.
Sostuvo que su ex pareja tiene en su contra una sentencia condenatoria, emitida por un juez en materia penal, Aurelio Gutiérrez Cruz, quien le quitó los derechos de familia y por tanto no puede ser tutor de sus hijos.
Lamentó que el director del plantel no acate la sentencia y se inmiscuya en asuntos familiares y no esté respetando una orden, que emitió el juez de primera instancia en materia penal del distrito judicial de Galeana.
Reseñó que desde la primaria y los dos primeros años de secundaria, ella ha sido la tutora de su hija y de tres hijos más, acudiendo a las reuniones de escolares.
Acusó que en este último ciclo escolar, el director actuó de forma ventajosa y le dio la tutoría a su ex esposo, a quien entregó la boleta de las calificaciones, sin saber el motivo.
Abundó que el 11 de septiembre le pidió que entregara la documentación para la reinscripción de su hija, en el ciclo escolar 2015-2016, y le hizo creer que ella estaba como tutora, lo que no fue así.
Acusó que el personal de la escuela pretende influir en su hija, para que no comunique de las reuniones escolares a su mamá, “yo siempre he resuelto los problemas y los asuntos escolares de mi hija, por tal motivo considero que este servidor público ha violentado mis derechos humanos”, dijo la madre de familia, quien pidió que se practiquen las investigaciones que legalmente procedan y “se apliquen las sanciones necesarias”.
Agregó que buscó una respuesta del director, pero no hubo atención cordial de su parte, por lo que acudió a los derechos humanos para hacer que se respete la sentencia que emitió el juez para la tutoría de su hija.
Hizo un llamado al delegado de los servicios educativos en Costa Grande, Javier Lobato Arizmendi, así como al secretario de Educación, para que se investigue y sancione a quien resulte responsable.

Denuncian agresión contra un opositor a la asamblea para elegir comisariado de Cacahuatepec

Comuneros del poblado de Parotillas denunciaron que integrantes del Consejo de Vigilancia, que supuesçamente ganaron la elección de Comisariado de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, agredieron a uno de los habitantes que firmó la demanda de nulidad de la asamblea.
El comunero Antonio Bailón denunció la agresión por parte del presidente del supuesto Consejo de Vigilancia, Mauricio Velarde Hernández, quien junto con su hermanos intentaron golpear a Simón Cruz, actual comisario municipal de Parotillas.
En una llamada a El Sur, Antonio Bailón explicó que a las 7 de la noche del sábado, Mauricio Velarde y su hermano pasaron por la casa de Simón Cruz, se bajaron del vehículo en el que iban y empezaron a agredirlo, reclamándole de ser uno de los que se opone a las autoridades comunales supuestamente elegidas en asamblea el pasado 14 de julio.
Antonio Bailón expuso que Mauricio Velarde, junto con su hermano y el tesorero del comisariado, José de Jesús Elasio, tomaron medidas a terrenos ubicados entre las comunidades de Parotillas y La Concepción, y se enteraron de que estuvieron ingiriendo bebidas alcohólicas. No alcanzaron a golpear a Simón Cruz porque intervino la familia de este.
“Al verlo se acordaron que firmó la denuncia y le quisieron reclamar, andan molestos porque los demandamos pero nosotros los invitamos a un diálogo y no han hecho ningún intento ellos”, señaló el comunero.
Agregó que esperan que razonen, que aún quedan días para la audiencia, que será el 17 de noviembre en el Tribunal Unitario Agrario (TUA) 41, donde pusieron la denuncia de nulidad de la asamblea. “Queremos platicar para que se normalice todo, lo que ellos hicieron es un insulto a los comuneros, una falta de respeto”.
Un grupo de comuneros inconformes, entre ellos Simón Cruz, firmaron la demanda de nulidad de la asamblea en la que se eligió supuestamente a las actuales autoridades comunales y en la que firmaron 53 personas de las más de 7 mil que están inscritas en el padrón de los Bienes Comunales de Cacahuatepec.

Celebra Rogelio Ortega que haya un registro de secuestrados, pero hace falta cultura de la denuncia, dice

 

El gobernador Rogelio Ortega Martínez celebró que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (Sntsa) lleve un registro de los trabajadores secuestrados.
“Qué bueno que ahora se lleve un registro de las personas desaparecidas y de las personas que sufren de secuestro”, dijo.
El viernes, después de registrarse para ser secretaria general de la sección 36 del Sntsa por tercera vez, Beatriz Vélez Núñez dijo que en dos años 148 trabajadores de la Secretaría de Salud han sido secuestrados, 17 están desaparecidos y señaló que los municipios con mas incidentes son La Unión, Coahuayutla, Zitlala, Chilapa, Acapulco, Chilpancingo y la región de Tierra Caliente.
Durante la tarde de este sábado el gobernador firmó el acuerdo para el protocolo de la Alerta Amber en Guerrero, en la sala Ignacio Manuel Altamirano del Palacio de Gobierno, donde enfatizó que el crimen organizado no sólo se ve relacionado con el narcotráfico sino con el secuestro, la extorsión y la trata de personas.
Al término del acto protocolario donde participó la fiscal para delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas, Ángela Quiroga Quiroga, se le preguntó al gobernador sobre el dato dado a conocer por la dirigente del Sntsa.
El gobernador señaló que es “bueno” que se realice un registro sobre las personas que sufren de secuestro, rapto o agresiones, pero insistió que hace falta cultura de la denuncia.
Durante la consulta se le preguntó sobre la información con que cuenta respecto a los casos de los trabajadores del sector salud secuestrados, y si se había reunido con ellos para atender estos casos, y sólo dijo “ustedes son los que nos informan”.
Ante la insistencia de la pregunta, contestó que “nosotros todos los días tenemos el reporte de lo que sucede en el estado de Guerrero, a partir de las denuncias”.
El gobernador recordó el caso de los dos médicos y un trabajador de la Secretaría de Salud que desaparecieron al pasar por el poblado de Xolapa rumbo a Acapulco, lo que calificó como un caso “dramático”, ya que los familiares no reconocen los resultados de los peritajes.
Señaló que este tema le corresponde directamente a la Fiscalía General del Estado (FGE), que deberá dar solución y atención a las víctimas y familiares.
La firma del acuerdo por el que se expide el protocolo para la activación de la Alerta Amber en el estado consiste en que la estructura del gobierno deberá establecer estrategias permanentes y necesarias para localizar a menores extraviados.
Durante la intervención de la fiscal para delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas, Ángela Quiroga Quiroga, enfatizó la importancia de que el gobierno cumpla con las normas establecidas para lograr resultados palpables en la búsqueda de los menores.
Por su parte el gobernador señaló que con este programa federal se está ayudando a evitar que los niños y adolecentes sufran de los actos cometidos por la delincuencia que atenta contra su integridad.
En el acto también estuvo el fiscal Miguel Ángel Godínez Muñoz, quien señaló que la búsqueda de los infantes será una prioridad, en la que buscará involucrar a todos los sectores sociales para proteger la vida y libertad de los menores.

Eventuales de Seduop no cobrarán la primera quincena de enero, denuncian

 

Más de 50 trabajadores de lista de raya de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Publicas (Seduop) no cobrarán la primera quincena de enero por orden de la Coordinación de Planeación, Control Presupuestal y Sistemas.
Los trabajadores denunciaron que ayer por la mañana el delegado administrativo de la Seduop, Antonio Rojas Marcial, los citó a una reunión y allí les informó que no se les pagaría la primera quincena “porque no había dinero”, pero están inconformes porque hay un rumor de que no los volverán a contratar después del 15 de enero.
En entrevista, el delegado administrativo confirmó que no se pagará y que la instrucción del recorte de personal por 15 días fue de manera “verbal” por parte del coordinador de Planeación y Control Presupuestal, Luis Manzanedo Figueroa, quien le dijo que no había dinero.
En total son 54 trabajadores de la dependencia afectados por la medida y quienes están temerosos de perder el empleo en que algunos, según lo dijeron, llevan cuatro años, otros dos años y algunos de seis meses.
Los trabajadores pidieron conservar el anonimato por temor a represalias y denunciaron que el miércoles por la tarde, a la hora de salida, no les permitieron firmar la lista de asistencia como hacen a diario a la hora de entrada y salida.
Además de que el delegado administrativo es recomendado de la diputada Abelina López Rodríguez y que “se siente con mucho poder” dentro de la Secretaría.
Al consultar al delegado administrativo por las denuncias éste confirmó la información pero negó que se vaya a despedir a los trabajadores de lista de raya, y aclaró que se les pidió que regresaran después el 15 porque no se les pagaría la primera quincena.
Explicó que la suspensión del pago ocurre cada año por la renovación del presupuesto de egresos y que en esta ocasión se hizo un corte “de sólo 15 días” para no afectar a los trabajadores.
Agregó que este proceso ocurre cada año y los trabajadores son quienes proponen seguir laborando aunque no se les paguen los días o que se les reembolsen después.
“En lo que termina un ejercicio y empieza el otro los recursos no llegan tempranamente, se retrasan un poquito, una razón es en lo que se aprueba el presupuesto y hay quienes dicen ‘déjame trabajando aunque posteriormente se me pague la quincena’ esa es la propuesta que ellos hacen y es así como venimos trabajando”, aclaró.
“Les dije, claro, se van, si quieren váyanse a descansar estos días y a partir del 16 de enero ustedes ya están trabajando normalmente porque no se puede obligar a nadie a trabajar si no se le va a remunerar”.